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Sentencia CL-480-22 — Registro 17995

Resumen

La trabajadora demandó a la empresa exigiendo su reintegro laboral y salarios caídos, argumentando que sufrió un despido injustificado durante una suspensión por la pandemia del COVID-19, teniendo una lesión de hombro diagnosticada por el Seguro Social. La empresa alegó que la terminación se debió a un reajuste de personal pactado con el sindicato y que la afección física de la empleada le impedía seguir laborando; sin embargo, el Juzgado declaró con lugar la demanda y ordenó su reintegro y el pago de sueldos no percibidos, argumentando que la enfermedad no justificaba el despido y que el patrono debió reubicarla. En segunda instancia, la empresa apeló el fallo, pero este tribunal confirmó íntegramente la sentencia a favor de la trabajadora. La Corte consideró que la empresa no acreditó con pruebas documentales las pérdidas económicas que justificaran el reajuste, ni respetó la antigüedad laboral de la empleada. Finalmente, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia resolvió el recurso de casación interpuesto por la empresa, declaró “No Ha Lugar” el recurso por carecer de sustento legal los motivos alegados, dejando firme la obligación de la empresa de reinstalar a la trabajadora y pagarle los salarios caídos.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

...´´Que acorde a lo dispuesto en los artículos 764, 765 y 769 del Código del Trabajo, la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible...´´

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 764 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 764 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

...´´Que acorde a lo dispuesto en los artículos 764, 765 y 769 del Código del Trabajo, la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible...´´

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

...´´Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) los artículos 95 inciso 19 y 111 numeral 1 del Código del Trabajo, señalados como violados directamente, si bien tienen el carácter sustantivo exigido en este extraordinario recurso, los mismos regulan situaciones jurídicas que no tienen incidencia en la decisión final objeto del recurso; b) olvida el Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley; y, c) formula alegatos de instancia inoportunos en este extraordinario recurso...´´

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

...´´Que acorde a lo dispuesto en los artículos 764, 765 y 769 del Código del Trabajo, la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible...´´

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 764 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

...´´Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) los artículos 95 inciso 19 y 111 numeral 1 del Código del Trabajo, señalados como violados directamente, si bien tienen el carácter sustantivo exigido en este extraordinario recurso, los mismos regulan situaciones jurídicas que no tienen incidencia en la decisión final objeto del recurso; b) olvida el Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley; y, c) formula alegatos de instancia inoportunos en este extraordinario recurso...´´

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

...´´Que acorde a lo dispuesto en los artículos 764, 765 y 769 del Código del Trabajo, la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible...´´

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 764 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

...´´Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) los artículos 95 inciso 19 y 111 numeral 1 del Código del Trabajo, señalados como violados directamente, si bien tienen el carácter sustantivo exigido en este extraordinario recurso, los mismos regulan situaciones jurídicas que no tienen incidencia en la decisión final objeto del recurso; b) olvida el Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley; y, c) formula alegatos de instancia inoportunos en este extraordinario recurso...´´

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

...´´Que acorde a lo dispuesto en los artículos 764, 765 y 769 del Código del Trabajo, la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible...´´

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 764 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

...´´Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) los artículos 95 inciso 19 y 111 numeral 1 del Código del Trabajo, señalados como violados directamente, si bien tienen el carácter sustantivo exigido en este extraordinario recurso, los mismos regulan situaciones jurídicas que no tienen incidencia en la decisión final objeto del recurso; b) olvida el Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley; y, c) formula alegatos de instancia inoportunos en este extraordinario recurso...´´

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los trece días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 16 de mayo del 2023, por la Abogada SUYAPA WALESKA CASTRO RÁPALO, mayor de edad, soltera, hondureña y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil denominada DELTA APPAREL HONDURAS, S.A., como recurrente; además, es parte recurrida, la señora MERCEDES CÁCERES SANTOS, representada en juicio por la Abogada CONCEPCIÓN SUAZO SUAZO. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral de primera instancia reclamando reintegro en iguales o mejores condiciones, pago de salarios caídos, costas; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula Departamento de Cortés, en fecha 07 de diciembre del 2020, por la señora MERCEDES CÁCERES SANTOS, mayor de edad, Operaria de maquila, hondureña y con domicilio en Villanueva, Departamento de Cortés, contra la sociedad DELTA APPAREL HONDURAS, S.A., a través de su representante legal el señor JOSUE MOISÉS MARADIAGA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 05 de agosto del 2022, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 09 de junio del 2022, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA RECLAMANDO REINTEGRO EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES, PAGO DE SALARIOS CAÍDOS QUE POR LEY CORRESPONDEN. Promovida por la señora MERCEDES CÁCERES SANTOS, mayor de edad, hondureña, con número de identidad 1503-1972-00584. Contra la empresa mercantil denominada DELTA APPAREL HONDURAS S.A. a través de su representante legal la señora MARTHA M. WATSON. SEGUNDO: EN CONSECUENCIA, SE CONDENA a empresa mercantil denominada DELTA APPAREL HONDURAS S.A. a través de su representante legal, que proceda A REINTEGRAR a la trabajadora MERCEDES CÁCERES SANTOS a su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones a las que tenía al momento de la terminación de la relación laboral. Más los salarios dejados de percibir, desde la fecha en que se produjo el despido hasta que se haga efectiva la reinstalación en su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones. TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia dado el principio de gratuidad y el carácter social de las normas del trabajo…”. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que inició a laborar el 18 de mayo del 2006, desempeñándose como Operaria, primeramente, en la actividad laboral de ruedo de faldón, en un horario laboral lunes a jueves de 7:15 a.m. a 4:30 p.m. y los viernes de 7:15 a.m. a 3:30 p.m. devengaba a la fecha del despido un salario promedio semanal de L.1,900.00; que debido a la pandemia del Covid-19, y a la suspensión de las garantías constitucionales mediante decreto 21- 2020 emitido en fecha 15 de marzo del 2020, fueron suspendidos de sus trabajos el 16 de marzo del 2020, mediante notificación por los parlantes de la empresa y que las dos primeras semanas les pagaron acreditando esos pagos a días feriados y de vacaciones, lo cual no era legal, luego en fecha 13 de abril del 2020 mandaron un comunicado a todo el personal donde les notificaban una suspensión por 120 días, y en fecha 12 de agosto del 2020, nuevamente enviaron un comunicado a todo el personal que se prorrogaba la suspensión por otros dos meses, en dicho comunicado no hacían ninguna excepción de trabajadores que no entraran en dicha suspensión, ya que fue dado a conocer a todo el personal. manifestó que el 20 de agosto del 2020, sorpresivamente fue despedida de la empresa, argumentando en la nota emitida al efecto que dicho despido lo fundamentan en lo que al efecto dispone el artículo 95 numeral 19 del Código del Trabajo y clausula número 3 del contrato colectivo, relacionado con reajustes de personal, agregando además que el motivo del despido era que la empresa estaba realizando cambios en el Sistema Operativo por los efectos derivados de la pandemia COVID-19 y el puesto que desempeñaba seria cancelado, arguyó que la rebaja de personal no es causa justificada de terminación de contrato y en tal virtud es que, hizo uso del artículo 110 del Código de Trabajo, en el cual se estipula que cuando el despido injustificado tenga efecto, el trabajador tiene el derecho de escoger entre las prestaciones y el reintegro a sus labores, reintegro que es el que se solicitó mediante la presente demanda; que posteriormente al despido le fue entregado, un Dictamen de calificación con registro en el IHSS numero CTRP-SPS-4872-2020 dictaminándole el síndrome del maguito rotatorio (síndrome de hombro doloroso izquierdo secundario a tendinitis del musculo supraespinoso e infraespinoso) como consecuencia de enfermedad profesional, presentando una pérdida de capacidad funcional del treinta y uno por ciento (31%); y que le ofrecieron el pago de sus prestaciones sociales y derechos adquiridos, pero la dejan enferma y sin seguro social, lo que constituye un problema para su persona, siendo una grave violación de sus derechos por parte del patrono, porque la enfermedad que padece la adquirió trabajando para dicha empresa, no basta con ofrecerle las prestaciones y dejarle desprotegida, sin seguro social para poder atender sus dolencias, que fueron causadas por el trabajo que desempeñaba; que con tal proceder se está violentando la ley de género, el derecho al trabajo, a la estabilidad laboral, el derecho a la seguridad social, derecho a la dignidad; violenta el artículo 9 del pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales del cual Honduras forma parte, mismo que reconoce el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social y el artículo 11.1 de la CEDAW, y el artículo 7 del protocolo de San Salvador que contempla el derecho a la estabilidad laboral de los trabajadores en sus empleos. Manifestó además que al momento de suceder el despido estaba suspendida por la empresa, por lo que consideró que el despido además de injusto es ilegal, ya que no podían despedirle dado que la relación de trabajo estaba en suspenso debido a la Pandemia Covid-19, sino que siguiendo lo que la ley establece tenían que esperar hasta que concluyera la suspensión para efectuar el despido en base a causas justas, y no injustas como sucede en el presente caso. 2.- La parte demandada, la sociedad DELTA APPAREL HONDURAS S.A., contestó dicha demanda, rechazando las pretensiones de la demandante, alegando en su defensa que la demandada, como casi todas las empresas del país se vio afectada grandemente por la pandemia del COVID 19, lo cual es de público conocimiento, en el caso de la demandada esta empresa vende camisetas al mercado de Estados Unidos de América principalmente, al cerrarse esa economía y no ser productos de primera necesidad, los clientes cancelaron pedidos y otros clientes no pudieron honrar los pagos pendientes por producto ya entregado que incluso pretendían devolver. Que al inicio del cierre de la economía decretada por el gobierno a partir del 16 de marzo del 2020, hizo todo los posible por no suspender a los trabajadores haciendo acuerdos con el Sindicato para adelantar vacaciones y feriados a través de los cuales los trabajadores pudieron mantener sus salarios un mes más (lo cual ahora lo presenta la actora como una violación a sus derechos), estos acuerdos se realizaron según recomendaciones hechas por la Secretaria del Trabajo, ahora después de un mes y ante la falta de pedidos y ventas fue imposible seguir manteniendo esa situación y se suspendieron todos los contratos de trabajo de la empresa el 13 de abril del 2020 por 120 días, esta suspensión finalizó para alguna parte del personal incluida la actora el 19 de agosto del 2020, y el 20 de agosto del 2020 que ella se presentó a la empresa se le notificó la terminación de su contrato de trabajo debido a que las consecuencias económicas de la pandemia del Covid 19 obligaron a la empresa a reducir su personal en más de 400 puestos de trabajo para poder seguir operando ante la baja de pedidos que provoca la nueva realidad económica. Es evidente la falsedad de lo aseverado en la demanda, pues alegó que estaba suspendida el 20 de agosto del 2020, cuando ella misma se presentó a laborar el día que le correspondía y al notificársele su terminación laboral, incluso firmo de recibido tal nota y ahí mismo se negó a aceptar las prestaciones e indemnizaciones sociales que al 100% se le ofrecieron mediante cheque # 00004320 librado contra Banco Ficohsa, lo cual acreditará en juicio; por lo cual si la demandante no hubiese sido convocada a la empresa no habría llegado a laborar, es imposible que la actora se confundiera por la comunicación de prórroga de la suspensión que se emitió, pues si hubiese pensado que seguía suspendida no habría tomado el transporte contratado que brindaba la empresa en ese momento (ante la ausencia del transporte público) si no supiese previamente que debía asistir a la empresa. Recalcó que la demandada se vio obligada a realizar una profunda restructuración administrativa y reducir su personal en una tercera parte o un treinta y tres por ciento (33%) (de 1,200 a 800 aproximadamente) situación que no era imputable, ni conveniente para ninguna empresa para lo cual la empresa siguió al pie de la letra el procedimiento establecido en la cláusula 3 del Tercer Contrato Colectivo vigente en la empresa, para lo cual se consensuo con el Sindicato de la empresa (SITRADAHSA) en reunión llevaba a cabo el 30 de julio del 2020, vía teleconferencia, donde se acordó la forma como la organización sindical verificaría el cumplimiento de la cláusula 3 del Contrato Colectivo para estar seguros que no hubiese violación alguna a esa cláusula, ni del artículo 95 numeral 19) del Código del Trabajo, y verificado ese punto se procedió en fecha 20 de agosto de 2020 a comunicar a la demandante y a los demás afectados mediante nota escrita la decisión tomada de dar por terminada la relación de trabajo fundamentándose en el artículo 95 numeral 19) del Código del Trabajo y la Cláusula 3 del Contrato Colectivo vigente en relación al reajuste de personal; como se pudo ver la demandada siguió los procedimientos y parámetros establecidos en el contrato colectivo (clausula 3) al tenor de lo prescrito en el artículo 95 numeral 19) del Código del Trabajo, por lo cual cumplió con la ley y la negociación colectiva y constituye una causa de terminación de la relación laboral que genera al patrono la obligación de pagar las indemnizaciones sociales establecidas en los artículos 116 y 120 del Código del Trabajo y derechos adquiridos por ley, como efectivamente se le ofreció a la demandante y que la misma lo reconoce en el hecho Sexto de su demanda, entendemos su situación personal pero las finanzas de la empresa como ya dijo no le permiten seguir manteniendo la cantidad de empleados que tenía antes de la pandemia, pues caso contrario cerraría sus puertas dejando no solo a la actora sin trabajo sino también a otras 800 personas que actualmente viven de esa fuente de empleo; y que la empresa se ciñó a los criterios establecidos en la cláusula 3 del contrato colectivo vigente y en el primer criterio solo se valoró si la persona tenía alguna inhabilidad que le imposibilitara realizar su trabajo o no, sin tomar en cuenta si tenía un dictamen de reubicación laboral o no, sino tomando solo en cuenta si el trabajador(a) podía desempeñar su labor sin afectar su salud, pues caso contrario "imposibilita la continuidad de la relación de trabajo con la empresa" como es el caso de la demandante. que la legalidad de la causa o motivo de la terminación de la relación laboral invocada por la demandada fue confrontada judicialmente en muchas oportunidades, llegando hasta la instancia de la Corte Suprema de Justicia, la cual ha definido un criterio jurisprudencial al respecto, según las sentencias dictadas en expedientes S.L. 105-2009, 239-2012, 293-2012 y CL 09-2017); establecido en el fallo de casación laboral CL-326-17, donde claramente se estableció que lo actuando en ese caso por la demandada se ha hecho de acuerdo a la ley, al contrato colectivo y a la línea jurisprudencial establecida por la sala de la laboral de la Corte Suprema de Justicia, por ende la terminación laboral que sufrió la actora no puede ser considerada ilegal. Que la parte actora argumenta que se tergiversaron los derechos que la Constitución y el Código del Trabajo (Art.3) le otorgan en esa terminación de contrato de trabajo de que fue objeto, pero aclaró que el criterio jurisprudencial de la Sala de lo Laboral de Corte Suprema de Justicia ya regula ese tema en su fallo del expediente CL-105-06 que en la parte conducente dice: "CONSIDERANDO: Que el artículo 129 de la Constitución de la República preceptúa: "La Ley garantiza la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones, y las justas causas de separación. Cuando el despido injustificado surta efecto y firme que sea la sentencia condenatoria respectiva, el trabajador, tendrá derecho a su elección, a una remuneración en concepto de salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios, y a las indemnizaciones legales y convencionalmente previstas; o, a que se le reintegre al trabajo con el reconocimiento de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios", no obstante esa garantía no encuentra cabida en el caso sub-judice en tanto que no se ha producido un despido sino que la terminación de la relación laboral tiene su génesis en un reajuste en el que de común acuerdo convinieron tanto la empresa como el sindicato de la misma, actuando éste como representante de los trabajadores, al suscribir el VII Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo quedando plasmado éste en la Cláusula 42, sin más prescripciones que a las previstas en ella, y aunque las cláusulas 1, 3, 4, 5 y 41 contienen obligaciones de las partes, estas resultan ajenas a este caso habida cuenta que las mismas son aplicables estando en vigencia la relación laboral para dirimir los conflictos que se originen, al contrario de lo que ha ocurrido en el presente caso que desde el momento que se produce la terminación del contrato de trabajo éste conflicto se dirime conforme la legislación ordinaria quedándole expeditas las acciones que les corresponden a aquellos que se consideran perjudicados con la decisión tomada por el empleador, por lo que este Tribunal no puede acoger el reclamo de los trabajadores demandantes. Que la actora según los registros de la empresa tenía un dictamen de reubicación laboral #CTRP-SPS-293-19 por el padecimiento "Síndrome de hombro doloroso izquierdo secundario a tendinitis del supra espinoso e infra espinoso" donde la Comisión Técnica de Riesgos Profesionales del IHSS recomendó: "1.-No realizar movimientos REPETITIVOS de flexión, extensión, rotación, aducción y es y/o abducción de hombros; 2.- No permanecer en posturas forzadas y prolongadas, por tiempo superior a 40 minutos, de flexión, extensión, rotación, aducción y/o abducción de hombros; de cuello; 3.- No levantar frontal ni lateralmente los miembros superiores por encima del nivel de los hombros de manera frecuente; 4. No cargar, halar o empujar pesos superiores de 5 libras, de manera frecuente; entre otros", por lo tanto era evidente que con ese dictamen y recomendaciones era difícil encontrar en una empresa maquiladora una posición de trabajo donde no existan movimientos repetitivos, y como la comisión técnica de riesgos profesionales del IHSS solo dictamina pero no analiza, ni recomienda o establece en qué posición debe reubicarse al empleado, el médico de la planta estaba en proceso de evaluarla para ver qué operación podía reubicarla, cuando vino la pandemia e inicio la suspensión laboral. Que la demandante tenía una pérdida de la capacidad funcional de un treinta y un por ciento (31%), era evidente que la actora presentara una inhabilidad que le imposibilitara la continuidad de la relación de trabajo con la empresa, y este fue uno de los criterios en la cláusula de reajuste de personal según el contrato colectivo vigente en su cláusula tres (3). 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula Departamento de Cortés, en fecha 09 de junio del 2022, dictó sentencia declarando con lugar la demanda, promovida por la señora MERCEDES CÁCERES SANTOS, contra la empresa mercantil denominada DELTA APPAREL HONDURAS S.A. a través de su representante legal la señora MARTHA M. WATSON; condenó a la empresa demandada a que proceda a reintegrar a la trabajadora demandante a su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones a las que tenía al momento de la terminación de la relación laboral; más los salarios dejados de percibir, desde la fecha en que se produjo el despido hasta que se haga efectiva la reinstalación en su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones, sin costas; bajo el criterio que, que la terminación basada por pandemia no constituye causa justa de terminación si la empresa no ha garantizado el mantenimiento de la relación laboral, se quebrantó la estabilidad laboral, así mismo a la demandante no se le respetó el procedimiento establecido por el artículo 95 numeral 19 del Código del Trabajo y el Contrato Colectivo en su cláusula aplicada porque no le consideraron circunstancias que a ella en particular la refuerza su estabilidad laboral ya que se encuentra enferma, de manera que por el hecho que el sindicato haya participado en este procedimiento a través de vía teleconferencia eso no permite sostener por ello que la terminación ya sea legal y justa, ya que no basta ni es suficiente tal aceptación, el sindicato si bien reviso listados del personal que sería reajustado, tal acto no garantizo una adecuada tutela de la trabajadora porque la lista por sí misma sin ser confrontada con toda la información de un expediente personal o sin ser escuchado la trabajadora no permite valorar si ella tiene una causa de protección que refuerza su continuidad en el cargo y que deba ser considerada más allá de lo que plantea el contrato colectivo, entonces ha resultado insuficiente lo pactado entre empresa y sindicato para cumplir con las exigencias del artículo 95 numeral 19 del Código del Trabajo, y si bien tal disposición remite al contrato colectivo, este debe ser respetuoso de un procedimiento garante de la estabilidad laboral, de manera que lo afirmado por la patronal en que porque se evidencia una inhabilidad de la demandante y que por ello conforme la cláusula 3 del Contrato Colectivo se le podía despedir no es un hecho valedero, puesto que si ella se encuentra con una enfermedad, con un dictamen de reubicación y con necesidad de tutela a la seguridad social a ella no le puede despedir por circunstancias imputables a la patronal, ya que su enfermedad ha derivado por desempeñar su actividad. También resulta evidente que la trabajadora no debía entrar en tales reajustes por restructuración ya que tiene una antigüedad laboral considerable y tiene a su favor un dictamen de reubicación laboral emitido por la autoridad competente en fecha 11 de diciembre del año 2019, en el que la Comisión Técnica de Riesgos Profesionales del Instituto Hondureño de Seguridad Social le diagnóstico: "Síndrome de Hombro Doloroso Izquierdo Secundario A Tendinitis del Supraespinoso e Infraespinoso, recomendando: "1. No realizar movimientos repetitivos de flexión, extensión, rotación, aducción y abducción de hombros. 2. No permanecer en posturas forzadas y prolongadas, por tiempo superior a 40 minutos, de flexión, extensión, rotación, aducción, y abducción de hombros. 3. No levantar frontal ni lateralmente los miembros superiores por encima del nivel de los hombros, de manera frecuente. 4. No cargar, halar o empujar pesos superiores a 5 libras, de manera frecuente. 5. Realizar ejercicios de relajamiento muscular de hombros durante 10 minutos cada 2 horas. 6. Continuar con médico tratante"., verificándose que estas recomendaciones son para garantizar su actividad y protección de la salud, y en específico en su numeral 6 se enlista, "Continuar con médico tratante". Lo anterior a fin de garantizarle su derecho a la salud mediante el acceso y cobertura a la seguridad social, y no por ello significa que se encuentra en inhabilidad e imposibilidad para continuar la relación de trabajo, ya que es obligación de la patronal reubicarla en un puesto que cumpla con lo que el dictamen ha concluido y recomendado, todo a fin de no lesionarle la estabilidad laboral que ahora se refuerza en su garantía de protección, de tal suerte que la situación médica de la demandante no puede ser desconocida o no valorada por la patronal, de manera que la empresa no debía enlistarla en el proceso de restructuración, y tampoco la terminación se justifica con el ofrecimiento de prestaciones sociales, ya que la actora se encuentra en todo el derecho de no recibir las mismas si su voluntad es conservar su empleo, para la garantía de un salario digno y protección de su seguridad social, así explicado lo anterior la empresa al no tomar en cuenta el dictamen de reubicación laboral, yerra en concluir que ella está en inhabilidad que le imposibilita realizar el trabajo, ya que deben reubicarla, protegerla y no terminarle su contrato de trabajo por causa de la restructuración por la pandemia derivada por la Covid-19 que además no es un riesgo que deba asumir la trabajadora, y tampoco es de recibo el argumento que el dictamen y recomendaciones en la empresa maquiladora no se puede cumplir porque no hay posición de trabajo donde no existan movimientos repetitivos y que no se determinó en el dictamen donde debe ser reubicada, ya es la ley la que así se lo ordena a la empresa en el artículo 442 del Código del Trabajo, y esta debe proporcionarle reubicarla a un puesto distinto que se ajuste al diagnóstico. En el proceso laboral, el Juez, al proferir su decisión analizará todas las pruebas allegadas en tiempo y está facultado para formar libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal, observada por las partes. En este juicio conforme la valoración de todo el material probatorio, el reclamo de reintegro formulado por la trabajadora demandante debe ser estimado. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha 05 de agosto del 2022, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que, contrario a lo argumentado por la parte demandada, tanto en primera instancia como ante esta Alzada, no se encuentran acreditados los extremos referidos en el anterior numeral, por las siguientes razones: a) Resulta acertado lo alegado por el recurrente en el sentido de que la pandemia del COVID-19 es un hecho notorio y no controvertido, sin embargo, esto no es suficiente para acreditar la necesidad de los reajustes de personal realizados por la empresa demandada pues debieron probarse, mediante la documentación pertinente, las condiciones económicas reales que obligaron y justificaron tales reajustes, no encontrándose en el presente proceso ninguna prueba al respecto; b) Si bien consta de autos, mediante acta de fecha treinta de julio del 2020, que se celebró una reunión con representantes de SITRADAHSA para consensuar el listado del personal que sería reajustado, no consta que se haya hecho una debida revisión del caso de la demandante en cuanto a los requisitos necesarios para ser incluida en ese reajuste, esto es, sus condiciones de antigüedad, sindicalización e inhabilidad, antes bien consta en autos que la misma gozaba de una antigüedad considerable (más de catorce años), que no fue tomada en consideración; c) Que la enfermedad profesional que sufre la demandante no puede ser estimada como una inhabilidad que faculte al patrono, de acuerdo a la cláusula 3 del contrato colectivo vigente, a finalizar la relación de trabajo, ya que la misma fue originada en razón de la labor desempeñada, por eso ha sido diagnosticada como un riesgo profesional y, en consecuencia, la trabajadora debe gozar de protección especial, en cuanto a la estabilidad laboral y la seguridad social, debido a su condición. En cuanto al argumento esgrimido por la apelante sobre la interpretación de los artículos 441 y 442 del Código de Trabajo, este Tribunal estima que los mismos resultan plenamente aplicables al presente caso, pues la demandante ha acreditado que su incapacidad ha sido causada por las labores desempeñadas por más de catorce años en la empresa demandada, que la misma es parcial y que, por lo tanto, puede trabajar en otro puesto en el que se cumplan las recomendaciones hechas por la Comisión Técnica de Riesgos Profesionales y el patrono está obligado a cumplir con lo dictaminado por esta Comisión, en observancia del derecho a la seguridad social garantizado en nuestra legislación laboral, la Constitución de la República y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador. En virtud de lo anteriormente expresado, esta alzada comparte los fundamentos expresados por el juez de primera instancia en el fallo objeto del presente recurso, estimando que el mismo se encuentra conforme a derecho y debe ser confirmado. 5.- Mediante auto de fecha 24 de octubre del 2022, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada SUYAPA WALESKA CASTRO RÁPALO, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil DELTA APPAREL HONDURAS, S.A., contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 16 de mayo del 2023, compareció ante este Tribunal la Abogada SUYAPA WALESKA CASTRO RÁPALO, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil DELTA APPAREL HONDURAS, S.A., formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 11 de agosto del 2023, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 30 de octubre del 2023, se tuvo por precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte de la Abogada CONCEPCIÓN SUAZO SUAZO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida; en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I. - Que acorde a lo dispuesto en los artículos 764, 765 y 769 del Código del Trabajo, la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que la Abogada SUYAPA WALESKA CASTRO RÁPALO, en su primer y único motivo de casación alega: “Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva de orden nacional, por interpretación errónea de los artículos 95 inciso 19 y 111 numeral 1 del Código del Trabajo en relación a la cláusula 3 del III contrato colectivo de condiciones de trabajo firmado entre las partes”. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 ordinal primero párrafo primero, del Código del Trabajo". DEMOSTRACIÓN DEL CARGO: En el presente caso, el fallo impugnado no reconoce la validez y legalidad de las normas sustantivas invocadas como violadas (artículos 95 inciso 19 y 111 numeral 1 del Código del Trabajo) pues les resta validez al imponerles más condicionamientos que los que nacen del texto de tales normas, pues mi representada en base al artículo 111 numeral 1 del Código del Trabajo pacto en el III contrato colectivo de condiciones de trabajo con su organización sindical que el reajuste de personal fuese una causa de terminación de los contratos de trabajo y se establecieron los criterios a seguir para realizarlo, lo cual quedo establecido en la cláusula 3 del Contrato Colectivo vigente, pacto que no es contrario a la ley pues es un mecanismo permitido por la misma conforme al artículo 95 inciso 19) del Código del Trabajo, y mi representada llevo a cabo el proceso establecido en la cláusula 3 de su contrato colectivo al pactar con su organización sindical el listado de las personas afectadas por el reajuste y como la actora se encuentra incluida en el primer criterio establecido por tal clausula, por eso fue incluida sin oposición sindical, por lo cual no es menester agotar o buscar los demás criterios como erróneamente interpreta el tribunal Ad quem en el fallo impugnado. En virtud de tal interpretación errada del Tribunal Ad quem, si bien analiza los artículos 95 inciso 19 y 111 numeral 1 del Código del Trabajo que son las disposiciones adecuadas o aplicables al caso, pero les da una interpretación equivocada pues impone para que los mismos tengan sus efectos, más condiciones que las que nacen de los propios términos de tales normas sustantivas con lo cual los violenta en perjuicio de mi representada que se limitó a cumplir con el texto de las normas sustantivas mencionadas y la Corte Ad quem establece que para que las normas sustantivas violentadas tengan validez debe el patrono, probar que existen situaciones como que la actora tenía menos antigüedad que otros afectados, lo cual no es aplicable al caso pues como dije la actora al estar comprendida en el primer criterio establecido en la cláusula 3 del Contrato Colectivo, no hay razón para analizar antigüedad, pues todos los empleados con inhabilidad para realizar su trabajo eran la primera categoría a ser afectados según se pactó en el contrato colectivo y después a igualdad de condiciones se analiza la antigüedad. Pero las normas violadas solo imponen para que sean efectivas: a) Que se estipule la causa de terminación en un contrato (situación que se cumple al estar pactada en el contrato colectivo) según artículo 111 numeral 1 del Código del Trabajo y b) Que se "lleve a cabo el reajuste de acuerdo con las estipulaciones del contrato colectivo" como dice el artículo 95 Inciso 19 del Código del Trabajo; por lo cual pedir que se cumplan más situaciones es violentar estas normas por interpretación errónea”. III.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) los artículos 95 inciso 19 y 111 numeral 1 del Código del Trabajo, señalados como violados directamente, si bien tienen el carácter sustantivo exigido en este extraordinario recurso, los mismos regulan situaciones jurídicas que no tienen incidencia en la decisión final objeto del recurso; b) olvida el Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley; y, c) formula alegatos de instancia inoportunos en este extraordinario recurso. IV.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, quien firma por el Magistrado Coordinador ROY PINEDA CASTRO, conforme al artículo 8 del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de agosto del dos mil veinticuatro; certificación de la sentencia de fecha trece de febrero del dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL480-22. FIRMA Y SELLO.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ.

SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.