Sentencia CL-01-24 — Registro 19945
Resumen
Primera instancia declara sin lugar la excepción perentoria de prescripción, con lugar la demanda por la vía del proceso ordinario, para que se cumpla la reinstalación a sus labores por despido directo e injustificado. condena a la reinstalación, al pago de salarios dejados de percibir, segunda instancia declara sin lugar el recurso; reforma uno de los pronunciamientos de la sentencia definitiva, esta Sala de lo Laboral declara sin lugar el recurso.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
´´...La finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código de Trabajo no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el País, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son Supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice. II. La demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible...´´
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código del Trabajo, art. 764 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
´´...La finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código de Trabajo no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el País, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son Supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice. II. La demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible...´´
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código del Trabajo, art. 764 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
´´...El motivo de casación que precede no es admisible por similares razones a las expuestas en el primer motivo de casación. El Censor señala como motivo de violación indirecta un error de hecho por falta de apreciación de determinado medio de prueba. No obstante, en la explicación de su motivo de casación, establece que la infracción consiste en una interpretación errónea del medio de prueba señalado, además de agregar un nuevo medio de prueba que, si bien señaló en el primer motivo de casación, también debió de haberlo señalado en el segundo motivo para fundamentar su pretensión. Con ello, no solo se exponen dos conceptos de infracción incompatibles entre sí, sino que se describen elementos probatorios que no fueron solicitados a examen en la expresión del motivo de casación...´´
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
´´...En efecto, la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso. Sin embargo, para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías que conlleven a un perjuicio procesal que resulte imperativa su enmienda por parte de este Tribunal. En el presente caso, donde la situación planteada ya ha sido resuelta en el momento procesal oportuno por el A quo y confirmado por el Tribunal de apelación, lo constituye en un objeto de litigio ya dirimido y agotadas sus instancias. Empero, estudiado el caso en examen, este Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria...´´
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice “TE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los dos (02) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025). VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha 28 de mayo del 2024, por el abogado NOREN GUSTAVO ARGUETA MARIN, en su condición de representante procesal de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), como recurrente; además es parte recurrida, la señora VILMA ESPERANZA GUEVARA TABORA, representada en juicio por el abogado JOSE ENRIQUE PALMA VILLEDA. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral de primera instancia para que se cumpla la reinstalación a sus labores en iguales o mejores condiciones por despido directo e injustificado, salarios dejados de percibir, costas, promovida ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, en fecha 28 de julio del 2021, por la señora VILMA ESPERANZA GUEVARA TABORA, mayor de edad, casada, abogada, hondureña y con domicilio en la ciudad de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, contra la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), a través de su representante legal el señor FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 21 de octubre del 2023, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, que falló REFORMANDO la sentencia de fecha 27 de junio del 2022, proferida por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARA SIN LUGAR, el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado NOREN GUSTAVO ARGUETA MARIN, en su condición de representante procesal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras; SEGUNDO: REFORMA LA SENTENCIA DEFINITIVA emitida por el Juzgado Letras Seccional de Copán y del Trabajo por Ministerio de la Ley, venida en apelación en uno solo de sus pronunciamiento de la parte dispositiva como ser el SEGUNDO que deberá leerse así: SEGUNDO: DECLARAR CON LUGAR LA DEMANDA DE PRIMERA INSTANCIA, POR LA VÍA DEL PROCESO ORDINARIO PARA QUE SE CUMPLA LA REINSTALACIÓN A SUS LABORES EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES POR DESPIDO INDIRECTO E INJUSTIFICADO. SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR. Promovida por la señora VILMA ESPERANZA GUEVARA TABORA contra LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS, (UNAH) representada por el señor FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO. TERCERO: Manteniéndose incólume el resto de los pronunciamientos...". ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que comenzó a laborar para la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), específicamente en el Centro Universitario Regional de Occidente (UNAH-CUROC), desde el primer período académico del año 2018, teniendo asignado el código de empleado 14249 desempeñándose como catedrática de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables del departamento de Administración de Empresas, puntualmente en la carrera de: Técnico en Administración de Empresas Cafetaleras, impartiendo últimamente las siguientes asignaturas: 1) Legislación Empresarial, Cafetera TAC-041, y, 2) Desarrollo del Capital Humano AGE-215, devengando un salario al término de cada trimestre equivalentes a las clases impartidas y al número de unidades valorativas de cada clase, con una jornada laboral según planificación académica y desde finales del primer período académico del año dos mil veinte (2020) de manera virtual, debido al estado de emergencia generado por la situación sanitaria a raíz de la enfermedad del Covid-19. Y que en fecha 21 de enero del 2021 vía correo electrónico el jefe inmediato el ingeniero Kevin Jarod Mejía Osorto, quien era en ese entonces el Coordinador del Técnico en Administración de Empresas Cafetaleras, le notificó que las asignaturas que se le asignarían para el primer periodo académico del año 2021, serían las siguientes: Legislación Empresarial Cafetalera, TAC-041 y Desarrollo del Capital Humano AGE-215, asignaturas que impartió con normalidad desde el 25 de enero del 2021 hasta el 28 de enero del 2021, a través de la plataforma virtual campusvirtual.unah.edu.hn, y por medio del apoyo de videoconferencias, según instrucciones giradas por el superior inmediato el ingeniero Mejía Osorto; pero que en fecha 31 de enero del 2021, de forma súbita y sin previa notificación alguna, ni mucho menos explicación o justificación, le fueron retiradas de la plataforma las clases que estaba impartiendo, para su sorpresa siendo asignadas dichas asignaturas a otro catedrático de la misma categoría que su persona, sin que se le diera argumentación o justificación ni mucho menos notificación alguna de las razones de dicha acción ejecutada por la institución demandada en el Centro Universitario Regional de Occidente (UNAH-CUROC), acciones constitutivas de despido directo que en consecuencia vulneraron sus derechos y garantías contenidas en convenios y tratados internacionales en materia del trabajo, así como la Constitución de la Republica y el Código del Trabajo. Arguyo además que como consecuencia de lo anterior, en fecha 26 de febrero del 2021 se presentó ante la Oficina Regional de la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Santa Rosa de Copán, específicamente ante el Jefe Regional de la Dirección General de Inspección del Trabajo a efecto de denunciar lo anterior y a la vez para que se nombrara un inspector que se presentara a las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Centro Universitario Regional de Occidente (UNAH-CUROC) y constatara las acciones constitutivas de despido directo de las cuales había sido objeto, diligencia que no puedo llevarse a cabo en virtud que debido a la emergencia nacional generada a raíz de la pandemia ocasionada por el Covid-19, no había ninguna persona del área administrativa por lo que en fecha 12 de marzo del 2021 se procedió por parte del inspector mediante cedula de citación dirigida a la Licenciada Tania Cruz Lanza en su condición de Jefe de Recursos Humanos a efecto de que se presentara en fecha 17 de marzo del 2021 a las 10:00 a.m., en las oficinas de la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social de esa ciudad de Santa Rosa de Copán, a efecto de celebrar audiencia con el objeto de constatar el despido del cual había sido objeto la demandante. Audiencia la que compareció el Abogado Dennis Alejandro Orellana Reyes en representación de la institución demandada, quien manifestó quedarse informado del reclamo planteado y que para dar una respuesta concreta recomendaba se cerrara el acta en virtud de desconocer lo solicitado por la demandante. Argumento que resultó contraproducente y no era más que la evidencia de la intención por parte de la demandada de pretender dilatar el reclamo, pues ya un representante del patrono como lo era la Licenciada Tania Cruz Lanza en su condición de Jefe de Recursos Humanos tenía pleno conocimiento de su situación. Asimismo con la intención de llegar a un acuerdo conciliatorio, compareció ante la Oficina Regional de Conciliación de Mediación, y Arbitraje Resolución Alterna de Conflictos Laborales, lo que no fue posible el mismo, con lo que se dio por agotado el procedimiento gubernativo reglamentario, quedando expedita la vía judicial para buscar la tutela de sus derechos humanos como lo son el derecho al trabajo y a la estabilidad laboral en virtud de que le fueron violentados al momento en que se ejecutó la acción de despido en su contra al quitarle sin justificación alguna las dos asignaturas que estaba impartiendo. 2.- La parte demandada, la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), contestó dicha demanda rechazando las pretensiones de la demandante, apoyando su defensa en que la institución demandada, es la máxima casa de estudios a nivel superior en la nación, cuenta con distintos centros regionales distribuidos a lo largo de la República, entre ellos, el Centro Universitario Regional de Occidente, lugar en el cual la demandante se había desempeñado como profesor por hora, dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas. Que en cuanto a lo alegado por la demandante que en fecha 31 de enero de 2021, le fueron suspendidas las clases, tomando esa supuesta acción como un despido directo por parte de su patrono; sin embargo, sabemos que el despido directo es aquel que se produce conforme a las formalidades descritas en el artículo 117 del Código del Trabajo, es decir, de forma directa y escrita dirigida al trabajador, y en su defecto ante testigo; cuando el despido se produce de forma no escrita, además es necesario que se constate el mismo ante la autoridad del inspector del trabajo, situación esa que no ocurrió, tal y como lo describe la demandante en los hechos cuarto y quinto del escrito de demanda. Manifestó que, al no poder probar la existencia de un despido directo o indirecto, así como ilegal o injusto, concluyó que la pretensión de la demandante no era procedente, ya que la misma solo era viable cuando se produjera un despido, que tal como señala el artículo 113 del Código del Trabajo, únicamente surte efectos cuando es comunicado al trabajador, y es ahí cuando este goza del derecho de emplazarlo ante los tribunales de justicia para que pruebe la justa causa del despido. En el caso que nos ocupa, al no existir un despido, la demandante no estaba legitimada para ejercer esta acción, abusando de su derecho de acción. Finalmente concluyó expresando que por lo antes mencionado y relatado consideraba que la demanda ordinaria laboral objeto de la presente contestación debía de ser declarada sin lugar por carecer de asidero legal alguno. Asimismo, en audiencia primera de trámite interpuso la excepción perentoria de prescripción. 3.- El Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, en fecha 27 de junio del 2022, dictó sentencia definitiva, que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR LA EXCEPCIÓN PERENTORIA DE PRESCRIPCION PLANTEADA POR EL REPRESENTANTE PROCESAL DE LA PARTE DEMANDADA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS UNAH, SEGUNDO: DECLARAR CON LUGAR LA DEMANDA DE PRIMERA INSTANCIA POR LA VÍA DEL PROCESO ORDINARIO, PARA QUE SE CUMPLA LA REINSTALACIÓN A SUS LABORES EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES POR DESPIDO DIRECTO E INJUSTIFICADO. SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR. promovida por la señora VILMA ESPERANZA GUEVARA TABORA, en contra de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS UNAH, representada por el señor FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO, mayor de edad, Doctor en Medicina y Cirugía, hondureño con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio de Francisco Morazán, con cedula de identidad número 0801-1953-04220, todos de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia. TERCERO: CONDENAR a La Universidad Nacional Autónoma de Honduras UNAH, a la reinstalación de la señora Vilma Esperanza Guevara Tabora, a su cargo de profesor por hora, en iguales o mejores condiciones. CUARTO: CONDENAR a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras UNAH al pago de salarios dejados de percibir desde la fecha que fue despedida, hasta la fecha que se reinstale al trabajador en su puesto de trabajo, siendo indeterminada la suma por la cual se condena a la Universidad en este concepto, por lo cual se fijan las bases de la liquidación en el sentido de que en la ejecución de sentencia deberá demostrarlo el demandante para su pago. QUINTO: Se exime de condena en costas, ya que en materia laboral prevalece el principio de gratuidad, ello no obsta para que los Tribunales puedan imponer o no la condena en costas, no bajo las reglas establecidas del Código Procesal Civil, sino cuando el juzgador estime que no existen suficientes razones para litigar, hacerlo en forma desleal, con temeridad entre otros lo que no ocurre en el presente caso…”; bajo el criterio que, la jurisdicción del trabajo esta instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del contrato de trabajo. Que establece el artículo 4 del Código del trabajo que trabajador es toda persona natural que presta sus servicios materiales, intelectuales o de ambos géneros, mediante el pago de una remuneración y en virtud de un contrato o relación de trabajo. En el caso de autos la parte demandante ha demostrado que existe una relación laboral con el demandado como ser la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), específicamente en el Centro Universitario Regional de Occidente CUROC, hecho este que fue aceptado por la parte demandada, y a la vez demostrado con el medio de prueba testifical, documental y reconocimiento judicial a las instalaciones del Centro Universitario Regional de Occidente CUROC, y en relación a lo que establece el artículo 41 del Código del Trabajo. Estipula el artículo 5 del Código de Trabajo que patrono es toda persona natural o jurídica, particular o de derecho público que utiliza los servicios de uno o más trabajadores en virtud de un contrato o relación de trabajo. En el caso de autos se ha demostrado que la señora Vilma Esperanza Guevara, prestó sus servicios como docente por hora a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras UNAH/CUROC. Que es obligación ineludible del patrono cumplir con las obligaciones emanadas del contrato de trabajo y que son impuestas por el Código del Trabajo vigente como ser salarios y derechos adquiridos, estos últimos independientemente de si hubo o no justa causa para la terminación del contrato, constando de autos que ha existido la relación laboral del demandante con el demandado, por lo que se constituye obligación de pago de prestaciones en el presente juicio. Que el artículo 41 del Código del Trabajo establece que la existencia del contrato individual de trabajo se probara con el documento respectivo y a falta de este, con la presunción o por los medios. El representante procesal de la parte demandada interpuso excepción perentoria de prescripción, por considerar que la parte demandante dejo transcurrir el plazo de dos meses que concede la ley para reclamar contra los despidos injustificados, fundamentados en el artículo 864 del Código de Trabajo que estipula que Los derechos y acciones de los trabajadores para reclamar contra los despidos injustificados que se les hagan o contra las correcciones que dio causa a la terminación de este, prescriben en el término de dos meses contados a partir de la terminación del Contrato o desde que se impusieron dichas correcciones respectivamente. El artículo 868.1 del Código de Trabajo dispone: Que el termino de prescripción se interrumpe por demanda o gestión ante la ante la autoridad competente. En el caso de autos la parte demandante tuvo conocimiento en fecha 31 de enero de 2021, que las clases que le fueron asignadas, se reasignaron a otro catedrático dando inicio así al despido directo del que fue objeto e inicio su gestión administrativa ante las oficinas de la secretaria de Trabajo de esta ciudad en fecha 26 de febrero del año 2021 ante a efecto de que se nombrara un inspector de Trabajo y constatar el despido directo del cual fue objeto, en el Centro Universitario Regional de Occidente CUROC, realizando posteriores diligencias hasta el cierre de las diligencias administrativas y en fecha 18 de julio del año 2021 interpuso la demanda de mérito ante este Órgano Jurisdiccional, interrumpiéndose así el termino de prescripción al que aduce el demandado, esto en aplicación al artículo antes citado, por lo que no es procedente dicha excepción de precepción. El Artículo 132 del estatuto del Docente Universitario dispone que la asignación de la carga académica corresponde al jefe de del departamento, asignando dicha carga en primer lugar a los profesores de planta, solo en caso de que estos no pudieren cubrir la demanda estudiantil es que emplearan a los profesores por hora. En el caso de autos la demandante fue contratada como docente por hora, sin embargo, fue contratada para la mima actividad durante un tiempo, siendo así que laboro en forma continua lo que adquiere el carácter de permanencia en el trabajo, por lo que impera el principio de continuidad plasmado en los artículos 47 y 52 del Código de trabajo, es decir se le considera un trabajador por tiempo indefinido, indistintamente de la categorización que formule el estatuto del Docente Universitario. El artículo 95.1 del Código del Trabajo establece: Además de las contenidas en otros artículos de este código, en sus reglamentos y en las leyes de previsión social, son obligaciones de los patronos: pagar la remuneración pactada en las condiciones, periodos y lugares convenidos en el contrato, o en los establecidos por las leyes y reglamentos de trabajo, o por los reglamentos internos o convenios colectivos, o en su defecto por la costumbre. En relación a la continuidad y a la relación laboral de la demandante con la institución demandada, el artículo 129 de la Constitución de la Republica y en relación con el artículo 3 del Código de Trabajo, que manda la nulidad de todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución tergiversación, de los derechos que la Constitución el presente código, sus reglamentos o demás leyes de trabajo u otro pacto cualquiera aunque se expresen en el contrato de trabajo o previsión social otorgue a los trabajadores, aunque se expresen en contratos de trabajo u otro pacto cualquiera, y siendo de que se trate por el simple hecho de un profesor por hora, no puede darse por terminada la relación de manera abrupta. El artículo 117 del Código del Trabajo establece que, al terminarse unilateralmente el contrato de trabajo, la parte que lo termine debe dar el preaviso de manera verbal ante dos testigos con expresión de la causa que lo mueve a tomar dicha determinación. Establece el artículo 691 del Código de Trabajo que las acciones contra una entidad de derecho público, una persona administrativa autónoma, o una institución o entidad de derecho social, solo podrán iniciarse solo cuando se haya agotado el procedimiento gubernativo o reglamento correspondiente. Que el juez en materia laboral puede eximir del pago de costas a la parte que fuere vencida en juicio, cuando a su criterio este último a litigado en juicio con evidente buena fe, estimándose que existieron motivos racionales para litigar por parte del representante procesal de la parte demandante, eximiendo del pago de las costas en esta instancia. 4.- La Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, en fecha 21 de octubre del 2023, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARA SIN LUGAR, el Recurso de Apelación interpuesto por el abogado NOREN GUSTAVO ARGUETA MARIN, en su condición de representante procesal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras; SEGUNDO: REFORMA LA SENTENCIA DEFINITIVA emitida por el Juzgado Letras Seccional de Copán y del Trabajo por Ministerio de la Ley, venida en apelación en uno solo de sus pronunciamiento de la parte dispositiva como ser el SEGUNDO que deberá leerse así: SEGUNDO: DECLARAR CON LUGAR LA DEMANDA DE PRIMERA INSTANCIA, POR LA VÍA DEL PROCESO ORDINARIO PARA QUE SE CUMPLA LA REINSTALACIÓN A SUS LABORES EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES POR DESPIDO INDIRECTO E INJUSTIFICADO. SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR. Promovida por la señora VILMA ESPERANZA GUEVARA TABORA contra LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS, (UNAH) representada por el señor FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO. TERCERO: Manteniéndose incólume el resto de los pronunciamientos...". Bajo el criterio que, visto el agravio expuesto y revisando lo ocurrido dentro del proceso, de acuerdo estamos con el recurrente que derivado de los hechos, es fácil darse cuenta que la ahora demandante Vilma Guevara cuando laboraba para la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, le fue notificada que le habían retirado sus clases y asignado a otro docente, circunstancia aceptada por el ahora recurrente, quien estima que a las mismas no se le tuvo que dar el sentido de aquel, refiriéndose a despido directo; notificado que fue dicha situación a la ahora demandante, no se le comunicó que se le ofreciera carga, o la que se le retiró se sustituiría por otra; encontrándose desde ese momento la demandante frente a un despido indirecto, no directo como se ha manejado, y es por ello que el impetrante manifiesta que debió acreditarse dicho despido directo con documento escrito (nota de despido) ahora bien bajo el Principio de Primacía de la Realidad, sabemos que de los hechos deriva un despido indirecto, No Directo, y bajo el Principio lura Novit Curia nos obliga como juzgadores a conocer el derecho, por ello, debemos necesariamente entender que la demandante fue objeto de un despido indirecto ya que así fue acreditado con las diligencias que se encaminaron mediante acciones administrativas a fin de acreditar tal extremo. Es un principio en materia laboral el de verdad procesal y el manual procesal laboral emitido por la Corte Suprema de Justicia en su página 12 lo define de la siguiente manera: "Principio de Verdad Procesal: Los Juzgados deben emitir sus fallos con base en las pruebas aportadas, independientemente de que pudiera darse el caso de que la parte a quien le asiste el derecho no hubiese aportado prueba." Debemos entender que el despido es ilegal en aquellos casos en que la ley lo prohíbe, o lo permite, pero sujeto al cumplimiento de una formalidad que el empleador no atiende y será injusto cuando no se sustente en alguna de las causales que la ley prevé como justas para la terminación unilateral del contrato. En el caso de autos al ser emplazado el patrono para probar la justa y legal causa del despido, desde ese momento se encontraba obligado a probarlo en juicio; pero, al responder la demanda exponiendo que el empleado no fue despedido ya que no se le entregó nota alguna y oponiéndose a la excepción perentoria de prescripción quedando obligado a probar una u otra circunstancia, pero no lo hizo. Es así que no es de recibo este agravio. El artículo 47 del Código del Trabajo sobre los Contratos por tiempo indefinido, dice: Los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se considerarán como celebrados por tiempo indefinido, aunque en ellos se exprese término de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsisten la causa que le dio origen o la materia del trabajo para la prestación de servicios o la ejecución de obras iguales o análogas. El tiempo de servicio se contará desde la fecha de inicio de la relación de trabajo, aunque no coincida con la del otorgamiento del contrato por escrito. En consecuencia, la causa por la cual se había contratado los servicios de la demandante subsiste, y, por otra parte, los contratos a plazo fijo o para obra determinada tienen carácter de excepción y sólo pueden celebrarse en los casos en que así lo exija la naturaleza accidental o temporal del servicio que se va a prestar o de la obra que se va a ejecutar, lo cual no es el caso que nos ocupa. De todos es sabido que el Principio de la Autonomía de la Voluntad rige en los contratos civiles, cuya naturaleza es eminentemente privada, rigiendo las relaciones entre los particulares; a diferencia del Código del Trabajo cuyo contenido es de orden público y no puede ser modificado por convención entre partes, de manera tal que su artículo 3 del código del Trabajo les declara Nulos Ipso Iure. El artículo 3 del Código del Trabajo sobre el Principio de irrenunciabilidad, dice: son nulos ipso jure todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución, el presente Código, sus reglamentos o las demás leyes de trabajo o previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato de trabajo u otro pacto cualquiera. Es así que, en base a lo anteriormente expuesto, se rechaza el alegato en relación. Respecto de la prescripción de la acción opuesta por el impetrante, diremos: consta en autos a folio 51 vuelto el Acta de Reconocimiento Judicial donde se constata que la demandante concurrió en fecha 26 de febrero del año 2021 a las oficinas del Ministerio del Trabajo en esta ciudad, a solicitar la intervención de la Inspectoría del Trabajo para constatar el despido que había sido objeto. Es así que tal cual lo establece la ley, la prescripción se interrumpe al activar la etapa administrativa a fin de buscar constatar el despido que había sido objeto. Es así que el plazo de prescripción se dilata a la fecha en que finaliza las diligencias administrativas previas; y. al revisar a folio 05 del expediente de mérito, específicamente en el contenido del Acta de Cierre de Diligencias Administrativas, se establece que se cerraron las mismas en fecha lunes 31 de mayo del 2021; consecuentemente, desde esa fecha a la fecha en que se interpuso la demanda, dicha acción se encuentra dentro de los parámetros establecidos en la ley conforme el artículo 864 del Código del Trabajo, al no haber transcurrido más de dos meses. Consecuentemente no es de recibo ese alegato. En base al principio de continuidad en la relación laboral habida cuenta de los años de servicio prestados, debe de conservarse la situación laboral o el status de la señora VILMA GUEVARA, como Profesora por Hora de la Clase de legislación cafetalera en el Centro Universitario Regional de Occidente, en consonancia a la estabilidad laboral que pregona el artículo 129 de la Constitución de la República y del artículo 3 del Código del Trabajo que manda la nulidad de todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, tergiversación, de los derechos que la Constitución, el presente Código, sus reglamentos o demás leyes de trabajo o previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato de trabajo u otro pacto cualquiera, por lo que el simple hecho de que se trate de una Docente por Hora, no puede darse por terminada la relación laboral de manera abrupta. El artículo 113 del Código del Trabajo párrafos segundo y tercero estipula lo siguiente: "El trabajador puede demandar a su patrono el cumplimiento del contrato para que se le reponga en su trabajo, por lo menos en igualdad de condiciones. El derecho del trabajador a exigir el cumplimiento del contrato de trabajo se regula de la siguiente manera: a) El ejercicio del derecho es alternativo con el de reclamar las indemnizaciones a que se hace referencia la primera parte de este artículo; y b) Si el Juez declara en su fallo la reinstalación solicitada por el trabajador, este no tiene derecho a las indemnizaciones correspondientes al despido injustificado, pero si a los salarios que hubiere dejado de percibir desde que ocurrió aquel, hasta que se cumpla con la reinstalación, y además en caso de negativa del patrono para cumplir con la Sentencia, tiene derecho a exigir su cumplimiento por la vía de apremio". 5.- Mediante auto de fecha 12 de marzo del 2024, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado NOREN GUSTAVO ARGUETA MARIN, en su condición de representante procesal de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 28 de mayo del 2024, compareció ante este Tribunal el abogado NOREN GUSTAVO ARGUETA MARIN, en su condición de representante procesal de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, y nulidad subsidiaria; por lo que mediante providencia de fecha 15 de agosto del 2024, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 29 de octubre del 2024, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte del Abogado JOSÉ ENRIQUE PALMA VILLEDA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente al magistrado ROY PINEDA CASTRO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I. La finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código de Trabajo no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el País, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son Supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice. II. La demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. III. El abogado NOREN GUSTAVO ARGUETA MARÍN, en su condición de representante procesal de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), en su escrito de casación expone: “EXPRESIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN: Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva nacional por infracción indirecta proveniente de falta de apreciación del medio de prueba reconocimiento judicial aportada que obra a folios 51 al 53 de la pieza de autos, por infracción del artículo: 691 del Código de Trabajo; las normas procesales o normas adjetivas a través de las cuales se infringió en forma indirecta las disposiciones sustantivas las constituyen los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo, en relación con el artículo 251 inciso g) del Código Procesal Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 numeral primero párrafo segundo del Código del Trabajo. PRUEBA QUE NO FUE APRECIADA: La prueba erróneamente apreciada es la del medio de prueba reconocimiento judicial aportada que obra a folios 51 al 53 de la pieza del expediente de primera instancia, que se refiere al reconocimiento judicial celebrado en la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, de la Ciudad de Santa rosa de Copán, específicamente en el departamento de inspectoría en la cual se tenía por objeto verificar el expediente ILN 210-226-0401-70986, y constatar el procedimiento llevado a cabo para el cierre de diligencias administrativas conciliatorias. NORMAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales por medio de las cuales se produjo la infracción están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo en relación con el artículo 251 inciso g) del código Procesal Civil. DOCTRINA: La casación es un recurso extraordinario, con fundamento constitucional expreso, que tiene esencialmente una función sistémica, por lo cual no puede confundírsela con una tercera instancia. La exigencia de que el error de hecho sea manifiesto, en principio se justifica por cuanto el tribunal de casación no es un juez de instancia ni un cuerpo para corregir todos los eventuales errores cometidos en los procesos. Bien puede la ley determinar que sólo aquellos errores fácticos que tengan la entidad suficiente para romper esa presunción de acierto del juez de instancia, y que hayan implicado una violación de la ley, son susceptibles de hacer prosperar este recurso extraordinario. La demanda de casación más que un culto a la forma, son supuestos esenciales de la racionalidad de la casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice el recurso y, en su lugar, opere una tercera instancia no prevista en la ley. En razón de lo anterior es necesario recalcar que el error de hecho en materia laboral solo puede predicarse respecto de pruebas que efectivamente obre en el proceso y que por esa razón sean susceptibles de ser apreciadas por el Juzgador. Es indispensable entonces para quien pretenda acusar con éxito una sentencia por infracción indirecta de la ley como consecuencia de errores de hecho, la indicación concreta de la deficiencia en la apreciación probatoria en que haya incurrido el juez de instancia, precisando si la prueba fue mal apreciada o dejada de apreciar. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN: El Tribunal Ad-Quem, al confirmar la sentencia de primera instancia, incurrió en infracción indirecta por error de hecho de las normas señaladas como infringidas, por cuánto deja de apreciar la prueba denominada reconocimiento judicial que obra a folios 51 al 53 del expediente de primera instancia, misma que se refiere al reconocimiento judicial celebrado en la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, de la Ciudad de Santa Rosa de Copán, específicamente en el departamento de inspectoría en la cual se tenía por objeto verificar el expediente ILN 210-226-0401-70986, y constatar el procedimiento llevado a cabo para el cierre de diligencias administrativas conciliatorias sucedido en el presente proceso. Proceso éste, que mediante dicho medio de prueba fue erróneamente apreciado por el Tribunal de segunda instancia al considerar que con el hecho de que la demandante acuda al Ministerio del Trabajo a constatar el despido que había sido objeto se interrumpe la prescripción, al activar la etapa administrativa derivada de dicha constatación, otorgando con ello una solemnidad a la constatación de un despido directo, cuando la ley no prevé dicho procedimiento, es decir, es crucial entender que la resolución que de dicha inspección pudiese existir no concluye el procedimiento administrativo del solicitante ni hablita al mismo acudir a una instancia judicial a reproducir su reclamo. Es más, este máximo órgano de justicia podrá apreciar que en ningún momento se encuentra constatado el despido alegado por la demandante, pues de la lectura del acta de reconocimiento judicial que constituye la prueba no apreciada por el órgano inferior, no se establece tal alcance, ya que en ningún momento se logró evidenciar pronunciamiento alguno por autoridad gubernativa competente para determinar o constatar el despido alegado; sin embargo, el Ad-quem, le da fuerza y valor probatorio a dicho medio probatorio, y concluye que mediante esa acción cumplió el requisito sine qua non, exigido por el artículo 691 del Código del Trabajo. Por lo dicho, las conclusiones que hace el Tribunal Ad-Quem del material probatorio relacionados, se encuentran viciadas por no cumplir con el análisis de una prueba presentada al proceso por ende no cumple con su función examinadora de las mismas y ocasiono que la sentencia viole la ley de forma indirecta a través del error de hecho por la falta de apreciación de la prueba anteriormente referida. En el caso de mérito cuando el Tribunal Ad Quem deja de hacerlo al igual que el A Quo fallan al principio de acierto que está revestido las sentencias judiciales y causan una infracción a la ley, y que a través de este recurso la Honorable Sala Laboral-Contencioso Administrativo tiene la posibilidad de enmendar casando la sentencia y declarando SIN LUGAR la demanda de mérito”. IV. El motivo de casación que antecede no es admisible debido a la falta de claridad en cuanto al motivo de casación planteado por el Recurrente. Ello, debido a que, en la expresión de sus motivos de casación, específicamente en el concepto de la infracción establece que se cometió una violación indirecta por error de hecho en la falta de apreciación de determinado medio de prueba. No obstante, cuando realiza la explicación de su motivo se centra en establecer que se trata de una interpretación errónea del medio de prueba señalado. Siendo ambos conceptos incompatibles entre sí, por lo que debieron exponerse en motivos de casación en forma separada. V. En un segundo motivo de casación, el Recurrente alega lo siguiente: “SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN: Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva nacional por infracción indirecta proveniente de falta de apreciación del medio de prueba documental pública aportada al proceso que obra a folio 5 y éste relacionado directamente con el medio de prueba reconocimiento judicial que obra de folios 51 al 53 de la pieza del expediente de primera instancia, que se refiere al reconocimiento judicial celebrado en la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, de la Ciudad de Santa rosa de Copán, específicamente en el departamento de inspectoría en la cual se tenía por objeto verificar el expediente ILN 210-226-0401-70986, y constatar el procedimiento llevado a cabo para el cierre de diligencias administrativas conciliatorias, por infracción del artículo: 867 del Código de Trabajo; las normas procesales o normas adjetivas a través de las cuales se infringió en forma indirecta las disposiciones sustantivas las constituyen los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo, en relación con el artículo 251 inciso g) del Código Procesal Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 numeral primero párrafo segundo del Código del Trabajo. PRUEBA QUE NO FUE APRECIADA: La prueba erróneamente apreciada es la del medio de prueba documental pública aportada al proceso que obra a folio 5 contentivo del acta de cierre de diligencias gubernativas, y este relacionado directamente con el medio de prueba reconocimiento judicial que obra de folios 51 al 53 de la pieza del expediente de primera instancia, que se refiere al reconocimiento judicial celebrado en la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, de la Ciudad de Santa rosa de Copán, específicamente en el departamento de inspectoría en la cual se tenía por objeto verificar el expediente ILN 210-226-0401-70986, y constatar el procedimiento llevado a cabo para el cierre de diligencias administrativas conciliatorias. NORMAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales por medio de las cuales se produjo la infracción están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo en relación con el artículo 251 incisos b y g del código Procesal Civil. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN: El Tribunal Ad-Quem, al confirmar la sentencia de primera instancia, incurrió en infracción indirecta por error de hecho de las normas señaladas como infringidas, por cuánto deja de apreciar la prueba denominada documental pública que obra a folio 5 del expediente de primera instancia, y este en relación con el medio de prueba reconocimiento judicial que obra a folios 51 al 53 de la pieza del expediente de primera instancia, que se refiere al reconocimiento judicial celebrado en la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, de la Ciudad de Santa rosa de Copán, específicamente en el departamento de inspectoría en la cual se tenía por objeto verificar el expediente ILN 210-226-0401-70986, y constatar el procedimiento llevado a cabo para el cierre de diligencias administrativas conciliatorias. De lo anterior, se señala la errónea interpretación de la prueba documental pública, en virtud que tanto la juzgadora de primera instancia como el Ad-quem, pretenden desconocer el alcance del acta de cierre de diligencias administrativas, ya que la acción realizada por la demandante se ejecutó fuera de los plazos exigidos por la ley, sin embargo, justifican dicha situación sustentados en que la demandante agotó su reclamo de constatación de despido directo ante autoridad competente y que mediante dicha acción se interrumpió la prescripción, interpretación errónea por parte de los sentenciadores, ya que se ha dejado claramente establecido por la Corte Suprema de Justicia, que la inspección no constituye una interrupción al plazo de prescripción establecido en la normativa laboral, sino la citación del trabajador al patrono a una audiencia de conciliación ante la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social. A pesar de esta claridad, el tribunal ha procedido bajo la suposición errónea de que la inspección solicitada por la demandante y constatada mediante reconocimiento judicial visible a folios 51 al 53 de la primera pieza de autos, donde se tuvieron a la vista las diligencias gubernativas administrativas ante la STSS, que dicha acción constituye un agotamiento del procedimiento administrativo, sin embargo, omiten u olvidan los lineamientos dados por la misma CSJ, cuando en el numeral 7.2.1 del Manual Procesal Laboral, se señala que el "agotamiento de la vía de la administrativa, se entiende por el procedimiento que se sigue ante la Secretaria del Trabajo y Seguridad Social, en donde se formula el reclamo y se cita a la persona que se pretende demandar a una audiencia de CONCILIACIÓN, para tratar el mismo y posteriormente se cierra y se tiene por agotado el trámite si no hubiera acuerdo". Acción que en ningún momento fue realizada por la demandante y a la vez fue erróneamente apreciada por Ad Quem, al darle valor probatorio distinto al establecido en la legislación laboral y que habilita el derecho de la demandante a acudir a la instancia judicial, en tal sentido, al haber un agotamiento de la vía administrativa en fecha 31 de mayo de 2021 (folio 5), de un reclamo instaurado en fecha 23 de abril de 2021, la acción de la demandante se encuentra prescrita, en virtud de haber transcurrido más de 2 meses desde la supuesta acción que dio origen al derecho, misma que se probó inició en fecha 31 de enero de 2021. Por lo dicho, las conclusiones que hace el Tribunal Ad-Quem del material probatorio relacionado, se encuentran viciadas por no cumplir con el análisis de una o varias pruebas presentadas al proceso por ende no cumple con su función examinadora de las mismas y ocasiono que la sentencia viole la ley de forma indirecta a través del error de hecho por la falta de apreciación de la prueba anteriormente referida. En el caso de mérito cuando el Tribunal Ad Quem deja de hacerlo al igual que el A Quo fallan al principio de acierto que este revestido las sentencias judiciales y causan una infracción a la ley, y que a través de este recurso la Honorable Sala Laboral-Contencioso Administrativo tiene la posibilidad de enmendar casando la sentencia y declarando SIN LUGAR la demanda de mérito”. VI. El motivo de casación que precede no es admisible por similares razones a las expuestas en el primer motivo de casación. El Censor señala como motivo de violación indirecta un error de hecho por falta de apreciación de determinado medio de prueba. No obstante, en la explicación de su motivo de casación, establece que la infracción consiste en una interpretación errónea del medio de prueba señalado, además de agregar un nuevo medio de prueba que, si bien señaló en el primer motivo de casación, también debió de haberlo señalado en el segundo motivo para fundamentar su pretensión. Con ello, no solo se exponen dos conceptos de infracción incompatibles entre sí, sino que se describen elementos probatorios que no fueron solicitados a examen en la expresión del motivo de casación. VII. En forma subsidiaria, el Censor establece lo siguiente: “NULIDAD SUBSIDIARIA. Se interpone nulidad subsidiaria en virtud que la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones es incongruente y contraria a derecho en virtud que se ha violentado el debido proceso y derecho de defensa de mi representada, lo anterior se ve sustentado, en cuanto a que el fallo emitido por el Ad-quem, modifica en su totalidad el objeto del proceso, es decir, vulnera el principio dispositivo que impera y se encuentra reconocido por la ley procesal vigente, ya que es importante establecer que la parte que haya ejercido su derecho de acción, determina con su pretensión el objeto del proceso, y la parte que se oponga fija con su resistencia el objeto del debate, en ese sentido, se aprecia que el objeto del debate se centró en dilucidar la justa causa del despido y que genera el debate sobre la procedencia o no de un reintegro a un puesto de trabajo derivado de un despido directo, acción esta que no debe estar sometida a una valoración por parte del Juzgador, sino a verificar que mediante la aportación de las pruebas de las partes intervinientes se pruebe una o la otra, es decir, la justa causa del despido o no, no así la modificación total de lo que fue el objeto del debate tal y como sucede en el presente caso. De lo anterior, se aprecia que ha prescindido de normas esenciales de procedimiento que generan indefensión a la UNAH. En ese sentido, tal y como se dio en su momento por esta defensa, la modificación realizada por la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán, supone una subsanación al mal planteamiento hecha por la demandante al entablar su demanda, por tanto, estando esta acción fuera de los alcances o potestades que la ley les otorga a los juzgadores, o como de si una extra o ultra petita se tratara, donde tampoco se encajaría la decisión tomada por el Ad-quem. Por lo anterior y en aplicación del artículo 208 del Código Procesal Civil el cual establece que las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito y en el caso que nos ocupa no es congruente”. VIII. En efecto, la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso. Sin embargo, para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías que conlleven a un perjuicio procesal que resulte imperativa su enmienda por parte de este Tribunal. En el presente caso, donde la situación planteada ya ha sido resuelta en el momento procesal oportuno por el A quo y confirmado por el Tribunal de apelación, lo constituye en un objeto de litigio ya dirimido y agotadas sus instancias. Empero, estudiado el caso en examen, este Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria. IX. Por lo anteriormente expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación en sus dos motivos, así como en los alegatos adicionales de nulidad subsidiaria. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal C, 764, 765, 769, 770 y 858 del Código de Trabajo; 22, 200, 211, 212, 214, 215 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación interpuesto por el abogado NOREN GUSTAVO ARGUETA MARÍN, en su condición de representante procesal de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH). 2) DECLARANDO SIN LUGAR la nulidad subsidiariamente planteada. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el magistrado ROY PINEDA CASTRO. -NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA COORDINADORA, ROY PINEDA CASTRO, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. FIRMA Y SELLO OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de enero del año dos mil veintiséis; certificación de la sentencia de fecha dos de diciembre del dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL01-24. FIRMA Y SELLO
RAMCEL NIKOL CARTAGENA PINTO
RECEPTORA ADSCRITA SALA LABORAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. -