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Sentencia CL-557-22 — Registro 18241

Resumen

Segunda instancia confirma el fallo de primera; falla declara sin lugar la excepción perentoria de falta de legitimación pasiva interpuesta, con lugar parcialmente la demanda en vía ordinaria de emplazamiento laboral a fin que el patrono pruebe la justa causa de un despido directo, caso contrario se condene al reintegro al trabajo con las mismas condiciones y a otro puesto de igual o mejor categoría y salario, salarios dejados de percibir, reconocimiento de permanencia y antigüedad laboral, esta sala declara no ha lugar el recurso.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

...´´Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Hace mención a todos los tipos de violación siendo causales diferentes que debió invocar de forma separada por la independencia de los cargos; b) Indica como norma violada el artículo 2 del Código del Trabajo, misma que no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce y consagra correlativamente derechos y obligaciones o extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y, c) Los cargos para que sean una proposición jurídica completa deberán de cumplir todos los requisitos exigidos por el artículo 769 del Código de Trabajo para que puedan prosperar. Se hace el anterior comentario en virtud de que falta uno de los requisitos como ser la explicación del motivo, volviendo ineficaz el ataque...´´

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8.1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8.2 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Jerarquía: Reiterativa

...´´Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Hace mención a todos los tipos de violación, siendo causales diferentes que debió invocar de forma separada por la independencia de los cargos; b) Señala apreciación errónea sin establecer si fue por error de hecho o de derecho que se dio la violación, así como no hace la relación en conjunto de la prueba erróneamente apreciada; c) Cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica correctamente el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; d) Señala en su explicación artículos violados que no fueron establecidos como norma sustantiva infringida tal es el caso de los artículos 679 del Código de Trabajo y 256 de la Constitución de la Republica; y, e) Realiza alegatos propios de instancia, mismos que en este Recurso extraordinario son inapropiados debido que los argumentos del caso ya fueron evacuados en el momento procesal oportuno...´´

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8.1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8.2 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Sentencia

CERTIFICACIÓN.

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., treinta de enero de dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 27 de julio del 2023, por el Abogado SAMUEL EDGARDO PACHECO VILLAFRANCA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, el señor JOSUE ALEXANDER REYES PÉREZ, JESÚS EUSTAQUIO MELÉNDEZ CASILDO, GEYSER YOJARDI HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, WILDER JOSUÉ AMAYA CARRANZA, y FRANCISCO JAVIER LOPEZ ORELLANA, representados en juicio por el Abogado FÉLIX GERARDO MÈNDEZ LIZARRAGA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda Vía Ordinaria de emplazamiento laboral a fin que el patrono pruebe la causa justa de un despido directo, caso contrario se condene al reintegro al trabajo con la mismas condiciones y/o a otro puesto de igual o mejor categoría y salario, pago de aumentos salariales otorgados conforme al Contrato Colectivo y los concedidos por la demandada y demás bonificaciones especiales, salarios dejados de percibir, décimo tercer mes y décimo cuarto mes de salario desde el momento del despido injusto hasta que la sentencia que recaiga adquiera carácter de firme, pretensión acumulada de reconocimiento de permanencia y antigüedad laboral, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha 20 de enero del 2021, por la Abogada EVA DORILA AVILA MATAMOROS, como representante procesal de las señoras JOSUE ALEXANDER REYES PÉREZ, JESÚS EUSTAQUIO MELÉNDEZ CASILDO, GEYSER YOJARDI HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, WILDER JOSUÉ AMAYA CARRANZA, y FRANCISCO JAVIER LOPEZ ORELLANA, todos mayores de edad, solteros, Bachilleres en Ciencias y Letras, con domicilio en San Pedro Sula, Departamento de Cortes, contra EL ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD PUBLICA, y solidariamente contra la FUNDACION HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA, a través de su representante y Presidente señor JOSÉ SAMARA KATTAN. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 16 de septiembre del 2022, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, misma que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 27 de julio del 2022, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, la cual en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR LA EXCEPCIÓN PERENTORIA DE FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA INTERPUESTA POR LA REPRESENTACIÓN PROCESAL DE LA DEMANDADA PRINCIPAL ESTADO DE HONDURAS. SEGUNDO: DECLARAR CON LUGAR PARCIALMENTE LA DEMANDA EN VÍA ORDINARIA DE EMPLAZAMIENTO LABORAL A FIN QUE EL PATRONO PRUEBE LA JUSTA CAUSA DE UN DESPIDO DIRECTO, CASO CONTRARIO SE CONDENE AL REINTEGRO AL TRABAJO CON LAS MISMAS CONDICIONES Y A OTRO PUESTO DE IGUAL O MEJOR CATEGORÍA Y SALARIO, SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, RECONOCIMIENTO DE PERMANENCIA Y ANTIGÜEDAD LABORAL, CONDENA EN COSTAS. Promovida por la abogada EVA DORILA ÁVILA MATAMOROS mayor de edad, casada, abogada, hondureña, inscrita en el Honorable Colegio de Abogados bajo el número 15243 y actuando en su condición de representante procesal de los señores JOSUE ALEXANDER REYES PÉREZ con identidad 0209-1995-00053 con domicilio en bario cabañas 13 y 14 calle, 15 avenida casa 1314; JESUS EUSTAQUIO MELÉNDEZ CASILDO identidad 0902-1989- 00905 con domicilio en colonia cerro verde, zona 3, pasaje 4, casa 10; GEYSER YOJARDI HERNÁNDEZ GONZALES identidad 0410-2000-00405 con domicilio en barrio cabañas 13 y 14 calle, 15 avenida, casa 1314; WILDER JOSUE AMAYA CARRANZA identidad 1601- 1995-00457 con domicilio en colonia san Martín calle principal, bloque 4, sector 4, casa 35 y FRANCISCO JAVIER LOPEZ ORELLANA identidad 0510-1987-01839 con domicilio en barrio cabañas 13 y 14 calle, 15 avenida, casa 1479, todos mayores de edad, solteros, bachilleres en ciencias y letras, y condición que acredita con el poder para pleitos número 278 de fecha 08 de septiembre del 2020. Contra la demandada principal EL ESTADO DE HONDURAS a través de su representante legal la señora LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA por actos de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD y como demandada solidaria FUNDACIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA a través de su presidente el señor JOSE SAMARA KATTAN. TERCERO: EN CONSECUENCIA, SE CONDENA al ESTADO DE HONDURAS a través de su representante legal el PROCURADOR DE LA REPÚBLICA actualmente el abogado MANUEL ANTONIO DIAZ, por actos de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD, y está por actos del HOSPITAL LEONARDO MARTÍNEZ VALENZUELA, como demandada principal y a LA FUNDACIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTÍNEZ VALENZUELA, a través de su representante legal actualmente el señor OSMIN BAUTISTA UCLÉS como demandada solidaria PARA QUE PROCEDAN a otorgar la permanencia laboral en virtud del principio de la Estabilidad Laboral, reconociéndoles la antigüedad laboral a favor de los trabajadores, JOSUE ALEXANDER REYES PÉREZ, JESUS EUSTAQUIO MELÉNDEZ CASILDO, GEYSER YOJARDI HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, WILDER JOSUE AMAYA CARRANZA Y FRANCISCO JAVIER LOPEZ ORELLANA, Quedando la antigüedad laboral y la estabilidad laboral (permanencia) en la forma siguiente: 1) JOSUE ALEXANDER REYES PÉREZ ingreso el 01 de enero del 2016, desempeñándose en el puesto de camillero; 2) JESUS EUSTAQUIO MELÉNDEZ CASILDO inicio en fecha 03 de junio del año 2017, desempeñándose en el puesto de camillero; 3) GEYSER YOJARDI HERNÁNDEZ GONZÁLEZ inicio en fecha 15 de abril del año 2016, desempeñándose en el puesto de camillero; 4) WILDER JOSUE AMAYA CARRANZA inicio en fecha 03 de junio del año 2017, desempeñándose en el puesto de camillero y 5) FRANCISCO JAVIER LOPEZ ORELLANA inicio en fecha 01 de julio del año 2015, desempeñándose en el puesto de camillero, CUARTO: CONDENAR al ESTADO DE HONDURAS a través de su representante legal el PROCURADOR DE LA REPÚBLICA actualmente el abogado MANUEL ANTONIO DIAZ, por actos de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD, y está por actos del HOSPITAL LEONARDO MARTÍNEZ VALENZUELA, como demandada principal y a LA FUNDACIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTÍNEZ VALENZUELA, a través de su representante legal actualmente el señor OSMIN BAUTISTA UCLÉS como demandada solidaria PARA QUE PROCEDAN A REINTEGRAR A LOS TRABAJADORES JOSUE ALEXANDER REYES PÉREZ, JESUS EUSTAQUIO MELÉNDEZ CASILDO, GEYSER YOJARDI HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, WILDER JOSUE AMAYA CARRANZA Y FRANCISCO JAVIER LOPEZ ORELLANA, A SUS PUESTOS DE TRABAJO EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES, RECONOCIÉNDOLES SU PERMANENCIA Y EL SALARIO QUE LES DEBA CORRESPONDE POR AUMENTOS REALIZADOS A LOS EMPLEADOS PERMANENTES DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE JUICIO. Más los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta el día que se cumpla con la reinstalación. QUINTO: Declarar SIN LUGAR LA DEMANDA PARA EL OTORGAMIENTO DE LOS DERECHOS Y BENEFICIOS LABORALES PROVENIENTES DEL CONTRATO COLECTIVO Y DEMAS CONCEPTOS RECLAMADOS COMO ADEUDADOS. EN CONSECUENCIA, SE ABSUELVE A LA DEMANDADA ESTADO DE HONDURAS DE TALES RECLAMACIONES. SEXTO: SIN COSTAS”. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante expresó que iniciaron sus labores como empleados del Estado de Honduras, en la Secretaria de Estado en los Despachos de Salud, prestando sus servicios como Camilleros en el centro de trabajo Hospital Dr. Leonardo Martínez Valenzuela, en las siguientes fechas, el señor Josue Alexander Reyes Pérez el 1 de julio del 2015; señor Jesús Eustaquio Meléndez Casildo el 3 de junio del 2016; señor Geyser Yojardi Hernandez González el 15 de abril del 2016; señor Wilder Josue Amaya Carranza el 3 de junio del 2016; y el señor Francisco Javier López Orellana, el 1 de julio del 2015, todos devengando un salario mensual por la cantidad de L. 11,000.00; desde que iniciaron su relación laboral con la demandada suscribieron Contratos de Trabajo con una vigencia de un año, los cuales una vez finalizados suscribían consecutivamente el contrato correspondiente al siguiente año de labor para desempeñar la misma actividad como Camilleros, eso fue así año con año hasta el momento en que fueron despedidos; mediante notas suscritas por la Licenciada Dinora Caballero Merino, fueron despedidos de forma intempestiva e injustificada de sus puestos de trabajo, sin notificarles causa o motivo para poner fin a la relación contractual que les vinculaba; al señor Josue Alexander Reyes Pérez, se le despidió en fecha 20 de mayo del 2020; Jesús Eustaquio Meléndez Casildo, se le despidió 11 de mayo del 2020; Geyser Yojardi Hernandez González, su fecha de despido el 21 de mayo del 2020; Wilder Josue Amaya Carranza, fecha de despido el 18 de mayo del 2020; Francisco Javier López Orellana, fecha de despido 11 de mayo del 2020; desde que ingresaron al Hospital Dr. Leonardo Martínez Valenzuela, han trabajado de manera continua e ininterrumpida, gozando de los beneficios y derechos laborales reconocidos en el Código de Trabajo para los empleados permanentes, aguinaldo, décimo cuarto, vacaciones, además de estar afiliados al IHSS, con esta práctica de suscribir contratos consecutivos, las entidades públicas tratan de simular la interrupción de la continuidad en el trabajo, sin embargo, ellos han trabajado de manera continua e ininterrumpida durante toda la prestación del servicio; en tal sentido, el artículo 47 del Código de Trabajo establece que “los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se considerarán como celebrados por tiempo indefinido, aunque en ellos se exprese término de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsisten la causa que le dio origen o la materia del trabajo para la prestación de servicios o la ejecución de obras iguales o análogas”; por tal razón, es que solicita que mediante sentencia definitiva se decrete el reconocimiento de permanencia y antigüedad de sus Contratos de Trabajo, desde la fecha en que iniciaron por primera vez la relación laboral con la demandada; en aras de solventar su situación, acudieron a las Oficinas Regionales de la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, con el propósito de conciliar el conflicto surgido con sus despidos, solicitando oportunamente el reintegro a sus puestos de trabajo en igual o mejores condiciones; no siendo posible llegar a un arreglo por la no comparecencia de la titular de la Secretaría de Estado en los Despachos de Salud, y por no tener instrucción alguna el apoderado legal de la fundación hospital Leonardo Martínez Valenzuela, por lo cual el Procurador del Trabajo, dio por agotado el procedimiento gubernativo tal como lo establece el artículo 691 del Código de Trabajo, quedando expedita la vía judicial conforme a Ley; según el artículo 7 del Código de Trabajo, intermediario es toda persona natural o jurídica, particular o de derecho público, que contrata en nombre propio los servicios de uno o más trabajadores para que ejecuten algún trabajo en beneficio de un patrono, este último queda obligado solidariamente por la gestión de aquél para con él o los trabajadores, en cuanto se refiere a los efectos legales que se deriven de la Constitución de la República, el Código de Trabajo, de su Reglamento de las disposiciones de seguridad social, asimismo son contratistas y por lo tanto verdaderos patronos de sus trabajadores no representantes ni simples intermediarios, las personas que contraten la ejecución de una o varias obras o labores en beneficio ajeno, por un precio determinado, asumiendo todos los riesgos para realizarlas con sus propios medios y con libertad técnica y directiva, pero el beneficiario del trabajo, dueño de la obra o base industrial, a menos que se trate de labores extrañas a la actividad normal de su empresa o negocio, será solidariamente con el contratista por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores, solidaridad que no obsta para que el beneficiario estipule con el contratista las garantías del caso y para que repita contra él lo pagado a esos trabajadores, los mismos salarios, prestaciones e indemnizaciones que para el beneficio del trabajo, a sus trabajadores en sus labores, obras o negocios; por lo que en virtud del principio de la primacía de la realidad e in dubio pro operario, demanda de forma solidaria a la Fundación Hospital Leonardo Martínez Valenzuela, al tenor de lo que establece el precitado artículo 7 del Código de Trabajo. 2.- La parte demandada, EL ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda arguyendo que a través de la autoridad nominadora cada año suscribe Convenios de Gestión para la Prestación de Servicios de Salud de segundo nivel entre la Secretaría de Salud y la Fundación Hospital Leonardo Martínez Valenzuela a partir del año 2016, en base al Decreto No. PCM-039-2015 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 28 de septiembre del 2015, entrando en vigencia inmediatamente de su publicación, ordenamiento jurídico que regula el Convenio suscrito por El Estado de Honduras y la Fundación en mención, el cual ha sido renovado cada año; en base al Convenio mencionado la Fundación Hospital Leonardo Martínez Valenzuela, realiza la contracción de personal a sus propias expensas, en base a las cláusulas novena literal b), y clausula décima, por lo que todo este tipo de contratación la Fundación lo realiza en su carácter propio, a través de su representante legal, por lo que el Estado de Honduras a través de la Secretaria de Salud solamente rectora, supervisa la calidad de servicios que se brinda por parte de la Fundación, que es un ente privado con personería jurídica No. 199-2012; después de una búsqueda en archivos y base de datos pertenecientes a la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud, no se encontró registro alguno en relación a que los demandantes sean actualmente empleados de la institución, no son pagados con la partida presupuestaria del Estado de Honduras a través de la Secretaria de Salud, sino que se les paga con fondos propios de la Fundación o gestiones de ella misma, pues el Convenio estipula que la Fundación, con recursos propios deberá hacerse responsable de los derechos laborales de cada uno de sus empleados; el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud no es responsable directa ni solidariamente del pago de derechos que reclaman los demandantes, pues no tiene vínculo laboral con ellos, por lo tanto no existe obligación de cumplir sus exigencias, por no asistirle el derecho que pretenden. De igual forma la FUNDACION HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA, contestó la demanda aceptando el tiempo laborado y salario mensual que dice el demandante haber devengado; dice tener un Convenio de Gestión para la prestación de Servicios de Salud de segundo nivel con la Secretaria de Estado en los Despachos de Salud; que a los demandantes se le realizó un procedimiento disciplinario y en la Audiencia de Descargos no pudieron desvirtuar las faltas que cometieron, las cuales son causales de despido, por lo que se emitieron los correspondientes dictámenes en los cuales se ordenaba su cancelación por despido; además explica realizado un procedimiento disciplinario y no lograron desvirtuar en las Audiencias de Descargo las faltas cometidas. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortes, en fecha 27 de julio del 2022, dictó sentencia que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR LA EXCEPCIÓN PERENTORIA DE FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA INTERPUESTA POR LA REPRESENTACIÓN PROCESAL DE LA DEMANDADA PRINCIPAL ESTADO DE HONDURAS. SEGUNDO: DECLARAR CON LUGAR PARCIALMENTE LA DEMANDA EN VÍA ORDINARIA DE EMPLAZAMIENTO LABORAL A FIN QUE EL PATRONO PRUEBE LA JUSTA CAUSA DE UN DESPIDO DIRECTO, CASO CONTRARIO SE CONDENE AL REINTEGRO AL TRABAJO CON LAS MISMAS CONDICIONES Y A OTRO PUESTO DE IGUAL O MEJOR CATEGORÍA Y SALARIO, SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, RECONOCIMIENTO DE PERMANENCIA Y ANTIGÜEDAD LABORAL, CONDENA EN COSTAS. Promovida por la abogada EVA DORILA ÁVILA MATAMOROS mayor de edad, casada, abogada, hondureña, inscrita en el Honorable Colegio de Abogados bajo el número 15243 y actuando en su condición de representante procesal de los señores JOSUE ALEXANDER REYES PÉREZ con identidad 0209-1995-00053 con domicilio en bario cabañas 13 y 14 calle, 15 avenida casa 1314; JESUS EUSTAQUIO MELÉNDEZ CASILDO identidad 0902-1989- 00905 con domicilio en colonia cerro verde, zona 3, pasaje 4, casa 10; GEYSER YOJARDI HERNÁNDEZ GONZALES identidad 0410-2000-00405 con domicilio en barrio cabañas 13 y 14 calle, 15 avenida, casa 1314; WILDER JOSUE AMAYA CARRANZA identidad 1601- 1995-00457 con domicilio en colonia san Martín calle principal, bloque 4, sector 4, casa 35 y FRANCISCO JAVIER LOPEZ ORELLANA identidad 0510-1987-01839 con domicilio en barrio cabañas 13 y 14 calle, 15 avenida, casa 1479, todos mayores de edad, solteros, bachilleres en ciencias y letras, y condición que acredita con el poder para pleitos número 278 de fecha 08 de septiembre del 2020. Contra la demandada principal EL ESTADO DE HONDURAS a través de su representante legal la señora LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA por actos de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD y como demandada solidaria FUNDACIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA a través de su presidente el señor JOSE SAMARA KATTAN. TERCERO: EN CONSECUENCIA, SE CONDENA al ESTADO DE HONDURAS a través de su representante legal el PROCURADOR DE LA REPÚBLICA actualmente el abogado MANUEL ANTONIO DIAZ, por actos de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD, y está por actos del HOSPITAL LEONARDO MARTÍNEZ VALENZUELA, como demandada principal y a LA FUNDACIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTÍNEZ VALENZUELA, a través de su representante legal actualmente el señor OSMIN BAUTISTA UCLÉS como demandada solidaria PARA QUE PROCEDAN a otorgar la permanencia laboral en virtud del principio de la Estabilidad Laboral, reconociéndoles la antigüedad laboral a favor de los trabajadores, JOSUE ALEXANDER REYES PÉREZ, JESUS EUSTAQUIO MELÉNDEZ CASILDO, GEYSER YOJARDI HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, WILDER JOSUE AMAYA CARRANZA Y FRANCISCO JAVIER LOPEZ ORELLANA, Quedando la antigüedad laboral y la estabilidad laboral (permanencia) en la forma siguiente: 1) JOSUE ALEXANDER REYES PÉREZ ingreso el 01 de enero del 2016, desempeñándose en el puesto de camillero; 2) JESUS EUSTAQUIO MELÉNDEZ CASILDO inicio en fecha 03 de junio del año 2017, desempeñándose en el puesto de camillero; 3) GEYSER YOJARDI HERNÁNDEZ GONZÁLEZ inicio en fecha 15 de abril del año 2016, desempeñándose en el puesto de camillero; 4) WILDER JOSUE AMAYA CARRANZA inicio en fecha 03 de junio del año 2017, desempeñándose en el puesto de camillero y 5) FRANCISCO JAVIER LOPEZ ORELLANA inicio en fecha 01 de julio del año 2015, desempeñándose en el puesto de camillero, CUARTO: CONDENAR al ESTADO DE HONDURAS a través de su representante legal el PROCURADOR DE LA REPÚBLICA actualmente el abogado MANUEL ANTONIO DIAZ, por actos de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD, y está por actos del HOSPITAL LEONARDO MARTÍNEZ VALENZUELA, como demandada principal y a LA FUNDACIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTÍNEZ VALENZUELA, a través de su representante legal actualmente el señor OSMIN BAUTISTA UCLÉS como demandada solidaria PARA QUE PROCEDAN A REINTEGRAR A LOS TRABAJADORES JOSUE ALEXANDER REYES PÉREZ, JESUS EUSTAQUIO MELÉNDEZ CASILDO, GEYSER YOJARDI HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, WILDER JOSUE AMAYA CARRANZA Y FRANCISCO JAVIER LOPEZ ORELLANA, A SUS PUESTOS DE TRABAJO EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES, RECONOCIÉNDOLES SU PERMANENCIA Y EL SALARIO QUE LES DEBA CORRESPONDE POR AUMENTOS REALIZADOS A LOS EMPLEADOS PERMANENTES DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE JUICIO. Más los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta el día que se cumpla con la reinstalación. QUINTO: Declarar SIN LUGAR LA DEMANDA PARA EL OTORGAMIENTO DE LOS DERECHOS Y BENEFICIOS LABORALES PROVENIENTES DEL CONTRATO COLECTIVO Y DEMAS CONCEPTOS RECLAMADOS COMO ADEUDADOS. EN CONSECUENCIA, SE ABSUELVE A LA DEMANDADA ESTADO DE HONDURAS DE TALES RECLAMACIONES. SEXTO: SIN COSTAS”. Bajo el criterio que llega a la conclusión que efectivamente la actividad desempeñada por los actores es realizada personalmente por estos en el cargo de Camilleros, prestando sus actividades en el Hospital Leonardo Martínez Valenzuela, encontrándose subordinados de manera continua con el Estado de Honduras, ya que el Hospital Leonardo Martínez Valenzuela es dependiente de la Secretaria de Salud, por tanto depende directamente del Estado de Honduras; asimismo es probado que la relación laboral se desarrolló en las condiciones siguientes, el señor Josue Alexander Reyes Pérez ingresó el 1 de enero del 2016, devengando un último salario mensual de L. 11,450.43, desempeñándose en el puesto de Camillero; el señor Jesús Eustaquio Meléndez Casildo, inicio en fecha 3 de junio del año 2017, con un último salario mensual de L. 11,450.43, desempeñándose en el puesto de Camillero; el señor Geyser Yojardi Hernández González, inició en fecha 15 de abril del 2016, con un último salario mensual de L. 11,450.43, desempeñándose en el puesto de Camillero; el señor Wilder Josue Amaya Carranza, inició en fecha 3 de junio del año 2017, con un último salario mensual de L. 11,450.43, desempeñándose en el puesto de Camillero; y el señor Francisco Javier López Orellana, inició en fecha 1 de julio del año 2015, con un último salario mensual de L. 11,450.43, desempeñándose en el puesto de Camillero, manteniéndose esta prestación del servicio en realidad como Camilleros de forma continua, y por ello sin dudas la actividad es de tracto sucesivo, aun y cuando existan Contratos Temporales o de Prestación de Servicios realizados por la Fundación Hospital Leonardo Martínez Valenzuela, ya que sus actividades laborales son a favor del Hospital Leonardo Martínez Valenzuela, la continuidad nunca fue interrumpida ni la relación de tracto sucesivo se puede considerar afectada, de manera que se puede concluir conforme el principio de la primacía de la realidad que el Estado de Honduras por actos de la Secretaria de Salud es verdadero patrono de los demandantes, ya que es tal Secretaria de Salud mantiene un Convenio con la Fundación del Hospital Leonardo Martínez Valenzuela para realizar tales contrataciones, es por ello que es obligado el Estado de Honduras a responder por tales contrataciones por ser la que se beneficia de la labor prestada, de manera que al verificar que El Estado de Honduras, ha sido la total beneficiada de la prestación del servicio, se llega a la decisión aplicando el artículo 47 del Código de Trabajo que las actividades realizadas por los trabajadores demandantes son de naturaleza permanente y continua, aún y cuando se haya establecido en los Contratos de Trabajo firmados un término de duración de la prestación del servicio, su actividad es permanente por la naturaleza de la actividad prestada, es procedente otorgar y reconocer la permanencia y antigüedad de los demandantes; se ha verificado la existencia de un Contrato de Trabajo o relación de trabajo indefinida, lo cual resulta en virtud de la aplicación de las disposiciones 20, 47 y 52 último párrafo, todas del Código de Trabajo, las que de conformidad a la prueba aportada al juicio relativas a los Contratos de Trabajo y la clase de actividad prestada, así como la forma de pago se aprecia que El Estado de Honduras es verdadero patrono, ya que las actividades que estos prestaban siempre fueron al servicio del Estado de Honduras, y sus actividades al ser continuas y subordinadas son permanentes por el tipo de actividad, no siendo posible desvincular al Estado de Honduras por el Convenio de Gestión para la Prestación de Servicios de Salud de Segundo Nivel, ya que este no puede oponerse a lo que ya reconoce el artículo 47 del Código de Trabajo y conforme el artículo 3 del mismo cuerpo legal, se establece que son nulos ipso jure todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución, el Código de Trabajo, sus Reglamentos o las demás Leyes de trabajo otorguen a los trabajadores, aunque sea en un Contrato u otro pacto cualquiera, entiéndase que tales Convenios si bien derivan de un Decreto que lo crea, el PCM-039-2015 no puede validarse que el mismo lesione los derechos fundamentales laborales de los actores, de modo que lo que contrarie en sus derechos fundamentales se considera nulo ipso jure y por tanto desaplicado, de manera que las razones en que la demandada principal apoya su defensa no son atendibles, no siendo cierto ni probado lo argumentado por la demandada solidaria en su contestación, ya que se desprende de las notas de despido que a los actores ni se les respetó un procedimiento disciplinario en que pudieran defenderse de una falta grave que se les imputara, ni se les determinó causa o motivo legal y justificado para cesar la relación de trabajo, ya que al ser estos verdaderos trabajadores permanentes, con tales notas de despido que cesan intempestivamente su prestación del servicio El Estado de Honduras y la Fundación han lesionado el derecho a la Estabilidad Laboral, pretendiendo valerse de un fraude contractual para lograr tal cometido, sin embargo frente a la acción ejercida por los demandantes ha quedado demostrado que son permanentes, y que han sido despedidos de forma ilegal e injustificada quebrantándose el artículo 112 y 117 del Código de Trabajo, y conforme el artículo 129 de la Constitución de la Republica y artículo 113 del Código de Trabajo su pretensión de reintegro en iguales o mejores condiciones debe prosperar más el pago a favor de los demandantes de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que sean efectivamente reinstalados; no son procedentes las pretensiones sobre derechos del décimo tercer, décimo cuarto mes adeudados, ya que han sido satisfechos, de igual forma no es procedente el reconocimiento de derechos de contratación colectiva por no estar probado que se encuentren sindicalizados ni haberse verificado la existencia de Contrato Colectivo; es indudable que la Fundación del Hospital Leonardo Martínez Valenzuela debe responder de forma solidaria, tal como lo impone el artículo 7 del Código de Trabajo al ser intermediario y participar en la contratación y ciertas condiciones de trabajo, no obstante, por primacía de la realidad ha quedado probado que el patrono verdadero es el Estado de Honduras por actos de la Secretaria de Estado en los Despachos de Salud; el artículo 129 de la Constitución de la República, protege a quienes prestan sus servicios personales subordinados de contrataciones simuladas, o engañosas, en cuanto a la permanencia en su contratación y empleo en virtud de las funciones que realizan, siendo las de naturaleza permanente dentro de la empresa o institución, les protege la normativa Constitucional bien de los despidos arbitrarios, ilegales e injustos, circunstancias que de no limitarse conforme el principio de la primacía de la realidad, someten a crisis e inseguridad jurídica al trabajador, siendo así que la Constitución de la República regula en el artículo 127 y 128 sobre derechos fundamentales de todo trabajador, la protección de la relación de trabajo es una obligación estatal, se deben otorgar siempre condiciones equitativas y satisfactorias, la protección contra el desempleo ya que solo por la absoluta voluntad del trabajador o bajo causas justificadas y razones es posible ponerle fin a la relación o contrato de trabajo, de lo contrario todo acto de terminación unilateral del Contrato de Trabajo sin justa causa acarrea responsabilidad para la patronal, gozando el trabajador víctima del daño causado de un derecho optativo, sea el pago de sus prestaciones laborales e indemnizaciones legales o el reintegro así como los salarios dejados de percibir; así lo reconoce de igual forma el artículo 129 de la Constitución de la República y 113 del Código de Trabajo, es deber del Estado y obligación de todo patrono sea estatal o empresa privada de garantizar el principio de estabilidad de los trabajadores en sus empleos. En este juicio conforme la valoración de todo el material probatorio, el reclamo formulado por el trabajador debe ser estimado. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortes, en fecha 16 de septiembre del 2022, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas. Bajo el criterio que aunque el Estado de Honduras afirma que lo que existió entre la Secretaria de Salud y la Fundación Hospital Leonardo Martínez Valenzuela fue un Convenio de Gestión para la Prestación de Servicios de segundo nivel, el mismo no fue aportado al juicio; si bien los Contratos de Trabajo fueron firmados por la Fundación, el Estado de Honduras estuvo vinculado con los actores dada la prestación de servicios, sin que conste de autos que ello fue con ocasión de un nexo diferente al de una relación de trabajo; a lo anterior se suma que fue el Hospital quien extendió los carné, y que por medio de la Jefa de Desarrollo del Talento Humano del Hospital Leonardo Martínez se extendieron las constancias, se efectuó la citación a audiencia de descargos, se aprobaban las solicitudes de vacaciones de los accionantes, y se comunicó el cese laboral; en ese sentido, el Estado de Honduras debe responder por los derechos económicos solicitados siendo inatendible la excepción de falta de legitimación planteada, tal y como lo consideró el a quo, por cuya razón la pretensión del demandado no resulta atendible; si bien es cierto que los conceptos del décimo tercer y décimo cuarto mes integran salario según los artículos 3 de la Ley del Séptimo Día y Décimo Tercer Mes en Concepto de Aguinaldo y 5 del Reglamento del Décimo Cuarto Mes de Salario en Concepto de Compensación Social, como también lo es que estos están incluidos en la condena del pago de los salarios dejados de percibir, es así que al momento de su liquidación, el Juzgador realizará las operaciones aritméticas de las que resultará el salario promedio mensual, de ahí que los argumentos y pretensión de la parte actora resulta inatendible. Por las razones antes expuestas, estima procedente confirmar la sentencia definitiva objeto del recurso de apelación. 5.- Mediante auto de fecha 28 de noviembre del 2022, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado SAMUEL EDGARDO PACHECO VILLAFRANCA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortes, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 27 de julio del 2023, compareció ante este Tribunal el Abogado SAMUEL EDGARDO PACHECHO VILLAFRANCA, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha 4 de septiembre del 2023, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 24 de octubre del 2023 se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por el Abogado FELIX GERARDO MENDEZ LIZARRAGA, en condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que el Abogado SAMUEL EDGARDO PACHECO VILLAFRANCA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, en su primer motivo de casación alega: “Acuso la Sentencia de fecha VEINTISIETE de JULIO del año Dos Mil VEINTIDOS emitida por el Juzgado de Letras de Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortes y el fallo de fecha DIECISEIS de SEPTIEMBRE del dos mil Veintidós emitido por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, de ser violatoria la Ley Sustantiva de orden Nacional por aplicación indebida e interpretación errónea y apreciación errónea de un medio de prueba, y que se refiere al artículo 2 numeral 2, del Código del Trabajo Vigente, además que la parte demandada comprobó en Juicio que lo que pretende es que el ESTADO DE HONDURAS a través de la SERCRETARIA DE SALU emita acuerdos de permanencia los cuales son ACTOS meramente Administrativos por contratos de Servicios Profesionales y Técnicos suscritos por otra entidad que es la FUNDACION DOCTOR LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA. NORMA SUSTANTIVA VIOLADAS: La norma sustantiva de orden nacional violada es al artículo 2 numeral 2, del Código del Trabajo Vigente.” III.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Hace mención a todos los tipos de violación siendo causales diferentes que debió invocar de forma separada por la independencia de los cargos; b) Indica como norma violada el artículo 2 del Código del Trabajo, misma que no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce y consagra correlativamente derechos y obligaciones o extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y, c) Los cargos para que sean una proposición jurídica completa deberán de cumplir todos los requisitos exigidos por el artículo 769 del Código de Trabajo para que puedan prosperar. Se hace el anterior comentario en virtud de que falta uno de los requisitos como ser la explicación del motivo, volviendo ineficaz el ataque. IV.- Que el Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso la Sentencia de fecha VEINTISIETE de JULIO del año Dos Mil VEINTIDOS emitida por el Juzgado de Letras de Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortes y el fallo de fecha DIECISEIS de SEPTIEMBRE del dos mil Veintidós emitido por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, de ser violatoria la Ley Sustantiva de orden Nacional por aplicación indebida e interpretación errónea y apreciación errónea de un medio de prueba, y que se refiere al artículo 20, del Código del Trabajo Vigente, además que la parte demandada comprobó en Juicio que los tres elementos para que haya contrato laboral, no lo ejercía el ESTADO DE HONDURAS a través de la SERCRETARIA DE SALUD sino que la FUNDACION DOCTOR LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA. NORMA SUSTANTIVA VIOLADAS: La norma sustantiva de orden nacional violada es al artículo 20, del Código del Trabajo Vigente. PRUEBA ERRONEAMENTE APRECIADA: El error de apreciación de prueba se refiere al que la Corte de Apelaciones de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, no consolido totalmente válidos, que el Estado de Honduras a través la autoridad nominadora cada año suscribe CONVENIOS DE GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL ENTRE LA SECRETARÍA DE SALUD Y LAS FUNDACIONES entre el Estado de Honduras a través de la Secretaria de Estado en los Despachos de Salud y la FUNDACION HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA a partir del año 2016, en base al decreto número PCM-039-2015 publicado en el Diario Oficial la gaceta el 28 de Septiembre del 2015 entrando en vigencia inmediatamente de su publicación, ordenamiento jurídico que regula el convenio suscrito por el Estado de Honduras y la Fundación en mención, el cual ha sido renovado cada año. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron de medio para el quebrantamiento de las normas sustantivas violadas es el artículo 738 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el artículo 765 numeral 1, del Código del Trabajo. LA VIOLACION DE LA LEY SUSTANTIVA DE ORDEN NACIONAL POR APLICACIÓN INDEBIDA E INTERPRETACION ERRONEA LA EXPLICO DE LA SIGUIENTE MANERA: Que la Corte de Apelaciones de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, al dictar la Sentencia deviene en la obligación de aplicar las normas que regulan los aspectos debatidos en juicio, sin apartarse de los principios que informan al critica de la prueba, los hechos relevantes del proceso y la conducta procesal observada por las partes para poder proferir un fallo apegado a derecho; es evidente que las normas sustantivas invocadas fueron interpretadas erróneamente ya que la competencia es la pertenencia a un órgano, a un funcionario, o a un encargado del poder sobre la Litis o un negocio determinado; naturalmente esta competencia es un requisito de validez del acto procesal en el que el poder encuentra su desarrollo.... Para señalar la competencia hay que tener en cuenta cinco factores principales, que son: 1) el objetivo; 2) el subjetivo; 3) el funcional; 4) el territorial; y 5) el de conexión; en este caso interesa el contenido del "factom objetivo" este factor se relaciona con el objeto del negocio, ya en cuanto a su naturaleza propi, o con respecto a su cuantía. El criterio derivado de la naturaleza del pleito se refiere al contenido específico de la relación jurídica en litigio, o sea, a la naturaleza misma de la pretensión o pretensiones que el actor invoca en el petitum de la demanda con que se inicia el proceso judicial. Es importante mencionar que la competencia objetiva en materia de trabajo es especializada y para ello la norma 679 del Código de la materia de fija el conocimiento de los Juzgados del Trabajo: 1: De todas las controversias que surjan del contrato de trabajo; 2......y 5: De todos los demás asuntos que determine este Código; de manera pues, que si bien el objetivo de los procesos laborales, son las controversias jurídicas laborales con su valor económico, que los sujetos son los trabajadores y empleadores, no lo es menos que su competencia está circunscrita a lo que ya establece la Ley : controversias que surjan del Contrato d Trabajo.- Que de acuerdo al artículo 256 de la Constitución de la Republica, el régimen de Servicio Civil regula las relaciones de empleo y función pública que se establecen entre el Estado y sus servidores y de conformidad a lo prescrito por el artículo 2 numeral 2 del Código del Trabajo, EXCEPTÚA de su régimen de aplicación, a los empleados públicos nacionales, departamentales y municipales, señalando que las relaciones entre el Estado, el Departamento y el Municipio y sus servidores, se regirán por las Leyes del Servicio Civil que se expidan; se entiende por empleado público, aquel, cuyo puesto ha sido creado por la Constitución, la Ley. Decreto ejecutivo o acuerdo Municipal, con lo anteriormente expresado, está claramente demostrado que la jurisdicción del Trabajo, no es competente para conocer del reclamo laboral presentado por el demandante y se ratifica la aplicación indebida e interpretación errónea que la Corte de Apelaciones Seccional de San Pedro Sula, Cortes, hace de la norma sustantiva violada al dictar la sentencia por la que en este acto se recurre. Y además no tomo en cuenta que el Estado de Honduras a través la autoridad nominadora cada año suscribe CONVENIOS DE GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL ENTRE LA SECRETARÍA DE SALUD Y LAS FUNDACIONES entre el Estado de Honduras a través de la Secretaria de Estado en los Despachos de Salud y la FUNDACION HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA a partir del año 2016, en base al decreto número PCM-039-2015 publicado en el Diario Oficial la gaceta el 28 de Septiembre del 2015 entrando en vigencia inmediatamente de su publicación, ordenamiento jurídico que regula el convenio suscrito por el Estado de Honduras y la Fundación en mención, el cual ha sido renovado cada año. LA APRECIACION ERRONEA DE LA PRUEBA LA EXPLICO DE LA SIGUIENTE MANERA: Que la Corte de Apelaciones de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes hace apreciación errónea de MEDIOS DE PRUEBA QUE NO FUE VALORADO es el CONVENIOS DE GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL ENTRE LA SECRETARÍA DE SALUD Y LAS FUNDACIONES entre el Estado de Honduras a través de la Secretaria de Estado en los Despachos de Salud y la FUNDACION HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA a partir del año 2016, en base al decreto número PCM-039-2015 publicado en el Diario Oficial la gaceta el 28 de Septiembre del 2015 entrando en vigencia inmediatamente de su publicación, ordenamiento jurídico que regula el convenio suscrito por el Estado de Honduras y la Fundación en mención, el cual ha sido renovado cada año.- Y que el estado de Honduras a través de la Secretaria de Salud para darle la permanencia a alguien que labora en esta entidad tiene que emitir un ACUERDO DE NOMBRAMIEΝΤΟ por lo que es un acto meramente Administrativo, con regulaciones especiales como ser la Ley de Servicio Civil y su reglamento”. V.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Hace mención a todos los tipos de violación, siendo causales diferentes que debió invocar de forma separada por la independencia de los cargos; b) Señala apreciación errónea sin establecer si fue por error de hecho o de derecho que se dio la violación, así como no hace la relación en conjunto de la prueba erróneamente apreciada; c) Cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica correctamente el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; d) Señala en su explicación artículos violados que no fueron establecidos como norma sustantiva infringida tal es el caso de los artículos 679 del Código de Trabajo y 256 de la Constitución de la Republica; y, e) Realiza alegatos propios de instancia, mismos que en este Recurso extraordinario son inapropiados debido que los argumentos del caso ya fueron evacuados en el momento procesal oportuno. VI.- Por lo anteriormente expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal C, 764, 765, 769, 770, 777, 858 y 865 del Código de Trabajo; 22, 200, 211, 212, 214, 215 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal A del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación interpuesto por el Abogado SAMUEL EDGARDO PACHECO VILLAFRANCA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que, con la certificación de este fallo, se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, quien firma por el Magistrado Coordinador ROY PINEDA CASTRO, conforme al artículo 8 del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de octubre del dos mil veinticuatro; certificación de la sentencia de fecha treinta de enero del dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL557-2022. FIRMA Y SELLO.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ.

SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.