Sentencia CL-473-22 — Registro 20022
Resumen
Demanda Ordinaria Laboral para que mediante sentencia se obligue al patrono a pagar preaviso, cesantía, cesantía proporcional, vacaciones pendientes, vacaciones proporcionales, décimo tercer mes proporcional y décimo cuarto mes proporcional, pago de salarios caídos, costas del juicio en virtud de despido indirecto.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) En su formulación omite señalar las normas sustantivas laborales del orden nacional infringidas y por ello no se cumple con el requisito establecido en el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código de Trabajo; b) Olvida la Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley; c) En el desarrollo de su cargo alude como normas infringidas artículos que no fueron estipulados en su formulación, ya sea como infringidos o relacionados, tal es el caso de los artículos; 1348 del Código Civil, 26, 37, Inciso d), 92, literal r) del Código de Trabajo ; y, d) Formula alegatos de instancia inoportunos en este extraordinario recurso."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., tres de diciembre de dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 24 de mayo del 2023, por la Abogada ANA ELISA LARIOS FAJARDO, en su condición de representante procesal de la Sociedad Mercantil AGENCIA ADUANERA CASTELLANOS S. DE R.L. DE C.V, como recurrente; además, es parte recurrida, la señora MIRNA ROSA LARA representada en juicio por el Abogado NICOLAS CRUZ AGUILAR. OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria Laboral para que mediante sentencia se obligue al patrono a pagar preaviso, cesantía, cesantía proporcional, vacaciones pendientes, vacaciones proporcionales, décimo tercer mes proporcional y décimo cuarto mes proporcional, pago de salarios caídos, costas del juicio en virtud de despido indirecto, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés en fecha 20 de noviembre del 2017 por la señora MIRNA ROSA LARA, hondureña, mayor de edad, soltera por viudez, Aseadora y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, contra la Sociedad Mercantil AGENCIA ADUANERA CASTELLANOS S. DE R.L. DE C.V., por medio de su Representante Legal el señor JUAN AGUSTIN CASTELLANOS VALLADARES. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 01 de agosto del 2022, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 04 de mayo del 2022, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE MEDIANTE SENTENCIA SE OBLIGUE AL PATRONO A PAGAR PREAVISO, CESANTÍA, CESANTIA PROPORCIONAL, VACACIONES PENDIENTES, VACACIONES PROPORCIONALES, DECIMO TERCER PROPORCIONAL, DECIMO CUARTO PROPORCIONAL, PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR. Promovida por la señora MIRNA ROSA LARA, de generales ya conocidas. Contra la empresa mercantil AGENCIA ADUANERA CASTELLANOS S. DE R.L a través de su representante legal el señor JUAN AGUSTIN CASTELLANOS VALLADARES. SEGUNDO: SE CONDENA a la empresa mercantil AGENCIA ADUANERA CASTELLANOS S. DE R.L. a través de su representante legal el señor JUAN AGUSTÍN CASTELLANOS VALLADARES. A pagar a favor de la trabajadora MIRNA LARA ROSA la cantidad total que suma CIENTO VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS (L 126,368.54), que se desglosa en los conceptos de: Preaviso: L 21,721.80; Auxilio de Cesantía proporcional: L 76,026.30, Cesantía Proporcional: L 9,352.44; Vacaciones Proporcionales: L 6,234.96; Décimo Tercer proporcional: L 6,490.65; Décimo cuarto Proporcional: L 1,836.00; Vacaciones pendientes: L 4,706.39. Más los salarios dejados de percibir, desde la fecha en que se produjo la terminación laboral hasta que quede firme el presente fallo. TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia”. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante, expreso en el escrito de su acción que, ingreso a laborar para la empresa Agencia Aduanera Castellanos S. de R.L., el 2 de noviembre del 2009, prestando sus servicios bajo la continua subordinación de Limpieza teniendo un salario de L. 9,309.24 menos las deducciones correspondientes, los que eran pagados en forma quincenal en una cuenta a nombre de la demandante en la institución bancaria Bac Credomatic. En fecha 30 de Agosto de 2017 la demandante recibió una carta donde se le trasladaba a las oficinas de la Agencia Aduanera Castellanos S. de R.L., ubicadas en Guasaule frente al punto fronterizo en el Departamento de Choluteca, por lo que al día siguiente, es decir el 31 de agosto de 2017 solicito los servicios de un Inspector del Ministerio del Trabajo, para que constatara que estaba siendo trasladada sin justa causa, por lo que se levantó la respectiva acta hasta el día 7 de Septiembre de 2017, en donde la Abogada Ana Elisa Larios Fajardo en representación de la empresa demandada compareció ratificando que estaba siendo trasladada al sur del país. En fecha 11 de septiembre de 2017, siempre con la colaboración de la Inspectora del Ministerio del Trabajo se levantó acta de la entrega de la notificación de despido indirecto al patrono por medio de su apoderada legal, de conformidad a lo establecido en el artículo 114 literales b, j en relación al artículo 95 numeral 6 y 96 numeral 9 del Código del Trabajo vigente. Posteriormente interpuso ante las autoridades del Ministerio del Trabajo el reclamo de sus prestaciones, es así que el día 16 de octubre de 2017, se llevó a cabo una audiencia en búsqueda de la conciliación y en virtud que la Abogada Ana Elisa Larios Fajardo solicitó reprogramación para poder obtener instrucciones del patrono es por ello que en fecha 24 de octubre de 2017 se tiene por no conciliadas las partes y por tanto finalizada el reclamo administrativo iniciado. 2.- La parte demandada, la sociedad mercantil AGENCIA ADUANERA CASTELLANOS S. DE R.L. DE C.F., contestó dicha demanda señalando que, en fecha 30 de agosto del 2017 a la demandante se le entregó una carta de notificación sobre el comunicado de un traslado territorial de su lugar de trabajo, ubicado en la Residencial Monte Fresco, en San Pedro Sula, avisando el traslado a otra oficina de la Agencia aduanera Castellanos en Guasaule, ubicada frente al punto fronterizo, Departamento de Choluteca e indicándole que debía presentarse a sus labores el día 4 de septiembre del 2017, y para lo cual podía tomarse con goce de salario los días 30 y 01 de agosto, 01 y 02 de septiembre del mismo año, con la finalidad de poder realizar los arreglos necesarios para el traslado; lo que no se acepta, es lo manifestado por la demandante de que estaba siendo trasladada sin justa causa, ya que el mismo se basó por razones de necesidad y requerimientos de la empresa, ya que se requería urgentemente de sus servicios en la oficina localizada en Guasaule; siendo un traslado en completa igualdad de condiciones laborales, categoría y remuneración de trabajo, también se le comunico que si por motivos de dicha disposición laboral, ella debía trasladarse con su familia, debería notificarlo a la Gerencia, para que la empresa proporcionará el medio de transporte, los gastos razonables de ida y vuelta. La acción de traslado se basó en las siguientes razones jurídicas: a) Por el Artículo No. 2 del contrato de individual de trabajo de la demandante, que dice: "El Trabajador deberá ocupar cualquier otro puesto de trabajo cuando las necesidades o exigencias lo requieran, sujeto a ser trasladado a otro departamento o dependencia de trabajo y al lugar territorial que se le designe por parte de la empresa"; b) el Artículo No. 42 del Código del Trabajo que tipifica: “Cuando el contrato de trabajo tenga por objeto la prestación de servicios dentro de la República, pero en lugar que no sea la residencia habitual del trabajador, todo patrono está obligado a pagar al empleado u obrero a quien hizo cambiar de residencia para utilizar sus servicios, los gastos razonables de ida y vuelta, o a proporcionarle los medios de transporte necesarios, así como los de la familia del trabajador que vivía con él y estaba bajo su dependencia al momento de celebrarse el contrato..."; c) Fundamentándose en el Reglamento Interno de Trabajo de la demandada, que se encuentra debidamente registrado y aprobado por parte de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS), el cual establece que todo trabajador puede ser trasladado, en su Artículo No. 6, lo siguiente: "La empresa, por motives de demanda o producción podrá instalar a sus trabajadores a otros puestos u ocupaciones distintas a las que desempeñan dentro de sus labores de rutina. Para los efectos de este Artículo, la Empresa notificará al trabajador las condiciones que otorgará al momento de su traslado, en las diferentes secciones o módulos, departamentos, Etc., de los diferentes pisos, plantas o locales de la misma”; d) Traslado fundamentado por la definición en el “Protocolo Unificación de Criterios Legales”, emitido por parte de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, que tipifica lo siguiente: CRITERIO USL-C24.- TRASLADO Y REUBICACIÓN.- Y que presenta el siguiente criterio: "El Código del Trabajo no define el concepto de traslado, no obstante, ésta figura del traslado como la de la reubicación pueden estar regulados en el Reglamento Interno de Trabajo o en el Contrato Individual o Colectivo de Trabajo, por consiguiente, para su aplicación las partes deben sujetarse a lo establecido en cualquiera de estos instrumentos."; e) Con fundamento en el Art. No. 37 del Código del Trabajo; y, f) Con sustento en la Constitución de la República de Honduras, en su artículo 81. Que en fechas 16 y 24 de octubre del 2017 se llevaron a cabo las audiencias señaladas, ante las autoridades de la Secretaría de Trabajo y Seguridad social, en búsqueda de la conciliación; sin embargo, no se llegó a ningún arreglo entre las partes, agotando de esa forma la vía administrativa. Al tenor de todo lo expuesto anteriormente, se puede constatar que no existió un "despido indirecto", ya que la decisión tomada por parte de la demandada se fundamentó en ley, y en lo establecido en los principios y ordenamientos jurídicos vigentes. Por ende, se acepta pagar a la demandante, los salarios y derechos adquiridos que corresponden; no así, las indemnizaciones solicitadas por la demandante; se hace la observación que la parte demandada en ningún momento se ha negado al pago que por ley le corresponde a la demandante; siempre y cuando, se ajuste a lo estipulado en la legislación nacional vigente. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 04 de mayo del 2022 dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE MEDIANTE SENTENCIA SE OBLIGUE AL PATRONO A PAGAR PREAVISO, CESANTÍA, CESANTIA PROPORCIONAL, VACACIONES PENDIENTES, VACACIONES PROPORCIONALES, DECIMO TERCER PROPORCIONAL, DECIMO CUARTO PROPORCIONAL, PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR. Promovida por la señora MIRNA ROSA LARA, de generales ya conocidas. Contra la empresa mercantil AGENCIA ADUANERA CASTELLANOS S. DE R.L a través de su representante legal el señor JUAN AGUSTIN CASTELLANOS VALLADARES. SEGUNDO: SE CONDENA a la empresa mercantil AGENCIA ADUANERA CASTELLANOS S. DE R.L. a través de su representante legal el señor JUAN AGUSTÍN CASTELLANOS VALLADARES. A pagar a favor de la trabajadora MIRNA ROSA LARA la cantidad total que suma CIENTO VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS (L 126,368.54), que se desglosa en los conceptos de: Preaviso: L 21,721.80; Auxilio de Cesantía proporcional: L 76,026.30, Cesantía Proporcional: L 9,352.44; Vacaciones Proporcionales: L 6,234.96; Décimo Tercer proporcional: L 6,490.65; Décimo cuarto Proporcional: L 1,836.00; Vacaciones pendientes: L 4,706.39. Más los salarios dejados de percibir, desde la fecha en que se produjo la terminación laboral hasta que quede firme el presente fallo. TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia”. Bajo el criterio que, la representación procesal actora considera que el traslado realizado por la empresa a las oficinas de Guasaule frente al punto fronterizo en el Departamento de Choluteca, es un motivo para el despido indirecto, realizado de conformidad con el articulo 114 literales b y j del Código del Trabajo, artículos 95 numeral 6; 96 numeral 9 también del Código del Trabajo. Disposiciones que establecen: "Art. 114: Son causas Justas que facultan al trabajador para dar por terminado el contrato de trabajo, sin preaviso y sin responsabilidad de su parte, conservando el derecho a las prestaciones e indemnizaciones legales, como en el caso de despido injusto: b) Todo acto de violencia, malos tratamientos, o amenazas graves inferidas por el patrono contra el trabajador a los miembros de su familia, dentro o fuera del servicio, o inferidas dentro del servicio por los parientes, representantes o dependientes del patrono, con el consentimiento o la tolerancia de este: i) Incumplimiento, de parte del patrono, de las obligaciones convencionales o legales”. “Art. 95 numeral 6. Guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose de maltratos de palabra o de obra y de actos que pudieran afectar su dignidad”. "Art. 96 numeral 9. Ejecutar o autorizar cualquier acto que directa o indirectamente vulnere o restrinja los derechos que otorgan las leyes a los trabajadores, o que ofendan la dignidad de éstos”. Deben ser analizadas para determinar si el despido indirecto comunicado por la actora al patrono constituye una justa causa de terminación, análisis que debe realizarse conforme la defensa planteada por la patronal. De la valoración de la prueba documental aportada, se considera que el acto de la patronal en trasladar a la demandante, no se encuentra justificado, el mismo resulta ser un acto que por sí mismo constituye una disminución y una tergiversación de su garantía fundamental a realizar su trabajo sin limitaciones, y debe ser el Estado quien tutele el contrato individual de trabajo celebrado entre patronos y trabajadores, (Art. 128 numeral 15 de la Constitución de la República). Se considera que el traslado realizado por la patronal es injusto, si bien la patronal se lo hizo saber por medio de nota de traslado de fecha 30 de agosto del 2017 y le invoco que se tomaba la decisión por razones organizativas y en completa igualdad de sus condiciones laborales, categoría, remuneración y que le proporcionarían para dicho evento si ella comunicaba a gerencia el transporte para su traslado y gastos razonable de ida y vuelta. Lo anterior implica que el acto patronal realizado se vuelva proporcional. Es evidente que la patronal actúo de forma abusiva e irracional, la labor que desempeña la demandante es de aseadora devengando un salario mínimo, no es posible que la empresa amparado en una cláusula del contrato individual le varié su entorno laboral, mucho menos cuando es totalmente injustificado, no hay verdaderas razones demostradas que permitan analizar un contexto en el que sea posible el traslado, lo anterior se considera por los indicios del caso, de la reclamación planteada por la demandante que en efecto, con intenciones de lesionar su antigüedad y estabilidad laboral es que la trasladaron de San Pedro Sula, hasta Guasaule Choluteca, no es ajustado a derecho que tal acto se vuelva legitimo por el solo hecho de estar así establecido en el contrato de trabajo, ya que por virtud del artículo 3 del Código del Trabajo, una cláusula que implique disminución y tergiversación de los derechos laborales es nula ipso jure, se produce el efecto de su inmediato reproche y desaplicación, así las cosas lo dicho en el contrato individual de trabajo, no surte efectos ni es posible en este caso aplicar el reglamento interno de trabajo, ya que el traslado realizado es desproporcional e irracional y tal como se demostró con la prueba de exhibición de documentos no hay motivos de producción que justifiquen el acto, además la reglamentación de la empresa debe ser respetuosa de los derechos fundamentales de los trabajadores, de no ser así también las disposiciones contrarias resultan nulas tal como lo manda el artículo 93 del Código del Trabajo, en consecuencia el motivo del despido indirecto resulta ser probado, ya que la patronal con su decisión realizo malos tratos contra la trabajadora, puesto que se considera por indicios que se utilizó el traslado con fines de intimidarla y amenazarla para forzar una negociación ya que no había ninguna justificación del mismo, así como que se ejecutó un acto que afecto la dignidad de la trabajadora, ya que forzosamente la patronal pretendió que para cumplir su trabajo debía dejar su vida, en San Pedro Sula, para irse a la ciudad de Choluteca sin que expresara su consentimiento para ello, afectando incluso su entorno familiar. En el presente caso la notificación y los motivos del despido indirecto se han comprobado y por tanto surten los efectos del artículo 114 del Código del Trabajo, consistentes en que facultan al trabajador para dar por terminado el contrato de trabajo, sin preaviso y sin responsabilidad de su parte, conservando el derecho a las prestaciones e indemnizaciones legales, como en el caso de despido injusto, más los salarios dejados de percibir en concepto de indemnización tal como lo reconoce el último párrafo del artículo 115 del Código del Trabajo. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 01 de agosto del 2022, dicto sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas, bajo el criterio que, la ley concede tanto al empleador como al trabajador, instrumentos para dar por terminado el contrato de trabajo en un momento dado. Esas formas de actuar constituyen los modos para diferenciarlos de las causas y motivos de la extinción del vínculo, de ahí es que el despido es un derecho potestativo de efecto extintivo, por lo tanto, es el acto mediante el cual una de las partes hace saber a la otra la extinción de la relación laboral; para el patrono, que prescinde de los servicios del trabajador, y para el trabajador, que no va a seguir trabajando por causa imputable al patrono, es decir, existe un aviso en el que se manifiesta la determinación unilateral del notificante, que empieza a surtir sus efectos a partir del momento en que se recibe la notificación. En el sub judice, del análisis y estudio pormenorizado de los autos y confrontada que ha sido la sentencia impugnada con el material probatorio, el Tribunal estima que los hechos señalados por la demandante para darse por despedida de manera indirecta efectivamente sucedieron, ya que en fecha 30 de agosto de 2017, la demandada le notificó su traslado territorial del lugar de trabajo, pues esta se desempeñaba como aseadora en las oficinas ubicadas en San Pedro Sula, a las ubicadas en Guasaule, en el departamento de Choluteca, haciéndole saber que tal decisión era por razones organizativas y en completa igualdad de sus condiciones laborales, categoría y remuneración de trabajo, inclusive le manifestaron que para trasladar a su familia le proporcionarían el transporte, sumado a lo anterior dicho cambio es en aplicación a la cláusula del contrato individual de trabajo, más la valoración del material probatorio en su conjunto, se concluye que el traslado fue porque no aceptó la negociación del 50% de sus prestaciones laborales, pues consideró necesario pensarlo, siendo intimidada que de no aceptar se le iba a trasladar, a tal respecto el Tribunal considera, que si bien, el patrono goza de la facultad de modificar por necesidad o conveniencia, las condiciones de trabajo, se facultad íntimamente relacionada con el poder directivo que le permite al patrono, a fin de dirigir, coordinar y fiscalizar la empresa, ciertas alteraciones en el régimen de la prestación de los servicios, pero siempre que no atenten contra las cláusulas esenciales del contrato ni mermen los beneficios del trabajador, por lo que en todo caso, procede un balance de la modificación para apreciar si ciertas restricciones o perjuicios no han tenido adecuada compensación, en el presente caso, no se encuentra una justificación válida y razonable para que el patrono haya tomado tal decisión, puesto que el cambio implico para la demandante un cambio radical e imprevisto ni acordado, y que si bien en el contrato de trabajo se contempla la obligación del trabajador de ocupar cualquier otro puesto de trabajo a realizar cuando las necesidades o exigencias lo requieran, sujeto a ser trasladado a otro departamento dependencia de trabajo y al lugar territorial que se le designe, tal cambio y modificación del contrato de trabajo no se ajusta a ninguna necesidad o exigencia ni fue justificada en el proceso con los medios probatorios que la ley pone a disposición de las partes, pues en materia del trabajo no puede prevalecer autonomía de la voluntad por sobre la conceptualización normativa de las garantías sociales que recoge el Código del Trabajo en atención a lo establecido en los artículos 128 de la Constitución de la República y 3 del Código precitado, de ahí que los argumentos de la recurrente resultan inatendibles. En razón de lo antes expuesto, es procedente confirmar la sentencia venida en apelación. 5.- Mediante auto de fecha 27 de septiembre del 2022, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada ANA ELISA LARIOS FAJARDO, en su condición de representante procesal de la Sociedad Mercantil AGENCIA ADUANERA CASTELLANOS S. DE R.L. DE C.F., contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 24 de mayo del 2023, compareció ante este Tribunal la Abogada ANA ELISA LARIOS FAJARDO, en su condición de representante procesal de la Sociedad Mercantil AGENCIA ADUANERA CASTELLANOS S. DE R.L. DE C.V., formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de fecha 11 de agosto del 2023, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 07 de junio del 2024, se declaró precluido de derecho y perdido irrevocablemente el termino dejado de utilizar por el Abogado NICOLAS CRUZ AGUILAR, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, para contestar la demanda de casación planteada, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I. Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II. Que la Abogada ANA ELISA LARIOS FAJARDO, en su primer motivo de casación alega: “. Acuso a la sentencia de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional, por infracción directa; a raíz de que el A Quo, dejo de aplicar en su fallo de la Resolución recurrida, lo establecido o preceptuado en la legislación nacional, confirmando posteriormente dicha sentencia el Ad Quem. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo; Artículo que reza textualmente lo siguiente: Art. 765. Son causales de casación: 1) Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea. Si la violación de la ley proviene de apreciación errónea o falta de apreciación de determinada prueba, es necesario que se alegue por el recurrente sobre este punto, demostrando haberse incurrido por el sentenciador en error de hecho o de derecho que aparezca de manifiesto en los autos. Sólo habrá lugar a error de derecho en la casación del trabajo, cuando se haya dado por establecido un hecho con un medio probatorio, no autorizado por la ley, por exigir ésta al efecto una determinada solemnidad para la validez del acto, pues en este caso no se debe admitir su prueba por otro medio, y también cuando deja de apreciarse una prueba de esta naturaleza, siendo el caso de hacerlo; LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE: La sentencia definitiva dictada por el A Quo, en fecha cuatro de mayo del año dos mil veintidós, no está ajustada a derecho, ya que contradice lo estipulado o preceptuado en la legislación nacional, por las razones siguientes: 1) En el numeral tercero de los fundamentos de derecho de dicha sentencia, el A Quo de manera taxativa establece, entre otras cosas, que mi representada actuó de manera "abusiva e irracional"; a pesar de que mi representada cumplió a cabalidad con lo establecido en la legislación nacional vigente y en su Reglamento Interno de Trabajo (ver folios 89 al 99 de la primera pieza de autos), así como, en lo plasmado en la cláusula segunda del contrato individual de trabajo de la trabajadora demandante (ver folios 83 y 84 de la primera pieza de autos); fallando en contravención con el artículo 1348 del Código Civil de Honduras, que establece: Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos; por ende, no existe legalidad en la parte resolutiva y en los fundamentos de derecho utilizados por el A Quo, respecto y en referencia a lo establecido en el referido Código Civil; 2) El Reglamento Interno de Trabajo de mi representada, fue aprobado y registrado en legal y debida forma ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social (STSS) y contempla la figura del traslado territorial; en tal sentido, si el reglamento fue debidamente aprobado por la autoridad competente y el Código del Trabajo establece que el mismo forma parte del contrato individual de trabajo, aun así, el Juez A Quo, fallo que el reglamento interno, en su Artículo No. 6, que contempla lo siguiente: "La Empresa, por motivos de demanda o producción podrá instalar a sus trabajadores a otros puestos u ocupaciones distintas a las que desempeñan dentro de sus labores de rutina. Para los efectos de este Articulo, la Empresa notificará al trabajador las condiciones que otorgará al momento de su traslado, en las diferentes secciones o módulos, departamentos, Etc., de los diferentes pisos, plantas o locales de la misma", fallo que, NO puede ser aplicado en este caso, en concreto en el referido artículo seis (6); violando así, lo estipulado en el Art. No. 92, literal r) del Código del Trabajo, el cual tipifica que, el reglamento debe contener las reglas o indicaciones que, según la naturaleza de cada empresa, sean necesarias para conseguir la mayor higiene, regularidad y seguridad en el desarrollo del trabajo; 3) El contrato individual de trabajo, el cual obra a folios 83 y 84 de los autos de primera instancia, se encuentra firmado por ambas partes (trabajador/empleador), con lo cual se probó en juicio que, fue aceptado por la parte actora en cada una de sus cláusulas; por ende, el A Quo, NO puede establecer en su fallo, la no aplicabilidad de la cláusula número dos (2) del contrato individual de trabajo de forma o manera antojadiza, tal y como sucedió en el presente caso; la cláusula en referencia, literalmente establece: "El Trabajador deberá ocupar cualquier otro puesto de trabajo cuando las necesidades o exigencias lo requieran, sujeto a ser trasladado a otro departamento o dependencia de trabajo y al lugar territorial que se le designe por parte de La Empresa"; adicionalmente, es muy oportuno manifestar que la legislación laboral ampara a mi representada, ya que el artículo 37. inciso d) del Código del Trabajo, tipifica claramente que, el contrato de trabajo escrito contendrá el lugar o los lugares donde deben prestarse los servicios (la referida disposición laboral no establece que funciones, categoría o puesto de trabajo pueden aplicar exclusivamente a un traslado); también lo es, que el artículo 26 del mismo Código sustantivo al trabajo, determina que el contrato de trabajo obliga a lo expresamente pactado y a las consecuencias que de él se deriven según la ley, la costumbre o la equidad; y por último, y muy importante, es que se estableció que mi representada actuó de conformidad con el ACUERDO No. STSS-323-2013, contentivo al "Protocolo Unificación de Criterios Legales", Acuerdo Ministerial, que fue emitido por parte de la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, que tipifica en uno de sus criterios, lo siguiente: CRITERIO USL-C-24.- TRASLADO Y REUBICACIÓN.- El cual, literalmente establece lo siguiente: "El Código del Trabajo no define el concepto de traslado, no obstante, ésta figura del traslado como la de la reubicación pueden estar regulados en el Reglamento Interno de Trabajo o en el Contrato Individual o Colectivo de Trabajo, por consiguiente, para su aplicación las partes deben sujetarse a lo establecido en cualquiera de estos instrumentos"; al tenor de lo anterior, se produce así la infracción directa de la ley sustantiva al trabajo; específicamente, en la legislación anteriormente citada en este motivo de casación.” III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) En su formulación omite señalar las normas sustantivas laborales del orden nacional infringidas y por ello no se cumple con el requisito establecido en el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código de Trabajo; b) Olvida la Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley; c) En el desarrollo de su cargo alude como normas infringidas artículos que no fueron estipulados en su formulación, ya sea como infringidos o relacionados, tal es el caso de los artículos; 1348 del Código Civil, 26, 37, Inciso d), 92, literal r) del Código de Trabajo ; y, d) Formula alegatos de instancia inoportunos en este extraordinario recurso. IV. Que la Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso a la sentencia de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional, por aplicación indebida; a raíz de que el A Quo, dejo de aplicar en su fallo en la Resolución recurrida, lo establecido o preceptuado en la legislación nacional, confirmando posteriormente dicha sentencia el Ad Quem. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo; el cual textualmente tipifica: Art. 765. Son causales de casación: 1) Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea. Si la violación de la ley proviene de apreciación errónea o falta de apreciación de determinada prueba, es necesario que se alegue por el recurrente sobre este punto, demostrando haberse incurrido por el sentenciador en error de hecho o de derecho que aparezca de manifiesto en los autos. Sólo habrá lugar a error de derecho en la casación del trabajo, cuando se haya dado por establecido un hecho con un medio probatorio, no autorizado por la ley, por exigir ésta al efecto una determinada solemnidad para la validez del acto, pues en este caso no se debe admitir su prueba por otro medio, y también cuando deja de apreciarse una prueba de esta naturaleza, siendo el caso de hacerlo; LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE: La sentencia definitiva dictada por el A Quo, en fecha cuatro de mayo del año dos mil veintidós, no está ajustada a derecho, ya que aplica indebidamente criterios que contravienen lo estipulado o preceptuado en la legislación nacional, por las razones siguientes: 1) El juzgador de primera instancia, específicamente, en el numeral sexto de sus fundamentos de derecho, en la Resolución recurrida, establece entre otras cosas que, el Juez laboral no está sujeto a la tarifa legal de la prueba y que por ello formara su libre convencimiento, lo cual es relativamente válido, digo relativamente válido, porque con el supuesto libre convencimiento del A Quo, tal y como el mismo lo establece, se violenta de manera irrestricta la cláusula dos del contrato individual de trabajo y lo establecido en el artículo seis del reglamento interno de trabajo de mi representada; por ende, al ser una cuestión de pleno derecho, la sentencia definitiva se encuentra fuera del contexto legal, en virtud que el criterio utilizado por el A Quo sería un precedente nefasto; ya que a partir de la fecha, los contratos individuales de trabajo y reglamentos internos de trabajo, aun estando conforme y en observancia con lo establecido en la legislación laboral, serán anulables o declarados inaplicables en sus clausula o artículos por los Jueces del Trabajo; y en consecuencia, se estaría generando una inseguridad jurídica sin precedentes; adicionalmente, el A Quo, en la Resolución recurrida, establece en el tercero de sus considerandos, que por el hecho de que mi representada le notifico un traslado, es una figura desproporcional e irracional, por lo tanto injusta, por no haber motivos de producción (cuando mi representada es una empresa de producción de servicios); no obstante, también establece, que la parte patronal actuó de forma abusiva, por ende considerado un despido indirecto. Pero lo más sorprendente, es que el A QUO, establece literalmente que, su fallo es producto de indicios, que sin embargo NO FUERON PROBADOS EN JUICIO DICHOS INDICIOS, debido a que la parte patronal realizo malos tratamientos en contra de la trabajadora, así quedó establecido por el A Quo.- El A Quo manifiesta que su fallo se basa también en la Constitución de Honduras, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; las tres contemplan los Derecho de residencia y tránsito, y determinan que el domicilio puede ser cambiado por ley, casos especiales o por voluntad propia; en este caso, la trabajadora demandante tuvo la voluntad propia desde el momento que firmó el contrato individual de trabajo y que conoció desde el inicio de la relación laboral lo estipulado en el reglamento interno de trabajo de mi representada. Estimo que, por todo lo expuesto, procede la admisión de los presentes motivos, por lo que el Recurso de Casación resulta justificado, siendo procedente declarar ha lugar este Recurso de mérito.” V. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) En su formulación omite señalar las normas sustantivas laborales del orden nacional infringidas y por ello no se cumple con el requisito establecido el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código de Trabajo; b) Olvida el Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley; c) Formula alegatos de instancia inoportunos en este extraordinario recurso. VI. La impetrante alega nulidad subsidiaria la cual aduce que: “La nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y debe cuando conste en autos declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen y no puede subsanarse por la confirmación de las partes, ni por un lapso menor que el que se exige para la prescripción ordinaria. En virtud de ello, se alega en forma subsidiaria la nulidad absoluta de la sentencia recurrida de fecha uno (1) de agosto del año dos mil veintidós (2022), la cual confirma la misma en todos sus extremos por el Juzgado de Letras del Trabajo de la sección judicial de San Pedro Sula, del cuatro (4) de mayo del año dos mil veintidós (2022), señalando el error procesal siguiente: el A QUO, establece literalmente que, su fallo es producto de indicios, que sin embargo NO FUERON PROBADOS EN JUICIO DICHOS INDICIOS, debido a que la parte patronal realizo malos tratamientos en contra de la trabajadora, así quedó establecido por el A Quo. Es decir, no hay comprobación judicial de tales indicios”. VII. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que este Tribunal deba enmendar; En el presente caso, donde la situación planteada ya ha sido resuelta en el momento procesal oportuno por el A quo y confirmado por el Tribunal de apelación lo constituye en un objeto de litigio ya dirimido y agotadas sus instancias, sin embargo estudiado el caso en examen, éste Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria. VIII. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos de casación y declarar sin lugar la petición de nulidad subsidiaria. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN LUGAR la nulidad solicitada de forma subsidiaria. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. FIRMAS Y SELLO. ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, COORDINADORA, ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, MARIO ROLANDO DIAZ FLORES. FIRMA Y SELLO OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de noviembre del dos mil veinticinco; certificación de la sentencia de fecha tres de diciembre del dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL473-22. FIRMA Y SELLO
RAMCEL NIKOL CARTAGENA PINTO
RECEPTORA ADSCRITA SALA LABORAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. -