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Sentencia CL-623-22 — Registro 18752

Resumen

Primera instancia declara parcialmente con lugar la demanda, condena a pagar daños y perjuicios, reajuste de salario mínimo, se absuelve a pagar horas extras, segunda instancia declarar sin lugar el recurso reforma por edición y esta sala declara no ha lugar el recurso.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

...´´Que acorde a lo dispuesto en los artículos 764, 765 y 769 del Código del Trabajo, la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible...´´

Legislación citada

  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

...´´Que acorde a lo dispuesto en los artículos 764, 765 y 769 del Código del Trabajo, la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible...´´

Legislación citada

  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

...´´Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la norma que indica como violadas el artículo 90 de la Constitución de la Republica no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del código de trabajo , entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) omite señalar a qué tipo de violación se refiere si es directa o indirecta ; formula alegatos de instancia inoportunos en este extraordinario recurso...´´

Legislación citada

  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

...´´Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la norma que indica como violadas el artículo 90 de la Constitución de la Republica no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del código de trabajo , entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) omite señalar a qué tipo de violación se refiere si es directa o indirecta ; formula alegatos de instancia inoportunos en este extraordinario recurso...´´

Legislación citada

  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los diecinueve días del mes de noviembre del año dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 27 de julio del 2023, por los Abogados ANDRÉS ENRIQUE ASFURA RODRÍGUEZ y JORGE ANTONIO AGUILERA AGUILERA, en su condición de representante procesal de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE TATUMBLA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, como recurrente; además, es parte recurrida, la señora KΕΝΙΑ YAMILETH BARRIENTOS MATAMOROS, representada en juicio por la Abogada MAYRA BELINDA MATAMOROS BARRIENTOS. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, pago de vacaciones, pago de vacaciones proporcionales, pago de aguinaldo, pago de décimo cuarto mes, pago de reajuste de salario mínimo, pago de aguinaldo pendiente, pago de décimo cuarto mes pendiente, bono educativo, otros pagos (salarios pendientes del mes de marzo y 19 días de abril), promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 13 de junio del 2016, por la señora KΕΝΙΑ YAMILETH BARRIENTOS MATAMOROS, mayor de edad, soltera, Licenciada en Pedagogía, hondureña, y de este domicilio, contra la MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, por medio de su Alcalde Municipal el señor HUGO SAUL OCHOA PINTO, y subsidiariamente contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 19 de mayo del 2022, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló REFORMANDO POR ADICIÓN la sentencia de fecha 12 de marzo del 2020, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que en su parte conducente dice: “FALLA: I. Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuestos por los Abogados ANDRÉS ENRIQUE ASFURA ASFURA RODRÍGUEZ y JORGE ANTONIO AGUILERA AGUILERA representantes procesales de la parte demandada. II.- REFORMAR POR EDICIÓN la sentencia definitiva apelada, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán, la cual se encuentra a folios 122 al 125 de la primera pieza de autos, en cuanto agregar a la parte dispositiva del fallo el numeral OCTAVO: SIN COSTAS en esta instancia, CONFIRMANDO todos los demás numerales contenidos en el fallo dictado. III. SIN COSTAS en esta instancia”. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que inició la relación de trabajo en el Centro Básico Lempira localizado en el caserío de Macuelizo, Cuesta Grande del Municipio de Tatumbla, Francisco Morazán, el 15 de febrero del año 2014, como asistente de Secretaria, devengaba un salario mensual de L. 6,700.00, nombrada mediante punto de Acta número 6 de sesión ordinaria celebrada por la Corporación Municipal de Tatumbla F.M. en fecha 17 de febrero del 2014, y que en fecha 14 de abril del 2016 fue objeto de despido verbal por parte de la Municipalidad, y en sesión de corporación exigió el despido por escrito pero no fue hasta el 19 de abril cuando le enviaron la nota al Sr. Miguel Ángel Munguía Director del Centro Básico donde laboraba la demandante, no fue directamente a su persona, el contenido de la nota era informar que a partir del 14 de abril el subsidio que se otorgaba al Centro Básico Lempira para el pago de la asistente de la secretaria sería orientado para el pago de una maestra que impartiría clases de inglés en dicho centro educativo; por tal razón, se presentó a la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social para que le hicieran el cálculo de sus prestaciones e indemnizaciones laborales, las cuales ascendían a un total a pagar de L. 129,720.10; manifestó que en virtud del despido de su trabajo se presentó ante la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social para solicitar un Inspector General de Trabajo para que constatara el despido verbal de que fue objeto, porque no se le envió nota de despido por escrito, asimismo se constatara mediante planilla de pago el salario mensual, fecha de ingreso, fecha de despido, salario adeudado del mes de marzo y 19 días del mes de abril y al momento de la inspección el señor Juan Ramón Cruz encargado de personal expresó que desconocía el asunto porque no tenía relación directa con la demandante, que mejor sería citar al Alcalde Municipal ya que sus labores las desempeñaba en el Centro Básico no en las oficinas Municipales, pero de la cual se originaba el salario mensual tal como consta en las planillas de la corporación y de la cual existe inspección realizada por la Inspectora del Trabajo Sandra Rivera, quien constató las órdenes de pago a favor de la demandante a partir de febrero del año 2014 al 01 de marzo del 2016; por lo que debido a falta de conocimiento del Jefe de Personal citó ante la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social al señor Hugo Saúl Ochoa, Alcalde Municipal para audiencia de conciliación, en la cual el señor Ochoa envió al Apoderado Legal de la Municipalidad, quien manifestó que no existió relación de trabajo directa con la corporación en virtud que la demandante laboraba en el Centro Básico ubicado en el caserío de Macuelizo, Cuesta Grande y que es parte de la Secretaria de Educación y que se le asigno una cantidad como subsidio a petición del Director de dicho centro educativo y que así consta en acta y de lo cual manifestó la demandante que era la Corporación la que le hacía los pagos directos y fue despedida sin ninguna causal y que existía otra persona en su puesto de trabajo, por lo que en su momento pediría inspección al Centro Educativo para constatar lo expresado. Agregó que también existía una nota de fecha 15 de febrero del 2014 para el director del Centro Básico Lempira de parte del señor Hugo Saúl Ochoa alcalde de Tatumbla, donde le remitió para que se constituya como Asistente de Secretaria en su Centro educativo nombrada por la corporación como apoyo y para beneficio del centro educativo para fortalecer la educación del municipio y crear oportunidades. Que acreditó constancia de trabajo emitida por el Director del Centro Básico donde consta que fue asignada al Centro Educativo prestando sus servicios de manera eficiente y responsable en las tareas encomendadas por ese motivo pidió que sea subsidiariamente la presente demanda contra la Secretaria de Educación porque el beneficiado directamente con sus servicios era el Centro Educativo perteneciente a dicha Secretaria de Estado. Finalmente expresó que con el ánimo de Conciliar las diferencias, presentó el Reclamo Administrativo siendo imposible llegar a una conciliación, se dio por agotado el trámite Administrativo correspondiente. 2.- La parte demandada, la ALCALDÍA MUNICIPAL DE TATUMBLA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, contestó dicha demanda señalando que la demandante nunca fue empleada de la Alcaldía de Tatumbla, pues claramente afirmó en el hecho primero de su demanda que comenzó su relación laboral en el Centro Básico Lempira, y ese Centro Educativo en ningún momento pertenece como propiedad de la Alcaldía de Tatumbla, y además que dicha alcaldía no prestaba servicios educativos. Además, manifestó que la demandante no aparece registrada como empleada en las planillas de empleados que lleva registrada la Alcaldía de Tatumbla, nunca realizó actividades o prestar un servicio, nunca recibió cantidad alguna como pago de salarios, nunca estuvo bajo una subordinación y dependencia y con un horario; el Artículo 20 del Condigo del Trabajo, establece que: Para que haya contrato de trabajo, se requiere que concurra estos tres (3) elementos esenciales: a) La actividad personal del trabajador, es decir, realizar por sí mismo, b) La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del patrono, que faculta a este para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo, o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato; y, c) Un salario como retribución del servicio. Y que el Centro Educativo para quien laboraba pertenece a la Secretaria de Educación y no pertenecía a la Alcaldía de Tatumbla. Asimismo, el ESTADO DE HONDURAS contestó dicha demanda; señalando que la demandante se desempeñaba como Asistente de Secretaria en el Centro Básico Lempira, localizado en el Caserío de Macuelizo, Cuesta Grande del Municipio de Tatumbla en el Departamento de Francisco Morazán; siendo asignada por el señor Saúl Ochoa Pinto, Alcalde Municipal, en fecha 15 de febrero del año 2016, dicha asignación fue producto de una disposición interna de la Municipalidad antes referida; lo que fue acto extendido por un funcionario público, que relató comprobaciones o deposiciones, ese documento tiene carácter auténtico, del cual se dejó constancia, es decir, en que se documenta lo ocurrido de la declaración de voluntad de la Corporación Municipal en su conjunto; en consecuencia es incongruente lo mencionado por la demandante ya que el carácter con que está en el Centro Educativo es de asignada y nunca inició una relación laboral con el demandado el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, lo cual probará en el momento procesal oportuno. Argumentó que en nota de fecha 19 de abril del 2016, firmada por la Señora Daysi Cáceres en su condición de Secretaria Municipal, hizo del conocimiento al Director del Centro Básico Lempira el profesor Miguel Ángel Munguía García, que el subsidio otorgado a favor del centro educativo, sería orientado para el pago de una Maestra de Inglés y ya no para la Asistente de Secretaria, en virtud de solicitud hecha por la Sociedad de Padres de Familia; mencionó además que en ningún momento el demandado tuvo nada que ver en el proceso ya sea de su contratación o cambio de subsidio, por lo cual se pudo entender que la reclamante de forma errónea demando al Estado de Honduras; por lo que rechazó lo demás manifestado por la demandante y será la parte actora de la demanda quien deberá probarlo en el momento procesal oportuno. Aseveró que el demandado no tuvo ninguna relación laboral con la demandante, y por consiguiente, no constaba en el expediente de mérito citación alguna para que el demandado, llegara a arreglo conciliatorio con la ahora demandante, ya que por tratarse de una relación laboral que la reclamante sostuvo con la Corporación Municipal de Tatumbla, Francisco Morazán, por lo cual la existencia de ese conflicto, el demandado no estaba obligado a comparecer ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social a conciliar ni mucho menos hacerse cargo de las prestaciones que hace referencia la parte actora de la demanda; por lo tanto, no ostenta facultades, ni estar autorizada a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, para aceptar obligaciones de derechos subjetivos inexistentes, por cuanto es improcedente su reclamo y el mismo debe de declararse sin lugar al no asistirle el derecho a la petición formulada al efecto; y será en el proceso del debate que se acreditaría que la demandante no cuenta con sustentación jurídica para poder litigar en la presente causa, en consecuencia se le condene especialmente en costas. Asimismo, una vez notificada la demanda al Procurador General de la República, en fecha 26 de junio del 2017, se celebró audiencia de conciliación, en la cual la representante procesal de la parte demandada DESISTIÓ de la demanda en relación al ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN; teniéndolo por DESISTIDO el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en relación a ese proceso, debiéndose continuar únicamente en contra de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE TATUMBLA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 12 de marzo del 2020, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando PARCIALMENTE CON LUGAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL interpuesta por la señora KENIA YAMILETH BARRIENTOS MATAMOROS, contra la MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZÁN, por medio de su Alcalde Municipal el señor HUGO SAUL OCHOA PINTO. SEGUNDO: CONDENA a MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZÁN, por medio de su Alcalde Municipal el señor HUGO SAUL OCHOA PINTO a pagar a la trabajadora KENIA YAMILETH BARRIENTOS MATAMOROS, los conceptos siguientes: PREAVISO (Lps. 21,392.98), AUXILIO DE CESANTÍA (Lps. 21,392.98) AUXILIO DE CESANTÍA PROPORCIONAL (Lps. 174.50), VACACIONES PROPORCIONALES (Lps. 57.21); DECIMO TERCER MES PROPORCIONAL (Lps. 307.77), DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL (Lps. 8,435.73), cantidades que ascienden a un total a pagar de CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON DIECISIETE CENTAVOS (Lps. 51,761.17) y a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir desde que se produjo el despido hasta que quede firme la presente. TERCERO: SE CONDENA a la MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZÁN, por medio de su Alcalde Municipal el señor HUGO SAUL OCHOA PINTO, a pagar a favor de la trabajadora KENIA YAMILETH BARRIENTOS MATAMOROS, reajuste de salario mínimo de los años 2015, 2016 por la cantidad de Lps. 41,115.76. - CUARTO: SE CONDENA a la MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZÁN, por medio de su Alcalde Municipal el señor HUGO SAUL OCHOA PINTO, a pagar a favor de la trabajadora KENIA YAMILETH BARRIENTOS MATAMOROS de (Lps. 3,667.32) por el concepto de vacaciones, la cantidad de (Lps. 9,168.42) décimo cuarto mes de salario y (Lps. 9,167.72) en concepto de décimo tercer mes de salario, dichos conceptos liquidados con el salario ya reajustado. - QUINTO: SE CONDENA a la MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZÁN, por medio de su Alcalde Municipal el señor HUGO SAUL OCHOA PINTO, a pagar a favor de la trabajadora KENIA YAMILETH BARRIENTOS MATAMOROS la cantidad de (Lps. 9,168.42), en concepto de salarios adeudados. SEXTO: SE ABSUELVE a la MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZÁN, por medio de su Alcalde Municipal el señor HUGO SAUL OCHOA PINTO, a pagar a favor de la trabajadora KENIA YAMILETH BARRIENTOS MATAMOROS, el concepto de bono educativo.- SÉPTIMO: SE ABSUELVE a la MUNICIPALIDAD DE TATUMBLA FRANCISCO MORAZÁN, por medio de su Alcalde Municipal el señor HUGO SAUL OCHOA PINTO, a pagar a favor de la trabajadora KENIA YAMILETH BARRIENTOS MATAMOROS, el concepto de horas extras…”; bajo el criterio que, ha quedado demostrado la terminación de la relación laboral con la nota de fecha 19 de abril del año 2016, la cual es dirigida al Director Miguel Ángel Munguía García, Centro Básica Lempira de Macuelizo Cuesta Grande, Tatumbla F.M. por la Secretaria Municipal Daysi Cáceres de la Alcaldía Municipal de Tatumbla F.M. y en donde se indica que: "... Con instrucciones de la Corporación Municipal se le notifica que a partir del 14 de Marzo del presente año, el subsidio que se otorgaba al Centro Básico Lempira para el pago de la Asistente de Secretaría, será orientada para el pago de una Maestra que impartirá clases de Inglés a los niñas y niños de ese Centro Educativo, solicitado por la Sociedad de Padres de Familia del mismo...", señala el escrito de demanda que se suscitó un despido verbal en fecha 14 de abril del año 2016 y que en razón a este se emitió la nota de fecha 19 de abril del año 2016, esta decisión es corroborada por el testigo Miguel Ángel Munguía, quien ha depuesto ante el interrogatorio de la parte demandante que cuando se le notifico el despido a la trabajadora hubo un debate pero él no tenía nada por escrito, esta terminación laboral no se realizó conforme a los lineamientos establecidos en el artículo 112 y 117 del Código del Trabajo, el empleador ha violentado normas fundamentales relacionadas con el derecho al Trabajo, en razón de lo antes expuesto la demanda de prestaciones laborales de la demandante Kenia Yamileth Barrientos Matamoros, por ser un derecho opcional Constitucional, debe ser declarada con lugar. Que la parte demandante solicita el reajuste de salario mínimo, referente a ello ha quedado establecido el salario mensual que devengaba la señora demandante es por la cantidad de L. 6,700.00, en virtud de lo cual es procedente conceder como derecho adquirido el reajuste de salario mínimo, haciendo referencia a los preceptos legales contentivos a la Ley de Salario Mínimo y haciendo una revisión del Acuerdo de Fijación de Salario Mínimo para los años 2015 y 2016, el salario correspondiente para los años en mención es por la cantidad de L. 9,168.42, por lo que le corresponde el pago de L. 41,115.76 en concepto de reajuste de salario mínimo. Que en el escrito de demanda la parte actora exige el pago de vacaciones, pago de aguinaldo y pago del decimocuarto mes de salario, al hacer un análisis de la prueba documental y reconocimiento judicial que contiene las órdenes de pago, cheques y vauchers, es indudable que estos conceptos no han sido pagados a la trabajadora demandante por parte de la Municipalidad de Tatumbla departamento de Francisco Morazán, en consecuencia se otorga dichos conceptos, por el concepto de vacaciones, la cantidad de L. 3,667.32, decimocuarto mes de salario la cantidad de L. 9,168.42, y en concepto de decimotercer mes de salario la cantidad de L. 9,168.42, dichos conceptos liquidados con el salario ya reajustado. Ahora bien la parte demandante exige el pago de salarios pendientes, con la nota de fecha 19 de abril del año 2016, la Corporación Municipal de Tatumbla departamento de Francisco Morazán ha dejado establecido que a partir del 14 de marzo del año 2016 no le otorgaría pago asignado al cargo de Asistente de Secretaria, cargo que desempeñaba la trabajadora Kenia Yamileth Barrientos Matamoros, por lo que se otorga el salario adeudado desde dicha fecha hasta la fecha de terminación de la relación laboral en fecha 14 de abril del 2016 por la cantidad de L 9,168.42, salario ya reajustado. Que en el escrito de demanda se exige el pago de bono estudiantil, no se acredita con la prueba propuesta y admitida posteriormente por el órgano jurisdiccional que la demandante Kenia Yamileth Barrientos Matamoros exigiera dicho bono a la Municipalidad de Tatumbla F.M., de igual forma la representante procesal de la demandante en mención no acredita que la misma hiciera llegar a la empresa los requisitos exigidos en el artículo 21-A de la Ley de Salario Mínimo y su reglamento para ser pagado por el empleador el bono educativo, que por ley le corresponde a los empleados y trabajadores del sector público y privado, por lo que se deniega el pago aludido; ahora bien la parte actora de igual forma solicita el pago de horas extras esta pretensión estipulada en la demanda, no fue argumentada y probada en juicio con medios de prueba, ya que la apoderada de la parte demandante en el momento procesal oportuno, es decir en la audiencia primera de tramite no forjo ni siquiera la prueba para acreditar el pago solicitado, y tomando en consideración que las decisiones judiciales no pueden descansar nunca sobre los hechos alegados, sino que deben fundamentarse sobre su demostración por alguno o algunos de los medios de prueba reconocidos por la ley, siendo estos medios de prueba los instrumentos legales necesarios de que se valen las partes para demostrar al juez la verdad o existencia real de los hechos generadores del derecho, es preciso entonces que la prueba se produzca para que la autoridad pueda calificarla, es por ello que es del criterio de la que juzga que no procede el pago de horas extras. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 19 de mayo del 2022, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: I. Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuestos por los Abogados ANDRÉS ENRIQUE ASFURA ASFURA RODRÍGUEZ y JORGE ANTONIO AGUILERA AGUILERA representantes procesales de la parte demandada. II.- REFORMAR POR EDICIÓN la sentencia definitiva apelada, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán, la cual se encuentra a folios 122 al 125 de la primera pieza de autos, en cuanto agregar a la parte dispositiva del fallo el numeral OCTAVO: SIN COSTAS en esta instancia, CONFIRMANDO todos los demás numerales contenidos en el fallo dictado. III. SIN COSTAS en esta instancia”. Bajo el criterio que, de la prueba rendida por las partes del proceso se observa el Acta No.06 de fecha 17 de febrero del 2014, de sesión de corporación municipal, donde el señor Alcalde informa que a petición del director del Centro Básico de Macuelizo sobre la necesidad de un asistente de secretaria en dicho instituto, por lo que nombra para ello a KENIA BARRIENTOS, como asistente de secretaria a partir del 15 de febrero 2014. Habiendo la Corporación Municipal en fecha 19 de abril del 2016 notificado al Director Miguel Ángel Munguía García del Centro Básico Lempiras Macuelizo, Tatumbla que a partir del 14 de marzo del 2016 el subsidio que otorgaba a ese centro educativo para pago de la asistente de secretario, será orientado para el pago de una maestra que impartirá clases de inglés. Que se constató las órdenes de pago a partir del año 2015 al 01 de marzo del 2016 en concepto de subsidio para el pago de asistente de secretaria en el Centro Básico Lempira de Macuelizo Tatumbla por el valor de L. 6,700.00, como el horario de trabajo y funciones desempeñadas; asimismo el despido el 14 de abril del 2016 por razón de que se emitió la nota de fecha 19 de abril del año 2016 por el Alcalde Municipal notificado por escrito a la directora del Centro Básico. Que, conforme al principio de la primacía de la realidad, el cual determina que deberá prevalecer en las relaciones laborales, los aspectos facticos sustanciales por sobre los jurídico-formales, de modo que estos no pueden frustrar la finalidad protectoria que orientan las normas laborales, siendo del criterio este Tribunal de Alzada de la relación laboral existente entre las partes del proceso. Que la no existencia de un contrato de trabajo escrito, imputable al patrono, hace presumir en caso de controversia, que son ciertas las estipulaciones de trabajo alegadas por el trabajador, sin perjuicio de prueba en contrario, que con el acta número 06 de la sesión ordinaria celebrada por la Corporación Municipal de Tatumbla departamento de Francisco Morazán de fecha 17 de febrero del año 2014 quedó acreditado la contratación, los servicios a realizar como asistente de Secretaria en el centro básico educativo, y con el acta de constatación realizada por el Inspector del Trabajo el salario devengado a la demandante por parte del demandado. Que es un principio universal en materia probatoria, de que quien afirma una cosa es quien está obligado a probarla, y en el presente caso corresponde la prueba del despido a la trabajadora demandante; y la justificación del mismo a la parte demandada; para fines de criterio jurisprudencial es preciso recordar, que en materia laboral prevalece el principio de gratuidad y por ello la condena en costas es de carácter excepcional, para imponer las mismas los juzgadores deben determinar si procede tal condena, en los casos en que se advierta que se ha litigado con abuso o notoria falta de derecho, falta de lealtad procesal, temeridad, etc. y no por el principio del vencimiento previsto en el Código Procesal Civil, como lo señalan los tribunales de primera y segunda instancia. Que en vista de las consideraciones de hecho y de derecho que anteceden este Tribunal de alzada es de la firme opinión que la sentencia que se revisa en apelación cabe un pronunciamiento de reforma por adición en cuanto a las costas del proceso. 5.- Mediante auto de fecha 05 de enero del 2023, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado JORGE ANTONIO AGUILERA AGUILERA, en su condición de representante procesal de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE TATUMBLA, FRANCISCO MORAZÁN, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 27 de julio del 2023, comparecieron ante este Tribunal los Abogados ANDRÉS ENRIQUE ASFURA RODRÍGUEZ y JORGE ANTONIO AGUILERA AGUILERA, en su condición de representante procesal de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE TATUMBLA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 20 de octubre del 2023, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la parte Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 22 de abril del 2024, se tuvo por precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte de la Abogada MAYRA BELINDA MATAMOROS BARRIENTOS, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Que acorde a lo dispuesto en los artículos 764, 765 y 769 del Código del Trabajo, la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II. Que los Abogados ANDRÉS ENRIQUE ASFURA RODRÍGUEZ y JORGE ANTONIO AGUILERA AGUILERA, en su primer y único motivo de casación alega: “En este apartado es sumamente necesario hacer mención que interponemos el Recurso de Casación, por violación al Debido Proceso consagrado en el artículo 90 de la Constitución de la Republica. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 765 numeral 1 del Código de Trabajo. EXPLICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, al emitir un fallo en el cual se vulneran o se restringen derechos y garantías establecidos en la Constitución de la Republica en contra de nuestra representada la Alcaldía Municipal de Tarumba, del Departamento de Francisco Morazán, al declarar Sin Lugar el Recurso de Apelación Interpuesto causa Agravios a la Municipalidad pues se le conceden derechos a una persona que no los tiene pues este como quedo plenamente establecido es No existe ni existió ninguna relación laboral entre la hoy demandante y la Municipalidad de Tatumbla dado que cómo se ha logrado comprobar en juicio es que únicamente la Alcaldía Municipal de Tatumbla, Departamento de Francisco Morazán otorgaba un Subsidio para el pago de una asistente de Secretaria para el Centro Básico Lempira Cuyo Director el señor MIGUEL ÁNGEL MUNGIA (Siendo este el patrono de la demandante)”. III.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la norma que indica como violadas el artículo 90 de la Constitución de la Republica no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del código de trabajo , entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) omite señalar a qué tipo de violación se refiere si es directa o indirecta ; formula alegatos de instancia inoportunos en este extraordinario recurso. IV.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer único motivo de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, COORDINADORA. ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA, FRANCISCA VILLELA ZAVALA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de febrero del dos mil veinticinco; certificación de la sentencia de fecha diecinueve de noviembre del dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL623-2022. FIRMA Y SELLO.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ.

SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.