Sentencia CL-591-22 — Registro 18594
Resumen
Segunda instancia confirmo sin lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios; pago de aguinaldo, decimocuarto mes, devolución por deducción, pagos al RAP que no fueron ingresados desde el año 2012
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..." Que por Acceso a la Justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. "...
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 y 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7 y 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que toda persona tiene el derecho de poder ejercitar o promover las acciones que estime pertinentes en defensa de sus derechos y derivado de ello también tiene el derecho a recibir una respuesta del órgano jurisdiccional, previo a seguirse el debido proceso, resolución que deberá ser congruente, motivada, imparcial y apegada al ordenamiento jurídico y a los principios generales del derecho laboral. VIII.- Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de fondo del 5 de octubre de 2015, dictada en el caso Ruano Torres y otros Vs. El Salvador, Serie C No. 30319 151, estableció sobre el debido proceso: “La Corte ha señalado que el derecho al debido proceso se refiere al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado, adoptado por cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que pueda afectarlos.- El debido proceso se encuentra, a su vez, íntimamente ligado con la noción de justicia, que se refleja en: i) un acceso a la justicia no sólo formal, sino que reconozca y resuelva los factores de desigualdad real de los justiciables, ii) el desarrollo de un juicio justo, y iii) la resolución de las controversias de forma tal que la decisión adoptada se acerque al mayor nivel de corrección del derecho, es decir que se asegure, en la mayor medida posible, su solución justa.”..
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.Que es deber ineludible de la Corte Suprema de Justicia no solo observar la técnica rigurosa y formalista del recurso de casación, sino que se garantice el debido proceso y el derecho de defensa a las partes, particularmente que las resoluciones deben ser dictadas con la suficiente explicación de los puntos en litigio y los temas debatidos, como que sean congruentes y los resuelvan debidamente. XI.- Que conforme con el artículo 701 numeral 3) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia laboral, dispone que el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieran denunciado por el recurrente. XII.- Que, por las razones antes expuestas, es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida, para que el Ad-quem proceda de conformidad a derecho."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..." Que revisada la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones recurrida, se aprecia que en la misma no se realiza el análisis debido del asunto sometido a su conocimiento conforme los principios generales del Derecho del Trabajo, las presunciones y cargas probatorias previstas en la legislación laboral, así como también por la conducta procesal observada por las partes; olvidando que el acta de descargos el trabajador llego al trabajo el día 07 agosto de 2016 pero solo pudo estar 15 minutos adujo estar enfermo de igual manera el día domingo 08 de agosto su enfermedad empero y no se presentó a su trabajo, el día 09 de agosto de 2016 corre a folio 54 de la primera pieza de autos diagnóstico de esquince de tobillo izquierdo le dan incapacidad medica por 12 días extendida por el hospital escuela universitario, también en el ámbito laboral predomina el principio de proporcionalidad, según el cual debe existir una correlación entre la falta cometida y la sanción impuesta, de manera que el empleador debe demostrar efectivamente que el trabajador incurrió en una falta de tal naturaleza que por su gravedad hace imposible el sostenimiento de la relación laboral por el perjuicio que la actividad irregular del trabajador le ha ocasionado a la institución y el apoderado demandado no aportó prueba de los perjuicios ocasionados a su representada, ya que el día en el cual no se presentó a su puesto de trabajo por estar enfermo era día domingo en el cual les correspondía su día de descanso."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 18 (Jerarquía Ordinaria)
- Constitución de la República, art. 128 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los trece días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 13 de junio del 2023, por la Abogada WENDY NINOSKA ÁVILA ALVAREZ, en su condición de representante procesal del señor MARCO ANTONIO GODOY, como recurrente; además, es parte recurrida, la COMPAÑÍA INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD, S.A. (COISESA), representada en juicio por el Abogado ANTONIO ISAAC MARTÍNEZ DUBÓN. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios; pago de aguinaldo, decimocuarto mes, devolución por deducción, pagos al RAP que no fueron ingresados desde el año 2012, costas del juicio; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 11 de octubre del 2016, por el señor MARCO ANTONIO GODOY, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, contra la COMPAÑÍA INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD, S.A. (COISESA), a través de su representante legal y Gerente General el señor GUILLERMO PINEL CALIX. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 09 de junio del 2022, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 06 de marzo del 2020, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando SIN LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL promovida por el señor MARCO ANTONIO GODOY, contra la COMPAÑÍA INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD S.A. (COISESA) a través de su Gerente General señor GUILLERMO PINEL CALIX.- SEGUNDO: ABSOLVER a la COMPAÑÍA INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD S.A. (COISESA) a través de su Gerente General señor GUILLERMO PINEL CALIX de toda responsabilidad en el presente juicio.- TERCERO: SIN COSTAS porque en materia de Derecho del Trabajo Impera el Principio del Gratuidad y es aplicable la supletoriedad cuando no se alteran los Principios del Derecho del Trabajo…”. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que comenzó a prestar sus servicios en la compañía demandada, el 09 de enero del 2003, en el puesto de Guardia de Seguridad, y fue contratado a través de un contrato del cual no cuenta con fotocopia, pero que el original se encuentra en los archivos de la Compañía, acompañando solo copia de Cedulas de Citación a audiencias de Descargo, con la que se acreditará que fue empleado de dicha empresa; y que durante los trece años, ocho meses y un día en que laboró como Guardia de Seguridad, se desempeñó con esmero y responsabilidad hasta el día en que fue despedido el 10 de septiembre del 2016, violentándole todas sus garantías como trabajador; manifestó que durante el tiempo que laboró para la empresa demandada, nunca tuvo problemas de tipo laboral, hasta que en el mes de agosto del 2016, tuve serios problemas de salud y en vista de que la empresa si les aplicaba la deducción que por ley corresponde al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), pero no pagaba al IHSS la cuota deducida; y por eso no les brindaron atención por encontrarse en mora, y siendo que la presión arterial y la diabetes necesitan tratamiento continuo y que no la había tenido, por eso se puso mal de salud el día domingo 07 de agosto y a causa de un mareo se cayó y tuvo un esguince en su pie izquierdo, pero aun así se presentó a sus labores a las 2:45 de la tarde en Plaza Miraflores y se reportó, pero no lo anotaron en el Libro de novedades porque no pudo trabajar ya que se sintió muy mal, así que se fue para el seguro social pero no lo atendieron, por lo que el día lunes siendo atendido primero en el Centro de Salud donde le dieron 24 horas de incapacidad y lo remitieron al Hospital Escuela, pudiendo avocarse al hospital el día lunes 08 de agosto, fue al Centro de Salud de la Colonia El Pedregal y le atendieron por lo que a eso de las 11:00 a.m. llamó por teléfono a la Licenciada Edith González y le notificó del problema del esguince, y que el día martes 09 de agosto del 2016 fue personalmente a la oficina y fue atendido por la señora Lilian Álvarez, la secretaria, y ella incluso le ayudo junto con otro compañero para cuando saliera pudiera tomar un taxi, así que tengo testigos de que yo notifique y justifique mi ausencia y que se le había dado incapacidad de 12 días de reposo absoluto y una vez que se incorporó envió el documento de la hoja de consulta quedándome con una fotocopia, lo que le extraña es que la licenciada González no lo apoyo en expresar que le había avisado de la incapacidad y de lo que estaba ocurriendo, y que se le despidió por esa causa. Y que el Centro de Salud San José del Pedregal" era el que le quedaba más cercano a su hogar y allí lo atendieron también porque andaba la presión arterial muy alta y la azúcar en sangre muy elevada, lo cual le estaba causando los mareos y falta de equilibrio, debiendo guardar reposo; y que a causa de esas dos faltas las cuales las tenía bien documentadas, es que se ausentó de sus labores, pero que había notificado a sus superiores lo que estaba pasando; razón por la cual le asombró saber que por estar enfermo en lugar de tratar de saber de su estado de salud se le enviaron dos (2) citaciones para audiencia de descargo, lo cual ciertamente le incomodo un poco pero a la primera audiencia acudió y notificó de nuevo lo sucedido, pero parece que las cosas no quedaron claras o que ya existía alguna mala voluntad con su persona, ya que se le cito nuevamente por la misma supuesta falta y además agregan que se expresó muy mal y que insulte a las Jefas, hecho totalmente falso, y que solo dijo no voy a firmar esa M, porque ya fui a la audiencia, incluso creo que hizo dijo un gesto como de rechazo pero nunca expresó palabras groseras contra la Licenciada de Recursos Humanos, con ella nunca tuvo ningún tipo de problemas, al contrario fue respetuoso y diligente, y creo que ella puede manifestarlo, que nunca le faltó el respeto ni física ni verbalmente, así que tomó precauciones porque eso ya era sospechoso y buscó la asesoría del Abogado Raúl Manuel Ávila quien le acompaño a la audiencia convocada, pero al ingresar al plantel, con muestras de toda descortesía los corrieron del lugar y no les permitieron estar en la audiencia, siendo testigos de ese hecho el Abogado Ávila y su compañero de labores que conducía el Vehículo el Abogado Misael Orlando Trochez, además de los guardias que estaban en la entrada del plantel y el Supervisor Adalid Tabora, quien era la persona que lo estaba mal informando y que en dos ocasiones trató de provocarlo para que reaccionara violentamente pero no lo logro y es él quien inventó que dijo cosas groseras poniendo testigos falsos y ordenaron que sacaran el vehículo del parqueo y para evitar un enfrentamiento mayor, los abogados y el demandante se personaron a la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social a notificar lo sucedido y dejar constancia del hecho, habiéndole despedido injustamente de su trabajo el día 10 de septiembre del 2016, por causales totalmente falsas e injustas.- Finalmente expresó que con el ánimo de llegar a un acuerdo conciliatorio acudió a la Secretaría del Trabajo, siendo imposible el mismo se dio por agotada la vía administrativa. 2.- La parte demandada, la COMPAÑÍA INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD, S.A. (COISESA), contestó dicha demanda rechazando las pretensiones de la demandante, alegando en su defensa que, tal como lo ha apuntado el demandante los días domingo 7 de agosto y lunes 8 de agosto del 2016 el demandante no se presento al lugar asignado para el cumplimiento de sus labores diarias dejándose de presentar a su labores y cumplir su delicada e importante misión para el cual estaba contratado, ignorando el patrono el motivo de las inasistencias, lo cual acreditará oportunamente. Argumentó que en razón de lo anterior y por estar subsumida la conducta del trabajador en uno de los supuestos que establece el inciso h) del Articulo número 112 del Código del Trabajo, constitutivo de causal de terminación de la relación laboral sin responsabilidad para el patrono, la demandada procedió a iniciar, una vez teniendo conocimiento del hecho o falta, el procedimiento de rigor citando al trabajador a una Audiencia de Descargos a efecto de escuchar lo que tuviere que decir respecto a la falta laboral imputada; y que llegado el día de la celebración de la audiencia, el trabajador no compareció a la misma sin explicar motivos de inasistencia, en un acto de irresponsabilidad y desobediencia, llevándose a cabo la audiencia ante testigos y sin la asistencia del trabajador y estableciendo con dicha actitud una actitud confesa de la falta laboral imputada procediendo en consecuencia el patrono a establecer la respectiva sanción de conformidad con el reglamento de la empresa y las normas del Código del Trabajo, como se acreditará oportunamente. Asimismo, manifestó que la jurisprudencia ha sido clara respecto a la aplicación de las sanciones derivadas de la ocurrencia de las diferentes causales establecidas en el Articulo número 112 del Código del Trabajo teniendo en cuenta los principios de proporcionalidad, legalidad, y oportunidad. Arguyó que en tal sentido, la demandada llevo a cabo el procedimiento correspondiente ante la existencia y comprobación del cargo o falta, librando la respectiva citación al trabajador donde se le notificaba la falta imputada, escuchando al trabajador en sus descargos, señalando la audiencia de descargos respectiva, para no vulnerarle su derecho a la defensa, y respetando el debido proceso, e imponiendo una sanción a la falta laboral acorde con lo que establece el Código del Trabajo en atención al principio de proporcionalidad en cuanto a la sanción impuesta por la falta cometida, todo ello dentro del término legal establecido en el Código del Trabajo. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 06 de marzo del 2020, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda ordinaria laboral, promovida por el señor MARCO ANTONIO GODOY, contra la COMPAÑÍA INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD S.A. (COISESA) a través de su Gerente General señor GUILLERMO PINEL CALIX; absolvió a la parte demandada de toda responsabilidad en el presente juicio, sin costas; bajo el criterio que, con respecto a la inasistencia del trabajador Marco Antonio Godoy a sus labores en los días domingo 7 y lunes 8 de agosto del año 2016, se llamo a audiencia de descargos, siendo esta celebrada en fecha 25 de agosto del año 2016, en donde en presencia de los señores Osman Emigio Canales testigo de la empresa y el señor Ricardo Tong y de la Licenciada Edith Josette González Brechu en su condición de Jefe de Recursos Humanos de la empresa demandada, en dicha audiencia el trabajador Marco Antonio Godoy, expresa: "Que el 07 de agosto llego a plaza y me fui y estuve como 15 minutos y les dije que no podía trabajar y me fui para mi casa como a las 2:50 de la tarde, el lunes 8 no fui a mi trabajo por estar enfermo", a la pregunta ¿Presento documentación por escrito para justificar sus ausencias? Responde el trabajador No, y a la pregunta ¿Solicitó permiso por escrito para ausentarse en esas fechas? Responde el trabajador: No, solo presente Incapacidad a partir del martes 9 de agosto del año 2016, en la que le dieron 12 días de incapacidad"; lo acontecido en dicha audiencia es acorde con lo declarado por los testigos Edith Josette Ivonne González Brechu y Jennifer Gabriela Flores Gutiérrez. En relación a la ausencia de labores del señor Marco Antonio Godoy el representante procesal de la parte demandada hace llegar el informe rendido por el Supervisor de Turno Erik Rivera en el cual se reporta al guardia faltista Marco Antonio Garay los días domingo 7 y lunes 8 de agosto del año 2016 en su puesto en el Parqueo 2 de Plaza Miraflores, dicha ausencia no justificable y sin ningún permiso otorgado por Jefe Inmediato; la parte actora ha hecho llegar a este órgano jurisdiccional una constancia extendida por el Centro de Salud de El Pedregal, informe de Exámenes de Laboratorio e informe de prueba del analizador de fecha 8 de agosto del año 2016 y boleta de transito de pacientes del Hospital Escuela de fecha 9 de agosto del año 2016, estos documentos no fueron presentados en la audiencia de descargos realizada en las instalaciones de la empresa en fecha 25 de agosto del año 2016, con el objeto de desvanecer los cargos imputados por el empleador, por lo que su presentación ante la judicatura es extemporánea; ahora bien, al trabajador Marco Antonio Godoy en la nota de despido a su vez se le imputan faltas de respeto, de que al recibir la cedula de citación de fecha 23 de agosto del año 2016 con el objeto de que se hiciera presente a la audiencia de descargo a celebrarse en fecha 25 de agosto del año 2016, profirió palabras soeces y faltas de respecto refiriéndose a la Jefe de Recursos Humanos, esta causal imputada al trabajador ha sido objeto de otra audiencia de descargo aparte de la señalada por la causal de no asistir a sus labores el trabajador demandante como se reitera; la parte demandada señala que el trabajador no asistió a dicha audiencia de descargo se acompaña medio de prueba documental denominado acta de inasistencia a audiencia de descargo y la prueba testifical consistente en la declaración de los testigos Jennifer Gabriela Flores Gutiérrez y Edith Josette Ivonne González Brechu, la parte actora por el contrario manifiesta que no se le permitió ingresar a las instalaciones de la empresa a efecto de comparecer a la audiencia de descargo, en vista de lo expuesto se ha escuchado a los testigos Misael Orlando Trochez Barahona y Raúl Manuel Ávila Álvarez, quienes deponen que al señor trabajador Marco Antonio Godoy no se permitió Ingresar al plantel de la empresa demandada para así comparecer a la audiencia de descargos a celebrarse en fecha 30 de agosto del año 2016, dicha audiencia a efecto de que el señor Marco Antonio Godoy desvaneciera los cargos relacionados con la falta de respeto imputada, esta juzgadora le brinda toda la credibilidad a las declaraciones de ambos testigos, en vista de que son contundentes al afirmar que el personal de seguridad de la empresa les imposibilitó el ingreso a la misma, a su vez si bien, las testigos Jennifer Gabriela Flores Gutiérrez y Edith Josette Ivonne González Brechu, señalan que el trabajador no asistió a la audiencia de descargo, estas señalaron en su deposición que estaban dentro de las oficinas de la empresa y no se enteraban de lo que sucedía en las afueras de la misma, dichas testigos no tenían conocimiento de las razones del porque el trabajador no hizo acto de presencia a la audiencia de descargo, en virtud de lo expuesto se considera que el procedimiento sancionatorio de la imposición de la sanción de irrespeto no se ha llevado conforme al respeto del derecho fundamental de defensa al haberle impedido la parte patronal al trabajador Marco Antonio Godoy su descargo correspondiente, sin embargo a pesar de haberse vulnerado el derecho de defensa en relación a la causal invocada por el patrono de Irrespeto al Jefe Inmediato, es de hacer ver como se ha dejado establecido, que la sanción de despido ha sido fundamentada por el empleador por dos causales diferentes, por lo que a criterio de la que juzga, independientemente que la causal de irrespeto no se considera por la vulneración del derecho de defensa, es del parecer que se ha comprobado por la parte patronal una de las causas justas del despido, ya que el actuar del demandante Marco Antonio Godoy debidamente comprobado, conllevo a la comisión de falta grave en contra de la empresa, al dejar de asistir a su trabajo sin permiso del patrono o sin causa justificada durante dos días completos (domingo 7 y lunes 8 de agosto del año 2016), plasmada dicha causal en el artículo 112 Inciso h) del Código del Trabajo relacionada con el articulo 98 numeral 1) del mismo cuerpo legal aun sin haber presentado el reglamento interno de trabajo de la empresa demandada; en consecuencia en base a lo expresado esta juzgadora concluye que no hay responsabilidad patronal en la terminación de la relación laboral, en razón de ello la demanda laboral que nos ocupa, debe ser declarada sin lugar, ya que como se reitera el empleador probo la justa causa del despido. Que la parte demandante en el escrito de demanda exige el pago de bono educativo en el acápite cuantía de la demanda, no se acredita con la prueba propuesta y admitida por el órgano jurisdiccional que el demandante exigiera dicho bono a la empresa demandada, de igual forma el representante procesal del demandante en mención no acredita que el mismo hiciera llegar a la empresa los requisitos exigidos en el artículo 21-A de la Ley de Salario Mínimo y su reglamento para ser pagado por el empleador el bono educativo, que por ley le corresponde a los empleados y trabajadores del sector público y privado, por lo que se deniega el pago aludido. Así mismo la parte actora exige el pago de decimo tercer y cuarto mes de salario, indicado únicamente en la suma del escrito de la demanda no fue argumentada y probada en juicio con medios de prueba, ya que el apoderado de la parte demandante en el momento procesal oportuno, es decir en la audiencia primera de tramite no forjo ni siquiera la prueba para acreditar los pagos solicitados, y tomando en consideración que las decisiones judiciales no pueden descansar nunca sobre los hechos alegados, sino que deben fundamentarse sobre su demostración por alguno o algunos de los medios de prueba reconocidos por la ley, siendo estos medios de prueba los instrumentos legales necesarios de que se valen las partes para demostrar al juez la verdad o existencia real de los hechos generadores del derecho, es preciso entonces que la prueba se produzca para que la autoridad pueda calificarla, es por ello que es del criterio de la que juzga que no procede el pago del decimo tercer y cuarto mes de salario. Referente a la pretensión de devolución por deducción pagos al RAP que no fueron ingresados desde el año 2012, el apoderado demandante hizo llegar el medio de prueba documental consistente en un Estado de Cuenta Individual Consolidado del Régimen de Aportaciones Privadas (RAP), dicho documento no arroja que la Compañía Institucional de Seguridad S.A. (COISESA) no ingresara al RAP las deducciones realizadas a sus empleados, en vista de ello se deniega dicha pretensión a la parte actora. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 09 de junio del 2022, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que, de acuerdo con lo establecido en la contestación de la demanda, la Compañía Institucional de Seguridad, S.A. (COISESA), representada por el señor GUILLERMO PINEL CALIX, en su condición de Gerente General, reconoce haber despedido al demandante por abandono de su puesto de trabajo los días domingo 7 y lunes 8 de agosto del 2016. Que a folio 58 se encuentra el acta de descargo realizada al demandante, y en la cual se está claramente establecido que la misma se llevó a cabo con las formalidades de ley, y en la cual el demandante no pudo desvirtuar las ausencias cometidas. Que del análisis de los hechos y de derecho del proceso, así como de los medios de prueba allegados al juicio, este Tribunal concluye que el señor Marco Antonio Godoy, no ha probado en el juicio la ilegalidad del despido que alega fue objeto, ya que como quedó demostrado en juicio, ha dicho trabajador se le probó claramente los motivos que tuvo el patrono para cancelar su contrato de trabajo, como ser el abandono de su trabajo. Que en el expediente de mérito no se aportó ningún elemento probatorio por parte del apoderado demandante, a fin de acreditar de que al demandante se le deben pagar derechos adquiridos, por lo que no procede otorgar los mismos. Que en vista de las consideraciones legales que anteceden este Tribunal de alzada es de la firme opinión que la sentencia definitiva que se revisa en apelación, se encuentra dictada conforme a derecho, por lo que procede su confirmatoria. 5.- Mediante auto de fecha 09 de diciembre del 2022, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada WENDY NINOSKA ÁVILA ALVAREZ, en su condición de representante procesal del señor MARCO ANTONIO GODOY, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 13 de junio del 2023, compareció ante este Tribunal la Abogada WENDY NINOSKA ÁVILA ALVAREZ, en su condición de representante procesal del señor MARCO ANTONIO GODOY, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de fecha 04 de septiembre del 2023, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 06 de noviembre del 2023, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado ANTONIO ISAAC MARTÍNEZ DUBÓN, en su condición de representante procesal de la parte recurrida; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. II.- Que el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. - Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente". III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además, es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. IV.- Que por Acceso a la Justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. VI.- Que revisada la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones recurrida, se aprecia que en la misma no se realiza el análisis debido del asunto sometido a su conocimiento conforme los principios generales del Derecho del Trabajo, las presunciones y cargas probatorias previstas en la legislación laboral, así como también por la conducta procesal observada por las partes; olvidando que el acta de descargos el trabajador llego al trabajo el día 07 agosto de 2016 pero solo pudo estar 15 minutos adujo estar enfermo de igual manera el día domingo 08 de agosto su enfermedad empero y no se presentó a su trabajo, el día 09 de agosto de 2016 corre a folio 54 de la primera pieza de autos diagnóstico de esquince de tobillo izquierdo le dan incapacidad medica por 12 días extendida por el hospital escuela universitario, también en el ámbito laboral predomina el principio de proporcionalidad, según el cual debe existir una correlación entre la falta cometida y la sanción impuesta, de manera que el empleador debe demostrar efectivamente que el trabajador incurrió en una falta de tal naturaleza que por su gravedad hace imposible el sostenimiento de la relación laboral por el perjuicio que la actividad irregular del trabajador le ha ocasionado a la institución y el apoderado demandado no aportó prueba de los perjuicios ocasionados a su representada, ya que el día en el cual no se presentó a su puesto de trabajo por estar enfermo era día domingo en el cual les correspondía su día de descanso. VII.- Que toda persona tiene el derecho de poder ejercitar o promover las acciones que estime pertinentes en defensa de sus derechos y derivado de ello también tiene el derecho a recibir una respuesta del órgano jurisdiccional, previo a seguirse el debido proceso, resolución que deberá ser congruente, motivada, imparcial y apegada al ordenamiento jurídico y a los principios generales del derecho laboral. VIII.- Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de fondo del 5 de octubre de 2015, dictada en el caso Ruano Torres y otros Vs. El Salvador, Serie C No. 30319 151, estableció sobre el debido proceso: “La Corte ha señalado que el derecho al debido proceso se refiere al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado, adoptado por cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que pueda afectarlos.- El debido proceso se encuentra, a su vez, íntimamente ligado con la noción de justicia, que se refleja en: i) un acceso a la justicia no sólo formal, sino que reconozca y resuelva los factores de desigualdad real de los justiciables, ii) el desarrollo de un juicio justo, y iii) la resolución de las controversias de forma tal que la decisión adoptada se acerque al mayor nivel de corrección del derecho, es decir que se asegure, en la mayor medida posible, su solución justa.” IX.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. X.- Que es deber ineludible de la Corte Suprema de Justicia no solo observar la técnica rigurosa y formalista del recurso de casación, sino que se garantice el debido proceso y el derecho de defensa a las partes, particularmente que las resoluciones deben ser dictadas con la suficiente explicación de los puntos en litigio y los temas debatidos, como que sean congruentes y los resuelvan debidamente. XI.- Que conforme con el artículo 701 numeral 3) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia laboral, dispone que el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieran denunciado por el recurrente. XII.- Que, por las razones antes expuestas, es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida, para que el Ad-quem proceda de conformidad a derecho. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 59, 60, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5), 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1, 8.2. h) 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 708, 709, 776, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200, 206, 208 del Código Procesal Civil; 9 y 11del Código Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial de fecha 09 de junio del 2022, visible a folios 18 al 23 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO quien firma por el Magistrado ROY PINEDA CASTRO, conforme al artículo 8 del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. COORDINADOR. ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de noviembre del dos mil veinticuatro; certificación de la sentencia de fecha trece de febrero del dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL591-2022. FIRMA Y SELLO.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ.
ECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.