Sentencia CL-65-23 — Registro 18000
Resumen
...´´Segunda instancia, confirma la sentencia, declarando sin lugar la demanda laboral para el pago de reajuste de prestaciones laborales; segunda instancia declara sin lugar y absuelve, de toda responsabilidad al demandado, declara también sin lugar la excepción perentoria de pago esta sala declara no a lugar el recurso...´´
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
...´´La finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código de Trabajo no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el País, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice...´´
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 764 (Jerarquía Ordinaria)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
...´´El motivo de casación que antecede no es admisible a razón de lo siguiente: el Censor alude a una infracción indirecta derivada de una falta de apreciación de un medio de prueba por error de derecho. No obstante, el documento que alude no fue valorado por el Ad-quem consiste en el Acta del 22 de febrero del 2021 levantada en las oficinas de la Procuraduría del Trabajo, la cual no surtió los efectos legales al haber sido declarada la conciliación como fracasada. De ahí que, lo establecido en el documento de conciliación fallida no puede ser tomado como una aceptación de una parte o de otra. En el proceso de conciliación administrativa se pretende que cada una de las partes ceda de una manera u otra, en forma equitativa, para así poder llegar a un arreglo extrajudicial. Por lo que, dentro del documento se establecerán condiciones que no pueden ser utilizadas en contra de las partes cuando la conciliación no ha sido exitosa, debido a la naturaleza de confidencialidad del proceso. Conforme a lo anterior, el error de hecho que alude el Censor no es admisible debido a que no se cumplen los requisitos legales para que el contenido del acta de conciliación sea utilizado como un incumplimiento por parte del patrono...´´
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
...´´El motivo de casación expuesto por el Censor no es admisible debido a que no expone claramente cuál es la violación de hecho cometida por la valoración de la prueba realizada y expresada en el fallo emitido por el Ad-quem. La prueba aludida por el Censor constituye un documento de terminación de la relación laboral por mutuo consentimiento, el cual se encuentra debidamente suscrito por ambas partes, al contrastarlo con lo expresado en el fallo del Ad-quem se concluye que el documento sí fue valorado por el tribunal de segunda instancia, estableciendo incluso que los valores a pagar constituyen el 50% de las prestaciones que se otorgarían en caso de despido injustificado, circunstancia que no es la del presente juicio. Por lo anterior, la falta de apreciación por error de hecho no es admisible...´´
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 738 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 739 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
...´´El motivo de casación expuesto no cumple con las formalidades siguientes para ser admitido debido a que no se establece en forma precisa la violación a las normas de orden público denunciadas, así como tampoco se circunscriben a la violación directa de hechos no controvertidos en el juicio. Adicionalmente, el motivo de casación pretende circunscribirse a un pago obligatorio y total de prestaciones sociales, lo cual es atinente a un despido injustificado; sin embargo, el presente juicio versa sobre una terminación de la relación laboral por mutuo consentimiento. Por lo anterior, las alegaciones vertidas en el motivo de casación no se relacionan con los elementos de hecho y de derecho establecidos en el juicio...´´
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los trece (13) días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro (2024). VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 24 de mayo del 2023, por el Abogado Milanio Galdámez Vélez, en su condición de representante procesal de las señoras Olga Marina Aguilar Melgar, Orfilia Elizabeth Rodríguez y Olga Marina Domínguez Gutiérrez, como recurrente; además, es parte recurrida, la Sociedad Educacional Internacional Sampedrana (SEIS), representada en juicio por la Abogada Edna Patricia González Castro. OBJETO DEL PROCESO: Demanda Laboral Ordinaria de primera instancia para el pago de ajuste de prestaciones sociales, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 10 de marzo del 2021, por las señoras Olga Marina Aguilar Melgar, Orfilia Elizabeth Rodríguez y Olga Marina Domínguez Gutiérrez, todas mayores de edad, casadas, Amas de Casa, hondureñas, con domicilio en el Departamento de Cortes, contra la Sociedad Educacional Internacional Sampedrana (SEIS), representado legalmente por el señor Roy Morales Hawit. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 9 de diciembre del 2022, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, misma que falló CONFIRMANDO la sentencia dictada en fecha 22 de septiembre del 2022 por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, la cual en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando SIN LUGAR la demanda Laboral para el pago de reajuste de prestaciones laborales, promovida por las señoras OLGA MARINA AGUILAR MELGAR, ORFILIA ELIZABETH RODRÍGUEZ Y OLGA MARINA DOMÍNGUEZ GUTIÉRREZ, de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia contra la institución educativa denominada SOCIEDAD EDUCACIONAL INTERNACIONAL SAMPEDRANA (SEIS) a través de su Representante Legal el señor ROY MORALES HAWIT, también de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; SEGUNDO: En consecuencia: ABSUELVE: A la institución educativa denominada SOCIEDAD EDUCACIONAL INTERNACIONAL SAMPEDRANA (SEIS) a través de su Representante Legal el señor ROY MORALES HAWIT, de toda responsabilidad proveniente del presente juicio.- TERCERO: Declara SIN LUGAR la excepción PERENTORIA DE PAGO, propuesta por el apoderado legal de la parte demandada.- CUARTO: SIN COSTAS”.ANTECEDENTES DE HECHO. 1. La parte demandante expresó que comenzaron a laborar de la siguiente manera, la señora Olga Marina Aguilar Melgar, el 10 de noviembre de 1990, devengando un sueldo de L. 12,000.00; la señora Orfilia Elizabeth Rodríguez, el 27 de julio del 2005, devengando un sueldo de L. 11,800.00; y la señora Olga Marina Domínguez Gutiérrez, el 28 de abril de 1993, devengando un sueldo de L. 12,500.00; para desempeñarse de lunes a sábado como Aseadoras; en fecha 14 de diciembre del 2020, fueron notificadas sobre una ampliación a la suspensión temporal sin goce de salario de sus contratos individuales de trabajo por el termino de 90 días contados a partir del 16 de diciembre 2020 al 15 de marzo 2021, sin embargo, el 21 de diciembre del 2020 fueron llamadas para acudir a las Oficinas de Recursos Humanos, ahí les fue propuesto pese a la vigencia de la suspensión de contratos aludida, el pago de sus prestaciones sociales en el entendido que de ellas se deducirían lo necesario para amortizar y poner al menos al día los préstamos que tenían pendientes con Banco Atlántida, así como con la Cooperativa de Ahorro Sagrada Familia, puesto que en el caso de la señora Orfilia Elizabeth Rodríguez no había recibido sueldo 4 meses antes del 14 de diciembre del 2020, dado que venía de pasar una primer suspensión sin goce de salario por 120 días; respecto a la señora Olga Marina Domínguez solo laboró dentro de la primera suspensión media jornada y remunerada con medio salario, la diferencia de las prestaciones nos serian pagadas ese mismo día y les fueron entregadas, manteniendo similar orden de comparecencia, las cantidades de L. 93, 060.74, cheque 02022823; L. 19, 711. 16, cheque 02022808 y; L. 95,558.33, cheque 02022821, todos librados contra Banco Ficohsa el 21 de diciembre del 2020, que desde luego aceptaron y no había porque albergar dudas en vista que tenían 30, 26 y 17 años de servicio y confianza en la institución, prueba de ello es que el 24 de diciembre 2020 tres días después, firmaron entre ambas partes un documento de terminación de Contrato Individual de Trabajo por mutuo consentimiento que era a su vez, al rigor de su texto, un finiquito de solvencia por los valores recibidos, empero, al momento de operar los promedios para operar las prestaciones no se hizo aplicando el Decreto Legislativo No.65 que interpreta el literal b) del artículo 123 del Código del trabajo que es el que contiene las únicas normas reguladoras para el cálculo y eventual pago de derechos laborales como prestaciones sociales, en otras palabras, el cálculo debió hacerse tomando como base el promedio de los salarios devengados, entre los días efectivamente trabajados durante los últimos 6 meses de vigencia del contrato, lo que implica que existe una diferencia mínima a su favor entre lo pagado y lo que debió pagarse, aun si no se hiciera al influjo de dicho Decreto, pero muy significativa para sus endebles recursos, más tomando en cuenta que sobrepasaron los 50 años y con ello limitada vida útil por delante; impulsadas por encontrarle una salida de naturaleza conciliatoria que pusiera fin a este conflicto, se giró cedula de citación a través de las Oficinas de la Procuraduría del Trabajo local para celebrar audiencia que quedó plasmada en acta del 22 de febrero del 2020, pero sin llegar a ninguna solución definitiva. 2. La parte demandada, la Sociedad Educacional Internacional Sampedrana (SEIS), contestó dicha demanda argumentando ser una empresa respetuosa de la Ley, en especial la Ley Laboral, su giro es la educación pre básico y básico proporcionando a sus alumnos una educación bilingüe integral con los más altos estándar de calidad; las demandantes eran empleadas por tiempo indefinido, se desempeñaban en el puesto laboral de mantenimiento en las instalaciones de la ciudad de La Lima, por decisión propia de las demandantes con el consentimiento de la demandada, las partes actoras dieron fin a la relación laboral mediante terminación de contrato individual de trabajo por mutuo consentimiento de las partes, esta finalización fue el 24 de diciembre del 2020, como consecuencia de la terminación del contrato por mutuo consentimiento procedió a cancelar a las demandante todos sus derechos irrenunciables de conformidad a la Ley, además de los derechos laborales que fueron pactados de común acuerdo; el vínculo laboral se dio por terminado mediante un Mutuo Acuerdo, este mutuo acuerdo es un documento donde ambas partes establecieron su voluntad en dar por terminado el contrato de forma conciliatoria, respetando la Ley, pero bajo las condiciones de las partes, ambas pactaron el monto de los pagos a recibir por las demandantes, el mutuo acuerdo no es una renuncia, ni mucho menos una terminación de contrato sin justa causa, es un acuerdo de voluntades que debe de respetarse. Las demandantes terminan el contrato que les vinculaba con mi representada por su deseo, y aprobaron las cantidades que recibieron, no pueden ahora venir con la demanda a reclamar cantidades que no les corresponden, y que además no está obligada a pagar, en todo caso, si ellas no estaban de acuerdo con lo que pactaron, no debieron pedir terminar la relación de mutuo acuerdo, también quiere dejar constancia que siempre cumple lo establecido en la Ley. Por las razones expuestas, y siendo que ha actuado apegada a la Ley y justicia sobre todo actuando de buena fe en relación con el vínculo laboral que tenía con las demandantes, quienes con una falsa demanda con argumentos infundados e ilógicos pretende obtener mediante fraude beneficios económicos que no le corresponden, pues les pago sus derechos laborales, más lo pactado y se extendieron los finiquitos correspondientes; es por ello que se pide declarar Sin Lugar la Demanda Laboral Ordinaria de Primera Instancia para el pago de un Ajuste de Prestaciones Sociales y especial condena en costas. En Audiencia Primera de Tramite celebrada en fecha 22 de marzo del 2022, interpuso excepción perentoria de pago. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 22 de septiembre del 2022, dictó sentencia que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando SIN LUGAR la demanda Laboral para el pago de reajuste de prestaciones laborales, promovida por las señoras OLGA MARINA AGUILAR MELGAR, ORFILIA ELIZABETH RODRÍGUEZ Y OLGA MARINA DOMÍNGUEZ GUTIÉRREZ, de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia contra la institución educativa denominada SOCIEDAD EDUCACIONAL INTERNACIONAL SAMPEDRANA (SEIS) a través de su Representante Legal el señor ROY MORALES HAWIT, también de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; SEGUNDO: En consecuencia: ABSUELVE: A la institución educativa denominada SOCIEDAD EDUCACIONAL INTERNACIONAL SAMPEDRANA (SEIS) a través de su Representante Legal el señor ROY MORALES HAWIT, de toda responsabilidad proveniente del presente juicio.- TERCERO: Declara SIN LUGAR la excepción PERENTORIA DE PAGO, propuesta por el apoderado legal de la parte demandada.- CUARTO: SIN COSTAS”. Bajo el criterio que del análisis de las pruebas allegadas al proceso estima que procede declarar Sin Lugar la demanda por las circunstancias siguientes, que las indemnizaciones a que ser refiere el artículo 123 literal b) del Código del trabajo, como ser el preaviso, auxilio de cesantía o indemnización estas proceden cuando la terminación de la relación de trabajo se concluye por razones de despido injustificado o por alguna causal prevista en el artículo 114 u otra ajena a la voluntad del trabajador, tal como lo dispone el artículo 120 del Código del Trabajo; se está ante una terminación de la relación de trabajo por mutuo acuerdo, la cual se encuentra contenida en el artículo 111 numeral 2) del Código del Trabajo, la cual no acarrea responsabilidad de las partes, como así lo establece el artículo 111 numeral 12) del Código del Trabajo “en los casos previstos en los siete primeros incisos de este artículo, la terminación de contrato no acarrea responsabilidad para ninguna de las partes”, razón por la cual, a criterio del A quo, no es aplicable lo que dispone el artículo 123 literal b) del Código del Trabajo; se encuentra acreditado que la demandada pagó a las trabajadoras las cantidades siguientes, a la señora Olga Marina Aguilar Melgar, mediante Cheque No. 02022823, la cantidad de L. 93,060.74, en concepto de pago por terminación de Contrato Individual de Trabajo por mutuo consentimiento de las partes, más la cantidad de L. 89,136.95, en concepto de pago por préstamo a Banco Atlántida, más la cantidad de L. 13,179.49, en concepto de pago por préstamo a la Cooperativa Sagrada Familia, haciendo un total L. 195,377.18; a la señora Orfilia Elizabeth Rodríguez, mediante Cheque No. 02022808, la cantidad de L. 19,711.16, en concepto de pago por terminación de Contrato Individual de Trabajo por mutuo consentimiento de las partes, más la cantidad de L. 98,266.94, en concepto de pago por préstamo a Banco Atlántida, más la cantidad de L. 2,681.59, en concepto de pago por préstamo a la Cooperativa Sagrada Familia, haciendo un total L. 120,659.69; a la señora Olga Marina Domínguez Gutiérrez, mediante Cheque No. 02022821, la cantidad de L. 98,558.33, en concepto de pago por terminación de contrato individual de trabajo por mutuo consentimiento de las partes, más la cantidad de L. 95,447.87, en concepto de pago por préstamo a Banco Atlántida, más la cantidad de L. 13,098.72, en concepto de pago por préstamo a la Cooperativa Sagrada Familia, haciendo un total L. 207,104.92; la parte demandada ha interpuesto excepción perentoria de pago en la cual alega que ya cumplió con las obligaciones derivadas del vínculo laboral que tenía con las demandantes, con relación a la misma considera que procede declarar sin lugar dicha excepción de pago por considerar que si bien es cierto, la demandada pagó a las trabajadoras las cantidades siguientes, la señora Olga Marina Aguilar Melgar, mediante Cheque No. 02022823, la cantidad de L. 93,060.74, en concepto de pago por terminación de Contrato Individual de Trabajo por mutuo consentimiento de las partes, más la cantidad de L. 89,136.95, en concepto de pago por préstamo a Banco Atlántida, más la cantidad de L. 13,179.49, en concepto de pago por préstamo a la Cooperativa Sagrada Familia, haciendo un total de L. 195,377.18; a la señora Orfilia Elizabeth Rodríguez, mediante Cheque No. 02022808, la cantidad de L. 19,711.16, en concepto de pago por terminación de contrato individual de trabajo por mutuo consentimiento de las partes, más la cantidad de L. 98,266.94, en concepto de pago por préstamo a Banco Atlántida, más la cantidad de L. 2,681.59, en concepto de pago por préstamo a la Cooperativa Sagrada Familia, haciendo un total L. 120,659.69; y a la señora Olga Marina Domínguez Gutiérrez, mediante Cheque No. 02022821, la cantidad de L. 98,558.33, en concepto de pago por terminación de contrato individual de trabajo por mutuo consentimiento de las partes, más la cantidad de L. 95,447.87, en concepto de pago por préstamo a Banco Atlántida, más la cantidad de L. 13,098.72, en concepto de pago por préstamo a la Cooperativa Sagrada Familia, haciendo un total L. 207,104.92, las cuales fueron pagadas a pesar que la demandada, no tenía ninguna responsabilidad de hacerlo, pues la terminación de la relación de trabajo se dio de mutuo acuerdo, es decir, no fueron en concepto de pago de reajuste de prestaciones sociales, que es lo que reclama el demandante, por tal razón, procede a declarar sin lugar la excepción perentoria de pago, interpuesta por la parte demandada; las disposiciones del Código del Trabajo constituyen un conjunto de normas jurídicas de orden público que regulan las relaciones entre el capital y el trabajo colocándolas sobre la base de una justicia social a fin de garantizar al trabajador las condiciones necesarias para una vida normal y al capital una compensación equitativa de su inversión. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 9 de diciembre del 2022, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el A quo, SIN COSTAS. Bajo el criterio que es un hecho reconocido por las partes intervinientes en juicio, que las demandantes se desempeñaron en el puesto laboral de mantenimiento realizando actividades como Aseadoras, de las probanzas resulta acreditado que dicha prestación de servicios llegó a su finalización una vez que las actoras y demandada acordaron la terminación del Contrato Individual de Trabajo por mutuo consentimiento de las partes, conviniendo el pago de las prestaciones e indemnizaciones sociales en el 50% de lo que les correspondería en concepto de preaviso y auxilio de cesantía de acuerdo a su antigüedad laboral, conforme se ha verificado mediante las operaciones aritméticas del caso, más sus derechos adquiridos; deduciendo del total computado los conceptos de impuesto vecinal, reserva laboral y préstamos pendientes con la Cooperativa Sagrada Familia y Banco Atlántida, según se aprecia de los cálculos de prestaciones y los acuerdos suscritos de terminación del Contrato Individual de Trabajo por mutuo consentimiento de las partes, en los que literalmente se estableció que el pago a recibir sería de la manera siguiente, para la señora Olga Marina Aguilar Melgar la cantidad de L. 93,060.74, Orfilia Elizabeth Rodríguez la cantidad de L. 19,711.16 y la señora Olga Marina Domínguez Gutiérrez por la cantidad de L. 98,558.33, a través de los Cheques por su orden 02022823, 0202808 y 02022821, todos librados contra Banco Ficohsa el 21 de diciembre de 2020, cantidades de dinero que coinciden con la diferencia resultante del cómputo de los conceptos de preaviso, auxilio de cesantía, vacaciones y décimo cuarto mes, y las deducciones aplicadas y referidas; de lo anterior se colige que la terminación de los Contratos de Trabajo, fue por decisión consensuada entre las trabajadoras y su empleador surtiendo todos los efectos legales, pues aunque los acuerdos no se celebraron ante un Inspector de Trabajo, de las probanzas el Ad quem concluye que la voluntad de las actoras responde a su libertad de decisión, pues no se evidencia circunstancia o elemento alguno en contrario o que se vieron imposibilitadas para ejercitar acción alguna que demostrara la falta de animus volitivo en dicho acuerdo, sentido en el que se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia en los expedientes CL12-06, CL281-09 y CL160-18 y el ad quem en asuntos similares; el artículo 127 Constitucional dispone que “toda persona tiene derecho al trabajo, a escoger libremente su ocupación y a renunciar a ella, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo”, norma que tiene relación directa con el artículo 111 numeral 2) del Código del Trabajo que establece que el mutuo consentimiento de las partes, es una de las causas de terminación del contrato de trabajo; contexto jurídico en el que se enmarca la finalización de los Contratos de Trabajo de las demandantes, pues en consenso con su empleador acordaron de mutuo acuerdo la finalización del vínculo laboral que les unía, así como el pago de las prestaciones e indemnizaciones sociales y las condiciones para hacer efectivas las mismas; apreciándose que los cálculos se realizaron tomando como base el salario mensual devengado durante los últimos seis meses de prestación de servicios, y que en estos se incluyeron los derechos adquiridos causados y proporcionales adeudados a la fecha de la desvinculación laboral, no es posible considerar los señalamientos de las demandantes, pues la terminación de los contratos de trabajo fue por acuerdo y negociación de las partes, la liquidación de los derechos económicos laborales se calculó e hizo efectiva sin menoscabo de los derechos mínimos e irrenunciables de las demandantes; por las razones de hecho y derecho expuestas estima procedente confirmar la sentencia impugnada. 5. Mediante auto de fecha 10 de abril del 2023, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado Milanio Galdámez Vélez, en su condición de representante procesal de las señoras Olga Marina Aguilar Melgar, Orfilia Elizabeth Rodríguez y Olga Marina Domínguez Gutiérrez, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha 24 de mayo del 2023, compareció ante éste Tribunal el Abogado Milanio Galdámez Vélez, formalizando su demanda, exponiendo tres motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha 24 de julio del 2023, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que, en el término de diez días, procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 30 de octubre del 2023, se declaró precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por la Abogada Edna Patricia González Castro, en condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó seguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado Roy Pineda Castro, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I. La finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código de Trabajo no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el País, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice. II. La demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. III. El Abogado Milanio Galdámez Vélez, en su condición de representante procesal de las señoras Olga Marina Aguilar Melgar, Orfilia Elizabeth Rodríguez y Olga Marina Domínguez Gutiérrez en su primer motivo de casación alega: “EXPRESIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN.- PRIMER MOTIVO DE CASACION: Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva de orden nacional en infracción indirecta que es proveniente de la falta de apreciación por error de derecho que resulta evidente de los autos en el medio de prueba DOCUMENTOS PUBLICOS parte actora que obra agregada a folios 93 de la primera pieza de autos. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS: Las normas sustantivas de orden nacional violadas, están contenidas en los artículos 113 interpretado párrafo primero, 116 letra e), 118 párrafo segundo, 120 literal c); del Código del Trabajo. FALTA DE APRECIACION DE DETERMINADA PRUEBA: La prueba dejada de apreciar por el Tribunal Recurrido es la de documentos públicos parte actora que se encuentra agregada a folio 93 de la primera pieza de autos relativa a un acta celebrada en la Procuraduría del Trabajo de la Ciudad de San Pedro sula, Departamento de Cortés. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron para la violación de las normas sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo en relación a los artículos 639 y 640 del mismo ordenamiento. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 ordinal primero párrafo segundo del Código del Trabajo. DOCTRINA: Sostiene la doctrina que el error de derecho consiste en aceptar como probado un acto o un hecho por un medio no solemne cuando la ley exige determinadas solemnidades para su validez o NO DARLO POR ESTABLECIDO CUANDO ASI SE HA HECHO DE MANERA SOLEMNE O ASÍ RESULTA CON EL MEDIO DE PRUEBA EVACUADO CON TODAS SUS SOLEMNIDADES, en el caso de autos cuando la Corte Acusadora dejó de apreciar la prueba DOCUMENTOS PÚBLICOS parte actora que obra a folios 93 de la primera pieza de autos y, que a pesar de la solemnidad que reviste el medio de prueba relacionado propuesto por la parte demandante, acta celebrada en la Procuraduría del Trabajo, la Corte no dio por probado el hecho que lo acordado con las demandantes fue el pago del 100% de sus prestaciones y no el 50 %. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE. La Corte Sentenciadora dejó de apreciar la prueba Documentos Públicos propuesta por la parte demandante y que se especifica a continuación: Acta del 22 de febrero del 2021 levantada en las oficinas de la Procuraduría del Trabajo en atención al reclamo de un ajuste de prestaciones sociales presentado por las señoras: Olga Marina Aguilar Melgar, Orfilia Elizabeth Rodríguez López y Olga Marina Domínguez Gutiérrez.- Tal como consta en el contenido formal de la sentencia recurrida bajo el nombre HECHOS PROBADOS, en todo lo extenso de este título la Corte de Apelaciones del Trabajo de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés al momento de proferir su fallo no le mereció ninguna credibilidad dicho documento y por ende dejó de apreciar esa prueba, aun cuando en el referido documento se lee en la intervención patronal que lo ofrecido a las demandantes para terminar la relación de trabajo por mutuo acuerdo fue llegar a un arreglo sobre el pago de sus prestaciones no, del pago de un 50% de sus prestaciones que fue lo cancelado finalmente y de el que se propugna su diferencia.- Por lo anterior merece tenerse en cuenta que dicha documentación tiene plena validez al tenor de lo dispuesto en los artículos 639 y 640 del Código del Trabajo pero el Tribunal recurrido no tomó en cuenta tal prueba y la disposición legal que la sustenta y, además, que la documentación relacionada no fue objeto de nulidad, inexactitud o falsedad por lo que tiene pleno valor probatorio en el caso controvertido que nos ocupa, es evidente entonces que en virtud de la falta de apreciación de dicha prueba el Tribunal recurrido infringió los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo relacionados con los artículos 639 y 640 de igual estamento y vuelve procedente CASAR la sentencia en este motivo. IV. El motivo de casación que antecede no es admisible a razón de lo siguiente: el Censor alude a una infracción indirecta derivada de una falta de apreciación de un medio de prueba por error de derecho. No obstante, el documento que alude no fue valorado por el Ad-quem consiste en el Acta del 22 de febrero del 2021 levantada en las oficinas de la Procuraduría del Trabajo, la cual no surtió los efectos legales al haber sido declarada la conciliación como fracasada. De ahí que, lo establecido en el documento de conciliación fallida no puede ser tomado como una aceptación de una parte o de otra. En el proceso de conciliación administrativa se pretende que cada una de las partes ceda de una manera u otra, en forma equitativa, para así poder llegar a un arreglo extrajudicial. Por lo que, dentro del documento se establecerán condiciones que no pueden ser utilizadas en contra de las partes cuando la conciliación no ha sido exitosa, debido a la naturaleza de confidencialidad del proceso. Conforme a lo anterior, el error de hecho que alude el Censor no es admisible debido a que no se cumplen los requisitos legales para que el contenido del acta de conciliación sea utilizado como un incumplimiento por parte del patrono. V. En un segundo motivo de casación, el Recurrente establece lo siguiente: SEGUNDO MOTIVO DE CASACION: Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley sustantiva de orden nacional en infracción indirecta que es proveniente de la falta de apreciación por error de hecho que resulta evidente de los autos en el medio de prueba DOCUMENTOS PRIVADOS de la propia prueba la parte demandada que obra a folios 34, 43 y 52, de la primera pieza de autos. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS: Las normas sustantivas de orden nacional violadas, están comprendidas en los artículos 113 interpretado párrafo primero, 116 letra e ), 118 párrafo segundo, 120 literal c); del Código del Trabajo. FALTA DE APRECIACION DE DETERMINADA PRUEBA: La prueba dejada de apreciar por el Tribunal recurrido es la prueba Documentos Privados, hojas cálculo de prestaciones, parte demandada agregada a folios 34, 43 y 52 de la primera pieza. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron para la violación de las normas sustantivas señaladas, son las contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación está comprendido en el artículo 765 ordinal primero párrafo segundo del Código del Trabajo. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA ASI: Las demandantes promueven demanda laboral para el pago de un ajuste de prestaciones sociales derivado de la terminación de la relación de trabajo con su patrono por mutuo acuerdo, para llegar a las cantidades correspondientes la demandada procedió a la elaboración de los cálculos de prestaciones sociales en formatos de hojas de cálculo de su manejo administrativo y firmadas por ambas partes empero, las cantidades obtenidas fueron hechas multiplicando toda la antigüedad, entre los conceptos preaviso y cesantía por los salarios promedio pero, su producto o total a pagar para cada trabajadora corresponde únicamente al 50% de esos derechos y no al 100% convenido como a simple vista aparece cuando fueron operados aritméticamente los cálculos, en otras palabras en el caso de la demandante Olga Marina Aguilar Melgar se multiplicó su salario promedio de Lps. 13, 779. 55 por 27 meses, 2 de preaviso y 25 de cesantía pero el resultado final fue el valor de 172, 244. 33 que es equivalente al 50% y no Lps. 344, 488. 66, aquí, se identifica, aun cuando se trate de prueba de la parte contraria que la Corte de Apelaciones del Trabajo de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés no apreció en el fallo la referida prueba haciéndola incurrir en error de hecho e infringiendo los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo dando lugar a que proceda CASAR este motivo de casación. VI. El motivo de casación expuesto por el Censor no es admisible debido a que no expone claramente cuál es la violación de hecho cometida por la valoración de la prueba realizada y expresada en el fallo emitido por el Ad-quem. La prueba aludida por el Censor constituye un documento de terminación de la relación laboral por mutuo consentimiento, el cual se encuentra debidamente suscrito por ambas partes, al contrastarlo con lo expresado en el fallo del Ad-quem se concluye que el documento sí fue valorado por el tribunal de segunda instancia, estableciendo incluso que los valores a pagar constituyen el 50% de las prestaciones que se otorgarían en caso de despido injustificado, circunstancia que no es la del presente juicio. Por lo anterior, la falta de apreciación por error de hecho no es admisible. VII. En un tercer motivo, el Censor alega lo subsiguiente: TERCER MOTIVO DE CASACION: Ser la sentencia violatoria de Ley Sustantiva de orden nacional por infracción directa de los artículos 2 y 3 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 ordinal primero del Código del Trabajo. LA VIOLACON SE EXPLICA DE LA MANERA SIGUIENTE: La infracción directa de la Ley tiene lugar cuando a un hecho que no se discute o debidamente comprobado se deja de aplicar la norma que lo regula o, al contrario cuando se aplica esa norma a un hecho inexistente. La violación directa exige la existencia del hecho de tal manera que comprobado, no se discuta para que la Ley, cuyo texto se aprecia claro, sea aplicada. De acuerdo a lo anterior la sentencia recurrida se manifiesta en rebeldía con la Ley puesto que las disposiciones del Código del Trabajo en su artículo 2 son de orden público y, en ese sentido el artículo 3 de igual ordenamiento obliga a que son nulos ipso jure todo los actos que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución, el Código del Trabajo, sus reglamentos o las demás leyes de trabajo o previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato de trabajo u otro pacto cualquiera. En el caso de autos, al momento de plantearse la demanda se aceptó que la relación de trabajo terminó por mutuo consentimiento acordando el pago de prestaciones sociales completas no el 50% como lo sostiene la sentencia recurrida en el numeral dos del título a los hechos probados debido al carácter de irrenunciabilidad de los derechos laborales establecidos en favor del trabajador y el principio protector al que se vinculan, por manera que, atendiendo a ese orden público no es dable legalmente hacer concesiones de los derechos de un trabajador en su detrimento cualquiera que sea el porcentaje. Lo expuesto hace procedente CASAR este recurso en este motivo”. VIII. El motivo de casación expuesto no cumple con las formalidades siguientes para ser admitido debido a que no se establece en forma precisa la violación a las normas de orden público denunciadas, así como tampoco se circunscriben a la violación directa de hechos no controvertidos en el juicio. Adicionalmente, el motivo de casación pretende circunscribirse a un pago obligatorio y total de prestaciones sociales, lo cual es atinente a un despido injustificado; sin embargo, el presente juicio versa sobre una terminación de la relación laboral por mutuo consentimiento. Por lo anterior, las alegaciones vertidas en el motivo de casación no se relacionan con los elementos de hecho y de derecho establecidos en el juicio. IX. Por lo anteriormente expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. literal h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769 y 858 del Código de Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación formalizado por el Abogado Milanio Galdámez Vélez, en su condición de representante procesal de las señoras Olga Marina Aguilar Melgar, Orfilia Elizabeth Rodríguez y Olga Marina Domínguez Gutiérrez, en sus tres motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado Roy Pineda Castro. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, quien firma por el Magistrado Coordinador ROY PINEDA CASTRO, conforme al artículo 8 del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de agosto del dos mil veinticuatro; certificación de la sentencia de fecha trece de febrero del dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL65-2023. FIRMA Y SELLO.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ.
SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.