Sentencia CL-651-22 — Registro 18754
Resumen
Primera instancia declara con lugar la demanda en cuanto al pago de prestaciones e indemnizaciones, condena a pagar, declarando sin lugar para el pago de vacaciones pendientes y salario adeudado; absuelve a pagar en concepto de vacaciones pendientes y salario adeudado. segunda instancia confirma el fallo de primera y esta sala declara no ha lugar la sentencia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
...´´Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible...´´
Legislación citada
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código del Trabajo, art. 764 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
...´´Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible...´´
Legislación citada
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código del Trabajo, art. 764 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
...´´Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) el artículo 864 del Código del Trabajo, señalados como violados indirectamente, si bien tienen el carácter sustantivo exigido en este extraordinario recurso, el mismo regula situaciones jurídicas que no tienen incidencia en la decisión final objeto del recurso; b) carece de precepto autorizante; y, c) carece de las normas procesales que sirvieron de medio para la violación...´´
Legislación citada
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
...´´Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) falta claridad y precisión al no señalar si la violación de la ley sustantiva es, por infracción directa, indirecta, aplicación indebida o interpretación errónea; b) la norma que indica como violadas el artículo 765 del Código de Trabajo, no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; c) el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil, señalado cono precepto autorizante no ostenta esa calidad; y, d) formula alegatos de instancia...´´
Legislación citada
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
...´´Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) falta claridad y precisión al no señalar si la violación de la ley sustantiva es, por infracción directa, indirecta, aplicación indebida o interpretación errónea; b) la norma que indica como violadas el artículo 765 del Código de Trabajo, no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; c) el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil, señalado cono precepto autorizante no ostenta esa calidad; y, d) formula alegatos de instancia...´´
Legislación citada
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los diecinueve dias del mes de noviembre del año dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 10 de agosto del 2023, por el Abogado RICARDO JOSE CARRANZA GODOY, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida la señora LESLY ZAVALA VILLALOBOS, representada en juicio por la Abogada ALMA SAGRARIO SANCHEZ ALVARADO. OBJETO DEL PROCESO: Demanda Laboral para que un patrono sea obligado mediante sentencia definitiva, al pago de prestaciones sociales como ser: preaviso, cesantía, cesantía proporcional, vacaciones, vacaciones proporcionales, décimo cuarto mes proporcional en concepto de salarios adeudados, aumento al salario mínimo, salarios dejados de percibir desde la fecha que finalizo la relación laboral, hasta que la sentencia adquiera carácter de firme, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 22 de junio del 2016 por la señora LESLY ZAVALA VILLALOBOS, mayor de edad, soltera, hondureña, con domicilio en Talanga, Departamento de Francisco Morazán, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION, por medio del Procurador General de la Republica el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 10 de agosto del 2022, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 25 de septiembre del 2020, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que en su parte conducente dice: “FALLA: I) Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por la señora LESLY ZAVALA VILLALOBOS, contra EL ESTADO DE HONDURAS por medio de su Representante Legal el Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en cuanto al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales como ser: preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional; vacaciones proporcionales y décimo cuarto mes proporcional, devolución de deducciones del aportación del INPREMA, reajuste de salario mínimo, más los salarios dejados de percibir, desde la fecha de terminación de la relación laboral hasta que con sujeción a las normas procesales este firme la presente sentencia; en consecuencia, II) CONDENA al ESTADO DE HONDURAS por medio de su Representante Legal el Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA a pagar a la señora LESLY ZAVALA VILLALOBOS la cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS (L. 271,685.49) desglosados así: preaviso L.21,392.98; auxilio de cesantía L. 139,054.37; Vacaciones proporcionales L.19.80; décimo cuarto mes proporcional L. 4,609.61; décimo tercer mes proporcional: L.504.45 devolución de deducciones del aportación del INPREMA: L.50,548.06, reajuste de salario mínimo: L.55,556.22, más los salarios dejados de percibir, desde la fecha de terminación de la relación laboral hasta que con sujeción a las normas procesales este firme la presente sentencia; III) Declarando SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por la señora LESLY ZAVALA VILLALOBOS, contra EL ESTADO DE HONDURAS por medio de su Representante Legal el Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, para el pago de vacaciones pendientes y salario adeudado; IV) ABSUELVE al ESTADO DE HONDURAS por medio de su Representante Legal el Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA a pagar en concepto de vacaciones pendientes y salario adeudado a la señora LESLY ZAVALA VILLALOBOS; V) Declarando SIN COSTAS…”. ANTECEDENTES DE HECHO 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción que, inició la relación laboral con el demandado en fecha 01 de enero del 2003 en el cargo de Maestra de Educación Primaria, con un horario de 8:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 1:00 p.m. a 3:00 p.m., que durante el tiempo que laboró firmaba contratos continuos cada año hasta que en fecha 01 de enero de 2016 fue objeto de despido verbal por parte de los señores Mercedes Maribel Mejía en su condición de Coordinadora del Programa manifestándole que llevaba instrucciones superiores para separarla del trabajo y previo a solicitar los servicios de la Secretaría de Trabajo para hacer el reclamo de sus derechos laborales, se hizo presente a las instalaciones del Edificio RAP, que en donde se encuentra la Oficinas del Programa PROHECO al Departamento de Recursos Humanos para que le dieran una respuesta sobre la separación de su trabajo y nadie de las personas del programa le dio información, manifestándole que no estaban autorizados. Que en fecha 09 de marzo de 2016, acudió a la Inspectoría de Trabajo para citar al señor Wilmer Alexis Rodas Valeriano en su condición de presidente de la Asociación Hondureño de Educación Comunitaria (AHECO), quien indicó que él solamente era el intermediario entre PROHECO y AHECO por lo que debería citarse a la señora Gloria Menjívar en su condición de Coordinadora de PROHECO y al señor MARLON ONIEL ESCOTO VALERIANO en su condición de Secretario de Estado en el Despacho de Educación. En fecha 15 de abril del 2016 solicitó mediante Inspector de Trabajo ampliación del acta de investigación de la solicitud del Expediente # 90143 por lo que acudieron a la institución, donde fueron atendidos por la Abogada Gilma Rodríguez del Departamento Legal quien les manifestó que la persona que estaba llevando el caso era la Abogada JESSICA NUÑEZ se encontraba incapacitada. En fecha 21 de abril de 2016 citó a la Apoderada Legal de PROHECO Abogada JESSICA NUÑEZ a la Oficina de Conciliación con el fin de llegar a un arreglo conciliatorio, a la cual comparecieron, sin haber llegado a ningún arreglo, cerrando las diligencias en ese mismo acto. En fecha 26 de abril del 2016, nuevamente regresé las oficinas de PROHECO haciéndose acompañar del Inspector de Trabajo SANTOS ARNULFO GONZALEZ SILVA, ya que había quedado pendiente la ampliación del acta que consta en solicitud del expediente # 90143 los atendió la Abogada JESSICA NUÑEZ, apoderada legal de PROHECO, quien dijo que no tenía poder actualizado de representación, por lo que el Inspector dejó nueva citación para el día 3 de mayo de 2016, a la que compareció la Abogada Núñez a las Oficinas de Inspectoría de Trabajo, por situaciones ajenas a su voluntad, ya que reside en el municipio de Talanga, el bus en que se trasladaba sufrió desperfectos mecánicos, llegando media hora después, a la que ya se había retirado la parte patronal, devolviendo la documentación a dicha dependencia. 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que, la demandante sostuvo una relación contractual con el Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, bajo la dirección y subordinación del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO), bajo la modalidad de Servicios Profesionales y Técnicos, sujeto al presupuesto del año 2014, lo que significa que el presupuesto para dicho contrato fue aprobado solamente para dicho año y que una vez finalizada la vigencia del mismo la relación contractual finalizaba sin más trámite, ya que no se trata de contratos indeterminados como lo procura hacer ver la demandante ante este juzgado incompetente para conocer de la causa, pues dichos contratos han sido por tiempo determinado, con fecha de inicio y terminación, en ningún momento la demandante fue objeto de despido verbal lo que aconteció fue la llegada del término para lo cual había sido contratada por el demandado. En cuanto a que previo a solicitar los servicios de la Secretaría de Trabajo para hacer el reclamo de sus supuestos derechos laborales se hizo presente a las instalaciones del Edificio del RAP, que es donde se encuentran las oficinas del Programa PROHECO y que no le dieron información sobre la separación de su trabajo, accediendo nuevamente por segunda y tercera vez a la misma, pretendiendo con ello desnaturalizar la modalidad bajo la cual fue contratada y la jurisdicción ante la cual debió interponer su reclamo la demandante al sentirse afectada en sus derechos por la modalidad bajo la cual estaba siendo contratada y considerando procedente el caso hubiera hecho uso del derecho prescrito en el artículo 867 del Código del Trabajo que dispone: "Salvo disposición en contrario, todos los derechos y acciones provenientes de este Código, de sus Reglamentos o de las demás leyes de trabajo o previsión social, que no se originen directamente en contratos de trabajo, prescriben en el término de dos (2) meses. Este plazo corre para patronos y trabajadores desde el acaecimiento del hecho respectivo...", siendo extemporáneos en tiempo y forma, la exigencia de los supuestos derechos que dice tener, prescribiendo su derecho para interponer cualquier acción ante este juzgado, tal y como lo establece el artículo anteriormente descrito; sin embargo reitera el representante procesal que la demandante consintió, aceptó y fue de su conocimiento desde el inicio la modalidad bajo la cual estaba regida su relación contractual y continua manifestado que resulta oportuno resaltar que en esta clase de contratos también se fundamenta lo que instituye el artículo 1348 del Código Civil que literalmente dice: "Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos..."; en consecuencia, no existe obligación en cumplir con las pretensiones y exigencias de reconocimiento de derechos subjetivos que ahora procura tener la demandante, porque no le asisten tales derechos. Que la demandante por percibir un derecho que no le corresponde narra sucesos que no son objeto de debate y tampoco sustenta sus pretensiones, pues como se sostienen era del conocimiento de la demandante la modalidad bajo la cual estaba regida su relación contractual; no obstante, que las circunstancias mencionadas por la parte actora, no son determinativas para acomodar sus pretensiones puesto que las mismas en base a uno de los elementos del contrato, aceptó y consintió dicha forma de contratación, con derechos y obligaciones recíprocas y sujetas para ambas partes; en consecuencia, deduce que la demandante solo pretende aplicar una normativa laboral con el único objeto de utilizarlo para el reconocimiento de un derecho que no existe ni tiene ningún sustento jurídico, por ser meramente ilusorio e imaginario; ya que el artículo 124-C párrafo segundo de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, vigente desde el 23 de enero del 2014 establece: "en caso de los empleados por contrato, los mismos deberán sujetarse al plazo y a las condiciones contractuales convenidas entre las partes" y finalizan señalando que la demandante no utilizó la vía acordada contractualmente para resolver sus diferencias, tratando de aplicar erróneamente preceptos legales a efecto de justificar un derecho subjetivo e inexistente. En relación de haber presentado reclamo administrativo ante las Oficinas de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, por no ostentar el demandado de facultad para comparecer a ningún tipo de conciliación, así como por la naturaleza del contrato a término por lo que no es competente la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social para conocer dicha materia; por consiguiente la pretensión exigida ante este Juzgado por la demandante debe ser declarada sin lugar por no asistirle el derecho subjetivo e ilusorio que pretende y será en el proceso del debate que se acreditará que la demandante no tuvo sustentación jurídica para poder litigar en la presente casusa, en consecuencia, se le condene especialmente en costas. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 25 de septiembre del 2020, dictó sentencia misma que en su parte conducente dice: “FALLA: I) Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por la señora LESLY ZAVALA VILLALOBOS, contra EL ESTADO DE HONDURAS por medio de su Representante Legal el Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en cuanto al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales como ser: preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional; vacaciones proporcionales y décimo cuarto mes proporcional, devolución de deducciones del aportación del INPREMA, reajuste de salario mínimo, más los salarios dejados de percibir, desde la fecha de terminación de la relación laboral hasta que con sujeción a las normas procesales este firme la presente sentencia; en consecuencia, II) CONDENA al ESTADO DE HONDURAS por medio de su Representante Legal el Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA a pagar a la señora LESLY ZAVALA VILLALOBOS la cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS (L. 271,685.49) desglosados así: preaviso L.21,392.98; auxilio de cesantía L. 139,054.37; Vacaciones proporcionales L.19.80; décimo cuarto mes proporcional L. 4,609.61; décimo tercer mes proporcional: L.504.45 devolución de deducciones del aportación del INPREMA: L.50,548.06, reajuste de salario mínimo: L.55,556.22, más los salarios dejados de percibir, desde la fecha de terminación de la relación laboral hasta que con sujeción a las normas procesales este firme la presente sentencia; III) Declarando SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por la señora LESLY ZAVALA VILLALOBOS, contra EL ESTADO DE HONDURAS por medio de su Representante Legal el Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, para el pago de vacaciones pendientes y salario adeudado; IV) ABSUELVE al ESTADO DE HONDURAS por medio de su Representante Legal el Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA a pagar en concepto de vacaciones pendientes y salario adeudado a la señora LESLY ZAVALA VILLALOBOS; V) Declarando SIN COSTAS…”. Bajo el criterio que haciendo un análisis de las pruebas allegadas al juicio y los argumentos de ambas partes llegando al convencimiento está suscrita que efectivamente se trataba de una relación laboral; en vista que en los contratos de trabajo se encuentran establecidos los 3 elementos del Contrato de Trabajo, como ser la actividad personal del trabajador, la continua subordinación y un salario como retribución al servicio; aunado a ello también las labores realizadas en la institución son de naturaleza permanente, de igual forma la demandante firmó varios contratos de trabajo para realizar la misma actividad; los medios de prueba son instrumentos legales y necesarios de que se valen las partes para demostrar al juez la verdad o existencia real de los hechos generadores del derecho, es preciso entonces que la prueba se produzca para que la autoridad pueda calificarla el pago de sus prestaciones laborales por considerar que el despido del cual fue objeto es ilegal e injusto; y que al momento de la ruptura la parte demandada no le notificó las causas por las cuales estaba dando unilateralmente por terminada la relación laboral, lo que resulta violatorio a lo dispuesto en el artículo 117 del Código del Trabajo, lo que conlleva a declarar CON LUGAR esta pretensión, acarreando con ello el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales más el pago de los salarios dejados de percibir, desde la fecha efectiva de la notificación del despido hasta la fecha en que este firme la sentencia condenatoria. Que la parte demandante también solicita el pago de derechos adquiridos como ser vacaciones proporcionales y décimo cuarto mes proporcional derechos que corresponde a todo trabajador independientemente de la forma en que se da por terminado el vínculo laboral, y siendo que la parte demandada no acreditó haber cumplido con el pago de los mismos, procede declarar CON LUGAR esta pretensión. Igualmente solicita el pago de reajuste de salario mínimo, constando en auto y de conformidad al artículo 39 relacionado con el 43 de la Ley del Salario Mínimo, la demandante devengó en el año 2014, 2015 y 2016 devengó la cantidad de L.6,300.00; y de conformidad a la Tabla de Salario Mínimo aprobado por el Gobierno Central le correspondía devengar a la demandante para el año 2014: L.7,860.44; 2015: L.8,489.28 y 2016: L.9,168.42; resulta evidente que la parte demandada no pagó a la trabajadora el salario como salario mínimo por parte de la autoridades, por consiguiente es procedente declarar CON LUGAR el reajuste de salario del 02 de enero del 2014 al 01 de enero de 2016. Que la demandante también solicita la devolución de la deducción realizada en concepto aportación del INPREMA, extremo sobre el cual se constató a solicitud de la demandante que las deducciones realizadas a la demandante por este concepto eran de L.50,548.06, mientras que la parte demandada no acreditó haber enterado las mismas ante la institución correspondiente, en consecuencia, es procedente declarar CON LUGAR la devolución solicitada. Que también solicita el pago de vacaciones pendientes y salario adeudado, el principio universal en materia probatoria, de que quien afirma una cosa es quien está obligado a probarla (onus probando incumbit actori), pretensiones para las cuales la parte demandante no propuso medios de prueba que acreditará el derecho reclamado, que las decisiones judiciales no pueden descansar nunca solamente sobre hechos alegados, sino que debe de fundamentarse sobre su demostración por alguna o algunos de los medios de prueba reconocidos por la ley, en consecuencia, se declara sin lugar los mismos. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 10 de agosto del 2022, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que, se acreditó con el medio de prueba Reconocimiento judicial se constataron los contratos desde el 1 de febrero de 2004 y en forma sucesiva todos los años hasta el año 2015, inclusive; aclarando que el contrato del año 2003 no estaba digitalizado y que en el año no se suscribió contrato ya que uno de los requisitos era la continuación de los estudios y la señora Lesly Zavala Villalobos no lo cumplía. Por lo que la serie sucesiva de contratos de servicios profesionales suscritos demuestran que la demandante fue contratada para la realización de labores que son continuas y permanentes, que existió una continua subordinación de la demandante, la prestación de servicios personales y el pago de una remuneración, configurándose el contrato de trabajo por la existencia de los elementos que lo configuran y la presunción establecida en el artículo 21 del Código del Trabajo, pues un Contrato de Servicios Profesionales supone la figura del Contratista que, conforme al artículo 7 reformado del Código del Trabajo, es una persona que contrata la ejecución de una o varias obra o labores en beneficio ajeno, por un precio determinado y asumiendo todos los riegos para realizarlas con sus propios medios y con libertad técnica y directiva, siendo evidente que la demandante no fue contratada asumiendo ningún riesgo, que no utilizaba sus propios medios; y finalmente, que ni tenía libertad técnica ni directiva, sino que lo que existía es un verdadero contrato de trabajo con los tres (3) elementos que lo conforman. Igualmente se constató que la demandante tenía un salario inferior al salario mínimo, por lo que es procedente hacer el ajuste del salario al salario mínimo legal, como lo señala la sentencia recurrida. Razones por las cuales es procedente confirmar la sentencia en relación al pago de las indemnizaciones y prestaciones laborales, salarios dejados de percibir y ajuste al salario mínimo. En relación con las deducciones del salario de la demandante para el INPREMA, que fueron objeto de prueba, se acreditó que efectivamente se hicieron las deducciones del salario de la demandante; igualmente se acreditó a través del medio de prueba Reconocimiento Judicial practicado en las instalaciones físicas del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO), bajo el numeral 2 que los afiliados de PROHECO fueron afiliados al INPREMA a partir del año 2006, pero no aparece probado que las deducciones realizadas al salario de la demandante hayan sido depositados en el INPREMA, hecho que es necesario para determinar que el patrono no tendría responsabilidad en dichas retenciones. Con todo, aunque no lo probó en juicio, si el Estado de Honduras hubiere depositado las cotizaciones de la demandante en el INPREMA deberá realizar las gestiones para recuperar dichos valores. 5. Mediante auto de fecha 17 de enero del 2023, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada ILIANA GUADALUPE MORALES JUANEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha 10 de agosto del 2023, compareció ante este Tribunal el Abogado RICARDO JOSE CARRANZA GODOY, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha 11 de septiembre del 2023, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 22 de abril del 2024, se tuvo por precluido de derecho y perdido irrevocablemente el termino dejado de utilizar por la Abogada ALMA SAGRARIO SANCHEZ ALVARADO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, para contestar el recurso de casación planteado, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que el Abogado RICARDO JOSE CARRANZA GODOY, en su primer motivo de casación alega: “PARA ENMENDAR LAS INFRACCIONES E ILEGALIDADES COMETIDAS POR EL TRIBUNAL A-QUO COMO LA INADECUADA APLICACIÓN A-QUEM ES MERITORIO SEÑALAR LOS MOTIVOS DE LA CASACIÓN QUE SE COMETIERON EN EL FALLO RECURRIDO. PRIMER MOTIVO: SER LA SENTENCIA VIOLATORIA DE LA LEY SUSTANTIVA, el precepto legal sustantivo infringido está contenido en el artículo 864, del Código de Trabajo en relación al artículo No. 3, 5, 7, de Código Procesal Civil, estableciendo que las acciones para reclamar derechos se tendrá el término de dos meses, tal es el caso del presente motivo de casación, la norma procesal o norma objetiva a través del cual se infringió en forma indirecta la constituyen los artículos 868.1 del código de trabajo. III.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) el artículo 864 del Código del Trabajo, señalados como violados indirectamente, si bien tienen el carácter sustantivo exigido en este extraordinario recurso, el mismo regula situaciones jurídicas que no tienen incidencia en la decisión final objeto del recurso; b) carece de precepto autorizante; y, c) carece de las normas procesales que sirvieron de medio para la violación. IV.- Que el Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “SER LA SENTENCIA VIOLATORIA DE LA LEY objetiva, el precepto legal sustantivo infringido está contenido en el artículo 765, del Código de Trabajo en relación al artículo No. 3, 5, 7, de Código Procesal Civil, PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo está comprendido en el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil, el cual literalmente dice: "Causales del Recurso.- Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio." EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN LO EXPLICO ASÍ: Que el artículo 864 del Código de Trabajo establece que "los derechos de los trabajadores para reclamar contra los despidos injustificados que se le hagan o contra las correcciones disciplinarias que se le apliquen, prescriben en el término de dos meses contados a partir de la terminación del contrato" a lo cual el Juzgado de Letras del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán, no aplico de manera objetiva lo establecido en este acápite, interponiendo lo establecido en el artículo 868.1 estableciendo que ha operado una interrupción a la prescripción alegada.” V.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) falta claridad y precisión al no señalar si la violación de la ley sustantiva es, por infracción directa, indirecta, aplicación indebida o interpretación errónea; b) la norma que indica como violadas el artículo 765 del Código de Trabajo, no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; c) el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil, señalado cono precepto autorizante no ostenta esa calidad; y, d) formula alegatos de instancia. VI.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, COORDINADORA. ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA, FRANCISCA VILLELA ZAVALA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de febrero del dos mil veinticinco; certificación de la sentencia de fecha diecinueve de noviembre del dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL651-2022. FIRMA Y SELLO.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ.
SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.