Sentencia CL-663-22 — Registro 18246
Resumen
Segunda instancia confirma el fallo de primera declarando con lugar la demanda laboral de emplazamiento para que un patrono pruebe en juicio la justa causa de un despido, o por omisión sea condenado al reintegro al puesto de trabajo; condena: a reintegrar y esta sala declara no ha lugar el recurso.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
...´´Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible...´´
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 764 (Jerarquía Ordinaria)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 26 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8.1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8.2 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
...´´Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo 765 del Código del Trabajo en que encuentra comprendido el cargo; b) la norma que indica como violada (artículo 2 numeral 2, del Código del Trabajo Vigente) no ostenta el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y, c) invoca infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea, causales diferentes que debió invocar de forma separada por la independencia de los cargos...´´
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8.1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8.2 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
...´´Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo 765 del Código del Trabajo en que encuentra comprendido el cargo; b) la norma que indica como violada (artículo 2 numeral 2, del Código del Trabajo Vigente) no ostenta el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y, c) invoca infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea, causales diferentes que debió invocar de forma separada por la independencia de los cargos...´´
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
...´´Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo 765 del Código del Trabajo en que encuentra comprendido el cargo; b) la norma que indica como violada (artículo 7 de la Ley Estatuto de Medico Empleado, y el artículo 7 del Reglamento de la Ley Estatuto del Medico Empleado Vigente) no ostenta el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; c) invoca infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea, causales diferentes que debió invocar de forma separada por la independencia de los cargos; d) cita normativa no indicada como violada en la formulación del cargo, tal es el caso del, articulo 2 numeral 2 del Código del Trabajo ; y, e) formula alegatos propios de instancia, mismos que en este Recurso extraordinario son inapropiados debido que los argumentos del caso ya fueron evacuados en el momento procesal oportuno...´´
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8.1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8.2 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN.
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los un día del mes de febrero del año dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 9 de agosto del 2023, por el Abogado SAMUEL EDGARDO PACHECO VILLAFRANCA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, el señor JOSE GEOVANNI QUIROZ RIVERA, representado en juicio por el Abogado LUIS ENRIQUE DAVADI HERNANDEZ. OBJETO DEL PROCESO: Demanda Laboral de emplazamiento para que un patrono pruebe en juicio la justa causa de un despido, o por omisión sea condenado al reintegro al puesto de trabajo y en concepto de daños y perjuicios al pago de salarios caídos, reconocimiento de aumentos, ajustes salariales y demás beneficios, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la sección judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha 5 de marzo del 2019, por el señor JOSE GEOVANNI QUIROZ RIVERA, mayor de edad, casado, Médico y Cirujano, hondureño, con domicilio en el Municipio de Potrerillos, Departamento de Cortes, contra EL ESTADO DE HONDURAS, a través de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 17 de noviembre del 2022, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 27 de septiembre del 2022, dictada por el Juzgado de Letras de la sección judicial de San Pedro Sula, Departamento de cortes, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la demanda laboral para pedir reintegro al trabajo en el puesto que desempeñaba al momento del despido y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, promovida por el señor JOSE GEOVANNI QUIROZ RIVERA, de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia; contra EL ESTADO DE HONDURAS, a través de la Secretaria De Estado En Los Despachos De Salud, a través de la de la PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA, representada por la abogada LIDIA ESTELA CARDONA, de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; En consecuencia: 2) CONDENA: A EL ESTADO DE HONDURAS, a través de la Secretaria De Estado En Los Despachos De Salud, a través de la de la PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA, representada por la abogada LIDIA ESTELA CARDONA, a reintegrar al señor JOSE GEOVANNI QUIROZ RIVERA, a su trabajo en el puesto que venía desempeñando en igualdad de condiciones que momento del despido. Mas a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir por la demandante desde que se produjo la terminación hasta que se cumpla con la reinstalación”. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante expresó que ingresó a laborar para la Secretaria de Salud el 1 de octubre del 2014, mediante Acuerdo Ejecutivo No. 09-2014 de fecha 27 de enero del 2014, para desempeñarse como Médico General en el Centro de Salud ubicado en el Municipio de Potrerillos, Departamento de Cortés, otorgándosele sus derechos como ser pagos del décimo tercer mes y décimo cuarto mes; desde su nombramiento el 1 de octubre del 2014, se le ha estado prorrogando el nombramiento interino de manera continua e ininterrumpida hasta el 4 de enero del 2019, es decir, no ha habido interrupción de ninguna clase desde que comenzó a laborar para dicho centro asistencial hasta el día de su cancelación, por lo que laboró continuamente 4 años con 3 meses; el 7 de enero del 2019, la Jefa de la Unidad de Gestión y Desarrollo, Recursos Humanos de la Secretaria de Salud, Región Departamental de Cortes sin ninguna explicación, ni justificación alguna le entregó el Oficio No. 002-2019-UGDRH-RSDC, de fecha 4 de enero del 2019, en la cual le comunica que su relación laboral queda cancelada; devengando hasta la fecha de su cancelación, un salario de L. 29,806.68. En virtud de lo anteriormente expuesto, y ante tal acción de la Secretaria de Estado en los Despachos de Salud acudió a las oficinas del Ministerio del Trabajo con el objeto de agotar el procedimiento gubernativo conciliatorio de carácter administrativo de conformidad al artículo 691 del Código del Trabajo, y que se citara a la Secretaria de Estado en los Despachos de Salud, y al efecto de que se le reintegrara a su puesto de trabajo, habiéndose librado la respectiva citación el día 24 de enero del 2019 y nuevamente el 7 de febrero del 2019 para celebrarse el 20 de febrero del 2019, ésta se llevó a cabo sin respuesta satisfactoria, por lo tanto en fecha 20 de febrero del año 2019, se determinó dar por agotada la vía administrativa conciliatoria gubernativa y en libertad a efecto de hacer uso de los derechos por la vía judicial. 2.- La parte demandada, EL ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda argumentando que el demandante fue contratado a través de la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud, mediante Acuerdo de Nombramiento Interino No. 3535-2014, sujetos al Derecho Administrativo, regulados en el Reglamento de Personal de la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud, Acuerdo No. 209 y sus Reformas, Acuerdo No. 5299, en sus articulados, capítulo I, artículo 2, artículo 4, capitulo IV, Sección Cuarta de los artículos 23 al 27 referente a los nombramientos interinos; siendo estos emitidos de acuerdo a los artículos 116, 117, 118, 119 y 122 de la Ley General de la Administración Pública; el demandante tenía pleno conocimiento que su relación laboral era por un tiempo determinado, por lo que fue contratado de forma interina, aunado a ello la plaza que ocupaba dentro del engranaje de la administración pública fue sometido a concurso como lo establece la Ley del Estatuto el Medico Empleado y su Reglamento, asimismo se aprecia claramente que los Acuerdos de Nombramiento Interino tienen su respectiva estructura presupuestaria, el cual es regulado por los Decretos Legislativos que contienen la Aprobación Presupuestaria de los ejercicios Fiscales correspondientes, por lo que al demandante se le pagaba por una estructura la cual fue convocada a concurso, siendo el demandante uno de los participantes, quien fue descalificado de la plaza puesto No. 120000 como Medico General, con una jornada de 6 horas Matutinas, en la Región Sanitaria de Cortes, Potrerillos, habiendo un total de 11 Postulantes de los cuales solo calificaron 4, quedando en consecuencia un total de 7 Postulantes descalificados siendo uno de ellos el demandante; por lo que el demandado cumplió con lo establecido en el artículo 7 de la Ley Estatuto Medico Empleado y el artículo 7 del Reglamento de esa misma Ley, que establece la Convocatoria al Concurso Medico Abierto para Plazas Vacantes año 2018, publicada en Diario La Prensa el 1 de marzo del 2018, conteniendo las plazas, requisitos y bases del concurso; los acuerdos interinos contienen el nombre del servidor con su identidad, tipo de acción, fecha de efectividad, institución, programa, puesto, número de respetiva puesto... por lo que, comprobara que en el puesto que ocupaba el demandante, fue convocado a concurso en legal y debida forma, según lo establecido en el artículo 7 de la Ley Estatuto de Medico Empleado, y el artículo 7 del Reglamento de la Ley Estatuto del Medico Empleado; además dichos acuerdos interinos tienen términos de conclusión, con tiempo específicamente establecido y determinado o sea tiene una fecha de efectividad, inicio y finalización, y sujeto al Derecho Administrativo, y por consiguiente el Juzgado que debe conocer de este asunto es el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo. Los acuerdos de nombramiento interinos que suscribieron las partes establecen claramente reglas básicas de funcionamiento, como es la vigencia del mismo, que se fija términos de conclusión con tiempo específicamente establecido y determinado, sujetos al Derecho Administrativo, remitiendo a la competencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo. En virtud que los contratos suscritos por el Poder Ejecutivo son acuerdos en los cuales el Estado y personas individuales o jurídicas se obligan recíprocamente mediante la suscripción de un documento a cumplir disposiciones en el pactadas. En consecuencia, siendo que la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud forma parte del Poder Ejecutivo todo contrato suscrito por este con particulares está sujeto al Derecho Administrativo, siendo elevados a su Acuerdo respectivo, contemplados en el Reglamento de Personal de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, Acuerdo No. 209 sus Reformas, Acuerdo No.5299; rechaza el hecho donde la parte actora hace mención de haber solicitado la intervención de las autoridades administrativas de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, en virtud de que no ostenta facultades para comparecer a ningún tipo de conciliación, mucho menos al tratarse de una relación interina, ya que la Jurisdicción competente es el Juzgado de lo Contencioso Administrativo. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de la sección judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha 27 de septiembre del 2022, dictó sentencia que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la demanda laboral para pedir reintegro al trabajo en el puesto que desempeñaba al momento del despido y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, promovida por el señor JOSE GEOVANNI QUIROZ RIVERA, de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia; contra EL ESTADO DE HONDURAS, a través de la Secretaria De Estado En Los Despachos De Salud, a través de la de la PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA, representada por la abogada LIDIA ESTELA CARDONA, de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; En consecuencia: 2) CONDENA: A EL ESTADO DE HONDURAS, a través de la Secretaria De Estado En Los Despachos De Salud, a través de la de la PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA, representada por la abogada LIDIA ESTELA CARDONA, a reintegrar al señor JOSE GEOVANNI QUIROZ RIVERA, a su trabajo en el puesto que venía desempeñando en igualdad de condiciones que momento del despido. Mas a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir por la demandante desde que se produjo la terminación hasta que se cumpla con la reinstalación”. Bajo el criterio que del estudio y análisis practicados a las pruebas en su conjunto, considera que procede declara Con Lugar la demanda por las circunstancias siguientes, el artículo 47 del Código del Trabajo, establece que los contratos relativos a las labores que por su naturaleza sea permanentes o continuas en la empresa, se consideraran celebrada por tiempo indefinido, aunque en ellos se exprese término de duración, si al vencimiento de dicho contrato subsiste la causa o motivo que le dio origen; con la abundante prueba documental se encuentra acreditado que las partes celebraron varios contratos, los cuales datan desde del 1 de octubre del 2014 al 31 de diciembre del 2018; los contratos celebrados por el demandante con la institución demandada, aunque fueron celebrados por tiempo definido en aplicación a lo que dispone el artículo 47 y 52 párrafo tercero del Código de Trabajo, se consideran celebrados por tiempo indefinido aunque se haya establecido fecha de finalización, sumado al hecho que dicha relación nunca fue interrumpida desde la celebración del primer contrato hasta la fecha que le notificaron la terminación del contrato; y las funciones para las cuales fue contratada durante duraron los contratos siempre fueron las mismas, actividades que son continuos en la institución demandada, y subsistiendo la actividad que le dio origen. La demandada justifica la terminación de la relación de trabajo por el hecho que el demandante quedó descalificado del concurso, causal que no se encuentra comprendida en lo que dispone el artículo 112 del Código del Trabajo, ya que, si bien es cierto que los médicos para optar por una plaza o permanencia estos deben someterse a concursar y que bajo esta modalidad será regulada por el Colegio Médico de Honduras, y la evaluación dependerá de quien elabore el concurso; la demandada conoce los procedimientos para contratar su personal médico y quien dejó de observarlos no fue el empleado, sino el empleador, desde el momento que contrató al demandante en forma interina, sin que concurrieran los requisitos que establece el artículo 108 del Código del Trabajo, es decir, el demandante no estaba en sustitución de ningún empleado permanente, prueba de ello, es que la plaza no le pertenecía a nadie y por esa situación la sometieron a concurso, por el tracto sucesivo de la relación y la forma en que fue contratado el demandante este adquirió la permanencia en el cargo, por lo tanto, no es valedero que el demandante sea despedido por haber sido descalificado del concurso, pues quien omitió los procedimientos fue la demandada, por tal razón, el despido llevado a cabo en tales circunstancias se torna injusto e ilegal, por lo que procede condenar el reintegro al puesto de trabajo; el dar por terminado el Contrato de Trabajo del demandante invocando esa condición, se vulneran los derechos Constitucionales, como ser el derecho a la estabilidad laboral, ya que habían celebrado contratos de trabajo por tiempo definido, quedando obligada la demandada en acreditar la necesidad que justificara dicha contratación, por ser un contrato de excepción; razón por la cual, el contrato celebrado se considera por tiempo indefinido, desde el momento que subsiste la actividad que les dio origen, generando con ello derechos a los trabajadores que no le pueden ser quitados porque son derechos Constitucionales; y en aplicación de la Primacía que tiene la Constitución de la República sobre cualquier Ley, Decreto, siempre tendrá la Primacía la Norma Constitucional; el trabajador demandante en la suma de su escrito de demanda establece que reclama reconocimiento de aumentos, ajuste salarios y demás beneficios, sin embargo, en lo que demanda y la cuantía de la demanda no establece ninguna de esas pretensiones, por lo que al no haber establecido con precisión cuales eran sus pretensiones, ni establecer desde que tiempo reclama las mismas, como tampoco las cantidades ni haber aportado pruebas encaminadas a acreditar los mismos, considera procedente declarar Sin Lugar dichas pretensiones. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha 17 de noviembre del 2022, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas. Bajo el criterio que existe amplia documentación mediante la cual la parte patronal pretende establecer que la relación existente con el demandante fue bajo la forma de un nombramiento interino y en consecuencia, por tiempo limitado, sin embargo, observa que además que concurren plenamente los elementos establecidos en el artículo 20 del Código de Trabajo, también se encuentra acreditado que las labores que prestaba el médico reclamante son de carácter permanente y continuo dentro de la institución estatal contratante, tan es así que prestó sus servicio desde el año 2014, sin que exista evidencia que las mismas hayan sido de carácter extraordinario o que se le haya nombrado interinamente en sustitución de otro empleado, en los términos del artículo 108 del Código de Trabajo, por lo que se concluye que se trata de un contrato por tiempo indefinido, conforme al artículo 47 del Código de Trabajo, en consecuencia, solo puede finalizar, sin responsabilidad para el patrono, si existe justa causa debidamente acreditada, pues el requisito del concurso para ingresar a laboral es responsabilidad del empleador, por tanto no puede basar en esa causa la finalización del nexo laboral, por ser quien incumplió el trámite legal, según lo manda el artículo 7 de la Ley del Estatuto del Médico Empleado; sobre el motivo por el cual se dio por finalizado el Contrato de Trabajo, según el oficio suscrito por la parte patronal, que es por haber sometido la plaza a concurso, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en reiteradas sentencias como ser CL493-14; CL68-16; CL317-16; CL168-16, ha establecido lo siguiente, “en relación al tema de la aplicación del Estatuto del Docente Universitario, este Tribunal ha venido señalando que si bien el empleador puede imponer requisitos de admisión al trabajo, como es el concurso, si el mismo no lo realizó oportunamente y el trabajador (a) adquirió la condición de permanente, no es válido pretender imponer esa exigencia para determinar los derechos que le corresponden, toda vez que es el principal obligado a su realización y por ello no es dable beneficiarse de su omisión”. En virtud de lo anteriormente expresado, no encuentra atendibles los argumentos expresados por el demandado como agravios, en virtud que estima que la relación de trabajo entre las partes es de carácter permanente, y que no existió justa causa para su terminación, en consecuencia, resulta procedente declarar Sin Lugar el recurso interpuesto y confirmar la sentencia dictada en primera instancia. 5.- Mediante auto de fecha 17 de enero del 2023, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado SAMUEL EDGARDO PACHECO VILLAFRANCA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 9 de agosto del 2023, compareció ante éste Tribunal el Abogado SAMUEL EDGARDO PACHECHO VILLAFRANCA, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha 19 de septiembre del 2023, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 30 de octubre del 2023 se declaró precluido de derecho y perdido irrevocablemente el termino dejado de utilizar por el Abogado LUIS ENRIQUE DAVADI HERNANDEZ, en condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que el Abogado SAMUEL EDGARDO PACHECHO VILLAFRANCA, en el primer motivo de casación alega: “Acuso la Sentencia de fecha VEINTISIETE de SEPTIEMBRE del año Dos Mil VEINTIDOS emitida por el Juzgado de Letras de Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortes y el fallo de fecha DIECISIETE de NOVIEMBRE del dos mil Veintidós emitido por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, de ser violatoria la Ley Sustantiva de orden Nacional por aplicación indebida e interpretación errónea y apreciación errónea de un medio de prueba, y que se refiere al artículo 2 numeral 2, del Código del Trabajo Vigente, además que la parte demandada comprobó la justa causa que porque no se le emitieron fueron ACUERDOS DE NOMBREMIENTO INTERINOS, según como se acredito los medio de prueba. NORMA SUSTANTIVA VIOLADAS: La norma sustantiva de orden nacional violada es al artículo 2 numeral 2, del Código del Trabajo Vigente. PRUEBA ERRONEAMENTE APRECIADA: El error de apreciación de prueba se refiere al que la Corte de Apelaciones de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, no consolido totalmente válidos, los ACUERDOS DE NOMBRAMIENTOS INTERINOS que son para cubrir personal permanente con licencias o permisos o vacaciones y cesanteados, mientras se hace el concurso correspondiente según los estatutos de estos profesionales REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron de medio para el quebrantamiento de las normas sustantivas violadas es el artículo 738 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el artículo 765 numeral 1, del Código del Trabajo”. III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo 765 del Código del Trabajo en que encuentra comprendido el cargo; b) la norma que indica como violada (artículo 2 numeral 2, del Código del Trabajo Vigente) no ostenta el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y, c) invoca infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea, causales diferentes que debió invocar de forma separada por la independencia de los cargos. IV.- Que el Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso la Sentencia de fecha VEINTISIETE de SEPTIEMBRE del año Dos Mil VEINTIDOS emitida por el Juzgado de Letras de Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortes y el fallo de fecha DIECISIETE de NOVIEMBRE del dos mil Veintidós emitido por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, de ser violatoria la Ley Sustantiva de orden Nacional por aplicación indebida e interpretación errónea y apreciación errónea de un medio de prueba, y que se refiere al artículo 7 de la Ley Estatuto de Medico Empleado, y el artículo 7 del Reglamento de la Ley Estatuto del Medico Empleado Vigente, porque el CARGO porque está demandando fue CONVOCADO A CONCURSO, en legal y debida y él lo abandono sin causa Justificada. NORMA SUSTANTIVA VIOLADAS: La norma sustantiva de orden nacional violada es al artículo 7 de la Ley Estatuto de Medico Empleado, y el artículo 7 del Reglamento de la Ley Estatuto del Medico Empleado Vigente. PRUEBA ERRONEAMENTE APRECIADA: El error de apreciación de prueba se refiere al que la Corte de Apelaciones de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, no consolido totalmente válidos, el CONCUERSO DE CARGO DE MEDICO GENERAL sometido el demandante y con la CONFESION JUDICIAL practicada se comprobó QUE EL DESISTIO DEL CONCURSO REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron de medio para el quebrantamiento de las normas sustantivas violadas es el artículo 738 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el artículo 765 numeral 1, del Código del Trabajo. LA VIOLACION DE LA LEY SUSTANTIVA DE ORDEN NACIONAL POR APLICACIÓN INDEBIDA E INTERPRETACION ERRONEA LA EXPLICO DE LA SIGUIENTE MANERA: Que la Corte de Apelaciones de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, al dictar la Sentencia deviene en la obligación de aplicar las normas que regulan los aspectos debatidos en juicio, sin apartarse de los principios que informan al critica de la prueba, los hechos relevantes del proceso y la conducta procesal observada por las partes para poder proferir un fallo apegado a derecho; es evidente que las normas sustantivas invocadas fueron interpretadas erróneamente ya que la competencia es la pertenencia a un órgano, a un funcionario, o a un encargado del poder sobre la litis o un negocio determinado; naturalmente esta competencia es un requisito de validez del acto procesal en el que el poder encuentra su desarrollo.... Para señalar la competencia hay que tener en cuenta cinco factores principales, que son: 1) el objetivo; 2) el subjetivo; 3) el funcional; 4) el territorial; y 5) el de conexión; en este caso interesa el contenido del "factor objetivo" este factor se relaciona con el objeto del negocio, ya en cuanto a su naturaleza propi, o con respecto a su cuantía. El criterio derivado de la naturaleza del pleito se refiere al contenido específico de la relación jurídica en litigio, o sea, a la naturaleza misma de la pretensión o pretensiones que el actor invoca en el petitum de la demanda con que se inicia el proceso judicial. Es importante mencionar que la competencia objetiva en materia de trabajo es especializada y para ello la norma 679 del Código de la materia de fija el conocimiento de los Juzgados del Trabajo: 1: De todas las controversias que surjan del contrato de trabajo; 2......y 5: De todos los demás asuntos que determine este Código; de manera pues, que si bien el objetivo de los procesos laborales, son las controversias jurídicas laborales con su valor económico, que los sujetos son los trabajadores y empleadores, no lo es menos que su competencia está circunscrita a lo que ya establece la Ley controversias que surjan de ACUERDOS DE NOMBRAMIENTOS (INTERINO) son ACTOS Administrativos. Que de acuerdo al artículo 256 de la Constitución de la Republica, el régimen de Servicio Civil regula las relaciones de empleo y función pública que se establecen entre el Estado y sus servidores y de conformidad a lo prescrito por el articulo 2 numeral 2 del Código del Trabajo, EXCEPTÚA de su régimen de aplicación, a los empleados públicos nacionales, departamentales y municipales, señalando que las relaciones entre el Estado, el Departamento y el Municipio y sus servidores, se regirán por las Leyes del Servicio Civil que se expidan; se entiende por empleado público, aquel, cuyo puesto ha sido creado por la Constitución, la Ley. Decreto ejecutivo o acuerdo Municipal, con lo anteriormente expresado, está claramente demostrado que la jurisdicción del Trabajo, no es competente para conocer del reclamo laboral presentado por el demandante y se ratifica la aplicación indebida e interpretación errónea que la Corte de Apelaciones Seccional de San Pedro Sula, Cortes, hace de la norma sustantiva violada al dictar la sentencia por la que en este acto se recurre. LA APRECIACION ERRONEA DE LA PRUEBA LA EXPLICO DE LA SIGUIENTE MANERA: PRIMERO: Que la Corte de Apelaciones de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes hace apreciación errónea de MEDIOS DE PRUEBA QUE NO FUE VALORADO, ya que todo ACUERDOS DE NOMBRAMIENTO (INTERINO) emitidos por la AUTORIDAD NOMINADORA por parte del Estado de Honduras a través de los órganos competentes en nuestro caso la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud por intermedio de su Secretario de Estado TIENEN SUS REGULACIONES EN DIFERENTES ESTAMENTOS LEGALES, por consiguiente todo lo allí pactado tendrá consecuencias jurídicas estrictamente Administrativas que se resolverán en caso de conflictos en los Juzgados de lo Contencioso Administrativo, para el caso tenemos que: la Ley de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en su Artículos 1,manifiesta, Por la Presente Ley se regula la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo encargada de conocer de las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de carácter particular o general de la Administración Pública, sujetos al Derecho Administrativo. Artículo 2,..., b; Articulo 3, La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá también de: a) Las cuestiones referentes al cumplimiento, interpretación, resolución, rescisión y efectos de los ACUERDOS emitidos por los poderes del Estado, por Municipalidades y por Instituciones Autónomas y todo lo relativo a los Contratos de Servicios Profesionales o Técnicos.- En atención a lo anteriormente expresado es que consideramos, que la Corte de Apelaciones Seccional de San Pedro Sula, Cortes, al dictar el fallo recurrido no hizo apreciación de una prueba que es válida por todas las razones de hecho y de derecho relacionadas, en consecuencia se produce la infracción de Ley por apreciación errónea de una prueba.- SEGUNDO: Que la Corte de Apelaciones de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes hace apreciación errónea de MEDIOS DE PRUEBA QUE NO FUE VALORADO, ya que se presentó la documentación consistente en el procedimiento administrativo de CONCURSO de la plaza que mediante ACUERDOS DE NOMBRAMIENTO (INTERINO) estaba ocupando el Demandante y que admitió mediante MEDIO DE PRUEBA DECLARACION DE PARTE: Que el desistió de dicho concurso”. V.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo 765 del Código del Trabajo en que encuentra comprendido el cargo; b) la norma que indica como violada (artículo 7 de la Ley Estatuto de Medico Empleado, y el artículo 7 del Reglamento de la Ley Estatuto del Medico Empleado Vigente) no ostenta el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; c) invoca infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea, causales diferentes que debió invocar de forma separada por la independencia de los cargos; d) cita normativa no indicada como violada en la formulación del cargo, tal es el caso del, articulo 2 numeral 2 del Código del Trabajo ; y, e) formula alegatos propios de instancia, mismos que en este Recurso extraordinario son inapropiados debido que los argumentos del caso ya fueron evacuados en el momento procesal oportuno. VI.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, quien firma por el Magistrado Coordinador ROY PINEDA CASTRO, conforme al artículo 8 del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de octubre del dos mil veinticuatro; certificación de la sentencia de fecha uno de febrero del dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL663-2022. FIRMA Y SELLO.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ.
SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.