Sentencia CL-06-24 — Registro 20035
Resumen
En la demanda ordinaria laboral, por despido directo e injustificado primera instancia falla; declarando sin lugar la demanda, en consecuencia, absuelve de toda responsabilidad proveniente del presente juicio, sin lugar la excepción perentoria de prescripción; segunda instancia confirma la sentencia; esta Sala de lo Laboral declara no ha lugar el recurso.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
´´...Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: a) en la formulación se indica, entre otros, como norma sustantiva infringida, el artículo “…113 párrafo primero…” del Código de Trabajo, disposición que contiene literales que es preciso señalar, para la claridad del cargo; b) en la explicación no se demuestra el error evidente y manifiesto; y, c) en el desarrollo se realizan inoportunos alegatos de instancia. Además, error de hecho solo procede en casación, cuando es ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos. En este caso, al revisarse la situación jurídica planteada, se advierte que el tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia hizo suyos los argumentos del A-quo, observándose que se realizó el análisis y valoración de todo el material probatorio allegado al proceso resolviendo el juzgador de instancia conforme a la libre formación de su convencimiento...´´
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veinticuatro (24) días del mes de noviembre del año dos mil veinticinco (2025). VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 11 de junio del 2024, por el abogado JAVIER ALEXANDER ENAMORADO AQUINO, en su condición de representante procesal de los señores EDWIN ALEXIS BARAHONA RODRIGUEZ, CLAUDIA GERALDIN MEJIA RUIZ, DIGNA MARICELA MARTINEZ FUENTES, JOSE RICARDO ARIAS CHAVARRIA y OSCAR ENRIQUE PORTILLO CASTRO, como recurrente; además, es parte recurrida, la sociedad mercantil denominada ECONORED DE HONDURAS S.A., representada en juicio por el abogado HEMAN URIEL RAMOS MARTINEZ. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral de primera instancia por despido directo e injustificado y mediante sentencia definitiva se condene a la demandada, al pago de prestaciones sociales y derechos adquiridos, pago de salarios dejados de percibir, vacaciones pendientes de pago por los últimos dos años, décimo tercer mes y décimo cuarto mes pendiente de pago de los últimos dos años, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 08 de junio del 2021, por los señores EDWIN ALEXIS BARAHONA RODRIGUEZ, CLAUDIA GERALDIN MEJIA RUIZ, DIGNA MARICELA MARTINEZ FUENTES, JOSE RICARDO ARIAS CHAVARRIA y OSCAR ENRIQUE PORTILLO CASTRO, todos mayores de edad, Ejecutivos de Ventas, hondureños, y con domicilio en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, contra la sociedad mercantil denominada ECONORED DE HONDURAS S.A., a través de su representante legal el señor JORGE FABRIZIO VENERO BEJAR.- El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 17 de noviembre del 2023, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 25 de agosto del 2023, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) DECLARANDO SIN LUGAR la demanda Laboral de promovida por los señores (as) EDWIN ALEXIS BARAHONA RODRIGUEZ, CLAUDIA GERALDIN MEJIA RUIZ, DIGNA MARICELA MARTINEZ FUENTES, JOSE RICARDO ARIAS CHAVARRIA Y OSCAR ENRIQUE PORTILLO CASTRO, de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; contra La sociedad ECONORED DE HONDURAS SOCIEDAD ANOMINA, a través de su representante legal el señor JORGE FABRIZIO VENERO BEJAR, también de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; En consecuencia: 2) ABSUELVE: a La empresa ECONORED DE HONDURAS SOCIEDAD ANONΙMΑ, a través de su representante legal el señor JORGE FABRIZIO VENERO BEJAR, de toda responsabilidad proveniente del presente juicio.- 3) DECLARA SIN LUGAR LA EXCEPCION PERENTORIA DE PRESCRIPCION, interpuesta por la parte demandada.- SIN COSTAS”. ANTECEDENTES DE HECHO. 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción que, el señor Edwin Alexis Barahona Rodríguez inició a laborar con la empresa demandada el día 11 de septiembre del 2009, desempeñándose en el cargo de Ejecutivo de Ventas con un salario de L. 60,893.40 mensualmente; la señora Claudia Geraldin Mejia Ruiz Rodríguez inició a laborar con la empresa demandada el día 13 de junio del año 2010, desempeñándose al inicio de la contratación en el cargo de Ejecutivo de Ventas con un salario de L. 60,893.40 al mes; la señora Digna Maricela Martínez Fuentes inició a laborar con la empresa demandada el día 1 de marzo del año 2010, desempeñándose al inicio de la contratación en el cargo de Ejecutivo de ventas con un salario de L. 60,893.40 mensualmente; Jose Ricardo Arias Chavarría inició a laborar con la empresa demandada el día 10 de junio del año 2013, desempeñándose al inicio de la contratación en el cargo de Ejecutivo de Ventas con un salario de L. 60,893.40 mensualmente; Oscar Enrique Portillo Castro inició a laborar con la empresa demandada el día 10 de Febrero del año 2009, desempeñándose al inicio de la contratación en el cargo de Ejecutivo de Ventas con un salario de L. 60,893.40 al mes; todos ellos laboraron en la empresa demandada como vendedores al detalle ruteros vendiendo productos Big Cola y otros de la marca, manejando las zonas de rutas cada uno, como así lo quería el patrono con un buen suceso en las ventas, donde la empresa les proporcionaba las herramientas necesarias para hacerlo como ser uniformes, carnet de identificación, equipo y toda la logística necesaria para ejecutar una labor con toda la eficacia necesaria en este campo de las ventas, al inicio de la contratación como empleados permanentes de la misma; en el año 2014, con falsas promesas les hicieron firmar a todos los demandantes un Contrato de Distribución, al inicio hubo oposición en firmarles el contrato, pero al final por la necesidad al trabajo se vieron obligados hacerlo, todo esto queriendo disfrazar la relación de trabajo argumentando que todos eran comerciantes individuales desde esa fecha, para evadir así el pasivo laboral, mencionando que no tenían derechos laborales con la empresa en concepto de prestaciones laborales, tenían horario de entrada, se presentaban a trabajar todos los días, les convocaban a reuniones de trabajo, estaban sujetos a un jefe y a un supervisor de ventas que les manejaba de cerca en el tema de las ventas les mandaban memorandos, les daban los fines de año hasta canastas navideñas como todo empleado de orden permanente dentro de la empresa, hasta que les dieron una carta por escrito donde les decían que les cancelan que por el incumplimiento en alcanzar las metas establecidas en ventas eso es totalmente falso; el día 9 de abril del 2021 les llamaron a todos los demandantes a la oficina de la Gerencia de la empresa, para entregarles a todos los demandantes una carta dejándolos sin trabajo, no tenían derecho a nada porque eran simplemente unos comerciantes individuales, allí mismo les reemplazaron por personal nuevo; y le manifestaron como reza el artículo 20 del Código de Trabajo, para que haya contrato de trabajo. Por tanto, solicitan pagarles las prestaciones y lo demás derechos que reclaman. 2. La parte demandada, la sociedad mercantil denominada ECONORED DE HONDURAS S.A., contestó dicha demanda arguyendo que el señor Edwin Alexis Barahona Rodríguez, inició con una relación comercial, en fecha 29 de septiembre del 2014 fundamentado con el contrato de distribución, firmado por dicho señor quien actúa en calidad de Distribuidor firmado por dicho señor quien actúa en calidad de Distribuidor y la empresa como el principal, siendo una persona con capacidad para realizar tales actos de comercio para la empresa demandada hasta septiembre de año 2019, desempeñándose en el Puesto de Vendedor tiempo en el cual concluyó con la relación laboral; la señora Claudia Geraldin Mejia Ruiz, fue contratada por la demandada, en fecha 10 de diciembre del 2009 y, cancelada en fecha 31 de diciembre del 2010, desempeñándose en el puesto de vendedor, concluyendo con la relación laboral y dando inicio a la relación comercial con la empresa en fecha 29 de septiembre del 2014 fundamentado con el contrato de distribución, firmado por dicha señora quien actúa en calidad de Distribuidor, siendo una persona con capacidad para realizar tales actos de comercio y la empresa a quien se le denomina como el principal; la señora Digna Marisela Martínez Fuentes, nunca laboró para la empresa demandada, la única relación que tuvo con la empresa fue una relación comercial iniciando en fecha 29 de septiembre del 2014, fundamentado con el contrato de distribución firmado por dicha señora quien actúa en calidad de Distribuidor, como persona con capacidad para realizar tales actos de comercio y la empresa a quien se le denomina como el principal; el señor Jose Ricardo Arias Chavarría, nunca laboró para la demandada inició con una relación comercial en fecha 29 de septiembre del 2014 fundamentado con el Contrato de distribución firmado por dicho señor quien actúa en calidad de Distribuidor, siendo una persona con capacidad para realizar tales actos de comercio y la empresa a quien se le denomina como el principal; el señor Oscar Enrique Portillo Castro, laboró para la demandada hasta la fecha de septiembre de1 2009 y se desempeñaba en el Puesto de vendedor, tiempo en que concluyó con la relación laboral, dando inicio con una relación comercial en fecha 29 de septiembre del 2014 fundamentado con el contrato de distribución firmado por dicho señor quien actúa en calidad de distribuidor, como persona con capacidad para realizar tales actos de comercio y la empresa quien se le denomina como el principal, cabe mencionar que en cada contrato de distribución según la cláusula tercera inciso b) estipula referente al plazo del contrato que consistía en una prórroga automática cada año, siempre y cuando no haya existido incumplimiento por las partes, razón por la que surgió la terminación de los contratos de distribución, notificados mediante documento por escrito, finalizando con las relaciones comerciales en fecha 9 de mayo del 2021 entre las partes; no se hace responsable por el pago de prestaciones sociales y derechos adquiridos por el hecho que les fueron canceladas en su totalidad a los señores Edwin Alexis Barahona Rodríguez, Claudia Geraldin Mejia Ruiz y Oscar Enrique Portillo Castro, en su defecto si se consideraron inconformes dichos señores, hubieran presentado la reclamación ante la entidad competente laboral en ese tiempo, misma que ya prescribió tal como está reglamentada en el Código de Trabajo vigente, en cuanto a los señores Digna Marisela Martínez Fuentes y Jose Ricardo Arias Chavarría, no se hace responsable por el pago de prestaciones sociales y derechos adquiridos debido que nunca existió una relación laboral; en cuanto al equipo, uso de uniformes, identificaciones, les fue proporcionado por la empresa según la cláusula séptima del contrato de distribución que estipula que tanto los distribuidores como la contratación de personal a cargo de cada distribuidor, se les facilitaría estas herramientas, para apoyar las gestiones y para conservar la imagen que la empresa tiene con sus clientes y por existir un contrato de comodato de fecha 12 de mayo del año 2015, en donde los comodatarios se comprometen a utilizar el equipo para su uso personal y el de sus colaboradores para el desempeño de sus actividades comerciales. Existiendo desde el año 2014 una relación comercial con los demandantes como Distribuidores, por el hecho de existir un contrato de distribución firmado por las partes, que tienen capacidad para las relaciones comerciales como lo establece la Ley de Representantes Distribuidores y Agentes de Empresas Nacionales y Extranjeras. En el contrato de distribución en la cláusula quinta, hace mención de las obligaciones del Distribuidor, en la cláusula Sexta, hace mención que para lograr los objetivos en cuanto a las ventas tenían que, promover programación de reuniones, realización conjuntamente de cronogramas de actividades promocionales que sean requeridas por el mercado y en el anexo en donde hace referencia en que las partes han acordado el presupuesto mensual de las ventas el cual será revisado por ambas partes, la evaluación del negocio en cuanto al crecimiento económico, población, factores de competencia y área geográficas de interés, entre otros condiciones que se establecieron con los demandantes. En vista en que cada distribuidor contaba con una zona de distribución y debía presentarse temprano a las instalaciones de la empresa, a cargar las compras de los productos facturados que los demandantes pagaban mediante depósitos realizado por cada demandante a cuenta bancaria de la empresa, condición establecida en la cláusula Decima del contrato de distribución, cabe agregar que los producto que comercializaban los señores demandantes los distribuían en los vehículos que eran propiedad de cada uno de ellos. Todo lo estipulado es en base a la relación comercial que existía entre los demandantes y la empresa; les notifico de un preaviso comercial, en fecha 09 de abril del año 2021, sobre la finalización del contrato de distribución tal como está expuesta en la cláusula tercera del contrato de distribución referente al plazo, dando por notificado a cada parte demandante por escrito la terminación efectiva de la relación comercial. Por tanto, estipulo que no existe una relación laboral entre las partes, en vista de que no cumplen con los elementos esenciales para que haya contrato de trabajo, por el solo hecho de no concurren los 3 elementos del artículo 20 del Código de Trabajo, los demandantes no eran considerados trabajadores porque siendo un contrato de distribución no existía una relación laboral, si no meramente comercial, no existía una subordinación laboral, existiendo solamente obligaciones comerciales conforme a las condiciones que los demandantes aceptaron y que debían cumplir con lo estipulado en el contrato de distribución, salario como retribución del servicio; no existía remuneración por parte de la empresa hacia los demandantes, porque no eran empleados, desde el momento en que deciden firmar un contrato meramente comercial. Es por tal razón que solo existen facturas y depósitos de los pagos por las compras de productos que los demandantes realizaban por medio de depósitos o transferencias a la cuenta de depósito monetarios de la empresa, el cual reflejaba el monto de los productos facturados. En audiencia primera de trámite de fecha 25 de julio del 2022, interpuso la excepción de prescripción. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 25 de agosto del 2023, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: 1) DECLARANDO SIN LUGAR la demanda Laboral de promovida por los señores (as) EDWIN ALEXIS BARAHONA RODRIGUEZ, CLAUDIA GERALDIN MEJIA RUIZ, DIGNA MARICELA MARTINEZ FUENTES, JOSE RICARDO ARIAS CHAVARRIA Y OSCAR ENRIQUE PORTILLO CASTRO, de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; contra La sociedad ECONORED DE HONDURAS SOCIEDAD ANOMINA, a través de su representante legal el señor JORGE FABRIZIO VENERO BEJAR, también de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; En consecuencia: 2) ABSUELVE: a La empresa ECONORED DE HONDURAS SOCIEDAD ANONΙMΑ, a través de su representante legal el señor JORGE FABRIZIO VENERO BEJAR, de toda responsabilidad proveniente del presente juicio.- 3) DECLARA SIN LUGAR LA EXCEPCION PERENTORIA DE PRESCRIPCION, interpuesta por la parte demandada.- SIN COSTAS”. Bajo el criterio que del estudio y análisis de las pruebas practicadas en su conjunto considera procedente declarar sin lugar la presente demanda, se llega a tal convencimiento por las circunstancias siguientes: para considerar la existencia de Contrato Individual de Trabajo como se dijo antes se debe cumplir con la concurrencia de los requisitos que establece el artículo 20 del Código de Trabajo consistente en la prestación personal del servicio, salvo estipulación en contrario, la Subordinación, o sea la dependencia del trabajador respecto del patrono, que otorga a este la facultad de imponerle un reglamento, darle órdenes y vigilar su cumplimiento; y la remuneración o pago de un salario como retribución por el servicio prestado; en el presente caso no concurren todos los requisitos antes señalados, si bien es cierto los demandantes realizan la labor de distribución de producto de la demandada tal como lo suscribieron con la demandada en los contratos de distribución de producto, también se obligan a contratar personal para que le ayude a realizar esa actividad a costas de los demandantes, en el mismo contratos los trabajadores se obligan a utilizar sus vehículos propios para trasladar el producto para su distribución es decir el combustible y mantenimiento era a cuenta de cada demandante; si bien es cierto la demandada le asignaba los lugares donde distribuir el producto, supervisaba que se cumpliera, le puso vestimenta distintiva a publicidad de la demandada, le daba carnet identificación como distribuidores, les establecía hora de retirar el producto del plantel de la demandada pero los demandantes no estaba sujetos a un horario determinado es mas no existía la obligación de presentarse diariamente ni reportarse al final de la jornada; es decir que en el desempeño de las labores había autonomía de parte de los demandante para desempeñar su labor; La demandada no pagaba un salario por esa labor, la mecánica consistía en que los demandantes retiraban el producto que les era dado al crédito según consta en las facturas y estos posteriormente pagaban el producto por medio de depósitos o transferencias bancarias en las cuentas bancarias propiedad de la demandada; el monto del producto que les daban al crédito podía llegar hasta la cantidad L. 100,000.00, la demandada le otorgaba un plazo de tres días para que pagara ese crédito; en caso de existir utilidad esta se quedaba en poder de los demandantes y no se puede determinar a cuanto ascendía mensualmente; entre la demandada y los demandantes Edwin Alexis Barahona Rodríguez, Claudia Geraldin Mejia Ruiz, y Digna Maricela Martínez Fuentes, antes de celebrar los contratos de distribución de producto tuvieron una relación laboral la cual pusieron fin con la empleada Claudia Geraldin Mejia Ruiz; en cuanto a los señores Edwin Alexis Barahona Rodríguez, y Digna Maricela Martínez Fuentes, las partes la convirtieron en una relación mercantil bajo los términos antes mencionados; la parte demandada interpuso la excepción perentoria de prescripción alegando que el derecho de los demandantes les prescribió en el año 2014, desde que firmaron los contratos mercantiles, con relación a la excepción planteada este Tribunal considera procedente declarar sin lugar la misma porque en la forma errónea en que fue alegada no resulta acreditado que a los demandantes les hubiera prescrito el derecho a reclamar en caso que este tribunal hubiera establecido la existencia de la relación laboral. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 17 de noviembre del 2023, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas. Bajo el criterio que de las pruebas aportadas al proceso resulta acreditado que los demandantes realizaron una actividad en beneficio de la accionada, dicha relación no fue subordinada, pues no consta que hayan recibido órdenes o la imposición del reglamento por parte de su patrono ni que hayan recibido los beneficios que se le otorgan a los trabajadores subordinados, por el contrario, tal y como se dejó expuesto en los hechos probados, la actividad se ejecutaba de forma autónoma; si bien, la demandada fijaba el horario de ingreso a sus instalaciones, ello no supone el cumplimiento de un horario; la asignación de carnets, uniformes o cualquier otra logística brindada a los actores fue con el fin de instrumentalizar y facilitar el cumplimiento de las obligaciones contratadas, sin que tal dependencia sea inherente a las del contrato de trabajo, pues es de considerar que en toda clase de contratos se establecen una serie de compromisos que las partes están obligadas a cumplir y que por la naturaleza de la labor ejecutada, no resulta ajena la supervisión y dirección de la parte demandada; de manera que no es posible reconocer los beneficios impetrados en el libelo de demanda, pues éstos se otorgan a trabajadores subordinados y los actores no lo eran según antes se expuso ya que según lo ha sostenido la doctrina no toda persona que encarga o da trabajo es patrono, ni toda aquella otra que trabaja es trabajador, por lo menos en relación a los sujetos peculiares del contrato de trabajo; en cuanto al alegato de la evacuación del reconocimiento judicial, esta alzada observa que a la audiencia del diligenciamiento de esa prueba, asistió la demandante y no objetó la práctica de esa prueba, por lo cual a esta altura es extemporáneo tal alegato. Por las razones antes expuestas y en atención a los principios de consonancia y libre formación del convencimiento, se estima procedente confirmar el fallo impugnado. 5. Mediante auto de fecha 12 de marzo del 2024, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado JAVIER ALEXANDER ENAMORADO AQUINO, en su condición de representante procesal de los señores EDWIN ALEXIS BARAHONA RODRIGUEZ, CLAUDIA GERALDIN MEJIA RUIZ, DIGNA MARICELA MARTINEZ FUENTES, JOSE RICARDO ARIAS CHAVARRIA y OSCAR ENRIQUE PORTILLO CASTRO, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha 11 de junio del 2024, compareció ante este Tribunal el abogado JAVIER ALEXANDER ENAMORADO AQUINO, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha 5 de agosto del 2024, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 7 de noviembre del 2024 se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por el abogado HEMAN URIEL RAMOS MARTINEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al magistrado ROY PINEDA CASTRO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I. Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II. Que el abogado JAVIER ALEXANDER ENAMORADO AQUINO, en un primer motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva Nacional en Infracción Indirecta proveniente de la errónea apreciación de los medios de prueba documentales siguientes: 1.- Los contratos suscritos entre la empresa demandada ECONORED DE HONDURAS, S. A, y los trabajadores demandantes que van a folios del 88 al 99, del 109 al 115, del 121 al 132, del 138 al 149 y del 155 al 166 de la primera pieza de autos, específicamente en la Cláusula tercera del contrato que contiene las condiciones y en la condición "c" de esos contratos de distribución, identificada como ZONA DE DISTRIBUCIÓN, donde a los demandantes la demandada les asigna zona o regiones donde van a distribuir y vender los productos de la demandada conforme se establece en el ANEXO "A" de cada contrato; 2.- La condición identificada con la letra "c" contempla que los demandantes tendrán zonas de distribución y venta conforme al Anexo "A" del contrato; la condición "c" de cada contrato suscrito entre la demandada y los demandantes se encuentra en los folios 100, 116, 133, 150 y 167 de la primera pieza de autos; y los Anexos "A" de cada contrato van a folios 101, 116, 134, 151 y 168 de la primera pieza de autos; El Anexo "B" de cada contrato donde la demandada establece la lista de precios de sus productos que van a distribuir y vender los demandantes, esos Anexos "B" de cada contrato van a folios 101, 117, 134, 151 y 168 de la primera pieza de los autos; El Anexo "C" de cada contrato donde la demandada establece que hará evaluaciones con el fin de saber el rendimiento y cumplimiento del demandante; Esos Anexos "C" de cada contrato van a folios 102, 118, 135, 152 y 169 de la primera pieza de los autos; 3.- MEMORANDO de fecha 29 de enero del 2020, el ASUNTO es "Nuevas normas"; dirigido a DISTRIBUIDORES (O SEA A LOS DEMANDANTES), ver folio 199 de la primera pieza de autos; enviado por JOSÉ DOMÍNGUEZ, en su condición de Gerente de Ventas. 4.- Modificación de contrato de distribución celebrado entre Econored de Honduras, S. A y los demandantes, sobre condiciones de pago y ventas; ver folios 200 y 201, 290 у 291, 306 y 307, 390 y 391, 426 y 427 de la primera pieza de autos; 5.- Notificaciones de los despidos de los demandantes que van a folios 197, 289, 305, 388 y 424 de la primera pieza de autos, en relación con la demás prueba en su conjunto que hizo incurrir en error de hecho que aparece de manifiesto en los autos y que la llevó en forma indirecta a la violación de los artículos 113 párrafo primero, 116 letra e) y 120 letra c) y d) reformado todos del Código de Trabajo. Es decir, que entre la sentencia acusada y la ley sustancial infringida hay de por medio un problema probatorio y este es precisamente el camino a través del cual se llegó a la violación de las normas sustanciales señaladas. REGLAS PROCESALES VIOLADAS. Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas están contenidas en los artículos 738 y 739 de código del trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del código de trabajo. EXPLICACIÓN DEL PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN. La empresa demandada ECONORED DE HONDURAS, S. A, es una empresa mercantil internacional de origen guatemalteco, que tiene como actividad principal en el país, la venta masiva de refrescos de la marca BIG COLA, para ello contratan personal para comercializar esos productos, pero al personal lo contratan bajo la modalidad de un "CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN" y a los contratados los llaman "DISTRIBUIDORES", para disfrazar la verdadera relación laboral que mantuvo la demandada con esos "distribuidores" y así evitar el reconocimiento de los beneficios laborales como ser: las indemnizaciones por despidos injustificados y los derechos adquiridos de vacaciones, décimo tercero y décimo cuarto mes y soslayar la inscripción de ese personal en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Todos los demandantes después de trabajar varios años los despidieron en forma injusta, ver esas notas de despido en los folios 197, 289, 305, 388, 424 de la primera pieza de autos. Ante esos despidos injustos promovieron la demanda en el Juzgado de Letras del Trabajo de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés y en el juicio acreditaron con prueba documental que entre ellos y la demandada existió una verdadera relación laboral, pruebas que fueron legalmente aportadas en el proceso y la parte contraria no las impugnó, pero la Corte sentenciadora no dio por probado ese extremo por la mala apreciación de la prueba considerada en sí misma, lo cual condujo a la violación de la ley sustancial por un error manifiesto porque la prueba propuesta para acreditar la relación laboral fue extensa y variada. En los contratos "de distribución" que suscribieron todos los trabajadores demandantes y a los que se les denomina en esos contratos como "distribuidores", en la condición "c" de esos contratos que se denomina como ZONA DE DISTRIBUCIÓN, se establece que el distribuidor (o sea cada demandante) distribuirá y venderá exclusivamente los productos del principal conforme se establece y detalla específicamente en el ANEXO "A" del presente contrato. Ver los folios 89, 105, 122, 129, 156 de la primera pieza de autos, en sus últimas cinco líneas. En esas líneas se dice que el distribuidor o sean los demandantes va a distribuir Y VENDER, de manera que de acuerdo con ese contrato los demandantes eran vendedores de los productos que comercializa la demandada; En esas mismas cinco líneas se dice que al distribuidor o vendedor se le asigna una zona donde iba a distribuir y vender los productos de la demandada, de acuerdo con el ANEXO "A", esos anexos "A" donde la demandada les fija las zonas donde cada demandante iba a distribuir y vender los productos, van en los folios 100, 116, 133, 150, 167 de la primera pieza de autos. El hecho que la demandada le fije a cada demandante la zona donde va a vender, constituye una orden y eso es parte de la subordinación del trabajador con respecto del patrono que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes en cualquier momento; En el expediente van unos ANEXOS "B" la demandada fija los precios por los cuales se van a vender sus productos, eso también es parte de la subordinación del trabajador con respecto del patrono que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes en cualquier momento; Esos anexos "B" van a folios 101, 117, 134, 151, 168 de la primera pieza de autos. En el expediente van unos ANEXOS "C" mediante los cuales la demandada avaluará como va funcionando su negocio de venta de sus productos, esas evaluaciones son parte de la subordinación del trabajador con respecto del patrono que faculta a éste revisar si su empleado está cumpliendo con las órdenes e instrucciones que le ha impartido. Esos Anexos "C" van a folios 102, 118, 135, 152, 169 de la primera pieza de autos. En los autos va un MEMORANDO de fecha 29 de enero del 2020, dirigido a distribuidores (o sea a los demandantes), ver folio 199 de la primera pieza de autos, enviado por JOSÉ DOMÍNGUEZ, en su condición de Gerente de Ventas de la demandada, en ese Memorando se les indican horarios para presentarse a su trabajo; en ese mismo documento el Gerente de Ventas dice que los distribuidores o sea los demandantes tienen un supervisor. Imponer horarios a los demandantes es otra muestra de la subordinación que existía de los demandantes con respecto al patrono. De igual manera en ese mismo documento el Gerente de Ventas les dice a los distribuidores o sea a los demandantes que ellos tienen un supervisor, esa es otra prueba de la subordinación que existía en esa relación. En los autos van otros documentos identificados como Modificación de contrato de distribución celebrado entre Econored de Honduras, S. A y los demandantes, sobre condiciones de pago y ventas; ver folios 200 y 201, 290 у 291, 306 у 307, 390 у 391, 426 y 427 de la primera pieza de autos. En los autos van las notificaciones de los despidos de los demandantes, ver los folios 197, 289, 305, 388 y 424 de la primera pieza de autos. Esos despidos fueron injustos porque la demandada no invoca ninguna causa justa para dar por terminada la relación laboral que existía entre la demandada y los demandantes. Con todos esos documentos la parte actora acreditó la subordinación que existía entre la demandada como patrono y los demandantes como trabajadores”. III. Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: a) en la formulación se indica, entre otros, como norma sustantiva infringida, el artículo “…113 párrafo primero…” del Código de Trabajo, disposición que contiene literales que es preciso señalar, para la claridad del cargo; b) en la explicación no se demuestra el error evidente y manifiesto; y, c) en el desarrollo se realizan inoportunos alegatos de instancia. Además, error de hecho solo procede en casación, cuando es ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos. En este caso, al revisarse la situación jurídica planteada, se advierte que el tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia hizo suyos los argumentos del A-quo, observándose que se realizó el análisis y valoración de todo el material probatorio allegado al proceso resolviendo el juzgador de instancia conforme a la libre formación de su convencimiento. IV. Que en un segundo motivo se aduce: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva Nacional en Infracción Indirecta proveniente de la errónea apreciación del medio de prueba siguiente: EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS: Los demandantes en la continuación de la audiencia primera de trámite de fecha 14 de diciembre del 2022, que va a folios del 440 al 442 de la primera pieza de los autos, propusieron el medio de prueba EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS para que la demandada hiciera llegar al juzgado los documentos que acreditaran lo que los demandantes percibían cada mes por la actividad realizada. Ver el folio 441 y vuelto de la primera pieza de autos; A folio 577 y vuelto va el acta de fecha 11 de abril del año 2023 donde se practicó el medio de prueba Exhibición de Documentos propuesto por la parte actora, en relación con la demás prueba en su conjunto que hizo incurrir en error de hecho que aparece de manifiesto en los autos y que la llevó en forma indirecta a la violación de los artículos 113 párrafo primero, 116 letra e) y 120 letra c) y d) reformado todos del Código de Trabajo. Es decir, que entre la sentencia acusada y la ley sustancial infringida hay de por medio un problema probatorio y este es precisamente el camino a través del cual se llegó a la violación de las normas sustanciales señaladas. REGLAS PROCESALES VIOLADAS. Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas están contenidas en los artículos 738 y 739 de código del trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del código de trabajo. EXPLICACIÓN DEL SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN. La empresa demandada ECONORED DE HONDURAS, S. A, es una empresa mercantil internacional de origen guatemalteco, que tiene como actividad principal en el país, la venta masiva de refrescos de la marca BIG COLA, para ello contratan personal para comercializar esos productos, pero al personal lo contratan bajo la modalidad de un "CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN" y a los contratados los llaman "DISTRIBUIDORES", para disfrazar la verdadera relación laboral que mantuvo la demandada con esos "distribuidores" y así evitar el reconocimiento de los beneficios laborales como ser: las indemnizaciones por despidos injustificados y los derechos adquiridos de vacaciones, décimo tercero y décimo cuarto mes y soslayar la inscripción de ese personal en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Todos los demandantes después de trabajar varios años los despidieron en forma injusta, ver esas notas de despido en los folios 197, 289, 305, 388, 424 de la primera pieza de autos. Ante esos despidos injustos promovieron la demanda en el Juzgado de Letras del Trabajo de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés y en el juicio propusieron el medio de prueba EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS, ver en la continuación de la audiencia primera de trámite de fecha 14 de diciembre del 2022, que va a folios del 440 al 442 de la primera pieza de los autos, ese medio de prueba se propuso para que la demandada hiciera llegar al juzgado los documentos que acreditaran lo que los demandantes percibían cada mes. Ver el folio 441 y vuelto de la primera pieza de autos; A folio 577 y vuelto va el acta de fecha 11 de abril del año 2023 donde se practicó el medio de prueba Exhibición de Documentos propuesto por la parte actora y la demandada no hizo llegar al Juzgado la documentación necesaria para saber lo que cada demandante percibía por la actividad que realizaba para la demandada, por ello el salario de los demandantes no se pudo determinar, por lo que en aplicación del principio pro operario se debe tener como los salarios de los demandantes los que aparecen en la demanda”. V. Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: a) en la formulación se indica, entre otros, como norma sustantiva infringida, el artículo “…113 párrafo primero…” del Código de Trabajo, disposición que contiene literales que es preciso señalar, para la claridad del cargo; b) en la explicación no se demuestra el error evidente y manifiesto; y c) en el desarrollo se realizan inoportunos alegatos de instancia. Además, error de hecho solo procede en casación, cuando es ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos. En este caso, al revisarse la situación jurídica planteada, se advierte que el tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia hizo suyos los argumentos del A-quo, observándose que se realizó el análisis y valoración de todo el material probatorio allegado al proceso resolviendo el juzgador de instancia conforme a la libre formación de su convencimiento. VI. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación interpuesto en sus dos motivos. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 770, 777 y 858 del Código del Trabajo; 10 numeral 1), 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación formulado en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ROY PINEDA CASTRO. -NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA COORDINADORA, ROY PINEDA CASTRO, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. FIRMA Y SELLO OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de enero del año dos mil veintiséis; certificación de la sentencia de fecha veinticuatro de noviembre del dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL 06-24. FIRMA Y SELLO
RAMCEL NIKOL CARTAGENA PINTO
RECEPTORA ADSCRITA SALA LABORAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. -