Sentencia CL-620-22 — Registro 18158
Resumen
Segunda instancia confirma el fallo de primera instancia en la demanda ordinaria laboral para el reintegro a su puesto de trabajo , más el pago de los salarios dejados de percibir y esta sala declara no a lugar el recurso.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
...´´Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Olvida la Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley, en el motivo expuesto la causas de terminación fueron objeto de la controversia y por ende del material probatorio; b) Expresa reglas procesales, mismas que son exclusivas para la violación indirecta, siendo contradictorio ya que señalaron violación directa; y, c) Realiza alegatos propios de instancia, mismos que en este Recurso extraordinario son inapropiados debido que los argumentos del caso ya fueron evacuados en el momento procesal oportuno...´´
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., treinta de enero de dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha veintiocho de julio del dos mil veintitrés, por la Abogada FANNY CAROLINA FLORES DEL CID, en su condición de representante procesal del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP), como recurrente; además es parte recurrida, la señora BENERANDA CASTRO NUÑEZ, representado en juicio por el Abogado PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral de reintegro por despido injusto e ilegal, pago de salarios dejados de percibir y demás derechos laborales, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha seis de agosto del dos mil dieciocho, por el Abogado PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO en su condición de representante procesal de la señora BENERANDA CASTRO NUÑEZ, mayor de edad, casada, Perito Mercantil, hondureña, y de este domicilio, contra el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP), por medio de su Director General MIGUEL VILLEDA VILLELA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha treinta de agosto del dos mil veintidós, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha veinticinco de mayo del dos mil veintiuno, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que fallo: “1) Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por la señora BENERANDA CASTRO NÚÑEZ Contra el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP) a través de su Representante Legal MIGUEL VILLEDA VILLELA, para el reintegro a su puesto de trabajo , más el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido al a fecha en que sea reintegrado a su puesto de trabajo; en consecuencia, 2) CONDENA al demandado el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP) a través de su Representante Legal MIGUEL VILLEDA VILLELA, a reintegrar a su puesto de trabajo a la señora BENERANDA CASTRO NÚÑEZ, más el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido a la fecha en que sea reintegrado a su puesto de trabajo; 3) Declarar SIN COSTAS”. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que la demandante inició su relación de trabajo con el demandado en el cargo de Escribiente Civil Municipal del Municipio de Marcovia, departamento de Choluteca, a partir del 1ro de septiembre del año 2002, según Acuerdo de nombramiento No. 1627-DG-2002 de fecha 28 de agosto del año 2002. Que mediante Certificación del Acuerdo No.103-2018 de fecha 14 de mayo del año 2018 se le destituye a su representada del cargo de Técnico Registral del Registro Civil Municipal del Municipio de Marcovia, Departamento de Choluteca; en virtud de las supuestas faltas graves cometidas consistente en modificar la base de datos las inscripciones de nacimiento de varias personas en forma fraudulenta, siendo efectivo dicho despido a partir del 18 de Mayo del año 2018, extremos que el patrono tiene que probar en el curso del juicio. Además, que dicho despido se produce en franca violación a los artículos 127 y 129 de la Constitución de la República que establece que toda persona tiene derecho al trabajo y a la protección contra el desempleo y garantiza la estabilidad de los trabajadores en el cargo y el derecho del trabajador a elegir por el reintegro o la aceptación del pago de prestaciones es potestativo del trabajador, por lo que según los artículos constitucionales mencionados dicho despido es ilegal e injusto, razón por la cual acudo a este tribunal a solicitar el reintegro de la demandante a su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones. El acuerdo de destitución del que fue objeto su representada no es claro en sus expresiones y motivaciones al catalogar y calificar de grave las supuestas faltas cometidas, al carecer de requisitos esenciales como ser: que no se consigna en qué fecha se cometieron las supuestas faltas o cuando y como ocurrieron los hechos, y en el acta de audiencia de descargo de fecha 8 de mayo del 2018 se mencionan hechos ocurridos durante los meses de junio, diciembre y agosto del año 2017 y septiembre del año 2016, como fechas en que se cometieron dichas faltas, además de que se dice que violentó las obligaciones y prohibiciones que le incumben en razón de su cargo que ha venido desempeñando y haberse extralimitado en el desempeño de su cargo, lo cual no es cierto porque ni siquiera menciona cuales son las obligaciones y prohibiciones violentadas por su persona, de lo cual se desprende la calificación desproporcionada del tipo de falta al calificarla como grave, además de que no constituye causal de despido que faculte al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo sin responsabilidad, siendo estas razones el motivo de ilegalidad en el presente despido. En el acta de la audiencia de descargo que se le hizo a su representada en fecha 8 de mayo del 2018 se consignan los meses de septiembre del año 2016 y junio, agosto y diciembre del año 2017 como referencias a las supuestas faltas graves cometidas, fechas en las cuales la institución demandada tuvo conocimiento de los hechos ocurridos, y se le destituye la fecha 18 de mayo del año 2018 de lo cual se desprende que el despido del cual fue objeto la demandante se hizo fuera del término de ley (30 días) que tiene el patrono para disciplinar las faltas cometidas por el trabajador según el artículo 863 del Código de Trabajo; o sea, que la acción del despido es totalmente ilegal e injusta porque la misma le prescribió al patrono al hacerla en forma extemporánea, es decir, transcurrido un año aproximadamente desde que se conocieron los hechos. Con el ánimo de conciliar las diferencias procedió a interponer el reclamo administrativo ante la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, habiendo sido citado en legal forma el señor José Miguel Villeda Villela, en su condición de Director del Registro Nacional de las Personas para que compareciera a la audiencia de conciliación señalada, pero al ver la negativa del patrono de conciliar en dicha audiencia, se dio por agotado dicho trámite el día 16 de Julio del año 2018. 2.-La parte demandada, el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP), contestó dicha demanda señalando que la demandante; a) Realizó modificaciones en la base de datos sin respaldo documental a la inscripción de nacimiento de 0607-1959-00323 a nombre de Edis Oralia García Rodríguez, en cuanto a sus apellidos, ya que en el Libro Original esta inscripción pertenece a Edis Orfilia Castro; b) Por modificar en la base de datos la fecha de nacimiento a la inscripción de nacimiento 0607-1997-00885 a nombre de Kelyn Vanessa Hernandez Guevara, se modificó como fecha de nacimiento a 29 de junio de 1993 y en el libro original no aparece consignada la misma; c) Por modificación en la base de datos a la inscripción de nacimiento número 0607-2000-00045 a nombre de Oscar Abel Mendoza Rivas, modificando sin el respaldo documental de mérito, el nombre del inscrito, fecha de nacimiento y datos de los padres, inscripción que según libro original pertenece a Escalen Paola Nuñez García; d) Por haber usado el Usuario y clave de acceso a la base de datos de su compañera Francia Gines Alvarenga Sandoval, para realizar modificaciones fraudulentas que no tienen respaldo documental en el período que la señora Alvarenga Sandoval se encontraba de vacaciones y permiso por duelo. Todas las modificaciones fueron realizadas de forma ilegal y no siguiendo los procedimientos establecidos en la Ley del Registro Nacional de las Personas y su reglamento y sin los respaldos documentales correspondientes, dichas modificaciones están debidamente constatadas en los documentos que se presentaran en el momento procesal oportuno. De igual manera, que la demandante no logró desvirtuar durante las investigaciones sobre los hechos a ella imputados y que efectivamente consta que realizó su trabajo sin el debido cuidado, esmero y diligencia que corresponde al cargo que ostenta, debido a que de conformidad al Reglamento de la Ley del Registro Nacional de las Personas, en su artículo 118 numeral 13) es prohibido a los funcionarios y empleados de su representada: "Hacer cambios de cualquier clase a las bases de datos, incluso temporales, sin motivos legítimos y sin previa autorización.", normativa que la empleada estaba obligada a cumplir y que con lo actuado incumplió los preceptos establecidos, mediando justa causa para que el Directorio del Registro Nacional de las Personas, mediante Acuerdo N° 103-A-2018 de fecha 14 de mayo del año 2018, resolviera emitir Acuerdo de Cancelar por Despido la empleada Beneranda Castro Núñez, del cargo de Técnico Registral del Registro Civil Municipal de Marcovia departamento de Choluteca. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticinco de mayo del dos mil veintiuno, dictó sentencia declarando “CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por la señora BENERANDA CASTRO NÚÑEZ Contra el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP) a través de su Representante Legal MIGUEL VILLEDA VILLELA, para el reintegro a su puesto de trabajo , más el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido al a fecha en que sea reintegrado a su puesto de trabajo; en consecuencia, 2) CONDENA al demandado el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP) a través de su Representante Legal MIGUEL VILLEDA VILLELA, a reintegrar a su puesto de trabajo a la señora BENERANDA CASTRO NÚÑEZ, más el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido a la fecha en que sea reintegrado a su puesto de trabajo; 3) Declarar SIN COSTAS, bajo el criterio que analizados los hechos alegados, los medios de prueba propuestos por ambos apoderados legales de las partes y los preceptos jurídicos aplicables, constando en autos que la parte demandante acreditó el despido mediante el acta de notificación de fecha 21 de mayo del 2018; por lo que previo a valorar las causas alegas por el patrono para dar por terminada la relación laboral, se analiza que la notificación cumpla con lo establecido en el artículo 117 del Código del Trabajo: "La parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo debe dar el preaviso por escrito, personalmente a la otra parte, pero si el contrato es verbal puede darlo de palabra ante dos testigos, con expresión de la causa o motivo que la mueve a tomar esa determinación. Después no podrá alegar válidamente causales o motivos distintos.", es decir, que se establecerán en la misma las causas y motivos de la determinación, resultando que la notificación efectuada al demandante, no es clara ni precisa al establecer las causas o motivos por los cuales dio por terminada la relación laboral, ya que únicamente hace mención de una resolución emitida por el Directorio del Registro Nacional de las Personas, mediante la cual se le destituye de su cargo, sin establecer las faltas cometidas por la trabajadora, que si bien es cierto las partes presentan una certificación de dicha resolución, en la cual se establece una serie de infracciones cometidas por el trabajador como ser: a) por modificaciones en la base de datos sin respaldo documental a la inscripción de nacimiento 0607-1959-00323 a nombre de Edis Oralia García Rodríguez, en cuanto a sus apellidos ya que en libro original esta inscripción pertenece a Edis Orfilia Castro; b) por modificar en la base de datos, la fecha de nacimiento a inscripción de nacimiento No. 0607-1997-00885 a nombre de Kelyn Vanessa Hernandez Guevara, se modificó como fecha de nacimiento: 29/06/1993 y el libro original no parece consignada la misma; d) por modificar en la base de datos la inscripción de nacimiento no. 0607-200000045, a nombre de Oscar Abel Mendoza Rivas, modificando nombre del inscrito, fecha de nacimiento y datos de los padres, inscripción que según libro original pertenece a Escarien Paola Nuñez García; c) por haber usado el usuario y clave de acceso a la base de datos de su compañera Francia Gines Alvarenga Sandoval, para realizar modificaciones fraudulentas que no tiene respaldo documental en el período que la misma se encontraba de vacaciones y permiso de duelo, no es menos cierto, que las mismas resultan extemporáneas al tenor de los establecido en el artículo antes relacionado, ya que luego de la ruptura no puede alegar causas o motivos diferentes; además, de lo antes establecido la parte demandada alega dos faltas graves las primera que la demandante en su función de Técnico Registral, no cumplió con las formalidades ni la documental requerida para efectuar las modificaciones agregadas al sistema, pero de la prueba aportada, no se acredita fehacientemente cuales fueron las formalidades y documentos que la trabajadora supuestamente omisión al momento de inscribir las modificaciones o que requería autorización previa para efectuar las modificaciones en el sistema, ya que de conformidad al perfil del puesto presentada es parte de sus funciones, motivo por lo cual no se considera acreditada dicha causa; igualmente, como segunda causa alega que la demandante utilizó la clave de su compañera de trabajo Francia Gines Alvarenga Sandoval en el tiempo que se encontraba en período de vacaciones y permiso de duelo, por lo que valorada el informe de auditoría en las mismas se desprenden las diferentes operaciones realizadas por el personal como ser Leticia Turcios, Beneranda Castro, Francia Alvarenga, Juan Ramon Gutiérrez, según el número de clave y usuario asignada a cada empleado, demostrando que efectivamente se realizaron operaciones a nombre de la señora Francia Alvarenga, pero no indica quien lo hizo; es decir, la acción directa efectuada por la demandante en perjuicio del patrono, por lo que no se puede presumir que dichas modificaciones fueron ingresadas por la demandante, por existir otros empleados con acceso al sistema, por lo que de igual manera no se acredita fehacientemente la causa alegada por la parte demandada para dar por terminada la relación laboral; consecuencia, declárese con lugar la presente demanda de reintegro a su puesto de trabajo como Técnico Registral del Registro Civil del Municipio de Marcovia departamento de Choluteca o por lo menos en las mismas condiciones que tenía al momento de la terminación de la relación laboral, más el pago de los salarios dejados de percibir desde el momento del despido a la fecha en que sea reintegrada a su puesto de trabajo. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta de agosto del dos mil veintidós, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que se observa que la nota de despido no precisa las fechas en que se realizaron las modificaciones, ni la forma como ocurrieron los hechos que se le imputan a la demandante, y las fechas de modificaciones no corresponden al periodo del 17 de diciembre al 29 de diciembre del 2017 de ausencia de la señora Francia Gines Alvarenga Sandoval, que la nota de despido menciona que las faltas graves están debidamente probadas en el informe de investigación número 55-1G-2018, en el acta de audiencia de descargo de fecha 8 de mayo del 2018, cuando lo cierto es que el referido informe 55-1G-2018 establece que existe un indicio de que la señora Beneranda Castro Nuñez, pueda tener la clave de acceso a la base de datos para ingresar al usuario de la señora Francia Gines Alvarenga Sandoval; y los indicios son objeto de prueba, no medios de prueba; por cuanto, los indicios son señales que permiten tomar una decisión sobre el camino de investigación para la búsqueda de pruebas; aparte también, que la demandante en la audiencia de descargo no acepto los hechos que se le imputan. 5.-Mediante auto de fecha cinco de enero del dos mil veintitrés, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada FANNY CAROLINA FLORES DEL CID, en su condición de representante procesal del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha veintiocho de julio del dos mil veintitrés, compareció ante éste Tribunal la Abogada FANNY CAROLINA FLORES DEL CID, en su condición de representante procesal del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP), formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha veintiuno de septiembre del dos mil veintiuno, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veinte de octubre del dos mil veintitrés, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte del Abogado PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que la Abogada FANNY CAROLINA FLORES DEL CID, en su condición de representante procesal del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP), en su primer motivo de casación alega: “ACUSO A LA SENTENCIA RECURRIDA DE SER VIOLATORIA DE LEY SUSTANTIVA DE ORDEN NACIONAL POR INFRACCIÓN DIRECTA. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS EN ESTE MOTIVO: La norma sustantiva de orden nacional violada, esta comprendidas en el artículo 862 y 863 del Código del Trabajo en relación con los artículos 1 y 1-A de la Ley del Registro Nacional de las Personas. REGLAS PROCESALES VIOLADAS EN ESTE MOTIVO: Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas están contenidas en los artículos 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE. El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 765 numeral 10 párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO ÚNICO DE CASACIÓN. PRIMERO: Esta Honorable Sala en diferentes fallos ha determinado que la prescripción es un medio de librarse de una obligación impuesta por el Código del Trabajo o que sea la consecuencia de la aplicación del mismo, la misma opera mediante el transcurso de cierto tiempo y condiciones, entre las cuales se encuentra que sea opuesta en el momento procesal oportuna como excepción de la parte demandada, que se determine de forma clara y precisa, partiendo del acaecimiento o conocimiento de un hecho cierto y determinado, debiéndose diferenciar si la misma opera en cuanto a un derecho o una acción, en todo caso, su procedencia y estimación tiene como fundamento el orden público y la paz social. SEGUNDO: La normativa laboral en su artículo 863 expresamente determina que los derechos y acciones de los patronos para despedir justificadamente a los trabajadores o para disciplinar sus faltas al contrato de trabajo, prescriben en un (1) mes que comienza a correr desde que se dio causa para la terminación de este, o, en su caso, desde la fecha que fueron conocidos los hechos que dieren lugar a la corrección disciplinaria; el A quem, determina que se evidencia la prescripción de este derecho, dado que desde la fecha del informe de responsabilidad del trabajador y la fecha en que se suscitó el despido media más tiempo del término legal establecido, por lo que despido del trabajador se vuelve ilegal, correspondiendo a este el derecho reclamado en cuanto a su reintegro a su puesto de trabajo en igual o mejores condiciones de las que se encontraba laborando al momento del despido, y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha de su efectivo reintegro, fundamentación fáctica no conforme a la norma sustantiva plasmada en el artículo 863 del Código del Trabajo, ya que la norma es clara al establecer que el patrono le asiste el derecho de despedir justificadamente al trabajador "desde que fueron conocidos los hechos que dieron lugar a la corrección disciplinaria", y en la valoración de las pruebas aportadas al juicio se acredito que efectivamente el proceso sancionatorio establecido en el Reglamento Interno de Trabajo del Personal del Registro Nacional de las Personas inicio mediante denuncia presentada por el señora Francia Gines Alvarenga Sandoval, y la auditoria al Sistema de Alerta, informaron las irregularidades en las diferentes inscripciones de nacimiento y matrimonio, utilizando usuario de la señora Francia Gines Alvarenga Sandoval, en el término de Ley. TERCERO: La naturaleza del Registro Nacional de las Personas, es una institución de seguridad nacional, de carácter independiente, con personalidad jurídica, declarándose como de seguridad nacional las funciones y procesos de registro de los hechos y actos de vida de las personas, así como la administración de toda la documentación registral, garantizando la veracidad de la inscripción de los hechos y actos relativos con la existencia y el estado civil de las personas naturales, adjetivos calificativos que con las acciones contrarias a la Ley y a los procedimientos establecidos, la demandante BENERANDA CASTRO NÚÑEZ, puso en precario el sistema de identificación nacional, y aun así el A quem en el fallo de mérito determino que el procedimiento no se realizó en el tiempo contemplado en la Ley, pronunciándose sobre la prescripción alegada por el impetrado fundamentando la misma conforme a la normativa respectiva; si bien es cierto el A quem en el fallo impetrado se pronuncia sobre la prescripción alegada, no fundamenta la misma fáctica y jurídicamente, obviando el A quem la naturaleza del Registro Nacional de las Personas en el único sentido de los efectos legales que surten a corto, mediano o lejano plazo por las acciones realizadas por los funcionarios que están facultados para afectar las inscripciones relativas a los hechos y actos del estado civil de las personas, los registros de los actos jurídicos que modifiquen, complementen o cancelen las inscripciones de nacimiento y las anotaciones correspondientes, por lo que estimar que mi representada al momento de efectuar el procedimiento sancionatorio correspondiente había operado la prescripción de la acción, es errada dicha apreciación, ya que la acción del demandante contraria a Ley, trajo consecuencias jurídicas posteriores que fueron conocidas por el patrono no específicamente en el momento de la acción, sino como reitero posterior a la misma.” III.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Olvida la Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley, en el motivo expuesto la causas de terminación fueron objeto de la controversia y por ende del material probatorio; b) Expresa reglas procesales, mismas que son exclusivas para la violación indirecta, siendo contradictorio ya que señalaron violación directa; y, c) Realiza alegatos propios de instancia, mismos que en este Recurso extraordinario son inapropiados debido que los argumentos del caso ya fueron evacuados en el momento procesal oportuno. IV.- Por lo anteriormente expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal C, 764, 765, 769, 770, 777, 858 y 865 del Código de Trabajo; 22, 200, 211, 212, 214, 215 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal A del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación interpuesto por la Abogada FANNY CAROLINA FLORES DEL CID, en su condición de representante procesal del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP), en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que, con la certificación de este fallo, se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, quien firma por el Magistrado Coordinador ROY PINEDA CASTRO, conforme al artículo 8 del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de septiembre del dos mil veinticuatro; certificación de la sentencia de fecha treinta de enero del dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL620-2022. FIRMA Y SELLO.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ.
SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.