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Sentencia CL-04-23 — Registro 19638

Resumen

En la demanda ordinaria laboral para el pago de preaviso adeudado primera instancia, falla: declarando sin lugar las excepciones perentorias de complemento de pago y contra índice inflacionario, condena al pago, segunda instancia falla: declara sin lugar el recurso, reforma de oficio la sentencia definitiva confirma, revoca, declara parcialmente con lugar la demanda ordinaria para el pago de complemento del preaviso, condena: al pago de cantidades adeudadas por no haber gozado de un ajuste salarial y, consecuentemente al ajuste de prestaciones e indemnizaciones laborales, en base al porcentaje del índice inflacionario, esta sala declara sin lugar el recurso.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

´´..Que acorde a lo dispuesto en los artículos 764, 765 y 769 del Código del Trabajo, la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible...´´

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código del Trabajo, art. 764 (Jerarquía Ordinaria)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Jerarquía: Reiterativa

´´..Que acorde a lo dispuesto en los artículos 764, 765 y 769 del Código del Trabajo, la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible...´´

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código del Trabajo, art. 764 (Jerarquía Ordinaria)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Jerarquía: Reiterativa

´´..Que acorde a lo dispuesto en los artículos 764, 765 y 769 del Código del Trabajo, la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible...´´

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código del Trabajo, art. 764 (Jerarquía Ordinaria)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Jerarquía: Reiterativa

´´...Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) entre las normas que indica como violadas Decreto Legislativo 46-2022 "Ley Especial para garantizar el servicio de la Energía Eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social, no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código de Trabajo, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que se refiere a la violación directa e indirecta; c) señala que dirige su ataque por vía directa por falta de aplicación, pero incluye un acápite intitulado “NORMAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procésales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas violadas, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. ….”, lo cual es incongruente con ese tipo de infracción o violación, ya que la inclusión de normas procesales es propio de una violación indirecta, donde se aducen los errores de hecho y de derecho provenientes de la apreciación probatoria; d) olvida la Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley, y formula extensos alegatos de instancia inoportunos en este extraordinario recurso...´´

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

´´...Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos facticos que demuestren el vicio de tal manera, que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente asunto se estima que no se ha violado el debido proceso o el derecho de defensa de las partes, resultando inestimables las nulidades alegadas de forma subsidiaria...´´

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

´´...Que el cargo que antecede no puede prosperar, ya que el Impetrante olvida que este Tribunal ha establecido el criterio de que la infracción directa tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia de cualquier material probatorio (Ver sentencias expedientes números S.L. 118-08, 169-08, 219-08, 249-08, 354-08, 382-08 y 14-09); en el presente caso, la cuestión debatida tiene relación con la causa invocada para la terminación de la relación de trabajo que vinculó a las partes y ello fue objeto del material probatorio, por ende, no resulta viable el ataque al fallo por esa vía, además esta Sala ha sentado el criterio que el pago de complemento o reajuste de prestaciones e indemnizaciones laborales, incremento salarial tiene un término de dos (2) años para ser reclamado conforme a lo previsto en los artículos 39 y 43 de la Ley de Salario Mínimo...´´

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veinte días del mes de mayo del año dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar sentencia en los Recursos de Casación Laboral formalizados ante este Tribunal de Justicia, en fecha 31 de agosto del 2023, por el Abogado JOSE RAMON MARTINEZ BONILLA, en su condición de representante procesal del señor RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA; y en fecha 17 de noviembre del 2023, por la Abogada ALEJANDRA MARIA ESCOTO SAUCEDA, en su condición de representante procesal de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), como recurrentes/recurridos respectivamente. OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria Laboral para el pago de preaviso adeudado de conformidad a la cláusula 72 numeral 2 del contrato colectivo vigente y pago de cantidades adeudadas por no haber gozado un ajuste salarial para los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 y consecuente ajuste de prestaciones e indemnizaciones laborales, en base al porcentaje de índice inflacionario de conformidad al párrafo último de la cláusula 51 del contrato colectivo vigente, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 25 de septiembre del 2018, por el señor RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA, mayor de edad, casado, Técnico en Electricidad, hondureño, con domicilio en San Lorenzo Departamento de Valle, contra la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), por medio de su representante legal el señor JESUS ARTURO MEJIA ARITA. Los recursos de casación se interpusieron en contra de la sentencia de fecha 27 de julio del 2022, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que en su parte conducente dice: “FALLA: I) DECLARA SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado ROGER EDGARDO URQUIA RODRIGUEZ, en su condición de apelante-demandada.- II) REFORMA DE OFICIO la sentencia definitiva de fecha veintinueve de enero del año dos mil veintiuno dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán que obra a folios 164 al 177 de la primera pieza de autos. III.- CONFIRMAR los numerales PRIMERO Y CUARTO de la sentencia definitiva dictada. III.- REVOCAR los numerales SEGUNDO Y TERCERO de la sentencia definitiva dictada los cuales se leerán así: FALLA: SEGUNDO: Declarar Parcialmente CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por el señor RAFAEL ANTONIO AVILA CHAVEZ contra la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) por medio de su representante legal señor JESUS ARTURO MEJIA ARITA, para el pago de complemento del preaviso adeudado de conformidad a la Cláusula 72 numeral 2 del Contrato Colectivo vigente; asimismo al pago de cantidades adeudadas por no haber gozado de un ajuste salarial y, consecuentemente al ajuste de prestaciones e indemnizaciones laborales, en base al porcentaje del índice inflacionario, de conformidad a la cláusula 51 del Contrato Colectivo vigente, de forma retroactiva dos años a la fecha de presentación del reclamo administrativo ante la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, en fundamento al artículo 39, 43, 44 de la Ley del Salario Mínimo.- TERCERO: CONDENA: a la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) por medio de su representante legal señor JESUS ARTURO MEJIA ARITA, a pagar al señor RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA el pago del preaviso adeudado; asimismo, al pago de cantidades adeudadas por no haber gozado de un ajuste salarial y, consecuentemente al ajuste de prestaciones e indemnizaciones laborales, en base al porcentaje del índice inflacionario, cancelados de forma retroactiva dos años atrás a la fecha de presentación del reclamo administrativo ante la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, desde 26 de julio 2016 hasta el 26 de julio del 2018, cantidades que serán establecidas al momento de la liquidación de la sentencia. IV) SIN COSTAS en esta instancia “ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante, expreso en el escrito de su acción que, inicio a laborar para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) el 21 de abril de 1987, devengando un salario mensual de L. 27,480.32 y un salario promedio mensual de los últimos seis meses de L.79,645.99, desempeñándose en el puesto de Operador Subestaciones III, como empleado permanente y con clave 5327. Mientras laboraba para la empresa y según la cláusula número 51 párrafo ultimo el Contrato Colectivo 2011-2013, a partir de enero de 2014 le correspondía un ajuste salarial equivalente al 5.18%, para enero del año 2015 un ajuste del 6.11%, para enero de 2016 un ajuste de 3.16%, para el año 2017 un ajuste de 2.73% y para enero de 2018 un ajuste de 3.93%, en aplicación de la cláusula antes señalada, ajustes que corresponde al porcentaje del índice inflacionario de los años previos de manera respectiva, esto de conformidad a lo establece el artículo 69 del Código de Trabajo y la cláusula 70 del Contrato Colectivo, que desarrollan la prórroga automática de los Contratos Colectivos. Por lo tanto debido a los ajustes equivalen al porcentaje del índice inflacionario de los años indicados a su salario mensual, el cual tuvo que ascender a para 2014 L. 27,659.14, para 2015: L.29,340.12, para 2016, L. 30,276.55, para 2017 L. 31,103.10 y para 2018: L. 32,325.45; dichos ajustes de los últimos seis meses tuvo que ascender a la suma de L. 97.904.57; sin embargo, la parte patronal incumplió con efectuar los ajustes salariales antes referidos y consecuentemente son adeudados. Señalo que el único aumento que recibió durante ese periodo de tiempo fue en enero de 2018, en el que su salario pasó de ser de L. 26,296.96 a L. 27,480.32, sin embargo, sigue siendo inferior al que de conformidad al derecho y la contratación colectiva le corresponde. En fecha 15 de febrero del 2018 presento su retiro voluntario, efectivo a partir del 3 de abril de 2018, en ejercicio del derecho consagrado en la Constitución de la Republica en su artículo 127 y derecho obtenido por Contratación Colectiva segunda la Cláusula 72 párrafo 2, que establece que cuando un empleado decida retirarse voluntariamente se le hará efectivo el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales en un 100%, asimismo establece que pagara 1 mes de salario por cada año de servicio en concepto de preaviso, superando así el límite de 2 meses de salario que establece el Código del Trabajo y en aplicación del principio protectorio del derecho del trabajo, corresponde que se otorgue consecuentemente y a partir de dicho momento, sus prestaciones se convirtieron en un derecho adquirido; recordando que la decisión de presentar el retiro voluntario señalado en la cláusula 72, al igual que la renuncia, constituye la decisión unilateral del trabajador de dar por concluida la relación laboral sin necesidad de que la parte patronal acepte o no la misma; puesto que si fuese necesaria la autorización de la parte patronal dejaría de ser una decisión unilateral y contravendría el artículo constitucional previamente citado así como el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que contemplan el derecho a renunciar. Debido a la situación la ENEE, le hizo efectivo el pago de L.2,173,051.93 en concepto de prestaciones e indemnizaciones laborales, efectuado el último pago el 11 de junio de 2018, cantidad a la que se le efectuaron diversas deducciones; sin embargo dicha cantidad es inferior a la que tiene derecho, ya que no se toman en consideración los ajustes salariales según la cláusula 51 del Contrato Colectivo, únicamente se le pagaron 2 meses de salario en concepto de preaviso, cuando claramente la cláusula 72 numeral 2 del Contrato Colectivo establece que se le pagara (1) mes de salario por cada año de servicio en concepto de preaviso, por lo tanto se adeuda 28 meses de salario promedio en concepto de preaviso. Señalo que para que la parte empleadora le efectuara el pago de prestaciones por haber presentado el retiro voluntario, como consecuencia son derecho adquirido e irrenunciable, le condicionaron a firmar una acta de terminación de contrato individual de trabajo por mutuo consentimiento, en la que existe una supuesta liberación de responsabilidad; sin embargo dicha acta es constituyente en renuncia, tergiversación y disminución de los derechos irrenunciables obtenidos mediante contratación colectiva, por lo tanto es nula ya que así lo establece la Constitución de la Republica y el Código del Trabajo, por tal razón al demandante se le adeudan las cantidades hoy reclamadas; anudando a todo esto que ni siquiera tiene validez legal, puesto que no ha sido suscrita en presencia de una autoridad competente de trabajo al tenor del artículo 379 del Código del Trabajo. Debido a la situación acudió ante la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, para reclamar derechos, dando por agotado dicho procedimiento administrativo, gubernativo conciliatorio. 2.- La parte demandada, la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), contestó dicha demanda señalando que, la Secretaría de Estado en el despacho de Finanzas, de conformidad a los decretos legislativos N° 360-2013 (art.117); 140-2014 (art.123); 168-2015 (art. 124) y 141-2017 (art.133) de las disposiciones de ingresos de la administración pública para los ejercicios fiscales de los años 2014, 2015, 2016 y 2018 respectivamente, no ha emitido dictamen correspondiente, mediante cual hubiere aprobado en el presupuesto de ingresos y egresos de la ENEE la disponibilidad financiera y presupuestaria para el reconocimiento del índice inflacionario, en concepto de incremento salarial correspondiente a los años antes indicados con excepción del 2017, debido a que la ENEE ha venido en un proceso de reestructuración donde las operaciones de la misma serán manejadas a través de fideicomisos, que a su vez operan por medio de alianzas públicos privadas en las áreas distribución, generación y transmisión de energía eléctrica; situación que no ha permitido contemplar los incrementos salariales. En el año 2017 la ENEE reconoció al demandante el ajuste salarial en concepto de índice inflacionario justamente porque la Secretaría de Finanzas emitió el dictamen correspondiente en apego a las disposiciones de ingresos y egresos de administración pública para el ejercicio fiscal del 2017, y por otra, que existen ejecutorias judiciales recaídas en una demanda laboral contraída al pago de un incremento salarial, donde la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección Judicial, en su parte dispositiva estableció que no procedía el referido pago, como consecuencia de no haberse realizado el estudio económico y dictamen favorable de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, así como el análisis de la capacidad financiera y presupuestaria de la ENEE, en aplicación al artículo 85 del decreto legislativo nro. 157-2009 contentivo del presupuesto de ingresos y egresos de la república para el ejercicio fiscal del 2009, tal como ha venido aconteciendo con las disposiciones generales del presupuesto de ingresos y egresos de la república para los ejercicios fiscales de los años 2014, 2015, 2016 y 2018, sentencia de tribunal de alzada que fue objeto del recurso de casación, que fue declarado no ha lugar por la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia definitiva de fecha 11 de junio de 2013. El índice inflacionario con sus correspondientes ajustes no ha sido cancelado a ninguno de los trabajadores, con excepción del 2017, esto en aplicación del Principio de la Primacía de la Realidad, por lo tanto no es procedente que el señor Rafael Chávez solicite el índice inflacionario como complemento de prestaciones laborales, al no ser cancelado al resto de trabajadores, tampoco puede ser cancelado al demandante, sería discriminatorio en relación con los demás trabajadores, que prestan sus servicios y no se les ha cancelado el índice inflacionario, en aplicación del Principio de la Primacía de la Realidad y de la situación o crisis económica que ha estado sufriendo la institución, al extremo de rescindir contratos de trabajo a gran cantidad de empleados para estabilizar financiera, administrativa y técnicamente su funcionamiento, operando con problemas con una administración que solamente reflejaban perdidas. El contrato de trabajo es denominado como contrato-realidad ya que prevalecen aspectos sustanciales que se fundamentan en la realidad institucional y no en virtud del acuerdo de voluntades, la prestación del servicio es lo que determina su existencia y no lo que se hubiese pactado con el patrono, la prestación del servicio y del índice inflacionario deben basarse en la realidad económica de la empresa porque de lo contrario la estarían condenando a una situación insostenible. Se colige que el pago de las prestaciones laborales que le fueron reconocidas al demandante fue conforme a derecho, concedido por la ENEE en su condición de patrono de conformidad a la liquidación practicada por el Departamento de Planillas, siendo elaborada con el mandato establecido en los artículos 111, 116 y 120 del Código del Trabajo y no a lo regulado en la Cláusula # 72 numeral 2) del Contrato Colectivo ENEE/STENEE. La relación laboral finalizo por mutuo acuerdo entre las partes, suscribiendo para tal efecto el 15 de febrero del 2018, un acta de terminación de contrato individual de trabajo por mutuo consentimiento, donde el demandante eximio de toda responsabilidad laboral, civil y penal pasada, presente y futura a la ENEE. El cálculo de las prestaciones laborales fue elaborado tomando en consideración promedio de los salarios ordinarios y extraordinarios que recibió durante los últimos (6) meses como trabajador de la ENEE, que ascendieron a la cantidad de L.2,173,051.93 que al aplicarle las deducciones del Fondo de Jubilación, Cooperativa de la ENEE e impuesto vecinal del 2018, resulto la cantidad de L.1,767,954.59, si dentro ese periodo de tiempo no percibió incremento salarial en concepto de índice inflacionario, tal situación conlleva que no podía ser incluido en el cálculo o liquidación de sus prestaciones labores. En relación al retiro voluntario deja establecido, que dicha petición fue aceptada por la institución, el retiro voluntario en ningún momento produjo efectos jurídicos para el reconocimiento de sus prestaciones de conformidad a lo regulado en el Contrato Colectivo ENEE/STENEE, volviendo improcedente los derechos laborales de la demanda sometida; al menos que la parte demandante acredite de manera fehaciente que la acta de terminación de la relación laboral por mutuo consentimiento fue suscrita mediando error, fuerza o dolo, en contrario, como se acentúa, goza de toda validez jurídica, de lo que se desprende, que el pago que recibió, se encuentra conforme a derecho, al haber hecho evidente su voluntad de finalizar su contrato de trabajo por mutuo consentimiento. La ENEE en ningún momento ha violentado los derechos reconocidos al demandante en la Constitución de la República, Convenios Internacionales, el Código del Trabajo y los Principios del Derecho del Trabajo. Se establece como elementos integrantes cuando se produce el retiro del trabajador los siguientes: a) Es una facultad que la ley ha atribuido al empleado público para manifestarle a la entidad su deseo de separarse del servicio y terminar la relación laboral. b) La manifestación de retiro debe ser libre, voluntaria y espontanea del funcionario. c) Produce efectos jurídicos solamente cuando ha sido aceptada por la autoridad competente y por lo tanto el empleado no puede abandonar el servicio. d) La aceptación del retiro por parte del patrono lo hace irrevocable. Este último elemento reafirma que, una vez aceptado el retiro por el patrono, el empleado queda desvinculado a partir de la fecha en que se señale, lo cual no ocurrió en el caso, quien dio por finalizado su contrato de trabajo con fundamento en el artículo 111 numeral 2) del Código del Trabajo y no con base en la cláusula # 72 numeral 2) del contrato colectivo ENEE/STENEE. La interpretación unilateral del demandante sobre el alcance de la cláusula # 72 numeral 2) del contrato colectivo ENEE/STENEE, en el sentido que la ENEE debe reconocerle dentro del complemento de sus prestaciones laborales un de salario por cada año de servicio en concepto de preaviso, probándolo con antecedentes judiciales proferidos por los tribunales del trabajo que la interpretación de la precitada cláusula contractual se refiere al pago del auxilio de cesantía y no el preaviso que así ha sido entendido por las autoridades de la organización sindical (STENEE), se desprende que esta temeraria interpretación de la parte demandante obedece a fines meramente especulativos, pretende beneficiarse de la cláusula # 72 numeral 2) cuando su retiro voluntario fue aceptado en aplicación a dicha cláusula contractual de lo que se colige que el pago de sus prestaciones laborales, debía ser efectivo como así aconteció de conformidad a los mandatos legales contenidos en los artículos 116 literal e) y 120 literal d) del Código del Trabajo al regular el pago de los conceptos laborales del preaviso y auxilio de cesantía respectivamente. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 29 de enero del 2021, dictó sentencia que en su parte conducente dice: “FALLA: Declarando. PRIMERO: SIN LUGAR las EXCEPCIONES PERENTORIAS DE COMPLEMENTO DE PAGO Y CONTRA INDICE Y INFLACIONARIO opuestas por la Representante Procesal de la parte demandada Abogado ROGER EDGARDO URQUIA RODRIGUEZ.-SEGUNDO: DECLARANDO CON LUGAR la DEMANDA PARA EL PAGO DE COMPLEMENTO DEL PREAVISO ADEUDADO DE CONFORMIDAD A LA CLAUSULA 72 NUMERAL 2 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE Y PAGO DE CANTIDADES ADEUDADAS POR NO HABER GOZADO UN AJUSTE SALARIAL PARA LOS AÑOS 2014, 2015, 2016, 2017 Y 2018 Y CONSECUENTE AJUSTE DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES, EN BASE AL PORCENTAJE DE INDICE INFLACIONARIO DE CONFORMIDAD AL PARRAFO ULTIMO DE LA CLAUSULA 51 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE, promovida ante este despacho de Justicia por el señor RAFAEL ΑΝΤΟΝΙΟ AVILA CHAVEZ. Contra EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA "ENEE" a través de su Representante Legal JESUS ARTURO MEJIA ARITA. TERCERO: CONDENA a la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA "ENEE" a través de su Representante Legal JESUS ARTURO MEJIA ARITA a pagar, la cantidad de TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL SEICIENTOS NOVENTA Y OCHO Y OCHO LEMPIRAS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS (L.3,523,698.46). Al Señor RAFAEL ANTONIO AVILA CHAVEZ, en concepto de complemento de prestaciones y de Ajuste del Índice Inflacionario de acorde a la cláusula 51 de la contratación colectiva, décimo tercer, decimocuarto mes, y vacaciones de acuerdo al contrato colectivo. Desglosada de la forma siguiente: Para el año 2014: un índice de 5.18%, salario que tuvo que devengar el cual es de 27,659.14 más el décimo tercer, decimocuarto mes, y vacaciones, salario que tuvo que devengar un total de L. 22,521.42; Para el año 2015: un índice de 6.13%, salario que tuvo que devengar el cual es de L. 29,354.42 más el décimo tercer, decimocuarto mes, y vacaciones, salario que tuvo que devengar un total de L. 50,549.96; Para el año 2016: un índice de 3.17%, salario que tuvo que devengar el cual es de, 30,284.95, más el décimo tercer, decimocuarto mes, y vacaciones, salario que tuvo que devengar un total de L. 65,934.81; Para el año 2017: un índice de 4.50%, salario que tuvo que devengar el cual es de L.31,647.78 más el décimo tercer, decimocuarto mes, y vacaciones, salario que tuvo que devengar un total de L. 69,457.59; Para el año 2018, un índice de 3.93%, salario que tuvo que devengar el cual es de L.32,892.32 más el décimo tercer, decimocuarto mes, y vacaciones, salario que tuvo que devengar un total de L. 16,236.01; Para el año 2018, un índice de 3.93%, salario que tuvo que devengar los días restantes el cual es de 1,096.41 más el décimo tercer, decimocuarto mes, y vacaciones, salario que tuvo que devengar un total de L. 541.20. sub-total: L.225,240.99, más pago de complemento de prestaciones de conformidad al Contrato Colectivo de Preaviso: L. 2,673.90.80; Auxilio de Cesantía: L.2,673.90.80; Auxilio de Cesantía proporcional : L. 84,673.84; Décimo Tercer Mes Proporcional: L.9,913.38; Décimo Cuarto mes Proporcional: L.29,100.57; TOTAL PRESTACIONES: L. 5,471.509.39; Mas ÍNDICE INFLACIONARIO: L. 225,240.99; MENOS PAGO DE PRESTACIONES: L. 2,173.051.93; PARA UN TOTAL DE: Lps. 3,523,698.46. IV.- SIN COSTAS en esta instancia”. Bajo el criterio que, la controversia en el presente caso trata en que la parte demandante reclama el complemento de pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, en relación a lo que establece la cláusula 51 del Contrato Colectivo de trabajo; la parte demanda, alega que lo reclamado por el demandante no le asiste en vista que su representada ya pago prestaciones e indemnizaciones laborales. Que en relación a lo que se refiere la excepción de pago de complemento de prestaciones y en Relación al Índice Inflacionario, es importante relacionar de acuerdo a la legislación civil que establece su artículo 1422: "Que se entenderá pagada una deuda, cuando completamente se hubiese entregado la cosa o hecho la prestación en que la obligación consistía"; esto relacionado con los argumentos planteado en que por una parte la demandada alega que ya pago el 100% de la totalidad de las prestaciones e indemnizaciones laborales al demandante y que no se le adeuda cantidad alguna, esto por haber llegado a la terminación del vínculo laboral por mutuo acuerdo de las partes; y por otro lado la parte demandante expresa que no se le cancelo de acuerdo a la Contratación Colectiva vigente en relación a los aumentos relativo al índice inflacionario del año 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018; en este sentido si bien es cierto se ha demostrado que según consta en las actas de terminación de la relación de trabajo, que se ha pagado al demandante Rafael Antonio Chávez Ávila, la cantidad de L. 1,767,954.59, en concepto de pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, se ha manifestado un acto consentido por las partes en aceptar pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, siendo oportuno manifestar además que este acto no realizo ante autoridad competente al tenor de lo que establece el artículo 379 del Código de Trabajo que reza: "Todo acto de compensación, liquidación, transacción o convenio celebrado entre y el patrono, para que tenga validez deberá hacerse ante autoridad de Trabajo Correspondiente"; entendiéndose que la autoridad en este caso la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social y habiendo sido analizados los medios de prueba presentados para la probanza de dicha excepciones, y siendo que del análisis de las pruebas arriba relacionadas, el Tribunal llego al convencimiento que el pago solicitado de complemento e índice inflacionario, por la parte demandante es procedente en virtud que la liquidación de las prestaciones laborales debió realizarse de conformidad a lo que dispone la cláusula 51 del Contrato Colectivo de condiciones de Trabajo suscrito entre ENEE Y el STENEE, en los términos que se encuentra inscrita en la Dirección General del Trabajo, por lo tanto el pago de la obligación reclamada no se encuentra acreditada, en consecuencia, procede declarar Sin Lugar la Excepciones de Pago de Complemento de Prestaciones y contra el índice inflacionario, opuestas por el apoderado de la demandada ENEE. Se probó en autos que al demandante no se le pago el 100% de sus prestaciones e indemnizaciones laborales y demás colaterales, además no gozaba de los incrementos salariales establecidos en el contrato colectivo que la ENEE concedía a sus trabajadores en cumplimiento al contrato colectivo, por lo que le corresponde el complemento del ajuste a salarios, vacaciones, decimotercer mes de salario, decimocuarto mes de salario, debiendo de ser complementado reajustando éstos conceptos conforme a aquellos incrementos salariales que ha otorgado la ENEE a los empleados desde el 1 de enero del 2014, por lo que procede declarar Con Lugar dicho reclamo. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 27 de julio del 2022, dicto sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: I) DECLARA SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado ROGER EDGARDO URQUIA RODRIGUEZ, en su condición de apelante-demandada.- II) REFORMA DE OFICIO la sentencia definitiva de fecha veintinueve de enero del año dos mil veintiuno dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán que obra a folios 164 al 177 de la primera pieza de autos. III.- CONFIRMAR los numerales PRIMERO Y CUARTO de la sentencia definitiva dictada. IV.- REVOCAR los numerales SEGUNDO Y TERCERO de la sentencia definitiva dictada los cuales se leerán así: FALLA: SEGUNDO: Declarar Parcialmente CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por el señor RAFAEL ANTONIO AVILA CHAVEZ contra la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) por medio de su representante legal señor JESUS ARTURO MEJIA ARITA, para el pago de complemento del preaviso adeudado de conformidad a la Cláusula 72 numeral 2 del Contrato Colectivo vigente; asimismo al pago de cantidades adeudadas por no haber gozado de un ajuste salarial y, consecuentemente al ajuste de prestaciones e indemnizaciones laborales, en base al porcentaje del índice inflacionario, de conformidad a la cláusula 51 del Contrato Colectivo vigente, de forma retroactiva dos años a la fecha de presentación del reclamo administrativo ante la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, en fundamento al artículo 39, 43, 44 de la Ley del Salario Mínimo.- TERCERO: CONDENA: a la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) por medio de su representante legal señor JESUS ARTURO MEJIA ARITA, a pagar al señor RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA el pago del preaviso adeudado; asimismo, al pago de cantidades adeudadas por no haber gozado de un ajuste salarial y, consecuentemente al ajuste de prestaciones e indemnizaciones laborales, en base al porcentaje del índice inflacionario, cancelados de forma retroactiva dos años atrás a la fecha de presentación del reclamo administrativo ante la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, desde 26 de julio 2016 hasta el 26 de julio del 2018, cantidades que serán establecidas al momento de la liquidación de la sentencia. IV) SIN COSTAS en esta instancia”. Bajo el criterio que, al analizar este Tribunal tanto la petición del demandante, en su demanda, como la contestación de la demanda, así como los medios de prueba ofertados para acreditar sus petitorio, estima que: En efecto el demandante señor RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA, en fecha 15 de febrero del 2018, dio por terminado el contrato individual de trabajo por mutuo consentimiento, con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), haciendo uso del derecho que le concede la ley y el contrato colectivo, para ser efectiva a partir del 3 de abril del 2018, comprometiéndose la Empresa al pago del cien por ciento (100%) de sus prestaciones laborales; reconociéndole el pago por la cantidad de DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS (L.2,173,051.93), Asimismo presentó Reclamo Administrativo ante el Departamento de Conciliación y Mediación Laboral, de la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, el día 18 de julio del 2018, para el pago del reajuste salarial adeudados de los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, por cláusula 51 del Contrato Colectivo, pago de ajuste de prestaciones e indemnizaciones laborales por clausula 51 y 72.2 del Contrato Colectivo, según acta de cierre de diligencias administrativas gubernativa conciliatoria por la no comparecencia de la parte requerida de fecha 26 de julio del 2018. Que en base el Principio de Legalidad para hacer efectivo el pago de reajuste salarial adeudado y, consecuentemente el pago al reajuste de prestaciones e indemnizaciones laborales por cláusula 51 del Contrato Colectivo, se debe tomar dos años hacia atrás a la fecha de la presentación del reclamo administrativo presentado ante el Departamento de Conciliación y Mediación Laboral, de la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, es decir desde 26 de julio de 2016 hasta el 26 de julio del 2018, en base al principio de especialidad que impera en el derecho laboral enunciado en el artículo 44 de la Ley del Salario Mínimo, en relación con los artículos 39 y 43 de ese mismo cuerpo legal. 5.- Mediante auto de fecha 23 de enero del 2023, este Tribunal de Justicia resolvió admitir los recursos de casación interpuestos por los Abogados FAUSTO NOEL MONCADA MENDEZ, en su condición de representante procesal de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) y JOSE RAMON MARTINEZ BONILLA, como representante procesal del señor RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación de los recursos, confiriéndole traslado de los autos a cada uno de los Recurrentes por el plazo de veinte (20) días, para que formulen sus demandas de casación de la siguiente forma: a) el apoderado demandante dicho termino le comenzará a contar a partir del día siguiente de la notificación de esta resolución y, b) A la representante procesal de la parte demandada, a partir del día siguiente de la notificación de la resolución en que se tenga por devuelto el traslado anterior. 6.- En fecha 31 de agosto del 2023, compareció ante este Tribunal el Abogado JOSE RAMON MARTINEZ BONILLA, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de fecha 26 de septiembre del 2023, se tuvo por formalizado en tiempo el recurso de casación, y confiérase traslado a la Abogada ALEJANDRA MARIA ESCOTO SAUCEDA, por el término de 20 días para que formulare su demanda de casación, a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución; haciéndolo en fecha 17 de noviembre del 2023, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 19 de febrero del 2024, se tuvo por formalizado en tiempo el recurso, omitiéndose el traslado, y se ordenó dar copia a la parte contraria para la contestación en forma común por el termino de diez días, el cual surtirá efecto en la Secretaría donde se mantendrán los autos a su disposición; por lo que mediante providencia de fecha 22 de abril del 2024, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte del Abogado JOSE RAMON MARTINEZ BONILLA; y no habiendo hecho uso de su derecho se declaró precluido y perdido e irrevocablemente el termino dejado de utilizar por la Abogada ALEJANDRA MARIA ESCOTO SAUCEDA, para contestar el recurso de casación, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Que acorde a lo dispuesto en los artículos 764, 765 y 769 del Código del Trabajo, la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que el Abogado JOSE RAMON MARTINEZ BONILLA, en su condición de representante procesal del señor RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA en su primer y único motivo de casación alega: “Acuso ser la sentencia violatoria de ley sustantiva de orden nacional, por APLICACIÓN INDEBIDA del ARTÍCULO 43 DE LA LEY DEL SALARIO MINIMO: relacionado artículo 862 del Código del trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el artículo 765 numeral primero, parágrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO: En términos llanos podemos identificar que el fallo proferido por la Corte de Apelaciones ha incurrido en una violación a la norma sustantiva de orden laboral en virtud de haber aplicado indebidamente en el artículo 43 de la Ley del Salario Mínimo al caso de autos; esto anterior relacionado los artículos 862 del Código del trabajo. Es preciso señalar que existe un hecho indiscutible en el presente proceso; y es efectivamente que la parte demandada en ningún momento presento debidamente la excepción perentoria de prescripción ni utilizo alegatos relacionados a la prescripción; asimismo puedo agregar que el artículo 43 de la Ley del Salario Mínimo en efecto se constituye una norma sustantiva de índole laboral, por ser esta una que regula la extinción de derechos por medio de la prescripción. En tal sentido, la corte ha violado la norma sustantiva al aplicarla indebidamente al caso de estudio, puesto que en el presente caso, la demandada ha renunciado a la prescripción tal y como el artículo 862 del Corito del Trabajo como norma relacionada lo establece; ya que este es preciso al establecer que se puede renunciar a la prescripción consumada de manera tacita por hechos indudables, siendo el hecho indudable, precisamente que en el momento procesal oportuno, es decir en la contestación de la demanda o la audiencia primera de trabajo, no se presentó la excepción perentoria de prescripción. En tal sentido y siendo que existe una renuncia tacita al derecho de prescripción por la parte demandada, es que es no procede la aplicación del artículo 43 de la Ley del Salario Mínimo, siendo es esto términos tan sencillos la grave violación que ha cometido el tribunal de segunda. III.- Que el cargo que antecede no puede prosperar, ya que el Impetrante olvida que este Tribunal ha establecido el criterio de que la infracción directa tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia de cualquier material probatorio (Ver sentencias expedientes números S.L. 118-08, 169-08, 219-08, 249-08, 354-08, 382-08 y 14-09); en el presente caso, la cuestión debatida tiene relación con la causa invocada para la terminación de la relación de trabajo que vinculó a las partes y ello fue objeto del material probatorio, por ende, no resulta viable el ataque al fallo por esa vía, además esta Sala ha sentado el criterio que el pago de complemento o reajuste de prestaciones e indemnizaciones laborales, incremento salarial tiene un término de dos (2) años para ser reclamado conforme a lo previsto en los artículos 39 y 43 de la Ley de Salario Mínimo. IV.- El impetrante alega nulidad subsidiaria la cual aduce que: “En caso de no proceda el motivo de casación, considero procede la nulidad subsidiaria del fallo por ser este uno que va violentado las normas correspondientes al debido proceso como elemento esencial del procedimiento y derecho de defensa tal y como lo establece el artículo 212.4 del Código Procesal Civil de aplicación supletoria. Podemos afirmar en este sentido que la norma procesal violentada por la Corte de Apelaciones es la que se encuentra en el artículo 208.1 del Código Procesal Civil, que señala que las sentencias deben ser congruentes en relación con las demandas y las pretensiones. En tal sentido la sentencia objeto de la presente nulidad efectivamente es una completamente incongruente, puesto que falla aplicado una prescripción que nunca fue planteada por la parte demandada ni fue objeto de debate. Puedo agregar, que dicho fallo en efecto produce indefensión a mi representado, ya que al no haber sido nunca objeto de debate si los derechos de mi representado se encuentran prescritos o no; en ningún momento del proceso esta representación puede esgrimir alegato o argumento alguno mediante el cual pueda sustentar los motivos por los cuales el derecho de mi representado no se ha perdido por el mero transcurso del tiempo. Estas circunstancias igualmente se componen en una violación al Principio Procesal de Contradicción visible en el artículo 4 del Código Procesal Civil que señala que las partes tiene derecho a ser oídas por el tribunal previo a tomar una decisión, como en el caso de autos que los Magistrados de la Corte de Apelaciones tomaron una decisión aplicar una prescripción sin haber oído previamente alegato alguno por esta representación con respeto a esta figura jurídica. Todo lo anterior ya que la corte de apelaciones ha proferido un fallo aplicando una prescripción que nunca ha sido objeto de debate, porque la parte demandada nunca la presento; a lo que puedo hacer hincapié, que derivado a esta circunstancia (no presentar la prescripción) podemos afirmar que en el presente caso, la parte demandada renuncio tácitamente a su derecho de alegar válidamente la prescripción como una herramienta para su defensa, esto en apego a lo establecido en el artículo 862 del Código del Trabajo. Es por esta razón que el fallo objeto del presente recurso es uno que se ha constituido en la causa de nulidad del artículo 212.4 del Código Procesal Civil, por ser un fallo incongruente con relación a las pretensiones; causando de mismo modo una violación al Derecho de Defensa.”V.- Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos facticos que demuestren el vicio de tal manera, que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente asunto se estima que no se ha violado el debido proceso o el derecho de defensa de las partes, resultando inestimables las nulidades alegadas de forma subsidiaria. VI.- Que la Abogada ALEJANDRA MARIA ESCOTO SAUCEDA, en su condición de representante procesal de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), en su primer y único motivo de casación alega: “ACUSO A LA SENTENCIA RECURRIDA DE SER VIOLATORIA DE LEY SUSTANTIVA DE ORDEN NACIONAL POR INFRACCION DIRECTA POR FALTA DE APLICACIÓN, del Decreto Legislativo 46-2022 "Ley Especial para garantizar el servicio de la Energía Eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social “Y 126 DEL CODIGO DEL TRABAJO. PRECEPTO AUTORIZANTE.-El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 765 numeral 1º párrafo primero del Código del Trabajo.- EXPLICACIÓN DEL MOTIVO.- Reiteradamente ha mantenido esta Honorable Corte el sólido criterio de que la infracción directa de la Ley tiene lugar cuando a un hecho debidamente comprobado se dejó de aplicar la norma que regulo el caso debatido y establecido en el proceso, haciéndole producir efectos contrarios a la norma y colocándose el sentenciador en manifiesta rebeldía contra la norma legal aplicable y cuando el texto de la norma es absolutamente claro y la sentencia contiene disposiciones en abierta pugna con la Ley.- En vista de lo anterior le causa agravios a mi representada el numeral decimo y décimo segundo de la parte resolutiva numeral 2 de la sentencia al ser perjudicial porque señala el pago de pre aviso adeudado de conformidad a la Cláusula 72 numeral 2 del Contrato Colectivo Vigente; así mismo pago de cantidades adeudadas por no haber gozado de un ajuste salarial, realizado o la conciliación de trabajo de los demandantes es injusta e ilegal; cuando desde la contestación de la demanda y mediante la prueba aportada al juicio se demostró al momento de la terminación de la relación laboral se le hizo efectivo su pago de 2,537,819.73 en concepto de prestaciones e indemnizaciones laborales conforme al cálculo elaborado por la Secretaria de Trabajo, según el artículo 1422 de la Legislación Civil se entenderá pagada una deuda, cuando completamente se hubiese entregado o hecho la prestación en que la obligación consistía, esto relacionado con los argumentos planteados donde ya se pagó el 100% de la totalidad de las prestaciones e indemnizaciones laborales al demandante y no se le adeuda cantidad alguna. Asimismo, y complementa lo estipulado en el citado artículo 29 de la Ley General de la Industria Eléctrica. Asimismo, que el mencionado fallo es perjudicial también porque a pesar de haberse alegado oportunamente que las cancelaciones de los contratos de trabajo de los demandantes están fundamentados en la Ley, aun así se condena a mi representada a pagar el pago de pre aviso adeudado; asimismo al pago de cantidades adeudadas por no haber gozado de un ajuste salarial y consecuentemente al ajuste de al ajuste de prestaciones e indemnizaciones laborales en base al porcentaje del índice inflacionario cancelado de forma retroactiva dos años atrás a la fecha de presentación del reclamo administrativo ante la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social desde 26 de julio 2016 hasta 26 de julio 2018. Consta en autos que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) dio por terminada la relación laboral que le unía con el señor RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA, en observancia, por una parte, al mandato de la cláusula 33 de la Contratación Colectiva ENEE/STENEE, y por otra parte, Decreto Legislativo 46-2022 "Ley Especial para garantizar el servicio de la Energía Eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social", publicada en el Diario Oficial La Gaceta, que el pago al señor RAFAEL ANTONIO AVILA CHAVEZ, no constituye un hecho controvertido en el presente debate laboral - Como consecuencia de lo antes expuesto la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), mediante pago de Prestaciones incluyendo Pre Aviso, notificó al demandante RAFAEL ANTONIO AVILA CHAVEZ, la terminación de su relación laboral por Mutuo Consentimiento con el reconocimiento del pago de los derechos laborales que les correspondan de conformidad con la ley, los que les fueron cancelados una vez presentadas las constancias respectivas requeridas por la Dirección de Recursos Humanos, citando como se reitera, entre sus fundamentos legales para tomar tal determinación, los artículos 18 y 21 de la Ley Constitutiva de la ENEE, 116 y 118 de la Ley General de la Administración Pública; 23 y 27 de la Ley de Procedimientos Administrativos, 29 y 31 de la Ley General de la Industria Eléctrica; en forma supletoria lo establecido en el artículo 1, 6 y 126 del Código del Trabajo; y clausulas 33 y 72 del Contrato Colectivo, normas sustantivas infringidas por el sentenciador en la forma siguiente: a) Al no aplicarlas como reguladoras del caso debatido y comprobado en el proceso, al haberse acreditado en autos que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en ningún momento le ha negado al señor RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA, el pago de sus derechos adquiridos que por ley le corresponden.- El sentenciador no solo dejo de aplicar las normas sustantivas citadas, sino que no dio ninguna razón para dejarlas de aplicar, simplemente las ignoro e incurrió por tanto en infracción directa de las mismas, al declarar con lugar la Demanda Ordinaria Laboral para que en sentencia definitiva se ordene el pago de Pre Aviso adeudado; así mismo el pago de cantidades adeudadas por no haber gozado de n ajuste salarial y consecuentemente al ajuste de prestaciones e indemnizaciones laborales, en base al porcentaje del índice inflacionario cancelados de forma retroactiva, promovida por el señor RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA. A folios 29 al 50 de la primera pieza de autos, se encuentran los medios de prueba documentales las cuales contienen acta de terminación de contrato individual del trabajo por mutuo consentimiento, así como el comprobante de la Transferencia Bancaria la cual mi representada prueba de que el señor RAFAEL ANTONIO CHAVEZ acepta y está conforme con su pago de prestaciones la cual incluye el pre aviso ya Con lo anterior queda demostrado que el Tribunal recurrido dejo de apreciar el medio de prueba Documental singularizado en este primer motivo. PRUEBA DEJADA DE APRECIAR: La prueba singularizada dejada de apreciar por el Tribunal recurrido fue la DOCUMENTAL admitida a la parte demandada, que corre agregada a folios 29 al 50 de la primera pieza de autos. NORMAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procésales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas violadas, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 765 numeral 1º párrafo segundo del Código del Trabajo, en relación a la falta de apreciación de determinada prueba.” VII.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) entre las normas que indica como violadas Decreto Legislativo 46-2022 "Ley Especial para garantizar el servicio de la Energía Eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social, no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código de Trabajo, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que se refiere a la violación directa e indirecta; c) señala que dirige su ataque por vía directa por falta de aplicación, pero incluye un acápite intitulado “NORMAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procésales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas violadas, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. ….”, lo cual es incongruente con ese tipo de infracción o violación, ya que la inclusión de normas procesales es propio de una violación indirecta, donde se aducen los errores de hecho y de derecho provenientes de la apreciación probatoria; d) olvida la Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley, y formula extensos alegatos de instancia inoportunos en este extraordinario recurso. VIII.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar a los recursos de casación interpuestos por los abogados JOSE RAMON MARTINEZ BONILLA, en su condición de representante procesal del señor RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA, y ALEJANDRA MARIA ESCOTO SAUCEDA, en su condición de representante procesal de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), ambos en sus motivos formulados respectivamente. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación formalizado por el Abogado JOSE RAMON MARTINEZ BONILLA, en su condición de representante procesal RAFAEL ANTONIO CHAVEZ AVILA, en su primer y único motivo y sin lugar la nulidad subsidiaria; 2) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación formalizado por la Abogada ALEJANDRA MARIA ESCOTO SAUCEDA, en su condición de representante procesal de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), en su primer y único motivo; 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. – NOTIFIQUESE. - FIRMAS Y SELLO. ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, COORDINADORA, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO Y FRANCISCA VILLELA ZAVALA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de noviembre del dos mil veinticinco. FIRMA Y SELLO. -

RAMCEL NICOL CARTAGENA PINTO.

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