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Sentencia CL-07-24 — Registro 19943

Resumen

Primera instancia declara sin lugar la excepción perentoria de prescripción, con lugar la presente demanda ordinaria laboral de primera instancia pidiendo el emplazamiento del patrono para que pruebe que fundó el despido en una justa causa reconocida por la ley, que demuestre la temporalidad de la relación laboral; se condena a reintegrar con carácter de empleados permanentes, nivelar el salario en concepto de reajuste salarial retroactivo, indemnizar a los demandantes con el pago de los salarios reconocidos; segunda instancia confirma la sentencia; esta Sala de lo Laboral declara nulidad de la sentencia debido a falta de exhaustividad.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

´´...Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. II. Que el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. - Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.” III. Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter."; además, se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. IV. Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. V. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella...´´

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código de Procedimientos Civiles, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código de Procedimientos Civiles, art. 738 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código de Procedimientos Civiles, art. 701 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

´´...Del estudio del fallo se decreta la nulidad de oficio con base a lo establecido en la normativa Constitucional y Procesal Civil Supletoriamente, debido a la falta de exhaustividad en virtud que el juzgador debido realizar el análisis de los medios de prueba en su conjunto y observar que entre los demandantes la señora Paola Nichole Fernández Aquino, solicito la aplicación del salario mínimo del arancel de profesional del derecho lo que se constata, que fue nombrada en el cargo de Asesor Legal en la Dirección Departamental de Atlántida, a partir 01 de septiembre del 2018, devengaba un salario mensual de L. 21,000.00; con las documentaciones descritas, constancia de trabajo número; 0226 de fecha 04 febrero de 2022, y número 1273 con fecha 23 de mayo 2022; oficios números; 1033-SG-2022,427-DDE-01-2019, 1032-SE-2019, contratos de trabajos y Arancel del profesional del derecho, haciendo énfasis en su artículo 112 cuyo contenido lo relaciona al empleado permanente sobre su función que presta en instituciones públicas y privadas ver folios 202 y 203 del tomo uno de la primera pieza de autos, para que la institución demanda pague el salario mínimo solicitado, debe de analizarse el artículo 89 y que en su conjunto el Arancel del profesional del derecho, el mismo es un precepto reglamentario o sea una norma de valor inferior al de una ley, el Arancel del profesional del derecho no pasó por el proceso de formación, sanción y promulgación de leyes que indica nuestra Constitución de la Republica, el único facultado para poder emitir leyes y decretos es el Congreso Nacional tal como lo expresa el artículo 205, de nuestra carta magna, Esta Sala estima que el Arancel del Profesional del Derecho no tiene rango de ley como bien se ha establecido en los casos en los que ya nos hemos pronunciado como el CA 207-2011, CL 387-08, CL 191-09, CL 625-10, CL 158-12 y CL 630-13; no como lo reconocen los fallos de primera y segunda instancia, es solamente un acto de carácter general, como bien lo indica la inconstitucionalidad n°67-2006 de fecha 10 de octubre de 2006, en el caso del profesional del derecho que nos ocupa el salario base nominal a tomar en cuenta es L 21,000.00...´´

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

´´...Del estudio del fallo se decreta la nulidad de oficio con base a lo establecido en la normativa Constitucional y Procesal Civil Supletoriamente, debido a la falta de exhaustividad en virtud que el juzgador debido realizar el análisis de los medios de prueba en su conjunto y observar que entre los demandantes la señora Paola Nichole Fernández Aquino, solicito la aplicación del salario mínimo del arancel de profesional del derecho lo que se constata, que fue nombrada en el cargo de Asesor Legal en la Dirección Departamental de Atlántida, a partir 01 de septiembre del 2018, devengaba un salario mensual de L. 21,000.00; con las documentaciones descritas, constancia de trabajo número; 0226 de fecha 04 febrero de 2022, y número 1273 con fecha 23 de mayo 2022; oficios números; 1033-SG-2022,427-DDE-01-2019, 1032-SE-2019, contratos de trabajos y Arancel del profesional del derecho, haciendo énfasis en su artículo 112 cuyo contenido lo relaciona al empleado permanente sobre su función que presta en instituciones públicas y privadas ver folios 202 y 203 del tomo uno de la primera pieza de autos, para que la institución demanda pague el salario mínimo solicitado, debe de analizarse el artículo 89 y que en su conjunto el Arancel del profesional del derecho, el mismo es un precepto reglamentario o sea una norma de valor inferior al de una ley, el Arancel del profesional del derecho no pasó por el proceso de formación, sanción y promulgación de leyes que indica nuestra Constitución de la Republica, el único facultado para poder emitir leyes y decretos es el Congreso Nacional tal como lo expresa el artículo 205, de nuestra carta magna, Esta Sala estima que el Arancel del Profesional del Derecho no tiene rango de ley como bien se ha establecido en los casos en los que ya nos hemos pronunciado como el CA 207-2011, CL 387-08, CL 191-09, CL 625-10, CL 158-12 y CL 630-13; no como lo reconocen los fallos de primera y segunda instancia, es solamente un acto de carácter general, como bien lo indica la inconstitucionalidad n°67-2006 de fecha 10 de octubre de 2006, en el caso del profesional del derecho que nos ocupa el salario base nominal a tomar en cuenta es L 21,000.00...´´

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

´´...Por otro lado, es oportuno recordar que el juzgador de instancia está obligado a velar por la tutela efectiva de los derechos e intereses legítimos pretendidos en la demanda removiendo los impedimentos que se pueden producir y posibilitando el ejercicio de los mismos lo contrario da lugar a que se irrespete el derecho acceso a la justicia y, por ende, a la tutela judicial efectiva. Además, para tales efectos y de conformidad al principio pro homine se debe dar a la norma la interpretación más extensiva cuando se trate de reconocer derechos protegidos y a la inversa una aplicación restringida, cuando se trate de limitar los mismos...´´

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

´´...Que de conformidad al principio dispositivo este Tribunal de casación solo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que haya sido recurridos por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente y, en su caso, por la cuestión derecho a que se refiere la impugnación. No obstante, lo anterior y de conformidad a la Ley, deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no hubieren sido denunciado por el recurrente, con el fin de lograr la enmienda en la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso...´´

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 18 (Jerarquía Ordinaria)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice “TE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los treinta y un día del mes de octubre de dos veinticinco VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 28 de mayo del 2024, por la Abogada SUYAPA MARÍA ROJAS SALGADO, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, los señores PAOLA NICHOLE FERNÁNDEZ AQUINO; FRANCIS KRISTHELL REYES MÉNDEZ; ELMER JOSÉ RIVERA MARTÍNEZ y otros, representados en juicio por la Abogada KARLA YADIRA PAREDES ORTEGA. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral de primera instancia pidiendo el emplazamiento del patrono para que pruebe que fundo el despido en una justa causa reconocida por la ley, que demuestre la temporalidad de la relación laboral que le vinculaba con los demandantes, caso contrario se declare injustificada la terminación y se condene al patrono a reintegrar a los demandantes en los cargos ocupados en mejores condiciones que las tenidas al momento del despido, ordenándosele la emisión de las correspondientes acciones, acuerdos o documentos equivalentes de nombramiento permanente en los cargos desde el inicio de la relación laboral; otorgamiento de todos los beneficios que se conceden a los empleados permanentes del patrono demandado como ser afiliación al Instituto de Previsión Social al que cotizan los empleados del patrono desde el inicio de la relación laboral, otorgamiento de vacaciones, pago de bonificación por dicho concepto, aumentos de sueldo, pago de quinquenios y demás beneficios contenidos en la contratación colectiva o en la ley según favorezca más a los trabajadores demandantes. Que se reconozca la garantía fundamental de salario igual por trabajo igual sin discriminación alguna de manera retroactiva para los demandantes que solicitan el otorgamiento de dicho derecho o el reconocimiento del salario mínimo con el pago de la indemnización por no recibir el mismo para los demandantes que así lo reclaman junto con los demás beneficios no concedidos por el patrono como otorgamiento de vacaciones y bonificación por dicho concepto, así como el reajuste salarial equivalente al índice inflacionario que publique el Banco Central de Honduras en la forma que señala la ley si este beneficio favorece más a todos los trabajadores demandantes, pago de salarios, aumentos de sueldo y beneficios legales dejados de percibir a título de daños y perjuicios; que se condene en costas al patrono demandado por invocar el vencimiento de los contratos de trabajo como causa para la ruptura de relaciones laborales de carácter indefinido, todo lo anterior sin perjuicio de lo que dispone el artículo 129 constitucional para el caso de que los demandantes elijan el pago de sus prestaciones e indemnizaciones sociales y derechos adquiridos una vez que sea firme la sentencia que declara injustificado sus despidos, promovida ante el Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha 22 de agosto del 2022, por el Abogado DAVID ENRIQUE MEZA RODRÍGUEZ, en su condición de representante procesal de los señores: 1) PAOLA NICHOLE FERNÁNDEZ AQUINO, soltera, Abogada; 2) FRANCIS KRISTHELL REYES MÉNDEZ, soltera, Pasante Universitaria; 3) ELMER JOSÉ RIVERA MARTÍNEZ, soltero, Bachiller en Computación; 4) CINDY VANESSA TURCIOS ERAZO, soltera, Ama de casa; 5) MARCE ESCOLASTICO CASILDO SUAZO, casado, Master en Dirección de Recursos Humanos; 6) CECILIA ALEJANDRA HERNANDEZ MILLER, en unión libre, Secretaria Taquimecanógrafa; 7) WALTER GUILLERMO DIAZ ANDRADE, soltero, Jornalero; 8) GLADIS OLIVIA CASTRO ROMERO, en unión libre, Ama de casa; 9) MANFRED GERARDO QUIJADA HERNANDEZ, casado, Perito Mercantil y Contador Público; todos mayores de edad, hondureños y con domicilio en la ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN, por medio de la Procuraduría General de la República. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 09 de noviembre del 2023, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 27 de junio del 2023, proferida por el Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba, Departamento de Atlántida, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO (1): Declarando SIN LUGAR la EXCEPCIÓN PERENTORIA DE PRESCRIPCIÓN opuesta por la Representante Procesal de la Parte Demandada por las razones y consideraciones expuestas en el Ordinal Primero de los Hechos Probados. SEGUNDO (2): Declarando CON LUGAR la presente Demanda Ordinaria Laboral de Primera Instancia pidiendo el Emplazamiento Del Patrono para que pruebe que fundó el despido en una justa causa reconocida por la Ley, que demuestre la temporalidad de la relación laboral que le vinculaba con los Demandantes; caso contrario se declare injustificada la terminación y se condene al Patrono a reintegrar a los Demandantes en los cargos ocupados en mejores condiciones que las tenidas al momento del despido, ordenándosele la emisión de las correspondientes acciones, acuerdos o documentos equivalentes de nombramiento permanente en los cargos desde el inicio de la relación laboral, otorgamiento de todos los beneficios que se conceden a los empleados permanentes del Patrono Demandado como ser afiliación al Instituto de Previsión Social al que cotizan los empleados del Patrono desde el inicio de la relación laboral, otorgamiento de vacaciones, pago de bonificación por dicho concepto, aumentos de sueldo, pago de quinquenios y demás beneficios contenidos en la contratación colectiva o en la ley según favorezca más a los trabajadores demandantes, que se reconozca la garantía fundamental de salario igual por trabajo igual sin discriminación alguna de manera retroactiva para los demandantes que solicitan el otorgamiento de dicho derecho o el reconocimiento del salario mínimo con el pago de la indemnización por no recibir el mismo para los demandantes que así lo reclaman junto con los demás beneficios no concedidos por el patrono como otorgamiento de vacaciones y bonificación por dicho concepto, así como el reajuste salarial equivalente al índice inflacionario que publique el Banco Central de Honduras en la forma que señala la Ley si este beneficio favorece más a los trabajadores demandantes; pago de salarios, aumentos de sueldo y beneficios legales dejados de percibir a título de daños y perjuicios; condena en costas al Patrono Demandado por invocar el vencimiento del contrato como causa para la ruptura de relaciones laborales de carácter indefinido, todo lo que se entiende sin perjuicio de lo que dispone el artículo 129 Constitucional para el caso de que los Demandantes elijan el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales y derechos adquiridos una vez sea firme la sentencia que declara injustificado su despido; promovida por el Abogado DAVID ENRIQUE MEZA RODRÍGUEZ, accionando en condición de Apoderado Legal de los Señores: 1) PAOLA NICHOLE FERNÁNDEZ AQUINO, 2) FRANCIS KRISTHELL REYES MÉNDEZ, 3) ELMER JOSÉ RIVERA MARTÍNEZ, 4) CINDY VANESSA TURCIOS ERAZO, 5) MARCE ESCOLASTICO CASILDO SUAZO, 6) CECILIA ALEJANDRA HERNANDEZ MILLER, 7) WALTER GUILLERMO DIAZ ANDRADE, 8) GLADIS OLIVIA CASTRO ROMERO, y 9) MANFRED GERARDO QUIJADA HERNANDEZ, contra EL ESTADO DE HONDURAS, a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN; representado legalmente por el Señor MANUEL ANTONIO DIAZ GALEAS, en su condición de Procurador General de La República; todos de generales expresadas en el preámbulo de la presente sentencia. TERCERO (3): En consecuencia se CONDENA al ESTADO DE HONDURAS, a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN; representado legalmente por el Señor MANUEL ANTONIO DIAZ GALEAS, en su condición de Procurador General de La República, a: I) REINTEGRAR con carácter de empleados permanentes desde el inicio de su contratación por ser la misma indefinida y permanente de conformidad con la ley, debiendo emitirse los documentos que se requieran para tal efecto, a los Demandantes en sus cargos de la forma siguiente: 1) PAOLA NICHOLE FERNÁNDEZ AQUINO: En el cargo de ASESOR LEGAL en la Dirección Departamental de Atlántida, 2) FRANCIS KRISTHELL REYES MÉNDEZ: En el cargo de ASEADORA en la Dirección Departamental de Atlántida, 3) ELMER JOSÉ RIVERA MARTÍNEZ: En el cargo de VIGILANTE en la Dirección Departamental de Atlántida: 4) CINDY VANESSA TURCIOS ERAZO: En el cargo de ASEADORA en el Instituto Oficial Manuel Bonilla en esta ciudad; 5) MARCE ESCOLASTICO CASILDO SUAZO: En el cargo de COORDINADOR DEPARTAMENTAL DE EIB EN ATLÁNTIDA, en la Dirección General de Modalidades Educativas en esta ciudad; 6) CECILIA ALEJANDRA HERNANDEZ MILLER: En el cargo de ASISTENTE ADMINISTRATIVO en el Instituto Oficial La Ceiba, en esta ciudad; 7) WALTER GUILLERMO DIAZ ANDRADE: En el cargo de VIGILANTE en el Instituto Oficial La Ceiba, en esta ciudad; 8) GLADIS OLIVIA CASTRO ROMERO: En el cargo de ASEADORA en el Instituto Oficial Manuel Bonilla de esta ciudad; y 9) MANFRED GERARDO QUIJADA HERNANDEZ: En el cargo de ASISTENTE ADMINISTRATIVO en el Instituto Perla de San Juan, San Juan Pueblo, La Másica, Atlántida. II) Por el otorgamiento del salario mínimo correspondiente a los Demandantes FRANCIS KRISTHELL REYES MÉNDEZ, ELMER JOSÉ RIVERA MARTÍNEZ, CINDY VANESSA TURCIOS ERAZO, WALTER GUILLERMO DIAZ ANDRADE y GLADIS OLIVIA CASTRO ROMERO; la garantía fundamental de salario mínimo por salario igual sin discriminación alguna para los Demandantes MARCE ESCOLASTICO CASILDO SUAZO, CECILIA ALEJANDRA HERNANDEZ MILLER Y MANFRED GERARDO QUIJADA HERNANDEZ y el salario mínimo que corresponde a los profesionales del derecho para la Demandante PAOLA NICHOLE FERNÁNDEZ AQUINO, Juntamente con los beneficios legales y contractuales establecidos en la contratación colectiva y probaos en autos por no ser excluyentes ni incompatibles, según les sean más favorables; NIVELAR el salario de los demandantes en los cargos ocupados, el que para el año 2022 debe ser: 1) PAOLA NICHOLE FERNÁNDEZ AQUINO: De Lps. 21,000.00 a Lps. 36,586.66; 2) FRANCIS KRISTHELL REYES MÉNDEZ: De Lps. 10,000.00 a Lps. 14,740.75, 3) ELMER JOSÉ RIVERA MARTÍNEZ: De Lps. 10,000.00 a Lps. 21,944.58; 4) CINDY VANESSA TURCIOS ERAZO: De Lps. 10,000.00 a Lps. 14,740.75; 5) MARCE ESCOLASTICO CASILDO SUAZO: De Lps. 17,000.00 a Lps. 37,123.51; 6) CECILIA ALEJANDRA HERNANDEZ MILLER: De Lps. 15,000.00 a Lps. 31,708.44; 7) WALTER GUILLERMO DIAZ ANDRADE: De Lps. 10,000.00 a Lps. 21,944.58; 8) GLADIS OLIVIA CASTRO ROMERO: De Lps. 10,000.00 a Lps. 14,740.75; y 9) MANFRED GERARDO QUIJADA HERNANDEZ: De Lps. 15,000.000 a Lps. 31,708.44; salarios, tanto el devengado como aquellos señalados y a los que se solicita la nivelación, que no fueron objeto de debate ni desvirtuados durante el presente proceso por la parte demandada; más el porcentaje que por concepto de índice inflacionario publicado por el Banco Central de Honduras o el aumento que de conformidad a la Cláusula 42 de la Contratación Colectiva les corresponda, según les sea más favorable; el cual se debe aplicar a los actores a partir del 01 de Enero de 2023 dado que el salario antes señalado incluye el aumento o índice inflacionario que corresponde al año 2022; III) AFILIAR a los Demandantes como participantes del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), al que cotizan los empleados permanentes de la Secretaría de Estado a la que prestaban sus servicios las Demandantes, afiliación que es obligatoria según el artículo 4 de la Ley del referido Instituto y que debe ser realizada por el Patrono, la cual debe ser desde el día de inicio de la contratación de los demandantes con el pago de la respectiva aportación patronal y la que corresponda a los Demandantes según el salario de cada año a fin de garantizar su derecho constitucional a la jubilación, el cual no se les habla garantizado por haber sido considerados como trabajadores temporales por el patrono. IV) PAGAR a los Demandantes la cantidad de Lps. 6,348,990.93 (Seis Millones Trescientos Cuarenta y Ocho Mil Novecientos Noventa Lempiras con Noventa y Tres Centavos) en concepto de reajuste salarial retroactivo reclamado por los Demandantes en el Hecho Décimo de la Demanda y no desvirtuado por la Parte Demandada por los beneficios reconocidos en la presente sentencia desde la fecha de la contratación hasta el despido; reajuste que se detalla así: 1) PAOLA NICHOLE FERNÁNDEZ AQUINO: Reajuste Salarial del 01 de Septiembre de 2018 al 23 de Mayo de 2022: Año 2018: (Salario Lps. 27,631.89 x 4.73%: Lps. 28,938.87); Reajuste Salarial. 5 meses (Diferencia Mensual de Lps. 7,938.87 x 5): Lps. 39,694.35; Indemnización por no recibir el salario mínimo correspondiente año 2018: Lps. 39,694.35; TOTAL AÑO 2018: Lps. 79,389.10; Año 2019: (Salario Lps. 29,239.27 x 4.22%: Lps. 30,473.17); Reajuste Salarial: 14 Meses (Diferencia Mensual de Lps. 9,473.17 x 14): Lps. 132,624.38; Indemnización por no recibir el salario mínimo correspondiente año 2019: Lps. 132,624.38; Vacaciones no concedidas ni pagadas doblemente: 14 días de descanso por 1 año: Lps. 14,220.81; 14 días de remuneración por 1 año: Lps. 14,220.81; TOTAL AÑO 2019: Lps. 293,690.38; Año 2020: (Salario Lps. 31,000.26 x 4.08%: Lps. 32,265.07); Reajuste Salarial: 14 Meses Diferencia Mensual de Lps. 11,265.07 x 14): Lps. 157,710.98; Indemnización por no recibir el salario mínimo correspondiente año 2020: Lps. 157,710.98; Vacaciones no concedidas ni pagadas doblemente: 16 días de descanso por 2 años: Lps. 17,208.04; 16 días de remuneración por 2 años: Lps. 17.208.04; TOTAL AÑO 2020: Lps. 349,838.04; Año 2021: (Salario Lps. 32,677.40 x 4.01%: Lps. 33,987.76); Reajuste Salarial: 14 Meses (Diferencia Mensual de Lps. 12,987.76 x 14): Lps. 181,828.64; Indemnización por no recibir el salario mínimo correspondiente año 2021: Lps. 181,828.64; Vacaciones no concedidas ni pagadas doblemente: 20 días de descanso por 3 años: Lps. 22,658.51; 20 días de remuneración por 3 años: Lps. 22,658.51; TOTAL AÑO 2021: Lps. 408,974.30; Año 2022: (Salario Lps. 34,738.57 x 5.32%: Lps. 36,586.66); Reajuste Salarial: 4 Meses (Diferencia Mensual de Lps. 15,586.66 x 4): Lps. 62,346.64; Indemnización por no recibir el salario mínimo correspondiente año 2022: Lps. 62,346.64; Salarios adeudados previo al despido: 23 días: Lps. 28,049.77; TOTAL AÑO 2022: Lps. 152,743.05; REAJUSTE TOTAL 01 DE SEPTIEMBRE 2018 AL 23 DE MAYO DE 2022: Lps. 1,284,634.87.- SALARIO 2022: Lps. 36,586.66-. 2) FRANCIS KRISTHELL REYES MÉNDEZ: Reajuste Salarial del 01 de septiembre de 2018 al 23 de mayo de 2022: Año 2018: (Salario Mínimo: Lps. 10,316.22: Salario con aumento de la Cláusula 42: Lps. 10,316.22 x 8%: Lps. 11,141.52); Reajuste Salarial: 5 Meses (Diferencia Mensual de Lps. 1,141.52 x 5): Lps. 5,707.60; Indemnización por no recibir el salario mínimo correspondiente año 2018: 5 Meses (Diferencia: Salario Mínimo: Lps. 10,316.22- Salario Devengado: Lps. 10,000.00; Diferencia: Lps. 316.22) Lps. 1,581.10; TOTAL AÑO 2018: Lps. 7,288.70; Año 2019: (Salario Mínimo: Lps. 11,038.35; Salario con aumento de la Cláusula 42: Lps. 11,141.52 x 8%: Lps. 12,032.84); Reajuste Salarial: 14 Meses (Diferencia Mensual de Lps. 2,032.84 x 14): Lps. 28,459.76; Indemnización por no recibir el salario mínimo correspondiente año 2019: 14 Meses (Diferencia: Salario Mínimo: Lps. 11,038.35 - Salario Devengado: Lps. 10,000.00; Diferencia: Lps. 1,038.35) Lps. 14,536.90; Vacaciones no concedidas ni pagadas doblemente: 14 días de descanso por 1 año: Lps. 5,615.33; 14 días de remuneración por 1 año: Lps. 5,615.33: TOTAL AÑO 2019: Lps. 54,227.31; Año 2020: (Salario Mínimo; Lps. 11,811.04; Salario con aumento de la Cláusula 42: Lps. 12,032.84 x 7%: Lps. 12,875.14); Reajuste Salarial: 14 Meses (Diferencia Mensual de Lps. 2,875.14 x 14): Lps. 40,251.96; Indemnización por no recibir el salario mínimo correspondiente año 2020: 14 Meses (Diferencia: Salario Mínimo: Lps. 11,811.04 Salario Devengado: Lps. 10,000.00; Diferencia: Lps. 1,811.04) Lps. 25,354.56; Vacaciones no concedidas ni pagadas doblemente: 16 días de descanso por 2 años: Lps. 6,866.74; 16 días de remuneración por 2 años: Lps. 6.866.74: TOTAL AÑO 2020: Lps. 79,340.00; Año 2021: (Salario Mínimo: Lps. 12,755.92; Salario con aumento de la Cláusula 42: Lps. 12,875.14 x 7%: Lps. 13,776.40); Reajuste Salarial: 14 Meses (Diferencia Mensual de Lps. 3,776.40 x 14): Lps. 52,869.60; Indemnización por no recibir el salario mínimo correspondiente año 2021: 14 Meses (Diferencia: Salario Mínimo: Lps. 12,755.92 - Salario Devengado: Lps. 10,000.00; Diferencia: Lps. 2,755.92) Lps. 38,582.88; Vacaciones no concedidas ni pagadas doblemente: 20 días de descanso por 3 años: Lps. 9,184.27; 20 días de remuneración por 3 años: Lps. 9.184.27: TOTAL AÑO 2021: Lps. 109,821.01; Año 2022: (Salario Mínimo: Lps. 13,712.70; Salario con aumento de la Cláusula 42: Lps. 13,776.40 x 7%: Lps. 14,740.75); Reajuste Salarial: 4 Meses (Diferencia Mensual de Lps. 4,740.75 x 4): Lps. 18,963.00; Indemnización por no recibir el salario mínimo correspondiente año 2022: 4 Meses (Diferencia: Salario Mínimo: Lps. 13,712.70 - Salario Devengado: Lps. 10,000.00; Diferencia: Lps. 3,712.70) Lps. 14,850.80; Salarios adeudados previo al despido: 23 días: Lps. 11,301.24; TOTAL AÑO 2022: Lps. 45,115.04; REAJUSTE TOTAL 01 DE SEPTIEMBRE 2018 AL 23 DE MAYO DE 2022: Lps. 295.792.07.- SALARIO 2022: Lps. 14,740.75.- 3) ELMER JOSÉ RIVERA MARTÍNEZ: Reajuste Salarial del 01 de Septiembre de 2018 al 23 de Mayo de 2022: Año 2018: (Salario Mínimo: Lps. 10,316.22; Salario a Nivelar con aumento de la Cláusula 42: Lps. 16,820.00 x 6%: Lps. 17,829.20); Reajuste Salarial (Diferencia Mensual de Lps. 7,829.20 x 5): 5 Meses: Lps. 39,146.00; Indemnización por no recibir el salario mínimo correspondiente año 2018: 5 Meses (Diferencia: Salario Mínimo: Lps. 10,316.22-Salario Devengado: Lps. 10,000.00; Diferencia: Lps. 316.22) Lps. 1,581.10; TOTAL AÑO 2018: Lps. 40,727.10; Año 2019: (Salario Mínimo: Lps. 11,038.35; Salario a Nivelar con aumento de la Cláusula 42: Lps. 17,829.20 x 6%: Lps. 18,898.95); Reajuste Salarial (Diferencia Mensual de Lps. 8,898.95 x 14): 14 Meses: Lps. 124,585.30; Indemnización por no recibir el salario mínimo correspondiente año 2019: 14 Meses (Diferencia: Salario Mínimo: Lps. 11,038.35 Salario Devengado: Lps. 10,000.00; Diferencia: Lps. 1,038.35) Lps. 14,536.90; Vacaciones no concedidas ni pagadas doblemente: 14 días de descanso por 1. año: Lps. 8,819.51; 14 días de remuneración por 1 año: Lps. 8,819.51 TOTAL AÑO 2019: Lps. 156,761.22; Año 2020, (Salario Mínimo Lps. 11,811.04; Salario a Nivelar con aumento de la Cláusula 42 Lps. 18,898.95 x 5% Lps. 19,843.90) Reajuste Salarial (Diferencia Mensual de Lps. 9,843.90 x 14) 14 Meses: Lps. 137,814.60; Indemnización por no recibir el salario mínimo correspondiente año 2020: 14 Meses (Diferencia Salario Mínimo: Lps. 11,811.04-Salario Devengado: Lps. 10,000.00, Diferencia: Lps. 1,811.04) Lps. 25,354.56; Vacaciones no concedidas ni pagadas doblemente 16 días de descanso por 2 años Lps. 10,583.41, 16 días de remuneración por 2 años: Lps. 10,583.41; TOTAL AÑO 2020: Lps. 184,335.99; Αño 2021: (Salario Mínimo: Lps. 12.755.92, Salario a Nivelar con aumento de la Cláusula 42 Lps. 19,843.90 x 5%: Lps. 20,836.10), Reajuste Salarial (Diferencia Mensual de Lps. 10,836.10 x 14): 14 Meses: Lps. 151,705.40; Indemnización por no recibir el salario mínimo correspondiente año 2021: 14 Meses (Diferencia. Salario Mínimo. Lps. 12,755.92 Salario Devengado Lps. 10,000.00 Diferencia: Lps. 2,755.92) Lps. 38,582.88; Vacaciones no concedidas ni pagadas doblemente 20 días de descanso por 3 años: Lps. 13,890.73; 20 días de remuneración por 3 años: Lps. 13,890.73; TOTAL AÑO 2021: Lps. 218,069.75; Año 2022: (Salario Mínimo: Lps. 13,712.70; Salario a Nivelar con aumento de la Cláusula 42: Lps. 20,836.10 x 5.32%: Lps. 21,944.58); Reajuste Salarial (Diferencia Mensual de Lps. 11,944.58 x 4): 4 Meses: Lps. 47,778.32; Indemnización por no recibir el salario mínimo correspondiente año 2022: 4 Meses (Diferencia: Salario Mínimo: Lps. 13,712.70- Salario Devengado: Lps. 10,000.00; Diferencia: Lps. 3,712.70) Lps. 14,850.80; Salarios adeudados previo al despido: 23 días: Lps. 16,824.18; TOTAL AÑO 2022: Lps. 79,453.30; REAJUSTE TOTAL 01 DE SEPTIEMBRE 2018 AL 23 DE MAYO DE 2022: Lps. 679,347.35.- SALARIO 2022: Lps. 21,944.58.-4) CINDY VANESSA TURCIOS ERAZO: Reajuste Salarial del 01 de Septiembre de 2018 al 23 de Mayo de 2022: Año 2018 (Salario Mínimo: Lps. 10,316.22; Salario con aumento de la Cláusula 42: Lps. 10,316.22 x 8%: Lps. 11,141.52); Reajuste Salarial (Diferencia Mensual de Lps. 1,141.52 x 5): 5 Meses: Lps. 5,707.60; Indemnización por no recibir el salario mínimo correspondiente año 2018: 5 Meses (Diferencia: Salario Mínimo: Lps. 10,316.22-Salario Devengado: Lps. 10,000.00; Diferencia: Lps. 316.22) Lps. 1,581.10; TOTAL AÑO 2018: Lps. 7,288.70; Año 2019: (Salario Mínimo: Lps. 11,038.35; Salario con aumento de la Cláusula 42: Lps. 11,141.52 x 8%: Lps. 12,032.84), Reajuste Salarial (Diferencia Mensual de Lps. 2,032 84 x 14): 14 Meses: Lps. 28,459.76; Indemnización por no recibir el salario mínimo correspondiente año 2019: 14 Meses (Diferencia: Salario Mínimo: Lps. 11,038.35-Salario Devengado: Lps. 10,000.00; Diferencia: Lps. 1,038.35) Lps. 14,536.90; Vacaciones no concedidas ni pagadas doblemente: 14 días de descanso por 1 año: Lps. 5,615.33; 14 días de remuneración por 1 año: Lps. 5,615.33: TOTAL AÑO 2019: Lps. 54,227.31; Año 2020: (Salario Mínimo: Lps. 11,811.04; Salario con aumento de la Cláusula 42: Lps. 12,032.84 x 7%: Lps. 12,875.14); Reajuste Salarial (Diferencia Mensual de Lps. 2,875.14 x 14): 14 Meses: Lps. 40,251.96; Indemnización por no recibir el salario mínimo correspondiente año 2020: 14 Meses (Diferencia: Salario Mínimo: Lps. 11,811.04 Salario Devengado: Lps. 10,000.00; Diferencia: Lps. 1,811.04) Lps. 25,354.56; Vacaciones no concedidas ni pagadas doblemente: 16 días de descanso por 2 años: Lps. 6,866.74; 16 días de remuneración por 2 años: Lps. 6,866.74; TOTAL AÑO 2020: Lps. 79,340.00; Año 2021: (Salario Mínimo: Lps. 12,755.92; Salario con aumento de la Cláusula 42: Lps. 12,875.14 x 7%. Lps. 13,776.40); Reajuste Salarial (Diferencia Mensual de Lps. 3,776.40 x 14). 14 Meses: Lps. 52,869.60; Indemnización por no recibir el salario mínimo correspondiente año 2021: 14 Meses (Diferencia: Salario Mínimo: Lps. 12,755.92 - Salario Devengado: Lps. 10,000.00, Diferencia. Lps. 2,755.92) Lps. 38,582.88; Vacaciones no concedidas ni pagadas doblemente 20 días de descanso por 3 años: Lps. 9,184.27; 20 días de remuneración por 3 años Lps. 9,184.27; TOTAL AÑO 2021: Lps. 109,821.01; Año 2022: (Salario Mínimo: Lps. 13,712.70; Salario con aumento de la Cláusula 42: Lps. 13,776.40 x 7%: Lps. 14,740.75), Reajuste Salarial 1 Mes. Lps. 4,740.75; Indemnización por no recibir el salario mínimo correspondiente año 2022: 1 Mes (Diferencia: Salario Mínimo: Lps. 13,712.70 Salario Devengado: Lps. 10,000.00; Diferencia: Lps. 3,712.70) Lps. 3,712.70; Salarios adeudados previo al despido: Febrero-23 de Mayo 2022: Lps. 55,523.49; TOTAL AÑO 2022: Lps. 63,976.94; REAJUSTE TOTAL 01 DE SEPTIEMBRE 2018 AL 23 DE MAYO DE 2022: Lps. 314,653.97.- SALARIO 2022: Lps. 14,740.75.- 5) MARCE ESCOLASTICO CASILDO SUAZO: Reajuste Salarial del 02 de Mayo de 2018 al 23 de Mayo de 2022: Año 2018: (Salario a Nivelar con ajuste salarial por índice inflacionario: Lps. 29,831.40 x 4.73%: Lps. 31,242.43), Reajuste Salarial (Diferencia Mensual de Lps. 14,242 43 x 10): 10 Meses: Lps. 142,424.30; TOTAL AÑO 2018: Lps. 142,424.30; Año 2019 (Salario a Nivelar con ajuste salarial por índice Inflacionario: Lps. 31,424,30 x 4.22%: Lps. 32,560.86); Reajuste Salarial (Diferencia Mensual de Lps. 15,560.86 x 14): 14 Meses: Lps. 217,852.04; Vacaciones no concedidas ni pagadas doblemente: 14 días de descanso por 1 año: Lps. 15,195.07; 14 días de remuneración por 1 año: Lps. 15,195.07. TOTAL AÑO 2019: Lps. 248,242.18; Año 2020: (Salario a Nivelar con ajuste salarial por índice inflacionario: Lps. 32,560.86 x 4.08%. Lps. 33,889.34); Reajuste Salarial (Diferencia Mensual de Lps. 16,889.34 x 14): 14 Meses: Lps. 236,450.76; Vacaciones no concedidas ni pagadas doblemente: 16 días de descanso por 2 años: Lps. 18,074.31; 16 días de remuneración por 2 años: Lps. 18,074.31; TOTAL AÑO 2020: Lps. 272,599.39; Año 2021: (Salario a Nivelar con ajuste salarial por índice Inflacionario: Lps. 33,889.34 x 4,01%: Lps. 35,248.30); Reajuste Salarial (Diferencia Mensual de Lps. 18,248.30 x 14): 14 Meses: Lps. 255,476.20; Vacaciones no concedidas ni pagadas doblemente: 20 días de descanso por 3 años: Lps. 23,498.87; 20 días de remuneración por 3 años: Lps. 23,498.87; TOTAL AÑO 2021: Lps. 302,473.93; Año 2022: (Salario a Nivelar con ajuste salarial por índice Inflacionario: Lps. 35,248.30 x 5.32%: Lps. 37,123.51); Reajuste Salarial: 1 Mes: Lps. 20,123.51; Vacaciones no concedidas ni pagadas doblemente: 23 días de descanso por 4 años: Lps. 28,461.36; 23 días de remuneración por 4 años: Lps. 28,461.36; Salarios adeudados previo al despido: Febrero - 23 Mayo 2022: Lps. 139,831.89; TOTAL AÑO 2022: Lps. 216,878.11; REAJUSTE TOTAL 02 DE MAYO 2018 AL 23 DE MAYO DE 2022: Lps. 1,182,617.91.- SALARIO 2022: Lps. 37,123.51. 6) CECILIA ALEJANDRA HERNANDEZ MILLER: Reajuste Salarial del 05 de Septiembre de 2018 al 23 de Mayo de 2022: Año 2018: (Salario a Nivelar con ajuste salarial por índice inflacionario: Lps. 25,480,00 x 4.73%: Lps. 26,685.20); Reajuste Salarial (Diferencia Mensual de Lps. 11,685.20 x 5): 5 Meses: Lps. 58,426.00; TOTAL AÑO 2018: Lps. 58,426.00; Año 2019: (Salario a Nivelar con ajuste salarial por índice inflacionario: Lps. 26,685.20 x 4.22%: Lps. 27,811.32); Reajuste Salarial (Diferencia Mensual de Lps. 12,811,29 x 14): 14 Meses: Lps. 179,358.48; Vacaciones no concedidas ni pagadas doblemente: 14 días de descanso por 1 año: Lps. 12,978.62; 14 días de remuneración por 1 año: Lps. 12,978.62, TOTAL AÑO 2019: Lps. 205,315.71; Año 2020: (Salario a Nivelar con ajuste salarial por índice Inflacionario: Lps. 27,811.32 x 4.08%: Lps. 28,946.02); Reajuste Salarial (Diferencia Mensual de Lps. 13,946.02 x 14): 14 Meses: Lps. 195,244.28; Vacaciones no concedidas ni pagadas doblemente: 16 días de descanso por 2 años: Lps. 15,437.88; 16 días de remuneración por 2 años: Lps. 15,437.88: TOTAL AÑO 2020: Lps. 226,120.03; Año 2021: (Salario a Nivelar con ajuste salarial por índice inflacionario: Lps. 28,946.02 x 4.01%: Lps. 30,106.76); Reajuste Salarial (Diferencia Mensual de Lps. 15,106.76 x 14): 14 Meses: Lps. 211,494.64; Vacaciones no concedidas ni pagadas doblemente 20 días de descanso por 3 años: Lps. 20,071.17; 20 días de remuneración por 3 años: Lps. 20,071,17; TOTAL AÑO 2021: Lps. 251,636.99; Año 2022: (Salario a Nivelar con ajuste salarial por índice inflacionario: Lps. 330,106.76 x 5.32%: Lps. 31,708.44); Reajuste Salarial (Diferencia Mensual de Lps. 16,708.44 x 4): 4 Meses: Lps. 66,833.76; Salarios adeudados previo al despido: 23 días de Mayo 2022: Lps. 24,309.80; TOTAL AÑO 2022: Lps. 91,143.56; REAJUSTE TOTAL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL 23 DE MAYO DE 2022: Lps. 832,642.30.- SALARIO 2022: Lps. 31,708.44.- 7) WALTER GUILLERMO DIAZ ANDRADE: Reajuste Salarial del 05 de Septiembre de 2018 al 23 de Mayo de 2022: Año 2018: (Salario Mínimo: Lps. 10,316.22, Salario a Nivelar con aumento de la Cláusula 42 Lps. 16,820.00 x 6%: Lps. 17,829.20), Reajuste Salarial (Diferencia Mensual de Lps. 7,829 20): 5 Meses. Lps. 39,146.00; indemnización por no recibir el salario mínimo correspondiente año 2018: 5 Meses (Diferencia. Salario Mínimo. Lps. 10,316.22-Salario Devengado Lps. 10,000.00, Diferencia: Lps. 316.22) Lps. 1,581.10; TOTAL AÑO 2018: Lps. 40,727.10; Año 2019: (Salario Mínimo: Lps. 11,038.35, Salario a Nivelar con aumento de la Cláusula 42 Lps. 17,829.20 x 6%: Lps. 18,898.95), Reajuste Salarial (Diferencia Salarial de Lps. 8,895.95): 14 Meses: Lps. 124,585.30; Indemnización por no recibir el salario mínimo correspondiente año 2019: 14 Meses (Diferencia: Salario Mínimo: Lps. 11,038.35 Salario Devengado Lps. 10,000.00, Diferencia: Lps. 1,038.35) Lps. 14,536.90; Vacaciones no concedidas ni pagadas doblemente: 14 días de descanso por 1 año: Lps. 8,819.51; 14 días de remuneración por 1 año: Lps. 8,819,51 TOTAL AÑO 2019: Lps. 156,761.22; Año 2020; (Salario Mínimo: Lps. 11,811.04; Salario a Nivelar con aumento de la Cláusula 42: Lps. 18,898.95 x 5%. Lps. 19,843.90); Reajuste Salarial: 14 Meses (Diferencia Mensual de Lps. 9,843.90 x 14): Lps. 137,814.60; Indemnización por no recibir el salario mínimo correspondiente año 2020: 14 Meses (Diferencia: Salario Mínimo: Lps. 11,811.04 Salario Devengado: Lps. 10,000.00; Diferencia: Lps. 1,811.04) Lps. 25,354,56; Vacaciones no concedidas ni pagadas doblemente: 16 días de descanso por 2 años: Lps. 10,583.41, 16 días de remuneración por 2 años: Lps. 10,583.41; TOTAL AÑO 2020: Lps. 184,335.99; Año 2021: (Salario Mínimo: Lps. 12,755.92; Salario a Nivelar con aumento de la Cláusula 42: Lps. 19,843.90 x 5%: Lps. 20,836.10); Reajuste Salarial (Diferencia Mensual de Lps. 10,836.10 x 14): 14 Meses: Lps. 151,705.40; Indemnización por no recibir el salario mínimo correspondiente año 2021: 14 Meses (Diferencia: Salario Mínimo: Lps. 12,755.92-Salario Devengado: Lps. 10,000.00; Diferencia: Lps. 2,755.92) Lps. 38,582.88; Vacaciones no concedidas ni pagadas doblemente: 20 días de descanso por 3 años: Lps. 13,890.73; 20 días de remuneración por 3 años: Lps. 13,890.73; TOTAL AÑO 2021: Lps. 218,069.75; Año 2022: (Salario Mínimo: Lps. 13,712.70; Salario a Nivelar con aumento de la Cláusula 42: Lps. 20,836.10 x 5.32%: Lps. 21,944.58); Reajuste Salarial (Diferencia Mensual de Lps. 11,944.58 x 4): 4 Meses: Lps. 47,778.32; Indemnización por no recibir el salario mínimo correspondiente año 2022: 4 Meses (Diferencia: Salario Mínimo: Lps. 13,712.70 Salario Devengado: Lps. 10,000.00; Diferencia: Lps. 3,712.70) Lps. 14,850.80; Salarios adeudados previo al despido: 23 días: Lps. 16,824.18; TOTAL AÑO 2022: Lps. 79,453.30; REAJUSTE TOTAL 05 DE SEPTIEMBRE 2018 AL 23 DE MAYO DE 2022: Lps. 679,347.35. SALARIO 2022: Lps. 21,944.58.8) GLADIS OLIVIA CASTRO ROMERO: Reajuste del 01 de Agosto de 2019 al 23 de Mayo de 2022: Año 2019: (Salario Mínimo: Lps. 11,038.35; Salario con aumento de la Cláusula 42: Lps. 11,141.52 x 8%: Lps. 12,032.84); Reajuste Salarial (Diferencia Mensual de Lps. 2,032.84 x 6): 6 Meses: Lps. 12,197.04; Indemnización por no recibir el salario mínimo correspondiente año 2019: 6 Meses (Diferencia: Salario Mínimo: Lps. 11,038.35 Salario Devengado: Lps. 10,000.00; Diferencia: Lps. 1,038.35) Lps. 6,230.10; TOTAL AÑO 2019: Lps. 18,427.14; Año 2020: (Salario Mínimo: Lps. 11,811.04, Salario con aumento de la Cláusula 42: Lps. 12,032.84 x 7%: Lps. 12,875.14); Reajuste Salarial (Diferencia Mensual de Lps. 2,875.14 x 14): 14 Meses: Lps. 40,251.96; Indemnización por no recibir el salario mínimo correspondiente año 2020: 14 Meses (Diferencia: Salario Mínimo: Lps. 11,811.04 Salario Devengado: Lps. 10,000.00, Diferencia: Lps. 1,811.04) Lps. 25,354.56; Vacaciones no concedidas ni pagadas doblemente: 14 días de descanso por 1 año: Lps. 6,008.40, 14 días de remuneración por 1 año: Lps. 6,008,40; TOTAL AÑO 2020: Lps. 77,623.32; Año 2021: (Salario Mínimo: Lps. 12,755.92 Salario con aumento de la Cláusula 42: Lps. 12,875.14 x 7%: Lps. 13,776.40), Reajuste Salarial (Diferencia Mensual de Lps. 3,776.40 x 14): 14 Meses: Lps. 52,869.60; Indemnización por no recibir el salario mínimo correspondiente año 2021: 14 Meses (Diferencia: Salario Mínimo: Lps. 12,755.92 - Salario Devengado: Lps. 10,000.00; Diferencia: Lps. 2,755.92) Lps. 38,582.88; Vacaciones no concedidas ni pagadas doblemente: 16 días de descanso por 2 años: Lps. 7,347.41; 16 días de remuneración por 2 años: Lps. 7,347.41; TOTAL AÑO 2021: Lps. 106,147.31; Año 2022; (Salario Mínimo: Lps. 13,712.70; Salario con aumento de la Cláusula 42: Lps. 13,776.4 x 7 %: Lps. 14,740.75); Reajuste Salarial: 4 Meses (Diferencia Mensual de Lps. 4,740.75 x 4): Lps. 18,963.00; Indemnización por no recibir el salario mínimo correspondiente año 2022: 4 Meses (Diferencia: Salario Mínimo: Lps. 13,712.70 - Salario Devengado: Lps. 10,000.00, Diferencia: Lps. 3,712.70) Lps. 14,850.80; Salarios adeudados previo al despido: 23 días: Lps. 11,301.24; TOTAL AÑO 2022: Lps. 45,115.04; REAJUSTE TOTAL 01 DE AGOSTO DE 2019 AL 23 DE MAYO DE 2022: Lps. 247,312.81.- SALARIO 2022: Lps. 14,740.75.- 9) MANFRED GERARDO QUIJADA HERNANDEZ: Reajuste Salarial del 05 de Septiembre de 2018 al 23 de Mayo de 2022: Año 2018: (Salario a Nivelar con ajuste salarial por índice Inflacionario: Lps. 25, 480 x 4.73 %; Lps. 26,685.20); Reajuste Salarial (Diferencia Mensual de Lps. 11,685.2 x 5): 5 Meses: Lps. 58,426.00; TOTAL AÑO 2018: Lps. 58,426.00; Año 2019: (Salario a Nivelar con ajuste salarial por índice Inflacionario: Lps. 26,685.2 x 4.22 %; Lps. 27,811.32); Reajuste Salarial: 14 Meses: Lps. 179,358.48; Vacaciones no concedidas ni pagadas doblemente: 14 días de descanso por 1 año: Lps. 12,978.62; 14 días de remuneración por 1 año: Lps. 12,978.62: TOTAL AÑO 2019: Lps. 205,315.71; Año 2020: (Salario a Nivelar con ajuste salarial por índice inflacionario: Lps. 27, 811.32 x 4.08 % Lps. 28,946.02); Reajuste Salarial (Diferencia Mensual de Lps. 13, 946.02 x 14): 14 Meses: Lps. 195,244.28; Vacaciones no concedidas ni pagadas doblemente: 16 días de descanso por 2 años: Lps. 15,437.88; 16 días de remuneración por 2 años: Lps. 15,437.88; TOTAL AÑO 2020: Lps. 226,120.03; Año 2021: (Salario a Nivelar con ajuste salarial por índice inflacionario: Lps. 28, 945.02 x 4.01 % Lps. 30,106.76); Reajuste Salarial (Diferencia Mensual de Lps. 15,106.76 x 14): 14 Meses: Lps. 211,494,64; Vacaciones no concedidas ni pagadas doblemente: 20 días de descanso por 3 años: Lps. 20,071.17; 20 días de remuneración por 3 años: Lps. 20,071.17: TOTAL AÑO 2021: Lps. 251,636.99; Año 2022: (Salario a Nivelar con ajuste salarial por índice inflacionario: Lps. 330,106.76 x 5.32 %: Lps. 31,708.44); Reajuste Salarial (Diferencia Mensual de Lps. 16,708.44 x 4): 4 Meses: Lps. 66,833.76; Salarios adeudados previo al despido: 23 días de Mayo 2022: Lps. 24,309.80; TOTAL AÑO 2022: Lps. 91,143.56; REAJUSTE TOTAL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL 23 DE MAYO DE 2022: Lps. 832,642.30.- SALARIO 2022: Lps. 31,708.44; incluidos los salarios y vacaciones reclamados como adeudados por los demandantes, obligación cuyo cumplimiento no fue acreditado por la Parte Demandada en la forma que señalan los artículos 355 y 370 del Código del Trabajo; más los valores que les correspondan por dichos conceptos a partir del 24 de Mayo de 2022 y hasta la fecha en que se produzca la reinstalación judicial en los cargos, dado que el reajuste reclamado por los actores abarca hasta la fecha del despido. V) INDEMNIZAR a los Demandantes con el pago de los salarios reconocidos en el presente fallo, aumentos de sueldo, beneficios legales y contractuales probados de la presente Sentencia y relacionados en los Hechos Probados y Fundamentos de Derecho o cualquiera otro que les pudiera corresponder, calculados desde el 24 de Mayo de 2023 y hasta que se produzca la reinstalación judicial de en los cargos. CUARTO (4): SIN COSTAS EN ESTA INSTANCIA”. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que fueron contratados mediante la suscripción de contratos de trabajo a tiempo determinado, para desempeñar funciones continuas y permanentes en diferentes dependencias de la Secretaría de Educación, prestando sus servicios en un horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., así: 1) Paola Nichole Fernández Aquino, a partir del 01 de septiembre del 2018, en el cargo de Asesor Legal en la Dirección Departamental de Atlántida, devengaba un salario mensual de L. 21,000.00; 2) Francis Kristhell Reyes Méndez, a partir del 05 de septiembre del 2018, en el cargo de Aseadora en la Dirección Departamental de Atlántida, devengaba un salario mensual de L. 10,000.00, el cual era inferior al mínimo aprobado por el Poder Ejecutivo para la actividad desarrollada y número de empleados del patrono demandado, que contaba con más de 151 trabajadores, el cual para el año 2018 era de L. 10,3156.22; para el 2019 era de L. 11,038.35; para el 2020 era de L. 11,811.04, para el 2021 era L. 12,755.92 y para el 2022 era de L. 13,712.62; 3) Elmer José Rivera Martínez, a partir del 01 de septiembre del 2018, en el cargo de Vigilante en la Dirección Departamental de Atlántida, devengaba un salario mensual de L. 10,000.00; el cual era inferior al mínimo aprobado por el Poder Ejecutivo para la actividad desarrollada y número de empleados del patrono demandado, que contaba con más de 151 trabajadores, el cual para el año 2018 era de L. 10,3156.22; para el 2019 era de L. 11,038.35; para el 2020 era de L. 11,811.04, para el 2021 era L. 12,755.92 y para el 2022 era de L. 13,712.62; 4) Cindy Vanessa Turcios Erazo, a partir del 05 de septiembre del 2018, en el cargo de Aseadora en el Instituto Oficial Manuel Bonilla en esa ciudad, devengaba un salario mensual de L. 10,000.00; el cual era inferior al mínimo aprobado por el Poder Ejecutivo para la actividad desarrollada y número de empleados del patrono demandado, que contaba con más de 151 trabajadores, el cual para el año 2018 era de L. 10,3156.22; para el 2019 era de L. 11,038.35; para el 2020 era de L. 11,811.04, para el 2021 era L. 12,755.92 y para el 2022 era de L. 13,712.62, 5) Marce Escolastico Casildo Suazo, a partir del 02 mayo del 2018, en el cargo de Coordinador Departamental de EIB en Atlántida, en la Dirección General de Modalidades Educativas en esa ciudad, devengaba un salario mensual de L. 17,000.00; 6) Cecilia Alejandra Hernandez Miller, a partir del 05 de septiembre del 2018, en el cargo de Asistente Administrativo en el Instituto Oficial La Ceiba, en esa ciudad, devengaba un salario mensual de L. 15,000.00; 7) Walter Guillermo Diaz Andrade, a partir del 05 de septiembre del 2018, ocupando el cargo de Vigilante en el Instituto Oficial La Ceiba, en esa ciudad, devengaba un salario mensual de L. 10,000.00; el cual es inferior al mínimo aprobado por el Poder Ejecutivo para la actividad desarrollada y número de empleados del patrono demandado, que contaba con más de 151 trabajadores, el cual para el año 2018 era de L. 10,3156.22; para el 2019 era de L. 11,038.35; para el 2020 era de L. 11,811.04, para el 2021 era L. 12,755.92 y para el 2022 era de L. 13,712.62; 8) Gladis Olivia Castro Romero, a partir del 01 de agosto del 2019, en el cargo de Aseadora en el Instituto Oficial Manuel Bonilla de esa ciudad, devengaba un salario mensual de L. 10,000.00; el cual era inferior al mínimo aprobado por el Poder Ejecutivo para la actividad desarrollada y número de empleados del patrono demandado, que contaba con más de 151 trabajadores, el cual para el año 2018 era de L. 10,3156.22; para el 2019 era de L. 11,038.35; para el 2020 era de L. 11,811.04, para el 2021 era L. 12,755.92 y para el 2022 era de L. 13,712.62; y 9) Manfred Gerardo Quijada Hernandez, a partir del 05 de septiembre del 2018, en el cargo de Asistente Administrativo en el Instituto Perla de San Juan, San Juan Pueblo, La Másica, Atlántida, devengaba un salario mensual de L. 15,000.00. manifestaron que desde el inicio de la prestación de los servicios por parte de los demandantes, el patrono demandado estuvo sustentando la relación laboral mediante la suscripción de contratos de trabajo por tiempo limitado a fin de no concederles derechos irrenunciables y constitucionalmente protegidos como disfrute de vacaciones, vacaciones doblemente remuneradas en la forma que señala el artículo 38 literal d) de la Ley de Servicio Civil, 121 de su Reglamento y Cláusula 29 del Primer Memorial Respetuoso Celebrado entre la Secretaría de Educación y el Sindicato de Empleados del Servicio Público de la Educación de Honduras (SIESPEH), aumentos de sueldo según la escala salarial, pago de quinquenios contenidos en las Cláusulas 42 y 47 del Memorial precitado, al cual tenían derecho según la Cláusula 49 del mismo e índice inflacionario para aquellos demandantes a quienes favorezca tal reajuste en la forma establecida en el artículo 4 de la Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central; los cuales se concedían a los empleados permanentes de la Secretaría de Estado en los Despachos de Educación, así como el derecho a la seguridad social contenido en el artículo 142 Constitucional dado que al ser considerados como empleados temporales en los cargos ocupados no se les ha permitido ser participantes desde el inicio de su contratación del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo, al cual cotizan los empleados permanentes del Patrono Demandado; y que a pesar de que al tenor de lo establecido en los artículos 47 y 52 del Código del Trabajo la relación laboral que vinculaba a los actores con el Patrono Demandado era de naturaleza indefinida para cuya ruptura se requería la existencia de una justa causa de despido de las que señala la Ley, los demandantes fueron notificados por escrito en fecha 23 de mayo de 2022 mediante la entrega de oficios emitidos por el Secretario General de Educación en fecha 19 de mayo de 2022 que sus contratos de trabajo habían vencido el 30 de abril del 2022; adeudándoseles los salarios correspondientes a los 23 días laborados durante el mes de mayo del 2022, lo que indicaba que el Patrono comunicó a los demandantes su decisión de finalizar sus contratos de trabajo por el vencimiento de los mismos después de transcurrida la fecha de finalización señalada en ellos. Por lo anterior los actores solicitaron los servicios de la Sección de Inspección del Trabajo de esa ciudad en fecha 07 de junio de 2022 a fin de llegar a un arreglo conciliatorio con su Patrono, celebrándose audiencia en fecha 21 de julio del 2022, siendo imposible el mismo, se dio por agotado del trámite gubernativo previo al judicial que exige el articulo 691 reformado del Código del Trabajo. Expresaron además que la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, mediante la Circular 1-2014, que contiene la Unificación de Criterios Judiciales en Materia Laboral, señala en la página 3 que "la estabilidad laboral tiene su fundamento en la Constitución de La República y se sustenta en el hecho de que mientras persista la materia del empleo deberá mantenerse la continuidad en el mismo, y por ello, sólo en casos particulares en duración del contrato de trabajo puede ser temporal. La regla general es que la relación laboral sea permanente y la excepción es que sea temporal. El contrato de trabajo por tiempo limitado requiere la existencia de causas objetivas que le justifiquen, ya que su concertación no puede basarse en la simple decisión de las partes; por tal razón, la temporalidad de la relación laboral debe ser demostrada por el empleador. Es errado entender que la permanencia laboral, para que surta sus efectos: 1) deba ser solicitada antes de vencerse el contrato de trabajo; 2) se deba pedir previo su declaración judicial para luego reclamarse el pago de prestaciones sociales e indemnizaciones laborales o el reintegro al puesto de trabajo; y 3) pueda alegarse en juicio su prescripción. Siempre debe tenerse presente el principio de continuidad y que el contrato de trabajo es de tracto sucesivo". Argumentaron de la forma en que el patrono demandado estuvo sustentando la relación laboral con los demandantes, pudo deducirse que en contravención al Principio de Buena Fe en la Relación Laboral que se encuentra contenido en el Numeral 5.6 de la página 11 del Manual Procesal Laboral aprobado por la Corte Suprema de Justicia y según el cual se espera que cada una de las partes actúe como buen trabajador y buen empleador al momento de la celebración del contrato, su ejecución y su extinción, ha disfrazado la relación eminentemente de naturaleza laboral de carácter indefinido que lo vinculaba con los demandantes, por lo que resulta aplicable la definición de empleo encubierto, sobre la cual la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se refirió en la Resolución adoptada en la 91ª Conferencia General de 2003, celebrada del 3 al 19 de junio de 2003, en la que se abordó el ámbito de la relación de trabajo, en la que se define como empleo encubierto "el que se produce cuando un empleador considera a una persona que es un empleado como si no lo fuese, con el fin de ocultar su verdadera condición Jurídica, señalando que esto puede suceder cuando se utilizan inadecuadamente acuerdos o contratos civiles o comerciales, a pesar de observarse, en virtud del principio de la primacía de la realidad, que se trata de un empleado dependiente, que perjudica los intereses de los trabajadores y de los empleadores y constituye un abuso de efectos adversos al trabajo decente, que no debe tolerarse. Anota que el falso trabajo por cuenta propia, la falsa subcontratación, la creación de seudo cooperativas o seudo empresas, el falso suministro de servicios y la falsa reestructuración empresarial son algunos de los medios que más se utilizan para encubrir o disfrazar la relación de trabajo. Recurrir a estas prácticas no sólo privan al trabajador de una debida protección laboral, sino que al evitarse costos se afectan el pago de Impuestos y las cotizaciones de seguridad social, resultando afectada la sociedad en general, razón por la cual los gobiernos, los empleadores y los trabajadores deben prevenir y denunciar dichas prácticas ahí donde se produzcan. Disfrazar una relación de trabajo significa crearle una apariencia distinta de la que en verdad tiene con el fin de anular, impedir o atenuar la protección que brinda la ley. Se trata de ocultar o deformar la relación de trabajo dándole otro ropaje mediante una figura jurídica distinta, en la cual el trabajador gozará de menor protección”. Por lo que manifestaron que dada la modalidad contractual a la que el Patrono Demandado sujetó la relación eminentemente laboral de carácter indefinida que lo vinculaba con los demandantes, éstos no eran considerados como trabajadores permanentes y por tanto fueron discriminados al no dispensárseles el mismo trato que se otorgaba a los demás trabajadores de la entidad demandada, quienes gozan de beneficios legales y contractuales como ser el disfrute de vacaciones, vacaciones doblemente remuneradas en la forma que señala el artículo 38 literal d) de la Ley de Servicio Civil, 121 de su Reglamento y Cláusula 29 del Primer Memorial Respetuoso Celebrado entre la Secretaría de Educación y el Sindicato de Empleados del Servicio Público de la Educación de Honduras (SIESPEH), aumentos de sueldo según la escala salarial y pago de quinquenios contenidos en las Cláusulas 42 y 47 del Memorial precitado, al cual tienen derecho según la Cláusula 49 del mismo, los cuales se conceden a los empleados permanentes de la Secretaria de Estado en los Despachos de Educación, pago de reajuste salarial por índice Inflacionario contenido en el artículo 4 de la Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central para quienes sea más favorable este beneficio que el contenido en la Convención Colectiva, salario mínimo aprobado por el Poder Ejecutivo o profesional, así como el derecho a la seguridad social contenido en el artículo 142 Constitucional dado que al ser considerados como empleados temporales en los cargos ocupados no se les había permitido ser participantes desde el inicio de su contratación del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo, al cual cotizan los empleados permanentes del Patrono Demandado; por lo que los actores tienen derecho a tales beneficios dado que no corresponde al Patrono la facultad de determinar si son temporales o no, puesto que la naturaleza de los servicios prestados les daban la categoría de trabajadores permanentes de conformidad con la ley, razón por la cual los demandantes solicitan los beneficios enunciados desde el inicio de su relación laboral con el Patrono, más los que se generen hasta la reinstalación judicial en los cargos ocupados. Que la Ley de Salario Mínimo dispone en su artículo 39 que todo trabajador al que le sean aplicables salarios mínimos y reciba salarios inferiores a los salarios mínimos a que tienen derecho, podrá recuperar las sumas que se le adeuden por la vía judicial en juicio que se sustanciará sumariamente y que el trabajador, podrá cobrar en concepto de daños y perjuicios, además de lo que se adeuda una suma igual; disposiciones que resultan aplicables a los demandantes Francis Kristhell Reyes Méndez, Elmer José Rivera Martínez, Cindy Vanessa Turcios Erazo, Walter Guillermo Diaz Andrade y Gladis Olivia Castro Romero, a quienes el patrono pagaba un salario inferior al mínimo aprobado por el mismo Estado para las actividades desempeñadas y número de empleados del Patrono, que son más de 151 trabajadores, siendo los salarios aprobados los siguientes: Año 2018: era de L. 10,3156.22; Año 2019: era de L. 11,038.35; Año 2020: era de L. 11.811.04, Año 2021: era de L. 12,755.92 y Año 2022: L. 13,712.62; por lo que los demandantes antes mencionados tenían derecho al respectivo reajuste salarial e indemnización por dicho concepto, valores que son independientes de cualquier otro concepto reclamado en la demanda. Asimismo el cargo de Asesora Legal desempeñado por la demandante Paola Nichole Fernández Aquino requería que para ejercer el mismo se debía ser miembro del Colegio de Abogados de Honduras según el artículo 17 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados de Honduras, por lo que le resulta aplicable el contenido del artículo 112 del Arancel del Profesional del Derecho vigente, el cual establece que "El Profesional del Derecho que labore permanentemente a tiempo completo en Instituciones Públicas, Centralizadas, Descentralizadas, Desconcentradas, Autónomas, Semiautónomas, Empresas Mixtas, los Tres Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y empresa privada en general, que se desempeñe como tal, devengará como mínimo tres salarios mínimos, y aumentos anuales de acuerdo al índice inflacionario establecido por el Banco Central de Honduras y en caso de que las instituciones privadas otorguen un aumento mayor, se aplicará éste según la conveniencia del Profesional del Derecho. El Profesional del Derecho que se desempeñe como tal, bajo otra modalidad distinta a la señalada, devengará un salario proporcional al mínimo establecido en el párrafo anterior. El salario mínimo que se le deberá cancelar a los Profesionales del Derecho, será el que resultare de la suma total de la tabla de Servicios Comunales, dividida entre la cantidad de las mismas categorías.", y siendo que los índices inflacionarios por el Banco Central de Honduras para los años 2018-2022 eran: 2018: 4.73%, 2019: 4.22%, 2020: 4.08%, 2021: 4.01% у 2022: 5.32%; de lo que resulta un salario base mínimo mensual para el año 2018 de L. 28,938.87; año 2019 de L. 30,473.17; año 2020 de L. 32,265.07; año 2021 de L. 33,987.76; año 2022 de L. 36,586.66; el cual no era reconocido a la demandante teniendo presente que no sólo era salario mínimo el acordado por el Poder Ejecutivo, Patronos y Trabajadores de conformidad a la Ley de Salario Mínimo sino que el párrafo segundo del numeral 5 del artículo 128 de la Constitución de la República señala que "Igualmente se señalará un salario mínimo profesional en aquellas actividades en que el mismo no estuviese regulado por un contrato o convención colectiva sin requerir que tal salario forzosamente debe venir fijado por una ley propiamente dicha, teniendo en cuenta además que el Arancel del Profesional del Derecho fue emitido en cumplimiento de las atribuciones contenidas en el literal a) del artículo 2 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados de Honduras contenida en el Decreto Legislativo número 16 de fecha 28 de Septiembre de 1965, razón por la cual el Decreto Legislativo 82-96 de fecha 30 de mayo de 1996 deroga el Arancel Judicial, Notarial y Administrativo aprobado por el propio Congreso Nacional dado que dicha facultad corresponde al Colegio de Abogados de Honduras, tal como reza el artículo 1 del precitado Decreto Legislativo, por lo que resultan obligatorias para el Patrono Demandado las disposiciones contenidas en el precitado instrumento teniendo presente además que en materia laboral y de conformidad a la jerarquía normativa contenida en el artículo 18 del Código del Trabajo, la ley no es la única fuente de derechos y obligaciones para los casos no comprendidos en las leyes del trabajo, sino que los principios del derecho del trabajo, la equidad, la costumbre o los usos locales en armonía con dichos principios, los convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, los principios del derecho común. v en último lugar la jurisprudencia y doctrina. Respecto de lo anterior, los Tribunales de lo Contencioso Administrativo han emitido sentencias definitivas que han sido objeto de recursos ordinarios y extraordinarios y que han pasado a formar parte de la jurisprudencia hondureña y se encuentran accesibles a cualquier persona en el Portal Electrónico de la Procuraduría General de la República (pgrhonduras.gob.hn), citando por ejemplo las Sentencias Definitivas de fechas 26 de Octubre de 2010 y 25 de Noviembre de 2010, ambas emitidas por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa con jurisdicción a nivel nacional y recaídas en los Expedientes Contenciosos Administrativos números 353-09 (Henry Mauricio Cárdenas Ardón contra el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Industria y Comercio) y 348-08 (José David Landa Flores contra el Estado de Honduras a través de la Secretaria de Seguridad), las cuales se fallaron a favor de los demandantes, quienes reclamaban la aplicación del Arancel del Profesional del Derecho y coincidentemente señalan ambos fallos en su Considerando Número 10 "Que en cuanto a lo expuesto por la parte demandada en el sentido de que dicho Arancel del Profesional del Derecho no está reconocido como Ley de la República por no haber sido decretada por el Congreso Nacional, es oportuno mencionar que tal afirmación carece de valor, pues el ordenamiento jurídico de nuestro país no solamente está compuesto por Decretos Legislativos emitidos por el Congreso Nacional de La República, sino que también por disposiciones de carácter general inferior a la Ley propiamente dicha, como ser Reglamentos, Acuerdos y demás disposiciones generales que regulan las actividades de las diferentes instituciones, Entes y Órganos Estatales y aun los instrumentos generales de carácter obligatorio emitidos por las instituciones de Interés Público como ser los Colegios Profesionales y Cámaras de Comercio e Industrias", señalándose también la Casación Administrativa CA-317-13 resuelta en fecha 15 de Noviembre de 2013, cuya resolución se encuentra disponible en el Portal Electrónico del Poder Judicial de Honduras y según la que se desestima un Recurso de Casación Interpuesto por la Representación Legal del Estado contra una sentencia que reconoce la aplicación del Arancel del Profesional del Derecho. Asimismo la Corte Primera de Apelaciones de esta ciudad en la Sentencia de fecha 05 de Junio de 2015 recaída en la Apelación Laboral 0101-2015-00434, cuya Certificación corre agregada a la Demanda Ordinaria Laboral número 0101-2012-00095, señaló en el Ordinal Tercero de los Fundamentos de Derecho que "La parte apelante alega como agravios por las costas excesivas, sin embargo no alegó lo pertinente en su momento procesal oportuno cuando se le puso a la vista la tasación de costas para que impugnara las mismas y por otra parte ataca la normativa contenida en el Arancel del Profesional del Derecho aduciendo que dicho arancel no es parte de la normativa legalmente aprobada por el Congreso de la República, sin embargo el acuerdo de Asamblea que aprobó el Arancel está legítimamente constituido como parte del ordenamiento legal del Estado de Honduras y por consiguiente tiene vigencia como disposiciones legales de carácter obligatorio emitidas por instituciones de interés público como ser Colegios Profesionales y tal disposición no es antojadiza para la creación del referido arancel de profesionales del derecho, pues la Ley Orgánica del Colegio de Abogados de Honduras, en su artículo 2 establece que "El Colegio tendrá por objeto cumplir y hacer cumplir con relación a la profesional del derecho, las siguientes finalidades. a)...el Colegio establecerá los aranceles judicial, administrativo y notarial" siendo esto una disposición legal atribuida por el Congreso Nacional de la República al Colegio de Abogados de Honduras y cuya aprobación entró en vigencia el 9 de julio del año 2003 y era de obligatorio cumplimiento. Arguyeron los demandantes Marce Escolastico Casildo Suazo, Cecilia Alejandra Hernandez Miller y Manfred Gerardo Quijada Hernandez también solicitan se les otorgue la Garantía Fundamental de Salario Igual por Trabajo igual sin discriminación alguna, la cual se encuentra reconocida en los siguientes instrumentos legales: 1) Articulo 128.3 de la Constitución de La República: "A trabajo igual corresponde salario igual, sin discriminación alguna, siempre que el puesto, la jornada y las condiciones de eficiencia y tiempo de servicio sean también iguales". 2) Articulo 23.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: "Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual". 3) Artículo 7.a.i del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. "Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial: a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores: 1) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual. 4) Artículo 7.a del Protocolo de San Salvador. "Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere el artículo anterior, supone que toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo cual dichos Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera particular, a, una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción". 5) Preámbulo y Articulo 1 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo: "Considerando que la paz universal y permanente sólo puede basarse en la justicia social, Considerando que existen condiciones de trabajo que entrañan tal grado de injusticia, miseria y privaciones para gran número de seres humanos, que el descontento causado constituye una amenaza para la paz y armonía universales; y considerando que es urgente mejorar dichas condiciones, por ejemplo, en lo concerniente a reglamentación de las horas de trabajo, fijación de la duración máxima de la jornada y de la semana de trabajo, contratación de la mano de obra, lucha contra el desempleo, garantía de un salario vital adecuado, protección del trabajador contra las enfermedades, sean o no profesionales, y contra los accidentes del trabajo, protección de los niños, de los adolescentes y de las mujeres, pensiones de vejez y de invalidez, protección de los intereses de los trabajadores ocupados en el extranjero, reconocimiento del principio de salario igual por un trabajo de igual valor y del principio de libertad sindical, organización de la enseñanza profesional y técnica y otras medidas análogas": 6) Articulo 1 del Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo, referente a la Discriminación en el Empleo y Ocupación: "A los efectos de este Convenio, el término discriminación comprende: (a) cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación, y 7) Articulo 367 del Código del Trabajo "A trabajo igual debe corresponder salario igual, sin discriminación alguna, siempre que el puesto, la jornada y las condiciones de eficiencia y tiempo deservicio, dentro de la misma empresa, sean también iguales, comprendiendo en éste, tanto los pagos hechos por cuota diaria, como las gratificaciones, percepciones, habitación y cualquier otra cantidad que sea entregada a un trabajador a cambio de su labor ordinaria. No pueden establecerse diferencias en el salario por razones de edad, sexo, nacionalidad, raza, religión, opinión política o actividades sindicales"; de donde se desprende la obligatoriedad que tiene el Patrono de otorgarles el derecho reclamado, ya que se trata de un derecho fundamental y siendo que el mismo se encuentra plasmado en diferentes normas, entre las cuales no existe preeminencia de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 8 del Código del Trabajo, deberá preferirse la norma más favorable en atención a la regla del mismo nombre, la cual forma parte del principio protector regulado en el Punto 5.1 de la Página 10 del Manual Procesal Laboral aprobado por la Corte Suprema de Justicia, según la cual "En el caso de que exista más de una norma para aplicar (a diferencia del in dubio pro operario, que se trata de más de una interpretación para una misma norma), se optará por aquellas que presente las condiciones más favorables para el trabajador, Incluso si la misma es de menor jerarquía entre el ordenamiento clásico de las leyes"; por lo que este Tribunal deberá aplicar lo establecido en los artículos 23.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 7.a.i del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 7.a del Protocolo de San Salvador, Preámbulo y Articulo 1 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, los cuales reconocen la Garantía de Salario Igual por Trabajo Igual sin distinción alguna o exigencia de ningún otro requisito. Que dentro de la Secretaría de Educación existe un Contrato Colectivo vigente desde el año 2015, denominado Primer Memorial Respetuoso celebrado entre la Secretaría de Educación y el Sindicato de Empleados del Servicio Público de la Educación de Honduras (SIESPEH), el cual es de obligatorio cumplimiento para las Partes Firmantes, según lo dispuesto en los artículos 60 del Código del Trabajo y 1346 del Código Civil; así como en el Punto III.3.1 de la Recomendación 91 de 1951 de la Organización Internacional del Trabajo, relativa a los Contratos Colectivos; cumplimiento que debe ser tutelado por el Estado de Honduras de conformidad con lo establecido en el artículo 128.15 de la Constitución de la República, el que señala que "El Estado tutela los contratos individuales y colectivos, celebrados entre patronos y trabajadores"; Instrumento dentro del cual se encuentran los siguientes beneficios: Cláusula 1: Se reconoce al Sindicato de Empleados del Servicio Público de la Educación de Honduras (SIESPEH) como representante de los empleados públicos de la educación. Cláusula 2: La Secretaría de Educación se compromete a no discriminar a ningún trabajador por pertenecer o no al Sindicato. Cláusula 3: Se reconoce el principio de estabilidad laboral. Cláusula 6: Se reconoce el principio de favorabilidad laboral. Cláusula 23: Regula la conservación de derechos de aquellos trabajadores que tengan procesos administrativos o judiciales contra la Secretaria de Educación. Cláusula 29: Regula el número de días de vacaciones que corresponde a cada trabajador según su antigüedad. Cláusula 42: Contiene el beneficio de aumento salarial anual según la escala salarial en que se ubique el trabajador. Cláusula 44: Establece el beneficio de seguro de vida del trabajador, Cláusula 47: Contiene el beneficio de quinquenios y trigenios para los trabajadores. Cláusula 49: Establece que los beneficios del Memorial pueden ser aplicados a trabajadores no afilados al Sindicato con la obligación que la Secretaría les haga la respectiva deducción de la cuota sindical. Con fundamento en las Cláusulas anteriores es que los demandantes reclaman los beneficios en ellas contenidos en atención a los Principios de Progresividad y No Regresividad que rigen en materia de derechos laborales. Que los valores reclamados por los demandantes en concepto de beneficios legales no otorgados por el Patrono calculados a la fecha de despido ascienden a L. 6,348,990.93, más los valores que les correspondían por dichos conceptos a partir del 24 de mayo de 2022 y hasta la fecha en que se produzca la reinstalación judicial en los cargos; detallándose los valores reclamados por cada uno de los actores. 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda; rechazando las pretensiones que persiguen los demandantes; apoyando su defensa en que, los demandantes aducen que iniciaron su relación contractual con la Secretaría de Educación en las fechas que describen en el hecho número 1 de su demanda; sin embargo, será la misma parte actora quien tendrá que probar tal afirmación en el momento procesal oportuno; ya que no es suficiente la aseveración que haga la parte demandante en sus hechos de demanda si no que debe fundarse en hechos reales y concretos, mismo que deben ser probados por ella en juicio, pues en materia probatoria, es un principio universal que "quien afirma una cosa es quien está obligado a probarla", constituyendo la máxima ONUS PROBANDI ENCUMBIT ACTORI y siendo que la prueba es el medio legal que sirve para demostrar la veracidad de los hechos que se alegan ante las autoridades judiciales, es preciso que la prueba se produzca de manera tal que la honorable juez pueda apreciarla e inspirarse en los principios de la sana crítica para formar libremente su criterio. y que consta en los Contratos Temporales de Trabajo de: 1.- No. 1529-2018, 300-2019, 1811-2019, 257-2020, 1315-2020, 199-2021 y 1449-2021; los cuales pertenecen a la Ciudadana Paola Nichole Fernández Aquino nombrada en el cargo de Asesor Legal de la dirección Departamental de Educación de Atlántida, 2.- 1441-2018, 1809-2019, 2333-2019, 861-2020, 1384-2020,286- 2021 y 1550-2021 los cuales pertenecen a la Ciudadana Francis Kristhell Reyes Méndez nombrada en el cargo de Aseadora en la Dirección Departamental de Educación de Atlántida; 3.- 1446-2018, 299-2019, 1810-2019, 2334-2019, 862-2020, 1385-2020, 287-2021 у 1551- 2021 los cuales pertenecen al Ciudadano Elmer José Rivera Martínez, nombrado en el cargo de Vigilante de la Dirección Departamental de Educación de Atlántida, 4.- 1439-2018, 301- 2019, 1812-2019, 2482-2019, 863-2020, 1386-2020, 288-2021 y 1552-2021 los cuales pertenecen a la Ciudadana Cindy Vanessa Turcios Erazo nombrada en el cargo de aseadora para el Instituto Manuel Bonilla de la Ceiba, Departamento de Atlántida; 5.- 095-2018, 2217- 2019, 651-2020, 652-2021 у 509-2021 los cuales pertenecen al Ciudadano Marce Escolástico Casildo Suazo, nombrado en el puesto de Coordinador Departamental de EIB en Atlántida; 6.-1530-2018, 305-2019, 1815-2019, 4338-2019, 867-2020,1390-2020, 292-2021 y 1556-2021 los cuales pertenecen a la Ciudadana Cecilia Alejandra Hernández Miller nombrada en el puesto de Asistente Administrativo del Instituto La Ceiba, Departamento de Atlántida; 7.- 1470-2018, 304-2019, 1814-20192337-2019, 866-2020, 1389-2020, 291-2021 y 155- 2021 los cuales pertenecen al Ciudadano Walter Guillermo Díaz Andrade; 8.-2273-2019, 2335-2019, 864-2020, 1387-2020, 289-2021 y 1553-2021 los cuales pertenecen a la Ciudadana Gladys Olivia Castro Romero en el cargo de Aseadora en el Instituto Oficial Departamental, Departamento de Atlántida; 9.-1531-2019306-2019,1806-2019, 856-2020, 1391-2020, 2339-2020, 293-2021 у 1557-2021 2021 los cuales pertenecen al Ciudadano Manfred Gerardo Quijada Hernández en el cargo de Asistente Administrativo del Instituto Perla de San Juan, y que todos fueron nombrados mediante contratos temporales en los cargos antes descritos. Expresó que en ningún momento los demandantes fueron objeto de despido directo, ya que lo realmente acaecido fue que sus Contratos Temporales de Trabajo precluyeron el 30 de abril del 2022, por lo que al no acreditarse ningún tipo de despido, sería improcedente la imposición al reintegro y permanencia que erróneamente pretende la parte actora, ya que un acto es consecuencia del otro, pues el derecho al reintegro surte efecto en el caso en que el despido sea injustificado, que no es el caso que nos ocupa, en vista de que lo acaecido fue la llegada de la fecha de finalización del contrato por tiempo determinado, por lo que al no existir despido, el juez se ve vedado en calificarlo como justificado o injustificado, siendo por lo tanto pertinente que esta judicatura desestime cualquier pretensión que busque algún tipo de reconocimiento de un derecho subjetivo, por lo que al no existir una nota de despido, no se debe ceñir a lo establecido en el artículo 117 del Código de Trabajo; siendo consecuentemente improcedentes las pretensiones que erróneamente solicita la parte actora. Y que además los demandantes erradamente mencionaron que se les infringió el derecho a gozar de una estabilidad laboral, no obstante, reiteró que la parte requirente fungía bajo la modalidad de contrato temporal de trabajo, contrato del cual cada uno de los demandantes aceptó y consintió las condiciones estipuladas en el mismo; en consecuencia, es inoportuno que pretendan que se les otorgue derechos que no les corresponden; pues se reitera que las contrataciones mediante Contrato Temporal de Trabajo en la Secretaría de Estado en los Despachos Educación, se rigen a lo establecido en el artículo 46 literal b) del Código del Trabajo; sin embargo la parte actora, en forma equivoca y a su conveniencia, adujo que le asisten los derechos que reclaman por la labor que desempeñaron, haciendo caso omiso que los empleados permanentes son nombrados a través de un acuerdo, prestando sus servicios personales a la Administración Pública bajo el régimen y protección de la Ley de Servicio Civil, que no es el caso que nos ocupa, pues resaltó que el Acuerdo de Nombramiento no establece una fecha de terminación de la relación laboral, a diferencia de los Contratos Temporales de Trabajo, que si establecen una fecha de inicio y de terminación del mismo, tal como lo establece el artículo 46 literal b) del mismo estamento lega, que los demandantes pretenden amparar sus pretensiones (Código de Trabajo). Que en cuanto al reclamo del derecho subjetivo (permanencia) que pretende la parte actora, la misma basa su argumento en el texto legal del artículo 47 del Código del Trabajo, normativa que no se puede aplicar de manera antojadiza por el simple hecho que le conviene, pues dicho artículo no le aplica, ya que la parte actora suscribió un Contrato por Tiempo Determinado, contrato que no puede establecer la continuidad ininterrumpida en la relación contractual; no obstante, los demandantes tratan de aplicar la precitada normativa, con el único objetivo de utilizarla para el reconocimiento de un derecho que no les corresponde, ya que la normativa aplicable al caso que nos ocupa es la del artículo 46 inciso b) del Código de Trabajo, firmándose de tal manera por tratarse de funciones por tiempo determinado dentro de la institución; en ese orden de ideas, fundamentar sus pretensiones para exigir un derecho subjetivo de reconocimiento de tiempo indefinido por la suscripción de varios contratos, por ser beneficioso a los intereses particulares del trabajador, induciría que la otra parte quedara en desventaja porque se sujetaría a la rigidez de la normativa de los artículos precitados, en menos cabo del artículo 60 de la Constitución de la República, el que dispone que "todos somos iguales ante la ley". Asimismo, la actividad temporal se debe al hecho que no existe la plaza para un nombramiento permanente, razón por la cual se rechaza la utilización del texto de dicho artículo, no obstante que las circunstancias antes mencionadas no son determinativas para acomodar sus pretensiones, puesto que la parte actora suscribió un Contrato Temporal de Trabajo, regido por las cláusulas establecidas en el mismo, con derechos y obligaciones recíprocas y sujetas para ambas partes. Manifestó que de lo anterior y atendiendo la naturaleza jurídica del demandado y aplicando lo dispuesto en el artículo 2 numeral 2 del Código de Trabajo, no le son aplicables las disposiciones del Código de Trabajo, siendo aplicables al caso de mérito su reglamento de Régimen Especial y en lo no dispuesto el Reglamento de Ley de Servicio Civil y demás normas administrativas, razón por la que, considerando las necesidades del demandado, se contrató a los demandantes mediante un Contrato de Servicios Profesionales y Técnicos, en aplicación estricta de los artículos 200, 201, 202 y subsiguientes del Reglamento de la Ley de Servicio Civil. En ese orden de ideas, el artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, es evidente que no es posible considerar que la relación de servicio existente entre los demandantes y demandado sea regulada por el Código de Trabajo, debiendo en todo caso y solo en el caso de existir algún conflicto entre las partes contratantes, ser dirimido ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de conformidad a lo dispuesto en el artículo citado. Mencionar que mi representado suscribió contratos a término con los demandantes, los cuales tienen fecha de inicio y finalización, firmándose de esa manera en vista de que la parte demandada estaba sujeto a un Plan Operativo Anual (POA) y a las Disposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República, por lo que no puede excederse, tal como lo determina la Constitución de la República en su artículo 364; Asimismo, la parte actora desconoce que, al ser mi representado un órgano centralizado del gobierno central, sus empleados permanentes se deben regir por la Ley de Servicio Civil, consecuentemente si pretende que se le reconozca tal permanencia, debe dar cumplimiento a lo que establece el Artículo 11 de la Ley de Servicio Civil; Asimismo, el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil establece: "El régimen del Servicio Civil se aplicará a los empleados del poder ejecutivo cuyo ingreso se haya efectuado llenando los requisitos del artículo 11 de la Ley y los establecidos en este Reglamento, así como los aspirantes que estén tramitando su ingreso", normativas que no fueron cumplimentadas por los demandantes y que el demandado por consiguiente no pudo dejar de aplicar para otorgar un nombramiento (permanencia); no hacerlo así, sería fuera de las normas y procedimiento legales, pues se estaría en flagrante transgresión de las leyes administrativas atinentes al caso. y que además no era esa la vía legal para alcanzar tal fin. Arguyó que la parte demandada, únicamente dio fiel cumplimiento a cada una de las cláusulas del contrato suscrito con los demandantes, por lo que, al haber suscrito contratos a término, no implicaba que a los demandantes se les haya infringido derecho alguno. Asimismo, el artículo 47 del Código del Trabajo al que hace referencia la parte requirente, no es aplicable a los contratos a término celebrados con la Administración Pública, pues son contratos meramente administrativos, siendo contratos de carácter temporal, con vigencia determinada, razón por la que el reclamo formulado por los demandantes fue improcedente, pues no existía obligación alguna, mucho menos de sostener un contrato más de prestación de servicios, ya que como manifestó en la contestación de la demanda, la relación contractual existió bajo las disposiciones de un contrato a término sin obligación alguna para las partes conforme a lo que establece el Artículo 124-C, párrafo segundo de la "Ley Para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno", vigente desde el 23 de Enero del 2014; destacando que el demandado actuó conforme a ley, ya que la misma normativa laboral en su Artículo 46 literal b) establece que los contratos pueden ser por tiempo limitado cuando se estipula fecha de terminación, que es el caso de mérito; siendo completamente improcedente la pretensión de los demandantes, en cuanto a que esa judicatura del trabajo les otorgue un nombramiento de permanencia bajo régimen de servicio civil, lo que es claro extrapola la competencia del Juez del Trabajo, siendo competente única y exclusivamente para tal fin, la Dirección General de Servicio Civil. Otorgar tal nombramiento de parte de ese Juzgado, sería fuera del ámbito de su competencia, situación que además acarrearía responsabilidad para el juez al emitir un acto que contravenga una disposición legal atinente al caso de mérito. Y en vista de que en el caso que nos ocupa en ningún momento el Estado o sus representantes al ejercitar su derecho de defensa que señala nuestra Constitución de la República, ha actuado con dolo (debiéndose en todo caso ser demostrado por la contraparte), y considerando que la norma es de obligatorio cumplimiento, no es procedente una condena en costas en caso de estimarse la presente demanda, ya que conforme a la norma citada, mi representado (El Estado de Honduras), se encuentra exento del pago de las mismas; rechazó el hecho donde la parte actora mencionó haber solicitado la intervención de las autoridades administrativas de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, en virtud de que el estado no ostenta facultades para comparecer a ningún tipo de conciliación, mucho menos al tratarse de Contratos que son regidos por la Ley de Servicio Civil, ya que la Jurisdicción competente es el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, tal como lo establece el artículo 3 literal a), de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Asimismo, rechazó categóricamente la pretensión de los demandantes al solicitar de manera infundada en la suma de su improcedente demanda que el Estado de Honduras les otorgue el pago de incrementos salariales, bonificaciones y otros derechos reconocidos a los trabajadores permanentes; pues como puntualmente lo señalan, son beneficios que se otorgan única y exclusivamente a los empleados permanentes que prestan sus servicios para la Administración Pública y que se encuentran regulados por el régimen de Servicio Civil, que no era el caso que nos ocupa. Finalmente mencionó que bajo ninguna circunstancia se debe reconocer la antigüedad solicitada por los demandantes en su libelo de demanda, ya que el hecho de haber sostenido una relación contractual mediante un Contrato Temporal de Trabajo no los convierte en acreedores de tal antigüedad, ya que, debido a la naturaleza de los servicios, dicha relación contractual cual no implica la permanencia dentro de la institución, mucho menos el reconocimiento de antigüedad. Asimismo, en audiencia primera de trámite, interpuso la Excepción Perentoria de Prescripción. 3.- El Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha 27 de junio del 2023, dictó sentencia declarando sin lugar la excepción perentoria de prescripción opuesta por la representante Procesal de la parte demandada; declaró con lugar la Demanda Ordinaria Laboral; promovida por el Abogado DAVID ENRIQUE MEZA RODRÍGUEZ, en condición de representante procesal de los Señores: 1) PAOLA NICHOLE FERNÁNDEZ AQUINO, 2) FRANCIS KRISTHELL REYES MÉNDEZ, 3) ELMER JOSÉ RIVERA MARTÍNEZ, 4) CINDY VANESSA TURCIOS ERAZO, 5) MARCE ESCOLASTICO CASILDO SUAZO, 6) CECILIA ALEJANDRA HERNANDEZ MILLER, 7) WALTER GUILLERMO DIAZ ANDRADE, 8) GLADIS OLIVIA CASTRO ROMERO, y 9) MANFRED GERARDO QUIJADA HERNANDEZ, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio del Procurador General de la República, de ese entonces Abogado MANUEL ANTONIO DIAZ GALEAS; por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE EDUCACIÓN. Condenó a la parte demandada a: I) REINTEGRAR con carácter de empleados permanentes desde el inicio de su contratación por ser la misma indefinida y permanente de conformidad con la ley, debiendo emitirse los documentos que se requieran para tal efecto, a los demandantes en sus cargos de la forma siguiente: 1) PAOLA NICHOLE FERNÁNDEZ AQUINO: En el cargo de Asesor Legal en la Dirección Departamental de Atlántida, 2) FRANCIS KRISTHELL REYES MÉNDEZ: En el cargo de Aseadora en la Dirección Departamental de Atlántida, 3) ELMER JOSÉ RIVERA MARTÍNEZ: En el cargo de Vigilante en la Dirección Departamental de Atlántida; 4) CINDY VANESSA TURCIOS ERAZO: En el cargo de Aseadora en el Instituto Oficial Manuel Bonilla en esta ciudad; 5) MARCE ESCOLASTICO CASILDO SUAZO: En el cargo de Coordinador Departamental de EIB en Atlántida, en la Dirección General de Modalidades Educativas en esta ciudad; 6) CECILIA ALEJANDRA HERNANDEZ MILLER: En el cargo de Asistente Administrativo en el Instituto Oficial La Ceiba, en esta ciudad; 7) WALTER GUILLERMO DIAZ ANDRADE: En el cargo de Vigilante en el Instituto Oficial La Ceiba, en esta ciudad; 8) GLADIS OLIVIA CASTRO ROMERO: En el cargo de Aseadora en el Instituto Oficial Manuel Bonilla de esta ciudad; y 9) MANFRED GERARDO QUIJADA HERNANDEZ: En el cargo de Asistente Administrativo en el Instituto Perla de San Juan, San Juan Pueblo, La Másica, Atlántida. II) Por el otorgamiento del salario mínimo correspondiente a los demandantes FRANCIS KRISTHELL REYES MÉNDEZ, ELMER JOSÉ RIVERA MARTÍNEZ, CINDY VANESSA TURCIOS ERAZO, WALTER GUILLERMO DIAZ ANDRADE y GLADIS OLIVIA CASTRO ROMERO; la garantía fundamental de salario mínimo por salario igual sin discriminación alguna para los demandantes MARCE ESCOLASTICO CASILDO SUAZO, CECILIA ALEJANDRA HERNANDEZ MILLER y MANFRED GERARDO QUIJADA HERNANDEZ y el salario mínimo que corresponde a los profesionales del derecho para la demandante PAOLA NICHOLE FERNÁNDEZ AQUINO, juntamente con los beneficios legales y contractuales establecidos en la contratación colectiva y probaos en autos por no ser excluyentes ni incompatibles, según les sean más favorables; ordenó nivelar el salario de los demandantes en los cargos ocupados, el que para el año 2022 debía ser: 1) PAOLA NICHOLE FERNÁNDEZ AQUINO: De L. 21,000.00 a L. 36,586.66; 2) FRANCIS KRISTHELL REYES MÉNDEZ: De L. 10,000.00 a L. 14,740.75, 3) ELMER JOSÉ RIVERA MARTÍNEZ: De L. 10,000.00 a L. 21,944.58; 4) CINDY VANESSA TURCIOS ERAZO: De L. 10,000.00 a L. 14,740.75; 5) MARCE ESCOLASTICO CASILDO SUAZO: De L. 17,000.00 a L. 37,123.51; 6) CECILIA ALEJANDRA HERNANDEZ MILLER: De L. 15,000.00 a L. 31,708.44; 7) WALTER GUILLERMO DIAZ ANDRADE: De L. 10,000.00 a L. 21,944.58; 8) GLADIS OLIVIA CASTRO ROMERO: De L. 10,000.00 a L. 14,740.75; y 9) MANFRED GERARDO QUIJADA HERNANDEZ: De L. 15,000.000 a L. 31,708.44; salarios, tanto el devengado como aquellos señalados y a los que se solicita la nivelación, que no fueron objeto de debate ni desvirtuados durante el presente proceso por la parte demandada; más el porcentaje que por concepto de índice inflacionario publicado por el Banco Central de Honduras o el aumento que de conformidad a la Cláusula 42 de la Contratación Colectiva les corresponda, según les sea más favorable; el cual se debe aplicar a los actores a partir del 01 de enero de 2023 dado que el salario antes señalado incluye el aumento o índice inflacionario que corresponde al año 2022; III) Afiliar a los Demandantes como participantes del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), al que cotizan los empleados permanentes de la Secretaría de Estado a la que prestaban sus servicios las Demandantes, afiliación que es obligatoria según el artículo 4 de la Ley del referido Instituto y que debe ser realizada por el Patrono, la cual debe ser desde el día de inicio de la contratación de los demandantes con el pago de la respectiva aportación patronal y la que corresponda a los Demandantes según el salario de cada año a fin de garantizar su derecho constitucional a la jubilación, el cual no se les habla garantizado por haber sido considerados como trabajadores temporales por el patrono. IV) Pagar a los demandantes la cantidad de L. 6,348,990.93, en concepto de reajuste salarial retroactivo reclamado por los Demandantes en el Hecho Décimo de la Demanda y no desvirtuado por la Parte Demandada por los beneficios reconocidos en la presente sentencia desde la fecha de la contratación hasta el despido; reajuste que se detalla así: 1) PAOLA NICHOLE FERNÁNDEZ AQUINO: Reajuste Salarial del 01 de Septiembre de 2018 al 23 de Mayo de 2022: Año 2018: L. 79,389.10; Año 2019: L. 293,690.38; Año 2020: L. 349,838.04; Año 2021: L. 408,974.30; Año 2022: L. 152,743.05; reajuste total 01 de septiembre 2018 al 23 de mayo de 2022: L. 1,284,634.87, salario 2022: L. 36,586.66. 2) FRANCIS KRISTHELL REYES MÉNDEZ: Reajuste Salarial del 01 de septiembre de 2018 al 23 de Mayo de 2022: Año 2018: L. 7,288.70; Año 2019: L. 54,227.31; Año 2020: L. 79,340.00; Año 2021: L. 109,821.01; Año 2022: L. 45,115.04; reajuste total 01 de septiembre 2018 al 23 de mayo de 2022: L. 295.792.07; salario 2022: L. 14,740.75. 3) ELMER JOSÉ RIVERA MARTÍNEZ: Reajuste Salarial del 01 de septiembre de 2018 al 23 de mayo de 2022: Año 2018: L. 40,727.10; Año 2019: L. 156,761.22; Año 2020, L. 184,335.99; Αño 2021: L. 218,069.75; Año 2022: L. 79,453.30; reajuste total 01 de septiembre 2018 al 23 de mayo de 2022: L. 679,347.35; salario 2022: L. 21,944.58. 4) CINDY VANESSA TURCIOS ERAZO: Reajuste Salarial del 01 de septiembre de 2018 al 23 de mayo de 2022: Año 2018: L. 7,288.70; Año 2019: L. 54,227.31; Año 2020: L. 79,340.00; Año 2021: L. 109,821.01; Año 2022: L. 63,976.94; reajuste total 01 de septiembre 2018 al 23 de mayo de 2022: L. 314,653.97; salario 2022: L. 14,740.75. 5) MARCE ESCOLASTICO CASILDO SUAZO: Reajuste Salarial del 02 de mayo de 2018 al 23 de mayo de 2022: Año 2018: L. 142,424.30; Año 2019: L. 248,242.18; Año 2020: L. 272,599.39; Año 2021: L. 302,473.93; Año 2022: L. 216,878.11; reajuste total 02 de mayo 2018 al 23 de mayo de 2022: L. 1,182,617.91; salario 2022: L. 37,123.51. 6) CECILIA ALEJANDRA HERNANDEZ MILLER: Reajuste Salarial del 05 de septiembre de 2018 al 23 de mayo de 2022: Año 2018: L. 58,426.00; Año 2019: L. 205,315.71; Año 2020: L. 226,120.03; Año 2021: L. 251,636.99; Año 2022: L. 91,143.56; reajuste total 05 de septiembre de 2018 al 23 de mayo de 2022: L. 832,642.30; salario 2022: L. 31,708.44; 7) WALTER GUILLERMO DIAZ ANDRADE: Reajuste Salarial del 05 de Septiembre de 2018 al 23 de Mayo de 2022: Año 2018: L. 40,727.10; Año 2019: L. 156,761.22; Año 2020; L. 184,335.99; Año 2021: L. 218,069.75; Año 2022: L. 79,453.30; reajuste total 05 de septiembre 2018 al 23 de mayo de 2022: Lps. 679,347.35; salario 2022: L. 21,944.58. 8) GLADIS OLIVIA CASTRO ROMERO: Reajuste del 01 de agosto de 2019 al 23 de mayo de 2022: Año 2019: L. 18,427.14; Año 2020: L. 77,623.32; Año 2021: L. 106,147.31; Año 2022: L. 45,115.04; reajuste total 01 de agosto de 2019 al 23 de mayo de 2022: L. 247,312.81; salario 2022: L. 14,740.75. 9) MANFRED GERARDO QUIJADA HERNANDEZ: Reajuste Salarial del 05 de septiembre de 2018 al 23 de mayo de 2022: Año 2018: L. 58,426.00; Año 2019: L. 205,315.71; Año 2020: L. 226,120.03; Año 2021: L. 251,636.99; Año 2022: L. 91,143.56; reajuste total 05 de septiembre de 2018 al 23 de mayo de 2022: L. 832,642.30; salario 2022: L. 31,708.44; incluidos los salarios y vacaciones reclamados como adeudados por los demandantes, obligación cuyo cumplimiento no fue acreditado por la parte demandada en la forma que señalan los artículos 355 y 370 del Código del Trabajo; más los valores que les correspondan por dichos conceptos a partir del 24 de mayo de 2022 y hasta la fecha en que se produzca la reinstalación judicial en los cargos, dado que el reajuste reclamado por los actores abarca hasta la fecha del despido. V) Indemnizar a los demandantes con el pago de los salarios reconocidos en el presente fallo, aumentos de sueldo, beneficios legales y contractuales probados de la presente Sentencia y relacionados en los hechos probados y fundamentos de derecho o cualquiera otro que les pudiera corresponder, calculados desde el 24 de mayo de 2023 y hasta que se produzca la reinstalación judicial de en los cargos; sin costas; bajo el criterio que, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 665 del Código del Trabajo, la Jurisdicción del trabajo está instituida para decidir los conflictos jurídicos que se origine directa o indirectamente del contrato de trabajo, por lo que este Tribunal es competente para conocer del presente conflicto dado que después de analizado el vínculo que unía a los demandantes con la parte demandada se concluye la existencia de un contrato de trabajo con todos sus elementos y que el mismo era de naturaleza indefinida. Que el artículo 238.1 del Código Procesal Civil dispone que corresponde al actor y al demandado la carga de probar la certeza de los hechos constitutivos de su demanda o de su reconvención, no obstante, el principio de carga de la prueba tiene sus excepciones en materia laboral, sobre todo en demandas de emplazamiento como la presente, en que la carga de la prueba sufre una inversión y es desplazada hacia el Patrono Demandado, quien debe por tanto demostrar judicialmente los extremos para los cuales el o los trabajadores demandantes solicitaron su emplazamiento judicial, habiendo el patrono demandado perdido tal oportunidad en el presente proceso al no haber ofrecido prueba alguna, habiendo señalado la Corte Primera de Apelaciones de esta ciudad en el Numeral Primero de sus Fundamentos de Derecho de la Sentencia de fecha 11 de Noviembre de 2015 dictada en la Apelación Laboral registrada con el número 0101-2015- 00517, "que una vez que se pruebe que existió una relación de trabajo, tal como sucedió en el caso de autos, se presume que el incumplimiento de las obligaciones legales o convencionales del empleador, por lo que le corresponde a él desvirtuar los hechos presumidos, demostrando el cumplimiento de sus obligaciones", señalando más adelante en el mismo Numeral que "si bien es cierto que la prueba en justicia incumbe a quien afirma no a quien niega ya dijimos que en materia laboral no es aplicable, si tomamos además en cuenta que el trabajador no está obligado ante la ley a comunicar, conservar o registrar los documentos expedidos en torno a una relación de trabajo con su patrono, no es lógico que para una sana y verdadera justicia sea la parte que no tiene la documentación correspondiente quien deba aportarlas". En el caso de autos, tal como se dejó establecido como objeto del debate, a la parte actora le correspondía demostrar la existencia de la relación laboral de carácter indefinido con todos sus elementos a fin de poder calificar la ruptura como un despido injustificado, la existencia de todos los beneficios reclamados, incluido el derecho a la aplicación del Arancel del Profesional del Derecho para una de las demandantes y que su derecho a reclamar aquellos que han sido atacados por prescripción no ha sido extinguido por la misma; y a la parte demandada demostrar los puntos para los cuales se solicitó su emplazamiento y que fueron puntualmente señalados por la parte demandante en su demanda, esto es, la existencia de una justa causa de las que señala la ley que lo facultara para notificar el despido de los demandantes; la temporalidad de la relación laboral que le vinculaba con los demandantes y las causas objetivas que justifiquen dicha temporalidad, que no se encubrieron las relaciones laborales que lo vinculaban con los demandantes a fin de no otorgarles derechos que se conceden a los demás trabajadores permanentes del Patrono, que se encuentran contenidos en la Constitución de la República y que el mismo Estado debe tutelar como estabilidad laboral, vacaciones, bonificaciones por decimotercer y decimocuarto mes de salario, bonificaciones por vacaciones, aumentos de sueldo, reajuste de salario mínimo a quienes les corresponda con el pago de la respectiva indemnización por dicho concepto, índice inflacionario, pagos de quinquenios y derecho a la previsión social contenida en el artículo 142 de la Constitución de la República al no permitirles cotizar al Instituto de Previsión Social del que participan sus trabajadores permanentes dada la forma en que se sustentaba la relación laboral con las Demandantes; las razones objetivas por las que se asignaron a algunos de los Demandantes salarios inferiores al que devengan otros trabajadores de la Secretaría de Educación que ocupan los mismos cargos o realizan las mismas funciones, así como las razones por las cuales se asignaron a algunos de los Demandantes salarios inferiores al mínimo aprobado por el propio Estado o el mínimo profesional, dado que se reclama para una de las demandantes el salario establecido por el Arancel del Profesional del Derecho, a fin de que no pueda considerarse discriminación de conformidad con el Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo, y en caso de que a los trabajadores que ocupan los mismos cargos o desempeñen las mismas funciones que los demandantes se les hayan designado salarios mayores por haber participado en concursos o por otras razones objetivas, se demuestre que los demandantes han tenido las mismas oportunidades para participar en los mismos o que habiendo participado no han obtenido resultados favorables, así como la existencia de reglamentos o documentos equivalentes que contengan los criterios objetivos para la asignación de salarios dentro de la Secretaria donde prestaban sus servicios los demandantes, debiendo demostrar que no adeuda salarios y vacaciones a los demandantes dado que es obligación del patrono dejar constancia del cumplimiento de tal obligación de conformidad con los artículos 355 y 370 del Código del Trabajo dado que se reclaman tales conceptos en el reajuste salarial de cada uno de los demandantes, correspondiéndole acreditar que ha operado la prescripción interpuesta contra la acción de los demandantes para reclamar reajustes retroactivos y que los beneficios de la contratación colectiva reclamados por los actores no les son aplicables por no corresponderles o haber caducado los mismos, habiendo guardado silencio y no ofrecido prueba respecto de la mayoría de los puntos para los cuales se solicitó claramente su emplazamiento judicial pues se limitó a ofrecer prueba respecto de la forma de contratación de los demandantes, que no era controvertido; y que se les hacía efectivo el pago de las bonificaciones por decimotercer y decimocuarto mes de salario, que tampoco era controvertido; así como que los beneficios económicos de la contratación colectiva reclamados se encontraban caducados pero acreditándolo con un documento emitido por una autoridad a quien no le corresponde hacer tal declaración y con una resolución que no se demostró que no haya sido impugnada judicialmente, no ofreciendo prueba respecto de los otros extremos. Que la doctrina laboral señala que para el patrono es indispensable que complemente su negativa en base a alguna circunstancia capaz de desvirtuar las demandas del actor, es decir, que diga que no son ciertos los hechos que se narra en la demanda, concretando los hechos que admite como ciertos y aquéllos que niega o rechaza, bajo la pena de incurrir en confesión ficta si no lo hiciere. De este modo, se logra que la sustanciación del juicio laboral se realice dentro de un marco jurídico justo, equitativo y acomodado a la realidad de este tipo de juicio, en razón de la desigualdad existente en la relación laboral, no imponiéndosele al trabajador que demuestre los hechos con pruebas, que en la mayoría de los casos le es difícil, pues el patrono tiene en su poder los documentos que demuestran los detalles y las condiciones en que el trabajador prestó el servicio, (por ejemplo, las planillas de ingreso, pago de salarios, remuneración, disfrute de vacaciones, retiros, despidos, intereses sobre prestaciones sociales, entre otros), por lo que en consecuencia, se le exige al patrono que al contestar la demanda y rechazarla, alegue los hechos ciertos por los cuales la rechaza y los pruebe. A tal efecto se observa, que si bien el régimen de distribución de la carga de la prueba en materia laboral, conocido en la doctrina como "el principio de la inversión de la carga de la prueba se distingue del principio procesal civil ordinario, respecto del cual, corresponde al demandante alegar y probar los hechos constitutivos de su acción. Por otra parte, la forma de establecer la carga de la prueba en los juicios laborales no infringe de modo alguno el principio general, debido a que la finalidad principal es proteger al trabajador de la desigualdad económica en que se encuentra frente al patrono, pues, como se dijo, es éste quien dispone de todos los elementos fundamentales que demuestran la prestación de servicio u otros conceptos; de no ser así, se generarla en el trabajador accionante una situación de indefensión". (GUERRERO FIGUEROA, Guillermo, Teoría General del Derecho Laboral, 7ªed., Bogotá DC, Leyer, 2006). En el caso de autos, la parte demandada al dar contestación a la demanda promovida en su contra, acepta la existencia de un vínculo contractual con los demandantes, su fecha de inicio y terminación, la forma de sustentarlo; pero alega que el mismo es de naturaleza temporal; guardando silencio sobre algunos de los beneficios y derechos reclamados; y no ofreció prueba alguna para acreditar los puntos para los cuales se solicitó su emplazamiento judicial, los cuales fueron puntualmente señalados por la parte actora; por lo que quedó acreditada la existencia del contrato de trabajo de naturaleza indefinida con los demandantes, el despido injustificado, que se adeudan salarios a las demandantes por los últimos 23 días laborales y la existencia de los beneficios y derechos solicitados, así como a los reajustes solicitados por los conceptos no concedidos por el patrono durante la vigencia del contrato de trabajo con los demandantes por considerarlos trabajadores temporales. Que por todo lo antes expuesto y al no haberse demostrado los puntos sobre los cuales se solicitó el emplazamiento del patrono, quedando acreditada la existencia de la relación laboral de tipo indefinida y del despido injustificado invocado, la inexistencia de la justa causa para dar por terminado los contratos de trabajo de los demandantes, los derechos solicitados y los adeudados, no haberse desvirtuado los salarios y reajustes reclamados, se estima procedente declarar Con Lugar la presente demanda. 4.- La Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha 09 de noviembre del 2023, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo; sin costas; bajo el criterio que, puede definirse "expresar agravios o alegar, como la facultad que tienen las partes para presentarse ante el tribunal de alzada, mediante un escrito en el cual el recurrente puntualiza de una forma clara y concreta los hechos en qué consisten el perjuicio o lesión de su derecho sufrido por la sentencia recurrida". La parte recurrente inicia sus alegaciones refiriendo como primer agravio (SIC) "Se acepta el primer fundamento jurídico de la referida sentencia..."; lo que no constituye agravio puesto que manifiesta conformidad con lo consignado por la A-quo en el primer fundamento jurídico del fallo recurrido. “Como segundo agravio señala que rechaza el segundo fundamento jurídico de la sentencia por considerar que su representada dejo claramente establecido en los contratos de trabajo de los hoy demandantes las condiciones mediante las cuales realizarían su labor...", lo cual se puede comprobar con la simple lectura de los contratos de trabajo suscritos entre las partes; en cuanto a que (SIC) "... el tribunal AQUO no considero que el hoy demandado es la administración central, la que además, está regida por una ley especial para nombrar en dichos cargos en permanencia y que por no contar con las estructuras presupuestarias permanentes se ve en la obligación de usar esta figura de contrato para cumplir con las obligaciones que como Estado posee", estima este tribunal de alzada que la señora Juez resolvió conforme lo que le fue debidamente acreditado por las partes y si el Estado cuenta o no con una estructura presupuestaria lo mismo debió ser acreditado, además y más importante aún, como alegar que no se cuenta con tal estructura presupuestaria si los demandantes fueron contratados y mantenidos en sus puestos trabajo de manera continua durante varios años. Por lo que tal agravio no es de recibo. Continuando con los agravios esgrimidos, la recurrente aduce que (SIC) "... parece inapropiado que el Estado de Honduras sea concebido como una persona jurídica que genera riqueza... en virtud de que el juez AQUO asevera que no le fueron reconocidos derechos que por ley ya se encuentra tutelados por leyes especiales... limita a mi defendido el Estado de Honduras a disponer de los recursos que posee ya que lo está obligando a reconocer derechos que no son tutelados por el derecho laboral...", sin exponer con mayor claridad cuáles son los derechos que a su entender no son tutelados por el derecho laboral, por lo tanto, este Ad-Quem no puede pronunciarse al respecto ya que no fueron consignados los conceptos que corresponden a esos derechos que según la impetrante no debe condenarse a su representado. En cuando a lo planteado en el agravio cuarto, manifiesta que lo plasmado en los numerales cuarto y quinto de la sentencia sin especificar de qué acápite, son solo apreciaciones carentes de sustento legal, ya que la juez señala "casos concretos" el cual de repente no tiene ninguna semejanza; lo que tampoco puede ser objeto de pronunciamiento por este tribunal de alzada puesto que la señora Juez hace referencia a varios fallos dictados en diversas causas, por ende, no podemos saber con precisión a cuál de ellos se refiere la recurrente. Continuando con los alegatos de la recurrente, insiste en que (SIC) "... el Juez de Primera Instancia pretende hacer creer que el Estado de Honduras es una empresa que genera ganancia con la contratación del personal bajo el esquema de contrato o de cualquier otra modalidad pues no ha observado que la Secretaria de Estado en el Despacho de Educación es un ente que está al servicio de la población en general", lo anterior, se estima que ese argumento carece de sustento y que la señora Juez en ningún momento ha establecido tal argumento, así como tampoco fue objeto de debate si el Estado genera o no ganancia, ni la finalidad de la Secretaria de Estado en el Despacho de Educación. Continuando con los alegatos esgrimidos por la recurrente (SIC) "es de hacer ver que la administración central no procede los contratos colectivos de trabajo tal como lo establece el artículo 354 del Código del Trabajo... por lo que todo lo relativo a este tipo de derecho no es aplicable a la administración central", haciendo la observación que el articulo invocado por la recurrente referente al Derecho de Asociación no excluye a la administración centralizada, como pretende hacer creer, por ello es que existe Sindicato en la Secretaria de Estado en el Despacho de Educación. Como ultimo agravio refiere la recurrente (SIC) "... la señora Juez pretende establecer que la parte demandada no se pronunció solo los incrementos salariales y la aplicación del profesional del derecho en el caso de autos, no es cierta tal aseveración en virtud que en el escrito de contratación de demanda se contempla que por la naturaleza de contratación con la administración central los hoy demandantes no son sujetos para ser reconocidos bajo una figura que ya está bajo la cobertura de una ley especial (ley de servicio civil y su reglamento) por lo cual no debe ser tema de debate en el presente caso...", resultando que la recurrente no es clara en cuanto a cuál es el perjuicio que pretende sea reconocido por este tribunal de alzada, ya que primero manifiesta que la A-quo pretende establecer que no se pronunció sobre incrementos salariales y aplicación del profesional del derecho, no entendiendo a que se refiere con eso último y de la lectura del fallo recurrido se desprende que la señora Juez en cuanto a los reajustes y pago salario conforme al Arancel del Profesional del Derecho reclamados lo que refiere entre otros es que no fue objeto de controversia ni siquiera mencionado por la parte demandada, lo cual es compartido puesto que la demandada devenía obligada a precisar cual o cuales conceptos a su entender no les asiste el derecho a ser reclamados, al no haberlo hecho, lo procedente es confirmar la resolución recurrida. Conforme al Principio de la primacía de la realidad "Los jueces pueden dictar sus fallos haciendo mayor acopio a la equidad y a la justicia, tomando en cuenta prioritariamente las circunstancias probadas en autos, comprobadas por el Juez vivencialmente, de dominio público, de cómo se regulan y que tratamiento se proporciona a aspectos puntuales de la relación laboral. En pocas palabras prevalecen los aspectos factico-sustanciales por sobre los jurídicos-formales." El Principio de Libre Formación del Convencimiento: El Juez Laboral dispone de una amplia libertad para apreciar las pruebas sin sujeción a la tarifa legal de las pruebas, especialmente a los principios científicos que informan la crítica de la prueba. El Principio de estabilidad laboral: Impone que el contrato de trabajo deba ser de duración continua e indeterminada como figura tipo de la relación laboral y exige que durante toda su vigencia se asegure al trabajador una adecuada protección contra el despido injustificado, de modo tal que éste tiene derecho a conservar el empleo mientras no se verifiquen circunstancias imputables a él que justifiquen su exclusión. En materia laboral no se da condena en costas por el principio de gratuidad dispuesto en el artículo 717 del código del trabajo salvo en casos de litigar con notoria falta de derecho, con temeridad o abuso procesal, deslealtad, malicia, etc. (manual procesal laboral pág. 59) existiendo jurisprudencia al respecto (sentencias dictadas por la Sala de lo Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Por lo anteriormente estudiado y analizado este Ad-Quem con fundamento en lo establecido en el artículo 744 del Código del Trabajo "Serán también apelables las sentencias de primera instancia, en el efecto suspensivo, de palabra en el acto de la notificación, o por escrito, dentro de los tres (3) días siguientes...”, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 25, que dispone que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier recurso efectivo ante los Jueces o Tribunales competentes; estima que no son de recibo los agravios esgrimidos por la parte apelante. siendo procedente de acuerdo con las apreciaciones de hecho y de derecho suprarelacionadas, declarar no ha lugar el recurso de apelación de mérito interpuesto contra la sentencia del A quo. 5.- Mediante auto de fecha 12 de marzo del 2024, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada SUYAPA MARÍA ROJAS SALGADO, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 28 de mayo del 2024, compareció ante este Tribunal, la Abogada SUYAPA MARÍA ROJAS SALGADO, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación; por lo que mediante providencia de fecha 15 de agosto del 2024, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho; por lo que mediante proveído de fecha 27 de septiembre del 2024, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada KARLA YADIRA PAREDES ORTEGA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I. Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. II. Que el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. - Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.” III. Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter."; además, se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. IV. Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. V. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. VI. Del estudio del fallo se decreta la nulidad de oficio con base a lo establecido en la normativa Constitucional y Procesal Civil Supletoriamente, debido a la falta de exhaustividad en virtud que el juzgador debido realizar el análisis de los medios de prueba en su conjunto y observar que entre los demandantes la señora Paola Nichole Fernández Aquino, solicito la aplicación del salario mínimo del arancel de profesional del derecho lo que se constata, que fue nombrada en el cargo de Asesor Legal en la Dirección Departamental de Atlántida, a partir 01 de septiembre del 2018, devengaba un salario mensual de L. 21,000.00; con las documentaciones descritas, constancia de trabajo número; 0226 de fecha 04 febrero de 2022, y número 1273 con fecha 23 de mayo 2022; oficios números; 1033-SG-2022,427-DDE-01-2019, 1032-SE-2019, contratos de trabajos y Arancel del profesional del derecho, haciendo énfasis en su artículo 112 cuyo contenido lo relaciona al empleado permanente sobre su función que presta en instituciones públicas y privadas ver folios 202 y 203 del tomo uno de la primera pieza de autos, para que la institución demanda pague el salario mínimo solicitado, debe de analizarse el artículo 89 y que en su conjunto el Arancel del profesional del derecho, el mismo es un precepto reglamentario o sea una norma de valor inferior al de una ley, el Arancel del profesional del derecho no pasó por el proceso de formación, sanción y promulgación de leyes que indica nuestra Constitución de la Republica, el único facultado para poder emitir leyes y decretos es el Congreso Nacional tal como lo expresa el artículo 205, de nuestra carta magna, Esta Sala estima que el Arancel del Profesional del Derecho no tiene rango de ley como bien se ha establecido en los casos en los que ya nos hemos pronunciado como el CA 207-2011, CL 387-08, CL 191-09, CL 625-10, CL 158-12 y CL 630-13; no como lo reconocen los fallos de primera y segunda instancia, es solamente un acto de carácter general, como bien lo indica la inconstitucionalidad n°67-2006 de fecha 10 de octubre de 2006, en el caso del profesional del derecho que nos ocupa el salario base nominal a tomar en cuenta es L 21,000.00. VII. Por otro lado, es oportuno recordar que el juzgador de instancia está obligado a velar por la tutela efectiva de los derechos e intereses legítimos pretendidos en la demanda removiendo los impedimentos que se pueden producir y posibilitando el ejercicio de los mismos lo contrario da lugar a que se irrespete el derecho acceso a la justicia y, por ende, a la tutela judicial efectiva. Además, para tales efectos y de conformidad al principio pro homine se debe dar a la norma la interpretación más extensiva cuando se trate de reconocer derechos protegidos y a la inversa una aplicación restringida, cuando se trate de limitar los mismos. VIII. Que de conformidad al principio dispositivo este Tribunal de casación solo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que haya sido recurridos por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente y, en su caso, por la cuestión derecho a que se refiere la impugnación. No obstante, lo anterior y de conformidad a la Ley, deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no hubieren sido denunciado por el recurrente, con el fin de lograr la enmienda en la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso. IX. Que por las razones y consideraciones jurídicas expuestas procede se declare la nulidad de la resolución recurrida dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Ciudad de la Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha 09 de noviembre del 2023, a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a derecho. X. Con base a lo establecido en el artículo 726 del Código del Trabajo, así como el artículo 8 del Código Procesal Civil, referente a la celeridad procesal deberá el Ad Quem, debe resolver de forma prioritaria dicha nulidad, por ser un juicio que ya ha sido de su conocimiento y estudio procurando brindar una pronta respuesta a las partes procesales. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por UNANIMIDAD DE VOTOS de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciende aplicación de los artículos 59,60, 82, 90 párrafo primero, 303 reformado 304 reformado 313 numeral 14) reformado, 316 párrafo primero reformado, 321, 323 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1), y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 726, 858, 865 y 868 del Código del Trabajo; 8, 22, 193, 197, 199, 206, 207, 211, 215 numeral 5) y 931 del Código Procesal Civil; 9 y 11 del Código Civil; 1 y 30 literal 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 16, 18 y 23 numeral c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: Declarar la NULIDAD de la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha 22 de agosto del 2023, Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA COORDINADORA, ROY PINEDA CASTRO, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. FIRMA Y SELLO OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de enero del año dos mil veintiséis; certificación de la sentencia de fecha treinta y uno de octubre del dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL007-24. FIRMA Y SELLO

RAMCEL NIKOL CARTAGENA PINTO

RECEPTORA ADSCRITA SALA LABORAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. -