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Sentencia CL-44-23 — Registro 18742

Resumen

Demanda ordinaria laboral para que se declare por tiempo indefinido la relación laboral originada por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos, en aplicación estricta de lo preceptuado en el artículo 47 del Código de Trabajo, en consecuencia conceder todos los derechos que ostentan los empleados con estatus permanentes, asimismo la reinstalación a sus puestos de trabajo y restitución a sus funciones por la negativa del patrono de la no suscripción de un nuevo contrato de trabajo, pago de salarios dejados de percibir, pago de vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes causados y proporcionales, pago de reajuste al salario mínimo de manera retroactiva, pago de indemnización por violación a derechos fundamentales vía artículo 90 de la Ley de Inspección Laboral y demás derechos generados de la relación contractual

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

...."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) La norma que indica como violada el artículo 765 del Código de Trabajo no ostenta el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) Cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; y, c)formula alegatos de instancia."....

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., nueve de septiembre del dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral, formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha 06 de junio del 2023, por el Abogado JOSÉ DANIEL HERRERA MENDOZA, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, las señoras ALMA RUBÍ MORENO GALEAS y EDITH GERALDINA GONZÁLEZ GONZÁLEZ, representadas en juicio por la Abogada MARIELA NINOSKA VASQUEZ ACOSTA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para que se declare por tiempo indefinido la relación laboral originada por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos, en aplicación estricta de lo preceptuado en el artículo 47 del Código de Trabajo, en consecuencia conceder todos los derechos que ostentan los empleados con estatus permanentes, asimismo la reinstalación a sus puestos de trabajo y restitución a sus funciones por la negativa del patrono de la no suscripción de un nuevo contrato de trabajo, pago de salarios dejados de percibir, pago de vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes causados y proporcionales, pago de reajuste al salario mínimo de manera retroactiva, pago de indemnización por violación a derechos fundamentales vía artículo 90 de la Ley de Inspección Laboral y demás derechos generados de la relación contractual, costas; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha 28 de agosto del 2017, por las señoras ALMA RUBÍ MORENO GALEAS, Ama de casa; y EDITH GERALDINA GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Licenciada en Enfermería; ambas mayores de edad, solteras, hondureñas y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio del Procurador General de la República, en ese entonces Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, por las actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 28 de octubre del 2022, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 10 de septiembre del 2021, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por las señoras ALMA RUBÍ MORENO GALEAS Y EDITH GERALDINA GONZÁLEZ GONZÁLEZ en contra del ESTADO DE HONDURAS a través de su representante legal el señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA en su condición de Procurador General de la República. -SEGUNDO: SE CONDENA a reconocer y declarar una relación de trabajo por tiempo indefinido y de carácter permanente la que sostiene las señoras ALMA RUBÍ MORENO GALEAS Y EDITH GERALDINA GONZÁLEZ GONZÁLEZ con el Estado de Honduras representado por el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA en su condición de Procurador General de la República, directamente con la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS SALUD, asimismo a REINTEGRAR a su puesto de trabajo a las demandantes en el mismo puesto en otro en iguales o mejores condiciones en LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO SALUD más el pago de salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que las demandantes sean debidamente reinstaladas, de igual manera se le reconoce una antigüedad laboral desde el 01 de Julio del 2016 a la señora ALMA RUBÍ MORENO GALEAS y desde el 01 de Agosto del 2014 a la señora EDITH GERALDINA GONZÁLEZ GONZÁLEZ, asimismo se les reconoces a las demandantes todos los derechos que ostentan los empleados de carácter permanente. -TERCERO: SE CONDENA al ESTADO DE HONDURAS a través del señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA a pagar a la señora ALMA RUBÍ MORENO GALEAS la cantidad de (Lps. 61,532.49) cantidad en concepto de reajuste de salario mínimo, incluido en este valor el reajuste del décimo tercer, décimo cuarto mes y vacaciones; Asimismo quedara pendiente en la etapa de ejecución de sentencia el cálculo respectivo de los años posteriores 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, hasta que la demandada proceda a la modificación del salario; CUARTO: SE CONDENA al ESTADO DE HONDURAS a través del señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA a pagar a la señora ALMA RUBÍ MORENO GALEAS la cantidad de (Lps. 9,421.81 cantidad ya reajustada) cantidad en concepto de décimo cuarto mes del periodo 2015-2016 y para la señora EDITH GERALDINA GONZÁLEZ GONZÁLEZ la cantidad de (Lps. 36,398.00), cantidad que corresponde al décimo tercer y cuarto mes de salario correspondiente a los periodos 2015- 2016 y 2016 y 2017. QUINTO: SE CONDENA al ESTADO DE HONDURAS a través del señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA a pagar a la señora ALMA RUBÍ MORENO GALEAS la cantidad de (Lps. 12,562.40) utilizando el salario reajustado, Y EDITH GERALDINA GONZÁLEZ GONZÁLEZ la cantidad de (Lps. 24,265.20) cantidad en concepto de vacaciones correspondiente a los periodos 2015-2016 у 2016-2017. SEXTO: SE ABSUELVE al ESTADO DE HONDURAS a través del señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA a pagar a las señoras ALMA RUBÍ MORENO GALEAS Y EDITH GERALDINA GONZÁLEZ GONZÁLEZ cantidad alguna en concepto de indemnización por violación a derechos fundamentales vía artículo 90 de la Ley de Inspección Laboral y demás derechos generados de la relación contractual y demás derechos generados de la relación contractual. SÉPTIMO: SIN COSTAS porque en materia de Derecho del Trabajo impera el Principio del Gratuidad y es aplicable la supletoriedad cuando no se alteran los Principios del Derecho del Trabajo…”. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- Las partes demandantes expresaron en el escrito de su acción que iniciaron la relación laboral para el demandado así: Alma Rubí Moreno Gáleas, el 01 de julio del 2016, desempañando el puesto Ayudante de Enfermería, asignada al Hospital San Felipe, Asilo de Inválidos, devengaba un salario mensual de L. 7,300.00, mismo que era inferior al salario mínimo legal vigente, el que debe ser reajustado por ese Juzgado; y Edith Geraldina González González, el 01 de agosto del 2014, desempeñando el puesto de Licenciada en Enfermería, asignada al Hospital San Felipe, Asilo de Inválidos, devengaba un salario mensual de L.18,199.00, el cual era inferior al salario minino legal vigente, debiendo ser reajustado por ese Juzgado; manifestaron que en virtud de la suscripción de varios contratos de trabajo de forma continua e ininterrumpida y al tenor de lo preceptuado en el artículo 47 del Código de Trabajo, consideraron que les asistía el derecho a la permanencia en el puesto de trabajo que habían venido desempeñando, con todos los derechos que ostentaban los empleados permanentes en la Institución demandada; y que lo sucedido fue que la Institución demandada una vez vencido el último contrato en fecha 30 de junio del 2017, sin justificación alguna les notificó la terminación de su relación laboral, a pesar de estar consciente que les asistía el derecho al trabajo por la continuidad de dichos contratos, además de desempeñar labores permanentes en la demandada pues las mismas no pueden desaparecer pues forma parte de la operatividad de la Institución para la que laboraron, y ante la negativa del patrono en reconocerles la permanencia en sus puestos de trabajo y el despido del cual habían sido objeto sin causa justificada, es que se vieron en la obligación de pedir por la vía judicial tanto la permanencia en sus puestos de trabajo como la reinstalación al mismo y la restitución de sus funciones, en virtud de las labores continuas que habían venido desempeñando, a través de contratos de trabajo por tiempo determinado y al tenor de lo preceptuado en los artículos 47 del Código de Trabajo y 129 Constitucional, que les asistía el derecho reclamado. Además solicitaron el reconocimiento y pago del reajuste al salario mínimo legal, que el empleador nunca les pagó, y que es un derecho que les asistía constitucionalmente, violentando la demandada el artículo 39 de la Ley del Salario Mínimo y que además la aplicación de dicho reajuste deberá ser ampliado al decimotercero, decimocuarto mes y vacaciones, los que deberán ser cancelados de manera retroactiva dos años atrás a la fecha de la presentación de la presente acción; adicionalmente solicitaron la indemnización por violación a sus derechos fundamentales, por fraude a la Ley por Simulación Contractual, indemnización que finalmente se encontraba vigente en la República de Honduras, por mandato internacional de la Organización Internacional del Trabajo, establecida en la Ley de Inspección laboral (Decreto Legislativo 178- 2016) que en su artículo 90 establece la cantidad de L. 100,000.00 por cada violación a un derecho fundamental; y que dicha indemnización de L. 100,000.00 debería de pagarse por la violación al Derecho Fundamental a la estabilidad laboral establecido en la Constitución de la República en su artículo 129, al negarles el empleador dicho derecho, a sabiendas que son labores permanentes en la Institución demandada; así como por vulnerar el Derecho Fundamental establecido en el artículo 39 de la Ley de Salario Mínimo. Asimismo, argumentó que, con el ánimo de buscar una solución a las diferencias suscitadas entre las partes, presentaron reclamo administrativo ante la Secretaría del Trabajo Seguridad Social para la permanencia y reinstalación a sus puestos de trabajo en momento procesal oportuno, dándose por agotado el mismo; por no haber voluntad de parte del empleador en conciliar sus diferencias. 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda, señalando que las demandantes, si mantuvieron una relación contractual con el demandante mediante contratos de Servicios Profesionales a término con fecha de inicio y terminación, con el consentimiento y aceptación sin objeción alguna por parte del demandante; por lo que rechazó lo puntualizado por la parte actora a que se le reconozcan derechos que solamente han sido otorgados a aquellas personas que han cumplimentado los requisitos establecidos por la Ley de Servicio Civil y que gozaban de un estatus de empleado permanente, no como pretende el demandante que le sean reconocidos derechos o beneficios inaplicables en el presente caso, ya que el artículo 5 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil instituye: "Para los fines de la Ley y su Reglamento, entiéndase por empleado o servidor público la persona natural que ha sido nombrada para un cargo sujeto al Régimen del Servicio Civil que haya cumplido con los requisitos de ingreso previstos en la Ley"; por lo tanto es improcedente lo manifestado en relación a la fecha que inició su relación contractual, ya que cada contrato suscrito entre las partes ha sido independiente uno del otro con fecha de inicio y finalización; para lo cual el Decreto Legislativo 266 de la "Ley Para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicio a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno en su Artículo 124-C párrafo segundo", vigente desde el 23 de enero del 2014 establece: "En caso de los empleados por contrato, los mismos deberán sujetarse al plazo y a las condiciones contractuales convenidas entre las partes”; por lo tanto, lo manifestado por las demandantes era improcedente; así como también improcedente en cuanto a la continuidad de sus funciones ya que para ser empleado de la Administración Pública de forma permanente se requería haber dado cumplimiento a lo establecido en el articulo 5 supra indicado, requisitos con los cuales no contó la demandante ni siquiera inició ante la autoridad competente las gestiones respectivas para que se pudiera aprobar una plaza para su cargo, en la Dirección de Servicio Civil y con ello promover ante la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas la respectiva disponibilidad presupuestaria para la misma, de forma permanente y no temporalmente como se aprobara para la celebración de un nuevo contrato con el demandante, lo que estaba supeditado a la no aprobación para uno nuevo, como ocurrió en el caso que nos ocupa; siendo por tanto, improcedente el artículo 20 del Código de Trabajo que cita el demandante puesto que equivocó el camino para ejercer su reclamo ante un Juzgado incompetente para conocer de la causa, pues la modalidad contractual bajo la cual eran regidos los servicios prestados por el demandante al demandado a través de la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud, estaban fuera del alcance de la protección del Código de Trabajo por estar regidos por el derecho administrativo y por ende correspondía al Juzgado de lo Contencioso Administrativo dirimir la acciones que de ellos resultare; aclaró que la modalidad bajo la cual habían sido contratadas las demandantes obedecía al Principio de Contratación o libertad de contratación como derecho que tienen las personas celebrar contratos y con quién hacerlo, así como la libertad para determinar el contenido de los mismos; por consiguiente era de libre albedrio del Estado celebrar con las personas que él considerara y por el tiempo que estimara según el presupuesto que se le otorgara, por la Secretaria de Finanzas para el personal de apoyo, el cual NO es considerado permanente, pues se regía bajo contratos determinados como es el caso que nos ocupa y que de considerarse afectado el demandante por la particularidad en que se rige la prestación de sus servicios en primera instancia hubiera agotado la vía interna o administrativa a efecto de que ésta procediera a hacer las diligencias pertinentes ante las autoridades respectiva para la creación de plaza a su puesto de trabajo a efecto de se le pudiera cumplimentar lo que establece el artículo 17 del Reglamento de Personal de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud que dispone: “Seleccionado el candidato a un cargo por nombramiento, la Autoridad Nominadora remitirá la Acción de Personal a la Dirección General de Servicio Civil"; en concordancia a lo que instituye el artículo 11 de la Ley de Servicio Civil y el artículo 6 de su del Reglamento; arguyó además que las demandantes no fueron despedidas de sus puestos de trabajo, ya que la modalidad a la cual estaban sujetas era mediante contratos a término con fecha de inicio y fecha de conclusión del contrato, y lo acaecido fue la terminación del contrato, en tal virtud lo que manifestaron las demandantes no estaba apegado a la realidad, puesto que las demandantes tenían pleno conocimiento de la terminación del contrato celebrado y en ningún momento manifestaron estar en desacuerdo con dicha forma de contratación, aceptando y consintiendo a la misma, por lo que, no hubo tal violación a sus derechos fundamentales; además el demandado cumplió responsablemente con todos los compromisos salariales adquiridos en dicho contrato durante fueron empleadas de la Secretaria de Salud específicamente lo relacionado con el salario mínimo que establece el estatuto de la enfermera de honduras y lo que establece la ley de salario mínimo para el sector publico Acuerdo No. SCGG-001-401-2015 de fecha 27 de enero del 2016; asimismo expresó que la relación laboral de acuerdo a lo que establece el contrato de servicios profesionales y técnicos los conflictos que se deriven del mismo deben ser resuelto por las normas administrativas y manda que los conflictos deben ser resueltos en vía administrativa es decir en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo por lo que no hay motivo para que las demandante hayan acudido a la Secretaria del Trabajo simulando el agotamiento administrativo porque en todo caso debieron agotar la vía administrativa ante la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud; pues el demandante como al efecto lo reconoce y afirma que celebro un contrato de Servicios a término, no obstante califica el contrato de Servicios una simulación de contrato, lo que significa que entonces él está emitiendo un juicio de falsedad y de negación no solo de las facultades que las partes ostentan para suscribir contrato, sino que en su defecto este sería nulo, es decir no tendría validez jurídica, como anteriormente lo manifestó y la parte actora tampoco tendría legitimación para entablar una acción contra el demandado; resultando obvio que el demandante para sustentar su acción, no solo tergiversa los preceptos legales sino que trata de confundir y dirigir nuevamente la opinión del juzgador al utilizar una normativa del Código de Trabajo con el único propósito de aplicar a su conveniencia el texto legal del artículo 47 del Código de Trabajo, el cual no objetamos, puesto que esa normativa laboral se refiere a los contratos individuales de trabajo continuos y determinados; y en relación a que presentó el reclamo administrativo ante la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, el demandado no ostenta facultades para comparecer a ningún tipo de conciliación, de igual forma por la naturaleza de Contrato de Servicios no es competente la Secretaría de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social para conocer dicha materia; en consecuencia la pretensión exigida en ese juzgado por el demandante debe ser declarada sin lugar porque no le asiste el derecho subjetivo e ilusorio que pretende y será en el proceso del debate que se acreditara que la parte actora no tuvo sustentación jurídica para poder litigar en la presenta causa, en consecuencia se les condene especialmente en costas. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha 10 de septiembre del 2021, dictó sentencia declarando parcialmente con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por las señoras ALMA RUBÍ MORENO GALEAS y EDITH GERALDINA GONZÁLEZ GONZÁLEZ, contra del ESTADO DE HONDURAS a través de su representante legal el señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA en su condición de Procurador General de la República; condenó a la parte demandada a: 1) reconocer y declarar una relación de trabajo por tiempo indefinido y de carácter permanente la que sostiene las demandantes con el Estado de Honduras, directamente con la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS SALUD; asimismo a reintegrar a las demandantes en el mismo puesto de trabajo, o en otro en iguales o mejores condiciones; más el pago de salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que las demandantes sean debidamente reinstaladas, de igual manera se le reconoció una antigüedad laboral desde el 01 de julio del 2016 a la señora Alma Rubí Moreno Gáleas y desde el 01 de agosto del 2014 a la señora Edith Geraldina González González; asimismo se les reconoció a las demandantes todos los derechos que ostentan los empleados de carácter permanente; 2) a pagar a la señora Alma Rubí Moreno Gáleas la cantidad de L. 61,532.49 cantidad en concepto de reajuste de salario mínimo, incluido en este valor el reajuste del décimo tercer, décimo cuarto mes y vacaciones; Asimismo quedara pendiente en la etapa de ejecución de sentencia el cálculo respectivo de los años posteriores 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, hasta que la demandada proceda a la modificación del salario; 3) a pagar a la señora Alma Rubí Moreno Gáleas la cantidad de L. 9,421.81 (cantidad ya reajustada) cantidad en concepto de décimo cuarto mes del periodo 2015-2016 y para la señora Edith Geraldina González González la cantidad de L. 36,398.00, cantidad que corresponde al décimo tercer y cuarto mes de salario correspondiente a los periodos 2015- 2016 y 2016 y 2017. 4) a pagar a la señora Alma Rubí Moreno Gáleas la cantidad de L. 12,562.40 utilizando el salario reajustado, y Edith Geraldina González González la cantidad de L. 24,265.20 cantidad en concepto de vacaciones correspondiente a los periodos 2015-2016 у 2016-2017; absolvió a la parte demandante a pagar a las señoras demandantes la cantidad alguna en concepto de indemnización por violación a derechos fundamentales vía artículo 90 de la Ley de Inspección Laboral y demás derechos generados de la relación contractual y demás derechos generados de la relación contractual, sin costas; bajo el criterio que, haciéndose un análisis del proceso y definido que la demandante solicitan el reajuste de salario mínimo, ALMA RUBÍ MORENO GALEAS es del criterio de la que juzga que ha quedado establecido el salario mensual que devengaba la demandante ALMA RUBÍ MORENO GALEAS, devengaba un salario por la cantidad de L. 7,300.00, al momento del reclamo administrativo según la contratación referida, en virtud de lo cual es procedente conceder como derecho adquirido el reajuste de salario mínimo a la demandante antes aludida, haciendo referencia a los preceptos legales contentivos a la Ley de Salario Mínimo y haciendo una revisión del Acuerdo de Fijación de Salario Mínimo para los años 2017, el salario correspondiente dos años atrás del reclamo administrativo y para los años en mención es por la cantidad de L. 9,421.81 lo que asciende a un total a pagar en concepto de reajuste de L. 61,532.49 incluido el reajuste del décimo tercer, décimo cuarto mes y vacaciones; Asimismo quedara pendiente el cálculo respectivo de los años posteriores 2017, 2018, 2019, 2020, hasta que la demandada proceda a la modificación del salario. Asimismo, corresponde una indemnización por la no aplicación del salario mínimo legal por la cantidad de L. 61,532.49, en aplicación de lo dispuesto del artículo 39 de la Ley del Salario Mínimo. Dentro de las pretensiones la parte demandante solicita el pago de vacaciones correspondientes a los periodos 2015-2016 y 2016-2017 ha quedado acreditado mediante la evacuación del medio de prueba EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS que a las demandantes no se les pagaba dicho concepto en consecuencia es procedente declarar con lugar el pago de vacaciones en los periodos antes descritos de la manea siguiente: ALMA RUBÍ MORENO GALEAS la cantidad de L. 12,562.40 cantidad ya reajustado; y EDITH GERALDINA GONZÁLEZ GONZÁLEZ la cantidad de L. 24,265.20; la parte actora dentro de su petitorio solicita el pago del décimo tercer y cuarto mes de salario correspondiente a los periodos 2015- 2016 y 2016-2017, dentro del medio de prueba EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS ha quedado acreditado que a la demandante ALMA RUBÍ MORENO GALEAS no se le ha pagado en concepto de décimo cuarto mes del periodo 2015 y 2016, por lo que es procedente declarar con lugar tal pretensión cantidad que asciende a L. 9,421.81 cantidad ya reajustada; asimismo en relación con la señora EDITH GERALDINA GONZÁLEZ GONZÁLEZ se constató que no se le pago los conceptos antes descritos lo que asciende a un total de L. 36,398.00, cantidad que corresponde al décimo tercer y cuarto mes de salario correspondiente a los periodos 2015-2016 у 2016 y 2017. La parte actora solicita pago de indemnización por violación a derechos fundamentales vía artículo 90 de la Ley de Inspección Laboral y demás derechos generados de la relación contractual, para la primera pretensión es de hacerle ver a la parte demandante que dicha sanción o multa no corresponde a los tribunales de justicia aplicarla, ya que como la misma nace de una ley y procedimiento administrativo, es el mismo órgano administrativo (Secretaria del Trabajo y Seguridad Social), que tiene la potestad de aplicar o no dicha normativa por lo que deberá de declarase SIN LUGAR dicha exigencia; Ahora bien la parte demandante solicita el pago de la pretensión denominada “demás derechos generados de la relación contractual”, el actor no especifica qué derechos son lo que pretende que se le otorgue asimismo el apoderado demandante no generó prueba alguna para sustentar su pretensión, es por ello que es del criterio que las decisiones judiciales no pueden descansar nunca sobre los hechos alegados, sino que deben de fundamentarse su demostración por medios de prueba legales, siendo estos los instrumentos legales y necesarios de que se valen las partes para demostrar al Juez la verdad o existencia real de los hechos generadores del derecho, es pues imprescindible que la prueba se produzca para que el órgano jurisdiccional pueda calificarla, en consecuencia esta juzgadora se ve imposibilitada de pronunciarse en cuanto a dicha pretensión y estas deberán ser declarada sin lugar. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 28 de octubre del 2022, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el A-quo, sin costas; bajo el criterio que, de las pruebas aportadas al juicio por ambas partes, este Tribunal de Alzada, observa que fueron acreditados los siguientes hechos: 1.- Que la demandante ALMA RUBÍ MORENO GALEAS laboro para a demandada desde el 01 de julio del 2016 al 30 de junio del 2017 en el cargo de Trabajador de Lavandería, con un salario mensual de L.7,300.00, mediante contrato de servicios profesionales y técnicos del 02 de enero del 2017 al 30 de junio 2017; del 01 de julio del 2016 al 31 de diciembre del 2016; 2.- Que la demandante EDITH GERALDINA GONZÁLEZ GONZÁLEZ laboro para la demandada desde el 01 de septiembre del 2016 al 30 de junio del 2017 bajo la modalidad de nombramiento interino, mediante Acuerdos en el cargo de Licenciada en Enfermería devengando un salario de L.18,199.00; 3) Oficio No. 868-DPHSFAI de fecha 28 de junio del 2017, suscrito por la Abogada Elizabeth Álvarez Jefe de Desarrollo de Talento Humano de la Secretaria General San Felipe, dirigido a la señora ALMA RUBÍ MORENO GALEAS rescindiendo el contrato vigente hasta el 30 de junio 2017; 4) Oficio No.938-DPHSFAI de fecha 03 de julio del 2017, suscrito por la Abogada Elizabeth Álvarez Jefe de Desarrollo de Talento Humano de la Secretaria General San Felipe, dirigido a la señora EDITH GERALDINA GONZÁLEZ GONZÁLEZ de terminación de relación contractual; Que en el desenvolvimiento de la relación laboral contractual de prestación de servicios profesionales y mediante Acuerdos de Interino de las demandantes con vigencias periódicas continuas e ininterrumpidas para el desempeño de las mismas funciones para con el mismo contratante, supeditada a una jornada y horario de trabajo de lunes a viernes de; con obligación de cumplir con los requerimientos y labores asignadas, a cambio de una remuneración mensual, con derecho al pago del décimo tercer mes y décimo cuarto mes como compensación social proporcional al tiempo trabajado y goce de un día de vacaciones por cada mes de servicio; hace que este Tribunal de Alzada estime que tales sucesos encajan en las disposiciones legales contenidas en los artículos 20, 47, 52 párrafo segundo del Código del Trabajo; cabe entonces, mencionar que al momento de apreciar los hechos a la luz de las normas laborales, hace que tales contratos relativos a labores que, por su naturaleza son permanentes o continuas en la institución, se consideren como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese termino de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que le dio origen o la materia del trabajo para la prestación de servicio; no habiendo la parte demandada acreditado lo contrario en juicio, en cuanto al servicio brindado por las demandantes en la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud; es así, que con la decisión unilateral de la parte demandada de dar por terminada la relación laboral de la demandante, por haber llegado a la fecha vencimiento del respectivo contrato, hizo que el demandante recurriera al derecho que le concede los artículos 113 y 117 del Código de Trabajo, cual es, de emplazar a su patrono ante los Tribunales del Trabajo para que le pruebe la justa causa en que fundó el despido, caso contrario, deviene obligado al derecho laboral reclamados por la demandante; más a título de daños y perjuicios, los salarios que la trabajadora habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva, a causa de la terminación de la relación laboral sin causa justificada de las que el Código de Trabajo establece. Que la jurisdicción del trabajo esta instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del Contrato de Trabajo. Que por las razones expuestas es procedente confirmar la resolución apelada, por estar dictada conforme a derecho. 5.- Mediante auto de fecha 27 de febrero del 2023, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado JOSÉ DANIEL HERRERA MENDOZA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 06 de junio del 2023, compareció ante este Tribunal el Abogado JOSÉ DANIEL HERRERA MENDOZA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, y nulidad subsidiaria; por lo que mediante providencia de fecha 26 de septiembre del 2023, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 06 de noviembre del 2023, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada MARIELA NINOSKA VASQUEZ ACOSTA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I. Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II. Que el Abogado JOSÉ DANIEL HERRERA MENDOZA, en su primer y único motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de la Ley sustantiva de orden Nacional en infracción directa por falta de aplicación del artículo 765 del código del trabajo.- PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 765 ordinal 1°, del Código de Trabajo.- en el fallo o parte dispositiva de la sentencia recurrida, la corte sentenciadora, condena a al Estado de Honduras, Secretaria de Estado en los Despachos de Salud, "para que en sentencia definitiva se declare por tiempo indefinido nuestra relación laboral, originada por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos, en aplicación estricta de lo preceptuado en el artículo 47 del código de trabajo, en consecuencia concederme todos los derechos que ostentan los empleados con estatus permanente.-así mismo pedimos reinstalación a nuestras funciones por la negativa del patrono de la no suscripción de un nuevo contrato de trabajo, pago de salarios dejados de percibir, pago vacaciones, décimo tercer y cuarto mes causados y proporcionales, pago del reajuste del salario mínimo de manera retroactiva, pago de indemnización por violación a derechos fundamentales vía artículo 90 de la ley inspección laboral y demás derechos generales de la relación contractual.-costas" El Tribunal sentenciador confirma la sentencia dictada en primera instancia y por consiguiente declara con lugar la demanda, condenando mi representado, produciéndose así la infracción directa de la Ley.” III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) La norma que indica como violada el artículo 765 del Código de Trabajo no ostenta el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) Cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; y, c)formula alegatos de instancia. IV. Que el Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “acuso la sentencia recurrida por ser de la Ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta del artículo 3 inciso a) de la Ley de Jurisdicción de contencioso Administrativo, por ERROR DE HECHO, derivado de una mal apreciación de la prueba por la corte sentenciadora del acta de fecha en fecha veintiocho (28) de octubre del dos mil veintidós (2022) folios 17, 18, 19, 20, 21,22 de segunda pieza de antecedentes. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el ordinal segundo Artículo 765 ordinal 2°, del Código de Trabajo. LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICAR EN LA FORMA SIGUIENTE: El error de hecho: derivado de una mala apreciación de la prueba por la corte sentenciadora, denominado contratos de Servicios Profesionales de periodos determinados, que se enmarca dentro del contrato administrativo. Sujeto al derecho administrativo, regulado por la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por ser contratos de carácter administrativo, esta mala apreciación de la prueba constituye un error de hecho manifiesto, que como tal aparece en los autos, contrario a la evidencia mostrada, el mismo demandante tanto en los contratos referidos como en la normativa, establece como jurisdicción el Juzgado de Letras de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de la cual las demandantes tenían tenía conocimiento y no se manifestó en ningún momento, ni presento oposición en tiempo y forma, contrario sensu en base a uno de los elementos esenciales del contrato que contempla nuestro ordenamiento jurídico, CONSINTIÓ Y ACEPTÓ la relación laboral bajo modalidad de contratos de Servicios profesionales/ técnicos en forma determinada; Reglamento de la Ley de Servicio Civil artículo 200, ya establece que tipos de personal debe ser contratado bajo modalidad de contratos de servicios Profesionales y técnicos y efectivamente, se trata de un recurso calificado como empleado del servicio de Lavandería.- La nulidad absoluta se puede alegar por todo el que tenga interés en ella y debe cuando conste en autos declararse de oficio, aunque las partes no lo aleguen y no puede subsanarse por la confirmación de las partes, ni por un lapso menor que se exige para la prescripción ordinaria. En virtud ello, se alega en forma subsidiaria la nulidad absoluta de la sentencia recurrida de fecha en fecha veintiocho (28) de octubre del dos mil veintidós (2022) dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, señalando errores procesales siguiente: a) en la sentencia dictada en fecha diez (10) de septiembre de dos m veintiuno (2021), por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán al notificar e estrados a las partes solo interpuso la parte demandada, en tal virtud la Corte sentenciadora Apelaciones solo pronuncia sobre la parte demandada, es decir no tomo en cuenta, al respecto artículo 206 del Código de Procedimientos Civiles análogamente aplicable dice: las sentencias debe de claras, precisas, y exhaustivas”. V. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) La norma que indica como violada el artículo 3 inciso a) de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no pertenece al orden laboral por lo que no ostenta el carácter de norma sustantiva, entendiendo esta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) Cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que indica incorrectamente el ordinal y no indica el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; c) Debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por el Recurrente; d) La prueba singularizada si fue apreciada en el fallo impugnado, resultando que se le dio una valoración o alcance diferente al que pretende el Impetrante, por lo que es impropio el ataque al mismo por falta de apreciación; y, e) Formula alegatos propios de instancia. VI. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, COORDINADORA. ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA, FRANCISCA VILLELA ZAVALA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de enero del dos mil veinticinco; certificación de la sentencia de fecha nueve de septiembre del dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL44-2023. FIRMA Y SELLO.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ

SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.