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Sentencia CL-08-24 — Registro 19602

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral de primera instancia pidiendo el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido indirecto y justificado, salarios adeudados y reajustes salariales derivados del despido indirecto notificado por haber incurrido el patrono en causales señaladas en la ley laboral, que el patrono demuestre judicialmente que ha incumplido con las obligaciones cuyo cumplimiento motivaron a los trabajadores accionantes a notificar la finalización de sus Contratos de Trabajo por la vía indirecta, caso contrario se declaren justificados los motivos por los cuales que se notificó el despido por la vía indirecta y se condene al patrono demandado a pagar las prestaciones e indemnizaciones laborales, derechos adquiridos, salarios, bonificaciones, y reajustes salariales y su importe doble adeudados hasta la fecha de terminación de la relación laboral.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por los defectos técnicos siguientes: a) la norma señalada como infringida carece de sustantividad siendo de naturaleza general además de contener varios párrafos con diferentes reglas técnicas. Es importante recordar que normas sustantivas son aquellas que establecen derechos y obligaciones correlativos o los extinguen; b) se omite el precepto autorizante; y, c) en lo expuesto se hace referencia a disposiciones de los artículos 67 y 73 de la Ley de lavado de Activos no corresponden al orden nacional laboral, carecido el cargo de claridad y precisión"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veintitrés días del mes de junio del año dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 20 de mayo del 2024, por la Abogada ANDREA ALVARADO ALEMAN, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, a través de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), como recurrente; además, es parte recurrida, los señores ELA ISABEL MANZANARES QUEZADA y PEDRO ANTONIO AMADOR, representados en juicio por el Abogado EDUARDO JAVIER REYES NUÑEZ. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral de primera instancia pidiendo el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido indirecto y justificado, salarios adeudados y reajustes salariales derivados del despido indirecto notificado por haber incurrido el patrono en causales señaladas en la ley laboral, que el patrono demuestre judicialmente que ha incumplido con las obligaciones cuyo cumplimiento motivaron a los trabajadores accionantes a notificar la finalización de sus Contratos de Trabajo por la vía indirecta, caso contrario se declaren justificados los motivos por los cuales que se notificó el despido por la vía indirecta y se condene al patrono demandado a pagar las prestaciones e indemnizaciones laborales, derechos adquiridos, salarios, bonificaciones, y reajustes salariales y su importe doble adeudados hasta la fecha de terminación de la relación laboral, pago de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, costas, promovida ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha 23 de noviembre del 2021, por Abogado EDUARDO JAVIER REYES NUÑEZ, como representante procesal de los señores ELA ISABEL MANZANARES QUEZADA, y PEDRO ANTONIO AMADOR, ambos mayores de edad, solteros, hondureños y con domicilio en San Pedro Sula, Departamento de Cortes, contra la empresa MANGY’S STORE GROUP SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, en su condición de patrono y de manera solidaria contra la OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI), representada por su Director Ejecutivo señor FRANCISCO RENE FLORES BONILLA, institución a cargo de la administración, dirección y representación de la empresa mercantil MANGY’S STORE GROUP SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 07 de noviembre del 2023, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, misma que falló CONFIRMANDO la sentencia dictada en fecha 02 de junio del 2023 por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral de Primera Instancia pidiendo el Pago de Prestaciones e Indemnizaciones Laborales por Despido Indirecto y Justificado, Salarios Adeudados y Reajustes Salariales derivados del Despido Indirecto por no haber incurrido el Patrono en causales señaladas en la Ley Laboral. Que el Patrono demuestre judicialmente que ha cumplido con las obligaciones cuyo cumplimiento motivaron a los Trabajadores accionantes a notificar la finalización de sus Contratos de Trabajo por la Vía Indirecta, caso contrario se declaren justificados los motivos por los cuales se notificó el Despido por la Vía Indirecta y se condene al Patrono Demandado a pagar las Prestaciones e Indemnizaciones Laborales, Derechos Adquiridos, Salarios, Bonificaciones, y Reajustes Salariales y su Importe doble adeudados hasta la fecha de terminación de la relación laboral, Pago de los Salarios Dejados de Percibir a título de Daños y Perjuicios, Más Beneficios dejados de Percibir en Ausencia (Derechos Adquiridos), y Costas del presente juicio, promovida por el Abogado EDUARDO JAVIER REYES NÚÑEZ, quien actúa en representación de los señores: 1) ELA ISABEL MANZANARES QUEZADA, quien es mayor de edad, soltera, Ama de Casa, hondureña con Documento Nacional de Identificación Número 1807-1989-01456, y con domicilio en Aldea El Carmen, calle principal, frente a Ferretería Reyes, en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés; y 2) PEDRO ANTONIO AMADOR, quien es mayor de edad, hondureño con Documento Nacional de Identificación Número 1501-1964-00563, y con domicilio en Colonia Modesto Rodas Alvarado, calle principal, final de calle, dos cuadras atrás de Pulpería Las Gradas, en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés; en contra del Establecimiento Mercantil denominado MANGY'S STORE GROUP SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, en su condición de Patrono y de manera solidaria contra la OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI) como institución a cargo de la administración, dirección, y representación del Establecimiento Mercantil denominado MANGY'S STORE GROUP S. de R.L. de C.V., a través de su Director Ejecutivo, el señor FRANCISCO RENÉ FLORES BONILLA, quien es mayor de edad, casado, Abogado, hondureño y con domicilio residencial en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, quien para efectos de Citación y Emplazamiento puede ser localizado en las instalaciones de la OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI), ubicadas en la Colonia América, Lote número 5, Comayagüela, Municipio de Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán; actualmente representada por el Abogado HUGO ADALBERTO SUAZO ORTÍZ en su condición de Comisionado Presidente de la COMISIÓN INTERVENTORA DE LA OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI), para el Pago Adeudado de Salario correspondientes a los meses de: la segunda quincena de Noviembre del año 2020, Salario Mensual de Diciembre del año 2020, Salario Mensual de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y un (1) día de Noviembre todos del año dos mil veintiuno (2021), y procede el Pago de Derechos Adquiridos en concepto de: Décimo Tercer Mes correspondiente al Año 2020, Décimo Cuarto Mes correspondiente al Año 2020, Pago de las Vacaciones Adeudadas correspondientes a los Años 2019 y 2020, Décimo Tercer Mes Proporcional correspondiente al Año 2021, Décimo Cuarto Mes correspondiente al Año 2021, Pago de las Vacaciones Proporcionales correspondientes al Año 2021; Pago en concepto Reajuste Salario Mínimo correspondiente a los Años 2020 y 2021 a favor de los Trabajadores Demandantes los señores ELA ISABEL MANZANARES QUEZADA y PEDRO ANTONIO AMADOR. SEGUNDO: En consecuencia CONDENA al Establecimiento Mercantil denominado MANGY'S STORE GROUP S. de R.L. de C.V., en su condición de Patrono y de manera solidaria contra la OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI) como institución a cargo de la administración, dirección, y representación del Establecimiento Mercantil denominado MANGY'S STORE GROUP SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, a través de su Director Ejecutivo JORGE ALBERTO GONZÁLES SALINAS, actualmente representada por el Abogado HUGO ADALBERTO SUAZO ORTÍZ en su condición de Comisionado Presidente de la COMISIÓN INTERVENTORA DE LA OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI), a pagar a los Trabajadores Demandantes: 1) ELA ISABEL MANZANARES QUEZADA, la cantidad de TRESCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON DIECIOCHO CENTAVOS (L 308,384.18) por los conceptos que se desglosan a continuación: A) Preaviso: 60 días, TREINTA MIL TRESCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS (L 30,314.99).- B) Auxilio de Cesantía: 120 días, SESENTA MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS (L 60,629.99).- C) Auxilio de Cesantía Proporcional: 5 días, DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (L 2,568.35). D) Vacaciones Adeudadas Año 2019: 12 días, CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS (L 4,484.62). Ε) Vacaciones Adeudadas Año 2020: 15 días, CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON DIECISIETE CENTAVOS (L 5,998.17).- F) Décimo Tercer Mes Año 2020: 30 días, DOCE MIL VEINTINUEVE LEMPIRAS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS (L 12,029.76).- G) Décimo Cuarto Mes Año 2021: 30 días, DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON CATORCE CENTAVOS (L 12,992.14).- H) Décimo Tercer Mes Proporcional Año 2021-2022: 25 días, DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS (L 10,862.87).- I) Décimo Cuarto Mes Proporcional Año 2021-2022: 10 días, CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS (L 4,366.80).- J) Vacaciones Proporcionales Año 2021-2022: 3 días, UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS (L 1,467.63).- K) Salarios Adeudados Año 2020: 45 días, DIECIOCHO MIL CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS (L 18,044.64).- L) Salarios Adeudados Año 2021: 301 días, CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON DOCE CENTAVOS (L 124,147.12). M) Reajuste del Salario Mínimo: Año 2020: DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS (L 10,238.55).- N) Indemnización en concepto Daños y Perjuicios por condena a Pago de Reajuste del Salario Mínimo: Año 2020: DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS (L 10,238.55).- Más a título de daños y perjuicios los Salarios Dejados de Percibir, desde la fecha que se produjo el Despido hasta la fecha en que con sujeción a las normas legales correspondientes quede firme la Sentencia respectiva.- 2) PEDRO ANTONIO AMADOR, la cantidad de TRESCIENTOS ONCE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CUATRO CENTAVOS (L 311,157.04) por los conceptos que se desglosan a continuación: A) Preaviso: 60 días, TREINTA MIL TRESCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS (L 30,314.99).- B) Auxilio de Cesantía: 90 días, CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS (L 45,472.49). C) Auxilio de Cesantía Proporcional: 28 días, TRECE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS (L 13,978.58). - D) Vacaciones Adeudadas Año 2019: 12 días, CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS (L 4,484.62). E) Vacaciones Adeudadas Año 2020: 15 días, CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON DIECISIETE CENTAVOS (L 5,998.17). - F) Décimo Tercer Mes Año 2020: 30 días, DOCE MIL VEINTINUEVE LEMPIRAS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS (L 12,029.76). G) Décimo Cuarto Mes Año 2021: 30 días, DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON CATORCE CENTAVOS (L 12,992.14).- Η) Décimo Tercer Mes Proporcional Año 2021-2022: 25 días, DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS (L 10,862.87).- I) Décimo Cuarto Mes Proporcional Año 2021-2022: 10 días, CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS (L 4,366.80).- J) Vacaciones Proporcionales Año 2021-2022: 18 días, SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS (L 7,987.76).- K) Salarios Adeudados Año 2020: 45 días, DIECIOCHO MIL CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS (L 18,044.64).- L) Salarios Adeudados Año 2021: 301 días, CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON DOCE CENTAVOS (L 124,147.12). M) Reajuste del Salario Mínimo: Año 2020: DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS (L 10,238.55). - N) Indemnización en concepto Daños y Perjuicios por condena a Pago de Reajuste del Salario Mínimo: Año 2020: DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS (L 10,238.55). Más a título de daños y perjuicios los Salarios Dejados de Percibir, desde la fecha que se produjo el Despido hasta la fecha en que con sujeción a las normas legales correspondientes quede firme la Sentencia respectiva. - TERCERO: SIN COSTAS”.ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que fueron contratados de manera permanente por la Sociedad Mercantil Mangy's Store Group S. de R.L. de C.V., para prestar sus servicios en diferentes áreas y dependencias, en un horario de trabajo de Lunes a Domingo de 09:00 a.m. a 6: p.m.; con un día de descanso a la semana, laborando incluso días feriados cuando se les requería, siendo sus datos laborales los siguientes, la señora Ela Isabel Manzanares Quezada, ingreso en fecha 30 de agosto del año 2017, bajo el cargo de Servicio Al Cliente, en la Tienda de San Pedro Sula, Cortes, siendo el último salario devengado a partir del 01 de enero de 2020 y hasta el despido de L. 11,054.66 mensuales; el señor Pedro Antonio Amador, ingreso en fecha 29 de noviembre del año 2017, bajo el cargo de Servicio al Cliente, en la Tienda de San Pedro Sula, Cortes, siendo el último salario devengado a partir del 01 de enero de 2020 y hasta el despido de L. 11,054.66 mensuales. Sin embargo, dicho salario es inferior al mínimo que corresponde a la rama económica de comercio con más de 151 trabajadores, que es donde se ubica el Patrono demandado, el cual para el año 2021 corresponde el nuevo salario L. 12,992.14, para el año 2020 era de L. 12,029.76 mensuales; y el salario mínimo asignado por el patrono para el año 2018 que era de L. 6,000.00 mensuales y para el año 2019 que era de L. 7,000.00 mensuales, siendo el salario mínimo para dichos años de L. 10,507.26 y L. 11,242.77 respectivamente; razón por la cual reclaman el respectivo reajuste salarial con la indemnización por dicho concepto, haciendo el respectivo reajuste salarial y la indemnización doble por no recibir el salario mínimo, en la forma que permiten los artículos 39 y 43 de la Ley de Salario Mínimo; durante el tiempo que los demandantes prestaron sus servicios para la empresa Mangy's Store Group S. de R.L. de C.V. y aún después que la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), asumió su Administración, Dirección y Representación, nunca fueron objetos de llamados de atención o algún tipo de sanciones por alguna falta alguna cometida en el desempeño de sus funciones. En fecha 04 de Marzo del año 2019, como producto de la Operación Manglares que se llevó a cabo en el Departamento de Atlántida, con autorización del Juzgado de Letras de Privación de Dominio, la empresa Mangy's Store Group S. de R.L. DE C.V., fue asegurada y puesto bajo la administración y dirección de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), quien desde esa fecha asumió el total control del referido negocio y desde entonces se encarga de todo asunto relacionado con el funcionamiento, administración, dirección y representación legal del establecimiento asegurado. El origen del despido de manera Indirecta fue porque hicieron uso de ese derecho a lo establecido en el artículo 114 en sus literales f), i) y j) del Código del Trabajo; en virtud que la empresa Mangy's Store Group S. de R. L. de C.V., en su condición de Patrono; y de manera solidaria la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), ambas legalmente representada por el Señor Francisco Rene Flores Bonilla, incumplieron con el pago de los salarios completos, de las obligaciones convencionales y legales, en las fechas y lugar convenidos o acostumbrados, es decir adeudándole los conceptos siguientes, la segunda quincena de noviembre y salario mensual de diciembre del año 2020, salarios mensuales de los meses del 01 de enero al 01 de noviembre del 2021, además adeudan el decimotercer mes de diciembre del año 2020, decimocuarto mes de junio del 2021, adeudándoles también las vacaciones del 2020 y 2021, así como el hecho que no devengaban el salario mínimo correspondiente al área económica y número de empleados donde se ubica el patrono demandado; teniendo presente que al tenor de los artículos 95 numeral 2) y 376 del Código del Trabajo, tienen derecho a recibir el salario dado que la no prestación del servicio es imputable al Patrono; quien dentro del término señalado en el artículo 368 del Código del Trabajo debía hacerle efectivo el pago de los salarios completos; habiendo incumplido a la fecha de su despido indirecto, tales obligaciones, es preciso mencionar que han reclamado de forma verbal y con auxilio de los Inspectores de la Secretaria del Trabajo, quienes han constatado en diferentes actas circunstanciadas, en donde se acredita que efectivamente no se habían realizado los pagos en mención, es evidente que se han disminuido, tergiversado los derechos de conformidad a la ley; aunado a lo anterior, en vista del incumplimiento de sus salarios y derechos laborales, extremos que han quedado constatados en diferentes actas circunstanciadas de fecha 26 de febrero del 2021 y posteriormente con las ampliaciones a la solicitud de los servicios de un Inspector de Trabajo a la Secretaria del Trabajo y Seguridad Social de esta ciudad de La Ceiba, Atlántida; en consecuencia todas las solicitudes fueron atendidas y asignado un Inspector de Trabajo y a fin de constatar en las instalaciones de Mangy's Store Group S. de R. L. de C.V., en su condición de Patrono; y de manera solidaria, contra la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), los motivos por los cuales no se hacían efectivo los pagos de los derechos que por ley le corresponden, siendo objeto de comprobación por dicho autoridad administrativa todos y cada uno de ellos, tal y como ha quedado establecido con las inspecciones realizadas por los Inspectores del Trabajo, en donde efectivamente la Patronal hace mención en cada reclamo incoado por los trabajadores de la empresa referida, siendo notorio que les adeudan los salarios, beneficios sociales y convencionales y este no lo ha pagado en el tiempo y lugar convenido; no quedando duda alguna al respecto con relación a las razones que motivaron a dar por terminada la relación laboral de manera Indirecta, se emprendieron las presentes acciones amparado a lo que establece el Código de Trabajo en su artículo 114 inciso f), i) y j), en fecha 01 de noviembre del 2021, por medio del Inspector del Trabajo se le hizo entrega de las notificaciones de notas de despido indirecto, en donde se les notificó el despido indirecto del cual fueron objeto; con el fin de obtener el pago total de las prestaciones e indemnizaciones laborales; se solicitaron los servicios de la Sección de Inspección del Trabajo a fin de conciliar el reclamo presentado que se dieron por Despedido por la Vía Indirecta, por ende la Autoridad del Trabajo, libró la cedula de citación que fue entregada al Patrono quienes no asistieron a la audiencia programada, razón por la cual se levantó el Acta de Comparecencia de fecha 08 de noviembre del 2021, quedando en libertad de acudir al tribunal a solicitar la tutela judicial de sus derechos y tener por agotada la vía administrativa. Al tener conocimiento el patrono que habían solicitado el auxilio de la autoridad del trabajo para constatar los conceptos adeudados mediante escritos presentados en diferentes fechas iniciando el 01 de febrero de 2021 y ampliaciones en fecha 25 de febrero de 2021, y con el ánimo de coartar el derecho contenido en los artículos 129 de la Constitución de la Republica y 114 del Código del Trabajo, la Jefe de Unidad de Administración y Gestión Empresarial de la Secretaria de la Presidencia, a la cual se encuentra adscrita la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), envió una notificación mediante la cual se suspenden los contratos de trabajo sin goce de salario por un periodo comprendido entre el 01 de marzo al 01 de julio de 2021 con un simple documento ilegal y posteriormente ampliaciones a la misma de manera verbal, sin recibir sus derechos laborales; no obstante, tales notificaciones carecen de valor dado que no se siguió el procedimiento establecido en los artículos 101 y 102 del Código del Trabajo, además que el Patrono ya adeudaba salarios y bonificaciones desde el mes de Noviembre de 2020; teniendo en cuenta también que de conformidad a los artículos 128 de la Constitución de la Republica y 3 del Código del Trabajo, son nulos ipso jure todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución, el Código del Trabajo, sus Reglamentos o a las demás leyes de trabajo o previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un Contrato de Trabajo u otro pacto cualquiera; debiendo recordarse también que el articulo 96 numeral 10) del Código del Trabajo, prohíbe a los patronos despedir a sus trabajadores o tomar cualquier otra represalia contra ellos, con el propósito de impedirles demandar el auxilio de las autoridad encargadas de velar por el cumplimiento y aplicación de las leyes obreras. 2.- La parte demandada, EL ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda argumentando que la empresa mercantil Mangy's Store Group S. de R.L. de C.V., en su condición de Patrono y solidariamente la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), ente centralizado de la Administración Pública, en ese sentido el Decreto Legislativo número 17-2010 contentivo de la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público en el artículo 64 establece “que para los efectos de la defensa legal de los intereses del Estado en los diferentes juicios y demandas incoados en su contra, a partir de la vigencia del presente decreto, la Procuraduría General de la República asumirá la representación legal de todas las instituciones del Gobierno Central, incluyendo los órganos desconcentrados”; no es suficiente la afirmación que haga la parte demandante en sus hechos de demanda, ya que debe de fundarse en hechos reales y concretos, mismos que deben ser probados en juicio, pues en materia probatoria, es un principio universal que quien afirma una cosa es quien está obligado a probarla, constituyendo la máxima onus probandi encumbit actori, y siendo que la prueba es el medio legal que sirve para demostrar la veracidad de los hechos que se alegan ante las autoridades judiciales, es preciso que la prueba se produzca de manera tal que pueda apreciarla e inspirarse en los principios de la sana crítica para formar libremente su criterio. La Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) no tiene información de las relaciones laborales que pudieran tener las empresas que han sido puestas a la orden por el juzgado de privación de dominio, en el caso concreto y conforme a la Ley la OABI se limita a lo que establece el artículo 20 de su Reglamento, que es de conservar los activos en las mejores condiciones, inventariarlos, identificarlos, proveer las medidas adecuadas y conducentes e inmediatas para evitar que los bienes asegurados se destruyan, alteren, deterioran o desaparezcan, entre otras. El demandante ha hecho planteamientos tergiversando maliciosamente a su favor hechos y condiciones laborales inexistentes, en ningún momento ha existido una relación laboral directa o indirecta con la OABI, esta oficina es una institución de derecho público que no puede asumir las responsabilidades de una empresa mercantil que es de derecho privado, no está dentro de sus obligaciones sustituir al patrono como se pretende sorprender al juzgador en el caso concreto, la función legal de custodiar los bienes en caso de que se haya ordenado una incautación no depende de una decisión directa sino que se hace en virtud de una orden judicial emanada de un Juez competente. Siendo improcedente la presente demanda, en vista que es evidente que carece de los tres elementos esenciales para que exista un contrato de trabajo, tal como lo exige el artículo 20 del Código de Trabajo. En virtud que en ningún momento y bajo ninguna modalidad sostuvo una relación contractual mucho menos laboral con los demandantes; razón por la cual no pueden invocar que le asiste el derecho de reclamar de conformidad a la normativa laboral, pues por ninguna parte se cumplimentan los tres elementos esenciales que establece el artículo 20 del Código de Trabajo, para poder considerar la existencia de una relación de trabajo. Al momento de decretar Medidas Precautorias Cautelar de Aseguramiento de Bienes, ordenada por el Juzgado de Privación de Bienes de Origen Ilícito en marzo del año 2019, se ordenó el aseguramiento de la empresa denominada Mangy's Store Group S. de R.L. de C.V., procediendo esa judicatura en aplicación del artículo 67 de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos que establece de manera imperativa destino de los bienes con medida precautoria. Si fuera necesaria la incautación de bienes, productos o instrumentos sobre los cuales recaiga medida precautoria, cautelar o de aseguramiento, el órgano competente debe proceder inmediatamente a ponerlos a disposición de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), para su administración, guarda, custodia o destrucción en su caso, y no como pretenden en su argumento los demandantes intentando sorprender al Juzgador manifestando de manera temeraria y en total y absoluto desconocimiento o manipulación, que esta Oficina asumió desde esa fecha el total control del referido negocio y que desde entonces se encarga de todo lo relacionado con el funcionamiento, administración, dirección y Representación Legal, puesto que nunca constituyó un compromiso contractual, por lo que no pueden aplicar irresponsablemente la Normativa Laboral ni considerarse empleados, ya que las actividades que desarrollaron los demandantes eran directamente con la empresa mercantil Mangy's Store Group S. de R.L. de C.V.; no le consta lo manifestado por los demandantes en todo caso el argumento exagerado y recurrentemente utilizado es contrario a lo relacionado en la norma aplicable específicamente en su artículo 865 del Código del Trabajo que establece de manera precisa que “los derechos y acciones de los trabajadores para dar por terminado con justa causa su contrato de trabajo, prescriben en el término de 1 mes, contado desde el momento en que el patrono dio motivo para la separación o despido indirecto”; en vista de que a la OABI, no le consta lo argumentado por los demandantes y se somete únicamente a las facultades que la Ley Especial Contra el Lavado de Activos en su capítulo X de la administración de los bienes incautados o decomisado artículo 73, Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) que es un Órgano adscrito a la Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia, con personalidad jurídica propia, goza de autonomía técnica, administrativa y financiera para la gestión directa de los asuntos que por Ley se le encomienden, constituyéndose como un órgano técnico especializado para la adecuada guarda, custodia y administración de los bienes incautados, decomisados o abandonados, que la autoridad competente ponga a su disposición, lo cual no constituye desde ninguna interpretación distinta a lo que la Ley establece que es conservar los activos en las mejores condiciones, inventariarlos, identificarlos, proveer las medidas adecuadas y conducentes e inmediatas para evitar que los bienes asegurados se destruyan, alteren, deterioren o desaparezcan entre otras, ya que no se sabe si los mismos serán privados definitivamente del dominio de la persona imputada o por el contrario le van a ser devueltos, o sea que no está dentro de las obligaciones de esta oficina sustituir de ninguna manera al patrono en estos casos, puesto que somos una institución de derecho público que no puede asumir las responsabilidades de una empresa mercantil que es de derecho privado y que no es por voluntad propia la decisión de custodiar los bienes sino que se hace en virtud de una orden judicial emanada por Juez competente para hacerlo; en relación al improcedente pago de costas que de manera ambiciosa e ilusoria solicita el demandante, es preciso señalar que el artículo 1 del Código Civil dispone que “La ley es una declaración de la voluntad soberana, que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite”, asimismo, dicho cuerpo legal en su artículo 5 estipula “La Ley es obligatoria en virtud de su promulgación y después de transcurridos 20 días de terminada su publicación en el periódico oficial”, articulo que tiene como fuente Constitucional el artículo 221, en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,336, de fecha 23 de enero de 2014, se publicó el Decreto Legislativo No. 266- 2013, contentivo de la Ley Para Optimizar La Administración Pública, mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en El Gobierno, siendo ésta desde su promulgación derecho positivo y de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades y ciudadanos de la República de Honduras, y considerando que el artículo 8 de dicha ley establece Disposición General “El Estado o sus autoridades, en juicio de cualquier naturaleza, estará exento del pago de costas, salvo que se haya actuado con dolo”, y en vista que en ningún momento El Estado o sus representantes al ejercitar su derecho de defensa que señala nuestra Constitución de la República, ha actuado con dolo debiéndose en todo caso ser demostrado por la contraparte, y considerando que la norma es de obligatorio cumplimiento, no es procedente una condena en costas en caso de estimarse la presente demanda, ya que conforme a la norma citada, se encuentra exento del pago de las mismas; Asimismo, valorando los antecedentes, cabe mencionar que también existe jurisprudencia fijada por la Sala de lo Constitucional en los Recursos de Amparo números: AL85-2017, AC0459- 2016, sentencias que en aplicación a la norma anteriormente citada, establecieron que El Estado de Honduras no puede ser condenado en costas, la que efectivamente incluye las costas de ejecución, puesto que de forma específica, el Amparo AL85-2017 fue otorgado a favor del Estado de Honduras, en virtud de unas costas de ejecución que habían sido condenadas en primera instancia y confirmadas por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán; en el considerando 8, del citado fallo la Sala Constitucional estableció lo siguiente: “resulta entonces, que el invocado decreto legislativo por parte del impetrante es de cumplimiento obligatorio desde su publicación, en el precitado Decreto se reconocen derechos fundamentales, los que se materializan en garantías mínimas e ineludibles de ser aplicadas para la eficacia del proceso, resolver las pretensiones controvertidas jurídicamente y que reúna todos los elementos esenciales al debido proceso, sin atribuir a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus términos”, de igual manera, el Considerando 9 de ese fallo dispuso “se concluye del estudio, que el auto interlocutorio emitido por el Juez a-quo y confirmado por la Corte de Apelaciones del Trabajo, están dictados inobservando el principio de legalidad y el debido proceso, actuaciones que han vulnerado los derechos y garantías invocadas por el impetrante, entendiendo al debido proceso como el derecho que tienen las partes a que el mismo se desarrollen los trámites previstos legalmente, que se respeten los derechos procesales establecidos en la constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones”. Por lo que condenar en costas al Estado de Honduras, se estaría en contravención a la misma Corte de Apelaciones del Trabajo, quien ya ha dado estricto cumplimiento a esta jurisprudencia. 3.- El Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha 02 de junio del 2023, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral de Primera Instancia pidiendo el Pago de Prestaciones e Indemnizaciones Laborales por Despido Indirecto y Justificado, Salarios Adeudados y Reajustes Salariales derivados del Despido Indirecto por no haber incurrido el Patrono en causales señaladas en la Ley Laboral. Que el Patrono demuestre judicialmente que ha cumplido con las obligaciones cuyo cumplimiento motivaron a los Trabajadores accionantes a notificar la finalización de sus Contratos de Trabajo por la Vía Indirecta, caso contrario se declaren justificados los motivos por los cuales se notificó el Despido por la Vía Indirecta y se condene al Patrono Demandado a pagar las Prestaciones e Indemnizaciones Laborales, Derechos Adquiridos, Salarios, Bonificaciones, y Reajustes Salariales y su Importe doble adeudados hasta la fecha de terminación de la relación laboral, Pago de los Salarios Dejados de Percibir a título de Daños y Perjuicios, Más Beneficios dejados de Percibir en Ausencia (Derechos Adquiridos), y Costas del presente juicio, promovida por el Abogado EDUARDO JAVIER REYES NÚÑEZ, quien actúa en representación de los señores: 1) ELA ISABEL MANZANARES QUEZADA, quien es mayor de edad, soltera, Ama de Casa, hondureña con Documento Nacional de Identificación Número 1807-1989-01456, y con domicilio en Aldea El Carmen, calle principal, frente a Ferretería Reyes, en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés; y 2) PEDRO ANTONIO AMADOR, quien es mayor de edad, hondureño con Documento Nacional de Identificación Número 1501-1964-00563, y con domicilio en Colonia Modesto Rodas Alvarado, calle principal, final de calle, dos cuadras atrás de Pulpería Las Gradas, en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés; en contra del Establecimiento Mercantil denominado MANGY'S STORE GROUP SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, en su condición de Patrono y de manera solidaria contra la OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI) como institución a cargo de la administración, dirección, y representación del Establecimiento Mercantil denominado MANGY'S STORE GROUP S. de R.L. de C.V., a través de su Director Ejecutivo, el señor FRANCISCO RENÉ FLORES BONILLA, quien es mayor de edad, casado, Abogado, hondureño y con domicilio residencial en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, quien para efectos de Citación y Emplazamiento puede ser localizado en las instalaciones de la OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI), ubicadas en la Colonia América, Lote número 5, Comayagüela, Municipio de Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán; actualmente representada por el Abogado HUGO ADALBERTO SUAZO ORTÍZ en su condición de Comisionado Presidente de la COMISIÓN INTERVENTORA DE LA OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI), para el Pago Adeudado de Salario correspondientes a los meses de: la segunda quincena de Noviembre del año 2020, Salario Mensual de Diciembre del año 2020, Salario Mensual de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y un (1) día de Noviembre todos del año dos mil veintiuno (2021), y procede el Pago de Derechos Adquiridos en concepto de: Décimo Tercer Mes correspondiente al Año 2020, Décimo Cuarto Mes correspondiente al Año 2020, Pago de las Vacaciones Adeudadas correspondientes a los Años 2019 y 2020, Décimo Tercer Mes Proporcional correspondiente al Año 2021, Décimo Cuarto Mes correspondiente al Año 2021, Pago de las Vacaciones Proporcionales correspondientes al Año 2021; Pago en concepto Reajuste Salario Mínimo correspondiente a los Años 2020 y 2021 a favor de los Trabajadores Demandantes los señores ELA ISABEL MANZANARES QUEZADA y PEDRO ANTONIO AMADOR. SEGUNDO: En consecuencia CONDENA al Establecimiento Mercantil denominado MANGY'S STORE GROUP S. de R.L. de C.V., en su condición de Patrono y de manera solidaria contra la OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI) como institución a cargo de la administración, dirección, y representación del Establecimiento Mercantil denominado MANGY'S STORE GROUP SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, a través de su Director Ejecutivo JORGE ALBERTO GONZÁLES SALINAS, actualmente representada por el Abogado HUGO ADALBERTO SUAZO ORTÍZ en su condición de Comisionado Presidente de la COMISIÓN INTERVENTORA DE LA OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI), a pagar a los Trabajadores Demandantes: 1) ELA ISABEL MANZANARES QUEZADA, la cantidad de TRESCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON DIECIOCHO CENTAVOS (L 308,384.18) por los conceptos que se desglosan a continuación: A) Preaviso: 60 días, TREINTA MIL TRESCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS (L 30,314.99).- B) Auxilio de Cesantía: 120 días, SESENTA MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS (L 60,629.99).- C) Auxilio de Cesantía Proporcional: 5 días, DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (L 2,568.35). D) Vacaciones Adeudadas Año 2019: 12 días, CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS (L 4,484.62). Ε) Vacaciones Adeudadas Año 2020: 15 días, CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON DIECISIETE CENTAVOS (L 5,998.17).- F) Décimo Tercer Mes Año 2020: 30 días, DOCE MIL VEINTINUEVE LEMPIRAS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS (L 12,029.76).- G) Décimo Cuarto Mes Año 2021: 30 días, DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON CATORCE CENTAVOS (L 12,992.14).- H) Décimo Tercer Mes Proporcional Año 2021-2022: 25 días, DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS (L 10,862.87).- I) Décimo Cuarto Mes Proporcional Año 2021-2022: 10 días, CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS (L 4,366.80).- J) Vacaciones Proporcionales Año 2021-2022: 3 días, UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS (L 1,467.63).- K) Salarios Adeudados Año 2020: 45 días, DIECIOCHO MIL CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS (L 18,044.64).- L) Salarios Adeudados Año 2021: 301 días, CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON DOCE CENTAVOS (L 124,147.12). M) Reajuste del Salario Mínimo: Año 2020: DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS (L 10,238.55).- N) Indemnización en concepto Daños y Perjuicios por condena a Pago de Reajuste del Salario Mínimo: Año 2020: DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS (L 10,238.55).- Más a título de daños y perjuicios los Salarios Dejados de Percibir, desde la fecha que se produjo el Despido hasta la fecha en que con sujeción a las normas legales correspondientes quede firme la Sentencia respectiva.- 2) PEDRO ANTONIO AMADOR, la cantidad de TRESCIENTOS ONCE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CUATRO CENTAVOS (L 311,157.04) por los conceptos que se desglosan a continuación: A) Preaviso: 60 días, TREINTA MIL TRESCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS (L 30,314.99).- B) Auxilio de Cesantía: 90 días, CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS (L 45,472.49). C) Auxilio de Cesantía Proporcional: 28 días, TRECE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS (L 13,978.58). - D) Vacaciones Adeudadas Año 2019: 12 días, CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS (L 4,484.62). E) Vacaciones Adeudadas Año 2020: 15 días, CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON DIECISIETE CENTAVOS (L 5,998.17). - F) Décimo Tercer Mes Año 2020: 30 días, DOCE MIL VEINTINUEVE LEMPIRAS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS (L 12,029.76). G) Décimo Cuarto Mes Año 2021: 30 días, DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON CATORCE CENTAVOS (L 12,992.14).- Η) Décimo Tercer Mes Proporcional Año 2021-2022: 25 días, DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS (L 10,862.87).- I) Décimo Cuarto Mes Proporcional Año 2021-2022: 10 días, CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS (L 4,366.80).- J) Vacaciones Proporcionales Año 2021-2022: 18 días, SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS (L 7,987.76).- K) Salarios Adeudados Año 2020: 45 días, DIECIOCHO MIL CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS (L 18,044.64).- L) Salarios Adeudados Año 2021: 301 días, CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON DOCE CENTAVOS (L 124,147.12). M) Reajuste del Salario Mínimo: Año 2020: DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS (L 10,238.55). - N) Indemnización en concepto Daños y Perjuicios por condena a Pago de Reajuste del Salario Mínimo: Año 2020: DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS (L 10,238.55). Más a título de daños y perjuicios los Salarios Dejados de Percibir, desde la fecha que se produjo el Despido hasta la fecha en que con sujeción a las normas legales correspondientes quede firme la Sentencia respectiva. - TERCERO: SIN COSTAS”. Bajo el criterio que al darse por despedidos indirectamente los demandantes, es a ellos a quien les corresponde probar la justa causa objeto del Despido alegado y a la otra parte desvirtuar sus aciertos; sin embargo, tal circunstancia no fue negada por la Patronal Demandada, y aunque así hubiese sido es pertinente señalar que esto no excluye a la Patronal totalmente de la presentación de prueba al efecto de desvirtuarlo, pues en estos casos particulares, operan con mayor fuerza las presunciones legales y la inversión de la carga de la prueba, por tal razón, el onus probandi, termina siendo responsabilidad de la parte que se encuentre en mejores condiciones procesales, el Empleador debido al poder que ostenta dentro y fuera de la relación laboral, esto conforme al Principio de Solidaridad en materia de distribución de la carga de la prueba, es en este orden de ideas, que ante la prueba aportada sumatoria de indicios, más las presunciones legales, se ha podido llegar por inferencia, de la existencia de un Despido Indirecto; ambos trabajadores en fecha 1 de noviembre del 2021, notificó a la Entidad Demandada su Despido Indirecto, ya que hasta la fecha antes referida no había recibido el pago de Salario correspondiente a la segunda quincena de noviembre del año 2020, salario mensual de diciembre del año 2020, salario mensual de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, y agosto del 2021; pago de vacaciones, días feriados, y horas extras de los últimos 2 años, décimo tercer mes de diciembre del año 2020; décimo cuarto mes del año 2021; siendo estas las causas que motivaron a ambos Trabajadores Demandantes a notificar su Despido Indirectamente, y en consecuencia procede declarar con lugar la presente Demanda Ordinaria Laboral, ya que no queda demostrado por la Patronal Demandada que los mismos han sido pagados, tal y como consta con los Medios de Prueba aportados y practicados, derechos que son irrenunciables, más los salarios dejados de percibir; queda demostrado que la Patronal Demandada si le hacía efectivo el pago del salario mensual a cada trabajador conforme a la Tabla del Salario Mínimo aprobada para el año 2020 y 2021, ya que devengaba un Salario conforme al Salario Mínimo fijado para el rubro en el cual laboraba, y en la presente causa quedó acreditado que a los demandantes tuvieron como último Salario Mensual la cantidad de L. 11,054.66, por lo que se absuelve a la Patronal a pagar el Reajuste del Salario Mínimo reclamado por los Trabajadores, devengando un Salario Mensual conforme a la Tabla del Salario Mínimo aprobada para el año 2021 cuyo Acuerdo STSS 001-2021 establece su vigencia a partir del 1 de julio del 2021, por lo que tomando en consideración el giro o actividad comercial de la Demandada, Salario que es conforme a la Tabla del Salario Mínimo correspondiente al año 2020 y 2021 en la Rama de Actividad de Comercio al por mayor y menor, dentro del tamaño de Empresa por Número de Trabajadores de 51 a 150. Por lo que habiendo la parte Demandante planteado el reclamo para el Pago de Reajuste Salario dentro del plazo establecido en la Ley, y que se condena a la parte Demandada al Pago de Reajuste Salario Mínimo correspondiente al año 2020 y año 2021, cabe resaltar que siendo que se adeudan a los Trabajadores Demandantes todos los Salarios de los meses laborados desde enero al 01 de noviembre del 2021, y que este Pago Pendiente de Salarios Adeudados se calcula conforme al Salario Mínimo que compete, únicamente procederá el pago en concepto Reajuste Salario Mínimo correspondiente al año 2020 correspondientes a los meses de Enero a Primera Quincena de Noviembre siendo estos los meses ya pagados, y a su vez corresponde condenar al Pago de Indemnización en concepto de Daños y Perjuicios por un monto equivalente a lo correspondiente al año 2020; corresponde condenar a la Patronal Demandada al pago adeudado de salario correspondientes a pago de salario correspondientes a los meses de la segunda quincena de noviembre del año 2020, salario mensual de diciembre del año 2020, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y un día de noviembre y todos del año 2021, y procede el pago de derechos adquiridos en concepto de décimo tercer mes correspondiente al año 2020, décimo cuarto mes correspondiente al año 2020, pago de las vacaciones adeudadas correspondientes a los años 2019 y 2020, décimo tercer mes proporcional correspondiente al año 2021, décimo cuarto mes correspondiente al año 2021, pago de las vacaciones proporcionales correspondientes al año 2021, a favor de los demandantes. 4. La Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha 07 de noviembre del 2023, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas. Bajo el criterio que al manifestar el demandado que la afirmación que hace la parte demandante de sus hechos de demanda no es completa ni totalitaria, ya que debe fundarse en hechos reales y concretos pues en materia probatoria es un principio universal que quien afirma una cosa es quien está obligado a probarla, y siendo que la prueba es el medio legal que sirve para demostrar la veracidad y realidad de los hechos que se alegan y quien alega un hecho está en la obligación de probarlo; sin embargo la parte demandante no ha logrado probar en ningún momento los hechos que está alegando o que dieran paso para presentar la demanda, ya que tenía la obligación de probar tanto la relación laboral, el salario, así como la existencia de las causales para darse por despedido, así como la solidaridad que alega con respecto a la Oficina Administradora de Bienes Incautados, sin embargo consta en el expediente de mérito que el demandante en ningún momento probó que la parte patronal haya incumplido en sus obligaciones, y que en ningún momento la OABI se beneficiaria de la administración que ostenta por orden judicial que se entiende es atípica, pues El Estado de Honduras es obligante a recibir bajo medida de aseguramiento y puesta a la orden, este bien consistente en la empresa mercantil denominada Mangy’s Store a raíz del proceso de privación de dominio que se seguía contra sus propietarios por investigación y juicio por el blanqueo de capitales a través de empresas mercantiles debidamente constituidas, pero que estas han sido instrumentos para que el crimen organizado delinque al encontrar el Ministerio Publico indicios suficientes para someter a causa judicial este caso y poder probar que esta empresa era utilizada para tal fin que constituye delito en perjuicio del Estado de Honduras. En ese aspecto es importante mencionar que no deja de tener razón el demandado en cuanto a la carga de la prueba que corresponde a quien afirma la existencia de un hecho; sin embargo, existen y en general se presentan casos en que una de las partes además de tener la carga de probar un hecho también tiene la imposibilidad o dificultad que no dispone del medio de prueba idóneo para hacerlo, o le es mucho más difícil su producción en relación a la otra parte, por esta razón nuestro sistema jurídico, en especial el Código Procesal Civil, que sirve como norma jurídica supletoria al Código del Trabajo, ha reaccionado y regulado por ello frente a esas circunstancias que típicamente, pueden considerarse de difícil prueba, mediante la figura de la inversión de la carga de la prueba, otorgándole al Juez la faculta de tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria a cada una de las partes del litigio, es decir que si el o los hechos a acreditar resultan de difícil probanza dada las circunstancias de los mismos, el Juez puede relevar la carga de prueba a esa partes y cargar a la otra, tomando en cuenta su disponibilidad y facilitad para ello. Es así que en el presente caso, si bien quien estaba en la obligación de acreditar el o los motivos que condujeron a un despido indirecto eran los trabajadores demandantes, tomando en cuenta que esos motivos son de índole negativo, falta de pago de salarios y decimo y cuarto mes de salario, quien debe acreditar que si cumplía con esa obligación es la parte demandada, mediante la presentación de planillas que reflejaban esos pagos u otros documentos que acreditaran que en efecto los trabajadores demandantes se les había cumplido con ese derecho, sin embargo nada de eso ocurrió por lo que se debe entender tal como así lo ha determinado la a-quo que esos hechos que motivaron a los demandante para darse por despedidos de forma indirecta han ocurrido, y por ello declara la procedencia de la acción ejercitada. En consecuencia, comparte este Tribunal dicha argumentación de parte del Tribunal de Primera Instancia, y por ello se declara sin lugar el recurso de apelación y se confirma el fallo recurrido. 5. Mediante auto de fecha 12 de marzo del 2024, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada ANDREA ALVARADO ALEMAN, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, a través de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 20 de mayo del 2024, compareció ante éste Tribunal la Abogada ANDREA ALVARADO ALEMAN, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha 01 de agosto del 2024, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 07 de noviembre del 2024 se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por el Abogado EDUARDO JAVIER REYES NUÑEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.-Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que la Abogada ANDREA ALVARADO ALEMÁN, en un primer motivo de casación, alega: “Acuso a la sentencia de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional por infracción directa porque el tribunal Ad Quem no aplicó la norma pertinente. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 7 del Código del Trabajo. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE: La disposición legal contenida en el artículo 7, es clara, de modo que su interpretación no ofrece duda, no obstante el tribunal Ad Quem, no la aplicó; ya que en el fallo o parte dispositiva de la sentencia recurrida, la Corte Sentenciadora, condena a de manera solidaria al Estado de Honduras a través de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI); Su señoría, la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) se somete únicamente a las facultades que la Ley Especial Contra el Lavado de Activos le confiere en su CAPÍTULO X DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES INCAUTADOS O DECOMISADOS ARTÍCULO 73.- OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI). La Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), es un Órgano adscrito a la Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia, con personalidad jurídica propia, goza de autonomía técnica, administrativa y financiera para la gestión directa de los asuntos que por Ley se le encomienden; constituyéndose como un órgano técnico especializado para la adecuada guarda, custodia y administración de los bienes incautados, decomisados o abandonados, que la autoridad competente ponga a su disposición....lo cual no constituye desde ninguna interpretación distinta a lo que la Ley establece que es "conservar los activos en las mejores condiciones, inventariarlos, identificarlos, proveer las medidas adecuadas y conducentes e inmediatas para evitar que los bienes asegurados se destruyan, alteren, deterioren o desaparezcan entre otras, ya que no se sabe si los mismos serán privados definitivamente del dominio de la persona imputada o por el contrario le serán devueltos, en este sentido no está dentro de las obligaciones de esta oficina sustituir de ninguna manera al patrono en estos casos, puesto que es una institución de derecho público que no puede asumir las responsabilidades de una empresa mercantil que es de derecho privado y que no es por voluntad propia la decisión de custodiar los bienes sino que se hace en virtud de una orden judicial emanada por Juez competente para hacerlo; aunado a esto al momento de decretar Medidas Precautorias Cautelar de Aseguramiento de Bienes, ordenada por el Juzgado de Privación de Bienes de Origen, se ordenó el aseguramiento de la empresa denominada EMPRESA MANGYS STORE procediendo esa judicatura en aplicación al artículo 67 de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos que establece de manera imperativa "DESTINO DE LOS BIENES CON MEDIDA PRECAUTORIA. Si fuera sea necesaria la incautación de bienes, productos o instrumentos sobre los cuales recaiga medida precautoria, cautelar o de aseguramiento, el órgano competente debe proceder inmediatamente a ponerlos a disposición de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), para su administración, guarda, custodia o destrucción en su caso; Cabe señalar su Señoría que la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), solo es un ente administrador, la facultad de incautar es facultativa del Ministerio Público. Siendo la OABI un órgano técnico especializado para la adecuada guarda, custodia y administración de los bienes incautados, decomisados o abandonados, aclarando que la misma "administra" empresas de índole privado, en tal sentido la pretensión de los demandantes de que el Estado de Honduras sea quien pueda proceder al pago de lo reclamado está completamente fuera de contexto, pues la Oficina Administradora de Bienes Incautados nada más es "administradora" de la empresa incautada denominada EMPRESA MANGYS STORE circunstancia que no la convierte en patrono, pues para que exista solidaridad según dispone el artículo 7 del Código de Trabajo, la solidaria debe ser beneficiada de los servicios prestados por trabajadores, que no es el caso que nos ocupa, pues de reconocérseles algún derecho deberá ser la empresa por la cual fueron contratados como empleados, quien está obligada a responder a las pretensiones del requirente; en virtud de que mi representado de ninguna forma se ha subrogado la responsabilidad de la EMPRESA MANGYS STORE por lo tanto no se puede considerar como un "sustituto patronal", ya que tampoco la OABI se encuentra comprendida en las causales del artículo 28 del Código del Trabajo. La Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) únicamente es un Órgano desconcentrado que cuenta con Personalidad Jurídica propia, goza de autonomía técnica, administrativa y financiera para la gestión directa de los asuntos que por Ley se le encomienden; constituyéndose como un órgano técnico especializado para la adecuada guarda, custodia y administración de los bienes incautados o decomisados. - Se produce así la infracción directa de la ley sustantiva”. III.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por los defectos técnicos siguientes: a) la norma señalada como infringida carece de sustantividad siendo de naturaleza general además de contener varios párrafos con diferentes reglas técnicas. Es importante recordar que normas sustantivas son aquellas que establecen derechos y obligaciones correlativos o los extinguen; b) se omite el precepto autorizante; y, c) en lo expuesto se hace referencia a disposiciones de los artículos 67 y 73 de la Ley de lavado de Activos no corresponden al orden nacional laboral, carecido el cargo de claridad y precisión. IV.- Que el segundo motivo se aduce: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción directa PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en los artículos 710 y 858 del Código del Trabajo, en relación a los artículos 22, 64 numeral 1) 792 numeral 2 del Código Procesal Civil. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE: la legitimación, la cual la encontramos regulada en el artículo 64 numeral 1) del Código Procesal Civil, norma supletoria en el proceso laboral, la cual a la letra dice: "1. Para efectos procesales son partes legítimas ordinarias las que comparezcan y actúen en juicio, en posición jurídica contrapuesta, afirmando ser titulares de la relación jurídica u objeto litigioso sea inter vivos, sea mortis causa". Para que una pretensión pueda ser estimada por un Tribunal es necesario, no solo que concurran los presupuestos procesales del órgano (jurisdicción y competencia) y los de las partes (capacidad para ser parte y procesal), sino que las partes se encuentren en una determinada relación jurídica material con esa pretensión: la legitimación o poder de conducción procesal. Visto lo anterior se colige que en virtud de que los demandantes y mi representado el Estado de Honduras a través de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) nunca han sostenido ningún tipo de relación contractual mucho menos laboral, por ende no se encuentran comprendidos como parte legitimas en este proceso, razón por la cual es ilógico e inoportuno interponer un acción judicial, solicitando y pretendiendo laborales y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir en contra del Estado de Honduras a través de la Oficina Administradora de Bienes Incautados, pues se reitera que nunca fue el empleador o patrono del hoy demandante, ya que los Demandados fueron empleados directos de la empresa MANGYS STORE, en ese sentido su señoría, al no existir una relación jurídica contrapuesta entre el demandante y mi representado el Estado de Honduras, la presente acción judicial carece de legitimación del demandado (Estado de Honduras a través de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), pues no se encuentra comprendido como parte legitima en el presente proceso, debido a que como ya se ha supra indicado en ningún momento el demandante mantuvo una relación contractual y mucho menos relación laboral con mi representado, por tanto, el único responsable concerniente al pago de las prestaciones laborales y salarios dejados de percibir del demandante es la empresa MANGYS STORE pues tal defecto es insubsanable y ataca el fondo de la demanda de mérito, ya que a todas luces carece de legitimación pasiva de uno de los demandados (Estado de Honduras a través de la OABI), en consecuencia, nunca les perteneció este objeto litigioso o relación jurídica debido a que nunca fueron contratados como engañosamente pretendió hacerlo ver la parte actora demandando a su verdadero empleador la empresa MANGYS STORE; y no a mi representado el Estado de Honduras a través Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), cuando con este último nunca existió una relación jurídica contrapuesta”. V.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por los defectos técnicos siguientes: a) en la formulación se omite la norma sustantiva infringida requisito indispensable para la prosperidad del cargo de conformidad a lo dispuesto en el artículo 769 numeral 5) letra a) del Código de Trabajo; c) los artículos 710 y 858 del Código del Trabajo, resultan inapropiados como sustento del cargo, pues, las mismas no contiene ninguna causal de casación, careciendo el cargo de claridad y precisión. VI.- Por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos motivo de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos de casación. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrado ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. - NOTIFIQUESE. - FIRMAS Y SELLO. ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, COORDINADORA, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO Y MARIO ROLANDO DIAZ FLORES. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de noviembre del dos mil veinticinco.

RAMCEL NICOL CARTAGENA PINTO

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