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Sentencia CL-693-22 — Registro 18163

Resumen

Segunda instancia confirma el fallo de primera instancia en la demanda ordinaria laboral declarando con lugar la demanda, declara la relación de trabajo de forma permanente y el reconocimiento de la antigüedad, reintegro al puesto de trabajo, con el reconocimiento del pago de los salarios y esta sala declara no a lugar el recurso.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

...´´Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: i) En la formulación se omite la norma sustantiva que se considera infringida, requisito indispensable para la prosperidad del motivo (Art. 769 numeral 5) literal a) del Código de Trabajo). ii) En la explicación se alude a los artículos 127, 256, 257, de la Constitución de la República de Honduras, 3 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, 17 y 200 del Reglamento de Servicio Civil que, no fueron señalados como infringido o relacionados en la formulación y que, en todo caso, no corresponde al orden nacional laboral. y, iii) En el desarrollo se realizan alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario en virtud de lo establecido en el artículo 770 del Código de Trabajo...´´

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los dos días del mes de abril del dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 7 de agosto del 2023, por el Abogado GABRIEL ALEJANDRO SORTO MENDOZA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, la señora ALEJANDRA POLETT CABRERA, representada en juicio por el Abogado GABRIEL ALEJANDRO OCHOA QUIROZ. OBJETO DEL PROCESO: Demanda vía proceso ordinario de reintegro como empleada permanente bajo las mismas o mejores condiciones laborales, pago de salarios dejados de percibir en concepto de daños y perjuicios, pago de bonificaciones y reajustes salariales como empleada permanente hasta que se haga efectivo el reintegro, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 29 de enero del 2019, por la señora ALEJANDRA POLETT CABRERA, mayor de edad, soltera, egresada de la Carrera de Derecho, de este domicilio, contra EL ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (MI AMBIENTE). El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 13 de mayo del 2022, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 27 de febrero del 2020, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria Laboral promovida por ALEJANDRA POLETT CABRERA, contra EL ESTADO DE HONDURAS, (Secretaria de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente mi Ambiente) a través del Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, en cuanto a; y 1) Declarar la relación de trabajo de forma permanente y el reconocimiento de la antigüedad desde el inicio de la relación de trabajo a la señora ALEJANDRA POLETT CABRERA; 2) Reintegro al puesto de trabajo, con el reconocimiento del pago de los salarios dejados de percibir, reajustes de salarios si hubieren en su ausencia, beneficios e Incrementos salariales que se generen el transcurso del Juicio desde el inicio de la terminación de la relación de trabajo hasta que sea reintegrada en su puesto de trabajo la señora ALEJANDRA POLETT CABRERA; II) CONDENA AL DEMANDADO EL ESTADO DE HONDURAS (Secretaria de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente mi Ambiente), a través de la Procuradora General de La República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, a: 1) Declarar la relación de Trabajo de forma permanente y el reconocimiento de la antigüedad desde el inicio de la relación de trabajo de la demandante ALEJANDRA POLETT CABRERA; 2) Reintegro al puesto de Trabajo con el reconocimiento del pago de los salarios dejados de percibir, reajustes de salarios si hubieren en su ausencia, beneficios e incrementos salariales que se generen el transcurso del Juicio, desde el inicio de la terminación de la relación de trabajo hasta que sea reintegrada en su puesto de trabajo de la señora ALEJANDRA POLETT CABRERA. III) SIN COSTAS”. ANTECEDENTES DE HECHO 1. La parte demandante expresó que comenzó a trabajar mediante contrato celebrado el 28 de enero del 2016, bajo la modalidad Contrato Administrativo de Servicios Profesionales, con el cargo de Técnica de Control de Asistencia en la Dirección de Recursos Humanos en la Secretaria en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente (Mi Ambiente), después del 1 de junio del 2016 le enviaron a la Dirección de Recursos Hídricos en el puesto de Auxiliar Jurídico, luego en el mes de febrero del 2017 le trasladaron a la Dirección de Energía en el Puesto de Auxiliar Jurídico, y siendo su último traslado a la Dirección legal en fecha 16 de abril del 2018, siendo su último salario con un saldo de L. 15,000.00 también de forma continua, firmando siete contratos durante todo ese tiempo, siempre con la mejor disposición y sin llamados de atención; aunque desempeñó sus labores de forma responsable el 28 de diciembre del 2018, se le entregó una nota donde se le decía que se daba por terminada la relación laboral, y que el contrato vencía el 31 de diciembre del 2018, lo cual es injusto en primer lugar porque siempre mantuvo una relación laboral con dicha institución y además que por su relación continua sin interrupciones no podía ser considerada como empleada temporal; aunque su Contrato de Trabajo se denominara Contrato Administrativo de Servicios Profesionales, no deja de ser un Contrato de Trabajo como les dice el artículo 20 del Código de Trabajo donde manifiesta que “una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen”, y que dichos elementos en su caso concreto serian una actividad personal realizada por el trabajador, la continuada subordinación o dependencia del trabajador, y una remuneración, todos estos elementos establecidos en su relación laboral con la institución, lo cual también se pueden comprobar, por lo que cualquier argumento que su condición no es la comprendida dentro de un contrato laboral es incorrecta; asimismo se alegó en el despido que su condición era la de un trabajador de tiempo determinado en virtud que ha desempeñado sus labores por más de un año continuo y remitiéndose a lo establecido en el artículo 47 del Código de Trabajo el cual dice “los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se considerarán como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese término de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsisten la causa que le dio origen o la materia del trabajo para la prestación de servicios o la ejecución de obras iguales o análogas”, al haber realizado por años una labor continua dentro de la institución y de ser los puestos de carácter permanente dentro de la misma le asiste el derecho para ser considerada una empleada permanente; es por ello que al no realizarse su despido dentro de una de las causales que establece el artículo 112 del Código de Trabajo, y sin un debido proceso incurren todos los elementos de un despido injusto con falta del procedimiento apropiado, por lo que le asiste el derecho de solicitar el reintegro como empleada permanente, se le nombre como permanente más el pago de los salarios dejados de percibir en carácter de indemnización de daños y perjuicios como establece el artículo 113 del citado Código; Por agotada la vía administrativa ante el órgano correspondiente al no lograr las partes llegar a un acuerdo conciliatorio. 2. La parte demandada, EL ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda alegando que no es suficiente la afirmación que hace la parte demandante en los hechos de la demanda, ya que debe fundarse en hechos reales y concretos, mismos que deben ser probados en juicio, pues en materia probatoria, es un principio universal que quien afirma una cosa es quien está obligado a probarla, constituyendo la máxima onus probandi incumbit actori, y siendo que la prueba es el medio legal que sirve para demostrar la veracidad de los hechos que se alegan ante las autoridades judiciales, es preciso que la prueba se produzca de manera tal que pueda apreciarla e inspirarse en los principios de la sana critica para formar libremente su criterio; atendiendo la naturaleza jurídica de ser Gobierno Central y aplicando lo dispuesto en el artículo 2 numeral 2) del Código del Trabajo, no le son aplicables las disposiciones del Código del Trabajo, siendo aplicables al caso de mérito el Reglamento de la Ley de Servicio Civil y demás normas administrativas, razón por la que considerando sus necesidades, se contrató a la demandante mediante Contrato Administrativo de Servicios Personales, en aplicación estricta de los artículos 200, 201, 202 y subsiguientes del Reglamento de la Ley de Servicio Civil; en ese orden de ideas, el artículo 3 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, establece que es jurisdicción del Juzgado de lo Contencioso Administrativo y no del Juzgado del Trabajo; no existió despido directo, en consecuencia al no existir el mismo está vedado en calificarlo como justificado o injustificado, por ende no podría condenar al reintegro y permanencia, debido a que el contrato era temporal, tal como reza la cláusula tercera del Contrato Administrativo de Servicios Personales, mismo que tenía fecha de finalización, razón por la cual en ningún momento se le notificó despido alguno, como lo manifiesta equivocadamente la parte actora, pues en la nota de fecha 28 de diciembre del 2018 únicamente se le recordó que su contrato pronto llegaría a su fin, por lo que al no ser ese oficio una nota de despido no se debe ceñir a lo establecido en el artículo 117 del Código de trabajo; el argumento en que se apoya la parte actora para reclamar el derecho subjetivo que pretende, es en el texto legal de los artículos 20 y 47 del Código de Trabajo, los que desarrollan los elementos esenciales para considerar la posible existencia de una relación de trabajo y la continuidad en esas labores, mismos que no se pueden aplicar de manera antojadiza por el simple hecho que le convienen. Es claro que al ser parte del Gobierno Central, las relaciones con sus servidores son regulados por la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, y nunca por el Código del Trabajo, por ende no le serían aplicables esas normas del Código del Trabajo; en ese orden de ideas fundamentar sus pretensiones para exigir un reconocimiento de permanencia por la suscripción de los contratos, sería en menoscabo del artículo 60 de la Constitución de la Republica, el que dispone que “todos somos iguales ante la ley”; no obstante la actividad temporal se debe a que la plaza no existe, y por ende no puede otorgarse un nombramiento de la Dirección de Servicio Civil permanente, razón por la cual se rechaza la pretensión; si la demandante pretende ser reintegrada y gozar del estado de empleados permanente en la Administración Pública, es requisito sine qua non cumplimentar lo requerido en el artículo 11 de la Ley de Servicio Civil que dispone “para ingresar al Servicio Civil se requiere... haber aprobado los exámenes de competencia o de oposición de antecedentes de conformidad con los requisitos establecidos en esta Ley”; de igual manera el artículo 7 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil dispone “el régimen del Servicio Civil se aplicará a los empleados del Poder Ejecutivo cuyo ingreso se haya efectuado llenando los requisitos del artículo 11 de la Ley y los establecidos en este Reglamento, así como los aspirantes que estén tramitando su ingreso”, normativas que no han sido cumplimentadas, ni siquiera promovidas administrativamente ante las autoridades competentes de la Administración por la demandante, y que por consiguiente no puede excluir para realizar un nombramiento fuera de las normas y procedimiento legales que deben cumplirse para lograr la permanencia, y no de la forma casi coercitiva como procura la demandante que se le otorgue un derecho subjetivo para el cual no ha promovido diligencia previa, y no ha sido aprobada su permanencia a las funciones que ejerció mediante Contrato Administrativo de Servicios Personales, equivocando además la vía para ejercer su insustancial reclamo, debiendo haberse interpuesto el mismo ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, competente para dirimir el juicio, en concordancia a lo que establece el artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que establece “la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá también de las cuestiones referentes al cumplimiento, interpretación, resolución, rescisión y efectos de los contratos regulados por la Ley de Contratación del Estado que hayan sido celebrados por cualquiera de los Poderes del Estado, por las Municipalidades y por las Instituciones Autónomas, y todo lo relativo a los Contratos de Servicios Profesionales o Técnicos que celebren los Poderes del Estado”, por tanto, es completamente improcedente la pretensión que persigue la demandante, en cuanto a que la judicatura del trabajo le otorgue la permanencia bajo régimen de servicio civil, es competente única y exclusivamente para tal fin la Dirección General de Servicio Civil, y otorgar tal nombramiento por parte del Juzgado sería una evidente trasgresión de su competencia; rechaza lo manifestado por la demandante en relación al hecho que presentaron el reclamo administrativo ante las Oficinas Gubernativas de la Secretaria de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social, por no ostentar facultades para comparecer a ningún tipo de conciliación, asimismo cabe mencionar que la Secretaría de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social no es competente para conocer dicha materia; en consecuencia la pretensión exigida por la parte actora, debe ser declarada sin lugar al no asistirle el derecho subjetivo que pretenden y será en el proceso del debate que se acreditará que la parte actora no tuvo sustentación jurídica para litigar en la presente causa, en consecuencia se le condene en costas. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 27 de febrero del 2020, dictó sentencia que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria Laboral promovida por ALEJANDRA POLETT CABRERA, contra EL ESTADO DE HONDURAS, (Secretaria de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente mi Ambiente) a través del Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, en cuanto a; y 1) Declarar la relación de trabajo de forma permanente y el reconocimiento de la antigüedad desde el inicio de la relación de trabajo a la señora ALEJANDRA POLETT CABRERA; 2) Reintegro al puesto de trabajo, con el reconocimiento del pago de los salarios dejados de percibir, reajustes de salarios si hubieren en su ausencia, beneficios e Incrementos salariales que se generen el transcurso del Juicio desde el inicio de la terminación de la relación de trabajo hasta que sea reintegrada en su puesto de trabajo la señora ALEJANDRA POLETT CABRERA; II) CONDENA AL DEMANDADO EL ESTADO DE HONDURAS (Secretaria de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente mi Ambiente), a través de la Procuradora General de La República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, a: 1) Declarar la relación de Trabajo de forma permanente y el reconocimiento de la antigüedad desde el inicio de la relación de trabajo de la demandante ALEJANDRA POLETT CABRERA; 2) Reintegro al puesto de Trabajo con el reconocimiento del pago de los salarios dejados de percibir, reajustes de salarios si hubieren en su ausencia, beneficios e incrementos salariales que se generen el transcurso del Juicio, desde el inicio de la terminación de la relación de trabajo hasta que sea reintegrada en su puesto de trabajo de la señora ALEJANDRA POLETT CABRERA. III) SIN COSTAS”. Bajo el criterio que haciendo un análisis de las pruebas allegadas al juicio y los argumentos de ambas partes, en el que por un lado la parte demandada argumenta que la relación de trabajo era eventual mediante contratos por tiempo definido; por otro lado la demandante argumenta que los Contratos eran simulados de acuerdo al principio de primacía de la realidad, y que en el fondo se trataba de una verdadera relación de trabajo laboral independientemente del nombre que se le diera a los contratos, esto en el sentido que reunía los elementos establecidos en el artículo 20 del Código de Trabajo; llegando al convencimiento que efectivamente se trataba de una relación laboral en vista que en los contratos de trabajo se encuentran establecidos los 3 elementos del Contrato de Trabajo, como ser la actividad personal del Trabajador, la continua subordinación y un salario como retribución al servicio; aunado a ello también las labores realizadas en la institución son de naturaleza permanente, de igual forma el demandante firmó varios Contratos de Trabajo para realizar las mismas funciones; es por lo anteriormente relacionado que debe declararse Con Lugar la relación de trabajo de forma permanente, reconociéndoles su antigüedad desde el inicio de la relación de trabajo es decir desde el 3 de octubre del 2016. En consonancia con lo antes relacionado la demandante solicita el reintegro por considerar que el despido del cual fue objeto es ilegal e injusto; lo que llama la atención del suscrito, es que desde la revisión de las diligencias no se encuentra documento que acredite que el despido del cual fue objeto este apegado a derecho, ya que la nota de fecha 28 de diciembre del 2018, no contiene causal alguna establecida en el Código de Trabajo, los que conlleva a declarar Con Lugar tal pretensión, acarreando el reintegro al puesto de trabajo y el pago de salarios dejados de percibir, desde la fecha efectiva de la notificación del despido hasta la fecha que sea reintegrado a su puesto de trabajo. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 13 de mayo del 2022, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas. Bajo el criterio que siendo las labores contratadas continuas y permanentes, estas se entenderán realizadas por trabajadores con contratos por tiempo indefinido, aunque en los contratos se exprese término de duración; por lo que, en aplicación del principio de la Primacía de la Realidad el cual establece que siempre deben prevalecer los aspectos reales por sobre los formales, de modo que estos no puedan frustrar la finalidad protectora que orienta a las normas laborales; ello implica el compromiso del juez o tribunal en la búsqueda de la verdad material. En los casos en los que una de las partes sostiene la existencia de figuras contractuales no regida por las leyes laborales, el juzgador para determinar la naturaleza de dicha relación, debe atender a la realidad de las relaciones jurídicas que se presenten entre las partes y no al contenido formal del documento de contratación; es decir, que no se acredita la realidad de la contratación a través del contenido del documento firmado por las partes o del nombre que le hayan dado a la relación jurídica existente, sino a la realidad de las labores ejecutadas por la persona obligada a prestar el servicio, a la existencia de los tres elementos del Contrato de Trabajo establecidos en el artículo 20 del Código del Trabajo; correspondiendo al patrono o contratante demostrar que la relación de servicio está configurada dentro de la figura jurídica que alega que existe y que excluya a la relación de trabajo; los argumentos tales como la existencia de contratos que señalan que es una contratación de naturaleza civil, mercantil o administrativa, la exigencia de presentación de recibos de honorarios profesionales, la retenciones del impuesto sobre la renta que haga el patrono, la falta de pago de derechos laborales, la falta de inscripción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social o no inclusión en planillas de los demás trabajadores, cláusulas de sumisión a otras jurisdicciones, así como argumentos similares que son consecuencia de una exigencia del empleador, no acreditan la inexistencia de una relación laboral; para demostrar que existió una figura contractual de contratista es necesario acreditar la presencia de las características que señala la ley laboral para la existencia de esta figura, lo que como obvia consecuencia demostraría que no se reúnen los requisitos señalados en el artículo 20 del Código del Trabajo, lo que no aconteció. Las pruebas que existen son los contratos suscritos y demás documentos propuestos por las partes de los cuales es evidente que se ha demostrado la existencia de una verdadera relación laboral entre las partes; por lo que se debe aplicar a la presunción del artículo 128 constitucional y 3 del Código del Trabajo de que “son nulos ipso jure todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución, el presente Código, sus reglamentos o las demás leyes de trabajo o previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato de trabajo u otro pacto cualquiera”. En la nota en que se notificó la terminación del contrato de trabajo no se establece ninguna causal de despido violentándose el artículo 117 del Código del Trabajo, establece que la parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo debe comunicar por escrito a la otra parte las causas o motivos que le sirvieron de fundamento para tomar esa determinación; y en reiterada jurisprudencia se ha establecido que la razón de esta exigencia es porque en el Contrato de Trabajo debe privar la buena fe desde su inicio hasta su terminación, y pugna con esa buena fe el hecho de no establecer causales de despido o establecerlas en forma genérica sin señalamiento de los hechos en forma clara y concreta, determinado las circunstancias en cuanto al tiempo, modo y condiciones, pues esta es la forma en que las partes pueden defenderse de las imputaciones que se les hacen e impugnarlas ante las jurisdicción del trabajo, la obligación que impone el artículo citado es tan enérgica que establece una vez notificada la causal de terminación del contrato de trabajo, no se podrán alegrar cáusales o motivos distintos. 5. Mediante auto de fecha 17 de enero del 2023, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado GABRIEL ALEJANDRO SORTO MENDOZA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha 7 de agosto del 2023, compareció ante éste Tribunal el Abogado GABRIEL ALEJANDRO SORTO MENDOZA, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 19 de septiembre del 2023, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 6 de noviembre del 2023, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por el Abogado GABRIEL ALEJANRO OCHOA QUIROZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado Roy Pineda Castro, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que el Abogado GABRIEL ALEJANDRO SORTO MENDOZA, en un único motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley sustantiva de orden nacional y de índole laboral, por error de hecho por apreciación errónea del medio de prueba denominado documental consistente en los Contratos Administrativos de Servicios Personales, que hizo incurrir en la violación que aparece manifiesto en los autos, y que llevó de forma indirecta a la Corte Sentenciadora a incurrir en defectos y vicios del fallo recurrido, puesto que es violatorio de la Ley. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las Normas Procesales que sirvieron de medio para la violación de las Normas Sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRUEBA APRECIADA ERRÓNEAMENTE: El medio de prueba que fue apreciado erróneamente es el siguiente: a) Contratos Administrativos de Servicios Personales, suscritos entre los demandantes y el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE). PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL ÚNICO MOTIVO: La Corte sentenciadora, manifiestamente incurrió en error de hecho, al apreciar erróneamente los medios de prueba señalados anteriormente, los cuales fueron admitidos y evacuados en su oportunidad, en relación a los demás medios de prueba en su conjunto, ya que si bien es cierto, el Juzgador no está sujeto a la tarifa legal de las pruebas, sino que forma libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que forman la sana crítica de la prueba, tal y como está consagrado en el artículo 739 del Código del Trabajo, ésta disposición no impide de manera alguna que el Tribunal, se coloque en una posición de profundo análisis para poder llegar a la verdad de los hechos e impartir justicia aplicando la Ley, por lo que deviene obligado a efectuar la apreciación de las pruebas en su conjunto. Si no se hubiesen apreciado erróneamente por parte del Tribunal recurrido los medios de prueba señalados, se hubiera dado por establecido en forma indubitable que al demandante no le asiste el derecho para solicitar el reintegro y la permanencia y demás derechos subjetivos que de manera infundada solicita en su improcedente demanda, ya que al suscribir Contratos Administrativos de Servicios Personales, evidentemente se trata de una relación de servicio, la cual no conlleva una continuidad en los servicios prestados por el demandante; en consecuencia, si la Corte Sentenciadora hubiese apreciado debidamente las pruebas señaladas y no como la apreciación errónea que efectuó, hubiese fallado declarando NO HA LUGAR la precitada "Demanda Ordinaria Laboral", pues como se ha indicado, se trata de una relación de servicio y no de una relación de trabajo, ya que la normativa de los artículos 127 y 256 de la Constitución de la República de Honduras, establece una clara diferencia entre el "derecho del trabajo" y "la relación de servicio", razón por la cual el demandante no puede argumentar que la relación contractual mediante Contratos Administrativos de Servicios Personales con mi representado es una relación de trabajo, pues dicha norma constitucional en su artículo 256 establece que es el Régimen de Servicio Civil el que regulará las relaciones de empleo y función pública que se establecen entre el Estado y sus servidores, siendo el caso que nos ocupa, lo anterior en analogía con el artículo 257 del mismo estamento legal constitucional, donde remite a la regulación de la Ley de Servicio Civil y su reglamento y observando lo establecido en los artículos 17 y 200 del Reglamento de Servicio Civil, mi representado está facultado para ejercer legalmente la contratación de los demandantes, por lo que en caso de tener alguna objeción sobre lo establecido en las cláusulas del contrato suscrito con mi representado el Estado de Honduras a través del Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (MI AMBIENTE+), debió interponer la acción ante la jurisdicción de lo contencioso Administrativo, tal como lo establece el artículo 3 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, pero nunca aseverar que lo presente es una relación de trabajo permanente; en consecuencia, es improcedente la pretensión de los demandantes, en virtud de encontrarnos concretamente ante una relación de servicio, razón por la que la demanda interpuesta por la Señora ALEJANDRA POLETT CABRERA, debió ser declarada SIN LUGAR”. III.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: i) En la formulación se omite la norma sustantiva que se considera infringida, requisito indispensable para la prosperidad del motivo (Art. 769 numeral 5) literal a) del Código de Trabajo). ii) En la explicación se alude a los artículos 127, 256, 257, de la Constitución de la República de Honduras, 3 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, 17 y 200 del Reglamento de Servicio Civil que, no fueron señalados como infringido o relacionados en la formulación y que, en todo caso, no corresponde al orden nacional laboral. y, iii) En el desarrollo se realizan alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario en virtud de lo establecido en el artículo 770 del Código de Trabajo. IV.- Por lo expuesto, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 770, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación formulado en un único motivo de casación. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado Roy Pineda Castro. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, COORDINADORA. ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO quien firma por el Magistrado ROY PINEDA CASTRO, conforme al artículo 8 del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de agosto del dos mil veinticuatro; certificación de la sentencia de fecha dos de abril del dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL693-2022. FIRMA Y SELLO.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ.

SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.