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Sentencia CL-686-22 — Registro 18248

Resumen

Segunda instancia confirma el fallo de primera en el que declara sin lugar la excepción perentoria de prescripción; declara con lugar la excepción perentoria de transacción y pago, declara sin lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, absuelve del pago del complemento de prestaciones laborales y derechos adquiridos y esta sala declara no ha lugar el recurso.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

...´´Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por los defectos técnicos siguientes: i) se invoca como norma sustantiva infringida el artículo 95 numeral 23 sin mencionar a que cuerpo legal corresponde. No obstante el defecto relacionada y, aun y cuando la inferencia es prohibida en este recurso extraordinario, si este Tribunal, en su caso, determinara que la norma señalada como violada corresponde al Código de Trabajo, la misma no tiene incidencia en lo decidido, ya que, lo resuelto en el fallo impugnado se fundamenta en la excepción perentoria de transacción y pago; por ello, cualquier ataque al mismo debe realizarse formulando una norma que regula esta institución jurídica, situación que no acontece en la diligencias de mérito. ii) en la explicación no se demuestra el error evidente y manifiesto alegado. y, iii) en el desarrollo se realizan alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario...´´

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8.1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8.2 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los dos días del mes de abril de dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 21 de julio del 2023, por el Abogado JOSÉ RAMON LAMOTHE ROSALES, en su condición de representante procesal de la señora MARIA EVANGELINA SÁNCHEZ SIERRA, como recurrente; además, es parte recurrida, el ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por el Abogado CARLOS BENJAMÍN SANTOS HERNANDEZ. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para pago de prestaciones e indemnizaciones laborales conforme al séptimo contrato colectivo de condiciones de trabajo suscrito entre el IHNFA y el SITRAIHNFA por terminación de un contrato individual de trabajo por causas ajenas a la voluntad del trabajador, constitutivo de un despido directo, ilegal e injusto; pago de salarios dejados de percibir, pago de incremento salarial, reajuste salarial conforme la Ley del Estatuto de los Trabajadores Sociales; costas del juicio; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 06 de enero del 2015, por la señora MARIA EVANGELINA SÁNCHEZ SIERRA, mayor de edad, soltera, Licenciada en Trabajo Social, hondureña y de este domicilio, contra el INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (IHNFA), a través de su representante legal de ese entonces el señor FELIPE ARTURO MORALES CÁRCAMO; y en forma solidaria contra la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS y la DIRECCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF). El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 11 de octubre del 2022, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 30 de abril del 2019, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que en su parte conducente dice: “FALLA: I.- Declarar SIN LUGAR la excepción perentoria de prescripción; II. Declarar CON LUGAR LA EXCEPCIÓN PERENTORIA DE TRANSACCIÓN Y PAGO opuesta por la representante procesal de la parte demandada. III.- DECLARAR SIN LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES CONFORME AL SÉPTIMO CONTRATO COLECTIVO SUSCRITO ENTRE EL IHNFA Y EL SITRAIHNFA POR TERMINACIÓN DE UN CONTRATO DE TRABAJO POR CAUSAS AJENAS A LA VOLUNTAD DEL TRABAJADOR, SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR PAGO DE INCREMENTO SALARIAL, REAJUSTE SALARIAL DE CONFORMIDAD CON EL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES SOCIALES promovida por la señora MARÍA EVANGELINA SÁNCHEZ SIERRA contra EL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del suprimido INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (IHNFA), representada por la Procuraduría General de la República; a través del Abogado LIDIA ESTELA CARDONA; IV. ABSUELVE: AL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del suprimido INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (IHNFA), representada por la Procuraduría General de la República; a través de la Abogada LIDIA ESTELA CARDONA del pago del complemento de prestaciones laborales y derechos adquiridos e incremento salarial solicitado de conformidad al Séptimo Contrato Colectivo suscrito entre el IHNFA y el SITRAIHNFA a favor de la demandante; V.- SIN COSTAS en esta instancia”. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que comenzó a laborar para la Junta Nacional de Bienestar Social (JNBS) ahora IHNFA, a partir del 01 de agosto de 1990, desempeñándose al momento de la cancelación el cargo de Trabajadora Social en el Su Programa Hogar Protección Casitas Kennedy del Programa Intervención y Protección Social de la Región Centro Oriente, devengaba un salario ordinario mensual durante los seis meses anteriores a la fecha de la cancelación de L. 18,880.75, laborando para el IHNFA por 24 años, 4 mes y 03 días; que con efectividad el 04 de diciembre se procedió a cancelar el Contrato Individual de Trabajo, a través de nota de despido de fecha 04 de diciembre de 2014, firmada por el Gerente de Recursos Humanos del IHNFA, por medio de la cual se le notificaba que en virtud del proceso de supresión y clausura definitiva del IHNFA de conformidad a lo ordenado en el Decreto Ejecutivo PCM- 26-2014, se puso término a la relación de trabajo con la institución, manifestando y reconociéndole en la misma nota de despido que esa causa, es una situación ajena a la voluntad como trabajador, reconociéndole también el derecho al pago de sus derechos adquiridos, aguinaldo, décimo cuarto mes, vacaciones, causadas o proporcionales y a ser indemnizada con el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales que establece la Ley, lo cual fue incumplido por la parte patronal y que motivó la presente acción judicial. Manifestó que en fecha 05 de diciembre se procedió a la firma de un Acta de Terminación de una Relación Laboral y Plan de Pago de las Prestaciones e Indemnizaciones Laborales del trabajador, la cual sería nula de pleno derecho de conformidad con el artículo 128 de la Constitución de la Republica, del artículo 3 del Código del Trabajo y la Cláusula 99 del Séptimo Contrato Colectivo de Trabajo, ya que dicha acta, implica la disminución, tergiversación y renuncia de sus derechos y garantías laborales, al no establecer dicho documento la cantidad liquida a cancelar en concepto de pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales en estricto cumplimiento con el Séptimo Contrato Colectivo de Trabajo, careciendo por ende del carácter de indubitado que debería de reunir esa Acta para su plena validez, siendo por tanto imposible ejercer acción ejecutiva alguna además esa Acta de Terminación de una Relación de Trabajo desconoce el Séptimo Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo, cual fuera el último Contrato Colectivo de Trabajo Negociado entre el IHNFA y el SITRAIHNFA, convirtiéndose así en el Contrato Colectivo Vigente conforme lo establecido en el artículo 69 y 70 del Código de Trabajo y de conformidad con el Registro que obra en la Dirección General de Trabajo de la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social y que fue suscrito el día 27 de febrero del 2013, además que dicha acta pretende desconocer el reconocimiento de los derechos adquiridos conforme ese Séptimo Contrato Colectivo de Trabajo de Condiciones de Trabajo, en el cual se pactaron clausulas económicas que han sido totalmente desconocidas e incumplidas por la parte patronal como ser el incremento salarial pactado de L 1,200.00 para cada trabajador y con vigencia retroactiva para cada trabajador desde el 01 de junio de 2012, incremento que nunca fue gozado por el demandante, así también se pretende desconocer su validez pretendiendo liquidar el personal del IHNFA conforme un cálculo de prestaciones e indemnizaciones que no corresponde a lo establecido en la cláusula 65 y 66 del Código del Trabajo, todas esas vulneraciones de derechos se considerarían lesivas y violatorias de sus derechos fundamentales como trabajadores establecidos tanto en el Constitución de la Republica, en los Convenios Internacionales de la OIT, del Código del Trabajo y demás normativa laboral vigente. Arguyó que al ser nula el acta de terminación de la relación de trabajo, que si bien es cierto firmó de buena fe, confiando que el patrono cumpliría con los respectivos pagos en concepto de prestaciones e indemnizaciones laborales de conformidad al Séptimo Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo, así como también cumpliría con las fechas establecidas en dicha acta, y que por su estado de necesidad económica (Hipo suficiencia) al momento de la firma de dicha acta, es que finalizó la relación de trabajo con el IHNFA por causas ajenas a su voluntad. Asimismo, con el ánimo de llegar a un acuerdo conciliatorio acudió ante la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, siendo imposible el mismo se dio por agotada la vía administrativa. 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda rechazando totalmente las pretensiones que persigue la demandante, alegando en su defensa que la demandante fue cancelada por mutuo consentimiento según el artículo 111, numeral 2, y 9, del Código de Trabajo y mediante Decreto Ejecutivo PCM-26-2014 de fecha 04 de junio de 2014, según los artículos: 1: "ordena suprimir al INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (IHNFA), creado mediante decreto legislativo 199-1997 de 29 de enero de 1998"; 4: se declara al INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (IHNFA), en proceso de supresión y clausura del INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (IHNFA), conforme a lo dispuesto en el artículo 111 del código de trabajo numeral 9), se procederá en forma a la terminación de todos los contratos vigentes, con el reconocimiento de los trabajadores de las prestaciones que hubiere lugar en derecho. Siendo lo real y procedente que, en debida oportunidad, a los demandantes les ofrecieron las prestaciones que legalmente les correspondían, al momento de su liquidación, en función de un convenio de pago que en su vigencia se extiende por seis (6) meses, mismo que fue pagado por parte de la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas. Como se observará que la parte actora pretendía obtener cantidades imaginarias en perjuicio del erario público y que no le correspondían. Alegó la parte demandante, que las razones por lo cual se dio por terminada la relación laboral fue en base al Código de Trabajo Vigente, según el artículo 111 numeral 2: El mutuo consentimiento de las partes; y el numeral 9) la Liquidación o clausura definitiva de la empresa o establecimiento, tal es el caso que el despido fue por mutuo consentimiento y por liquidación, el patrono aplicó las dos causales que lo facultaban por dar por terminada la relación laboral y en base a Decreto Ejecutivo PCM: 26-2014, de fecha 04 de julio del 2014, donde se ordenó suprimir al IHNFA. Por lo que la demandante estaba muy consciente y que admitió en su demanda, las causales antes expuestas, no teniendo por lo tanto razones para litigar. Además manifestó que el Séptimo Contrato Colectivo, estuvo viciado desde su inscripción faltando los procedimientos legales y en franca violación del debido proceso, dichos extremos de la nulidad fueron debidamente alegados en tiempo y forma, ante la instancia administrativa correspondiente y en forma precedente en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, mediante Acción de Amparo Administrativo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, estando a la fecha suspendida la aplicación del séptimo contrato colectivo y debidamente notificada la Secretaria del Trabajo que está suspendida la aplicación, cabe mencionar que el Ministerio Público emitió dictamen favorable al IHNFA, específicamente en sus conclusiones establecía que se otorgue el amparo al IHNFA, ya que el Séptimo (VII) Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo nunca estuvo vigente por las razones antes expuestas. Asimismo, en audiencia primera de tramite interpuso las excepciones perentorias de transacción y pago; y de prescripción. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 30 de abril del 2019, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: I.- Declarar SIN LUGAR la excepción perentoria de prescripción; II. Declarar CON LUGAR LA EXCEPCIÓN PERENTORIA DE TRANSACCIÓN Y PAGO opuesta por la representante procesal de la parte demandada. III.- DECLARAR SIN LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES CONFORME AL SÉPTIMO CONTRATO COLECTIVO SUSCRITO ENTRE EL IHNFA Y EL SITRAIHNFA POR TERMINACIÓN DE UN CONTRATO DE TRABAJO POR CAUSAS AJENAS A LA VOLUNTAD DEL TRABAJADOR, SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR PAGO DE DE INCREMENTO SALARIAL, REAJUSTE SALARIAL DE CONFORMIDAD CON EL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES SOCIALES promovida por la señora MARÍA EVANGELINA SÁNCHEZ SIERRA contra EL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del suprimido INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (IHNFA), representada por la Procuraduría General de la República; a través del Abogado LIDIA ESTELA CARDONA; IV. ABSUELVE: AL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del suprimido INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (IHNFA), representada por la Procuraduría General de la República; a través de la Abogada LIDIA ESTELA CARDONA del pago del complemento de prestaciones laborales y derechos adquiridos e incremento salarial solicitado de conformidad al Séptimo Contrato Colectivo suscrito entre el IHNFA y el SITRAIHNFA a favor de la demandante; V.- SIN COSTAS en esta instancia”. Bajo el criterio que, con respecto a la excepción de prescripción basada en el artículo 864 o 867 del Código del Trabajo, siendo que la parte demandada no expresa claramente cuál de los artículos citados le sirven de fundamento para su excepción material, tomando en cuenta que si bien es cierto en ambos el término de la prescripción es de 2 meses calendario, el contenido de ambos difiere en su contenido, por lo que imposibilita a la juzgadora hacer un análisis concreto para la excepción denunciada; por lo que la falta de fundamentación jurídica definida claramente, hace concluir a la suscrita juez en el sentido de declarar SIN LUGAR la excepción de prescripción. Que para determinar la procedencia de la excepción perentoria de TRANSACCIÓN Y LA EXCEPCIÓN DE PAGO alegada por la demandada y de conformidad con la prueba documental se comprobó lo siguiente: 1) Que la señora MARIA EVANGELINA SÁNCHEZ SIERRA, inicio a laborar para el IHNFA el 01 de agosto de 1990, finalizando la relación laboral en fecha 05 de diciembre de 2014, mediante acta de terminación por mutuo acuerdo de las partes suscrita ante la Inspectoría General del Trabajo, constando una antigüedad de 24 años 4 meses 3 días; con un salario de L.18,880.75; y un salario promedio de L.23,968.06; para un pago de preaviso de L.105,459.48 auxilio de cesantía de L.848,705.19 y auxilio de cesantía proporcional L.12,180.49 y un total de prestaciones de L1,010,732.99 menos deducciones autorizadas hacen un total de L.827,692.11; asimismo corre agregado a autos la constancia de fecha 30 de septiembre de 2016, en donde la Comisión liquidadora IHNFA-SEFIN quien informa que se le pagaron la totalidad de las prestaciones a la demandante. Que si bien es cierto la parte actora alega en su demanda que las prestaciones laborales derivadas de la terminación laboral no fueron pagadas en forma completa a la señora MARÍA EVANGELINA SÁNCHEZ SIERRA de conformidad a lo establecido en el SÉPTIMO del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente suscrito entre el IHNFA y el SITRAIHNFA; constando en autos el acta de terminación de la relación por mutuo acuerdo de las partes bajo la vigilancia de la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social que una vez efectuado el pago aludido la actora considera que el mismo no se ajusta a dicha contratación colectiva; de lo anterior y después de una revisión aritmética del cálculo de prestaciones e indemnizaciones laborales, así como la información presentada por la COMISIÓN LIQUIDADORA IHNFA- SEFIN; se concluye que la parte demandada se encuentra exenta de responsabilidad en cuanto al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, derivadas de la terminación del contrato, puesto que la obligación se satisfizo a favor de la demandante con los pagos efectuados, tomando en cuenta la aplicación de las cláusulas 66 y 67 del Sexto Contrato Colectivo suscrito entre el IHNFA y el SITRAIHNFA y demás aplicables que refieren al pago de vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes de salario, pago de preaviso y auxilio de cesantía, y el pago de incremento salarial, por ser éste el Contrato Colectivo Vigente, hecho que quedó acreditado en vista que el registro número 2312 del Registro de Contratos Colectivos que al efecto lleva la Secretaria de Estado en los despachos de Trabajo y Seguridad Social que contiene la inscripción del Séptimo Contrato Colectivo entre el IHNFA y el SITRAIHNFA, fue anulado mediante la sentencia de amparo SCO-1234-2014 y su aclaración en la cual la sala de lo constitucional otorga el recurso de amparo a favor del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA) y dentro de otras cosas MANDA:....a) que como consecuencia lógica de la nulidad de pleno derecho que ha incurrido se cancele y deje sin ningún valor y efecto la resolución número 194/DGT/NC/2013 de fecha tres de junio de 2013 y que consta a folio 2312 del folio 77 del tomo VII del Libro de Registro de Contratos Colectivos de Condiciones de Trabajo, emitida por la Dirección General del Trabajo dependiente de la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social. Siendo que la vigencia de los contratos colectivos inicia a partir de su inscripción de conformidad con lo establecido en el artículo 78 del Código de Trabajo que reza: Todo contrato colectivo deberá ser registrado en la dirección general del trabajo el cumplimiento de todo contrato colectivo queda bajo la vigilancia de la Dirección General del Trabajo; asimismo el artículo 82 de la misma normativa que establece: "La inspección general del trabajo será la autoridad administrativa de aplicación de todo contrato colectivo registrado, y a ella competerá la vigilancia del cumplimiento de los mismos, bajo el régimen de sanciones y los recursos jerárquicos establecidos....". Lo anterior en relación a lo que establece artículo 1422 del Código Civil que reza: "Que se entenderá pagada una deuda, cuando completamente se hubiese entregado la cosa o hecho la prestación en que la obligación consistía"; contrastado con los argumentos planteados por la demandada quien alega que ya pago el 100% de la totalidad de prestaciones e indemnizaciones laborales a la señora MARÍA EVANGELINA SÁNCHEZ SIERRA, y que no se le adeuda cantidad alguna, esto por haberse llegado a la terminación del vínculo laboral por mutuo acuerdo de las partes; en tal sentido a consideración de esta Juzgadora ha quedado plenamente demostrado según consta en el acta de terminación de la relación de trabajo y los documentos aportados por la parte demandada, que se pagaron las cantidades convenidas en el acta firmada ante autoridad competente, al tenor de lo que establece el artículo 379 del Código del Trabajo que reza: "Todo acto de compensación, liquidación, transacción o convenio celebrado entre el obrero y el patrono, para que tenga validez deberá hacerse ante las autoridades de Trabajo Correspondiente"; entendiéndose que la autoridad en este caso la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, es la encargada de velar por que el acuerdo allegado no constituya fraude de Ley y con ello garantizar la seguridad jurídica como principio fundamental en un Estado de Derecho; en cuanto al alegato que la trabajadora Silvia Bethel Ramírez Vásquez se le pago de conformidad al séptimo contrato colectivo se desestima dicho alegato ya que la prueba aportada por la actora que obra a folios 192 resulta muy débil en comparación con la brindada por el ente estatal según costa a folios 197 al 202, quien afirma que se ha pagado conforme al sexto contrato colectivo en consecuencia es procedente declarar CON LUGAR la excepción perentoria de transacción y la excepción de pago opuesta por la representante de la parte demandada en cuanto a los conceptos reclamados de pago de décimo tercer y décimo cuarto mes de salario, pago de vacaciones, bonificaciones, incremento salarial, así como el pago de preaviso y auxilio de cesantía. Que habiéndose interpuesto la Excepción Perentoria de TRANSACCIÓN Y PAGO en el momento procesal oportuno y esta prospera, resulta vano hacer alguna pronunciación sobre la cuestión de fondo, ya que la idea fundamental del demandado al oponer excepciones perentorias, es la de absolver al demandado, como ocurre en el caso de autos en que la Excepción Perentoria de transacción y pago interpuesta ha prosperado y siendo una situación análoga pues en la presente litis se ha acreditado en forma fehaciente el pago de las prestaciones y derechos adquiridos de conformidad al Sexto Contrato Colectivo Vigente, derechos que por haber sido cancelados en su totalidad a la demandante, lo que extinguen la acción reclamada, en tal sentido es procedente declarar SIN LUGAR la demanda que se ha hecho merito en cuanto al pago de complemento de prestaciones y derechos adquiridos solicitados. Asimismo, la actora solicita el PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR a título de daños y perjuicios; conceptos que no proceden en la presente litis, pues los mismos devienen de una sanción impuesta por la ley una vez que es declarado judicialmente el despido injustificado, razón por la cual dicha pretensión se declara SIN LUGAR. Que el Juez puede eximir del pago de costas a la persona que fuere vencido en juicio, cuando existan motivos racionales para litigar. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 11 de octubre del 2022, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el A-quo, sin costas; bajo el criterio que, consta en autos que ante la interposición del Recurso de Amparo presentado por el Abogado FELIPE ARTURO MORALES CÁRCAMO, en su condición de Director Ejecutivo del INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA "IHNFA", la Honorable Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Constitucional, en fecha 24 de septiembre del 2015 por unanimidad de votos resolvió Otorgar el Amparo interpuesto, sustenta esta decisión en que la Dirección General del Trabajo dependiente de la Secretaria de Estado en los Despachos del Trabajo y Seguridad Social ha vulnerado a través de la Resolución Administrativa N° 194/DGT/NC/2013, fechada el tres (3) de junio del año dos mil trece (2013), el debido proceso que incumbe a las partes procesales, ya que esa institución inobservó los requisitos y formalidades establecidas en la Carta Magna, atribuyéndose la potestad de dejar de aplicar leyes de orden público, cuyo cumplimiento es ineludible y obligatorio, lo que trae como consecuencia la nulidad de pleno derecho a lo actuado por la referida instancia gubernativa, dada la incidencia de la lesión al debido proceso e intereses generales de protección a la infancia que vinculan a la parte que recurre en amparo según consta a folios 62 al 75 de la primera pieza del expediente y por el hecho que la Sala Constitucional bajo la responsabilidad del recurrente declaró la suspensión del acto reclamado en amparo, es decir la resolución No.1964/DGT/NC/2013 de fecha tres (03) de junio del 2013, emitida por la Dirección General del Trabajo, dependiente de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social quedó sin Valor ni Efecto la aplicación del Séptimo Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo, que es el Instrumento en que basan sus reclamos los trabajadores demandantes; que con la aceptación del hecho primero de la demanda en el escrito de contestación de la misma, en el sentido que se acepta la relación que la demandante sostuvieron por medio de una relación contractual con el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA), quedó acreditada ésta; que con el Acuerdo de Mutuo Consentimiento y Pago de Prestaciones a través de la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas, se acredita que la trabajadora aceptó el pago de sus prestaciones laborales establecidos en la Ley como consta a folios 59 de la primera pieza del expediente. Y que según las Constancias extendidas por el Encargado de Recursos Humanos de la Comisión Liquidadora del IHNFA-SEFIN, mediante las cuales hace constar que las prestaciones laborales de la demandante fueron pagadas en su totalidad según consta a folio 60 de la primera pieza del expediente. Que en la audiencia primera de trámite celebrada en fecha diecinueve de julio de dos mil dieciséis la Representante Procesal de la parte demandada, interpuso las excepciones perentorias Transacción, Pago y Prescripción tal como obra a folio 37 y 38 de la primera pieza de autos que fuera contestado en la audiencia continuación primera de trámite de fecha trece de octubre de dos mil dieciséis, ver folio 151 de la primera pieza de autos, basada en que ambas partes convinieron y estuvieron de acuerdo que se le pagaran las prestaciones laborales, acordando además que se haría un plan de pago reconociéndole el pago del 100% de sus prestaciones laborales y de conformidad a lo que establece el artículo 2000 del Código Civil, la transacción es "un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente, o precaven un litigio eventual. No es transacción el acto que sólo consiste en la renuncia de un derecho que no se disputa" y consta en autos que, mediante las Actas de Terminación de una Relación Laboral y el Plan de Pago de las Prestaciones e Indemnizaciones Laborales, celebrado ante autoridades del IHNFA y la Inspectora de Trabajo delegada a los efectos de Ley por la Inspectoría General del Trabajo, dependiente de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, sin la asistencia del Representante del Sindicato, a pesar de haber sido convocado previamente, los trabajadores demandantes firmaron los respectivos Convenios de Pago del cual estuvieron de acuerdo en los plazos y términos en ellos establecidos, como ya se expresó anteriormente y también consta en autos que la totalidad de esos valores ya le fueron cancelados a los demandantes, en consecuencia el Defecto Procesal de Transacción y Pago son procedentes por las razones anteriormente expuestas. En cuanto a la prescripción por la forma contradictoria en que se fundamenta jurídicamente esta excepción perentoria vuelve imposible su conocimiento dado que es una carga procesal de las partes señalar los hechos y fundamentos de derecho en que basan sus pretensiones y no habiéndolo hecho de esta manera la parte demandada, el Tribunal de oficio no puede enmendar los yerros cometidos al respecto. Que en vista de las consideraciones legales que anteceden, este Tribunal de Alzada es de la firme convicción que la sentencia definitiva que se conoce en vía de apelación se encuentra dictada conforme a los lineamientos, que franquean las leyes sobre la materia, por lo que en estricto derecho procede su confirmatoria. Que por ser gratuita la justicia laboral no es procedente en esta instancia la condena en costas a la parte vencida. 5.- Mediante auto de fecha 17 de enero del 2023, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado JOSÉ RAMON LAMOTHE ROSALES, en su condición de representante procesal de la señora MARIA EVANGELINA SÁNCHEZ SIERRA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 21 de julio del 2023, compareció ante este Tribunal el Abogado JOSÉ RAMON LAMOTHE ROSALES, en su condición de representante procesal de la señora MARIA EVANGELINA SÁNCHEZ SIERRA, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación; por lo que mediante providencia de fecha 19 de septiembre del 2023, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 28 de noviembre del 2023, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado CARLOS BENJAMÍN SANTOS HERNANDEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado ROY PINEDA CASTRO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I. Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II. Que el Abogado JOSÉ RAMON LAMOTHE ROSALES, en un primer y único motivo de casación alega: “Acuso la Sentencia Recurrida, ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional, por infracción indirecta proveniente de falta de apreciación de la prueba documental propuesta y admitida a la parte demandante, visible de folios 5, 6, 7, 8, 21, 58, 76, 158 al 185 específicamente a folios 175 donde se encuentra la cláusula 66 y 67 del séptimo contrato colectivo suscrito entre el IHNFA y SITRAIHNFA. de la primera pieza de autos, en relación con la prueba documental en su conjunto, que hizo incurrir al AD QUEM, en violación indirecta por error de hecho, del artículo 95 numeral 23 en relación con los artículos 60 párrafo primero 78 párrafo tercero y 126 del Código de Trabajo; 1.1 del Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo; 128 numeral 15) de la Constitución de la Republica. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las Normas Procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. SE SINGULARIZA LA PRUEBA NO APRECIADA: Las pruebas no apreciadas es la prueba documental consistente en los documentos visibles a folios 5,6, 7, 8, 21, 58, 76, 158 al 185 específicamente a folios 175 donde se encuentra la cláusula 66 y 67 del séptimo contrato colectivo suscrito entre el IHNFA Y SITRAIHNFA, de la primera pieza de autos, en relación con la prueba documental en su conjunto. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el artículo 765 numeral 1 párrafo segundo del Código de Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Como puede apreciarse la sentencia de mérito que confirma en todas sus partes la dictada por la juzgadora de primera instancia se basa en declarar con lugar los Defectos Materiales, de Transacción y Pago y por ello no valora las demás pruebas de fondo, siendo errónea su apreciación ya que, en cuanto a la Transacción en la cláusula segundo del documento que obra a folio 8 de la primera pieza de los autos y conlleva a la terminación de la relación laboral por mutuo consentimiento, lo que se equipara a la transacción, literalmente dispone "EL INSTITUTO manifiesta estar de acuerdo para proceder al pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales que de conformidad al contrato colectivo de condiciones de trabajo suscrito entre el IHNFA Y SITRAIHNFA, que obra a folios del 158 al 185 de los autos, le corresponden al trabajador...", y siendo que tal como está probado en autos el séptimo Contrato Colectivo que obra a folios del 155 al 185, que por no haberse suscrito otro contrato colectivo de conformidad a la ley, se prorrogo automáticamente por un año y siendo que, la demanda fue presentada el 6 de enero del 2015, era este instrumento jurídico en aplicación de la cláusula 66 y 67 que obra a folios relacionados que debía de observarse, para el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales, de conformidad al acuerdo de transacción que en su ordinal segundo literalmente dispone "EI INSTITUTO manifiesta estar de acuerdo para proceder al pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales que de conformidad al contrato colectivo de condiciones de trabajo corresponden al trabajador", y siendo que según el cálculo de acuerdo en lo establecido en las Cláusulas 00 y 67 del contrato colectivo le correspondía a mi representado la LPS.954,632.00, y lo pagado de conformidad a los cálculos elaborados discrecionalmente por el IHNFA, es por la cantidad de LPS.545,723.82. que deducida de LPS. 954,632.86, le quedaron a deber, la cantidad a pagar de LPS.408,009.04 (CUATROCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS NUEVE LEMPIRAS con 04/100), en tal sentido la transacción es correcta, porque se circunscribe a la terminación de la relación laboral por mutuo consentimiento de las partes, mas no así el defecto Material de Pago, que en todo caso es parcial por haber recibido una cantidad inferior de la debida y como es de vuestro conocimiento se entenderá pagada una deuda cuando completamente se hubiese entregado la cosa o hecho la prestación en que la obligación consistía, por tal motivo y habiendo pagado menos de lo debido, la parte demandada se deviene en la obligación a pagar la diferencia, que es por la cantidad de LPS. 408,909.04, porque de lo contrario conllevaría al enriquecimiento sin causa”. III. Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por los defectos técnicos siguientes: i) se invoca como norma sustantiva infringida el artículo 95 numeral 23 sin mencionar a que cuerpo legal corresponde. No obstante el defecto relacionada y, aun y cuando la inferencia es prohibida en este recurso extraordinario, si este Tribunal, en su caso, determinara que la norma señalada como violada corresponde al Código de Trabajo, la misma no tiene incidencia en lo decidido, ya que, lo resuelto en el fallo impugnado se fundamenta en la excepción perentoria de transacción y pago; por ello, cualquier ataque al mismo debe realizarse formulando una norma que regula esta institución jurídica, situación que no acontece en la diligencias de mérito. ii) en la explicación no se demuestra el error evidente y manifiesto alegado. y, iii) en el desarrollo se realizan alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario. IV. Por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 770, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivos de casación. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado Roy Pineda Castro. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, COORDINADORA. ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO quien firma por el Magistrado ROY PINEDA CASTRO, conforme al artículo 8 del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de octubre del dos mil veinticuatro; certificación de la sentencia de fecha dos de abril del dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL686-2022. FIRMA Y SELLO.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ.

SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.