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Sentencia CL-87-23 — Registro 19005

Resumen

Primera instancia declara con lugar la demanda ordinaria laboral para que el patrono pruebe la justa causa de un despido, caso contrario sea condenado al pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales y condena al pago, segunda instancia confirma fallo y esta Sala declara no ha lugar el recurso.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

...´´Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes; a) En la formulación se indican como normas sustantivas infringidas los artículos “…200, 201 y 202 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil…” disposiciones que no corresponden al orden laboral nacional de conformidad a lo dispuesto en el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código del Trabajo; b) En la explicación se alude, entre otros, a los artículos 256 de la Constitución de la República de Honduras, 3 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, 17 y 200 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, disposiciones que no fueron relacionadas en la formulación y que dicho sea de paso no corresponden al orden nacional laboral; c) En el desarrollo se realizan alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario contrario a lo consignado en el artículo 770 del Código de Trabajo. Además, el error de hecho solo procede en casación, cuando es ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando en la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos. En este caso, al revisarse la situación jurídica planteada, se advierte que el tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia realizó el análisis y valoración de todo el material probatorio allegado al proceso, resolviendo conforme a la libre formación de su convencimiento lo que corresponde...´´

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., siete de noviembre de dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 14 de septiembre del 2023, por el Abogado OSCAR ROLANDO PALMA RODRÍGUEZ, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, el señor JORGE ANTONIO CHAVARRÍA GUEVARA, representado en juicio por la Abogada MIRNA LIZETH TURCIOS RODRÍGUEZ. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para que el patrono pruebe la justa causa de un despido, caso contrario sea condenado al pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales, por despido directo, ilegal e injusto, salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, costas; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 06 de mayo del 2015, por el señor JORGE ANTONIO CHAVARRÍA GUEVARA, mayor de edad, casado, Ingeniero Mecánico y de este domicilio, contra el FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS), ahora INSTITUTO DE DESARROLLO, AGUA Y SANEAMIENTO COMUNITARIO (IDECOAS), por medio del Director Ejecutivo MARIO RENE PINEDA VALLE; y solidariamente contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 18 de octubre del 2022, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 04 de agosto del 2021, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral de Pago de Prestaciones e Indemnizaciones Laborales promovida por JORGE ANTONIO CHAVARRÍA GUEVARA, en contra del ESTADO DE HONDURAS a través de su Representante Legal el señor Sub Procurador General de la República de aquél entonces Abogado JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. 2) CONDENA al el ESTADO DE HONDURAS a pagar al demandante JORGE ANTONIO CHAVARRÍA GUEVARA la cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ( L 391,676.44), por los conceptos siguientes: Preaviso L 52,666.68; Auxilio de Cesantía L 263,333.40, Auxilio de Cesantía Proporcional L 10,024,25; Décimo tercer mes proporcional L 3,220.07 Décimo cuarto mes proporcional L 13,220.07 Vacaciones Pendientes L 43,125.33 Reajuste de Bonificación L 6,086.69 y a título de daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir desde que se produjo el despido hasta que quede firme el presente fallo. SIN COSTAS en esta instancia…”. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que empezó a trabajar en el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), el 12 de octubre del 2004, desempeñándose en el cargo de Asistente Técnico de Transporte, devengaba un salario mensual de L. 10,000.00, mediante contratos que eran suscritos por términos de 6 meses y otros por 2 meses, sin interrupción alguna entre cada uno de ellos. Que el 20 de marzo del 2007, fue trasladado a la Dirección de Finanzas y Administración/Unidad de Servicios generales, como Jefe de Servicios Generales, devengaba un salario mensual de L. 20,000.00; pero que para su sorpresa el 27 de febrero del 2015, como a las tres de la tarde recibió una llamada telefónica de la Dirección de Recursos Humanos del FHIS donde le dijeron que le llamaban para notificarle la terminación de su Contrato de Trabajo, a partir del 28 de febrero del referido año, y que el mismo ya no iba a ser renovado, sin darle más explicaciones; por lo que, se avocó personalmente a esa jefatura de Recursos Humanos en donde le manifestaron lo mismo; asimismo argumentó que por esa razón acudió en fecha 11 de marzo del 2015 a la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social en el Departamento de Inspección General de Trabajo a solicitar los servicios de un Inspector para que se constituyera en la instalaciones del FHIS específicamente en la Dirección de Recursos Humanos a efecto de que se constatara su situación laboral, que si seguía siendo empleado o no, y en el caso de no serlo el porqué del mismo; y que una vez que se constituyó la inspectora del trabajo en la Dirección de Recursos Humanos del FHIS, le manifestaron que ya no trabajaba con el FHIS, que ya no era empleado de la Institución por finalización de su contrato y que el ultimo día que trabajó fue el 27 de febrero del 2015; ello sin tomar en cuenta todo el tiempo ininterrumpido por más de 10 años que laboró en dicha Institución. Asimismo, con el ánimo de llegar a un acuerdo conciliatorio, compareció ante la Secretaría del Trabajo; siendo imposible llegar a un acuerdo conciliatorio, dándose por agotada la vía administrativa. 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda rechazando las pretensiones del demandante, aduciendo que no existió relación de trabajo entre el demandante y el demandado, y lo que sucedió fue la suscripción de varios contratos de prestación de servicios profesionales por tiempo determinado; además los contratos eran regidos por las cláusulas plasmadas en el mismo y contenían los derechos y obligaciones a que se sujetaban ambas partes; y que en caso de controversia se sometieran a la jurisdicción del Juzgado de lo Contencioso Administrativo; alegando en su defensa que el demandado, fue creado mediante Decreto 12-90 publicado en el Diario Oficial "La Gaceta" en fecha 2 de marzo del año 1990 como un ente desconcentrado de la Presidencia de la República, dotado de patrimonio propio, personalidad jurídica, con autonomía administrativa, técnica y financiera, de acuerdo al artículo 18 de la Ley del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y 6 de su Reglamento que establece: "La relación del personal se regulará por lo estipulado en los Contratos de Servicios Profesionales o Técnicos que se celebren, los cuales serán sometidos en todo al Derecho Administrativo y la Jurisdicción competente para conocer las cuestiones que de las mismas se deriven, será la de lo contencioso Administrativo." Que el Artículo 3 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo establece: "Las cuestiones referentes al cumplimiento, interpretación, resolución, rescisión y efectos de los contratos... y todo lo relativo a los Contratos de Servicios Profesionales o Técnicos que celebren los Poderes del Estado", por consiguiente, este Tribunal no tiene jurisdicción para resolver dichas controversias. Que el Estado de Honduras, a través del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) adscrito al Instituto de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento (IDECOAS), contrato mediante la suscripción de un Contrato de Servicios Profesionales a las Señoras Suyapa Jaqueline Andino Martínez y a la Señora Marly Alejandra Alvarado Alarcón, para que se desempeñaran la primera en el cargo de Inspectora de Proyectos II y la segunda como Coordinadora de proyecto Pavimento Municipal de Inspector, estableciéndose en la Cláusula Decima del contrato que: "en caso de cualquier controversia será sometida en todo al derecho Administrativo, siendo la jurisdicción competente para conocer de la misma el Juzgado de lo Contencioso Administrativo". Asimismo, el FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS), ahora INSTITUTO DE DESARROLLO, AGUA Y SANEAMIENTO COMUNITARIO (IDECOAS), contestó dicha demanda rechazando en su totalidad las pretensiones del demandante, aduciendo el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), fue creado mediante Decreto 12-90 publicado en el Diario Oficial "La Gaceta" en fecha 2 de marzo del 1990 como un ente desconcentrado de la Presidencia de la República, dotado de Patrimonio Propio, Personalidad Jurídica, con Autonomía Administrativa, Técnica y Financiera: De acuerdo al artículo 18 de la Ley del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y articulo 6 de su Reglamento establece: “La relación del personal se regulará por lo estipulado en los Contratos de Servicios Profesiones o Técnicos que se celebren, los cuales serán sometidos en todo al Derecho Administrativo y la Jurisdicción competente para conocer las cuestiones que de las mismas se deriven, será de lo contencioso Administrativo". El Artículo 3 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo Establece: "Las cuestiones referentes al cumplimiento, interpretación, resolución, rescisión y efectos de los contratos regulados por la Ley de Contratación del Estado que hayan sido celebrados por cualquiera de los Poderes del Estado, por las Municipalidades y por las Instituciones Autónomas, todo lo relativo a los Contratos de Servicios Profesionales o Técnicos que celebren los Poderes del Estado", por consiguiente este Tribunal no tenía jurisdicción para resolver dichas controversias. Manifestó que el demandado contrató al demandante, mediante la suscripción de un Contrato de Servicios Profesionales, el cual establece en su Ley Especial igual que en la Cláusula Decima: que cualquier controversia será sometida en todo al derecho Administrativo, siendo la jurisdicción competente para conocer de la misma el Juzgado de lo Contencioso Administrativo. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 04 de agosto del 2021, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral de pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, promovida por el señor JORGE ANTONIO CHAVARRÍA GUEVARA, contra del ESTADO DE HONDURAS; condenó a la parte demandada a pagar al demandante la cantidad de L. 391,676.44, por los conceptos de preaviso; auxilio de cesantía; auxilio de cesantía proporcional; decimotercer mes proporcional; decimocuarto mes proporcional; vacaciones pendientes; reajuste de bonificación; y a título de daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir desde que se produjo el despido hasta que quede firme el presente fallo, sin costas; bajo el criterio que, en el presente caso, de la documentación aportada al proceso resulta evidente de la sucesiva contratación del demandante para ocupar un mismo puesto de trabajo, que las labores que desempeñaba eran de naturaleza permanente por lo cual el contrato celebrado se considera por tiempo indefinido aunque se haya pactado fecha de finalización en cada uno de ellos, por lo que la pretensión del pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales una vez finalizado el contrato, es procedente, debido a que la juzgadora considera que siendo que la causa que dio origen a la contratación es de naturaleza permanente por su reiterada subsistencia lo que origina la permanencia de la relación laboral lo que viene a irrumpir en un derecho laboral adquirido en el trabajador demandante como ser el derecho a la continuidad y como consecuencia de ello el derecho a la estabilidad laboral tal como lo garantiza la Constitución de la República en su artículo 129 y 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; en consecuencia la relación de trabajo del demandante, mientras duro fue por tiempo indeterminado a partir del inicio de la relación laboral el 12 de octubre del año 2004, de conformidad con los artículos 47 y 52 del Código del Trabajo que establece el principio de continuidad del derecho del trabajo y que parte de la presunción de que todo contrato de trabajo debe suscribirse por tiempo indefinido y excepcionalmente por tiempo determinado y en el caso del rompimiento de la relación el patrono debió fundamentarse en algunas de las causales contempladas en el artículo 112 del Código del Trabajo, y no de forma verbal como lo ratifico el Licenciado ALEXIS DANERY VARGAS TORRES, en su condición de Director de Recursos Humanos, que Jorge Antonio Chavarría Guevara "ya no trabajaba para el FHIS" siendo así, el despido es ilegal y además injusto. Que las bases de liquidación de la presente sentencia son la siguiente: fecha de inicio de la relación laboral 12 de octubre del año 2004, fecha de terminación 27 de febrero del año 2015, salario mensual L. 20,000.00, salario promedio mensual L. 26,333,34500.00. Que no se condena en costas porque ambas partes tuvieron motivos racionales para litigar. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 18 de octubre del 2022, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que, de los alegatos de las partes se desprende que para el apelante la modalidad de contratación por la suscripción de contratos de servicios profesionales, al tener fecha de inicio y de finalización, no trae como consecuencia la permanencia, habida cuenta que la institución demandada no es permanente, ni tiene un presupuesto especial para contratación, ya que desarrolla sus programas a través de Cooperación Financiera no reembolsable. En relación a lo expresado por el recurrente, en cuanto a que la institución demandada FHIS no es de carácter permanente; ese extremo no se encuentra acreditado en el presente proceso, así como que los fondos con los que funciona provengan todos de fondo de Cooperación Internacional, en el caso de autos, lo que se debe determinar es la modalidad de la contratación, en ese sentido, con la prueba allegada al proceso, especialmente los contratos suscritos entre las partes, fácilmente de su lectura se desprende que reúne todos los requisitos de un contrato de trabajo, ya que se le indica un horario de trabajo, la asignación de funciones por un Superior Jerárquico, con un sueldo como remuneración y su cargo es de naturaleza permanente en la institución como Asistente Técnico de Transporte, independientemente de que se les haya denominado Contratos de Servicios Profesionales y Técnicos, tanto por la continuidad en la prestación del servicio, como por las condiciones en que se prestaba, desde un inicio dicha contratación es de manera indefinida, lo cual se reafirma, cuando dichos contratos se prorrogaron en el tiempo, generándole al demandante los derechos que hoy reclama. Que al encontrar los elementos esenciales del contrato de trabajo, de los cuales se origina la relación laboral, habiéndose acreditado la naturaleza permanente del puesto en que se desempeñó el demandante, no puede considerarse el hecho de que los contratos tengan fecha de inicio y de finalización, para considerar que el patrono en este caso pueda dar por finalizado el vínculo laboral, sino es con sustento en cualquiera de las causas de terminación establecidas en el artículo 112 del Código del Trabajo, porque ya la relación laboral es permanente e indefinida, en ese sentido al no haber invocado y probado alguna de esas causales, hace que esa ruptura adquiera el carácter de un despido ilegal e injusto, es por ello que el A-quo le ha reconocido los derechos que reclama el demandante. Que el derecho del trabajo se rige y se nutre de sus Principios, en el caso de autos en aplicación del Principio de Primacía de la Realidad, debemos, observar las condiciones en que se prestó el servicio y la prolongación del tiempo, más allá de lo que se disponga en los documentos, o de las cláusulas que se le agreguen, porque eso más bien desnaturaliza el contrato que se le denomino de servicios profesionales y técnicos, ya que en la realidad no llena los requisitos de un contrato de servicios profesionales, empezando porque en este último no existe la figura de la subordinación, entre otros elementos, por lo que la doctrina considera esta forma de contratar un fraude legal, para querer soslayar el pago de los derechos que los trabajadores adquieren a través de los mismos. Que, revisadas las diligencias, las pruebas aportadas al proceso, la motivación de la sentencia y los alegatos de las partes, esta Alzada es del criterio que la sentencia que se recurre se encuentra dictada conforme a derecho, pues llena los requisitos internos y externos para su validez, habiendo dado respuesta a las pretensiones de las partes, con fundamento en las pruebas aportadas, por lo que es procedente su CONFIRMATORIA. 5.- Mediante auto de fecha 03 de mayo del 2023, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado OSCAR ROLANDO PALMA RODRÍGUEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 14 de septiembre del 2023, compareció ante este tribunal el Abogado OSCAR ROLANDO PALMA RODRÍGUEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 26 de septiembre del 2023, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 06 de noviembre del 2023, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada MIRNA LIZETH TURCIOS RODRÍGUEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que el Abogado OSCAR ROLANDO PALMA RODRÍGUEZ, en un único motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley sustantiva de orden nacional y de índole laboral, por error de hecho por apreciación errónea del medio de prueba denominado documental consistente en los Contratos de Servicios Profesionales, que hizo incurrir en la violación que aparece manifiesto en los autos, y que llevó de forma indirecta a la Corte Sentenciadora a la violación de los artículos 200, 201 y 202 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las Normas Procesales que sirvieron de medio para la violación de las Normas Sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRUEBA APRECIADA ERRÓNEAMENTE: El medio de prueba que fue apreciado erróneamente es el siguiente: a) Contrato de Servicios Profesionales, suscritos entre el demandante y el Estado de Honduras a través del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), medio de prueba que corre bajo los folios 57 al 30 de la primera pieza de autos. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL ÚNICO MOTIVO: La Corte sentenciadora, manifiestamente incurrió en error de hecho, al apreciar erróneamente los medios de prueba señalados anteriormente, los cuales fueron admitidos y evacuados en su oportunidad, en relación a los demás medios de prueba en su conjunto, ya que si bien es cierto, el Juzgador no está sujeto a la tarifa legal de las pruebas, sino que forma libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que forman la sana crítica de la prueba, tal y como está consagrado en el artículo 739 del Código de Trabajo, ésta disposición no impide de manera alguna que el Tribunal, se coloque en una posición de profundo análisis para poder llegar a la verdad de los hechos e impartir justicia aplicando la Ley, por lo que deviene obligado a efectuar la apreciación de las pruebas en su conjunto. Si no se hubiesen apreciado erróneamente por parte del Tribunal recurrido los medios de prueba señalados, se hubiera dado por establecido en forma indubitable que a las demandantes no les asiste el derecho para obtener la permanencia y demás derechos subjetivos que de manera infundada solicitan en su improcedente demanda, ya que al suscribir Contratos de Servicios Profesionales, evidentemente se trata de una relación de servicio, la cual no conlleva una continuidad en los servicios prestados por el demandante; en consecuencia, si la Corte Sentenciadora hubiese apreciado debidamente las pruebas señaladas y no como la apreciación errónea que efectuó, hubiese fallado declarando no ha lugar la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE EL PATRONO PRUEBE LA JUSTA CAUSA DE UN DESPIDO. CASO CONTRARIO SEA CONDENADO AL PAGO DE MIS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES POR DESPIDO DIRECTO, ILEGAL E INJUSTO.- SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS", pues como se ha indicado, se trata de una relación de servicio y no de una relación de trabajo, ya que la normativa de los artículos 127 y 256 de la Constitución de la República de Honduras, establece una clara diferencia entre el "derecho del trabajo" y "la relación de servicio", razón por la cual, el demandante no puede augurar que la relación de servicios que sostuvo con mi representado mediante Contratos de Servicios Profesionales, es una relación de trabajo, pues dicha norma constitucional en su artículo 256 establece que es el Régimen de Servicio Civil el que regulará las relaciones de empleo y función pública que se establecen entre el Estado y sus servidores, siendo el caso que nos ocupa, lo anterior en analogía con el artículo 257 del mismo estamento legal constitucional, donde remite a la regulación de la Ley de Servicio Civil y su reglamento y observando lo establecido en los artículos 17 y 200 del Reglamento de Servicio Civil, mi representado está facultado para ejercer legalmente la contratación del demandante, por lo que en caso de tener alguna objeción sobre lo establecido en las cláusulas del contrato suscrito con mi representado el Estado de Honduras a través del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), debió interponer la acción ante la jurisdicción de lo contencioso Administrativo, tal como lo establece el artículo 3 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, pero nunca aseverar que lo presente es una relación de trabajo permanente; en consecuencia, es improcedente la pretensión del demandante, en virtud de encontrarnos concretamente ante una relación de servicio, razón por la que la demanda interpuesta por el señor JORGE ANTONIO CHAVARRÍA GUEVARA debió ser declarada SIN LUGAR””. III.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes; a) En la formulación se indican como normas sustantivas infringidas los artículos “…200, 201 y 202 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil…” disposiciones que no corresponden al orden laboral nacional de conformidad a lo dispuesto en el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código del Trabajo; b) En la explicación se alude, entre otros, a los artículos 256 de la Constitución de la República de Honduras, 3 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, 17 y 200 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, disposiciones que no fueron relacionadas en la formulación y que dicho sea de paso no corresponden al orden nacional laboral; c) En el desarrollo se realizan alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario contrario a lo consignado en el artículo 770 del Código de Trabajo. Además, el error de hecho solo procede en casación, cuando es ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando en la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos. En este caso, al revisarse la situación jurídica planteada, se advierte que el tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia realizó el análisis y valoración de todo el material probatorio allegado al proceso, resolviendo conforme a la libre formación de su convencimiento lo que corresponde. IV.- Por lo expuesto, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 770, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación formulado en su único motivo de casación; 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrado ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, COORDINADORA. ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA, SONIA MARLINA DUBON VILLEDA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de mayo del dos mil veinticinco; certificación de la sentencia de fecha siete de noviembre del dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL87-2023. FIRMA Y SELLO.

RAFAEL HUMBERTO ESCOBAR GODOY.

RECEPTOR. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.