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Sentencia CL-82-23 — Registro 18164

Resumen

Primera instancia declara con lugar la demanda, se le reconoce la antigüedad a pagar a la demandante lo solicitado. segunda instancia declara sin lugar el recurso de apelación reformando de oficio la sentencia definitiva, revocando parcialmente se le reconoce la antigüedad y a percibir todos los derechos y beneficios y esta sala declara no a lugar el recurso.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

...´´Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes; i. se formula el concepto de infracción directa, modalidad de violación a la ley sustantiva que debe alegarse al margen del material probatorio pues, bajo este concepto lo que se discute es el derecho no los hechos y, es el caso, que en la explicación se insta a la valoración de la prueba lo cual, volviendo el cargo carente de claridad y precisión. ii. se indica como infringido el artículo “…46 literal b) del Código del Trabajo…” cuya naturaleza es conceptual, no sustantiva, por dende, inviolable para los efectos de este recurso extraordinario. Es importante recordar que norma sustantiva, es aquella que confiere derechos y obligaciones correlativos o los extinguen; iii. el precepto autorizante es impreciso, pues se omite el párrafo del artículo 765 del Código de Trabajo, en que, se sustente el concepto de la infracción lo que le resta claridad al cargo; y, iv. en el desarrollo se realizan alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario en virtud de lo establecido en el artículo 770 del Código de Trabajo...´´

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a un día del mes de febrero de dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 26 de julio del 2023, por el Abogado JOSELITO NUÑEZ OCHOA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD como recurrente; además, es parte recurrida, la señora ELSA MARINA VALLADARES ESPINOZA, representada en juicio por la Abogada ALMA YOLANDA GALLEGOS SUAREZ. OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria Laboral contraída a que en sentencia definitiva se declare la permanencia y por tiempo indefinido la relación laboral originada por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos en aplicación estricta de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo, en consecuencia se concedan o se establezcan todos los derechos inherentes en igualdad de condiciones a los que ostentan los empleados con carácter permanente, pago de salarios adeudados y derechos adquiridos pendientes de pago, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 26 de noviembre del 2015, por la señora ELSA MARINA VALLADARES ESPINOZA, mayor de edad, soltera, Ama de Casa, hondureña, de este domicilio, contra EL ESTADO DE HONDURAS, a través de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 17 de noviembre del 2022, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1.- Declarando SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado JOSELITO NUÑEZ ULLOA.- 2.- REFORMANDO DE OFICIO la sentencia definitiva venida en consulta, de fecha cuatro de Junio del año dos mil veintiuno, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en el sentido siguiente: A) REVOCANDO PARCIALMENTE EL NUMERAL SEGUNDO, el que deberá leerse de la siguiente manera: "2) SE DECLARA que la relación de trabajo que inicio la demandante ELSA MARINA VALLADARES ESPINOZA con el ESTADO DE HONDURAS, desde su inicio fue por tiempo indefinido, por lo que se le reconoce la antigüedad desde el 7 de diciembre del año 1999 hasta la fecha, reconociéndole la antigüedad señalada y a percibir todos los derechos y beneficios que han recibido sus compañeros permanentes de la Secretaria de Salud desde el inicio de la relación laboral.".- B).- CONFIRMANDO los numerales 1 y 3 de la sentencia definitiva apelada. Todo en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL CONTRAIDA A QUE EN SENTENCIA DEFINITIVA SE DECLARE LA PERMANENCIA Y POR TIEMPO INDEFINIDO LA RELACION LABORAL ORIGINADA POR LA SUSCRIPCION DE VARIOS CONTRATOS CONTINUOS E ININTERRUMPIDOS EN APLICACIÓN ESTRICTA DE LO PRECEPTUADO EN EL ARTICULO 47 DEL CODIGO DEL TRABAJO, EN CONSECUENCIA SE CONCEDAN O SE ESTABLEZCAN TODOS LOS DERECHOS INHERENTES EN IGUALDAD DE CONDICIONES A LOS QUE OSTENTAN LOS EMPLEADOS CON CARÁCTER PERMANENTE, PAGO DE SALARIOS ADEUDADOS Y DERECHOS ADQUIRIDOS PENDIENTES DE PAGO, COSTAS DEL PRESENTE JUICIO, promovido por la señora ELSA MARINA VALLADARES ESPINOZA contra el ESTADO DE HONDURAS, a través del Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en su condición de Procurador General de la República. SIN COSTAS”. ANTECEDENTES DE HECHO. 1. La parte demandante expresó que inició a laborar para El Estado de Honduras, a través de la Secretaria de Estado en los Despachos de Salud, bajo la modalidad de Contrato por Servicios Profesionales continuos o sucesivos, a partir del 7 de diciembre de 1999, desempeñándose como Conserje en el Centro de Salud el Carrizal, con un sueldo de L. 6,136.00; en virtud de la suscripción de varios contratos de forma continua y no interrumpida al tenor de lo preceptuado en los artículos 20, 47 y 52 del Código del Trabajo, razón por la que comparece ante el Juzgado a fin que mediante sentencia definitiva se ordene al demandado le reconozca la permanencia en su puesto de trabajo con todos los derechos de ley; la parte demandada a la fecha le debe vacaciones, décimo tercer mes décimo cuarto mes de salario y reajuste de salario mínimo, cuando lo solicita le dicen de debe esperar porque no hay dinero. Compareció ante la secretaria de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social a presentar reclamo administrativo, dándose por agotado el mismo por no haber efectuado ningún arreglo con la parte patronal. 2. La parte demandada, EL ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda aceptando que la demandante sostiene una relación contractual con El Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, mediante la modalidad de Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y Técnicos, por tiempo determinado, con fecha de inicio y terminación, cuya vigencia se encuentra enmarcada en la Cláusula Tercera del Contrato de Servicios Profesionales y Técnicos, suscrito entre las partes en el cual se pactó como fecha de vigencia del 4 de enero del 2016 al 30 de junio del 2016, quien se desempeña en el cargo de Conserje; razón por la cual se rechaza la fecha que puntualiza haber comenzado a prestar sus servicios profesionales, así como el salario mensual que manifiesta devengar, será la demandante quien deberá probarlo en el momento procesal oportuno; respecto a la forma en que la parte actora pretende aplicar los artículos 47, 52, y 20 del Código del Trabajo, normativa que no se objeta, ya que son de orden público y su aplicación es generalizada, pero no puede aplicarse de forma antojadiza su texto legal, ya que la actividad temporal es porque no existe la plaza para un nombramiento permanente, razón por la cual se rechaza la utilización texto de dichos artículos, no obstante las circunstancias antes mencionadas no son determinativas para acomodar sus pretensiones puesto que la parte actora suscribió Contratos de Servicios Profesionales y Técnicos, regidos por las cláusulas establecidas en los mismos, con derechos y obligaciones reciprocas y sujetas para ambas partes; en consecuencia se deduce que la demandante solo pretende aplicar una norma jurídica laboral con el único objeto de utilizarlo para el reconocimiento de un derecho que no existe ni tiene ningún sustento jurídico, por ser este meramente ilusorio e imaginario, por otra parte la normativa de dichos artículos del Código de Trabajo al que hace referencia la demandante, no son aplicables a los Contratos de Servicios Profesionales y Técnicos celebrados con la Administración Pública, pues son contratos meramente Administrativos de carácter temporal, con una vigencia determinada, por consiguiente el reclamo formulado por la demandante es improcedente, pues al llegar la obligación contractual a su final, no existe obligación posterior alguna, ni mucho menos de sostener un contrato más de prestación de servicios, ya que como se ha manifestado, la relación que existe es bajo las disposiciones de un Contrato a término sin obligación alguna para las partes conforme a lo que establece el artículo 124-C, párrafo segundo de la Ley Para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, vigente desde el 23 de enero del 2014 que establece “en caso de los empleados por contrato, los mismos deberán sujetarse al plazo y a las condiciones contractuales convenidas entre las partes”, no obstante la demandante por pretender un derecho subjetivo que no le corresponde y carecer de un soporte jurídico que sustente sus argumentos para exigir el pago de salarios adeudados, derechos adquiridos pendientes de pago y otros supuestos derechos, hace uso del texto legal de los artículos del Código del Trabajo, que en ningún momento dan validez jurídica a sus pretensiones. Finaliza señalando que la demandante desde el inicio de su contratación tenía conocimiento de la modalidad bajo la cual estaba siendo contratada, la fecha en que finalizaba su relación contractual y la instancia ante la cual debería interponer su reclamo, sin embargo no utilizó la vía acordada contractualmente para resolver sus diferencias, por el contrario pretende sorprender al Tribunal en su proceder y evade las cláusulas contractuales que consintió y acordó en el contrato, el cual tiene una fecha de inicio y terminación, tratando de aplicar erróneamente preceptos legales a efecto de justificar un derecho subjetivo e inexistente, en cuanto a su permanencia y otros derechos que pide y que son ilusorios e imaginarios, por no pertenecerle por el simple hecho que los contratos cumplen la prestación de servicios para lo cual fue contratada de forma temporal por periodo determinado, establecido en los contratos en alusión, lo que se probará en el momento procesal oportuno; en virtud que ha cumplido con cada una de las cláusulas del Contrato de Servicios Profesionales y Técnicos suscrito, en el cual en la Cláusula Cuarta se pactó el monto del mismo, por consiguiente no le adeuda pago alguno a la demandante bajo ningún concepto, y no puede reclamar pagos que no le corresponden, pues como reitera la demandante consintió, aceptó y fue de su conocimiento desde su inicio tanto la modalidad bajo la cual estaba regida su relación contractual, así como el monto del mismo; no obstante que estos contratos se encuentran enmarcados dentro de los Contratos Administrativos de Servicios Profesionales y Técnicos, los cuales claramente establecen las cláusulas que los regirán y que en el momento de la firma del mismo no hubo objeción alguna de su parte, reflejando la demandante un desconocimiento total de las cláusulas regidas en dichos contratos, en los cuales ambas partes se obligaron y aceptaron sus respectivas vigencias tanto la fecha de inició como de finalización, por lo tanto el reclamo presentado por la demandante carece de sustento jurídico para exigir los supuestos derechos y pagos que reclama, será en el momento procesal que se probará lo anterior; en relación de haber presentado reclamo administrativo ante las Oficinas de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, por no ostentar facultades para comparecer a ningún tipo de conciliación, así como por la naturaleza del Contrato a Término referente al caso, por lo que no es competente la Secretaría de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social para conocer dicha materia; en consecuencia la pretensión exigida en este Juzgado por la demandante, quien confundió la vía para ejercer su reclamo, debe ser declarada sin lugar por no asistirle el derecho subjetivo e ilusorio que pretende y será en el proceso del debate que se acreditara que no tuvo sustentación jurídica para poder litigar, en consecuencia se le condene especialmente en costas. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 4 de junio del 2021, dictó sentencia que en su parte resolutiva dice: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral promovida por ELSA MARINA VALLADARES ESPINOZA en contra del ESTADO DE HONDURAS a través de la representante legal el Procurador General de la República de aquel entonces Abogado ABRAHAN ALVARENGA URBINA. 2) SE DECLARA que la relación de trabajo que inicio la demandante ELSA MARINA VALLADARES ESPINOZA con el ESTADO DE HONDURAS, desde su inicio fue por tiempo indefinido, por lo que se le reconoce la antigüedad desde el 7 de diciembre del año 1999 hasta la fecha, para lo cual se ordena a la Secretaria de Estado en los Despachos de Salud que proceda de inmediato a realizar los trámites respectivos para que le otorgue a la demandante el Acuerdo Ministerial respectiva en el cual la nombre de Conserje, reconociéndole la antigüedad señalada y a perciba todos los derechos y beneficios que han recibido sus compañeros permanentes de la Secretaria de Salud desde el inicio de la relación laboral. 3) a pagar a la demandante lo solicitado en el acápite CUANTIA DE LA DEMANDA, por la cantidad de CIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON TREINTA Y CINCO LEMPIRAS (L 110,509.35) en concepto de: VACACIONES L13,205.00, AGUINALDOS L 16,979.00, DECIMO CUARTO MES L 16,979.00, REAJUSTE DE SALALARIO MÍNIMO L 41,869.80, SALARIOS ADEUDADOS L 63,345.75. SIN COSTAS”. Bajo el criterio que de la documentación aportada al proceso resulta evidente la sucesiva contratación de la demandante por más de 200 días para ocupar un mismo puesto de trabajo, las labores que desempeña son de naturaleza permanente, por lo cual el Contrato celebrado se considera por tiempo indefinido desde la fecha en que ingresó de conformidad con los artículos 47 y 52 del Código del Trabajo que establece el Principio de Continuidad del derecho del trabajo, y que parte de la presunción de que todo Contrato de Trabajo debe suscribirse por tiempo indefinido y excepcionalmente por tiempo determinado, porque la forma de contratación a través de la cual fue contratada encierra en su contenido un verdadero Contrato de Trabajo, ya que para la juzgadora es imposible creer que las labores de Conserje que realizaba deban poseer altos conocimientos universitarios, para los cuales sea necesario contratar a una persona bajo la modalidad de Contrato de Servicios Profesionales, por lo cual concluye que la contratación a la cual fue sometida fue un fraude, ya que intrínsecamente constituye un Contrato de Trabajo desarrollando labores de manera continua en el mismo puesto de trabajo, en consecuencia el demandado se encuentra obligado a formalizar la contratación a través de un Acuerdo de Nombramiento, en el cual se contemple el salario mínimo otorgado a la fecha de la sentencia, y seguirá devengándolo hasta que finalice su relación laboral, por lo tanto la demanda es procedente. En el acápite de la cuantía de la demanda, la demandante reclama el pago de la cantidad de L. 110,509.35, en concepto de vacaciones L. 13,205.00, aguinaldos L. 16,979.00, décimo cuarto mes L. 16,979.00, reajuste de salario mínimo L. 41,869.80, salarios adeudados L. 63,345.75, los cuales la demandada no acredito haber pagado, en consecuencia por la presunción establecida en el artículo 30 del Código del Trabajo, que establece que salvo prueba en contrario el patrón esta eximido de pagar al trabajador cuando acredite haber pagado los conceptos reclamados, lo cual no sucedió en el presente caso, por lo tanto es procedente su condena; además debe reconocérsele el pago de la vacaciones no disfrutadas contados a partir de la presentación de la demanda, ya que el empleado debe disfrutar cada año de un período de vacaciones de conformidad al artículo 128 numeral 8) de la Constitución de la República; en cuanto al salario, consta de cada uno de los contratos, que la trabajadora siempre devengó menos del salario mínimo durante ha laborado para la Secretaría de Salud, lo cual es una injusticia, ya que el artículo 128 numeral 5) de la Carta Magna establece que todo trabajador tiene derecho a devengar el salario mínimo fijado periódicamente por El Estado, la parta actora siempre devengó menos del salario mínimo, por lo tanto, debe ajustarse el salario que devengaba al mínimo autorizado por El Estado de Honduras, lo mismo que ajustar los derechos colaterales a los que tienen derecho los trabajadores del Gobierno Central, desde el inicio de la relación laboral; se exime del pago de costas en virtud que las partes tuvieron motivos racionales para litigar. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 17 de noviembre del 2022, dictó sentencia REFORMANDO DE OFICIO la proferida por el a quo, de la siguiente manera: “FALLA: 1.- Declarando SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado JOSELITO NUÑEZ ULLOA.- 2.- REFORMANDO DE OFICIO la sentencia definitiva venida en consulta, de fecha cuatro de Junio del año dos mil veintiuno, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en el sentido siguiente: A) REVOCANDO PARCIALMENTE EL NUMERAL SEGUNDO, el que deberá leerse de la siguiente manera: "2) SE DECLARA que la relación de trabajo que inicio la demandante ELSA MARINA VALLADARES ESPINOZA con el ESTADO DE HONDURAS, desde su inicio fue por tiempo indefinido, por lo que se le reconoce la antigüedad desde el 7 de diciembre del año 1999 hasta la fecha, reconociéndole la antigüedad señalada y a percibir todos los derechos y beneficios que han recibido sus compañeros permanentes de la Secretaria de Salud desde el inicio de la relación laboral.".- B).- CONFIRMANDO los numerales 1 y 3 de la sentencia definitiva apelada. Todo en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL CONTRAIDA A QUE EN SENTENCIA DEFINITIVA SE DECLARE LA PERMANENCIA Y POR TIEMPO INDEFINIDO LA RELACION LABORAL ORIGINADA POR LA SUSCRIPCION DE VARIOS CONTRATOS CONTINUOS E ININTERRUMPIDOS EN APLICACIÓN ESTRICTA DE LO PRECEPTUADO EN EL ARTICULO 47 DEL CODIGO DEL TRABAJO, EN CONSECUENCIA SE CONCEDAN O SE ESTABLEZCAN TODOS LOS DERECHOS INHERENTES EN IGUALDAD DE CONDICIONES A LOS QUE OSTENTAN LOS EMPLEADOS CON CARÁCTER PERMANENTE, PAGO DE SALARIOS ADEUDADOS Y DERECHOS ADQUIRIDOS PENDIENTES DE PAGO, COSTAS DEL PRESENTE JUICIO, promovido por la señora ELSA MARINA VALLADARES ESPINOZA contra el ESTADO DE HONDURAS, a través del Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en su condición de Procurador General de la República. SIN COSTAS”. Bajo el criterio que con la prueba documental se logró acreditar la existencia de una verdadera relación de trabajo, las funciones por las cuales fue contratada siempre han sido las mismas durante la suscripción de dichos contratos, existiendo además los otros elementos para considerar la relación laboral como permanente, tal como lo señala el artículo 20 del Código del Trabajo como ser subordinación y dependencia del patrono, horario de trabajo y el derecho a una remuneración; además, el artículo 47 del Código del Trabajo señala que “los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se considerarán como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese término de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsisten la causa que le dio origen o la materia del trabajo para la prestación de servicios o la ejecución de obras iguales o análogas”, por lo que no cabe duda que la relación existente entre las partes en contienda, era por tiempo indeterminado. La Corte de Apelaciones en reiterados fallos ha dejado establecido que El Estado de Honduras al contratar a sus trabajadores, lo hace en base a Contratos de Servicios Profesionales, nombrándolos en plazas vacantes cuya naturaleza es de carácter permanente, lo que ha llevado a que dicho trabajador solicite su permanencia, el pago de sus prestaciones laborales o el reintegro a su puesto de trabajo y se les considere como trabajador permanente; se ha dejado suficientemente claro, que dichos contratos de trabajo reúnen los requisitos señalados en los artículos 20 y 47 del Código del Trabajo; habiéndose acreditado que la relación que sostenían las partes era de naturaleza permanente, y tratándose de verdaderos contratos de trabajo, no procede el otorgamiento de un Acuerdo de Nombramiento, ya que la Juez al otorgar la permanencia, lo hace con todas las facultades que la ley le da como juzgadora, y a la parte demandada no le queda más que dar cumplimiento a la sentencia condenatoria. Por lo que en este sentido procede reformar de oficio la sentencia dictada en primera instancia. 5. Mediante auto de fecha 27 de abril del 2023, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado JOSELITO NUÑEZ ULLOA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha 26 de julio del 2023, compareció ante éste Tribunal el Abogado JOSELITO NUÑEZ ULLOA, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 26 de septiembre del 2023, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 17 de noviembre del 2023, se declaró precluido de derecho y perdido irrevocablemente el termino dejado de utilizar por la Abogada ALMA YOLANDA GALLEGOS SUAREZ, en condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado ROY PINEDA CASTRO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que el Abogado JOSELITO NUÑEZ ULLOA, en un único motivo de casación alega: “Infracción directa del artículo 46 literal b) del Código del Trabajo en relación con los artículos 1348 del Código Civil y 67 del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República para el Ejercicio Fiscal del año 2010, contenido en el Decreto 16-2010, 72 y 74 para el Ejercicio Fiscal del año 2011 contenido en el Decreto 264-2010. PRECEPTO AUTORIZANTE CON RESPECTO AL UNICO MOTIVO: Autoriza este motivo de casación el 765 numeral uno del Código del Trabajo. CONCEPTO DE LA INFRACCION. Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional por infracción directa del articulo 46 literal b) del Código Laboral que establece: "El Contrato Individual de trabajo puede ser: a)....b) Por tiempo limitado, cuando se especifica fecha para su terminación o cuando se ha previsto su acaecimiento... por otro lado nuestro Civil establece en su artículo 1348: Las Obligaciones que nacen de los Contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos, En el presente caso, la demandante únicamente suscribió con mi representado el Estado de Honduras, contratos de prestación de servicios profesionales y técnicos por tiempo determinado, es decir que se constituyó en un acto cuyo alcance regulaba las obligaciones entre las partes contratantes, circunscribiéndose las mismas únicamente en cuanto a las obligaciones contempladas en el indicado contrato, pero fuera de los alcances de una relación de trabajo, y por esa razón ambas partes se someten únicamente a las cláusulas de dichos contratos, en el entendido que la señora demandante tenía una relación contractual por servicios profesionales y técnicos y que consecuentemente mi representado, no tiene más obligaciones de las que se generaron de dichos contratos; mismos que están regulados por el Código Civil de Honduras, en tal sentido no correspondía a la jurisdicción laboral el conocimiento de la Prestación de Servicio del demandante en vista que, NO ESTA SOMETIDO al Régimen Ordinario Laboral. Los contratos de Servicios Profesionales y Técnicos suscritos con la demandante fueron por tiempo determinado y apegados a las Disposiciones del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República, creados mediante decretos ejecutivos, por ende, tienen carácter de Ley; que se trata de contratos por tiempo determinado, cuya terminación ya está establecida en su texto y aceptada por las partes. El régimen público es separado del régimen privado en materia laboral. - Los contratos que celebra el Estado con un trabajador son de orden público y se subsumen bajo la normativa Contenciosa Administrativa, Ley de Servicio Civil y Ley de Contratación del Estado, que no tiene fines de lucro sino de servicio público. El juzgador motiva su sentencia en los artículos 47 52 del Código del trabajo, que es totalmente lesiva para la parte demanda fallando de la manera siguiente: POR TANTO: La Honorable Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS y en aplicación de los artículos 1, 15, 18, 80, 82, 90, 303, 314 y 321 de la Constitución de la Republica; 1 y 37 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, numeral 774, 775, 776, 777, 778, 858, del Código del Trabajo; 15 de la Ley Orgánica de Presupuesto, 364 de la Constitución de la República, 22 de la Ley de Servicio Civil; 6, 200 y 201 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil FALLA: CASA TOTALMENTE la Sentencia recurrida dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en consecuencia, FALLA: PRIMERO: DECLARA SIN LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral para que en Sentencia Definitiva se Declare la permanencia por tiempo indefinido la relación laboral originada por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos en aplicación estricta de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo; consecuencia se concedan o se establezcan todos los derechos inherentes en igualdad de condiciones que ostentan los empleados con carácter permanente, pago de salarios adeudados y derechos adquiridos pendiente de pago; instaurada por la señora ELSA MARINA VALLADARES ESPINOZA, en contra de mi representado el Estado de Honduras, por intermedio de su representante legal señor Procurador General de Republica Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA.- SEGUNDO: ABSOLVER de toda responsabilidad laboral al Estado de Honduras a través de la Secretaria de Estado en los Despacho de Salud. TERCERO: Sin costas. Y MANDA: Que firme que sea esta sentencia, con la certificación de estilo se devuelva al Tribunal de su procedencia. Como se puede apreciar el juzgador motiva la sentencia estableciendo que de conformidad con el artículo 47 del Código del Trabajo, los contratos relativos a labores que por su naturaleza permanentes o continuas en la empresa, se considerarán como celebrados por tiempo indefinido, aunque en ellos se les se exprese termino de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que le dio origen la materia del trabajo para la presentación de servicio o la ejecución de obra iguales o análogas; Sin valorar lo establecido en el transcurso del juicio, en relación que los contratos de servicios tanto personales como profesionales suscritos con los demandantes, son regulados por el Código Civil y el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República, en este caso para el Ejercicio Fiscal de los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, contenidos en las Publicaciones del Diario Oficial La Gaceta No. 32,186 de fecha 13 de abril de 2010, que contiene el Decreto 16-2010 y Gaceta No. 32,402 de fecha 28 de diciembre del 2010, con el Decreto No. 264-2010, ambos contentivos del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República, para el Ejercicio Fiscal del año 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, presentado por el Poder Ejecutivo, se puede constatar la existencia de los artículos 64, 66, 71, 74, 11, 14 en el que se establece que "La contratación de personal con cargo al Objeto Especifico del Gasto, 12100 Sueldos Básicos (Personal NO permanente) se debe realizar en casos excepcionales bajo la responsabilidad del Secretario de Estado correspondiente, siempre y cuando el personal a contratar figure en el Plan Operativo Anual (POA), que está contenido en el presupuesto aprobado y exista disponibilidad presupuestaria, permitiéndose la ampliación para este objeto únicamente con financiamiento dentro del mismo grupo de servicios personales. asimismo se puede constatar en dicho documento, que este tipo de contrataciones se legalizara mediante Acuerdo Interno de aprobación de cada Secretaría de Estado, previa a la suscripción de contratos quedan obligadas a solicitar estos recursos como parte de la asignación de la cuota presupuestaria trimestral; en tal sentido estos contratos tendrán vigencia únicamente dentro del presente Ejercicio Fiscal, no debiendo considerarse para ningún efecto, al personal contratado bajo esta modalidad como permanente, y su efectividad se computará desde la fecha en que este personal tome posesión del cargo. Quedando terminantemente prohibido nombrar personal no permanente, cuando en el Anexo Desglosado de Sueldos y Salarios Básicos de las Secretarías de Estado, exista puesto aprobado para el desempeño de las funciones, objeto del contrato. Por lo anteriormente expuesto, CASAR la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de este Departamento en fecha 17 de noviembre del año 2022, y consecuentemente se Declara SIN LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral para que declare la permanencia por tiempo indefinido la relación laboral originada por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos en aplicación estricta de lo preceptuado en el artículo 47 del código del trabajo, en consecuencia se concedan o restablezcan todos inherentes en igualdad de condiciones a los ostentan los empleados permanentes, pago de salarios adeudados derechos adquiridos pendiente de pago, que ha promovido la Señora ELSA MARINA VALLADARES ESPINOZA”. III.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes; i. se formula el concepto de infracción directa, modalidad de violación a la ley sustantiva que debe alegarse al margen del material probatorio pues, bajo este concepto lo que se discute es el derecho no los hechos y, es el caso, que en la explicación se insta a la valoración de la prueba lo cual, volviendo el cargo carente de claridad y precisión. ii. se indica como infringido el artículo “…46 literal b) del Código del Trabajo…” cuya naturaleza es conceptual, no sustantiva, por dende, inviolable para los efectos de este recurso extraordinario. Es importante recordar que norma sustantiva, es aquella que confiere derechos y obligaciones correlativos o los extinguen; iii. el precepto autorizante es impreciso, pues se omite el párrafo del artículo 765 del Código de Trabajo, en que, se sustente el concepto de la infracción lo que le resta claridad al cargo; y, iv. en el desarrollo se realizan alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario en virtud de lo establecido en el artículo 770 del Código de Trabajo. IV.- Por lo expuesto, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 770, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación formulado en su único motivo de casación; 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado Roy Pineda CASTRO. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, quien firma por el Magistrado Coordinador ROY PINEDA CASTRO, conforme al artículo 8 del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de septiembre del dos mil veinticuatro; certificación de la sentencia de fecha uno de febrero del dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL82-2023. FIRMA Y SELLO.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ.

SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.