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Sentencia CL-636-22 — Registro 18161

Resumen

..,.´´Segunda instancia confirma el fallo de primera instancia en la Demanda Ordinaria Laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales y condena a pagar, sin lugar para el pago de vacaciones adeudadas, absuelve, a pagar vacaciones adeudadas, décimo cuarto proporcional y esta sala declara no a lugar el recurso...´´

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Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

...´´.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible...´´

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 764 (Jerarquía Ordinaria)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Jerarquía: Reiterativa

...´´.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) entre las normas que indica como violadas el artículo 46 del Código del Trabajo, no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) olvida el Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley; y, c)formula extensos alegatos de instancia inoportunos en este extraordinario recurso...´´

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los dos días del mes de abril del año dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 25 de julio del 2023, por la Abogada SINTIA MARÌA BREVÈ TOMÈ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, la señora MARLEN SUYAPA MURILLO MARTÌNEZ, representada en juicio por el Abogado SAMUEL FLORENTINO SALGADO. OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria Laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, aguinaldo, décimo cuarto y ajuste de salario y pago de salarios dejados de percibir por despido injusto e ilegal, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 3 de octubre del 2014, por la señora MARLEN SUYAPA MURILLO MARTINEZ, mayor de edad, soltera, oficios domésticos, hondureña, de este domicilio, contra EL ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, por actuaciones de la COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO (CTPT). El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 16 de septiembre del 2022, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 24 de mayo del 2021, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por la señora MARLEN SUYAPA MURILLO MARTINEZ contra El ESTADO DE HONDURAS a través de su Representante Legal ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en cuanto al pago de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, reajuste de salario mínimo 2012, 2013 y 2014, vacaciones proporcionales, décimo cuarto mes proporcional, décimo tercer mes proporcional, más el pago de los salarios dejados de percibir desde el despido hasta la fecha en que quede firme la presente sentencia; 2) CONDENA al demandado El ESTADO DE HONDURAS a través de su Representante Legal ABRAHAM ALVARENGA URBINA, a pagar la cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS (L.189,800.82) en concepto de Preaviso: L. 16,715.44; auxilio de cesantía: L. 16,715.44; auxilio de cesantía proporcional: L.3,412.72; reajuste de salario minino 2012, 2013 y 2014: L.139,992.91; vacaciones proporcionales: L. 3,412.72; décimo cuarto mes proporcional: L. 6,566.72; décimo tercer mes proporcional: L. 2,984.87; más el pago de los salarios dejados de percibir desde el despido hasta la fecha en que quede firme la presente sentencia a la señora MARLEN SUYAPA MURILLO MARTINEZ; 3) Declarando SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por la señora MARLEN SUYAPA MURILLO MARTINEZ contra El ESTADO DE HONDURAS a través de su Representante Legal ABRAHAM ALVARENGA URBINA, para el pago de vacaciones adeudadas, décimo cuarto proporcional 2012, aguinaldo 2012, décimo cuarto mes 2013; aguinaldo 2013, en consecuencia, 4) ABSUELVE al demandado El ESTADO DE HONDURAS a través de su Representante Legal ABRAHAM ALVARENGA URBINA, a pagar vacaciones adeudadas, décimo cuarto proporcional 2012, aguinaldo 2012, décimo cuarto mes 2013; aguinaldo 2013, a la señora MARLEN SUYAPA MURILLO MARTINEZ; 5) Declarar SIN COSTAS”. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que ingresó a laborar para la Comisión Trinacional del Plan Trifinio (CTPT), dependencia adscrita al Despacho Presidencial de la República, el 3 de enero del 2012, como Aseadora, devengando un sueldo mensual de L. 3,000.00 y nunca firmó Contrato de Trabajo; fue despedida en forma verbal el 30 de mayo del 2014, sin señalarle ninguna causal de despido, por lo que mediante solicitud presentada ante la Inspección General del Trabajo en fecha 28 de julio de 2014, solicitó que se constatara entre otros aspectos su despido, habiéndose levantado acta de constatación en fecha 4 de agosto del 2014, donde la Inspectora del Trabajo constató a través de la declaración del Director Ejecutivo Nacional que efectivamente fue despedida en la fecha mencionada; al ser un despido verbal, se violó el artículo 117 del Código del Trabajo que establece en forma clara que la nota de despido debe contener la expresión de la causa o motivo que mueve a la empresa a tomar la determinación de dar por terminado el contrato de trabajo del trabajador, ya que después no podrá alegar válidamente causales o motivos distintos; cabe hacer notar que conforme al Reglamento Interno de la Comisión Trinacional del Plan Trifinio (CTPT), sólo se les concedía 15 días de vacaciones sin importar la antigüedad que tuvieran, pero sólo gozaban de 10 días al año, distribuidos así, tres días de semana santa y siete en las fiestas navideñas; por lo que se le adeudan cinco días de vacaciones del primer año y cinco del segundo año; nunca se le pagó el aguinaldo, ni el décimo cuarto mes, por lo que dichos valores son reclamados al igual que el ajuste al salario mínimo. Se agotó el procedimiento de conciliación en las oficinas de la Dirección General del Trabajo, en el Departamento de Conciliación y Mediación; sin embargo, la institución demandada no se presentó por lo que no hubo acuerdo conciliatorio, solicitando el agotamiento de la vía administrativa. 2.- La parte demandada, EL ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda explicando que la relación de trabajo que les unía fue por tiempo determinado, es decir, que de antemano la demandante tenía pleno conocimiento que la misma finalizaba el 30 de mayo del 2014, consecuentemente si la demandante afirma que fue objeto de un supuesto despido verbal, de conformidad al artículo 121 del Código del Trabajo, únicamente podía ejercer su acción legal, para que el patrono la indemnice con el importe del salario que habría devengado en el tiempo que faltaba para la finalización de su relación de trabajo por tiempo determinado. Lo anterior es así, ya que de conformidad a los artículos 116 y 120 del Código del Trabajo, los conceptos de pre aviso y auxilio de cesantía, son propios de los Contratos o relaciones de trabajo por tiempo indeterminado, que no es el caso del demandante, lo cual es extensivo al pago de los salarios dejados de percibir que pretende le sean reconocidos. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 24 de mayo del 2021, dictó sentencia que en su parte resolutiva dice: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por la señora MARLEN SUYAPA MURILLO MARTINEZ contra de El ESTADO DE HONDURAS a través de su Representante Legal ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en cuanto al pago de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, reajuste de salario mínimo 2012, 2013 y 2014, vacaciones proporcionales, décimo cuarto mes proporcional, décimo tercer mes proporcional, más el pago de los salarios dejados de percibir desde el despido hasta la fecha en que quede firme la presente sentencia; 2) CONDENA al demandado El ESTADO DE HONDURAS a través de su Representante Legal ABRAHAM ALVARENGA URBINA, a pagar la cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS (L.189,800.82) en concepto de Preaviso: L. 16,715.44; auxilio de cesantía: L. 16,715.44; auxilio de cesantía proporcional: L.3,412.72; reajuste de salario minino 2012, 2013 y 2014: L.139,992.91; vacaciones proporcionales: L. 3,412.72; décimo cuarto mes proporcional: L. 6,566.72; décimo tercer mes proporcional: L. 2,984.87; más el pago de los salarios dejados de percibir desde el despido hasta la fecha en que quede firme la presente sentencia a la señora MARLEN SUYAPA MURILLO MARTINEZ; 3) Declarando SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por la señora MARLEN SUYAPA MURILLO MARTINEZ contra El ESTADO DE HONDURAS a través de su Representante Legal ABRAHAM ALVARENGA URBINA, para el pago de vacaciones adeudadas, décimo cuarto proporcional 2012, aguinaldo 2012, décimo cuarto mes 2013; aguinaldo 2013, en consecuencia, 4) ABSUELVE al demandado El ESTADO DE HONDURAS a través de su Representante Legal ABRAHAM ALVARENGA URBINA, a pagar vacaciones adeudadas, décimo cuarto proporcional 2012, aguinaldo 2012, décimo cuarto mes 2013; aguinaldo 2013, a la señora MARLEN SUYAPA MURILLO MARTINEZ; 5) Declarar SIN COSTAS”. Bajo el criterio que analizados los argumentos planteados, lo medios de prueba propuestos y los preceptos jurídicos aplicables, que la parte demandante acreditó el despido mediante el acta de fecha 4 de agosto del 2014 levantada por la Inspectoría General del Trabajo en la cual el Director Ejecutivo de la Comisión Trinacional del Plan Trifinio, que dice literalmente: “fue manifestado verbalmente que ya no trabajaría más para nosotros, no se desde cuando entró a laborar, ya que o fue contratada en mi gestión como Director Ejecutivo, fue despedida el 30 de mayo del 2014, su salario mensual es por la cantidad de L. 3,000.00, desconozco la existencia de un contrato firmado por ella y las razones, porque no (para efectos de su pago), con respecto al pago correspondiente a sus derechos y prestaciones éstas tendrán que ser requeridas ante la Secretaría Administrativa, con sede en El Salvador ya que nuestra dirección (Honduras) no administra fondos propios, sino que como ya manifesté es El Salvador quien es responsable de éstos. Es lo que deseo manifestar”, con lo cual acredita el despido directo; por el contrario la parte demandada no aportó ningún elemento probatorio para acreditar los hechos en que se apoya su defensa, puesto que no se presentó a la audiencia señalada para la proposición de medios de prueba que pretendía hacer valer, por lo que no se acreditó fehacientemente la temporalidad de la relación laboral alegada, acarreando con ella la ilegalidad del despido efectuado al no haber establecido causa justa contenida en el artículo 112 del Código del Trabajo ni haberla probado en juicio, concluyéndose que el patrono no ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 117 del Código del Trabajo, “la parte que termine unilateralmente el contrato de trabajo, debe dar el preaviso por escrito, personalmente a la otra parte, pero si el contrato es verbal, puede darlo de palabra ante dos testigos, con expresión de la causa o motivo que la mueve a tomar esta determinación. Después no podrá alegar válidamente causales o motivos distintos”, consecuentemente declárese con lugar esta pretensión; la parte demandante solicita también el pago de ajuste del salario mínimo, constando que la demandante acreditó que durante la relación laboral devengó L. 3,000.00 realizando el comparativo con el salario aprobado por el Gobierno Central para los años 2012: L.6,759.93; 2013: L.7,138.49; 2014: L.7,163.76 con lo que resulta evidente que el patrono no reconoció el salario mínimo establecido, en consecuencia, es procedente declarar con lugar esta pretensión, quedando reajustado el salario a L. 7,163.76; la parte demandante también solicita el pago de derechos adquiridos como ser vacaciones proporcionales, décimo tercer mes proporcional, y décimo cuarto mes proporcional derechos que corresponde a todo trabajador independientemente de la forma en que se da por terminado el vínculo laboral, y siendo que la parte demandada no acreditó haber cumplido con el pago de los mismos, procede declarar Con Lugar esta pretensión; la parte demandante también solicita el pago de vacaciones adeudadas, y de conformidad a los hechos de la demanda consisten en cinco días de vacaciones por el primer año, y cinco días por el segundo año de labores, pretensión sobre la cual si bien es cierto, que de conformidad al Reglamento Interno de Trabajo del Personal Técnico y Administrativo de la Secretaría Ejecutiva Trinacional del Plan de Trifinio, específicamente en su artículo 26 “los empleados de la Secretaría gozarán anualmente de quince días hábiles de licencia a título de vacaciones, más un día hábil por cada año trabajado hasta un máximo de treinta. Del período de vacaciones aludido en el inciso que antecede, se restarán los días de asueto enumerados en el artículo 23 de este Reglamento, según corresponda, siempre que los mismos hayan recaído en días hábiles de trabajo”, de conformidad al artículo 346 del Código del Trabajo establece “el período de vacaciones remuneradas, a que tiene derecho todo trabajador después de cada año de trabajo continuo al servicio del mismo patrono tendrá como duración mínima la que a continuación se expresa: después de un año de servicios continuos diez días laborables, consecutivos; después de dos años de servicios continuos, doce días laborables consecutivos; después de tres años de servicios continuos, quince días laborables, consecutivos; y después de cuatro años o más de servicios continuos veinte días laborables, consecutivos; no interrumpirán la continuidad del trabajo las licencias sin goce de salario, los descansos otorgados por el presente Código, sus reglamentos y sus leyes conexas, las enfermedades justificadas, la prórroga o renovación del contrato de trabajo, ni ninguna otra causa análoga que no termine con éste”; no es menos cierto que la parte demandante no aportó elementos probatorios con el cual se acreditara la cantidad de días reconocidos por el patrono, a efecto de realizar el comparativo correspondiente, a efecto de determinar la violación de la norma laboral alegada, razón por la cual es procedente declarar Sin Lugar este derecho reclamado; la parte demandante también solicita el pago del décimo cuarto proporcional 2012, aguinaldo 2012, décimo cuarto mes 2013, aguinaldo 2013, derechos sobre los cuales la parte demandante no aportó elementos probatorios que acreditan el derecho reclamado, que el principio universal en materia probatoria es que quien afirma una cosa es quien está obligado a probarla onus probando incumbit actori; por lo tanto, siendo la prueba el medio legal que sirve para demostrar la verdad de los hechos que se alegan ante las autoridades, para que esta pueda calificarla, la demandante no acreditó el derecho reclamado ya que las decisiones judiciales no pueden descansar nunca solamente sobre hechos alegados, sino que debe de fundamentarse sobre su demostración por alguna o algunos de los medios de prueba reconocidos por la ley, por consiguiente declara Sin Lugar estos derechos; del mismo modo ordena Sin Lugar las costas del juicio. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 16 de septiembre del 2022, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas. Bajo el criterio que la parte demandada en ningún momento aportó pruebas en juicio, ya que ni siquiera compareció a la Audiencia Primera de Trámite, para que desvirtuara lo aseverado por la parte demandante; y más bien la parte actora si acreditó con sus medios de prueba documental que existió una relación laboral, con el acta levantada por el Inspector de Trabajo, en fecha 4 de agosto del 2014, en la que el señor Cristian André Acosta Jerónimo reconoce haber despedido de forma verbal a la demandante; por lo que estima que está debidamente acreditado en juicio el despido verbal, por lo que la motivación y resolución dictada por el a quo es correcta y apegada a derecho, por lo que procede su confirmatoria. 5.- Mediante auto de fecha 17 de enero del 2023, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada DIGNA ODESSA SUAZO FUNEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 25 de julio del 2023, compareció ante éste Tribunal la Abogada SINTIA MARIA BREVÈ TOMÈ, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha 4 de septiembre del 2023, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 30 de octubre del 2023, se declaró precluido de derecho y perdido irrevocablemente el termino dejado de utilizar por el Abogado SAMUEL FLORENTINO SALGADO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que la Abogada SINTIA MARÌA BREVÈ TOMÈ, en su primer motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de la ley Sustantiva del orden nacional POR INFRACCIÓN DIRECTA de los Artículos 26 y 46 del Código del Trabajo, por falta de aplicación de los mismos durante el proceso. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el párrafo primero del ordinal Primero del Artículo 765 del Código del Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO DE CASACION: La sentencia recurrida viola lo establecido en los Artículos 26 y 46 del Código de Trabajo, al no aplicar los mismos, ya que si lo hubiera aplicado el Ad Quen hubiera revocado la sentencia que conocía en Apelación. La afirmación que antecede se hace en virtud de que en el presente caso resulta evidente la apreciación errónea de las normas del derecho interno en relación al derecho internacional tal como lo manda la Constitución de la República en el Capítulo III de los Tratados y plenamente desarrollado en los Artículos 15, 16, 17 y 18 en relación con el Artículo 7 de la Ley General de la Administración Pública y en relación directa con el Artículo 19 de la Ley de Procedimiento Administrativo tal como lo mandan las normas jurídicas referenciadas en tal sentido tal como lo establece el precepto autorizante en el presente escrito hacemos referencia a la falta de apreciación de la ley sustantiva al sustentar este alegado en una norma que no es aplicable al presente caso, pues en el presente caso la contratación de la demanda emana de un Tratado entre las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras, para la ejecución del Plan Trifinio en conjunto con la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, en el que se suscribió un acuerdo de cooperación técnica para formular el Plan Trifinio, y que a su vez se establece la normativa que regirá el Plan Trifinio, instituyéndose en el Artículo 10 como órgano ejecutivo permanente de la Comisión Trinacional, a la Secretaría Ejecutiva Trinacional, estableciéndose en el Artículo 17 entre otras cosas la sede de la Secretaría Trinacional y del Secretario Ejecutivo Trinacional a la Ciudad de San Salvador, República del Salvador; país sede que contribuirá... y dará las facilidades, franquicias, privilegios e inmunidades que se otorga normalmente a las instituciones y funcionarios internacionales y de integración Centroamericana en particular, por lo tanto es a la legislación laboral de El Salvador es a la que se deben someter las partes demandantes, pues la normativa del Artículo 14 inciso h) del mismo tratado prescribe: "dirigir desde el punto de vista administrativo la Secretaría Ejecutiva Trinacional y hacer contrataciones necesarias para su funcionamiento." Por lo tanto, todos los derechos y acciones que se derivan de la ejecución del programa Plan Trifinio y de las normas del Tratado Internacional, deben ser reclamadas en El Salvador por mandato legal, tal como se viene argumentando desde la contestación de la demanda tal como y hasta la instancia en la que nos encontramos, sin que esto haya sido considerado por las instancias judiciales que hasta el momento han conocido en el presente caso. Que las partes suscribieron contratos de servicios profesionales donde se dejó regulado todas las circunstancias que en su ejecución se derivaran del presente contrato en donde las partes contratantes pactaron y consintieron todas las cláusulas expresadas y contenidas en los contratos individuales de trabajo y en las que como punto de debate, de defensa y de alegatos en todos el proceso en las diferentes facetas el Estado las ha alegado sin que este Poder Judicial, haya dado crédito o valor probatorio a esta prueba, pues para ello el Código Civil en referencia a los contratos establece el Principio de Pacta Sunt servanda, del vocablo latín que se traduce como lo pactado que obliga, que toda convención expresa debe ser fielmente cumplida por las partes de acuerdo con lo pactado. Constituye un principio básico del derecho civil y del derecho internacional. EL CONTRATO ES LEY ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES, bajo esta premisa y siendo que nuestro Código Civil forma parte del derecho vigente y debiendo ser considerado de forma imperativa por los órganos administradores de justicia en todo el territorio nacional, en tal sentido se exige la aplicación de este principio del derecho civil en el presente caso, pues las sentencias proferidas tanto por el Juzgado de Letras del Trabajo y la Corte de Apelaciones del Trabajo son violatorias de normas sustantivas y vigentes en el país y al no ser considerados por los órganos juzgadores los preceptos citados es posible alegar indefensión, pues no existe coherencia en los fallos referenciados y por ende son recurridos en tiempo y forma y la parte demandada en el presente caso ha actuado con irrestricto apego a las normas del procedimiento y respetando los derechos y garantías de la demandante, se exige la correcta apreciación de la prueba y que se aplique justicia donde se aprecie toda la prueba incorporada y todos aquellos alegatos y fundamentos de derecho incorporados en el presente caso. Esto es lo que exactamente sucedió en el caso que nos ocupa, pero a pesar de eso la Corte Sentenciadora se negó a aplicar lo ordenado en la Ley y por consiguiente mostrándose en rebeldía con la misma. Si la Corte Sentenciadora hubiera aplicado la norma invocada como violada, hubiera revocado la sentencia de Primera Instancia y consecuentemente hubiera eximido al Estado de Honduras al pago de todos los conceptos reclamados por la demandante, por encontrarse todo lo actuado por la parte demandada conforme a derecho, siendo respetuosa de los procedimientos establecidos y de las normas aplicables en el presente asunto, de conformidad a lo señalado en los Artículos precitados del Código de Trabajo. Por lo explicado, considero que esta Honorable Corte Suprema de Justicia debe casar la Sentencia recurrida en el presente motivo de Casación.” III.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) entre las normas que indica como violadas el artículo 46 del Código del Trabajo, no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) olvida el Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley; y, c)formula extensos alegatos de instancia inoportunos en este extraordinario recurso. IV. Que la Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley Sustantiva del orden nacional POR INFRACCIÓN INDIRECTA de los Artículos 26 y 46 del Código de Trabajo y el principio básico del derecho civil de Pacta Sunt Servanda, por error de hecho que aparece de manifiesto en los autos por falta de apreciación de ley sustantiva. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el párrafo primero del ordinal Primero del Artículo 765 del Código del Trabajo. NORMAS ADJETIVAS QUE SIRVIERON COMO MEDIO PARA LA VIOLACIÓN: Las normas adjetivas que sirvieron como medios para la violación de norma invocada como violada son los Artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN LAS PRUEBAS PROPUESTAS POR LAS PARTES EN EL JUICIO FUERON LA PARTE DEMANDANTE PROPUSO: 1.- Documental. 2.- Exhibición de Documentos. LA PARTE DEMANDADA PROPUSO: 1.- Documentos Públicos De la prueba antes relacionada se hace referencia al medio de prueba documental público, con la que la parte demandada hace uso de toda la prueba que considera necesaria y proporcional y que la misma reúne los requisitos de pertinencia y utilidad, a criterio de esta representación y de este tribunal, en ellos se encuentra el fundamento y los alegatos por hechos por la parte demandante a tomar la decisión en referencia al contrato de trabajo con la demandante y de la no aplicación correcta de la prueba se desprende lo que la Corte establece en su considerando 4 de la sentencia recurrida al resumir de manera clara las pretensiones del Estado y los argumentos utilizados pero que al emitir el fallo desconoció los fundamentos de derecho alegados y argumentados en juicio por el Estado de Honduras y en el considerando 9 dice que la relación de trabajo que existió entre la demandante y demando se regula y rige por el contrato de trabajo, olvidando con ellos que el mismo se someten a la jurisdicción Trinacional definida en El Salvador y en el considerando 10 manifiesta que la parte demandada en ningún momento del juicio propuso prueba, desconociendo que la misma quedo señalada en la contestación de la demanda y que la misma constituyen en autos la defensa y alegatos en el presente caso, la Corte de Apelaciones del Trabajo atenta contra el principio básico del derecho civil de Pacta Sunt Servanda, que establece que lo convenido entre las partes se debe cumplir fielmente y que lo consentido por las partes es ley entre ellas, considerando este principio básico del derecho civil y la resolución contenida en la sentencia recurrida por la Corte de Apelaciones del Trabajo nos remite a la inobservancia de los preceptos constitucionales establecidos en los Artículos 321 y 323 de nuestra carta magna, en tal sentido la mala apreciación de un precepto jurídico conlleva a la vulnerabilidad de otras garantías de igual o mayor rango en materia de aplicación del derecho. Por lo explicado anteriormente considero que la Corte Suprema de Justicia debe casar la sentencia recurrida en el presente motivo de casación”. V.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) entre las normas que indica como violadas el artículo 46 del Código de Trabajo no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; c) debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por el Recurrente; d) la prueba singularizada si fue apreciada en el fallo impugnado, resultando que se le dio una valoración o alcance diferente al que pretende el Impetrante, por lo que es impropio el ataque al mismo por falta de apreciación; y, e) formula alegatos propios de instancia. VI.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, COORDINADORA. ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO quien firma por el Magistrado ROY PINEDA CASTRO, conforme al artículo 8 del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de septiembre del dos mil veinticuatro; certificación de la sentencia de fecha dos de abril del dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL636-22. FIRMA Y SELLO.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ.

SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.