Sentencia CL-516-22 — Registro 18237
Resumen
Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral de primera instancia para el pago de sus prestaciones laborales, derechos adquiridos y salarios adeudados, en virtud de un despido directo e injustificado, pago de salarios dejados de percibir en concepto de indemnización por daños y perjuicios
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: i) se indican como infringidos los artículos “…111 y 113 en su totalidad del Código del Trabajo…” conteniendo el primero numerales y el segundo párrafos y literales con distintas situaciones jurídicas que es necesario precisar para la prosperidad del cargo. ii) en el desarrollo no se demuestra el error evidente y manifiesto. y, iii) se realizan alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario a razón de lo establecido en el artículo 770 del Código de Trabajo. IV.- Por lo señalado en el romano que antecede procede declarar no haber lugar al recurso de mérito, en virtud de lo expuesto por la Recurrente, que asumió con ligereza este recurso extraordinario."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: i) se indican como infringidos los artículos “…111 y 113 en su totalidad del Código del Trabajo…” conteniendo el primero numerales y el segundo párrafos y literales con distintas situaciones jurídicas que es necesario precisar para la prosperidad del cargo. ii) en el desarrollo no se demuestra el error evidente y manifiesto. y, iii) se realizan alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario a razón de lo establecido en el artículo 770 del Código de Trabajo. IV.- Por lo señalado en el romano que antecede procede declarar no haber lugar al recurso de mérito, en virtud de lo expuesto por la Recurrente, que asumió con ligereza este recurso extraordinario."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los dos días del mes de abril del dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 15 de junio del 2023, por la Abogada IVONY JUDITH MELÉNDEZ MARTÍNEZ, en su condición de representante procesal de la señora MARCIA LILIANA MELÉNDEZ ROSALES, en su condición personal y como propietaria de la Clínica Dental W MEDICAL DENT, como recurrente; además, es parte recurrida, la señora NATALY GRISSEL CALIX ZUNIGA, representada en juicio por la Abogada KARLA YADIRA PAREDES ORTEGA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral de primera instancia para el pago de sus prestaciones laborales, derechos adquiridos y salarios adeudados, en virtud de un despido directo e injustificado, pago de salarios dejados de percibir en concepto de indemnización por daños y perjuicios; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha 07 de mayo del 2018, por la señora NATALY GRISSEL CALIX ZUNIGA, mayor de edad, casada, Odontóloga, hondureña y con domicilio en La Ceiba, Departamento de Atlántida, contra la señora MARCIA LILIANA MELÉNDEZ ROSALES, en su condición personal y como propietaria de la Clínica Dental W MEDICAL DENT. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 17 de agosto del 2022, dictada por la Corte Primera de Apelaciones Seccional de La Ceiba, Departamento de Atlántida, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 16 de junio del 2022, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO (1): Declarando CON LUGAR la presente Demanda Ordinaria Laboral de Primera Instancia pidiendo el Emplazamiento del Patrono para que pruebe que tuvo una justa causa para ejercitar la acción de despido; caso contrario se declare injustificada la terminación de la relación laboral y se condene al Patrono a pagar las prestaciones e indemnizaciones laborales y derechos adquiridos que corresponden a la Demandante a la fecha de su despido injustificado; promovida por la Señora NATALY GRISSEL CALIX ZUNIGA; contra la Señora MARCIA LILIANA MELÉNDEZ ROSALES, en su condición personal y como propietaria de la CLÍNICA DENTAL W MEDICAL DENT; ambas de generales expresadas en el preámbulo de la presente sentencia. SEGUNDO (2): En consecuencia, se CONDENA a la Señora MARCIA LILIANA MELÉNDEZ NATALY GRISSEL CALIX ZUNIGA la cantidad de LPS. 66,500.10 (SESSENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON DIEZ CENTAVOS) en concepto de prestaciones e indemnizaciones laborales y derechos adquiridos adeudadas al momento de su despido injustificado, calculadas en base a un salario base promedio mensual de Lps. 45,599.10 y un salario promedio mensual de Lps. 53,198.95; desglosados de la forma siguiente: PREAVISO: Un día: Lps. 1,773.30; AUXILIO DE CESANTÍA PROPORCIONAL: 43 días: Lps. 6,354.54; VACACIONES PROPORCIONALES: 43 días: Lps. 2,118.18; DECIMOTERCER MES PROPORCIONAL: 43 días: Lps. 6,354.54; DECIMOCUARTO MES PROPORCIONAL: 43 días: Lps. 6,354.54; SALARIOS CONVENIDOS ADEUDADOS: Lps. 43,545.00. - TERCERO (3): INDEMNIZAR a la Demandante con el pago de los salarios, aumentos de sueldo, beneficios legales dejados de percibir en ausencia desde su despido y hasta que la presente sentencia alcance firmeza conforme a las normas del derecho procesal. CUARTO (4): SIN COSTAS EN ESTA INSTANCIA”. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su demanda y su ampliación que comenzó a laborar por tiempo indefinido en la clínica dental “W MEDICAL DENT” cuya propietaria es la Doctora Marcia Liliana Meléndez Rosales, quién personalmente la contrató en fecha 02 de enero del 2018 como Odontóloga, con un horario de trabajo así: la primera quincena del mes laboraba con un horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. de lunes a sábado; y como día de descanso el día domingo; y la siguiente quincena en un horario de 1:00 p.m. a 6:00 p.m. de lunes a sábado, siempre descansando el día domingo, y que como retribución pactaron un salario mensual un 30% de cada tratamiento dental realizado a cualquier paciente que fuese atendido en la clínica por su persona; manifestó que se mantenía realizando las labores de forma continua dando el cien por ciento de su desempeño personal, pagándole de forma normal semanalmente conforme al 30% pactado, tan buena su labor que empezó a generar mayor cantidad de pacientes, que en fecha 09 de enero de 2018 atendió por primera vez a la paciente Mary Arias, a quien realizó un tratamiento dental de 19 coronas y y posteriormente realizo a la misma paciente 6 carillas, por la cantidad de L. 143,500.00, que conforme al salario pactado le correspondía como salario por dicho tratamiento la cantidad de L. 43,050.00 que equivalía al 30%. Igualmente manifestó, que en fechas 24 y 30 de enero, 7 y 13 de febrero del 2018 recibió pagos de la demandada, pero en ningún momento se le incluyó la cantidad de Lps. 43,050.00, correspondiente al porcentaje por el tratamiento realizado a la paciente Mary Arias, quedando pendiente de pago L. 495.00 por otro tratamiento, haciendo un total a deber de L. 43,545.00, cantidad que procedió a reclamar a la demandada, quien le manifestó que le pagaría posteriormente, por lo que continuó normalmente con sus labores; sin embargo al no recibir el pago solicitado después de cierto tiempo volvió a solicitarlo nuevamente, contestándole la demandada de forma grosera a través de mensaje de texto por whatsapp que ella no tenía nada que ver con sus problemas económicos y sin razón alguna en fecha 14 de Febrero de 2018 le notificó por la misma vía que ya no regresara a la clínica y que el Gerente ya estaba entendido de ello. Que, conforme al trabajo realizado y la forma de salario convenido, el salario promedio mensual devengado era de Lps. 45,599.10, que se obtiene como resultado de los días trabajados; para lo cual adjunto un cuadro del detalle de los pacientes atendidos y el pago recibido en concepto de salario convenido por cada uno. Asimismo manifestó que de conformidad a los artículos 19 y 20 del Código del Trabajo se mantuvo como empleada de la clínica, realizando el trabajo de forma personal directa, en el lugar indicada por la patrona, manteniéndose bajo subordinación y dependencia de la misma en cumplimiento de las labores indicadas, en el lugar especificado y bajo la modalidad de trabajo permanente, así como el salario que fue impuesto por la demandada, quien de forma verbal lo pactaron, atendiendo de forma continua e indefinida y siendo imputable la inexistencia del contrato por escrito. 2.- La parte demandada, la señora MARCIA LILIANA MELÉNDEZ ROSALES, en su condición personal y como propietaria de la Clínica Dental W MEDICAL DENT, contestó dicha demanda, rechazando las pretensiones de la demandante, alegando que lo aseverado por la demandante está alejado de la verdad y que será en juicio que deberá probar lo aseverado. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha 16 de junio del 2022, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO (1): Declarando CON LUGAR la presente Demanda Ordinaria Laboral de Primera Instancia pidiendo el Emplazamiento del Patrono para que pruebe que tuvo una justa causa para ejercitar la acción de despido; caso contrario se declare injustificada la terminación de la relación laboral y se condene al Patrono a pagar las prestaciones e indemnizaciones laborales y derechos adquiridos que corresponden a la Demandante a la fecha de su despido injustificado; promovida por la Señora NATALY GRISSEL CALIX ZUNIGA; contra la Señora MARCIA LILIANA MELÉNDEZ ROSALES, en su condición personal y como propietaria de la CLÍNICA DENTAL W MEDICAL DENT; ambas de generales expresadas en el preámbulo de la presente sentencia. SEGUNDO (2): En consecuencia, se CONDENA a la Señora MARCIA LILIANA MELÉNDEZ NATALY GRISSEL CALIX ZUNIGA la cantidad de LPS. 66,500.10 (SESSENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON DIEZ CENTAVOS) en concepto de prestaciones e indemnizaciones laborales y derechos adquiridos adeudadas al momento de su despido injustificado, calculadas en base a un salario base promedio mensual de Lps. 45,599.10 y un salario promedio mensual de Lps. 53,198.95; desglosados de la forma siguiente: PREAVISO: Un día: Lps. 1,773.30; AUXILIO DE CESANTÍA PROPORCIONAL: 43 días: Lps. 6,354.54; VACACIONES PROPORCIONALES: 43 días: Lps. 2,118.18; DECIMOTERCER MES PROPORCIONAL: 43 días: Lps. 6,354.54; DECIMOCUARTO MES PROPORCIONAL: 43 días: Lps. 6,354.54; SALARIOS CONVENIDOS ADEUDADOS: Lps. 43,545.00. - TERCERO (3): INDEMNIZAR a la Demandante con el pago de los salarios, aumentos de sueldo, beneficios legales dejados de percibir en ausencia desde su despido y hasta que la presente sentencia alcance firmeza conforme a las normas del derecho procesal. CUARTO (4): SIN COSTAS EN ESTA INSTANCIA”. Bajo el criterio que, en el caso de autos, la parte demandada al dar contestación a la demanda promovida en su contra lo hace de manera vaga, pues, aunque la rechaza en su totalidad, no expone los hechos y fundamentos en que apoya su defensa, incumpliendo con ello la obligación procesal que le impone el artículo 709 del Código del Trabajo. Que según señala la Constitución de la República en su artículo 128 y el Código del Trabajo en su artículo 2, las leyes que regulan las relaciones entre el capital y el trabajo son de orden público, lo que indica el rango constitucional que tienen los derechos laborales y los principios que informan el derecho del trabajo, en especial el de la primacía de la realidad, vistos aquellos y éstos desde la perspectiva de los derechos humanos, según lo ha señala la Sala de Lo Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la Pagina 5 de la Circular 1-2014 de fecha 05 de Junio de 2014. Que los artículos 129 de la Constitución de la República y 113 del Código del Trabajo, contienen lo que la Organización Internacional del Trabajo define como el PRINCIPIO DEL DERECHO DEL RECURSO O PRINCIPIO DE REVISIÓN JUDICIAL, según el cual los Tribunales y órganos que conozcan los reclamos de los trabajadores que consideren injustificada la terminación de sus contratos de trabajo, están facultados para examinar las causas invocadas para justificar la terminación de la relación de trabajo y todas las demás circunstancias relacionadas con el caso y para pronunciarse sobre la justificación de la terminación, estando facultados también tales organismos si llegasen a la conclusión de que la terminación de la relación de trabajo fue injustificada, para ordenar que el trabajador interesado, de no ser reintegrado en su empleo, pagándole, cuando proceda, el salario no percibido, reciba una indemnización adecuada, o bien una reparación de otro género, o bien una combinación de ambas. En el caso de la demandante el despido que le fue notificado en fecha 14 de febrero de 2018 no se funda en ninguna justa causa de las que señala la ley, sin haber ofrecido el patrono demandado prueba alguna que demuestre que la trabajadora accionante se encontraba en período de prueba dado que el mismo debe constar por escrito, por lo que la ruptura resulta injustificada. Que el Principio de estabilidad laboral contenido en el artículo 129 de la Constitución de la República impone que el contrato de trabajo deba ser de duración continua e indeterminada como figura tipo de la relación laboral y exige que durante toda su vigencia se asegure al trabajador una adecuada protección contra el despido injustificado, de modo tal que éste tiene derecho a conservar el empleo mientras no se verifiquen circunstancias imputables a él que justifiquen su exclusión (Ver puntos 5.1 y 5.5 de las Páginas 10 y 11 del Manual Procesal Laboral emitido por la Corte Suprema de Justicia); señalando a su vez la página 3 de la Circular 1-2014 de la Sesión del Pleno de la Sala Laboral Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, celebrada en fecha 13 de Mayo de 2014 y que contiene la Unificación de Criterios judiciales en Materia Laboral que: "La estabilidad laboral tiene su fundamento en la Constitución de la República y se sustenta en el hecho de que mientras persista la materia del empleo deberá mantenerse la continuidad en el mismo y, por ello, solo en casos particulares la duración del contrato de trabajo puede ser temporal. La regla general es que la relación laboral sea permanente y la excepción es que sea temporal. El contrato de trabajo por tiempo limitado requiere la existencia de causas objetivas que le justifiquen, ya que su concertación no puede basarse en la simple decisión de las partes; por tal razón, la temporalidad de la relación debe ser demostrada por el empleador"; demostración que no se dio en el caso de autos, en el que la parte demandada no ofreció ningún medio probatorio dirigido a demostrar la temporalidad o transitoriedad de la relación laboral que lo vinculaba la demandante o que se había concertado con ella un período de prueba por escrito, teniendo presente el artículo 127 de la Constitución de la República contempla el derecho de toda persona al trabajo y a ser protegido contra el desempleo. Que el artículo 47 del Código del Trabajo señala que las labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas dentro de la empresa se considerarán como celebrados por tiempo indefinido, exigiendo el artículo 50 del mismo Código que el período de prueba del contrato de trabajo debe ser estilado por escrito y en caso contrario, los servicios se entienden regulados por las normas generales del contrato de trabajo, es decir que dentro de dichas normas generales se entiende que es de naturaleza indefinida, razón por la cual la demandante no podía ser despedida sin causa de un trabajo que aunque tuviese poca antigüedad, no había contrato escrito, las labores eran permanentes dentro de la clínica donde se prestaban los servicios y no se estipuló período de prueba por escrito. 4.- La Corte Primera de Apelaciones Seccional de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha 17 de agosto del 2022, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo; bajo el criterio que, la parte actora acepta en sus alegaciones de esta instancia que la demandante fue contratada verbalmente por su representada, no existió la estipulación escrita de manera que en este recurso no hay discusión sobre ese tema, como tampoco hay discusión que doña Nataly Cálix Zuniga al momento del despido tenía 43 días de laborar para la demandada, sin embargo, la combinación de ambos hechos trae confusión al apelante en cuanto a un tema puntual: el período de prueba, y es así que en sus alegatos cita convenientemente algunos artículos del Código del Trabajo (CT en las siguientes citas) que regulan esta figura, y decimos convenientemente pues omitió citar el articulo 50 CT que dice: "El período de prueba debe ser estipulado por escrito, y en caso contrario, los servicios se entienden regulados por las normas generales del contrato de trabajo. En el contrato de trabajo de los servidores domésticos, se presume como período de prueba los primeros quince (15) días de servicio." De ese artículo extraemos 3 puntos: a) Debe ser estipulado o pactado por las partes, sobre ese aspecto y por lo actuado en el juicio vemos que las partes contratantes no se ocuparon de este tema como pudo ser el tiempo de duración (no mayor a 60 días) o prórrogas, b) debe constar por escrito, al ser el contrato de trabajo verbal que reguló las relaciones laborales entre las partes, pues no se estipuló por escrito y, c) al no existir, los servicios se regulan por las normas generales del contrato de trabajo, y según la sentencia SL del 18 de enero del 2018, expediente CL 376-18 explica así: "lo cual implica, que para la existencia de dicho periodo debe estar pactado el mismo o contenido en las disposiciones del reglamento interno de trabajo de la empresa o establecimiento respectivo, ya que de conformidad con el artículo 90 del citado Código, el reglamento hace parte del contrato individual de trabajo de cada uno de los trabajadores del respectivo patrono", dicho lo anterior concluimos que el periodo de prueba no existió entre las partes contratantes por lo que al ponerle fin a la relación de trabajo o al contrato de trabajo en esos 43 días, por una de las partes contratantes, en este caso el patrono, sin tener una justa causa debe pagar al trabajador las prestaciones laborales e indemnizaciones a que tenga derecho. La demanda que dio inicio a este juicio se pide el emplazamiento a la demandada para que pruebe o acredite la justa causa del despido y de no resultar probada la justa causa la demandada debe pagar los conceptos de prestaciones laborales e indemnizaciones a que tenga derecho, el pago de salarios adeudados y otros beneficios reclamados, por lo que le correspondía al demandado demostrar a través de los medios de prueba que la ley pone a su disposición que si tuvo motivos legales para despedir a su empleada, que la demandante no realizó el trabajo dental a la señora Mary Arias y además que no debe ninguna cantidad dineraria reclamada por concepto de salarios o beneficios que pudieran favorecer a la demandante, así que preguntarse porque no se hicieron o evacuaron algunos medios de prueba, la respuesta la tiene el propio apelante partiendo del hecho que la carga de la prueba le correspondía y solo él sabrá porque no oferto los medios de prueba por los cuales ahora se pregunta. En cuanto al documento titulado Historial Clínico refieren los procedimientos realizados en la paciente Mary Arias y el médico tratante, así como un estimado del valor del tratamiento, sin embargo, en este documento las firmas que aparecen y que se supone son del médico tratante no están asociadas con el correspondiente sello que lo identifique como tal, ninguna persona se responsabiliza del contenido de ese documento, por lo que no se acreditó que el trabajo lo realizó otro médico. Por las razones antes expuestas es procedente declarar no ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva de fecha 16 de junio del año 2022. 5.- Mediante auto de fecha 31 de octubre del 2022, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada IVONY JUDITH MELÉNDEZ MARTÍNEZ, en su condición de representante procesal de la señora MARCIA LILIANA MELÉNDEZ ROSALES, en su condición personal y como propietaria de la Clínica Dental W MEDICAL DENT, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones Seccional de La Ceiba, Departamento de Atlántida, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 15 de junio del 2023, compareció ante este Tribunal la Abogada IVONY JUDITH MELÉNDEZ MARTÍNEZ, en su condición de representante procesal de la señora MARCIA LILIANA MELÉNDEZ ROSALES, en su condición personal y como propietaria de la Clínica Dental W MEDICAL DENT, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 04 de septiembre del 2023, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 27 de noviembre del 2023, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada KARLA YADIRA PAREDES ORTEGA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida; en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado ROY PINEDA CASTRO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que la Abogada IVONY JUDITH MELÉNDEZ MARTÍNEZ, en lo expuesto alega: “Acusó a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley sustantiva de orden nacional y de índole laboral, por infracción indirecta por la apreciación errónea del medio de prueba documental admitido a ambas partes, que adelante se singularizan en a la demás prueba en su conjunto, y que hizo incurrir en error de hecho que aparece relación manifiesto en los autos, y que llevó en forma indirecta a la Corte Sentenciadora a la violación del artículo 111 y 113 en su totalidad del Código del Trabajo. SE SINGULARIZA LA PRUEBA DEJADA DE APRECIAR. La prueba dejada de apreciar es la DOCUMENTAL que obra a folios 59,60, de la primera pieza de autos, consistente en: Historial Clínico de la paciente Mary Irías, en donde se demuestra que es otro odontólogo que le está realizando el trabajo a dicha paciente. Así como la prueba Documental, que obra a folios del 68 al 83 de la primera pieza de autos, consistente en certificación de perito, donde se constató que no se le debe ningún concepto a la demandante. NORMAS PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACIÓN DE LAS SUSTANTIVAS. Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las sustantivas, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765, ordinal 1 párrafo segundo del Código de Trabajo. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN. La Corte sentenciadora, manifiestamente incurrió en error de hecho, al apreciar erróneamente los medios de prueba señalados anteriormente y evacuados en su oportunidad, en relación a la demás medios de prueba en su conjunto, ya que si bien es cierto, el Juzgador no está sujeto a la tarifa legal de las pruebas, sino que forma libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la sana critica de la prueba, tal y como está consagrado en el artículo 739 del Código de Trabajo, ésta disposición no impide de manera alguna que el Tribunal, se coloque en una posición de profundo análisis para poder llegar a la verdad de los hechos e impartir justicia aplicando la Ley, por lo que deviene obligado a efectuar la apreciación de las pruebas en su conjunto, es decir ello es una obligación ineludible. En el caso particular si se hubiesen apreciado correctamente por el Tribunal recurrido los medios de prueba señalados, se hubiese declarado SIN LUGAR, la demanda, ya que se puede apreciar que la relación era de carácter mercantil, no hubo un despido, lo que ocurrió es que llego a su fin el mismo sin ninguna responsabilidad para las partes”. III.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: i) se indican como infringidos los artículos “…111 y 113 en su totalidad del Código del Trabajo…” conteniendo el primero numerales y el segundo párrafos y literales con distintas situaciones jurídicas que es necesario precisar para la prosperidad del cargo. ii) en el desarrollo no se demuestra el error evidente y manifiesto. y, iii) se realizan alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario a razón de lo establecido en el artículo 770 del Código de Trabajo. IV.- Por lo señalado en el romano que antecede procede declarar no haber lugar al recurso de mérito, en virtud de lo expuesto por la Recurrente, que asumió con ligereza este recurso extraordinario. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 770, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación formulado en lo expuesto por la Recurrente, en el recurso de mérito. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado Roy Pineda Castro. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, COORDINADORA. ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO quien firma por el Magistrado ROY PINEDA CASTRO, conforme al artículo 8 del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de octubre del dos mil veinticuatro; certificación de la sentencia de fecha dos de abril del dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL516-2022. FIRMA Y SELLO.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ.
SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.