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Sentencia CL-446-22 — Registro 18231

Resumen

Demanda Ordinaria Laboral para que el Juzgado declare en una relación de trabajo regida por Contratos de Servicios Profesionales se da la concurrencia de los tres elementos esenciales del Contrato de Trabajo, que se declare como una verdadera relación laboral de carácter permanente por la suscripción de Contratos continuos y se declare su antigüedad desde el inicio de la relación de trabajo, se condene al demandado al reintegro a sus puestos de trabajo en iguales o mejores condiciones de las que tenían al momento del despido, así como también al pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, se condene al pago de los incrementos y ajustes salariales y otros beneficios que se generen por el transcurso del juicio

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: i. el artículo 738 del Código de Trabajo, señalado como norma sustantiva infringida carece de esa calidad, siendo su naturaleza adjetiva en consecuencia inviolable para los efectos de este recurso extraordinario; ii. en la formulación se alega la infracción directa sin embargo, en la explicación se alude al material probatorio lo cual es incompatible con dicho concepto ya que, es de lato conocimiento que bajo esta modalidad de violación a la ley sustantiva lo que se discute es el derecho no los hechos; y, iii. lo relizado en el desarrollo resulta ser un alegato de instancia inoportuno en este recurso extraordinario de conformidad a lo dispuesto en el artículo 770 del Código de Trabajo. IV.- Por lo expuesto, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo. "...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 y 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7 y 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código del Trabajo, art. 738 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los trece días del mes de febrero del dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 25 de mayo del 2023, por la Abogada DORIS ARACELY SANTOS CRUZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, los señores NOE FRANCISCO ORELLANA MALDONADO y DILMA GRACIBEL BAJURTO VASQUEZ, representado en juicio por el Abogado RODOLFO ANTONIO FIGUEROA GARCIA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria Laboral para que el Juzgado declare en una relación de trabajo regida por Contratos de Servicios Profesionales se da la concurrencia de los tres elementos esenciales del Contrato de Trabajo, que se declare como una verdadera relación laboral de carácter permanente por la suscripción de Contratos continuos y se declare su antigüedad desde el inicio de la relación de trabajo, se condene al demandado al reintegro a sus puestos de trabajo en iguales o mejores condiciones de las que tenían al momento del despido, así como también al pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, se condene al pago de los incrementos y ajustes salariales y otros beneficios que se generen por el transcurso del juicio, costas, promovida ante el Juzgado de Letras Departamental de Ocotepeque, Departamento de Ocotepeque, en fecha 1 de marzo del 2017, por los señores NOE FRANCISCO ORELLANA MALDONADO, casado, Licenciado en Educación Básica, y DILMA GABRIELA BAJURTO VÀSQUEZ, soltera, Bachiller en Administración de Empresas, ambos mayores de edad, hondureños, con domicilio en el Departamento de Ocotepeque, contra EL ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION, a través del PROGRAMA EDUCATODOS. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 18 de mayo del 2021, dictada por la Corte de Apelaciones de la sección judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARA CON LUGAR, el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado RODOLFO ANTONIO FIGUEROA GARCIA, en su condición de Representante Procesal del señor NOE FRANCISCO ORELLANA Y DILMA GRACIBEL BAJURTO VASQUEZ, contra la Sentencia Definitiva de fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil veintiuno (2021); SEGUNDO: SE REVOCA LA SENTENCIA DICTADA Y VENIDA EN APELACION; TERCERO: SE DECLARA CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL para el REINTEGRO A SU TRABAJO EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES DE LAS QUE TENÍAN AL MOMENTO DEL DESPIDO. PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, DESDE LA FECHA DEL DESPIDO A LA FECHA DE LA REINSTALACION. CONDENA AL PAGO DE LOS INCREMENTOS Y AJUSTES SALARIALES Y OTROS BENEFICIOS QUE SE GENEREN EN EL TRANSCURSO DEL JUICIO. COSTAS. Por Despido Injustificado, contra EL ESTADO DE HONDURAS; CUARTO: SE ORDENA EL REINTEGRO DE LOS SEÑORES: NOE FRANCISCO ORELLANA Y DILMA GRACIBEL BAJURTO VASQUEZ, A SUS PUESTOS DE TRABAJO EN IDENTICAS O MEJORES CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCONTRABAN AL MOMENTO DE SER INJUSTAMENTE DESPEDIDOS; QUINTO: SE CONDENA AL PAGO DE LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA FECHA EN QUE FUERON DESPEDIDOS A LA FECHARAN EN QUE QUEDE FIRME LA PRESENTE RESOLUCION, COMO INDEMNIZACIÓN; SEXTO: SE CONDENA A DISFRUTAR DE LOS AUMENTOS QUE CONFORME AL TIEMPO QUE HA TRANSCURRIDO Y DEBIERON HABER RECIBIDO; SEPTIMO: SE ABSUELVE DE LA CONDENA EN COSTAS, en Primera y Segunda instancia a la parte demandada ya que en materia laboral prevalece el principio de gratuidad, y por estimar este Tribunal que tenía razones suficientes para litigar”. ANTECEDENTES DE HECHO. 1. La parte demandante expresó que iniciaron su relación de trabajo en la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, en el Programa Educatodos mediante la suscripción de Contratos de Servicios Profesionales de la manera siguiente, el señor Noe Francisco Orellana Maldonado, desde el 28 de enero del 2013, en el cargo de Sub Coordinador Departamental del Programa Educatodos en el Departamento de Ocotepeque Promotor de Desarrollo Comunal II, devengando un salario mensual de L. 15,000.00; la señora Dilma Gracibel Bajurto Vásquez, desde el 1 de octubre del 2010, en el cargo de Promotora Municipal de Desarrollo Comunal 1 de la Sub Coordinación Departamental del Programa Educatodos en el Departamento de Ocotepeque, devengando un salario mensual de L. 7,300.00; desde el inicio de la relación laboral celebraron varios Contratos de Servicios Profesionales por tiempo determinado, realizando labores en forma continua e ininterrumpida, propias de un puesto permanente en la Institución, Contratos de Servicios Profesionales que simulan verdaderos Contratos de Trabajo, ya que se cumplen los elementos exigidos en el artículo 20 del Código del Trabajo, por lo que se entiende que existe Contrato de Trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen; existe simulación, cuando las partes otorgantes del acto aparente, han acordado declarar una voluntad distinta a la real. El Principio de la Primacía de la Realidad sobre lo formal derivado del Principio Protectorio del Trabajo, se perfecciona como consecuencia de la buena fe, para evitar el fraude y la simulación de ilícitos y promover la buena fe entre las partes, en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos; como consecuencia, una vez comprobada la inadecuación contractual a la realidad de la relación laboral de que se trate, son de directa aplicación las normas imperativas que la rigen a despecho de la que se aparentó; por otra parte y de conformidad a los artículos 47 párrafos primero y segundo y 52 párrafo tercero del Código del Trabajo, están ante un Contrato de Trabajo por tiempo indefinido regido por la jurisdicción laboral del trabajo, pues la causa del contrato subsiste y el puesto de trabajo aún es vigente dentro de la institución demandada, adquiriendo la estabilidad en su puesto de trabajo, con fundamento en el Principio de Continuidad y que el Contrato es de tracto sucesivo, por lo que la concertación del Contrato de Trabajo por tiempo limitado, no puede basarse en la simple decisión de las partes, y debe observarse siempre la verdad de los hechos sobre la apariencia o por encima de los acuerdos formales; debiendo computarse su antigüedad desde la fecha de la suscripción del primer Contrato de Trabajo; existe línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, en el sentido que el tipo de contratación de servicios profesionales o técnicos, procede únicamente con personal especializado, con un grado académico superior o conocimientos especializados para realizar un trabajo específico o técnico en determinada rama, cuya función no puede ser desarrollada por cualquier trabajador; debe haber independencia técnica y administrativa, la persona no está supeditada a un horario de trabajo específico o a un jefe bajo subordinación, la tarea recomendada debe ser la entrega de un producto; sumado a ello, deben advertir que el Tribunal de Justicia, ya se ha pronunciado en sendas ocasiones, en casos como el indicado y dejado en manifiesto que el Contrato Laboral existe cuando hay una dirección y dependencias entre el empleador y el trabajador, lo que permite afirmar que en él se presentan ciertas características que lo distinguen de los Contratos de Servicios Profesionales derecho civil o administrativo, entre las cuales podrían destacarse las siguientes, la obligación del trabajador a prestar un servicio personal empleando su fuerza material o su capacidad intelectual, la obligación del empleador de pagar a aquel por su trabajo, un salario independientemente de la denominación que tenga, y la relación de dirección o dependencia en que el trabajador se encuentra colocado frente al patrón, resultando antijurídico que la parte demandada suscriba y prorrogue Contratos denominados de Servicios Profesionales, cuando rige un Contrato de Trabajo personal y subordinado, por lo tanto al tenor del artículo 3 del Código del Trabajo debe estimarse ineficaz las cláusulas de un Contrato de Prestación de Servicios Profesionales, según el cual la vigencia sería por un periodo determinado, toda vez que los derechos de los trabajadores, en los términos precisados, son irrenunciables, sin que la voluntad de las partes pueda modificarlos o restringirlos; en fecha 1 de diciembre del 2016, fueron notificados de la terminación unilateral de la relación laboral que les unía con la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, argumentando para ello, que la vigencia de sus Contratos de Servicios Profesionales, vencía el 31 de diciembre del 2016, sin invocar causal de las establecidas en el artículo 112 del Código del Trabajo en violación del artículo 117 del mismo cuerpo legal; el Código de Trabajo, ya establece en el artículo 112 las causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el Contrato de Trabajo, sin responsabilidad de su parte y entre ellas, no se encuentra la invocada por el patrono en la nota de despido de fecha 1 de diciembre del 2016, lo cual hace que el despido se vuelva ilegal e injusto, violentando con ello el derecho a la Estabilidad Laboral que la Constitución de la República les garantiza en el artículo 129 más a título de daños y perjuicios, el pago de los salarios dejados de percibir desde la terminación del contrato, hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del Código del Trabajo, la sentencia que en su oportunidad dicte adquiera firmeza; La Ley y la Doctrina dice que toda terminación unilateral del Contrato de Trabajo, debe existir un requisito formal indispensable para que en el evento de ser materialmente justa la causa, se refrende plenamente la legalidad de la ruptura del contrato, que esa causa justa sea manifestada por la parte que termina unilateralmente el Contrato, que esa causa justa sea manifestada por la parte que termina unilateralmente el Contrato de Trabajo, en el momento mismo de la ruptura del mismo, obedeciendo a la transparencia, franqueza y claridad con que el derecho rodea las relaciones contractuales del trabajo, para evitar sorpresa entre las partes y que desde el principio sepa a qué atenerse y pueda recurrir a los medios adecuados y convenientes para la protección de su interés jurídico, pues la parte afectada no puede estar sometida a la incertidumbre de una causa indeterminada o de un motivo oculto; mediante nota de fecha 1 de diciembre del 2016, se utiliza como causa de despido para la terminación de su relación de trabajo, que la vigencia de los contratos suscritos con dicha Secretaria de Estado, habían llegado a su finalización, misma que no se encuentra comprendida en ninguna de las establecidas en el artículo 112 del Código del Trabajo, y por lo tanto hace que el mismo sea ilegal e injusto; aseguran que en virtud de la negativa del patrono a reintegrarse a sus puestos de trabajo, se le citó en la Secretaria de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social, a solicitar que mediante la vía de la conciliación ordenaran su reintegro al puesto de trabajo, pero a la Audiencia de Conciliación, no compareció la parte demandada, por lo que no se pudo llegar a algún arreglo, por lo tanto se dio por agotado el trámite administrativo, extremo que acredita con las Actas de Cierre de Diligencias administrativas Gubernativas conciliatorias por decisión de las partes de fecha 1 de febrero del 2017. 2. La parte demandada, EL ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda aceptando que sostuvo con los demandantes una relación de servicio por periodo limitado y determinado a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, mediante la suscripción del Contrato de Servicios Profesionales, se estableció bajo esta modalidad de contratación por tiempo determinado en los cargos siguientes, el señor Noé Francisco Orellana Maldonado en el cargo de Promotor de Desarrollo Comunal II, y la señora Dilma Gracibel Bajurto Vásquez en el cargo de Promotor de Desarrollo Comunal I, ambos del Programa Educatodos, en el Departamento de Ocotepeque, forma de contratación que se sustenta en la normativa de la Ley General de la Administración Pública y las Disposiciones Generales para la Ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y de las Instituciones Descentralizadas para el Ejercicio Fiscal del año 2016, es decir, sujeto estrictamente al derecho administrativo, que a tal efecto se somete al conocimiento del artículo 3 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; la parte actora suscribió Contratos de Servicios Profesionales, regidos por clausulas plasmadas en el mismo y que contenían los derechos y obligaciones a que se sujetaban ambas partes, no obstante la modalidad bajo la cual prestaron sus servicios se encuentra sustentado al tenor del artículo 1348 del Código Civil que prescribe “las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos”, por otra parte el mismo contrato en su cláusula décima quinta convienen ambas partes entre otras cosas que “en caso de controversia se someten a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de este Departamento de Francisco Morazán, previo haber agotado la Vía Administrativa”, rigiéndose por lo dispuesto en el artículo 3 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que prescribe: “la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá también de las cuestiones referentes al cumplimiento, interpretación, resolución, rescisión y efectos de los contratos regulados por la ley de Contratación del Estado que hayan sido celebrados por... y todo lo relativo a los Contratos de Servicios Profesionales o Técnicos que celebren los Poderes del Estado”, los Contratos eran por Servicios Profesionales eventuales y determinados con fecha de inicio y finalización, teniendo forzosamente que llegar a su fin, y obviamente es lo que ocurrió con los demandantes, ahora pretenden sorprender al juzgador del libelo de la demanda empleando términos incorrectos y acreditándose el derecho subjetivo de ser empleados permanentes, con derechos que corresponden según la legislación nacional a los empleados que gozan de una permanencia laboral mediante Acuerdo, modalidad de contratación diferente a la modalidad de contratación de los demandantes; el beneficio de permanencia no le corresponde a los demandantes porque solamente es otorgado a empleados por acuerdo, y no está contemplado para la prestación de servicio por tiempo determinado y con fecha de culminación, es así que el reconocimiento de la pretensión de los demandantes mediante una sentencia es improcedente; en consecuencia, la terminación de este Contrato de Trabajo no acarrea ninguna responsabilidad, reiterando que la prestación de servicio de los demandantes es eventual y determinada, con fecha de inicio y finalización, teniendo forzosamente que llegar a su fin, además las partes actoras tenían conocimiento de la forma contractual a lo cual en ningún momento manifestó su oposición, contrario sensu, aceptó y consintió esa forma de contratación; en ese sentido no puede condenársele a reconocer una permanencia derivada de un Contrato de Personal no permanente, y que se sustenta al tenor del artículo 46 literal b) del Código de Trabajo que a la letra dice “el contrato individual de trabajo puede ser ... b) Por tiempo limitado, cuando se especifica fecha para su terminación”, en ningún momento puede ser considerado por tiempo indefinido; asimismo en cada uno de los contratos firmados entre las partes, se plasmó la temporalidad en la prestación de servicios y no acarrea permanencia en la institución, y como ya lo establece el artículo 1348 del Código Civil “las obligaciones de los contratos tienen fuerza de Ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos”; si bien los demandantes pretenden que se le reconozcan ciertos derechos sobre el contrato suscrito, no es menos cierto que el artículo 26 del Código de Trabajo establece “que el contrato de trabajo obliga a lo expresamente pactado”, y que lo pactado en particular es por tiempo determinado; continua manifestando que nunca hubo despido, lo que aconteció fue la finalización de sus contratos, pues la vigencia que tenían era hasta el 31 de diciembre del 2016, cláusula que se aceptó y consintió, en ningún momento manifestaron su oposición, por lo cual no pueden alegar que fue de manera unilateral la terminación de la relación laboral, como lo dice el ya citado artículo 1348 del Código Civil, los contratos llegaron a su fin, pues su vigencia era hasta el 31 de diciembre de 2016, por lo que no hay despido; en relación del reclamo administrativo presentado ante las Oficinas Gubernativas de la Secretaría de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social, e virtud de no ostentar facultades para comparecer a ningún tipo de conciliación, ni mucho menos al tratarse de contratos a término, el cual fue acordado a satisfacción de las partes, no es competente la Secretaría de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social para conocer dicha materia; en consecuencia la pretensión exigida en el Juzgado por los demandantes, quienes equivocaron la vía para ejercer su reclamo, debe ser declarada Sin Lugar por no asistirles el derecho subjetivo e ilusorio que pretenden, será en el proceso del debate que se acreditará que la parte actora no tuvo sustentación jurídica para poder litigar, en consecuencia se les condene especialmente en costas. 3. El Juzgado de Letras Departamental de Ocotepeque Departamento de Ocotepeque, en fecha 18 de mayo del 2021, dictó sentencia la cual en su parte resolutiva dice: “PARTE DISPOSITIVA… RESUELVE: UNICO: DECLARANDO SIN LUGAR La Demanda Ordinaria Laboral de Primera Instancia para Que Se Declare que en una Relación de Trabajo Regida Por Contratos de Servicios Profesionales se da la concurrencia de los tres elementos esenciales del contrato de trabajo, que se Declare como una verdadera Relación Laboral de carácter permanente por la suscripción de contratos continuos y se declare antigüedad desde el inicio de la relación de trabajo, así como también al pago de salario Dejados de Percibir a Título de Daños y Perjuicios, desde la fecha del despido hasta la fecha de la Sentencia, promovida por los señores FRANCISCO ORELLANA MALDONADO Y DILMA GRACIBEL BAJURTO VASQUEZ, contra el Estado de Honduras, representado por el Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en representación de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN a través del Programa EDUCA TODOS, ambos de generales conocidas en el preámbulo de la presente sentencia”. Bajo el criterio que examinada la demanda, la contestación a la misma, y los medios de prueba propuestos y practicados en la audiencia respectiva, estima probados los hechos siguientes, que se encuentra plenamente acreditada la relación laboral que vinculó a los trabajadores con El Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Educación y el Programa Educatodos, por los Contratos de Trabajos celebrados entre ambas partes, corroborada que dicha relación laboral del señor Noe Francisco Orellana Maldonado comenzó en fecha 28 de enero del 2013 en el cargo de Sub Coordinador Departamental del Programa Educatodos dependiente de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, Promotor de Desarrollo Comunal II, en el Departamento de Ocotepeque, hasta el 31 de diciembre del 2016, devengaba un sueldo de L. 15,000.00, que se depositaban a su cuenta personal según su orden 211070125293 de Banco Occidente, pagados con fondos de la misma Secretaría; y la señora Dilma Gracibel Bajurto Vásquez desde el 1 de octubre del 2010, en el cargo de Promotora Municipal de la Sub Coordinación Departamental del Programa Educatodos, Promotor de Desarrollo Comunal I, en el Departamento de Ocotepeque, hasta el 31 de diciembre del 2016, devengaba un sueldo de L. 7,300.00, que se depositaban a la cuenta personal de cada empleado según su orden 211140091408 de Banco Occidente, pagados con fondos de la misma Secretaría; les fue notificado a los demandantes que con instrucciones del señor Secretario de Estado en el Despacho de Educación, la vigencia de sus Contratos de Servicios Profesionales, vencía el 31 de diciembre del 2016, en tal sentido la relación laboral finalizó en la fecha indicada; Los Contratos de Trabajo celebrado entre las partes fueron continuos, el señor Noe Francisco Orellana Maldonado celebró su primer contrato el 1 de enero del 2013, sucesivamente el 2 de enero del 2014, 2 de enero del 2015, y 4 de enero del 2016; en cuanto a la señora Dilma Gracibel Bajurto Vásquez el primer contrato se celebró en fecha 30 de septiembre del 2010, luego el 20 de enero del 2011, 24 de mayo del 2011, 3 de enero del 2012, 2 de enero del 2013, 2 de enero del 2014, 2 de enero del 2015, y 4 de enero del 2016. 4. La Corte de Apelaciones de la sección judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, en fecha 29 de junio del 2022, dictó sentencia REVOCANDO la proferida por el a quo, que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARA CON LUGAR, el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado RODOLFO ANTONIO FIGUEROA GARCIA, en su condición de Representante Procesal del señor NOE FRANCISCO ORELLANA Y DILMA GRACIBEL BAJURTO VASQUEZ, contra la Sentencia Definitiva de fecha dieciocho (18) de mayo del año dos mil veintiuno (2021); SEGUNDO: SE REVOCA LA SENTENCIA DICTADA Y VENIDA EN APELACION; TERCERO: SE DECLARA CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL para el REINTEGRO A SU TRABAJO EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES DE LAS QUE TENÍAN AL MOMENTO DEL DESPIDO. PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, DESDE LA FECHA DEL DESPIDO A LA FECHA DE LA REINSTALACION. CONDENA AL PAGO DE LOS INCREMENTOS Y AJUSTES SALARIALES Y OTROS BENEFICIOS QUE SE GENEREN EN EL TRANSCURSO DEL JUICIO. COSTAS. Por Despido Injustificado, contra EL ESTADO DE HONDURAS; CUARTO: SE ORDENA EL REINTEGRO DE LOS SEÑORES: NOE FRANCISCO ORELLANA Y DILMA GRACIBEL BAJURTO VASQUEZ, A SUS PUESTOS DE TRABAJO EN IDENTICAS O MEJORES CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCONTRABAN AL MOMENTO DE SER INJUSTAMENTE DESPEDIDOS; QUINTO: SE CONDENA AL PAGO DE LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA FECHA EN QUE FUERON DESPEDIDOS A LA FECHARAN EN QUE QUEDE FIRME LA PRESENTE RESOLUCION, COMO INDEMNIZACIÓN; SEXTO: SE CONDENA A DISFRUTAR DE LOS AUMENTOS QUE CONFORME AL TIEMPO QUE HA TRANSCURRIDO Y DEBIERON HABER RECIBIDO; SEPTIMO: SE ABSUELVE DE LA CONDENA EN COSTAS, en Primera y Segunda instancia a la parte demandada ya que en materia laboral prevalece el principio de gratuidad, y por estimar este Tribunal que tenía razones suficientes para litigar”. Bajo el criterio que al darle lectura al contenido del fallo se logra apreciar que la sentencia recurrida bajo la perspectiva del a quo, estima que dicha relación laboral está sujeta a lo dispuesto en la Ley de Servicio Civil y no la legislación laboral, consecuentemente, la sentencia fue motivada en ese sentido; no se aportó prueba fehaciente sobre la cantidad de dinero que recibían ambos demandantes a la fecha en que fueron despedidos, por la falta de uniformidad en las sumas de dinero depositadas en sus cuentas de ahorro, lo que genera una confusión, según se logra apreciar en el contenido del acta donde se consigna el resultado de la inspección realizada a sus cuentas de ahorro bancarias donde se les depositaba su salario; el a quo en su análisis estima que el asunto debió tramitarse en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y no dentro de la jurisdicción laboral, bajo esa perspectiva su resolución no resulta incongruente, al contrario está armonizada; sólo que difiere de su conclusión final, ya que el Juzgador arribó a una conclusión distinta de lo que conforme a una efectiva y correcta interpretación de la ley debió ser, a ello se le conoce como error de derecho por indebida interpretación y aplicación de la norma, siendo esta la denominación correcta o adecuada del agravio, por ende, no es de recibo el agravio expuesto en los términos del impetrante. Al revisar el contenido de lo expuesto por el demandante en el recurso de apelación, entiende su disconformidad con el fallo recurrido por una indebida interpretación de la ley por parte del Juez, que lo llevó a caer en una incorrecta o indebida aplicación de la ley al decir “se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen”, a esto habría que sumar la siguiente manifestación de su parte que se encuentra en consonancia con lo anteriormente dicho, como ser que le agravia la resolución, ya que en sus fundamentos de derecho y en el razonamiento lógico del Juez a la hora de dictar su Sentencia no se valora lo siguiente, que sus representados son empleados de la Secretaría de Educación mediante Contratos de supuestos Servicios Profesionales, por lo que en el artículo 2 del Código del Trabajo específicamente en el inciso 2) dice que “para poder excluir del ámbito del Código del Trabajo a un hondureño debe haber sido nombrado su puesto por la Constitución, La ley, Decreto Ejecutivo o Acuerdo Municipal”, también dice que para poderlos excluir deben considerárseles Servidores Públicos, por lo que la contratación que se manifiesta en la fundamentación jurídica de la Sentencia, solo se puede enmarcar en el ámbito del artículo 36 del Código del Trabajo, recordando que los Contratos de Servicios Profesionales según la Ley de Contratación del Estado en sus artículos 8 y 11 nos dicen que los Contratos de Servicios Profesionales son solamente para trabajos de Consultoría o Emergentes; siendo el caso que los demandantes tienen 2 y 7 años continuos hasta la fecha de su despido, bajo esa modalidad de Contratos con la Secretaría de Educación no caben en ningún momento en el término servicios profesionales en la Ley de Contratación del Estado, además de ello el artículo 47 del Código del Trabajo dice que “los Contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en una empresa se consideran como celebrados por tiempo indefinido, aunque en ellos se exprese el termino de duración si al vencimiento de dichos contratos subsisten la causa que le dio origen o la materia del trabajo para la prestación de servicios o la ejecución de obras iguales o análogas”, y finalmente señaló algunos antecedentes sobre asuntos de similares circunstancias resueltos por el Tribunal; por lo que está plenamente de acuerdo, ya que independientemente del nombre que se le dé al contrato en razón del tipo de contratación, no dejará de ser un Contrato de Trabajo si cumple los requisitos contenidos en el artículo 20 del Código del Trabajo, donde se pretende sujetar los contratos firmados por los demandantes con el Ministerio de Educación, a las disposiciones de la Ley de Servicio Civil, por el tipo de Contrato y su cláusula de sumisión a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; pero no es así, ya que en franca aplicación del Principio Protectorio en uno de los postulados que lo conforman, como ser el de Primacía de la Realidad, por una parte con la simple lectura de los Contratos de Trabajo firmados por las partes demandantes, y por el representante del Ministerio de Educación se evidencia que cumplen con los requisitos contenidos en el artículo 20 del Código del Trabajo; por otra parte la sumisión de los demandantes contenida en sus contratos a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, se tiene como no escrita puesto que si bien es cierto existe tal sumisión expresa, esta no se realizó a la jurisdicción correspondiente laboral, sino a otra distinta contencioso administrativo, están frente a una relación laboral por la naturaleza misma de los contratos, en consecuencia cualquier asunto conflictivo que se derive del contrato firmado entre las partes y que dio origen a tal relación laboral, debe dilucidarse necesariamente dentro del ámbito de la jurisdicción laboral, y no por la jurisdicción de lo contencioso administrativo; si bien, la sumisión expresa es válida cuando las partes se someten de manera voluntaria a un órgano jurisdiccional que ostente jurisdicción y competencia objetiva para el conocimiento del asunto que podría generarse, derivado de la firma del contrato, si el órgano jurisdiccional al cual se someten expresamente carece de una u otra jurisdicción o competencia, dicha sumisión no es válida; el órgano jurisdiccional al que se sometieron las partes, carece de jurisdicción para el conocimiento del asunto, y por ende de competencia objetiva, pues es la jurisdicción laboral la idónea para resolver los conflictos de esa naturaleza; La Corte de Apelaciones ha emitido sin número de resoluciones en este sentido, y ha sido del criterio que la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en su artículo 4 numeral 1), establece que quedan fuera de la esfera del Derecho Administrativo, entre otros, los contratos suscritos por El Estado de Honduras, con personas naturales, referentes a prestación de servicios profesionales, técnicos o especializados, que no tenga relación con los Contratos de Consultarías, este artículo hace una remisión obligatoria al artículo 4 y 104 de la Ley de Contratación del Estado, y de la lectura de los mismos y siguientes, claramente se deduce que los demandantes son personas naturales, que han ido prestando sus servicios profesionales como Sub Coordinador Departamental del Programa Educatodos del Departamento de Ocotepeque, y Promotora Municipal de la Sub Coordinación Departamental del Programa Educatodos, de Ocotepeque; programa específicamente de la Secretaría de Educación, donde sus funciones en ningún momento son o se relacionan con las de un Consultor, es decir no efectúa diseños, estudios y similares, sino que claramente y de acuerdo a lo establecido en la cláusulas primera y segunda del Contrato de Trabajo, las funciones que ella desempeñaba en la Secretaria de Estado aludida, tenían que ver con la Sub Coordinación Departamental del Programa Educatodos, en el Departamento de Ocotepeque, y como Promotora Municipal de la Sub Coordinación Departamental del Programa Educatodos, también del Departamento de Ocotepeque, la segunda; la misma legislación administrativa, por la naturaleza de los contratos suscritos lo excluye de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo artículo 4 numeral 1) de la Ley de Contratación del Estado, relacionado con los artículos 104 de la misma Ley y articulo 3 literal a) de la Ley de lo Contencioso Administrativo; de igual manera el artículo 692 del Código del Trabajo dice “en los juicios que se sigan contra el estado, será competente el juez del trabajo del lugar en donde se haya prestado el servicio, o el domicilio del demandante, a elección de este, cualquiera que sea la cuantía”; sobre el Reintegro expone que conforme el artículo 117 del Código del Trabajo el empleador tiene que expresar al empleado de manera escrita o verbal la causa que motivó su despido para que luego no pueda alegar motivos distintos; el demandado es emplazado precisamente para que pruebe la justa causa de despido de sus empleados; en este caso se alegó que los demandantes estaban sujetos a la modalidad de Contrato por tiempo determinado y con fecha de culminación, y que estaban sujetos a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativos por realizarse conforme las disposiciones de la Ley del Servicio Civil; El criterio de la Sala Laboral en relación a las circunstancias o elementos determinan si la relación laboral es permanente o temporal, en ese sentido Sentencia CL-102-2017 que establece “se debe recordar que en el ámbito laboral existe limitación de la autonomía de la voluntad, ya que las normas de trabajo y seguridad social son de orden público y, por ello, aunque en la práctica las partes pueden pactar lo quieran, lo cierto es que dicho pacto será válido solamente si es respetuoso de la normativa laboral, esto en consonancia con los artículos 128 de la Constitución de la República (preámbulo) y 3 del Código del Trabajo, preceptos que le niegan eficacia a los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos laborales que tiene el trabajador; y que, en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que efectivamente sucede en el terreno de los hechos, ya que dicha divergencia así como puede proceder de un simple error involuntario, puede también estar inspirada intencionalmente para simular o esconder la verdad y eludir el cumplimiento de obligaciones legales u obtener un provecho ilícito. Debe, entonces, quedar claro que la existencia o no de una relación o un contrato de trabajo, su permanencia o temporalidad y demás cualidades dependen, no de lo que las partes previamente hubieren pactado por escrito o en forma verbal, o de si se esté o no en determinada partida presupuestaria, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre prestando sus servicios, pues siempre deben prevalecer los aspectos fáctico-sustanciales por sobre los jurídico-formales”. 5. Mediante auto de fecha 22 de septiembre del 2022, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada DORIS ARACELY SANTOS, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la seccion judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha 25 de mayo del 2023, compareció ante éste Tribunal la Abogada DORIS ARACELY SANTOS CRUZ, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 10 de agosto del 2023, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 30 de octubre del 2023, se declaró precluido de derecho y perdido irrevocablemente el termino dejado de utilizar por el Abogado RODOLFO ANTONIO FIGUEROA GARCIA, en su condición de representante procesal de los señores NOE FRANCISCO ORELLANA MALDONADO y DILMA GRACIBEL BAJURTO VASQUEZ, en su consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado ROY PINEDA CASTRO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que la Abogada DORIS ARACELY SANTOS, en un primer y único motivo de casación alega: “Acuso la sentencia de ser violatoria de la Ley sustantiva de orden nacional por infracción directa del artículo 738 del Código del Trabajo, en virtud que la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Ciudad de Santa Rosa, Copan, pretende reconocer que la actividad que ejercían los demandantes, son de naturaleza permanente, y que cumplen con los tres requisitos establecidos en el artículo 20 del Código del Trabajo, cuando realmente se comprobó que los señores NOE FRANCISCO ORELLANA Y DILMA GRACIBEL BAJURTO VASQUEZ, sostuvieron una relación laboral, bajo la suscripción de contratos a término, es decir por periodo determinado en vista que las funciones que ejercían no son de naturaleza permanente, en los medio de prueba documental público consistente en los folios 31al 125 de la pieza principal se demostró que los demandantes tenían relación laboral con mi representada, bajo la suscripción de contratos a término, contratos que fueron consentidos y aceptados por los demandantes. PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo de casación está comprendido en el numeral uno, párrafo segundo del artículo 765 Código de Trabajo. EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN LO EXPLICO ASÍ: El Tribunal de alzada, no tomó en cuenta el medio de prueba documental consistente en los contratos suscritos entre mi representada y los demandantes, lo cuales corre a folio 31 al 125, con lo que se demuestra que las ahora demandantes no han tenido relación laboral permanente para que puedan exigir derechos que no es corresponde Claramente el artículo 129 de la Constitución establece "La ley garantiza la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de la industria y profesiones y "LAS CAUSA JUSTAS DE SEPARACION" ósea que la ley también ampara al patrono cuando señala la justa causa de separación, no es suficiente los alegatos a su favor que exponen las demandantes en su demanda ya que deben fundarse en hechos reales y concretos, mismos que deben ser probados en juicio, pues en materia probatoria, es un principio universal que quien afirma una cosa es quien está obligado a probarla, constituyendo la máxima ONUS PROBANDI ENCUMBIT ACTORI y siendo que la prueba es el medio legal que sirve para demostrar la veracidad de los hechos que se alegan ante las autoridades juridiciales, es preciso que la prueba se produzca de manera tal que la Honorable Juez puedo apreciarla e inspirarse en los principios de la sana critica para formar libremente su criterio. De igual no se valoró lo que establece el artículo 1346 del Código Civil, cuando literalmente ordena: "Las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y casi contratos y de los actos y omisiones ilícitos o en que intervengan cualquier género de culpa o negligencia" y el Artículo 1348 del mismo cuerpo legal, dice: "Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos”. III.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: i. el artículo 738 del Código de Trabajo, señalado como norma sustantiva infringida carece de esa calidad, siendo su naturaleza adjetiva en consecuencia inviolable para los efectos de este recurso extraordinario; ii. en la formulación se alega la infracción directa sin embargo, en la explicación se alude al material probatorio lo cual es incompatible con dicho concepto ya que, es de lato conocimiento que bajo esta modalidad de violación a la ley sustantiva lo que se discute es el derecho no los hechos; y, iii. lo relizado en el desarrollo resulta ser un alegato de instancia inoportuno en este recurso extraordinario de conformidad a lo dispuesto en el artículo 770 del Código de Trabajo. IV.- Por lo expuesto, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 770, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación formulado en su primer y único motivo de casación. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado Roy Pineda Castro. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, quien firma por el Magistrado Coordinador ROY PINEDA CASTRO, conforme al artículo 8 del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de octubre del dos mil veinticuatro; certificación de la sentencia de fecha trece de febrero del dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL446-2022. FIRMA Y SELLO.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ.

SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.