Sentencia CL-611-22 — Registro 18530
Resumen
Sala Laboral Contencioso Administrativo declara parcialmente a lugar el recurso de casación y considera procedente que la Oficina de Administración de Bienes Incautados (OABI) proceda, como administrador del patrimonio y bienes de la sociedad mercantil denominada Transporte Barralaga Sociedad de Responsabilidad Limitada en este caso el patrono, al pago de los derechos e indemnizaciones laborales reclamadas por los trabajadores
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede reúne los requisitos necesarios para su admisión, por lo que habiéndose establecido con precisión y claridad el mismo, es procedente declarar ha lugar el recurso de mérito, casar la sentencia impugnada y a continuación, en sede de instancia, decidir lo que proceda conforme a la ley. "..
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."La jurisdicción del trabajo esta instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del contrato de trabajo. "...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 764 (Jerarquía Ordinaria)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Hito
..."Habiéndose acreditado la existencia de una relación por tiempo indeterminado por parte de los trabajadores Gaspar Ordoñez Flores, Juan Capiz Mejía y Elvis Eduardo Quiroz Ávila, se procedió a analizar la relación entre el patrono de éstos y la Oficina de Administración de Bienes Incautados (OABI). Estableciendo esta Sala que, como lo alega el Demandado, la Oficina de Administración de Bienes Incautados (OABI) no es la misma persona jurídica que la sociedad mercantil denominada Transporte Barralaga Sociedad de Responsabilidad Limitada. No obstante, y conforme a lo que ordena el Código del Trabajo, eso no le exime de la responsabilidad que el Artículo 6 le impone para con los trabajadores. Pues es un hecho aceptado en el juicio, que la OABI administra los bienes del patrono. Razón por la cual, es la propia Oficina de Administración de Bienes Incautados (OABI) quien toma la decisión, en fecha 31 de julio de 2017, de proceder al cierre del establecimiento, pues como administradora del patrimonio y bienes de la sociedad mercantil denominada Transporte Barralaga Sociedad de Responsabilidad Limitada, está facultada para la toma de dicha decisión. Sin embargo, aparejado a esta facultad se encuentra la responsabilidad y obligación del administrador de asumir las consecuencias e implicaciones que acarrea el cierre de un establecimiento. Dentro de estas implicaciones se encuentra el efectivo pago de los derechos de los trabajadores, quienes, conforme a las normas laborales y la garantía constitucional de estabilidad laboral, tienen derecho al pago total de sus prestaciones laborales y derechos adquiridos correspondientes. Circunstancia, que ha sido incluso aceptada por la administradora del patrono (OABI), quien indica que no han sido efectivamente canceladas. XIV.- Si bien, la forma en la que la Oficina de Administración de Bienes Incautados (OABI) asume la administración del patrimonio y bienes del patrono de los trabajadores no es común. Pues, dicha administración es asumida producto de una diligencia investigativa de tipo penal, dicha circunstancia no le exime de las responsabilidades que tanto las leyes penales como laborales les imponen a los administradores. Por lo que, no es atendible el reclamo del Demandado cuando establece que a los trabajadores no les corresponden el pago de sus derechos laborales debido a que la empresa para la cual laboraban fue incautada por orden judicial. Ello debido a que, conforme a la garantía constitucional y establecida en el Artículo 23 del Código del Trabajo, el trabajador puede participar de las utilidades y beneficios de su patrono, pero nunca asumir sus riesgos o pérdidas. XV.- Por todo lo anteriormente expuesto, es procedente que la Oficina de Administración de Bienes Incautados (OABI) proceda, como administrador del patrimonio y bienes de la sociedad mercantil denominada Transporte Barralaga Sociedad de Responsabilidad Limitada al pago de los derechos e indemnizaciones laborales reclamadas por los trabajadores Gaspar Ordoñez Flores, Juan Capiz Mejía y Elvis Eduardo Quiroz Ávila. XVI. La jurisdicción del trabajo esta instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del contrato de trabajo. "...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 23 (Jerarquía Ordinaria)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los once dias del mes de junio del dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 3 de marzo del 2023, por la Abogada ALMA SAGRARIO SANCHEZ ALVARADO, en su condición de representante procesal de los señores ALEX ANTONIO MEZA ZÚNIGA; GASPAR ORDOÑEZ FLORES; JORGE ANTONIO MADRID TERRY; JUAN CAPIZ MEJIA; ELVIS EDUARDO QUIROZ ÁVILA; RAMON FRANCISCO ALEMÁN RODRÍGUEZ; JOSE FRANCISCO CANALES ZERON, y JOSE YONATAN HERNANDEZ ÁVILA, como recurrente; además, es parte recurrida, EL ESTADO DE HONDURAS, representados en juicio por la Abogada ALMA SAGRARIO SANCHEZ ALVARADO. OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria Laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales correspondientes al preaviso, cesantía, cesantía proporcional, vacaciones proporcionales, vacaciones pendientes, aguinaldo proporcional, décimo cuarto mes proporcional, salarios adeudados, horas extras, más salarios dejados de percibir, y otros derechos, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 11 de diciembre del 2017, por la Abogada ALMA SAGRARIO SANCHEZ ALVARADO, como representante procesal de los señores ALEX ANTONIO MEZA ZÚNIGA; MARIO RENE BALDIVIA IZAGUIRRE; GASPAR ORDOÑEZ FLORES; JUAN CAPIZ MEJIA; ELVIS EDUARDO QUIROZ AVILA; RAMON FRANCISCO ALEMAN RODRIGUEZ; JORGE ANTONIO MADRID TERRY; JOSE YONATAN HERNANDEZ AVILA y JOSE FRANCISCO CANALES ZERON, todos mayores de edad, hondureños, de este domicilio, contra EL ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, por actuaciones de la OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI). El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 9 de marzo del 2022, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: I.- Declarar CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada GABRIELA NICOLE MOLINA LOZANO y SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada ALMA SAGRARIO SANCHEZ ALVARADO en su condición de Representante Procesales de las partes demandada y demandante. II. REFORMAR la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán de fecha trece de abril del año dos mil veintiuno que corre a folios del 261 al 267 frente y vuelto de la primera pieza de autos.- III.- REVOCAR el numeral I y II en el sentido de declarar SIN LUGAR la demanda y en consecuencia ABSOLVER al ESTADO DE HONDURAS.- IV. CONFIRMAR los numerales III, IV, V y VI de la sentencia.- V. SIN COSTAS”. ANTECEDENTES DE HECHO. 1. La parte demandante expresó que iniciaron su relación laboral con la Empresa de Transporte Barralaga Sociedad de Responsabilidad Limitada de la siguiente forma, el señor Alex Antonio Meza Zúniga, en fecha 15 de enero del 2015; Gaspar Ordoñez Flores, en fecha 4 de febrero del 2002; Juan Capiz Mejia, en fecha 5 de julio del 2014; Elvis Eduardo Quiroz Ávila, en fecha 10 de septiembre del 2010; Ramon Francisco Alemán Rodríguez, en fecha 1 de marzo del 2010; Jorge Antonio Madrid Terry, en fecha 10 de octubre del 2003; Jose Yonatan Hernandez Ávila, en fecha 2 de febrero del 2014; Jose Francisco Canales Zeron, en fecha 10 de febrero del 2014, y el señor Mario Rene Baldivia Izaguirre desempeñando sus labores en el cargo de Motoristas, funciones que ejercían con eficacia y responsabilidad; en fecha 31 de julio del 2017, fueron cerradas las instalaciones donde se encuentra su centro de trabajo manifestando el Guardia de Seguridad que por órdenes de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) los trabajadores ya no tenían derecho al acceso al centro de trabajo, que era donde se encontraban los cabezales pertenecientes a la empresa de transporte Barralaga Sociedad de Responsabilidad Limitada, ya que la actividad de los demandantes para la empresa era trasladar producto a los diferentes países y en vista que el propietario de dicha empresa se encuentra privado de libertad, y que los bienes incautados se encuentran bajo a la Administración de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), quedando sin empleo y sin solución alguna en respuesta a la situación laboral en la que se encuentran, actuando de forma indiferente e irresponsable al no considerar los derechos del trabajador; para suprimir esta empresa se debió haber hecho mediante procedimiento y con lo establecido a lo que respecta el artículo 28 de Código de Trabajo que “la sustitución del patrono no afectará los Contratos de Trabajo existentes. El patrono sustituido será solidariamente responsable con el nuevo patrono por las obligaciones derivadas de los contratos o de la Ley nacidas antes de la fecha de su sustitución”; la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) no reconoce los derechos de los trabajadores, manifestando que no tiene administración de la empresa, no siendo responsable de pagar en este caso las prestaciones laborales, no cumpliendo con lo establecido en el Código del Trabajo que en su artículo 23 reza “el trabajador puede participar de las utilidades y beneficios de su patrono, pero nunca asumir sus riesgos o pérdidas”, como así lo manifiesta el artículo 136 de la Constitución de la República, y que los derechos del trabajador son privilegiados y preferentes; en aras de llegar a un arreglo conciliatorio acudieron a las Oficinas de Conciliación y Mediación de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, solicitando se citara a la Institución demanda, y así llegar a un arreglo amigable, declarándose fracasada la conciliación y cerrando las diligencias administrativas para proceder por la vía judicial. 2. La parte demandada, EL ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda argumentando que no ostenta la Representación Legal de la Empresa de Transporte Barralaga, tal como se acredita en la constancia emitida por el Secretario General de la Oficina Administradora de Bienes Incautados, de fecha 22 de marzo del 2018, pues legalmente y de acuerdo a las leyes respectivas, una empresa mercantil es el conjunto coordinado de trabajo, elementos materiales y de valores incorpóreos, para ofrecer al público con propósito de lucro y de manera sistemática, bienes o servicios, el representante legal es quien obliga o compromete a la misma empresa con su firma o manifestaciones, pero la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), carece de tal poder de representación como lo procuran hacer ver los demandantes al Juzgador del proceso a efecto de confundirlo en su análisis; si bien el 1 de agosto del 2017, recibió un bien inmueble destinado como plantel de vehículos ubicado en Amarateca, Francisco Morazán, así como también el inmueble ubicado en el Barrio Las Pavas, Municipio de Sabá, Departamento de Colón, el cual está inscrito bajo matricula 434540, no es menos cierto que procedió a ponerles seguridad privada para su respectivo resguardo, así como también a los bienes muebles que se encontraban dentro de él; sin embargo vale la pena aclarar que tal resguardo es únicamente con el propósito de dar seguridad a dichos bienes; sin embargo tal acción de dicha entrega los Bienes Inmuebles antes descritos no responde o no acarrea una relación patrono trabajador como lo pretenden hacer ver los demandantes; puesto que a la que se le persigue la obligación laboral es a la empresa Transportes Barralaga, la cual deberá responder por medio de su Representante Legal, siendo dicha empresa una sociedad mercantil que por su naturaleza responde por derechos y obligaciones resultantes de la misma; no se puede aseverar una sustitución de un patrono al tenor del artículo 28 del Código de Trabajo, ya que el mismo se aplica en aquellos casos que una empresa constituida y que por cualquier razón es motivo de liquidación o por cualquier circunstancia cambia de patrono, que no corresponde al caso, ya que los actores de la demanda aviesamente procuran con la citación del mencionado artículo del Código del Trabajo originar confusión en el análisis del examinador del proceso, pues la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), por ley únicamente es la responsable de resguardar como medida cautelar aquellos bienes que le son depositados para su custodia; recordando que dichos bienes están en su posición mientras dura el proceso legal por el cual fueron incautados, sin que ello conlleve aseverar que se ha dado un cambio de patrono como lo aducen los demandantes en su libelo de demanda, ya que la OABI en ningún momento ha tenido ninguna relación laboral o contractual con los actores de la demanda, pues de igual forma apoyaría su posición en lo que establece el artículo 27 del mismo estamento legal referido por los demandantes el cual dispone “la falta de cumplimiento del contrato individual de trabajo, o de la relación de trabajo, solo obliga a los que en ella incurran, a la responsabilidad económica respectiva, o sea, a las prestaciones que determina este Código, sus reglamentos y las demás leyes de trabajo o de previsión social”, de donde se desprende que la OABI en ningún momento ha sostenido una relación contractual o laboral con los demandantes, ni mucho menos que esta haya sido de forma verbal o por escrito, razón por la cual no existe responsabilidad alguna de su parte, siendo por tanto improcedente su insustancial reclamo por no ser de acorde a lo pertinente al caso por el cual están siendo resguardados los bienes aludidos en la insulsa demanda; pues en todo caso los actores de la misma debieron como requisito sine qua non ilustrarse en que consiste una Medida Precautoria, Cautelar o de Aseguramiento, sobre la prohibición temporal de transferir, convertir, gravar o enajenar, o mover bienes, productos, instrumentos o ganancias; o su custodia o control temporal, mediante mandamiento expedido por el órgano Jurisdiccional competente o el Ministerio Público, no siendo por tanto el resguardo de los bienes descritos en la demanda de mérito de forma permanente ni mucho menos que haya existido un cambio de patrono como lo tratan de hacer ver a su favor de forma perversa los demandantes para confundir al examinador del caso; asimismo, para reclamar el derecho que aducen, debieron también al tenor del Reglamento de la Administración de Bienes Incautados y Decomisados, para recepcionar una empresa se debe cumplir con los requisitos siguientes, copia o certificación de la escritura de Constitución de la Sociedad, copia del mandamiento u orden de inmovilización o aseguramiento de cuentas bancarias de la sociedad, e inventario y activos de las empresas, de donde resulta que al no haberse cumplimentado tales requisitos la demanda formulada es improcedente sin responsabilidad alguna, ya que el mismo de ninguna forma ostenta el cargo de Representante Legal de la denominada y señalada por los demandantes como empresa de Transporte Barralaga, y que de forma astuta los demandantes proyectan hacer creer hechos que a la fecha no han sucedido, y por ende no cuentan con el estado aludido en su libelo de demanda por los actores de la misma; de donde se desprende que el derecho subjetivo que reclaman es improcedente, por lo que no tiene responsabilidad alguna con los demandantes; no acepta la obligación aludida improcedentemente por los demandantes, la misma sería derivada de una relación contractual o laboral que la Oficina Administrativa de Bienes Incautados hubiera sostenido con los actores de la demanda, extremo que no ha sucedido puesto que la OABI no ha sostenido ninguna relación de trabajo verbal o escrito con los demandantes, ya que dicha oficina no ostenta ni ha ostentado la Representación Legal de la empresa Transporte Barralaga, por ende jamás ha sido o es patrón de los demandantes, razón por la cual no tiene responsabilidad alguna con los firmantes del libelo de demanda, teniendo claro que la potestad de la OABI para poder administrar una empresa sobre la que haya recaído una Medida Cautelar de Aseguramiento es que el órgano competente la haya entregado documental y materialmente, no siendo este el caso que se ocupa, lo que hace improcedente la aplicación de lo preceptuado en los artículos 23 del Código del Trabajo y 136 de la Constitución de la República, los cuales aplican cuando existe una relación patrono trabajador. Por otra parte la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, a través del funcionario a cargo, compareció ante las Oficinas principales de la OABI, el 20 de octubre del 2017, con el fin de atender la solicitud presentada por los señores José Francisco Canales Zeron y Alex Antonio Meza Zúniga, manifestándoles en ese entonces el funcionario de la OABI que la empresa Transportes Barralaga, no se encuentra bajo la administración de la OABI; manifestando entonces dichos señores que continuarían investigando con la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, extremo que al parecer no sucedió porque ahora sorprendentemente y a sabiendas que no existe responsabilidad alguna de la OABI con lo reclamado improcedentemente por los actores de la demanda, formulan ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán una petición desde todo punto de vista insustancial por no ser o estar conforme a derecho ni a la realidad de los hechos; si bien asistió a la audiencia de conciliación solicitada por los demandantes como reclamo administrativo ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad, no es menos cierto que en dicha audiencia se presentaron constancias en que dicha empresa no está bajo la administración de la OABI, teniendo como resultado declarar fracasada dicha audiencia por no ostentar facultades para ejercer ningún tipo de conciliación, ni mucho menos al tratarse de prestaciones en las cuales no tiene responsabilidad alguna para su pago, por no ostentar representación legal alguna de la empresa para la cual aducen los demandantes trabajaban, conciliación que además ha prescrito en materia laboral irremediablemente de conformidad a lo que establece el artículo 867 del Código del Trabajo, no existiéndoles por lo tanto el derecho subjetivo e ilusorio que pretenden y será en el proceso del debate que se acreditará que no tuvieron sustentación jurídica para poder litigar en la presenta causa, en consecuencia se les condene especialmente en costas. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 13 de abril del 2021, dictó sentencia que en su parte resolutiva dice: “FALLA: I. Declarando CON LUGAR La demanda ordinaria laboral, en relación a Juan Capiz Mejia, Elvis Eduardo Quiroz Ávila y Gaspar Ordoñez Flores contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la Procuradora General de la República en su condición de Representante Legal del Estado de Honduras, Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales correspondientes y proporcionales y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha de terminación de la relación laboral el día 31 de julio del año 2017, hasta la fecha que con sujeción a las normas procesales del presente Código debe quedar firme la presente sentencia condenaría. II. CONDENAR: Al ESTADO DE HONDURAS, a través de la Procuradora General de la República en su condición de Representante Legal del Estado de Honduras, Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA: a) a pagar al a los demandantes Juan Capiz Mejia, Elvis Eduardo Quiroz Ávila y Gaspar Ordoñez Flores en concepto de prestaciones e indemnizaciones laborales, la cantidad de UN MILLON CUARENTA MIL QUINIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (L. 1,040,510.97), desglosados de la manera siguiente: A Juan Capiz Mejia la cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON VEINTIOCHO CENTAVOS (L. 232,051.28) en base a un salario mensual de L.20,000.00, preaviso: L. 46,666.68, cesantía: L. 70,000.02, cesantía proporcional L. 1,166.67, Décimo Tercer mes de salario L. 40,000.00; Décimo Tercer mes de salario proporcional L11,220.06, Décimo Cuarto Mes de salario L. 40,000.00; Décimo Cuarto Mes de salario proporcional L. 1,220.01; vacaciones L. 21,000.06; vacaciones proporcionales L. 777.78; a Elvis Eduardo Quiroz Ávila la cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON VEINTINUEVE CENTAVOS (L. 349,188.29), en base a un salario mensual de L.21,000.00, preaviso: L. 49,000.00, cesantía: L. 147,000.00, cesantía proporcional L. 21,911.26, Décimo Tercer mes de salario L. 42,000.00; Décimo Cuarto Mes de salario L. 42,000.00; vacaciones L. 32,666.80; vacaciones proporcionales L. 14,610.23; a Gaspar Ordoñez Flores la cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS (L. 459,271.40), en base a un salario mensual de L.21,040.00, preaviso: L. 49,093.20, cesantía: L. 368,199.00, cesantía proporcional L. 14,387.03, Décimo Tercer mes de salario L. 14,260.38; Décimo Cuarto Mes de salario L. 3,740.43; vacaciones L. 9,591.36; b) y a que se les pague a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha de terminación de la relación laboral el día 31 de julio del año 2017, hasta la fecha que con sujeción a las normas procesales del presente Código debe quedar firme la presente sentencia condenaría. III. Declarando SIN LUGAR los conceptos en cuanto: pago de salarios adeudados, pago de horas extras, bono educativo, décimo cuarto, décimo tercer mes pendiente de pago, en relación a los señores Juan Capiz Mejia, Elvis Eduardo Quiroz Ávila y Gaspar Ordoñez Flores. IV. Declarando SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral en cuanto al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales correspondientes, salarios adeudados, horas extras adeudadas en relación a los demandantes Mario Rene Baldivia Izaguirre, Alex Antonio Meza Zúniga, Ramón Francisco Alemán Rodríguez, Jorge Antonio Madrid Terry, José Yonatan Hernández Ávila y José Francisco Canales Zeron. V. ABSOLVER: Al ESTADO DE HONDURAS, a través de la Procuradora General de la República en su condición de Representante Legal del Estado de Honduras, Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA en la presente demanda ordinaria laboral en cuento a: 1) El pago de salarios adeudados, pago de horas extras, bono educativo, décimo cuarto, décimo tercer mes pendiente de pago, en relación a los señores Juan Capiz Mejia, Elvis Eduardo Quiroz Ávila y Gaspar Ordoñez Flores; 2) Al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales correspondientes a preaviso, cesantía, cesantía Proporcional, vacaciones proporcionales, vacaciones pendientes, aguinaldo proporcional, décimo cuarto mes proporcional, salarios adeudados, horas extras más salarios dejados de percibir en relación a los demandantes Alex Antonio Meza Zúniga, Ramón Francisco Alemán Rodríguez, Jorge Antonio Madrid Terry, José Yonatan Hernández Ávila y José Francisco Canales Zeron. VI.- SIN COSTAS”. Bajo el criterio que se estableció la existencia de una relación laboral, en cuanto al demandante Juan Capiz Mejia de quien se presentó un documento denominado Declaración de Transito Internacional de Mercaderías de aduana, con fecha 28 de diciembre del 2016, y 14 de marzo del 2017, en la que consta ser Motorista de una de las unidades de la Empresa Transportes Propiedad del señor Jorge Alberto Barralaga; en cuanto a los señores Elvis Eduardo Quiroz Ávila, Mario Rene Baldivia Izaguirre y Gaspar Ordoñez Flores consta una fotocopia de carnet extendido por la Cámara Hondureña de Transporte Terrestre y por el Sindicato Unión Nacional de Transporte Terrestre, respectivamente, todos en su condición de motoristas de la Empresa Transporte Jorge Barralaga, asimismo también constan las actas levantadas por la Dirección General de Inspección del Trabajo, sin embargo, en relación a los demandantes Alex Antonio Meza Zúniga, Ramón Francisco Alemán Rodríguez, Jorge Antonio Madrid Terry, José Yonatan Hernández Ávila y José Francisco Canales Zeron no se produjo o se aportaron al proceso elementos para acreditar sus pretensiones, mediante la cual se estableciera por lo menos la presunción de sus pretensiones, siendo estos medios de prueba vitales para el esclarecimiento de los hechos debatidos en el proceso; es por tal razón que la suscrita declara Con Lugar la demanda en relación a los demandantes Juan Capiz Mejia, Elvis Eduardo Quiroz Ávila y Gaspar Ordoñez Flores para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales correspondientes y proporcionales, y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha de terminación de la relación laboral el 31 de julio del 2017, hasta la fecha que con sujeción a las normas procesales del presente Código debe quedar firme la presente sentencia condenaría; los demandantes solicitan entre sus pretensiones el pago de salarios adeudados, pago de horas extras, bono educativo, décimo cuarto, décimo tercer mes pendiente de pago, siendo estos conceptos que deben ser ventilados en el proceso y que de los mismos debe aportarse los medios probatorios para deducir que no fueron liquidados en el transcurso de la relación laboral, y siendo que los demandantes no aportaron prueba alguna, de cual se dedujera que dichos conceptos no fueron liquidados por la empresa Transportes Barralaga, es procedente declararlos Sin Lugar tales conceptos. En cuanto al señor Mario Rene Baldivia Izaguirre si bien es cierto, se aportó un carnet en el que figura como Motorista de la empresa Transportes Barralaga, pero no se estableció el salario devengado por este y en el mismo orden de ideas, en cuanto a los demandantes Alex Antonio Meza Zúniga, Ramón Francisco Alemán Rodríguez, Jorge Antonio Madrid Terry, José Yonatan Hernández Ávila y José Francisco Canales Zeron, no se aportaron, ni se generó al proceso por parte de la representante procesal de los demandantes, elementos para acreditar sus pretensiones, ni siguiera la presunción aludida en las normas laborales anteriormente señaladas, por lo que declara Sin Lugar el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales correspondientes, salarios adeudados, horas extras adeudadas en relación a los demandantes Mario Rene Baldivia Izaguirre, Alex Antonio Meza Zúniga, Ramón Francisco Alemán Rodríguez, Jorge Antonio Madrid Terry, José Yonatan Hernández Ávila y José Francisco Canales Zeron. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 9 de marzo del 2022, dictó sentencia que, en su parte resolutiva dice: “FALLA: I.- Declarar CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada GABRIELA NICOLE MOLINA LOZANO y SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada ALMA SAGRARIO SANCHEZ ALVARADO en su condición de Representante Procesales de las partes demandada y demandante. II. REFORMAR la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán de fecha trece de abril del año dos mil veintiuno que corre a folios del 261 al 267 frente y vuelto de la primera pieza de autos.- III.- REVOCAR el numeral I y II en el sentido de declarar SIN LUGAR la demanda y en consecuencia ABSOLVER al ESTADO DE HONDURAS.- IV. CONFIRMAR los numerales III, IV, V y VI de la sentencia.- V. SIN COSTAS”. Bajo el criterio que de los alegatos de las partes, así como de la motivación de la sentencia y de la revisión de las diligencias, debe dilucidarse si se ha determinado con claridad y precisión quien es el patrono en la supuesta relación de trabajo, apegándose a la definición de patrono establecida en el Código del Trabajo como toda persona natural o jurídica, particular o de derecho público, que utiliza los servicios de uno o más trabajadores, en virtud de un contrato o relación de trabajo; el patrono es el que contrata y es de ahí donde se origina la relación laboral de la modalidad que sea, en ese sentido de la misma demanda se desprende que la relación laboral los demandantes la mantenían con la Empresa de Transportes Barralaga, es decir con una empresa de carácter privado, con quien ellos contrataron y a la que prestaron sus servicios, por lo tanto su patrono era dicha Empresa Mercantil la cual no fue demandada, siendo esta la que tiene obligaciones con los trabajadores demandantes, la cual debe responder por sus derechos laborales; en el caso sub examine, es uno sui generis, ya que la demanda se presentó contra la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Institución Pública del Estado, en razón que según el libelo de la demanda, ya no tenían acceso a su centro de trabajo, según lo manifestó un Guardia de Seguridad, por órdenes de la OABI, era ahí donde se encontraban los cabezales pertenecientes a la empresa de transporte Barralaga, por lo que en vista que el propietario se encuentra privado de libertad y los bienes se encuentran bajo la administración de la OABI los demandantes quedaron sin empleo, por lo que la Oficina actuó de manera irresponsable al menos debió considerar los derechos de los trabajadores. En ese contexto, debe entonces verificar como es que la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), adquiere la responsabilidad de tener bajo su guarda y custodia dichos bienes ya sean muebles o inmuebles, y de las diligencias se desprende que fue a raíz de una medida cautelar ordenada por el Juzgado de Letras de lo Penal con Jurisdicción Nacional y con fundamento en la Ley Especial de Lavado de Activos; entiende que en razón de un requerimiento fiscal presentado contra el señor Jorge Barralaga por el ilícito penal de lavado de activos, no fue por mutuo propio que la OABI determino que se iba a hacer cargo de la guarda y custodia de esos bienes, existe una orden judicial para ello, que dicha Oficina no puede desconocer y que se sustenta en un proceso penal; cuando la Oficina Administradora de Bienes Incautados recibe o recepciona dichos bienes, ya sea por orden de incautación o aseguramiento deviene en la obligación contemplada en el artículo 20 de su Reglamento, que es de conservar los activos en las mejores condiciones, inventariarlos, identificarlos, proveer las medidas adecuadas y conducentes e inmediatas para evitar que los bienes asegurados se destruyan, alteren, deterioran o desaparezcan, entre otras, ya que no sabe si los mismos serán privados definitivamente del dominio de la persona imputada o por el contrario le van a ser devueltos, no está dentro de sus obligaciones sustituir al patrono en este caso, puesto que es una institución de derecho público que no puede asumir las responsabilidades de una empresa mercantil que es de derecho privado, y que además no es que por voluntad propia decide custodiar los bienes sino que lo hace en virtud de una orden judicial emanada de un Juez competente para hacerlo, en consecuencia cuando se habla de administrar los bienes, no es que se constituye como si fuera propietario de los mismos, por cualquiera de las formas de sustitución sea compraventa, fusión, esa administración no incluye el manejo de personal, la contratación o despido de los trabajadores, sino que esa administración es en relación propiamente a los bienes y su conservación, ya que con esa finalidad fue creada, incluso en su artículo 1 del Reglamento el alcance llega a la inversión, subasta, destrucción, pero dentro del marco del mismo Reglamento, no se manejan las empresas dentro del contexto mercantil brindando bienes y servicios con ánimo de lucro, lo cual es el objetivo de la explotación de una empresa mercantil. Podría decir que se le entregan dichos bienes a la OABI como un depositario, si se mira dentro del ámbito del derecho civil; al no configurarse dentro del concepto de patrono la Institución demandada, no puede responder por las obligaciones contraídas por el verdadero patrono que es el señor Barralaga, quien está sometido a un proceso penal por acciones propias, que tienen relevancia penal, y que al existir una Ley de privación de dominio, la autoridad competente ha decidido dentro del marco de sus atribuciones asegurar los bienes que este posee, por considerar que fueron adquiridos con dineros de procedencia supuestamente ilícita, en ese sentido no puede hacer responsable al Estado de Honduras tampoco, por perseguir este tipo de acciones, para lo cual tiene un Ente acusador que es el Ministerio Publico quien ejerció la acción penal publica, con facultades y competencias para hacerlo, la OABI como institución demandada, no puede ser responsable de obligaciones laborales, porque no es patrono ni directo ni sustituto, porque sus acciones están enmarcadas dentro de la Ley y su propio Reglamento, y porque ha actuado por orden de Juez competente, ya que sentaría un mal precedente si condena al Estado por ejercer acciones contra personas que a criterio de los entes persecutores y sancionadores del delito, se encuentran cometiendo actos de criminalidad organizada, porque al decir que por lo menos solidariamente la OABI es responsable, estaría considerando que la Institución del Estado recibió un beneficio de la Empresa de Transportes Barralaga, que lo hace solidario en el reconocimiento de los derechos de sus trabajadores; en ese orden de ideas, tampoco puede concluir que existe una relación laboral entre los demandantes y la Oficina Administradora de Bienes Incautados, ni mucho menos, valorar prueba presuntiva en su contra, por no atender los requerimientos del Inspector del Trabajo y determinar que por ese hecho todo lo aseverado por el trabajador es cierto, ya que esa presunción es posible y legal cuando es el verdadero patrono el que niega la información a la autoridad competente en materia laboral, pero es el caso que la Oficina Administradora de Bienes Incautados, no tiene permitido darle información más que a las autoridades con la competencia material y jurisdiccional para hacerlo, que son aquellas que le encomendaron los activos provenientes de diversos delitos, que muchas veces es información incluso confidencial, y como bien lo ha dejado ver el demandado no tienen a su disposición ese tipo de información, no se pueden afectar las arcas del Estado, por obligaciones que no se generaron por relaciones laborales o contratos, suscritos por el mismo, por otra parte tampoco se puede aseverar que al negarles un guardia de seguridad asignado por la OABI, la entrada a los demandantes al centro donde supuestamente trabajaban, se configura un despido, ya que ese guardia no puede ni debe, dejar ingresar a nadie que no esté debidamente autorizado para ello, porque si lo hace recae responsabilidad incluso penal sobre esa persona asignada, ya que no está ahí por órdenes del dueño de la empresa; al no haber sido demandado el señor Barralaga, quien reunía todos los requisitos para poder ser demandado, no se puede trasladar sus obligaciones a un Ente Estatal, que no está actuando a su antojo sino por orden judicial y en el marco de un proceso penal, si lo visualiza de otra manera seria responsable entonces el Ministerio Publico por haber incoado la acción penal y el Juez por haber ordenado la medida de aseguramiento, lo cual no es posible porque cada quien actúa en el marco de su mandato y atribuciones propias, siendo una obligación del Estado la persecución del delito; la situación creada a raíz de la detención del patrono de los demandantes, pero no se puede enmarcar la misma en ninguna de las figuras contempladas en el Código del Trabajo, porque no es que se cerró o liquido la Empresa, sino que por acciones ajenas al Estado y a los mismos trabajadores, a la empresa se le impusieron medidas de aseguramiento que les impidió seguir trabajando, en ese sentido siendo que los derechos de los trabajadores son privilegiados, la Corte de Apelaciones es del criterio que todavía podrían salvaguardarse los mismos, personándose en el juicio correspondiente, y al momento de efectuarse el remate de los bienes de su antiguo patrono, hacer valer sus derechos, precisamente porque tienen preeminencia sobre cualquier otra obligación a la que se quiera destinar los fondos de un remate o subasta pública de esta naturaleza; el Juez de Instancia desde el primer momento debió advertir que aún y cuando los demandantes tienen el derecho de accionar, deben hacerlo contra la persona natural o jurídica adecuada, pues de lo contrario la resolución que pueda recaer no estaría ajustada a derecho, y en el caso de autos desde la interposición de la demanda, de su sola lectura se desprendía que la parte contra quien se dirigía la demanda no era la correcta, es por ello que desde un inicio la Representación Legal de la parte demandada se lo denuncio interponiendo un Defecto Procesal correspondiente, que en ese momento no tuvo éxito, pero que el Tribunal de Alzada no puede dejar desapercibido, pues ese hecho ha repercutido en que la sentencia no se encuentre arreglada a derecho en razón que condena a un Ente con el cual los demandantes no tiene ninguna relación laboral, pues no fueron contratados por ellos en forma directa ni indirecta, no es su patrono ni por sustitución, aun menos de forma solidaria y como consecuencia lógica es procedente que se reforme procediendo a revocar el fallo en el sentido de declarar Sin Lugar la demanda laboral incoada contra la OABI, y confirmar los demás pronunciamientos. 5. Mediante auto de fecha 12 de diciembre del 2022, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada ALMA SAGRARIO SANCHEZ ALVARADO, en su condición de representante procesal de los señores ALEX ANTONIO MEZA ZUNIGA, GASPAR ORDOÑEZ FLORES; JUAN CAPIZ MEJIA; ELVIS EDUARDO QUIROZ ÁVILA; RAMON FRANCISCO ALEMÁN RODRÍGUEZ; JORGE ANTONIO MADRID TERRY; JOSE YONATAN HERNANDEZ ÁVILA y JOSE FRANCISCO CANALES ZERON, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha 3 de marzo del 2023, compareció ante este Tribunal la Abogada ALMA SAGRARIO SANCHEZ ALVARADO, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de fecha 3 de marzo del 2023, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 30 de octubre del 2023, se tuvo por precluido de derecho y perdido irrevocablemente el termino dejado de utilizar por la Abogada GABRIELA NICOLE MOLINA LAZO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada Integrante Rubenia Esperanza Galeano Barralaga, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I. La finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código de Trabajo no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el País, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice. II. La demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. III. La Abogada Alma Sagrario Sánchez Alvarado, en su condición de representante procesal de los señores Alex Antonio Meza Zúniga, Gaspar Ordoñez Flores; Juan Capiz Mejía; Elvis Eduardo Quiroz Ávila; Ramon Francisco Alemán Rodríguez; Jorge Antonio Madrid Terry; José Yonatan Hernández Ávila y José Francisco Canales Zeron, en su primer motivo de casación alega: “EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION: AL PRIMER MOTIVO: Acuso la sentencia recurrida ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta proveniente de falta de apreciación de la prueba documental propuesta y admitida a la parte demandante que obran a folios 37 al 64, del 88 al 90, del 131 al 151 y del 225 al 259, y la prueba denominada Reconocimiento Judicial, propuesta y admitida a la parte demandada que obra a folios 152 al 211 de la primera pieza de autos, en relación con toda la prueba en su conjunto, que hizo incurrir en error de hecho y que aparece manifiesto en los autos y que llevo en forma indirecta a la violación del artículo 126 en relación con el artículo 25 del código del trabajo y el 128 preámbulo y numeral 15) y 129 de la Constitución de la Republica. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 del código del trabajo. SE SINGULARIZA LA PRUEBA NO APRECIADA: La prueba no apreciada es la documental propuesta y admitida a la parte demandante que obra a folios 37 al 64, del 88 al 90, del 131 al 151 y del 225 al 259, en relación con la prueba denominada reconocimiento judicial propuesta y admitida a la parte demandada que obra a 152 al 211 de la primera pieza de autos y toda la prueba en su conjunto. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el párrafo segundo numeral 1) del artículo 765 del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La corte sentenciadora de segunda instancia incurrió en error de hecho al no apreciar la prueba documental propuesta y admitida a la parte demandante que obra a folios 37 al 64, del 88 al 90 y del 131 al 151, en relación con la prueba denominada reconocimiento judicial propuesta y admitida a la parte demandada que obra a folios 152 al 211 y toda la prueba en su conjunto, Explicación que se describe de la manera siguiente: 1).- A folios 152 de la primera pieza de autos se corroboró en el Ministerio Público mediante Acta de mérito la incautación de todos los bienes muebles e inmuebles así como de la Empresa Transportes Barralaga, y desde que la OABI recibe por concepto de incautación es responsable de la administración de los bienes de Transporte Barralaga, que le fueron transferidos por orden judicial, y ello porque la doctrina define como INCAUTACION: "Apoderamiento de bienes de un particular llevado a cabo por autoridad competente para que sirvan de garantía de sus obligaciones o de sus responsabilidades de cualquier género o para una finalidad de interés público que se haga imprescindible." 2).- Si la incautación tiene como fin supremo la garantía de las obligaciones o de responsabilidades y el crédito de los trabajadores es singularmente privilegiado constitucional y legalmente, teniendo preeminencia sobre estos únicamente los alimentos y por mandato judicial y por ende los derechos de los trabajadores son de interés público garantizado por el Estado, y estando plenamente probado de manera incontrastable e incontrovertible y consecuentemente de manera inequívoca que los bienes de la Empresa Barralaga fueron transferidos mediante incautación a la OABI, esta se devenía obligada a cumplir con los derechos de los trabajadores, y al negarse constituye una denegatoria de un derecho inalienable. 3).- En los considerandos 12 Y 13 de la sentencia aquí recurrida el tribunal Ad - Quem motiva su sentencia en que el Estado no podía ser demandado, porque la relación laboral era con la empresa Transporte Barralaga, siendo transportes Barralaga una sociedad de responsabilidad limitada, esta también fue objeto de incautación y fue trasferida por este motivo a la OABI de ahí que la administración de esta empresa mercantil es responsabilidad de la OABI, y ello conlleva a que el Estado a través de este órgano sea responsable del derecho de los trabajadores. En cuanto a la administración y responsabilidad de la OABI se infiere de su propia denominación OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS, dado lo anterior siendo responsable de la administración es responsable de los derechos y obligaciones de dicha empresa. IV. El motivo de casación que antecede no es admisible debido a que el Censor expresa que la sentencia emitida por el Ad-quem le causa perjuicio debido a una falta de apreciación de la prueba vertida en el juicio. No obstante, tras proceder al estudio del fallo en concreto se logra establecer que el Ad-quem si valoró la documentación aludida determinando quién es el verdadero patrono de los trabajadores demandantes. De ahí que la valoración por la segunda instancia sí fue realizada conforme a los principios de la ciencia y a la legalidad ordenada, pero con un resultado diferente al esperado por la Recurrente. V. En un segundo motivo de casación la Recurrente establece lo siguiente: “AL SEGUNDO MOTIVO: La corte sentenciadora de segunda instancia incurrió en error de hecho al no apreciar la prueba documental propuesta y admitida a la parte demandante que obra a folios 37 al 64, del 88 al 90, del 131 al 151 y del 225 al 259, en relación con la prueba denominada reconocimiento judicial propuesta y admitida a la parte demandada que obra a 152 al 211 de la primera pieza de autos y toda la prueba en su conjunto, que hizo incurrir en error de hecho que aparece de manifiesto en los autos y que conllevo en forma indirecta a la violación del artículo 28 en relación con los artículos 113, 120 del código del trabajo, y el articulo 128 numeral 15 de la Constitución de la Republica. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas. sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 del código del trabajo. SE SINGULARIZA LA PRUEBA NO APRECIADA: La prueba no apreciada es la documental propuesta y admitida a la parte demandante que obra a folios 37 al 64, del 88 al 90, del 131 al 151 y del 225 al 259, en relación con la prueba denominada reconocimiento judicial propuesta y admitida a la parte demandada que obra a 152 al 211 de la primera pieza de autos y toda la prueba en su conjunto. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral uno, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO: 1).- Los considerandos 11, 12 y 13 de la sentencia recurrida se circunscribe a expresar que quien debió ser demandado era el señor Barralaga, siendo este un error superlativo, porque mis representados no laboraban para el Señor Barralaga, sino para una entidad mercantil denominada EMPRESA DE TRANSPORTE BARRALAGA S. DE R.L, y esta empresa fue incautada por orden judicial y trasferida para su administración a la OABI, y siendo la OABI, una institución del Estado se devenía obligada a garantizar los derechos de los trabajadores de la Empresa de Trasporte Barralaga, puesto que, con la incautación que conlleva al apoderamiento de la empresa referida, asumía las obligaciones de esta, y con mayor razón la de los trabajadores puesto que, el Estado garantiza los contratos suscritos entre trabajadores y empleadores y el señor BARRALAGA al ser incautada la empresa dejo de ostentar la representación legal de esta, convirtiéndose el Estado a través de la OABI en el nuevo patrono, pues sustituyó a la Empresa de Trasportes Barralaga y asumió las responsabilidades para con los trabajadores y al negarse a pagar los derechos que a estos les corresponden violentó la norma sustantiva relacionada en uno de los acápites de este motivo. 2).- Si la corte sentenciadora de segunda instancia hubiese apreciado esa prueba indubitada que obra a folios 152 al 211, la sentencia recurrida hubiese sido diametralmente opuesta a la aquí impugnada, puesto que, se tergiversó el concepto de que mis representados no tenían ninguna relación laboral con el Estado a través de la OABI, sin tomar en consideración que con la prueba no apreciada mis representados terminaron su relación con la Empresa de transportes BARRALAGA, a partir del momento en que esta fue incautada, y en cuanto a que bien pudieron personarse en el juicio penal para que cuando fuera subastada esta empresa y sus elementos se les pagara a los trabajadores, se está confundiendo una cuestión jurisdiccional penal con la laboral, puesto que, es con el pronunciamiento del órgano jurisdiccional laboral que podían realizarse acciones de medidas cautelares para asegurar el pago que justa, moral y legítimamente les corresponde, y que la OABI recibió recursos de toda naturaleza inclusive financieros de alta cuantía que en relación con lo que reclaman mis representados es inmensamente inferior.” VI. Que el cargo que antecede reúne los requisitos necesarios para su admisión, por lo que habiéndose establecido con precisión y claridad el mismo, es procedente declarar ha lugar el recurso de mérito, casar la sentencia impugnada y a continuación, en sede de instancia, decidir lo que proceda conforme a la ley. VII. En forma subsidiaria, la Recurrente solicitó una nulidad de la sentencia dictada por el Ad-quem, basándose en lo siguiente: “NULIDAD SUBSIDIARIA: Como es sabido por esta Sala de lo Laboral Contencioso Administrativo, en el tópico de las Resoluciones Judiciales es trascendente lo referente a la fundamentación, ya que a través de esta se exponen razones jurídicas, para reconocer o determinar la existencia de un hecho al que se le aplican consecuencias jurídicas. Esta cumple dos funciones a saber: 1. INTERNA en el proceso (dentro de un procedimiento o proceso explica a los involucrados porque se acogen o no, a determinadas pretensiones y facilitan los controles internos); 2. EXTERNA dirigida a terceros no involucrados pero si interesados en el proceso. La fundamentación es un ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez, no hay que confundir motivar con fundamentar, quien motiva explica las causas de sus decisiones y esas pueden ser incluso Irracionales. Quien explica las razones para ser aceptable lo resuelto; por eso en materia Jurídica las decisiones solo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, facticos, probatorios y jurídicos, pero estos deben ser ciertos y determinados no puede partirse de conceptos abstractos o que constituyan una invención en el proceso o bien existiendo pruebas consustanciales y en especial cuando se trata de la documental se aprecia erróneamente y peor cuando se deja de apreciar. Que de conformidad a lo establecido en el artículo 1589 del Código Civil "La nulidad absoluta puede alegarse por todo aquel que tenga interés en ella y debe, cuando conste de autos, declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen; y no puede subsanarse por la confirmación o ratificación de las partes, ni por un lapso menor que el que se exige para la prescripción ordinaria" Asimismo los artículos 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil establecen que las sentencias deben tener como requisitos internos claridad, precisión, exhaustividad, motivación y congruencia, dentro de la motivación se expresa que deberá incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito considerados individualmente y en conjunto ajustándose siempre a la reglas de la lógica y de la razón; así mismo con respecto a la congruencia las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes deducidas oportunamente en el pleito. En el caso concreto que nos ocupa, la corte sentenciadora de segunda instancia en relación a la sentencia recurrida, incurrió en errores que de manera inequívoca tienen como resultado la nulidad de dicha sentencia por las razones siguientes: PRIMERO: Se puede apreciar que la sentencia recurrida no se dictó por apreciaciones y valoraciones del fondo del juicio, por considerar que no era el Estado el que debió ser demandado, sino que, la Empresa de Transportes Barralaga, sin embargo esta cuestión fue debatida mediante incidente de falta de capacidad, representación o postulación de la parte demandada, interpuesta por el Estado, y una vez sustanciado este incidente se dictó Auto Interlocutorio por la Juez de primera instancia declarando SIN LUGAR el incidente de mérito, mismo que obra a folios del 123 al 128 de la primera pieza de autos, y que al no ser recurrido adquirió el carácter de firme e invariabilidad y de conformidad a lo que establece el artículo 196 del código procesal civil este no podía ser modificado por la corte sentenciadora en la sentencia aquí impugnada, puesto que el artículo referido literalmente dispone "COSA JUZGADA FORMAL E INVARIABILIDAD. Habiéndose producido la firmeza por alguna de las razones expresadas en el artículo anterior, la resolución gozara del efecto de cosa juzgada formal debiendo el tribunal estar en todo caso a lo dispuesto en ella sin poder variarla después de firmada", en este caso es apreciable lo siguiente: 1).- Si la literalidad del artículo citado expresamente dispone que produciéndose la cosa juzgada formal el tribunal y ello refiriéndose a órganos de primera instancia y de alzada no puede variar su contenido y alcance y la corte de apelaciones en el considerando 13 de la sentencia recurrida valora inapropiadamente este concepto que había sido debatido como un defecto procesal, que al ser declarado sin lugar adquirió firmeza e invariabilidad y no es objeto de una apreciación distinta a lo resuelto por el juzgado de primera instancia, porque cuando no se interpone un recurso en tiempo y forma constituye una admisión tácita de la resolución así también constituye una renuncia tácita del recurso. 2).- La violación de las normas procesales cuando se prescinda de ellas conlleva de manera inobjetable a la nulidad y en este caso al basar la sentencia recurrida el órgano jurisdiccional de segunda instancia en circunstancias que fueron debatidas en primera instancia y que adquirieron firmeza, violento el debido proceso contenido en el párrafo primero del artículo 90 de la Constitución de la Republica y por ello la sentencia dictada es nula de pleno derecho y así debe ser declarada por esta sala de lo laboral contencioso administrativo del órgano supremo. SEGUNDO: Si bien es cierto los órganos jurisdiccionales del trabajo no están sujetos a la tarifa legal de las pruebas, no es menos cierto que sus resoluciones deben estar inspirados en los principios científicos que informan la sana critica de las pruebas y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito, porque el juez al proferir su decisión analizara todas las pruebas allegadas en tiempo e incorporados al proceso, y al no haber apreciado las pruebas relevantes como ser que tanto la empresa y sus bienes fueron incautados, entendiéndose como empresa todos los elementos que la conforman corpóreos e incorpóreos desde el punto de vista mercantil, en las que se incluye la representación legal y al ser incautada la empresa TRANSPORTES BARRALAGA, se relevó la representación legal que tenía el señor JORGE ALBERTO BARRALAGA, y la asumió el Estado a través de la OABI, de ahí que si se hubiese apreciado las pruebas propuestas y allegadas oportunamente al juicio así como como los conceptos fácticos y jurídicos vinculantes tanto constitucionales como legales la sentencia hubiese sido completamente adversa a la dictada por el tribunal AD - QUEM, aquí impugnada, es decir favorable a las pretensiones de los demandantes, siendo trascendente e importante expresar que en el considerando 11 de la sentencia recurrida se expresa que debió demandarse en todo caso al señor "BARRALAGA", quien reunía todos los requisitos para ser demandado, pero mis representados jamás laboraron para el señor BARRALAGA, sino para una entidad mercantil denominada TRANSPORTES BARRALAGA S. de R.L., debiendo diferenciarse en lo que es una persona natural con una jurídica, en este caso el señor BARRALAGA, con la empresa mercantil que fue incautada TRANSPORTES BARRALAGA S. de R.L”. VIII. En efecto, la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso. No obstante, considerando que el objeto principal del recurso de casación se ha obtenido mediante la interposición del segundo motivo de casación, es procedente resolver referente a la pretensión que analiza y resuelve sobre el fondo del asunto. IX. Las partes procesales interpusieron, ante la primera instancia, los siguientes medios de prueba: Parte Demandante: Documental: 1.- Acta e Informe de la Solicitud No. 10610 y No. 10424 realizadas por la Inspectora de Trabajo Cristina Moreno, de fecha 29 de septiembre de 2017. 2.- Acta de comparecencia ante la oficina de la Dirección General del Trabajo de fecha 20 de octubre de 2017. 3.- Acta de comparecencia ante la oficina de la Dirección General del Trabajo de fecha 20 de octubre de 2017. 4.- Acta de recepción e incautación de bienes inmuebles de la Oficina de Administración de Bienes Incautados. 5.- Acta de recepción de vehículos de la Oficina de Administración de Bienes Incautados. 6.- Memorando OABI-UBID-1405-09-2018 emitido por el Coordinador por delegación de UBID de fecha 14 de septiembre de 2018. 7.- Documentos de identidad, artículos publicados en medios de comunicación de la incautación realizada por el Demandado, así como documentos aduaneros y de seguros vehiculares en los que consta el nombre de los Demandantes como conductores. Parte Demandada: Documental: 1.- Acta de Cierre de diligencias administrativas gubernativas conciliatorias por la no comparecencia de la parte requerida de fecha 07 de noviembre de 2017 extendida por la Conciliadora Laboral de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social. 2.- Acta de fecha 05 de septiembre de 2017 extendida por el Inspector del Trabajo Rigoberto Zelaya García. 3.- Constancia de fecha 22 de marzo de 2018 extendida por el Secretario General de la Oficina Administradora de Bienes Incautados. 4.- Certificación de documentos de fecha 25 de abril de 2018, extendida por el Secretario General de la Oficina Administradora de Bienes Incautados. 5.- Oficio No. GRV-022-06-2018 de fecha 19 de junio de 2018 emitido por el Gerente del Registro Vehicular del Instituto de la Propiedad. 6.- Se adhiere al medio de prueba número 6 del Demandante. X.- Derivado de las pruebas aportadas por las partes, son hechos que han quedado probados en el proceso: i.- Entre los trabajadores Gaspar Ordoñez Flores, Juan Capiz Mejía y Elvis Eduardo Quiroz Ávila y la sociedad mercantil denominada Transporte Barralaga Sociedad de Responsabilidad Limitada existió una relación laboral por tiempo indeterminado. ii.- Producto de diligencias investigativas ajenas a la relación laboral precitada, la dependencia gubernamental denominada Oficina de Administración de Bienes Incautados (OABI) procedió a incautar todos el patrimonio y bienes correspondientes a la sociedad mercantil demandada. Por lo que, conforme a lo ordenado por las leyes nacionales, la Oficina de Administración de Bienes Incautados (OABI) es la administradora de los bienes del patrono, por ende su representante ante los trabajadores. iii.- En fecha 31 de julio del 2017, por disposición de la Oficina de Administración de Bienes Incautados (OABI) fueron cerradas las instalaciones donde se encuentra el centro de trabajo de los Demandantes; sin haberse acreditado el efectivo pago de los derechos de los trabajadores ante el precitado cierre del establecimiento. XI.- El objeto del presente juicio consiste en determinar si la Oficina de Administración de Bienes Incautados (OABI) es la administradora y, por ende, representante de la sociedad mercantil denominada Transporte Barralaga Sociedad de Responsabilidad Limitada, o, si por el contrario, la Oficina de Administración de Bienes Incautados (OABI) no guarda relación alguna con el patrono de los trabajadores, por lo que no le corresponde a ella cancelar la totalidad de los derechos que los Demandante reclaman ante esta jurisdicción. XII.- Por lo que se procedió al estudio de la documentación aportada en el juicio, así como al análisis de los alegatos vertidos en el juicio por cada una de las partes, determinándose que, efectivamente, entre los trabajadores Gaspar Ordoñez Flores, Juan Capiz Mejía y Elvis Eduardo Quiroz Ávila y la sociedad mercantil denominada Transporte Barralaga Sociedad de Responsabilidad Limitada existió una relación laboral por tiempo indeterminado, tal y como se constata con las actas de cierre de diligencias de la Inspectoría del Trabajo, los carnés extendidos por la Cámara Hondureña de Transporte Terrestre y por el Sindicato Unión Nacional de Transporte Terrestre, así como con los documentos aduaneros y de seguros vehiculares que comprueban que los trabajadores enunciados, se desempeñaban como motoristas de la sociedad mercantil Demandada. No obstante, en cuanto a los Demandantes Alex Antonio Meza Zúniga, Jorge Antonio Madrid Terry, Ramon Francisco Alemán Rodríguez, José Francisco Canales Zeron y José Yonatan Hernández Ávila no se acreditaron al proceso elementos de prueba alguno que llevasen a esta Sala a determinar al menos la existencia de una relación laboral entre éstos y la sociedad mercantil denominada Transporte Barralaga Sociedad de Responsabilidad Limitada. En cuanto al pago de salarios adeudados y horas extra, ninguno de los Demandantes ha logrado comprobar en el proceso que, efectivamente, se le adeuden. Por lo anterior, es procedente declarar sin lugar dicha pretensión pata todos los Demandantes ante la inexistencia probatoria. XIII.- Habiéndose acreditado la existencia de una relación por tiempo indeterminado por parte de los trabajadores Gaspar Ordoñez Flores, Juan Capiz Mejía y Elvis Eduardo Quiroz Ávila, se procedió a analizar la relación entre el patrono de éstos y la Oficina de Administración de Bienes Incautados (OABI). Estableciendo esta Sala que, como lo alega el Demandado, la Oficina de Administración de Bienes Incautados (OABI) no es la misma persona jurídica que la sociedad mercantil denominada Transporte Barralaga Sociedad de Responsabilidad Limitada. No obstante, y conforme a lo que ordena el Código del Trabajo, eso no le exime de la responsabilidad que el Artículo 6 le impone para con los trabajadores. Pues es un hecho aceptado en el juicio, que la OABI administra los bienes del patrono. Razón por la cual, es la propia Oficina de Administración de Bienes Incautados (OABI) quien toma la decisión, en fecha 31 de julio de 2017, de proceder al cierre del establecimiento, pues como administradora del patrimonio y bienes de la sociedad mercantil denominada Transporte Barralaga Sociedad de Responsabilidad Limitada, está facultada para la toma de dicha decisión. Sin embargo, aparejado a esta facultad se encuentra la responsabilidad y obligación del administrador de asumir las consecuencias e implicaciones que acarrea el cierre de un establecimiento. Dentro de estas implicaciones se encuentra el efectivo pago de los derechos de los trabajadores, quienes, conforme a las normas laborales y la garantía constitucional de estabilidad laboral, tienen derecho al pago total de sus prestaciones laborales y derechos adquiridos correspondientes. Circunstancia, que ha sido incluso aceptada por la administradora del patrono (OABI), quien indica que no han sido efectivamente canceladas. XIV.- Si bien, la forma en la que la Oficina de Administración de Bienes Incautados (OABI) asume la administración del patrimonio y bienes del patrono de los trabajadores no es común. Pues, dicha administración es asumida producto de una diligencia investigativa de tipo penal, dicha circunstancia no le exime de las responsabilidades que tanto las leyes penales como laborales les imponen a los administradores. Por lo que, no es atendible el reclamo del Demandado cuando establece que a los trabajadores no les corresponden el pago de sus derechos laborales debido a que la empresa para la cual laboraban fue incautada por orden judicial. Ello debido a que, conforme a la garantía constitucional y establecida en el Artículo 23 del Código del Trabajo, el trabajador puede participar de las utilidades y beneficios de su patrono, pero nunca asumir sus riesgos o pérdidas. XV.- Por todo lo anteriormente expuesto, es procedente que la Oficina de Administración de Bienes Incautados (OABI) proceda, como administrador del patrimonio y bienes de la sociedad mercantil denominada Transporte Barralaga Sociedad de Responsabilidad Limitada al pago de los derechos e indemnizaciones laborales reclamadas por los trabajadores Gaspar Ordoñez Flores, Juan Capiz Mejía y Elvis Eduardo Quiroz Ávila. XVI. La jurisdicción del trabajo esta instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del contrato de trabajo. XVII.- Con base al análisis en su conjunto de todas las pruebas allegadas en tiempo y forma, formando libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes, se concluye y estima procedente declarar PARCIALMENTE HA LUGAR el recurso de casación de mérito recaído en la demanda ordinaria laboral en la que se solicita se declare en sentencia judicial que en virtud del cierre del establecimiento, el administrador del patrono pague el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales correspondientes al preaviso, cesantía, cesantía proporcional, vacaciones proporcionales, vacaciones pendientes, aguinaldo proporcional, décimo cuarto mes proporcional, más los salarios dejados de percibir. Dichos conceptos deberán ser pagados exclusivamente del patrimonio y bienes de la sociedad mercantil denominada TRANSPORTE BARRALAGA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, y haciendo aplicación de los artículos 134, 303, reformado, 304 reformado, 313 numeral 5) reformado, y 316 reformado de la Constitución de la República; 7, 8 y 23 numeral 1) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 4, 5,6, 23, 25, 26, 27, 94, 95, 96, 98, 664, 665, 738, 739, 765 numeral 1) párrafo segundo, 778 y 858 del Código de Trabajo; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia.- FALLA: PRIMERO: DECLARANDO PARCIALMENTE HA LUGAR el recurso de Casación interpuesto por la Abogada Alma Sagrario Sánchez Alvarado, en su condición de representante procesal de los señores Alex Antonio Meza Zúniga, Gaspar Ordoñez Flores; Juan Capiz Mejía; Elvis Eduardo Quiroz Ávila; Ramon Francisco Alemán Rodríguez; Jorge Antonio Madrid Terry; José Yonatan Hernández Ávila y José Francisco Canales Zeron en su segundo motivo de casación. En consecuencia, CASA PARCIALMENTE la sentencia definitiva de fecha nueve (9) de marzo de dos mil veintidós (2022), dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán. SEGUNDO: A. Declarar CON LUGAR la demanda ordinaria laboral, en relación a los trabajadores Gaspar Ordoñez Flores, Juan Capiz Mejía y Elvis Eduardo Quiroz Ávila contra el Estado de Honduras, por actuaciones de la Oficina de Administración de Bienes Incautados (OABI), como administradora del patrimonio y bienes de la sociedad mercantil denominada Transporte Barralaga Sociedad de Responsabilidad Limitada; a través de la Procuradora General de la República en su condición de Representante Legal del Estado de Honduras, Abogado Manuel Díaz Galeas, para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales correspondientes y proporcionales desde el inicio de la relación laboral de cada uno de los Demandantes hasta la fecha de cierre del establecimiento (31 de julio de 2017); y, a título de daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir desde la fecha de terminación de la relación laboral (31 de julio del año 2017) hasta la fecha en que deba quedar firme el presente fallo, conforme a las normas establecidas por el Código del Trabajo. B. En consecuencia, CONDENAR al Estado de Honduras, por actuaciones de la Oficina de Administración de Bienes Incautados (OABI), como administradora del patrimonio y bienes de la sociedad mercantil denominada Transporte Barralaga Sociedad de Responsabilidad Limitada; a través de la Procuradora General de la República en su condición de Representante Legal del Estado de Honduras, Abogado Manuel Díaz Galeas a pagar al a los demandantes Gaspar Ordoñez Flores, Juan Capiz Mejía y Elvis Eduardo Quiroz Ávila en concepto de prestaciones e indemnizaciones laborales, la cantidad de UN MILLON CUARENTA MIL QUINIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (L. 1,040,510.97), desglosados de la manera siguiente: a. Al trabajador Gaspar Ordoñez Flores la cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS (L. 459,271.40), en base a un salario mensual de L.21,040.00, preaviso: L. 49,093.20, cesantía: L. 368,199.00, cesantía proporcional L. 14,387.03, Décimo Tercer mes de salario L. 14,260.38; Décimo Cuarto Mes de salario L. 3,740.43; vacaciones L. 9,591.36. b. Al trabajador Juan Capiz Mejía la cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON VEINTIOCHO CENTAVOS (L. 232,051.28) en base a un salario mensual de L.20,000.00, preaviso: L. 46,666.68, cesantía: L. 70,000.02, cesantía proporcional L. 1,166.67, Décimo Tercer mes de salario L. 40,000.00; Décimo Tercer mes de salario proporcional L11,220.06, Décimo Cuarto Mes de salario L. 40,000.00; Décimo Cuarto Mes de salario proporcional L. 1,220.01; vacaciones L. 21,000.06; vacaciones proporcionales L. 777.78; c. Al trabajador Elvis Eduardo Quiroz Ávila la cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON VEINTINUEVE CENTAVOS (L. 349,188.29), en base a un salario mensual de L.21,000.00, preaviso: L. 49,000.00, cesantía: L. 147,000.00, cesantía proporcional L. 21,911.26, Décimo Tercer mes de salario L. 42,000.00; Décimo Cuarto Mes de salario L. 42,000.00; vacaciones L. 32,666.80; vacaciones proporcionales L. 14,610.23; d. Más a título de daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir de los trabajadores Gaspar Ordoñez Flores, Juan Capiz Mejía y Elvis Eduardo Quiroz Ávila desde la fecha de terminación de la relación laboral (31 de julio del año 2017) hasta la fecha en que deba quedar firme el presente fallo, conforme a las normas establecidas por el Código del Trabajo. e. Dichos conceptos deberán ser pagados exclusivamente del patrimonio y bienes de la sociedad mercantil denominada Transporte Barralaga Sociedad de Responsabilidad Limitada. TERCERO: Declarar SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral en cuanto al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales con relación a los demandantes Alex Antonio Meza Zúniga, Jorge Antonio Madrid Terry, Ramon Francisco Alemán Rodríguez, José Francisco Canales Zeron y José Yonatan Hernández Ávila. CUARTO: Declarar SIN LUGAR los conceptos en cuanto a pago de salarios adeudados, pago de horas extras, bono educativo, décimo cuarto, décimo tercer mes pendiente de pago, con relación a todos los Demandantes. QUINTO: ABSOLVER al Estado de Honduras, por actuaciones de la Oficina de Administración de Bienes Incautados (OABI), como administradora del patrimonio y bienes de la sociedad mercantil denominada Transporte Barralaga Sociedad de Responsabilidad Limitada; a través de la Procuradora General de la República en su condición de Representante Legal del Estado de Honduras, Abogado Manuel Díaz Galeas al pago de los conceptos establecidos en los numerales TERCERO y CUARTO. SEXTO: Sin Costas. Y Manda: Que firme que sea esta sentencia, con la certificación de estilo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada Rubenia Esperanza Galeano Barralaga.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, COORDINADORA. ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA, RUBENIA ESPERANZA GALEANO BARRALAGA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de enero del dos mil veinticinco; certificación de la sentencia de fecha once de junio del dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL611-2022. FIRMA Y SELLO.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ.
SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.