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Sentencia CL-96-23 — Registro 18759

Resumen

En la demanda laboral de primera instancia para que el patrono sea obligado a pagar las prestaciones sociales, declara con lugar, la demanda, condena: a pagar; segunda instancia dictó sentencia confirmando el fallo y esta sala declara nulidad de dicha sentencia, considerando que no se realiza el análisis debido del asunto.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

...´´Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además, es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. IV.- Que por acceso a la Justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial...´´

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Jerarquía: Reiterativa

...´´Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además, es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. IV.- Que por acceso a la Justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial...´´

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Jerarquía: Reiterativa

...´´Que conforme con el artículo 701 numeral 3) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia laboral, dispone que el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieran denunciado por el recurrente. IX.- Que, por las razones antes expuestas, es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida, para que el Ad-quem proceda de conformidad a derecho...´´

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

...´´Que conforme con el artículo 701 numeral 3) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia laboral, dispone que el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieran denunciado por el recurrente. IX.- Que, por las razones antes expuestas, es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida, para que el Ad-quem proceda de conformidad a derecho...´´

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

.."Que revisada la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones recurrida, se aprecia que en la misma no se realiza el análisis debido del asunto sometido a su conocimiento conforme los principios generales del Derecho del Trabajo, las presunciones y cargas probatorias previstas en la legislación laboral, así como también por la conducta procesal observada por las partes; olvidando que en este asunto la parte demandada, con el convenio de Cooperación para el Acompañamiento y Fortalecimiento Social número 0606-SEDIS/DAFS-2021 aprobado mediante decreto Ejecutivo número PCM-037-2018 de fecha 18 de junio de 2018 y publicado en el diario oficial la Gaceta 06 de julio de 2018 celebro Convenio de Cooperación con Fondos Externos, para la Supervisión y el Acompañamiento y Fortalecimiento Social mediante la Conformación de unidades de acompañamiento documento anexo en el que se aprecia el nombres de la demandante, Gloria Isabel Vásquez Mejía, actividad desempeñada guía de familia con horario de 8, Am a 12 Pm, por lo que se desembolsó bajo el concepto de ingreso complementario mensual las cantidades de L. 4,000.00 sumas de dinero que se ven reflejadas mediante transferencia ACH en los estados de cuenta; de lo anterior se concluye iniciada la prestación de servicios desde octubre de 2020 fecha de la aprobación del convenio junto a los depósitos realizados a la señora a través de la Banca Privada concluyen mes de abril de 2021 total de ocho depósitos , más en autos resulta probado convenio No. 0606-SEDIS/DAFS-2021 titulado Prestación de Servicios para el Acompañamiento y Fortalecimiento Social, conforme a la definición de éste en la Ley de Ingresos complementarios en las zonas rurales y urbano marginales, Decreto Legislativo No. 107-2010, como un Contrato de Excepción; atendiendo los principios que rigen en materia del trabajo y las presunciones legales previstas en tutela de los trabajadores, se determina que la relación jurídica entre las partes estaba regida por un Contrato de Trabajo, pues según lo dispone el artículo 739 del Código de la materia, cuando la ley exige determinada solemnidad ad sustantiam actus, no se podrá admitir prueba por otro medio, como es el caso del convenio previsto en el artículo 2 del Decreto legislativo No. 107-2010 o Ley de Ingresos complementarios en las zonas rurales y urbano marginales, por tratarse de un Contrato de Excepción para una finalidad concreta y particular, cuya calidad está acreditada en juicio, no consta que el 29 de abril del 2021 se le notificara a la demandante que no seguirían realizando las funciones para las que fue contratada, a quien corresponde acreditar la existencia del despido en que fundamentan su reclamo. Por lo consiguiente no concurren los elementos del artículo 20 del código de trabajo. VII.- Que es deber ineludible de la Corte Suprema de Justicia no solo observar la técnica rigurosa y formalista del recurso de casación, sino que se garantice el debido proceso y el derecho de defensa a las partes, particularmente que las resoluciones deben ser dictadas con la suficiente explicación de los puntos en litigio y los temas debatidos, como que sean congruentes y los resuelvan debidamente. VIII.- Que conforme con el artículo 701 numeral 3) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia laboral, dispone que el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieran denunciado por el recurrente. IX.- Que, por las razones antes expuestas, es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida, para que el Ad-quem proceda de conformidad a derecho..."

Legislación citada

  • Ley de ingresos complementarios en zonas rurales y urbano marginales, art. 2 (Jerarquía Ordinaria)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los nueve días del mes de septiembre del año dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 14 de agosto del 2023, por el Abogado SOTERO MEJÍA PADILLA, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, la señora GLORIA ISABEL VASQUEZ MEJÍA, representada en juicio por el Abogado SERGIO ENRIQUE RIVERA ESCOBAR. OBJETO DEL PROCESO: Demanda laboral de primera instancia para que el patrono sea obligado a pagar las prestaciones sociales, derechos adquiridos proporcionales, décimo tercer mes adeudado, décimo cuarto mes adeudado, salarios caídos, reajuste al salario mínimo y sanción por incumplimiento al pago de salario mínimo tal y como lo establece la ley del salario mínimo, costas del juicio todo en virtud de que el patrono dio por terminado el contrato individual de trabajo en forma injusta e ilegal; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 21 de septiembre del 2021, por la señora GLORIA ISABEL VASQUEZ MEJÍA, mayor de edad, casada, Bachiller en Administración de Empresas, hondureña y con domicilio en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Procuraduría General de la República, por actuaciones del PROGRAMA VIDA MEJOR, a través la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (SEDIS). El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 24 de enero del 2023, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 01 de noviembre del 2022, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) declarando CON LUGAR, la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones sociales, derechos adquiridos proporcionales, décimo tercer mes adeudado, décimo cuarto mes adeudado, reajuste al salario mínimo y sanción por incumplimiento al pago del salario mínimo tal y como lo establece el Artículo 39 de la Ley Del Salario Mínimo; y más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha de la finalización de la relación laboral, hasta aquella en que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia definitiva condenatoria, promovida por GLORIA ISABEL VÁSQUEZ MEJÍA, de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; contra EL ESTADO DE HONDURAS, a través de la Procuradora General De La República, el abogado MANUEL ANTONIO DIAZ GALEAS, por ACTUACIONES DEL PROGRAMA VIDA MEJOR, a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL, también de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia; en consecuencia CONDENA: EL ESTADO DE HONDURAS, a través de la Procuradora General De La República, el abogado MANUEL ANTONIO DIAZ GALEAS, por ACTUACIONES DEL PROGRAMA VIDA MEJOR, a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL a pagar a la demandante GLORIA ISABEL VÁSQUEZ MEJÍA, la cantidad CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON SENTENTA CENTAVOS (L. 473,877.70) DISTRIBUIDA ASÍ: preaviso L 27,559.20, cesantía L.55118.40, cesantía proporcional L. 2,641.09, vacaciones proporcionales L. 1760.73, décimo tercer mes proporcional L.3,904.19, décimo cuarto mes proporcional L.9,809.69; décimo tercer mes L. 14,349.40, décimo cuarto mes L. 13,349.40, reajuste de salario mínimo 2 años L. 172,192.80, indemnización por no pago de salario mínimo L. 172,192,80; Mas a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia condenatoria.- 2) SIN COSTAS…”. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que ingresó a trabajar el programa Vida Mejor, el 21 de febrero del 2017, con un horario de 8:00 a.m. a 12:00 m., para trabajar en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, como Guía de Familia, con contrato por escrito de un mes y que nunca más volvió a firmar otro contrato, pero que siguió trabajando de forma indefinida, y al momento de su despido indirecto devengaba un salario mensual de tan solo L. 4,500.00, con una forma de pago mensual, fue despedida por escrito mediante un mensaje de Watsapp, por la jefa la señora Josiris Portillo, en fecha 29 de abril del 2021; manifestó que desde que inició a trabajar para la ahora demandada cumplió a cabalidad con sus obligaciones laborales, acudiendo a su trabajo de forma diaria y en el horario que se le indicaba, ya que a pesar de que su horario era de las ocho de la mañana a las doce del mediodía muchas veces fue convocada para trabajar en la jornada de la tarde de la una a las cinco de la tarde; que el día miércoles 28 de abril del 2021, la jefa la señora Josiris Portillo, los convocó para ir a trabajar a partir de las ocho de la mañana a la Colonia Rivera Hernández, y como era muy común, no solo trabajaban las 4 horas, si no también trabajaban en la jornada de la tarde sin pago de horas extras, y como aproximadamente a las 4:30 p.m., mientras estaban realizando una encuesta en una casa de la colonia Rivera Hernández, la jefa, la señora Josiris Portillo, le ordenó a la demandante y a otra compañera que se montaran al vehículo que ella conducía, y subieron al vehículo y ella las transportó a la colonia Cerrito Lindo de ese mismo sector, para que continuaran realizando el mismo trabajo, pero como para hacer los censos necesitaban los teléfonos celulares particulares, porque la patronal les habían instalado unos programas para poder realizar sus labores, porque el programa vida mejor no provee las herramientas para dicho trabajo, incluso hasta el internet debían proveérselo ellas, y debido a que habían estado todo el día realizando censos y por ende utilizando sus teléfonos, y debido a ello su teléfono se quedó sin carga y como ya estaba un poco dañado se tardaba mucho en cargar, por lo que debido a ello no pudo seguir realizando censos y decidió irse a su casa y se lo comunicó a su compañera, quien llamo a la jefa, ya que tenía descargado su teléfono y la jefa solo le dijo que yo no sabía dónde andaba metida, como infundiéndome temor; además argumentó que el día jueves 29 de abril no la citaron a trabajar durante todo el día y como a las cuatro de la tarde la señora Perla Rojas, coordinadora del sector el Ocotillo, lugar donde residía la demandante, le llamo diciéndole que su jefa la señora Josuris Portillo, decía que se movilizara a la colonia Rivera Hernández, a lo que se negó, debido a que ya pronto anochecería, puesto que eran más de las cuatro de la tarde, además no se le proporcionaba transporte, el sector es muy peligroso, y también no era su horario de trabajo, y que ante su negativa la jefa le mando un mensaje de texto vía WhatsApp, a las 6:22 p.m., en el que le informaba que quedaba fuera del programa Vida Mejor, alegando que ya tenía tres actas de informe levantadas y que la última era la de ese mismo día, porque no se presentó a trabajar y todas sus compañeras si se habían presentado a trabajar y que tenían un levantamiento de emergencia. Expresó también que debido al mensaje de texto antes descrito fue que al siguiente día el 30 de abril del 2021, se presentó ante la Secretaría del Trabajo de esa ciudad a solicitar el auxilio de la inspectoría para que constatara su despido, para lo que la patronal fue citada a una audiencia señalada para el día 29 de junio del 2021, a la cual nadie compareció por parte de la patronal, debido a ello, ese mismo día se les volvió a citar a otra audiencia y que tampoco compareció ningún representante de patronal, por lo que se me extendió una constancia de haber agotado el trámite gubernativo. 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda rechazando las pretensiones de la demandante, alegando en su defensa que en ningún momento y bajo ninguna modalidad el Estado de Honduras sostuvo una relación contractual mucho menos laboral con la demandante; por el contrario siendo la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) un ente llamado a la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas públicas en materia de desarrollo e inclusión social, de reducción de la pobreza; así como de la planificación, administración y ejecución de los programas y proyectos que se derivan de esas políticas, y los que vayan dirigidos a grupos vulnerables y los orientados a la niñez, juventud, pueblos indígenas y afro hondureños, discapacitados y personas con necesidades especiales y adultos mayores; creada mediante Decreto Legislativo 266-2013, y de acuerdo con el artículo 15 de la Ley General de la Administración Pública y el Decreto Ejecutivo PCM 001-2014 donde se crea el Gabinete Sectorial de Desarrollo e inclusión Social donde integra en su numeral 9 el Programa Vida Mejor; de donde se desprende que el tipo de acción que ejerció la demandante no está comprendida dentro de la estructura administrativa de personal permanente de la institución, pues dichas funciones estaban comprendidas en el Decreto Legislativo 107-2010 de la Ley de Ingresos Complementarios en zonas rurales y urbano marginales, dentro del Convenio de Prestación de Servicios como compromiso adquirido por un ciudadano beneficiario de la Ley, para la prestación de un servicio por tiempo determinado, a cambio de un ingreso complementario como compensación económica que reciben las personas que ejecutan o realizan las actividades de los proyectos, sin considerarse como salario como pretenden hacer ver al Juzgador de la causa la demandante con el ánimo de confundirlo en sus análisis. Arguyó que la demandante únicamente prestaba sus servicios como "Guía de familia", quien además de no marcar en el reloj biométrico, no tenía un horario de trabajo estipulado en dicho convenio, tampoco tenía un espacio físico asignado en la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social por ende no estaba sujeto a una continua subordinación, pues no prestaba su fuerza laboral como empleado de SEDIS; razón por la cual no pueden invocar que le asiste la permanencia de conformidad a la normativa laboral, pues por ninguna parte se cumplimentan los tres elementos esenciales que establece el artículo 20 del Código de Trabajo, para poder considerar que es una relación de trabajo, en vista de que lo verdaderamente acaecido fue que la demandante únicamente brindo una prestación de servicios como guía de familia bajo un convenio el cual aparte de beneficiar a los residentes de la zonas o comunidad también involucraba el beneficio para el "Guía de Familia" quienes por encargarse de recibir y entregar los beneficios que contemplaba el proyecto a las diferentes zonas, obtenían un ingreso complementario, pero en ningún momento se puede catalogar que dicho ingreso constituía como salario o remuneración; por otra parte la demandante entregaba un informe de manera periódica como producto final por el servicio prestado; por lo tanto jamás se podría considerar que lo suscitado fue una relación laboral pues dichas acciones solo demuestran que nunca fungió como empleada permanente en la Secretaria de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), por lo que esta judicatura no podría condenar al demandado al pago de prestaciones e indemnizaciones, mucho menos reconocer que la relación convencional fue una relación laboral, pues no se cumplimentan los tres elementos esenciales del artículo 20 del Código de Trabajo, ya que nunca hubo una continua subordinación, extremo que se acreditará en el momento procesal oportuno. Y que, en relación a que la demandante presento reclamo administrativo ante las Oficinas Gubernativas de la Secretaría de Estado los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, el demandado no ostentaba facultades para comparecer a ningún tipo de conciliación, menos por la particularidad de no tratarse de una relación contractual, pues lo que se originó fue la colaboración de la demandante con el Programa "Vida Mejor" mediante un convenio que no acarreaba responsabilidad laboral, no siendo por ende asunto competente a tratar ante la Secretaría de Estado los Despachos de Trabajo y Seguridad Social; en consecuencia la pretensión exigida en ese juzgado por la demandante debe de ser declarada sin lugar por no asistirle el derecho pretendido y será en el proceso del debate que se acreditara que la demandante no le asiste ninguna sustentación jurídica para poder litigar en la presente causa, en consecuencia que se le condene en costas. Igualmente alegó que al no existir una relación contractual es ilusorio que señale que fue objeto de un despido y, en ningún momento le hizo entrega de algún documento que pudiera catalogarse como un despido, por lo tanto, es completamente inoportuno que la parte actora asevere que fue objeto de un despido injusto e ilegal, pues nunca existió, y al no acreditarse ningún tipo de despido, seria improcedente la imposición al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales que erróneamente pretende la parte requirente, ya que un acto es consecuencia del otro, pues el derecho al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales y demás derechos solicitados inoportunamente por la parte actora, surte efecto en el caso en que el despido sea injustificado, que no es el caso que nos ocupa, en vista de que en el presente caso nunca existió una relación contractual, por ende, era imposible que haya existido un despido como ilógicamente lo aduce la parte requirente y al no existir despido, se debe desestimar cualquier pretensión que busque algún tipo de reconocimiento un derecho subjetivo. Que el Programa Vida Mejor, que estaba adscrito a la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), era financiado con fondos externos, beneficio que existió hasta el 27 de enero del 2022, y que producto de la nueva administración se suprimió mediante Decreto Ejecutivo número PCM-05-2022, artículo 21, incisos 13 y 15 al igual que Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS). Y finalmente con respecto a la pretensión de la parte actora al solicitar de manera infundada y ambiciosa en su demanda, que se le otorgue el pago reajuste salarial, décimo tercero, décimo cuarto mes de manera retroactiva, olvidando que dicho beneficio se otorgaba única y exclusivamente a los empleados permanentes que prestaban sus servicios para la administración pública y que se encontraban regulados por el régimen de Servicio Civil, que no es el caso que nos ocupa, además, dicha pretensión es completamente improcedente ya que tomando en consideración que la demandante fue objeto de un ingreso complementario debido a que fue un convenio legalmente establecido y aceptado de antemano por la demandante y que además estaba regido por un presupuesto especial aprobado en legal y debida forma financiado con fondos externos hasta determinado tiempo, siendo por lo tanto inaplicable tal petición. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 01 de noviembre del 2022, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones sociales, derechos adquiridos proporcionales, décimo tercer mes adeudado, décimo cuarto mes adeudado, reajuste al salario mínimo y sanción por incumplimiento al pago del salario mínimo tal y como lo establece el Artículo 39 de la Ley Del Salario Mínimo; y más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha de la finalización de la relación laboral, hasta aquella en que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia definitiva condenatoria, promovida por la señora GLORIA ISABEL VÁSQUEZ MEJÍA, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Procuraduría General de la República, por ACTUACIONES DEL PROGRAMA VIDA MEJOR, a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL; condenó a la parte demandada a pagar a la demandante la cantidad de L. 473,877.70; por los conceptos de preaviso; cesantía; cesantía proporcional; vacaciones proporcionales; decimotercer mes proporcional; decimocuarto mes proporcional; decimotercer mes; decimocuarto mes; reajuste de salario mínimo 2 años; indemnización por no pago de salario mínimo; más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia condenatoria, sin costas; bajo el criterio que, del estudio y análisis de las pruebas allegadas al proceso este tribunal es del criterio que procede DECLARAR CON LUGAR la demanda de mérito por las circunstancias siguientes: Uno: Que el artículo 47 del Código del Trabajo, establece que los contratos relativos a las labores que por su naturaleza sea permanentes o continuas en la empresa, se consideraran celebrada por tiempo indefinido, aunque en ellos se exprese termino de duración, si al vencimiento de dicho contrato subsiste la causa o motivo que le dio origen. En el caso de autos con la abundante prueba documental se encuentra acreditado que la demandante GLORIA ISABEL VASQUEZ MEJIA, desde el 21 de febrero del 2017, que la demandante alega inicio a laborar con la demandada, venían celebrando contratos de trabajo bajo la denominación convenio de cooperación para el acompañamiento y fortalecimiento social; tal como consta con los documentos que figuran a folios 62 al 70 de autos, independientemente de la denominación que se les dio eran contratos de trabajo, porque en ellos concurrían los tres elementos necesarios para considerar la existencia de este según dispone el artículo 20 del Código de Trabajo; la relación no fue interrumpida prueba de ello es que la demandada le venía realizando pagos de manera continua según se comprobó con los depósitos realizados en los dos últimos años según documento que corre a folios 76 y 77 de los autos, extendido por la institución bancaria donde le realizaban los pagos a la demandante; siempre realizo las mismas funciones las cuales son continuo en la institución demandada, es decir y subsiste la actividad que le dio origen después de finalizada la relación; Por tal razón procede declarar con lugar la demanda de mérito. Dos: El despido es un acto por el cual el patrono hace saber al trabajador ya sea directamente o por medio de sus representantes, que rescinde la relación de trabajo, y que en consecuencia debe retirarse del servicio, mismo que corresponde demostrarlo al trabajador, y su justificación al patrono; o es el aviso que el trabajador da al patrono que cancela la relación de trabajo por una causa imputable a éste y exige la indemnización correspondiente; en el caso de autos la demandante acredito que la demandada puso fin a la relación de trabajo que venían sosteniendo la cual fue comunicada a la demandante a través de mensaje de WhatsApp, en fecha 29 de abril del año 2021; en el cual no se le establece ninguna de las causales establecidas en el artículo 112 del Código de Trabajo; por lo que el despido llevado a cabo bajo esas condiciones resulta injusto e ilegal por lo que procede condenar a la demandada al resarcimiento de daños y perjuicios. En el presente juicio la demandante GLORIA ISABEL VASQUEZ MEJIA, reclama pago de reajuste de salario mínimo; con relación a tal reclamo se encuentra acreditado en autos que la demandada le pagaba a la demandante la cantidad de L. 4,500.00, en concepto de salario, salario que es inferior al salario mínimo vigente: de enero a abril del año 2021, el salario mínimo vigente era L.11,811.60, en el año 2020, el salario mínimo vigente era de L.11,356.84, en el año 2019 el salario mínimo vigente era de L. 10,638.09; de la simple operación aritmética se puede deducir que la demandante devengaba un salario inferior al salario mínimo vigente en los dos últimos años por tal razón procede condenar a la demandada al pago de reajuste de salario mínimo en la cantidad reclamada L. 172,192.80; la demandante también reclama en concepto de pago de una indemnización de daños y perjuicios una suma igual; según dispone el artículo 39 párrafo segundo de la Ley de salario mínimo establece "el trabajador podrá cobrar en concepto de daños y perjuicios, además de lo que se le adeuda una suma igual. Por tal razón procede condenar a la demandada al pago de esos conceptos. Que a la terminación del contrato de trabajo el patrono deviene obligado a pagar al trabajador los beneficios sociales entendiéndose como tales; el derecho a vacaciones, el derecho a decimotercer mes en concepto de aguinaldo y el derecho a decimocuarto mes de salarios de compensación social en la proporción en que tales derechos son debidos sino han sido causados en su totalidad con independencia de la causa de terminación del contrato de trabajo es justificado o no. En el caso de los autos la parte demandada no probo haber pagado a la demandante los derechos en forma proporcional razón por la cual procede ordenar su pago; la parte actora también pago de decimocuarto mes y decimotercer mes adeudado con relación al reclamo de esos conceptos la demandada no acredito haber pagado esos conceptos por tal razón procede condenar a la demandada al pago de esos conceptos según cálculo de prestaciones que corre a folio 16 de los autos. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, en fecha 24 de enero del 2023, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que, con respecto al argumento esgrimido por el recurrente en cuanto a que el presente caso no corresponde a la jurisdicción del trabajo, resulta aplicable el criterio externado por esta Corte en el expediente 405-19 que establece: "El representante procesal demandado y recurrente, expuso ante esta alzada que "...los demandantes presentaron su reclamo improcedente ante un Tribunal incompetente para conocer del mismo, al no corresponder a la materia laboral como los actores de la demanda lo presentan, siendo claro el Artículo 3 inciso d) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, al prescribir lo siguiente: "La Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo conocerá de: ...d) Las cuestiones que una Ley le atribuya especialmente", como sucede en el presente caso, que el beneficio se le otorgó a la protección de la Ley de Ingresos Complementarios en Zonas Rurales y Urbano Marginales y su Reglamento....las pruebas que la parte demandante presentó en el Juzgado para acreditar que la relación que existía entre SEDIS y los Demandantes era laboral, más bien terminan demostrando que únicamente se aplicó lo que la Ley de Ingresos Complementarios para impulsar a las personas en estados de pobreza y extrema pobreza salgan de ese estado o flagelo, y los Convenios presentados de mi parte acreditan que solo recibían un beneficio y nada más...."; alegato que no fue planteado en primera instancia y que este tribunal considera extemporáneo, por lo tanto la sentencia no puede confrontarse con el mismo para ser revisada mediante el recurso que nos ocupa, ya que cualquier asunto referente a la competencia en materia de trabajo, debió plantearse en la audiencia primera de trámite como un asunto de previo y especial pronunciamiento, mas no se hizo así, consecuentemente este iudex ad quem no puede pronunciarse sobre un aspecto que no fue discutido en juicio; de otra parte, tampoco se advierte la falta de competencia objetiva según lo dispone el artículo 31 del Código Procesal Civil." En razón de lo anterior y siendo que, tal como lo aduce el apelante, no se trata de una relación protegida por la Ley de Servicio Civil, no resulta atendible su argumento en cuanto a la falta de competencia de la jurisdicción laboral para conocer el presente asunto. Es importante reconocer que desde hace algún tiempo se ha venido acentuando el fenómeno de la flexibilización y precarización de la protección laboral otorgada por la Constitución, convenios internacionales y legislación laboral utilizando múltiples medios como la tercerización, la desregulación, el arrendamiento de servicios, la creación de empresas unipersonales, el predominio de la autonomía de la voluntad, entre otros; de allí que sea de particular importancia, para lograr la tutela efectiva de los derechos y garantías de los trabajadores, tener criterios claros y bases jurisprudenciales para determinar la existencia o no de una relación de trabajo, cuando ésta pretenda ser encubierta para evadir las obligaciones derivadas de la misma. Al respecto la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha establecido que "no es la simple voluntad de las partes la que determina si un contrato representa o no una relación de trabajo a término o indefinida, prevalece el principio de la realidad, siendo la regla general que los contratos laborales se entienden celebrados por tiempo indefinido y solo excepcionalmente a término, en los casos que la misma ley así lo permita (Recursos de casación 02-11. 09-11, 232-11, 468-11). En consecuencia, resulta claro que en el ámbito laboral existen limitaciones a la autonomía de la voluntad pues las normas del trabajo son de orden público y lo pactado entre las partes será válido siempre y cuando se respeten los derechos y garantías irrenunciables de los trabajadores. En consecuencia con lo anteriormente expresado, y analizando el presente caso a la luz del principio de primacía de la realidad y demás orientaciones contenidas en la Recomendación 198 de la OIT Sobre la Relación de Trabajo y su importancia para los trabajadores, esta Corte concluye que, a pesar de que la parte recurrente insiste en argumentar que el vínculo entre las partes no se encuentra dentro de los que reciben la protección de la legislación laboral vigente, por ser un convenio de servicios resulta evidente que la demandante: a) realizaba sus actividades de forma personal tal como lo establece la cláusula sexta del Convenio de Cooperación para el Acompañamiento y Fortalecimiento Social; b) recibió una remuneración periódica como retribución por sus servicios depositada en su cuenta personal de Banco Azteca; c) Formaba parte de una estructura orgánica denominada Unidad de Acompañamiento y Fortalecimiento Social, como Guía de Familia y sus actividades estaban bajo la supervisión de la SEDIS, según las cláusulas Segunda literal g) y novena del Convenio referido. En razón de las circunstancias anteriores, que se encuentran debidamente acreditadas, se reúnen los elementos establecidos por el artículo 20 del Código de Trabajo, sin que pueda alegarse, en perjuicio de los derechos de la trabajadora razones de control presupuestario del Estado, en consecuencia, el vínculo que unió a las partes es de naturaleza laboral y de carácter permanente y siendo que no existió un contrato por escrito que ampare la relación de trabajo desde su inicio, se tienen por ciertas las estipulaciones de trabajo establecidas por la actora, según el artículo 30 del Código de Trabajo. En razón de lo anterior, la terminación del contrato de trabajo sin causa justificada y sin respeto al debido proceso, se torna ilegal por lo que es procedente acceder a lo reclamado por la demandante, tal como lo ha hecho la jueza de primera instancia. En virtud de lo anteriormente expresado, esta Corte de Apelaciones es del criterio que la sentencia venida en apelación debe ser confirmada por encontrarse dictada conforme a derecho. 5.- Mediante auto de fecha 02 de mayo del 2023, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado SOTERO MEJÍA PADILLA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 14 de agosto del 2023, compareció ante este tribunal el Abogado SOTERO MEJÍA PADILLA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 26 de septiembre del 2023, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 06 de noviembre del 2023, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado SERGIO ENRIQUE RIVERA ESCOBAR, en su condición de representante procesal de la parte recurrida; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. II.- Que el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. - Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente". III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además, es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. IV.- Que por acceso a la Justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la Ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. VI.- Que revisada la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones recurrida, se aprecia que en la misma no se realiza el análisis debido del asunto sometido a su conocimiento conforme los principios generales del Derecho del Trabajo, las presunciones y cargas probatorias previstas en la legislación laboral, así como también por la conducta procesal observada por las partes; olvidando que en este asunto la parte demandada, con el convenio de Cooperación para el Acompañamiento y Fortalecimiento Social número 0606-SEDIS/DAFS-2021 aprobado mediante decreto Ejecutivo número PCM-037-2018 de fecha 18 de junio de 2018 y publicado en el diario oficial la Gaceta 06 de julio de 2018 celebro Convenio de Cooperación con Fondos Externos, para la Supervisión y el Acompañamiento y Fortalecimiento Social mediante la Conformación de unidades de acompañamiento documento anexo en el que se aprecia el nombres de la demandante, Gloria Isabel Vásquez Mejía, actividad desempeñada guía de familia con horario de 8, Am a 12 Pm, por lo que se desembolsó bajo el concepto de ingreso complementario mensual las cantidades de L. 4,000.00 sumas de dinero que se ven reflejadas mediante transferencia ACH en los estados de cuenta; de lo anterior se concluye iniciada la prestación de servicios desde octubre de 2020 fecha de la aprobación del convenio junto a los depósitos realizados a la señora a través de la Banca Privada concluyen mes de abril de 2021 total de ocho depósitos , más en autos resulta probado convenio No. 0606-SEDIS/DAFS-2021 titulado Prestación de Servicios para el Acompañamiento y Fortalecimiento Social, conforme a la definición de éste en la Ley de Ingresos complementarios en las zonas rurales y urbano marginales, Decreto Legislativo No. 107-2010, como un Contrato de Excepción; atendiendo los principios que rigen en materia del trabajo y las presunciones legales previstas en tutela de los trabajadores, se determina que la relación jurídica entre las partes estaba regida por un Contrato de Trabajo, pues según lo dispone el artículo 739 del Código de la materia, cuando la ley exige determinada solemnidad ad sustantiam actus, no se podrá admitir prueba por otro medio, como es el caso del convenio previsto en el artículo 2 del Decreto legislativo No. 107-2010 o Ley de Ingresos complementarios en las zonas rurales y urbano marginales, por tratarse de un Contrato de Excepción para una finalidad concreta y particular, cuya calidad está acreditada en juicio, no consta que el 29 de abril del 2021 se le notificara a la demandante que no seguirían realizando las funciones para las que fue contratada, a quien corresponde acreditar la existencia del despido en que fundamentan su reclamo. Por lo consiguiente no concurren los elementos del artículo 20 del código de trabajo. VII.- Que es deber ineludible de la Corte Suprema de Justicia no solo observar la técnica rigurosa y formalista del recurso de casación, sino que se garantice el debido proceso y el derecho de defensa a las partes, particularmente que las resoluciones deben ser dictadas con la suficiente explicación de los puntos en litigio y los temas debatidos, como que sean congruentes y los resuelvan debidamente. VIII.- Que conforme con el artículo 701 numeral 3) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia laboral, dispone que el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieran denunciado por el recurrente. IX.- Que, por las razones antes expuestas, es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida, para que el Ad-quem proceda de conformidad a derecho. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 59, 60, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5), 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1, 8.2. h) 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 666 letra c) 776, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200, 206, 208 del Código Procesal Civil; 9 y 11del Código Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo San pedro Sula Departamento de Cortes, de fecha 24 de enero del 2023, visible a folios 41 al 46 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. - NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, COORDINADORA. ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA, FRANCISCA VILLELA ZAVALA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de febrero del dos mil veinticinco; certificación de la sentencia de fecha nueve de septiembre del dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL96-2023. FIRMA Y SELLO.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ.

SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.