Sentencia CL-658-22 — Registro 18162
Resumen
...´´Segunda instancia confirma el fallo de primera instancia donde declara sin lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de jubilación vitalicia de acuerdo al plan de asistencia social, absuelve, de pagar jubilación vitalicia de acuerdo al plan de asistencia social absuelve a pagar, y esta sala declara no a lugar el recurso...´´
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
...´´Que acorde a lo dispuesto en los artículos 764, 765 y 769 del Código del Trabajo, la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible...´´
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 764 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
...´´Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) el artículos 95 numeral 23 del Código del Trabajo, señalado como violado directamente, si bien tienen el carácter sustantivo exigido en este extraordinario recurso, el mismo regulan situaciones jurídicas que no tienen incidencia en la decisión final objeto del recurso; b) olvida el Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley; y, c) formula alegatos de instancia...´´
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
...´´. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la norma que indica como violada el artículo 289 del Código del Trabajo no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y, b) formula alegatos propios de instancia...´´
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
...´´Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente; a) omite señalar las normas sustantivas violadas; b) debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por el Recurrente; c) la prueba singularizada si fue apreciada en el fallo impugnado, resultando que se le dio una valoración o alcance diferente al que pretende el Impetrante, por lo que es impropio el ataque al mismo por falta de apreciación; y, d) formula alegatos propios de instancia...´´
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
...´´Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) omite señalar la norma sustantiva violada; b) el recurrente no demuestra como la sentencia del Tribunal AD-QUEM contenga decisiones que hacen más gravosa su situación en apego al principio reformatio in pejus; c) formula alegatos de instancia inoportunos en este extraordinario recurso...´´
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
...´´Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; En el presente caso, donde la situación planteada ya ha sido resuelta en el momento procesal oportuno por el A Quo y confirmado por el Tribunal de apelación lo constituye en un objeto de litigio ya dirimido y agotadas sus instancias, sin embargo estudiado el caso en examen, éste Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria...´´
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los dos días del mes de abril del año dos mil veinticuatro VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 12 de mayo del 2023, por el Abogado FABRIZZIO ANTONIO VALLE VENTURA, en su condición de representante procesal del señor ELVIN RUBÉN GÓMEZ BANEGAS, como recurrente; además, es parte recurrida, el BANCO CENTRAL DE HONDURAS (BCH), representado en juicio por la Abogada ALEJANDRA YANETH FIGUEROA AGUILAR. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para el otorgamiento del beneficio de jubilación vitalicia de acuerdo al plan de asistencia social del Banco Central de Honduras y demás beneficios inherentes a la misma, complemento de bono contractual, costas; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 25 de septiembre del 2013, por el Abogado FABRIZZIO ANTONIO VALLE VENTURA, en su condición de representante procesal del señor ELVIN RUBÉN GÓMEZ BANEGAS, contra el BANCO CENTRAL DE HONDURAS (B.C.H.) por medio de su Gerente el señor HÉCTOR BIENVENIDO MÉNDEZ CALIX. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 12 de agosto del 2022, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 30 de abril del 2021, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: I. Declarar SIN LUGAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE JUBILACIÓN VITALICIA DE ACUERDO AL PLAN DE ASISTENCIA SOCIAL; instaurada por el ABOGADO FABRIZZIO ANTONIO VALLE VENTURA, en su condición de Representante Procesal del Señor ELVIN RUBÉN GÓMEZ BANEGAS; contra EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS (B.C.H.) por medio de su Gerente el Señor HÉCTOR BIENVENIDO MÉNDEZ CALIX; II.- ABSUELVE: AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS, (B.C.H.) por medio de su Gerente el Señor HÉCTOR BIENVENIDO MÉNDEZ CALIX de pagar JUBILACIÓN VITALICIA DE ACUERDO AL PLAN DE ASISTENCIA SOCIAL al señor ELVIN RUBÉN GÓMEZ BANEGAS. III. Declarar SIN LUGAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE LIQUIDACIÓN DE LOS DERECHOS RELACIONADO CON LA BONIFICACIÓN POR LOS SERVICIOS PRESTADOS (PRIMA DE ANTIGÜEDAD); COMPLEMENTO DEL PAGO DE BONO CONTRACTUAL Y QUE EL PRÉSTAMO PERSONAL SE LE DEDUZCA DE LA PENSIÓN VITALICIA QUE RECIBA; instaurada por el ABOGADO FABRIZZIO ANTONIO VALLE VENTURA, en su condición de Representante Procesal del Señor ELVIN RUBÉN GÓMEZ BANEGAS; contra EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS (B.C.H.) por medio de su Gerente el Señor HÉCTOR BIENVENIDO MÉNDEZ CALIX; en consecuencia IV- ABSUELVE: AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS, (B.C.H.) por medio de su Gerente el Señor HÉCTOR BIENVENIDO MÉNDEZ CALIX a pagar al señor ELVIN RUBÉN GÓMEZ BANEGAS dichos conceptos. V. SIN COSTAS en esta instancia”. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que el Banco Central de Honduras, cuenta con un Plan de Asistencia Social (PAS) mismo que nació de una conquista social, por lo que se encuentra incorporado al Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo que suscribió con el SITRABANTRAL, por lo que se encuentra bajo el amparo y protección del mismo, tal como consta en la Cláusula Decima Segunda: "El Banco se compromete a no disminuir, tergiversar o suprimir las prestaciones sociales de que disfruta el personal del Banco hasta esta fecha, contenidas en el Código del Trabajo y Reglamento del Plan de Asistencia Social para el personal del Banco Central de Honduras"; que el demandante comenzó a laborar para el Banco Central de Honduras el 25 de septiembre de 1986, y cotizo por más de 22 años al Plan de Asistencia Social del Banco Central de Honduras, lo que le daba derecho a recibir una jubilación vitalicia al haber cumplido con los requisitos establecidos en el Reglamento del Plan de Asistencia Social; arguyó que recibió nota de despedido del Banco Central de Honduras, el 04 de marzo del 2009, misma que explicaba con esas palabras a que se debía el despido: "La decisión anterior se basa en los artículos 97 numerales 1 y 10 y 112 literal I) del Código del Trabajo, con relación a los artículos 44 literales a) y w), 46 literal I) y 47 del Reglamento Interno de Trabajo del Banco Central de Honduras, y específicamente obedece a las faltas graves cometidas por usted al no acatar las órdenes que mediante notas de fechas 5 y 19 de febrero de 2009, el Banco Central de Honduras, en su condición de patrono le comunicó, a efecto que se sometiese a reconocimiento médico y evaluación de su estado actual de salud con la Médico Psiquiatra Holy Palacios, el día lunes 16 de febrero del 2009 a las 5:00 p.m. y el sábado 21 de febrero del año en curso a las 9:00 a.m., citas médicas programadas a las que usted no asistió, debiendo hacerlo”; y que en el momento del despido devengaba un salario mensual de L. 20,200.00, despido que origino la correspondiente demanda laboral de reintegro en ese Juzgado, obteniendo sentencia favorable, pero en la Corte de Apelaciones del Trabajo obtuvo sentencia desfavorable así como en la etapa de casación. Que el 08 de abril de 2013 solicito al Directorio del Banco Central de Honduras, que le jubilara y que le entregara entre otras cosas, otros derechos inherentes al Reglamento del Plan de Asistencia Social y a la Contratación Colectiva, emitiendo la RESOLUCIÓN No. 242-6/2013 en la Sesión No. 3471 del 13 de junio de 2013, mediante la cual no se le otorgo la jubilación solicitada. Posteriormente, en la secretaria del Trabajo se buscó conciliar, pero no hubo ánimo de conciliar por parte del Banco Central de Honduras, tal como se desprende del acta de cierre de diligencias gubernativas de fecha 09 de septiembre de 2013; manifestó que el Reglamento del Plan de Asistencia Social que se encontraba vigente cuando comenzó a laborar, establecía en su Artículo 38 lo siguiente: "En caso de que el miembro del Plan no haya alcanzado el tiempo de servicio determinado según el artículo 33, tendrá derecho a acogerse al beneficio de jubilación, siempre y cuando haya cotizado al Plan durante un periodo mínimo de quince (15) años y que su Contrato de Trabajo termine por supresión de su puesto, o despido por causas que no impliquen malversación de fondos o la comisión de actos delictivos en el desempeño de sus labores en el Banco. El monto de la jubilación correspondiente, será el 52.5% del salario base mensual por los primeros 15 años de servicio activo. Por los años siguientes, se aumentará dicha jubilación sobre la base del mismo salario, a razón de 2.5% por cada año, multiplicado por el porcentaje que resulte de dividir los años adicionales a los quince (15) entre la diferencia del tiempo normal de servicio calculado según la fórmula E + 2T = 75, y los quince años base. Previo al otorgamiento del beneficio de jubilación comprendido en este Articulo, el Banco efectuara los aportes necesarios al Plan de Asistencia Social para garantizar el cumplimiento de este beneficio."; y siendo que no fue despedido por causas que implicasen malversación de fondos o la comisión de actos delictivos en el desempeño de sus labores de conformidad al artículo precedente, y que cotizó más de 15 años de servicio, es que estaba solicitando que se le jubile conforme a derecho ya que cumplió con los requisitos necesarios para gozar del beneficio de jubilación mensual vitalicia garantizada, y siendo que de conformidad al Artículo 57 del Reglamento del Plan de Asistencia Social (PAS): "Las prestaciones establecidas en el presente Reglamento constituyen derechos irrenunciables e inalienables y nadie puede ser privado de ellos, en todo o en parte, sino en los casos en que expresamente se prescriba lo contrario”, es por ello que solicitó, que ordene ese Juzgado sea beneficiado de la respectiva jubilación por haber cotizado por más de 22 años al Plan de Asistencia Social del Banco Central de Honduras, cumpliendo lo dispuesto en el Artículo 38 del Reglamento del Plan de Asistencia, Social. además manifestó que no sería la primera vez que el Banco Central de Honduras jubila a un empleado al alcanzar los 15 años de servicio; tal fue el caso de la actual titular de la Presidencia del Banco Central de Honduras, Maria Elena Mondragón de Villar, así como muchos otros, a quien se le aplicó el artículo 38 del Reglamento del Banco Central de Honduras; igual como a otros funcionarios del Banco Central de Honduras que igualmente fueron beneficiados por dicho artículo, jubilándoseles al haber alcanzado los 15 años de cotización al Plan de Asistencia Social; también hizo de conocimiento de ese Juzgado que el señor Roberto Vidal Oseguera Sosa, interpuso demanda por los mismos derechos ante el Juzgado de Trabajo Primero de Letras el 28 de junio de 2002, obteniendo en su momento sentencia favorable y otorgándosele la jubilación correspondiente, y que acompañó fotocopias de las sentencias correspondientes, para efectos de ilustración de ese Juzgado. Y que en atención al Articulo No.3 del Reglamento del Plan de Asistencia Social se desprende que: "El Plan tendrá por objeto... la prestación de los beneficios establecidos de conformidad con el presente Reglamento", encontrándose la jubilación dentro de esos beneficios de acuerdo al Artículo 21 inciso b) de dicho reglamento; asimismo, de conformidad al Artículo 21 inciso d) del Reglamento del Plan de Asistencia Social otro de los servicios prestados por el Plan de Asistencia Social es la Bonificación por Servicios Prestados, mejor conocida como Prima de Antigüedad, la cual el demandante no recibió a la fecha, mismo que constituye un derecho adquirido que tiene su génesis en las cotizaciones que hiciera el demandante por más de 22 años al Plan de Asistencia Social. y que, en ese sentido, la Cláusula Vigésima Quinta del Contrato Colectivo, párrafo segundo, establece que: "El Banco pagará a los miembros del Plan de Asistencia Social que se jubilen o pensionen a partir de la fecha, conforme los artículos 32, 33 y 38 del mismo Reglamento, una bonificación especial equivalente al 75% de la bonificación por servicios prestados, calculada conforme el Artículo 72 de dicho Reglamento. En ningún caso, dicha bonificación será inferior a L 20,000.00"; y el Artículo 72 del Reglamento del Plan de Asistencia Social, párrafo segundo establece que: "La Bonificación por Servicios Prestados será igual al ochenta por ciento (80%) de la cantidad que resulte de multiplicar el salario mensual de base por el número de años de servicio. En ningún caso, el monto que resulte de aplicar el párrafo anterior, será mayor al monto de los sueldos ordinarios devengados que se pagarían en quince (15) meses de servicio"; Asimismo agregó que tampoco se le pagó el complemento del Bono anual que otorga el Banco Central de Honduras mismo que nace de la Contratación Colectiva correspondiente al 2.0 del sueldo mensual ordinario correspondiente al año 2009 donde solo le pagaron una parte, una suma por L. 21,050.96 cuando debió habérsele pagado 2 veces su salario ordinario mensual equivalente a L. 40,440.00; de acuerdo al Artículo No.60 del Código del Trabajo que establece que: "Los contratos colectivos obligan a sus firmantes así como a las personas en cuyo nombre o representación se celebran" y el Banco Central de Honduras no pudo por Ley tomar decisiones unilaterales con relación a la aplicación del Contrato Colectivo firmado con el Sindicato del Banco; finalmente expresó que obtuvo a través del Plan de Asistencia Social un préstamo personal, por lo que de la cantidad que reciba en concepto de jubilación mensual, solicitó que de la misma se le deduzca el préstamo personal correspondiente. 2.- La parte demandada, el BANCO CENTRAL DE HONDURAS (BCH), contestó dicha demanda, rechazando las pretensiones del demandante, señalando que tal como lo apunta el demandante, los empleados y funcionarios permanentes del Banco Central de Honduras cuentan con un Plan de Asistencia Social, cuyos derechos y obligaciones consignados en el mismo, se encuentran incorporados al Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo que rige en dicha institución bancaria estatal; y que efectivamente el demandante laboró en el Banco Central de Honduras (BCH) durante 22 años y a su vez se rechaza categóricamente lo aseverado en cuanto a que por haber efectuado las aportaciones que le correspondían al Plan de Asistencia Social durante ese periodo, ello le da automáticamente el derecho a recibir una jubilación; ya que según el Artículo 32 del Reglamento del Plan de Asistencia Social, vigente al momento del despido del demandante como empleado del BCH, preceptúa textualmente lo siguiente: “La jubilación es la renta vitalicia pagadera con periodicidad mensual a que tienen derecho los miembros del Plan que hayan cumplido por lo menos quince (15) años de servicio continuos y la edad normal de retiro, la que se determina mediante la aplicación de la siguiente ecuación: E + 2T = 75; donde E representa la edad de ingreso y T el tiempo de servicio"; lo anterior para ilustrar a ese Juzgado, que para que se cumpla el requisito de obtener la jubilación que reclama el demandante, se requiere dos condiciones básicas e indispensables: 1) Haber cumplido por lo menos 15 años de servicio continuos en el BCH, y 2) Haber cumplido con la Edad Normal de Retiro. Al despejar la ecuación a la que alude el Reglamento del Plan de Asistencia Social del BCH que es sustentada en criterios actuariales, así: EDAD DE INGRESO DEL SEÑOR ELVIN RUBÉN GÓMEZ BANEGAS. 25-09-1986 (fecha de ingreso al BCH) - 25-02-1967 (fecha de nacimiento) = 00, 07, 19 (edad de ingreso al BCH 20 años). TIEMPO DE SERVICIO DEL SEÑOR ELVIN RUBÉN GÓMEZ BANEGAS: 2009-02-04 – 1986-09-25 = 22, 05, 09. TIEMPO DE SERVICIO ESPERADO DEL SEÑOR ELVIN RUBÉN GÓMEZ BANEGAS E + 2T=75, 20+ 2T=75, T = 75-20 = 55/2= 27.5; que tal como se pudo apreciar el demandante laboró para el BCH durante 22 años, 5 meses y 9 días, es decir, cumplió únicamente con el supuesto de laborar por más de 15 años continuos en la Institución; sin embargo, para cumplir plenamente con el Artículo 32 del Reglamento del PAS, debía también alcanzar la edad normal de retiro exigida, que en su caso era de 2 años y 6 meses, tiempo de servicio obligatorio que le hubiera dado el derecho para ejercer el beneficio de jubilación que reclamó requisito que a todos luces no se cumplió, por consiguiente su pretensión es contraria a derecho.; arguyó además que el demandante el demandado dio por terminada la relación laboral basado en justa causa, hecho que ya fue debatido y reconocido por los órganos jurisdiccionales del Trabajo mediante sentencia que adquirió el carácter de firme (expedientes 445-09. 5435-2010 y SL-362-10). Que en con base en Ley, el demandado emitió el 13 de junio del 2013 la Resolución No.242-6/2013, por medio de la cual declaró parcialmente con lugar el reclamo administrativo presentado por el demandante y que se orientaba a solicitar lo siguiente: 1) "El beneficio de jubilación vitalicia y los demás beneficios inherentes a la misma. 2) La liquidación de los derechos relacionados con la Bonificación por Servicios Prestados (Prima de Antigüedad). 3) Liquidación de todos los derechos adquiridos de índole laboral tales como: décimo tercer mes y décimo cuarto mes de salario de forma proporcional, vacaciones proporcionales, así como vacaciones vencidas. 4) El pago del bono correspondiente al mes de marzo del año 2009. 5) Que el préstamo personal que adeuda a esta Institución se le deduzca de la pensión vitalicia que solicita. 6) Que de no querer otorgarle la jubilación vitalicia que en derecho dice corresponderle, se le haga la devolución de todas la cuotas de aportación correspondientes a más de 22 años de servicio mismas que ascienden a un 3% del sueldo ordinario que recibía, así como, la totalidad de las cuotas de aportación que hizo el BCH correspondientes a un 32% de su sueldo ordinario como empleado, cuotas calculadas en función de intereses generados en base a la tasa activa más alta del sistema financiero nacional, en consecuencia, que el préstamo personal que adeuda a esta Institución, se le deduzca de esta devolución de dinero". Y que al amparo de lo que dispone el Reglamento del Plan de Asistencia Social del BCH, el demandado le reconoció los derechos proporcionales que manda el Código del Trabajo y el pago del bono correspondiente al mes de marzo del 2009, por constituir los mismos un derecho adquirido del demandante denegándole las demás peticiones por improcedentes; y que adición al reclamo administrativo que previamente había interpuesto el demandante ante el Directorio del Banco Central de Honduras, también optó por presentar reclamo ante las autoridades administrativas del trabajo solicitando lo siguiente: "QUE SE LE JUBILE O EN SU CASO LA DEVOLUCIÓN DE LAS APORTACIONES QUE HIZO AL PLAN DE ASISTENCIA SOCIAL Y PAGO DE COMPLEMENTO FALTANTE DE DERECHOS ADQUIRIDOS", efecto para el cual se llevó a cabo audiencia de conciliación en la que no se logró un acuerdo entre las partes; rechazó totalmente lo argumentado por el demandante en cuanto a que invocó su supuesto derecho de jubilación, basado en disposiciones legales que no se encontraban vigentes al momento de su despido justificado del Banco Central de Honduras y que cuando él ingreso a laborar en el Banco Central de Honduras (año 1986), el Artículo 38 del Reglamento del Plan de Asistencia Social que se encontraba vigente; olvidando el demandante mencionar que el Reglamento del Plan de Asistencia Social vigente en el año 1986, fue modificado en múltiples ocasiones, de manera que el Articulo que regula la concerniente al derecho de jubilación vigente al momento de ocurrir el despido justificado del demandante era y sigue siendo el siguiente: "Articulo 32.- La jubilación es la renta vitalicia pagadera con periodicidad mensual a que tienen derecho los miembros del Plan que hayan cumplido por lo menos quince (15) años de servicio continuos y la edad normal de retiro, la que se determina mediante la aplicación de la siguiente ecuación: E+ 2T = 75; donde E representa la edad de ingreso y T el tiempo de servicio"; disposición que resultaba ser la aplicable en el caso del demandante y que fue explicada y desarrollada ampliamente en la contestación de la demanda; alego que resulta impertinente el alegato del demandante cuando refiere que al no haber sido despedido por causas que implicaran malversación de fondos y además haber laborado por más de 15 años, ello le daba el derecho a que se le otorgue la jubilación que reclama, pues quedó plenamente establecido que dicha disposición no se encontraba vigente al momento de ocurrir el despido justificado del demandante, ya que el Reglamento del Plan de Asistencia Social de los empleados y funcionarios del Banco Central de Honduras fue reformado, en ese y otros aspectos, en el año de 1999. Y a lo referente que "no es la primera vez que el Banco jubila a un empleado al alcanzar 15 años de servicio y que el demandante puso como ejemplo a varios funcionarios; y que esos casos traídos a colación no se asemejaron en manera alguna al caso específico del demandante; y en cuanto a lo referente al reclamo de la prima antigüedad, alegó que en el caso del demandante tampoco se cumplieron los requisitos establecidos para ello. Argumentó además que se le canceló al demandante completamente todos los derechos proporcionales que le correspondían incluyendo el bono contractual que el demandado hizo efectivo a sus funcionarios y empleados en el mes de marzo del 2009; que para hacerle el pago se aplicaron los lineamientos y fórmulas para determinar el tiempo que laboró el demandante, y que haciendo el cálculo matemático dio como resultado la cantidad de L. 21,050.96, que le canceló el BCH al señor Elvin Rubén Gómez Banegas, y que era la que legalmente le correspondía y no sobre el simple y antojadizo cálculo matemático que hace el demandante al multiplicar 2 veces su sueldo. Que el demandante a sabiendas que no le correspondía el beneficio de jubilación que reclamaba, le ofreció al demandado que se cobre de esa supuesta jubilación el préstamo que le adeuda por la cantidad de L.734,649.00, igual que lo hizo cuando presentó reclamo administrativo ante el BCH solicitando, entre otras cosas, la devolución de sus cotizaciones al Plan de Asistencia Social, pero como sabía que tal solicitud era legalmente improcedente, también le ofreció al BCH que se cobrara de esas devoluciones el préstamo personal que le adeudaba a esa Institución, es decir, que el demandante sólo ofrece pagar de lo que sabe que no le correspondía. Finalmente resaltó que por un error administrativo al documentar el crédito en referencia se estableció en el título que su exigibilidad era hasta el 15 de mayo de 2018, cuando debió ser a la vista, error que le ha permitido al deudor, lucrarse del financiamiento sin estar efectuando pagos al capital e intereses; y que sabedor de tal circunstancia, acudió a recursos imaginarios para denotar voluntad de pagos porque sebe que en su momento deberá cumplir a cabalidad con su obligación pecuniaria. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 30 de abril del 2021, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: I. Declarar SIN LUGAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE JUBILACIÓN VITALICIA DE ACUERDO AL PLAN DE ASISTENCIA SOCIAL; instaurada por el ABOGADO FABRIZZIO ANTONIO VALLE VENTURA, en su condición de Representante Procesal del Señor ELVIN RUBÉN GÓMEZ BANEGAS; contra EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS (B.C.H.) por medio de su Gerente el Señor HÉCTOR BIENVENIDO MÉNDEZ CALIX; II.- ABSUELVE: AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS, (B.C.H.) por medio de su Gerente el Señor HÉCTOR BIENVENIDO MÉNDEZ CALIX de pagar JUBILACIÓN VITALICIA DE ACUERDO AL PLAN DE ASISTENCIA SOCIAL al señor ELVIN RUBÉN GÓMEZ BANEGAS. III. Declarar SIN LUGAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE LIQUIDACIÓN DE LOS DERECHOS RELACIONADO CON LA BONIFICACIÓN POR LOS SERVICIOS PRESTADOS (PRIMA DE ANTIGÜEDAD); COMPLEMENTO DEL PAGO DE BONO CONTRACTUAL Y QUE EL PRÉSTAMO PERSONAL SE LE DEDUZCA DE LA PENSIÓN VITALICIA QUE RECIBA; instaurada por el ABOGADO FABRIZZIO ANTONIO VALLE VENTURA, en su condición de Representante Procesal del Señor ELVIN RUBÉN GÓMEZ BANEGAS; contra EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS (B.C.H.) por medio de su Gerente el Señor HÉCTOR BIENVENIDO MÉNDEZ CALIX; en consecuencia IV- ABSUELVE: AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS, (B.C.H.) por medio de su Gerente el Señor HÉCTOR BIENVENIDO MÉNDEZ CALIX a pagar al señor ELVIN RUBÉN GÓMEZ BANEGAS dichos conceptos. V. SIN COSTAS en esta instancia”. Bajo el criterio que, en relación a la petición del pago de jubilación vitalicia de acuerdo al Plan de Asistencia Social, asimismo y de acorde a la sentencia emitida y observaciones realizadas por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo mediante Certificación 13321 y teniendo a la vista el Reglamento del Plan de Asistencia Social del Banco Central de Honduras que corre agregado a folios 152 al 175 de los autos en el cual en sus artículos 32 y 33 que preceptúan: La jubilación es la renta vitalicia pagadera con periodicidad mensual a que tiene derecho los miembros del plan, que hayan cumplido por lo menos quince años de servicio continuos y la edad normal de retiro, la que se determina mediante la aplicación de la siguiente ecuación: E+ 2t =75; donde E representa la edad de ingreso y T el tiempo de servicio. La jubilación podrá otorgarse por retiro voluntario o por retiro forzoso. La jubilación por retiro voluntario tendrá lugar cuando el participante ejercite su derecho en cualquier momento; a partir de la fecha de haber cumplido con los requisitos mínimos de edad y tiempo de servicio. La jubilación por retiro forzoso tendrá lugar cuando el participante haya cumplido con el requisito de servicio y alcanzado los sesenta (60) años de edad; respectivamente y de conformidad a lo señalado en el CONSIDERANDO (12) de la sentencia antes relacionada y proferida por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo en el cual expone: Que el Principio de Irretroactividad contemplado en el artículo 96 de nuestra Constitución de la Republica expone: La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado; por lo que la misma no es otra cosa que la aplicación de la Norma Nueva a hechos o actuaciones que tuvieron su origen bajo el imperio de la norma antigua, pero en materia penal, no en el ámbito laboral. En ese sentido la Juez de Primera debe dictar su sentencia en base a este último plan de jubilación vigente; en consecuencia y en aplicación al principio jurídico de irretroactividad que es un derecho fundamental y consagrado en el artículo 96 Constitución de la República en el cual establece "La ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado" que se refiere a la imposibilidad de aplicar una norma o hechos anteriores a la promulgación de la misma, es decir que se trata de impedir que las normas tengan efectos hacia atrás en el tiempo, así como asegura que tales efectos comiencen en el momento de su entrada de vigor, con la finalidad de dotar el ordenamiento jurídico, por ende las leyes solo pueden producir efecto para el futuro es decir a partir de su entrada en vigor, el tiempo es irreversible y no se puede volver al pasado para modificar los hechos acaecidos en él. Así mismo en aplicación al artículo 667 de nuestro Código del Trabajo que cita: Los jueces de trabajo son independientes en el ejercicio de sus funciones y no están sometidos más que a la Constitución y a la ley. Pero los inferiores están obligados a acatar y cumplir las decisiones que dicten sus superiores jerárquicos al revocar o reformar, en virtud de recursos legales, las resoluciones proferidas por aquellos; por lo que tomando en cuenta que el demandante inicio a laborar en la Institución demandada a la edad de 20 años y que al momento de su retiro tenía una antigüedad de 22 años con lo cual no alcanza el valor de 75 establecido en el artículo 32 del nuevo Reglamento del Plan de Asistencia antes relacionado; por lo que después de realizar la operación aritmética el señor GÓMEZ BANEGAS alcanzo una edad normal de retiro de 22 años; siendo necesario que cumpliera 27 años con seis meses; en vista de lo anterior procede declarar SIN LUGAR el pago de jubilación vitalicia de acuerdo al Plan de Asistencia Social. Que la parte demandante también solicita la liquidación de los derechos relacionado con la bonificación por los servicios prestados (prima de antigüedad), para lo cual se acredito en autos el Reglamento del Plan de Asistencia del Banco Central de Honduras, en la cual en su artículo 52 establece: Que se concede al miembro que habiendo laborado un años o más se retire del servicio del Banco Central de Honduras por cancelación de su puesto, renuncia, mutuo consentimiento o despido injustificado, sin haber alcanzado la edad normal de retiro, tiene derecho a recibir como prima de antigüedad y en su artículo 54 indica que no se concede el mismo cuando el miembro del Plan hubiere sido despedido basado en causa justa, de acuerdo con el Código del Trabajo y el Reglamento de Trabajo, por lo cual se llega a la firme convicción que la parte demandante no acredito el derecho alegado mientras que parte demanda ha acreditado que el trabajador no tiene el derecho por haber finalizado unilateralmente la relación laboral por tener causa justa y sin responsabilidad alguna y en base la reglamentación bajo la cual se rigen los miembros del Plan de asistencia Social, por lo cual no es aplicable al demandante dicho beneficios; razón por la cual se declara SIN LUGAR la liquidación de los derechos relacionado con la bonificación por los servicios prestados (prima de antigüedad). Que la parte demandante de igual forma reclama el complemento del pago de bono contractual y que el préstamo personal se deduzca de la pensión vitalicia que reciba; en cuanto al pago del bono contractual por lo que está acreditado por la parte demandante que inicio el 25 de septiembre del 1986, por lo que al 13 de marzo del 2009, tenía un antigüedad mayor a un año, y de conformidad a los lineamientos para la efectividad de la bonificación acreditados en autos, le corresponde una bonificación contractual de dos (2) veces el sueldo ordinario devengado al momento de hacer efectivo dicho beneficio; y a los que se retiren ante del 27 de marzo del 2009 se le retendrá de sus beneficios laborales la parte proporcional en relación al tiempo no laborado. Constando en autos que el demandante fue notificado de su terminación de la relación laboral 04 de febrero del 2009, por lo que, realizado la operación aritmética correspondiente, el demandante al momento del despido tenía una antigüedad de 22 años, 5 meses y nueve días, por lo cual se le debía reconocer el pago proporcional al tiempo laborado, de 5 meses y nueve días, y realizando la revisión del pago realizado por la parte demandante se le reconoció seis meses 7.4 días; por lo que considera la Suscrita que la Institución demandada cumplió con el derecho peticionado, por consiguiente, se declara SIN LUGAR el presente reclamo; en lo que concierne a que el préstamo personal se deduzca de la pensión vitalicia que reciba se declara SIN LUGAR ya que habiéndose declarado SIN LUGAR el pago de jubilación vitalicia de acuerdo al Plan de Asistencia Social deberá el demandante honrar su deuda. Que el Juez puede eximir del pago de costas a la persona que fuere vencido en juicio, cuando existan motivos racionales para litigar. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 12 de agosto del 2022, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que, en el presente caso de autos, para determinar si procede o no la jubilación solicitada por el demandante, se debe revisar el Plan de Asistencia Social y el Reglamento que estaban en vigencia al momento en que se terminó la relación laboral con la parte demandada, en ese sentido de autos se desprende que el demandante fue despedido del BANCO CENTRAL DE HONDURAS el 04 de marzo del 2009, por lo cual el actor acudió a los Tribunales a solicitar su reintegro, seguido el procedimiento correspondiente termino el proceso en un fallo firme que declaro Sin Lugar la demanda interpuesta, con lo cual se acredita que el BANCO CENTRAL tuvo justa causa para su separación, posteriormente, según se desprende de la demanda solicito el 08 de abril de 2013 el beneficio de jubilación vitalicia, como los demás derechos inherentes a la misma, la cual le fue denegada por el Directorio del BANCO CENTRAL DE HONDURAS, mediante resolución NO 242-6/2013 en sesión número 3471 del 13 de junio de 2013. La jubilación solicitada se planteó en base a que el Reglamento del Plan de Asistencia Social que se encontraba vigente cuando su representado comenzó a laborar establecía en su artículo 38 lo siguiente: " En caso de que el miembro del Plan no haya alcanzado el tiempo de servicio determinado según el artículo 33, tendrá derecho a acogerse al beneficio de jubilación, siempre y cuando haya cotizado al Plan durante un periodo mínimo de 15 años y que su contrato de trabajo termine por supresión de su puesto, despido por causas que no impliquen malversación de fondos o la comisión de actos delictivos en el desempeño de sus labores en el Banco. El monto de la jubilación correspondiente será el 52.5% del salario base mensual por los primeros 15 años de servicio activo, por los años siguientes se aumentara dicha jubilación sobre la base del mismo salario a razón del 2,5% por cada año multiplicado por el porcentajes que resulte de dividir los años adicionales a los 15 entre la diferencia del tiempo normal del servicio calculado según la formula E+2T-75 y los 15 años base, previo al otorgamiento del beneficio de jubilación comprendido en este artículo, el Banco efectuara los aportes necesarios al Plan de Asistencia Social para garantizar el cumplimiento de este beneficio," es por ello y en vista de que su mandante no fue despedido por causas que impliquen malversación de fondos ni por actos delictivos en el desempeño de sus labores es que se solicita el Beneficio de jubilación. El BANCO CENTRAL DE HONDURAS tanto en su resolución administrativa como en la contestación de la demandada sostiene que no es suficiente para gozar de la jubilación vitalicia el cumplimiento de los 15 años que señala el artículo 33 del Reglamento del Plan de Asistencia Social vigente cuando se terminó la relación laboral, ya que para obtener la jubilación que reclama, se requieren dos condiciones básicas e indispensables; 1) Haber cumplido 15 años de servicio continuos en el BANCO CENTRAL y 2) Haber cumplido con la edad normal de retiro, esto resulta al despejar la ecuación a que alude el Reglamento del Plan de Asistencia Social, la cual se sustenta en criterios actuariales; la cual debe leerse así: EDAD DE INGRESO DEL SEÑOR ELVIN RUBÉN GÓMEZ BANEGAS esta resulta de su fecha de ingreso al BANCO CENTRAL (25 09 1986) y su fecha de nacimiento (25 02 1967), la cual da como resultado que el ingreso al BANCO CENTRAL a los 20 años, TIEMPO DE SERVICIO DEL SEÑOR ELVIN RUBÉN GÓMEZ BANEGAS; este resulta de su tiempo de ingreso (25 09 1986) y la fecha de despido ( 02 04 2009) resultando un tiempo de servicio de 22 años 05 meses 9 días, TIEMPO DE SERVICIO ESPERADO DEL SEÑOR ELVIN RUBÉN GÓMEZ BANEGAS el cual resulta de la ecuación E+2T-75, 20+2T-75, T-75-20-55=27.5, por lo cual el demandante no solo debía cumplir con el tiempo laborado sino también alcanzar la edad de retiro exigida, que de la ecuación se entiende serían 55 años, para un tiempo laborado de 27 años 5 meses, al tiempo de solicitar su jubilación, en el caso de autos tendría que haber cumplido con los 27 años de laborar para poder optar a la jubilación y los 55 años de edad, y al momento de la separación del BANCO CENTRAL contaba con aproximadamente 43 años, al menos eso es lo que se puede entender de la prueba aportada. Que la Juez de instancia aplica el artículo 96 de la Constitución de la Republica, que contiene el Principio de Irretroactividad de la Ley, por el cual no se puede en el caso de autos aplicar para efectos de jubilación vitalicia, la Ley que se encontraba vigente al momento que el demandante ingreso a trabajar al BANCO CENTRAL, ya que al haber sufrido reformas el Plan de Asistencia Social, debe de aplicarse las mismas que son las que estaban vigentes al momento de la solicitud de jubilación que fue en el año 2013; ya que para los efectos legales, debe de aplicarse la Ley que está vigente al momento de solicitar el beneficio, la fecha de ingreso se toma en cuenta para el cálculo de antigüedad en el servicio, salvo que en las reformas se contemplara que los que ingresaron en determinada fecha seguirán gozando del beneficio de la norma que los regulaba en ese momento, no siendo ese el caso, al contrario es sabido que en los diferentes institutos de previsión social, se han hecho reformas en cuanto a la edad y el tiempo de servicio, porque es en base a ello que se calcula la jubilación, para el caso el INJUPEMP tiene una edad de jubilación voluntaria y una forzosa, así como un tiempo de servicio, que precisamente pueden diferir, porque ahí se hizo la salvedad en la reforma, de que las personas que tuviesen cierta edad y tiempo de servicio, se jubilarían con la ley anterior, pero en el Plan de Asistencia Social del BANCO CENTRAL no sucedió lo mismo, con lo cual la jubilación dependerá de la ecuación que se plantea en el mismo. Que en cuanto a que la juez A-quo deja un vacío porque no ordena que de la jubilación se deduzca el préstamo que el demandante tenía con el BANCO CENTRAL, sin intereses moratorios, si leemos el fallo de primera instancia, en la parte dispositiva la juzgadora además de declarar Sin Lugar la demanda para el pago de la jubilación vitalicia, en el numeral III. Declara Sin Lugar la demanda para el pago de liquidación de derechos relacionados con la bonificación por los servicios prestados (prima de antigüedad); complemento del bono contractual y que el préstamo personal se le deduzca de la jubilación vitalicia que reciba, con lo cual existe pronunciamiento del Tribunal de primera instancia, lo que resulta lógico, porque al denegarse la jubilación vitalicia, no puede otorgarse que el préstamo se deduzca de un beneficio que no se le otorgo. Que revisadas las presentes diligencias, así como las pruebas aportadas al proceso y valoradas por el Juez de instancia, para dictar el fallo que se recurre, esta Corte es de la opinión, que la misma definió cual era el objeto del debate, así como la Ley aplicable al caso concreto, porque no se trata de un caso en donde existe un conflicto de Leyes en el espacio y donde debe aplicarse la que más favorezca, sino que el Plan de Asistencia Social sufrió una serie de reformas, que finalmente al momento de ser separado el demandante de su trabajo y posteriormente solicitar su jubilación la norma aplicable a su caso ya no era la que regía cuando ingreso a trabajar al BANCO CENTRAL DE HONDURAS, había sufrido un cambio, al requerir un tiempo determinado y una edad determinada para gozar del beneficio de jubilación vitalicia, lo que garantiza la certeza jurídica de los actos, pues no podríamos aplicar la Ley de forma antojadiza, ya que al Principio de Irretroactividad de la Ley, solo se opone el de retroactividad como excepción y es cuando la nueva Ley favorezca al imputado en materia penal. Que, por las razones anteriormente expuestas, siendo que la sentencia reúne los requisitos exigidos por la ley para su validez, es procedente su CONFIRMATORIA. 5.- Mediante auto de fecha 17 de enero del 2023, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado FABRIZZIO ANTONIO VALLE VENTURA, en su condición de representante procesal del señor ELVIN RUBÉN GÓMEZ BANEGAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 12 de mayo del 2023, compareció ante este Tribunal el Abogado FABRIZZIO ANTONIO VALLE VENTURA, en su condición de representante procesal del señor ELVIN RUBÉN GÓMEZ BANEGAS, formalizando su demanda, exponiendo cuatro motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de fecha 11 de agosto del 2023, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 20 de octubre del 2023, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada ALEJANDRA YANETH FIGUEROA AGUILAR, en su condición de representante procesal de la parte recurrida; en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Que acorde a lo dispuesto en los artículos 764, 765 y 769 del Código del Trabajo, la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que el Abogado, FABRIZZIO ANTONIO VALLE VENTURA, en su primer de casación alega: “Acusamos la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción directa por falta de aplicación del artículo 95 numeral 23) del Código del Trabajo relacionados con el Artículo 3 del Código del Trabajo y el Artículo 33 del Reglamento del Plan de Asistencia Social que se encontraba vigente en el año 1986. PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo, EXPLICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: El Tribunal AD-QUEM dejo de aplicar al caso concreto el Artículo 95 numeral 23 del Código del Trabajo que al efecto establece: "Además de las contenidas en otros artículos de este código, en sus reglamentos y en las leyes de previsión social, son obligaciones de los patronos: 1) ...; 23) cumplir las demás obligaciones que les impongan las leyes y reglamentos de trabajo.” Y esto relacionado con el Artículo 3 del Código del Trabajo que expresa: "Son nulos ipso jure todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución, el presente Código, sus reglamentos o las demás leyes de trabajo o previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato de trabajo u otro pacto cualquiera", relacionado a su vez con el Artículo 33 del Reglamento del Plan de Asistencia Social que se encontraba vigente cuando mi representado comenzó a laborar en el año 1986 que expresa: "En caso de que el miembro del Plan no haya alcanzado el tiempo de servicio determinado según el párrafo anterior, tendrá derecho a acogerse al beneficio de jubilación, siempre y cuando haya cotizado al Plan durante un periodo mínimo de quince (15) años y que su puesto de trabajo sea suprimido o cuando sea separado del mismo por causas que no impliquen malversación de fondos o la comisión de actos delictivos en el servicio del Banco" (Reglamento del Plan de Asistencia Social, folio 134 reverso).Como se puede apreciar, es un hecho no discutido, no objeto de controversia, que mi representado ingreso a laborar al BCH en el año 1986, y también es un hecho no discutido, no controversial que el Plan de Asistencia Social es regulado a través de un Reglamento de Asistencia Social, que expresaba al efecto, que si el miembro del PLAN cotizaba 15 años y su puesto no era suprimido por malversación de fondos o la comisión de actos delictivos en el desempeño de sus labores, podía recibir su jubilación, ya que no fue un hecho sujeto a controversia que la relación de trabajo de mi representado terminara ya sea por malversación de fondos o comisión de actos delictivos, por lo que este beneficio previsional no podía ser disminuido por posteriores reformas, so pena de nulidad, tal como lo indica el Artículo 3 del Código del Trabajo, por lo que esto no puede implicar la renuncia de derechos que tanto la Constitución de la Republica como el Código del Trabajo mandan son irrenunciables. III.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) el artículos 95 numeral 23 del Código del Trabajo, señalado como violado directamente, si bien tienen el carácter sustantivo exigido en este extraordinario recurso, el mismo regulan situaciones jurídicas que no tienen incidencia en la decisión final objeto del recurso; b) olvida el Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley; y, c) formula alegatos de instancia. IV.- Que el Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Acusamos la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción directa por falta de aplicación del artículo 289 del Código del Trabajo relacionado con la cláusula décima segunda del contrato colectivo de condiciones de trabajo suscrito entre el BANCO CENTRAL DE HONDURAS y el SITRABANTRAL, relacionado a su vez con el Artículo 57 del Reglamento del Plan de Asistencia Social, y con el Artículo 33 del Reglamento del Plan de Asistencia Social que se encontraba vigente en el año 1986. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: El Tribunal AD-QUEM dejo de aplicar al caso concreto el Artículo 289 del Código del Trabajo que al efecto establece: "Cuando algún trabajador próximo a cumplir el tiempo de servicio que se haya estipulado en los contratos colectivos para la jubilación, cometa una falta que no sea infamante ni se considere como delito, se tomarán en cuenta su antigüedad y buenos servicios, a fin de imponerle la corrección disciplinaria que corresponda, sin lesionar sus derechos de jubilación. Y esto relacionado con el Artículo 57 del Reglamento del Plan de Asistencia Social (PAS): "Las prestaciones establecidas en el presente Reglamento constituyen derechos irrenunciables e inalienables y nadie puede ser privado de ellos, en todo o en parte, sino en los casos en que expresamente se prescriba lo contrario" y relacionado a la vez con la cláusula Decima Segunda del Contrato Colectivo suscrito entre el BCH y el SITRABANTRAL: "El Banco se compromete a no disminuir, tergiversar o suprimir las prestaciones sociales de que disfruta el personal del Banco hasta esta fecha, contenidas en el Código del Trabajo y Reglamento del Plan de Asistencia Social para el personal del Banco Central de Honduras”, ya que el Plan de Asistencia Social (PAS) mismo que nació de una conquista social, por lo que se encuentra incorporado al Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo que suscribió con el SITRABANTRAL, y es un hecho probado, no discutido, que mi representado no cometió falta infamante, ni delito, al ser despedido del Banco Central de Honduras, y que había cotizado al Plan de Asistencia Social por más de 22 años, y que es un hecho probado y no discutido que mi representado fue despedido el 04 de marzo de 2009, y que la causa invocada no fue falta infamante ni considerada como delito, por lo que la Autoridad Recurrida se ha colocado en abierta rebeldía o desobediencia a la ley sustantiva que no se "debía lesionar sus derechos de jubilación." Y esto relacionado con el Reglamento del Plan de Asistencia Social del Banco Central de Honduras, articulo 33 la cual literalmente establecía lo siguiente: "La jubilación es la renta vitalicia pagadera con periodicidad mensual, a que tiene derecho los miembros del Plan, que hayan cumplido por lo menos quince (15) años de servicios continuos y la edad normal de retiro, la que se determinará mediante la aplicación del siguiente ecuación: E + 2 T= 75; donde E representa la edad de ingreso y la T el tiempo de servicio. En caso de que el miembro del Plan no haya alcanzado el tiempo de servicio determinado según el párrafo anterior, tendrá derecho a acogerse a la jubilación, siempre y cuando haya cotizado al Plan durante un periodo mínimo de quince (15) años y que su puesto de trabajo sea suprimido o cuando sea separado del mismo por causas que no impliquen malversación de fondos o la comisión de actos delictivos en el servicio del Banco." (Reglamento del Plan de Asistencia Social, ver folio 134 reverso). Como se puede apreciar, es un hecho no discutido, no es objeto de controversia, que mi representado ingreso a laborar al BCH en el año 1986, y también es un hecho no discutido, no controversial que el Plan de Asistencia Social es regulado a través de un Reglamento de Asistencia Social, que expresaba al efecto, que si el miembro del PLAN cotizaba 15 años y su puesto no era suprimido por malversación de fondos o la comisión de actos delictivos en el desempeño de sus labores, podía recibir su jubilación de forma anticipada, ya que no fue un hecho sujeto a controversia que la relación de trabajo de mi representado terminara por las causales antes descritas. V. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la norma que indica como violada el artículo 289 del Código del Trabajo no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y, b) formula alegatos propios de instancia. VI.- Que el Impetrante formula un tercer motivo de casación en el que alega: “Acusamos la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta por falta de apreciación de determinada prueba. NORMAS ADJETIVAS QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACIÓN: Los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo, PRUEBA DEJADA DE APRECIAR: La prueba dejada de apreciar se singulariza de la siguiente manera: MEDIO DE PRUEBA DOCUMENTAL VÍA OFICIO propuesto por la parte demandante a efecto de que el Presidente del Plan de Asistencia Social del Banco Central de Honduras informara lo siguiente, con relación a la siguiente interrogante: "1) ...; 5) ¿Cuál era la edad para un retiro anticipado de conformidad al Reglamento del Plan de Asistencia Social vigente cuando el demandante empezó a laborar en el BCH?" Y corre agregado a la pieza principal de autos de primera instancia (ver folio 227) nota de fecha 4 de noviembre de 2014 emitida por el licenciado Manuel de Jesús Bautista en su condición de presidente de la Junta Administradora del Plan de Asistencia Social del Banco Central de Honduras donde a la pregunta antes detallada, "5) Cual era la edad para un retiro anticipado de conformidad al Reglamento del Plan de Asistencia Social vigente cuando el demandante empezó a laborar en el BCH", responde lo siguiente: "La edad para un retiro anticipado en el año 1986 fue de 15 años; la disposición que establecía dicha edad fue derogada en 1999. El demandante dejo de laborar para el BCH en el año 2009." EXPLICACIÓN DE LA INFRACCIÓN INDIRECTA: Como se puede apreciar, claramente el Tribunal ADQUEM dejó de apreciar que la prueba antes singularizada, que indicaba expresamente, primero la existencia de una figura conocida como retiro anticipado, y segundo que para gozar de dicho retiro había que cotizar por 15 años. O sea que al momento de que mi representado empezara a cotizar al PLAN en el año 1986, esas eran las reglas del juego, la normativa vigente. VII.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente; a) omite señalar las normas sustantivas violadas; b) debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por el Recurrente; c) la prueba singularizada si fue apreciada en el fallo impugnado, resultando que se le dio una valoración o alcance diferente al que pretende el Impetrante, por lo que es impropio el ataque al mismo por falta de apreciación; y, d) formula alegatos propios de instancia. VIII.- Que el Censor formula un cuarto motivo de casación invocando lo siguiente: “Acusamos la sentencia recurrida de contener decisiones que vuelven más gravosa la situación de la parte que apelo de la primera instancia. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 765 numeral segundo del Código del Trabajo. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: La sentencia de fecha 12 de agosto de 2022 emitida por la honorable Corte de Apelaciones del Trabajo no es la primera, sino la tercera a fin de ir mutilando la sentencia originaria del Juez AQUO de fecha 14 de agosto de 2018, dejándola cercenada a fin de que en un momento dado no se pudiera invocar la causal de casación de contener la sentencia recurrida decisiones que vuelven más gravosa la situación de la parte que apelo, dejando la sentencia por lo tanto totalmente trastocada e irreconocible, ya que el Juez de Primera Instancia fue obligado a anular su sentencia dos veces, en perjuicio de la parte apelante, misma que en su fallo, en el numeral I. estimo declarar CON LUGAR el "reconocimiento del derecho al beneficio de jubilación mensual garantizada a partir del 08 de abril de 2013; asimismo que el préstamo personal se le deduzca de la pensión vitalicia que reciba. Concepto que serán liquidados en el momento procesal oportuno que corresponda. En el numeral II declaro sin lugar el pago de Liquidación de los derechos relacionados con la bonificación por servicios prestados (prima de antigüedad), Complemento del Bono Contractual”. Como se puede apreciar, dicha sentencia originaria declaraba con lugar el derecho de jubilación y que de dichas mensualidades se amortizara para el préstamo personal, pero dicha sentencia no otorgaba una jubilación retroactiva, no otorgaba bonificación por servicios prestados (prima de antigüedad) y complemento del Bono Contractual, por tal razón como parte demandante, interpusimos recurso de apelación parcial, y el Tribunal de Segunda Instancia decreto anularla de forma absoluta, mediante sentencia de fecha 18 de marzo de 2019, (folio 905-908) "en virtud de no ser clara la sentencia dictada por la Juez de primera instancia y en el Considerando 11 razonaba lo siguiente: "... Pero es el caso, que dicho Plan ha sufrido una serie de reformas, por lo que se hace imperativo que la Juez se pronuncie sobre este extremo, señalando con claridad que reforma a dicho plan utilizo para dictar su sentencia; ya que las mismas deberán ser claras, precisas y congruentes con las pretensiones deducidas oportunamente por las partes." El Juez AQUO volvió a emitir sentencia el 01 de agosto de 2019 (folio 910-917) dándole cumplimiento a lo ordenado, señalando en el Considerando 5, numeral 8) Que el Reglamento del Plan de Asistencia Social del Banco Central de Honduras, Reglamento para la Prestación de Servicios Medico Hospitalarios en el Exterior del País fue reformado mediante acta de fecha 489 del 27 de febrero del 1984 la cual literalmente establecía lo siguiente: "La jubilación es la renta vitalicia pagadera con periodicidad mensual, a que tiene derecho los miembros del Plan, que hayan cumplido por lo menos quince (15) años de servicios continuos y la edad normal de retiro, la que se determinará mediante la aplicación del siguiente ecuación: E + 2T = 75; donde E representa la edad de ingreso y la T el tiempo de servicio. En caso de que los miembros del Plan no hayan alcanzado el tiempo de servicio a la jubilación, siempre y cuando haya cotizado al Plan durante un periodo mínimo de quince (15) años y que su puesto de trabajo sea suprimido o cuando sea separado del mismo por causas que no impliquen malversación de fondos o la comisión de actos delictivos en el servicio del Banco. El monto de la prestación correspondiente, será el 50% del salario base mensual por los primeros 15 años de servicio activo. Por los años subsiguientes, se aumentará dicha pensión sobre la base del mismo salario, a razón del 1.5% por cada año, multiplicado por el porcentaje que resulte de dividir los años adicional a los quince (15) años entre la diferencia del tiempo normal de servicio calculado según la formula E + 2T 75; y los quince años base..." (ver folio 135). También en el Considerando 9 invoco el Juez Aquo el artículo 289 del Código Laboral que establece "Cuando algún trabajador próximo a cumplir el tiempo de servicio que se haya estipulado en los contratos colectivos para la jubilación, cometa una falta que no sea, infamante ni se considere como delito, se tomaran en cuenta su antigüedad y buenos servicios, a fin de imponerle la corrección disciplinaria que corresponda, sin lesionar sus derechos de jubilación... "por lo antes expuesto, y analizada la causal bajo la cual se basó la parte demandada para dar por terminada la relación laboral fue la contenida en el artículo 112 literal L) mismo que para la Suscrita Juez, no es causa justa para no otorgar el beneficio de la Jubilación al demandante, por lo que se considera que no se toma en cuenta la antigüedad y trayectoria laboral, previo a aplicar el derecho a una jubilación justa al demandante luego del tiempo laborado, en vista de lo anterior procede declarar CON LUGAR el pago de jubilación vitalicia de acuerdo al Plan de Asistencia Social" Y en dicho fallo se declaró con lugar la demandad ordinaria laboral para el pago de jubilación vitalicia de acuerdo al plan de asistencia social y en el numeral II se condenó al Banco Central de Honduras a pagar JUBILACIÓN VITALICIA DE ACUERDO AL PLAN DE ASISTENCIA SOCIAL, y declaro sin Lugar el pago de bonificación de servicios prestados (prima de antigüedad) y complemento del pago de bono contractual. Nuevamente nos fuimos en apelación parcial, y el ADQUEM emitió el fallo de fecha 18 de enero de 2018 (folio 924-927) decreto de oficio nulidad absoluta y en el considerando 12, expreso que se aplicó una retroactividad de los planes de jubilación... olvidando que los ordenamientos jurídicos, tienen como regla general que las leyes surten efectos hacia el futuro, implicando esto que una ley regulara los actos y hechos jurídicos que se produzcan a partir de su vigencia; la Ley entonces rige para lo venidero según lo establece el Principio de Irretroactividad, aparece contemplado en el Artículo 96 de la Constitución de la Republica... En este sentido la Juez de primera debe dictar su sentencia en base al último plan de jubilación vigente." Y en el considerando trece que no se pronunció sobre un préstamo que tenía el demandante. Seguidamente el Juez AQUO termino declarando sin lugar la demanda, absolviendo al Banco Central de Honduras y no concedió ningún derecho previsional, mediante sentencia de fecha 30 de abril de 2021 (Folio 931-938). Esta sentencia fue apelada y confirmada finalmente por el Tribunal de Segunda Instancia (sentencia de 12 de agosto de 2022). Como se puede apreciar, la sentencia originaria del Juez AQUO de 14 de agosto de 2018 fue anulada y vuelta a emitir hasta que el Ad-Quem obtuvo una sentencia que permitiera eludir aquel principio, de la prohibición del llamado reformatio in pelus, que la reforma de una sentencia de segunda instancia no puede volver más gravosa de la parte que apelo, en otras palabras "Es un principio de Derecho Procesal que establece que el Tribunal de segunda instancia tiene prohibido cambiar el fallo del de primera instancia en detrimento del que lo impugnó." (Wikipedia, Enciclopedia Libre) Asimismo, el Tribunal Recurrido no observó al caso concreto la JURISPRUDENCIA DE LA HONORABLE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en tal sentido invocamos la sentencia de Amparo Administrativo de fecha 06 de marzo de 2019, expediente SCO-0299-18 donde el Acto Recurrido fue la Resolución No. DAL/159/12-09-2017 que declaro improcedente la solicitud de varios docentes de jubilarse con la ley de INPREMA de 1980, la honorable Sala Constitucional resolvió otorgando a favor de los más de 285 maestros o docentes recurso de amparo, en virtud que la Ley de INPREMA de 2011 disminuye la categoría del derecho de jubilación a una "pensión por vejez" vulnerando tratados internacionales y dejando en desprotección el derecho de jubilación de docentes. En el Considerando (18) expresa lo siguiente: "Que la Sala de lo Constitucional estima que estamos ante un caso claro de vulneración al derecho a la no aplicación retroactiva de la Ley, contenido en el artículo 96 de la Constitución de la República; es por ello que se establece que la ley aplicable en el presente caso es la contenida en el Decreto No. 1026 de fecha 15 de Julio de 1980, sus reformas y sus Reglamentos; y ello se determina así, en tanto en cuanto estamos ante un caso de derechos condicionados, los que en efecto pueden ejercerse en cualquier tiempo, siempre y cuando se haya cumplido la condición que exige la ley, por ser verdaderos derechos con existencia propia. Al respecto se debe manifestar que según lo expuesto en la acción de amparo que nos ocupa, estamos ante un grupo de docentes que: 1.- Algunos se encuentran en la situación que a la fecha diecinueve (19) de enero de dos mil doce (2012), les faltaban pocos años o incluso meses para cumplir 50 años de edad, requisito legal exigido en la ley de 1980, para obtener el derecho a la jubilación. 2.- Otros, aun teniendo todos los requisitos, el de la edad inclusive, no interpusieron la solicitud en tiempo, es decir antes del diecinueve (19) de enero de dos mil doce (2012) fecha de la entrada en vigencia de la nueva ley. La Resolución no. DAL/159/12-09-2017 dictada por el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA), en fecha doce (12) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), tiene su basamento legal en la nueva ley de 2011, es decir, se aplicó una nueva ley a casos, que, si bien inició el trámite administrativo después del 2011, ya habían obtenido el derecho social contenido en la ley anterior de 1980, por haber cumplido ya con todos los requisitos exigidos en ella. CONSIDERANDO (19): Que la Sala de lo Constitucional señala que además de vulnerarse el artículo 96 constitucional, la aplicación retroactiva del decreto supra-mencionado, vulnera el artículo 26 de la Carta Americana de Derechos Humanos que establece "Desarrollo progresivo.- Los estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre la educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa y otros medios apropiados". Lo anterior, con relación al artículo 2 numeral 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece el principio de Progresividad, y manda: "Cada uno de los Estados partes en el presente pacto se comprometen a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, para la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos." CONSIDERANDO (20): Que la vulneración de este principio/derecho constitucional <96CH>, que provoca la violación al derecho social a una jubilación en tiempo de un sector poblacional, consiste en que habiéndose cumplido ya los requisitos exigidos en la ley, es decir, habiendo obtenido ya el derecho que otorga el cumplimiento de un plazo o de un requisito, en este caso el de la edad, el Estado obliga a los docentes a pensionarse bajo una ley posterior que disminuye de forma significativa beneficios conseguidos en la legislación anterior. Se subraya el requisito de la edad, consistente en el derecho a retirarse a los 50 años de edad, en vista de que la nueva ley obliga al docente a laborar siete años más, afectándoles también en el requisito de años laborados y cotizados, ya que con la ley anterior se podían retirar con diez años trabajados y cotizados, ahora el requisito exige dieciséis años trabajados y cotizados, sin que el Estado haya planteado una defensa en la cual prime un interés general y democrático que justifique el retroceso en cuanto a derechos adquiridos en la lev derogada. CONSIDERANDO (21): Que el análisis de razonabilidad de esta sentencia, se centra en el hecho de que el Estado generó y mantuvo por más de dos décadas, una expectativa determinada que, al plantearse en una ley, hizo al docente ejecutar su voluntad de integrar el sistema magisterial y cotizar en él, convirtiéndose en un derecho que se adquiere, al cumplirse las condicionantes requeridas, para obtener al final la pensión determinada y modulada en el Decreto 1026-1980. El derecho, en este caso, no lo determina, para efecto de ser otorgado, el tiempo en que se interpuso la solicitud, si después o antes de la vigencia de la nueva ley, en este caso, el derecho lo determina, el cumplimiento de los requisitos de ley.- La Sala concluye que el Estado está obligado a observar el contenido del artículo 96 constitucional, que prohíbe la aplicación retroactiva de la ley, máxime en aquellos casos que, por haber cumplido ya los requisitos de ley, no correspondía la aplicación del Decreto 247-2011. Es menester señalar, que en lugar de aplicar retroactivamente una ley perjudicial a los derechos condicionados de aquellos docentes que ya habían cumplido los requisitos, pero que aún no pidieron el reconocimiento de su derecho, el Estado debió prever un sistema escalonado en el tiempo para no vulnerar derechos humanos a este grupo que, dentro de poco, pasaran a formar parte del grupo vulnerable del adulto mayor." IX.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) omite señalar la norma sustantiva violada; b) el recurrente no demuestra como la sentencia del Tribunal AD-QUEM contenga decisiones que hacen más gravosa su situación en apego al principio reformatio in pejus; c) formula alegatos de instancia inoportunos en este extraordinario recurso, X.- El impetrante alega nulidad subsidiaria la cual aduce que: “En este acto, en el presente recurso de casación promovemos nulidad subsidiaria, a partir de la sentencia del Juez A-QUO de fecha treinta (30) de abril del año dos mil veintiuno, ya que en un primero momento, el 18 de marzo 2019, el Tribunal AD-QUEM decreto de oficio nulidad absoluta de la sentencia definitiva de fecha catorce (14) de agosto de 2018 del A-quo, acusando al A-quo de haber emitido una sentencia incongruente y oscura. CONSIDERANDO 11 "Que en el presente caso, este Tribunal de Alzada observa que la Juez A Quo se pronunció en su sentencia sobre el beneficio de jubilación solicitado, en base al artículo 33 y 38 del Plan de Asistencia Social del Banco Central de Honduras.- Pero es el caso, que dicho Plan ha sufrido una serie de reformas, por lo que se hace imperativo que la Juez se pronuncie sobre este extremo, señalando con claridad que reforma a dicho plan utilizó para dictar su sentencia, ya que las mismas deberán ser claras, precisas y congruentes con las pretensiones deducidas oportunamente por las partes." CONSIDERANDO (12) "Que la sentencia venida en apelación es incongruente y oscura, por lo que es procedente decretar de oficio la nulidad absoluta de la sentencia definitiva apelada." Posteriormente, el Juez A-quo le dio estricto cumplimiento a la orden de indicar "con claridad que reforma a dicho plan utilizó para dictar su sentencia", ya que en un nuevo fallo, el uno (1) de agosto de 2019, menciono en el CONSIDERANDO (5) numeral 8) el contenido del Artículo 33 del Reglamento del Plan de Asistencia Social expresando al efecto: "Que el Reglamento del Plan de Asistencia Social del Banco Central de Honduras, Reglamento para la Prestación de Servicios Medico Hospitalarios en el Exterior del País fue reformado mediante acta de fecha 489 del 27 de febrero del 1984 la cual literalmente establecía lo siguiente: " La jubilación es la renta vitalicia pagadera con periodicidad mensual, a que tiene derecho los miembros del Plan, que hayan cumplido por lo menos quince (15) años de servicios continuos y la edad normal de retiro, la que se determinará mediante la aplicación del siguiente ecuación: E + 2T = 75; donde E representa la edad de ingreso y la T el tiempo de servicio. En caso de que los miembros del Plan no hayan alcanzado el tiempo de servicio a la jubilación, siempre y cuando haya cotizado al Plan durante un periodo mínimo de quince (15) años y que su puesto de trabajo sea suprimido o cuando sea separado del mismo por causas que no impliquen malversación de fondos o la comisión de actos delictivos en el servicio del Banco. El monto de la prestación correspondiente, será el 50% del salario base mensual por los primeros 15 años de servicio activo. Por los años subsiguientes, se aumentará dicha pensión sobre la base del mismo salario, a razón del 1.5% por cada año, multiplicado por el porcentaje que resulte de dividir los años adicional a los quince (15) años entre la diferencia del tiempo normal de servicio calculado según la formula E +2T=75; y los quince años base..." (ver folio 135). Seguidamente, en el CONSIDERANDO (5) numeral 9) expresaba el Aquo, “Que la empresa demandada tenía Reglamento del Plan de Asistencia Social y sus Reformas y Reglamento de préstamos para la vivienda y Reglamento para la prestación de servicios médico-hospitalario en el exterior del país de junio 1986, en el cual en su artículo 33: “...La jubilación es la renta vitalicia pagadera con periodicidad mensual, a que tiene derechos los miembros del Plan que hayan cumplido por lo menos quince (15) años de servicios continuos y la edad normal de retiro, la que se determinará mediante la aplicación del siguiente ecuación: E + 2T = 75; donde E representa la edad de ingreso y la T el tiempo de servicio y Artículo 34. La jubilación podrá otorgarse por retiro voluntario o por retiro forzoso, la Jubilación por retiro voluntario tendrá lugar el participante ejecute su derecho en cualquier momento a parte de la fecha de haber cumplido con los requisitos mínimos de edad y tiempo. La jubilación por retiro forzoso, tendrá lugar cuando el participante haya cumplido con el requisito de servicio y alcanzado los setenta y cinco años de edad..." (ver folio 120 al 150) También en el Considerando (9) invoco el Juez Aquo el artículo 289 del Código Laboral que establece "Cuando algún trabajador próximo a cumplir el tiempo de servicio que se haya estipulado en los contratos colectivos para la jubilación, cometa una falta que no sea, infamante ni se, considere como delito, se tomaran en cuenta su antigüedad y buenos servicios, a fin de imponerle la corrección disciplinaria que corresponda, sin lesionar sus derechos de jubilación..." Así que, como se puede apreciar, el Juez A-quo efectivamente le dio cumplimiento a la orden emanada del Superior Jerárquico, indicando que el Reglamento aplicado es el que corre a folio 120 al 150, ósea la reforma vigente en Junio 1986 (ver caratula de dicho Reglamento), que es el que se encontraba vigente cuando en septiembre 1986 mi representado entro a laborar al BCH, asimismo, claramente el A-quo indico el articulo 33 y 34 como los aplicados, pero el Tribunal AD-QUEM, mediante sentencia de fecha 18 de enero 2021 acuso al Aquo de haber aplicado retroactivamente el Plan de jubilación del año 2010, cosa que no aconteció con la sentencia supra indicada, y el Ad-quem anulo dicha sentencia a pesar de que el Juez Aquo ya había dado cumplimiento a lo que en otra sentencia de apelación (18 de marzo 2019), le habían ordenado acerca de pronunciarse "con claridad que reforma a dicho plan utilizo para dictar su sentencia" y en el CONSIDERANDO (12) ultima oración le ordena: "En este sentido la Juez de primera debe dictar su sentencia en base al último plan de jubilación vigente." Y el Juez Aquo contra toda razón jurídica, interpretación legal, contra su conciencia y formar libremente su convencimiento (Artículo 739 del Código del Trabajo), dejo constancia en su sentencia de treinta (30) de abril 2021 en su CONSIDERANDO (9) explicando que lo hacía porque se lo ordenaban en el Considerando (12) de la sentencia de la Corte de Apelaciones del Trabajo, aplico el último plan vigente de jubilación, y citando el principio de irretroactividad de la ley, que la impuso la Corte superior, citando que lo hacía de acuerdo al 667 del Código del Trabajo que: "los jueces de trabajo son independientes en el ejercicio de sus funciones y no están sometidos más que a la Constitución y a la ley. Pero los Inferiores están obligados a acatar y cumplir las decisiones que dicten sus superiores jerárquicos al revocar, o reformar, en virtud de recursos legales, las resoluciones proferidas por aquellos es que termino aplicando al final retroactivamente la Ley, ya que no aplico, el principio de identidad de la ley, de que la ley que se aplica es aquella que se encontraba vigente al momento de darse la situación o evento y termino aplicando una disposición legal que no se encontraba vigente cuando el miembro del Plan empezó a cotizar. Así que en vista de que el Tribunal AD-QUEM obligo al Juez de Primera Instancia a violar la ley ordenando la aplicación retroactiva de un Reglamento del Plan de Asistencia Social posterior al de 1986, del que estaba "vigente al momento del despido" (que fue la tesis de la patronal, ver contestación de la demanda), ósea el que se encontraba vigente en el 2009, cuando ya habla cumplido los requisitos necesarios del Reglamento de 1986, por lo tanto ordenándole al Juez AQUO como debía fallar, sin permitirle interpretar la ley, formar libremente su convencimiento, la facultad privativa de los Tribunales de la República de juzgar tal como lo señala el artículo constitucional No. 314, que falle como el Tribunal de Segunda Instancia quiere que falle, que es distinto a revocar. La sentencia la revocaron y le dijeron al AQUO falle de esta forma. Le Impuso como debía fallar, es por ello que se está solicitando la nulidad subsidiaria, a partir de la sentencia del Juez A-QUO de fecha treinta de abril del año dos mil veintiuno, ya que, a la brava, cumpliendo orden Ilegal, lo cual está prohibido por la Constitución de la República (Articulo 323), ya que el ADQUEM ordenó aplicar retroactivamente un reglamento de previsión social más lesivo concerniente a derechos previsionales, que el de 1986. Y para fundamentar y sustentar la presente nulidad subsidiaria, invocamos como jurisprudencia la siguiente sentencia, para demostrar que no se puede aplicar una reforma posterior que lesione los derechos de los jubilados, tal como lo indica la sentencia de Amparo Administrativo de fecha 06 de marzo de 2019, expediente SCO-0299-18 donde el Acto Recurrido fue la Resolución No. DAL/159/12-09-2017 que declaro improcedente la solicitud de varios docentes de jubilarse con la ley de INPREMA de 1980, la honorable Sala Constitucional resolvió otorgando a favor de los más de 285 maestros o docentes recurso de amparo, en virtud que la Ley de INPREMA de 2011 disminuye la categoría del derecho de jubilación a una "pensión por vejez" vulnerando tratados internacionales y dejando en desprotección el derecho de jubilación de docentes. En el Considerando (18) expresa lo siguiente: "Que la Sala de lo Constitucional estima que estamos ante un caso claro de vulneración al derecho a la no aplicación retroactiva de la Ley, contenido en el artículo 96 de la Constitución de la República; es por ello que se establece que la ley aplicable en el presente caso es la contenida en el Decreto No. 1026 de fecha 15 de Julio de 1980, sus reformas y sus Reglamentos; y ello se determina así, en tanto en cuanto estamos ante un caso de derechos condicionados, los que en efecto pueden ejercerse en cualquier tiempo, siempre y cuando se haya cumplido la condición que exige la ley, por ser verdaderos derechos con existencia propia. Al respecto se debe manifestar que según lo expuesto en la acción de amparo que nos ocupa, estamos ante un grupo de docentes que: 1. Algunos se encuentran en la situación que a la fecha diecinueve (19) de enero de dos mil doce (2012), les faltaban pocos años o incluso meses para cumplir 50 años de edad, requisito legal exigido en la ley de 1980, para obtener el derecho a la jubilación. 2.- Otros, aun teniendo todos los requisitos, el de la edad inclusive, no interpusieron la solicitud en tiempo, es decir antes del diecinueve (19) de enero de dos mil doce (2012) fecha de la entrada en vigencia de la nueva ley. La Resolución no. DAL/159/12-09-2017 dictada por el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA), en fecha doce (12) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), tiene su basamento legal en la nueva ley de 2011, es decir, se aplicó una nueva ley a casos, que, si bien inició el trámite administrativo después del 2011, ya habían obtenido el derecho social contenido en la ley anterior de 1980, por haber cumplido ya con todos los requisitos exigidos en ella. CONSIDERANDO (19): Que la Sala de lo Constitucional señala que además de vulnerarse el 96 constitucional, la aplicación retroactiva del decreto supra-mencionado, vulnera el artículo 26 de la Carta Americana de Derechos Humanos que establece "Desarrollo progresivo. Los estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre la educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa y otros medios apropiados". Lo anterior, con relación al artículo 2 numeral 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece el principio de Progresividad, y manda: "Cada uno de los Estados partes en el presente pacto se comprometen a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, para la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos." CONSIDERANDO (20): Que la vulneración de este principio/derecho constitucional <96CH>, que provoca la violación al derecho social a una jubilación en tiempo de un sector poblacional, consiste en que habiéndose cumplido ya los requisitos exigidos en la ley, es decir, habiendo obtenido ya el derecho que otorga el cumplimiento de un plazo o de un requisito, en este caso el de la edad, el Estado obliga a los docentes a pensionarse bajo una ley posterior que disminuye de forma significativa beneficios conseguidos en la legislación anterior. Se subraya el requisito de la edad, consistente en el derecho a retirarse a los 50 años de edad, en vista de que la nueva ley obliga al docente a laborar siete años más, afectándoles también en el requisito de años laborados y cotizados, ya que con la ley anterior se podían retirar con diez años trabajados y cotizados, ahora el requisito exige dieciséis años trabajados y cotizados, sin que el Estado haya planteado una defensa en la cual prime un interés general y democrático que justifique el retroceso en cuanto a derechos adquiridos en la ley derogada. CONSIDERANDO (21): Que el análisis de razonabilidad de esta sentencia, se centra en el hecho de que el Estado generó y mantuvo por más de dos décadas, una expectativa determinada que, al plantearse en una ley, hizo al docente ejecutar su voluntad de integrar el sistema magisterial y cotizar en él, convirtiéndose en un derecho que se adquiere, al cumplirse las condicionantes requeridas, para obtener al final la pensión determinada y modulada en el Decreto 1026-1980. El derecho, en este caso, no lo determina, para efecto de ser otorgado, el tiempo en que se interpuso la solicitud, si después o antes de la vigencia de la nueva ley, en este caso, el derecho lo determina, el cumplimiento de los requisitos de ley.- La Sala concluye que el Estado está obligado a observar el contenido del artículo 96 constitucional, que prohíbe la aplicación retroactiva de la ley, máxime en aquellos casos que, por haber cumplido ya los requisitos de ley, no correspondía la aplicación del Decreto 247-2011. Es menester señalar, que en lugar de aplicar retroactivamente una ley perjudicial a los derechos condicionados de aquellos docentes que ya habían cumplido los requisitos, pero que aún no pidieron el reconocimiento de su derecho, el Estado debió prever un sistema escalonado en el tiempo para no vulnerar derechos humanos a este grupo que, dentro de poco, pasaran a formar parte del grupo vulnerable del adulto mayor". XI.- Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; En el presente caso, donde la situación planteada ya ha sido resuelta en el momento procesal oportuno por el A Quo y confirmado por el Tribunal de apelación lo constituye en un objeto de litigio ya dirimido y agotadas sus instancias, sin embargo estudiado el caso en examen, éste Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria. XII. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus cuatro motivos de casación y declarar sin lugar la petición de nulidad subsidiaria. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus cuatro motivos. 2) SIN LUGAR la nulidad solicitada de forma subsidiaria. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, COORDINADORA. ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO quien firma por el Magistrado ROY PINEDA CASTRO, conforme al artículo 8 del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia,. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de septiembre del dos mil veinticuatro; certificación de la sentencia de fecha dos de abril del dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL658-2022. FIRMA Y SELLO.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ.
SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.