Sentencia CL-436-22 — Registro 18149
Resumen
Demanda Ordinaria Laboral de primera instancia para el reintegro a su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones de trabajo en virtud de un despido directo, injusto e ilegal, salarios adeudados y ajustes de salario, a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Olvida el Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley; b) La norma que indica como violada el artículo 22 del Código Procesal Civil no es del orden laboral el cual no ostenta el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código de Trabajo , entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y, c) Formula alegatos propios de instancia. IV.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Olvida el Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley; b) La norma que indica como violada el artículo 22 del Código Procesal Civil no es del orden laboral el cual no ostenta el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código de Trabajo , entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y, c) Formula alegatos propios de instancia. IV.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los catorce días del mes de marzo del año dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 25 de mayo del 2023, por el Abogado OSCAR ANTONIO HENRIQUEZ PADILLA, en su condición de representante procesal de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), como recurrente; además, es parte recurrida, la señora FRANCISCA ADRIANA CHINCHILLA REYES, representada en juicio por el Abogado ELVIS RENE HERNANDEZ REYES. OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria Laboral de primera instancia para el reintegro a su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones de trabajo en virtud de un despido directo, injusto e ilegal, salarios adeudados y ajustes de salario, a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha 8 de junio del 2015, por la señora FRANCISCA ADRIANA CHINCHILLA REYES, mayor de edad, soltera, Ingeniera Civil, con domicilio en el Departamento de Cortes, contra la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), a través de su representante señor ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 20 de junio del 2022, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando PARCIALMENTE HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandada, contra la sentencia definitiva proferida el veinte (20) de abril del presente año (2022), por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta misma sección judicial, en la demanda supra indicada; en consecuencia, se procede a REFORMAR el pronunciamiento tercero de la sentencia apelada el que deberá leerse de la manera siguiente: Declarar sin lugar por ahora la demanda para el pago de 120 días de salario adeudado por suspensión del contrato de trabajo por las razones expuesta en la parte motiva de la sentencia sin perjuicio que la demandante pueda reclamar ese concepto una vez que la autoridad administrativa resuelva lo procedente; SEGUNDO: Se confirma en sus demás extremos la referida sentencia; TERCERO: SIN COSTAS”. ANTECEDENTES DE HECHO 1. La parte demandante expresó que comenzó a laborar bajo la estricta subordinación de la demandada el 2 de noviembre de 2009, con un salario de L. 33,667.89; contratada inicialmente con un contrato temporal y luego una prorroga (adendum) y posteriormente por tiempo indefinido, desempeñándose en la jornada diurna; labor que realizó a la entera satisfacción de la patronal, laborando con el mayor esmero y cuidando los intereses de la demandada, acatando en todo momento las directrices emanadas del patrono y las sagradas obligaciones consignadas en el artículo 97 de nuestro Código del Trabajo; fue reintegrada anteriormente por el Juzgado de Letras del Trabajo en la sección de San Pedro Sula, Cortés en fecha 2 de septiembre de 2013 por un despido verbal también; tenía la condición de Trabajadora Permanente según lo dispone el artículo 5 del Contrato Colectivo de Trabajo de la ENEE; así también, lo dispone el Código del Trabajo o por tiempo indefinido; dentro de la Institución de la demandada, fue el hecho que prestaron una actividad continúa subordinación o dependencia en el sentido mismo que obedecía las instrucciones que emanaban de su jefe inmediato. En conclusión la suspensión total o parcial de los contratos de trabajo no implica su terminación ni extingue los derechos y obligaciones que emanen de los mismos, en cuanto el reintegro al trabajo y continuidad del contrato; es claro que la Institución demandada, ha tratado de hacer uso de la coyuntura actual para realizar despidos injustos e ilegales violentando los derechos y garantías laborales de la siguiente forma, primero fue notificada de la suspensión de labores el 24 de noviembre de 2014 durante 120 días y estableciendo el 23 de marzo del 2015 para su reintegro; posteriormente el 24 de marzo del 2015 se dirigió a reiniciar sus labores cuando en horas de la mañana se le hizo efectivo por parte del señor Douglas Osorio de su despido verbalmente, ilegal e injustificado; en este acto presentó copia del acta respectivas de la Secretaria Departamental de Trabajo y Seguridad Social, en las cuales se reconocen sus derechos, salarios caídos y la continua dependencia y subordinación de parte de la referida Institución, pero a pesar de haber citado ante el Ministerio de trabajo a la demandada ésta no ha querido reintegrarle, pagar el monto de salarios adeudados y otros derecho, siendo su última cita para el 25 de mayo de 2015, tal como consta en la constancia de haber agotado el trámite administrativo laboral; menciona que su puesto de trabajo es de Mantenimiento de Obras Civiles, y desde su reintegro del 2 de septiembre de 2013, no se han reajustado sus aumentos y salario en igualdad de condiciones. 2. La parte demandada, la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), contestó dicha demanda argumentando que la parte actora deberá probar en juicio el inicio de la relación laboral y la condición con la demandada, así como el salario que devengaba mensualmente y otros reclamos hechos por ella; bajo el entendido y según informes que tiene la empresa, la demandante dentro de periodo de suspensión de trabajo establecido en legal y debida forma, aprobado por el Ministerio de Trabajo, quien corrobora todas y cada una de las cláusulas invocadas para la suspensión son efectivas y reales por lo que tienen fuerza de Ley, lo que se probara en su oportunidad. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortes, en fecha 20 de abril del 2022, dictó sentencia que en su parte resolutiva dice: “FALLA: PRIMERO: SE DECLARA CON LUGAR PARCIALMENTE LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA PARA EL REINTEGRO AL PUESTO DE TRABAJO EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES EN VIRTUD DE UN DESPIDO DIRECTO, INJUSTO E ILEGAL, SALARIOS ADEUDADOS, SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR. Promovida por la señora FRANCISCA ADRIANA CHINCHILLA REYES, mayor de edad, soltera, ingeniera civil, hondureña y de este domicilio, contra la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE) a través de su Gerente General y representante legal el señor JESUS ARTURO MEJIA ARITA. SEGUNDO: SE CONDENA a la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE) a través de su representante legal, que proceda A REINTEGRAR a la trabajadora FRANCISCA ADRIANA CHINCHILLA REYES a su puesto de trabajo, en iguales o mejores condiciones a las que tenía al momento de la terminación del contrato de trabajo. Más los salarios dejados de percibir, desde la fecha en que se produjo el despido hasta que se haga efectiva la reinstalación en su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones. TERCERO: DE IGUAL FORMA SE CONDENA a la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE) a través de su representante legal, que proceda A PAGAR a la trabajadora FRANCISCA ADRIANA CHINCHILLA REYES la cantidad total de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ( 134,671.56), en concepto de 120 días de salarios adeudados por suspensión ilegal del contrato de trabajo. CUARTO: DECLARAR SIN LUGAR LA DEMANDA PARA EL PAGO DE AUMENTOS SALARIALES CONFORME CONTRATO COLECTIVO Y CONFORME EL PRINCIPIO DE IGUAL TRABAJO IGUAL SALARIO. QUINTO: SIN COSTAS”. Bajo el criterio que la existencia de una relación de trabajo permanente, dada la naturaleza de la actividad de conformidad con los artículos 21, 30 y 47 del Código del Trabajo según las funciones realizadas, la falta de comprobación de un contrato escrito, y la actividad prestada deja plenamente verificado que la trabajadora es permanente, de modo que lo cobija la protección del principio de la Estabilidad Laboral; la actora ya incluso es probado había sido reincorporada a su cargo producto de una terminación ilegal, ahora bien en el presente juicio sin duda al ser empleada permanente, no puede ser separada de su cargo si no es mediante justa y legal causa de terminación que motive tal ruptura del vínculo laboral. La patronal desde la fecha 24 de noviembre del 2014 suspensión el contrato de trabajo, y tal suspensión era efectiva a partir del 24 de noviembre del 2014 hasta el 23 de marzo del año 2015, por lo que siendo que la suspensión del contrato de trabajo no implica su terminación tal como lo establece el artículo 99 del Código del Trabajo, finalizada la suspensión el trabajador debe ser reintegrado, ya que se comprende que la suspensión le respeta su continuidad y no lesiona su derecho a la estabilidad laboral; de modo que en este caso, la instrucción girada por la patronal mediante circular de fecha 23 de marzo del año 2015, claramente significó una orden que violentó el derecho a la reincorporación a labores, una vez le finalizo el tiempo de suspensión, es decir pasados los 120 días tal como lo impone su obligación de prestar el servicio se presentó a su puesto de trabajo, sin embargo siendo que el Jefe ya había sido instruido e incluso advertido que si incumplía la circular quedaría sujeto a responsabilidad, este no le permitió el ingreso a la actora a desempeñar su puesto de trabajo, no le permitió el acceso dentro de las instalaciones de la empresa, por considerar que se encontraba suspendida, sin embargo como ya se apuntó el tiempo notificado de suspensión de contrato de trabajo ya había finalizado, tal acto realizado por el patronal constituyo un cese ilegal e injustificado de la relación de trabajo, tal como lo entendió la actora y fue constatado en el acta levantada por inspectoría del trabajo en fecha 25 de marzo del año 2015, en el que el Jefe Douglas Osorio reconoce que no puede dejarle ingresar a las instalaciones, de manera que habiéndose producido una terminación incausada, esta lesiona derechos fundamentales de la actor, el despido no obedeció a ninguna causa justificada contemplada en el ordenamiento jurídico, ni demostró la patronal que haya un motivo que sea legal y justificado, no hay prueba que justifique que la suspensión realizada haya sido declarada legal por la autoridad administrativa no siendo admisibles los estados financieros aportados al juicio, no hay prueba alguna que justifique el acto de no permitirle el ingreso a laborar en la fecha supra indicada haya sido motivado en un acto legal, por el contrario el acto realizado constituyo terminación del contrato de trabajo sin causa. Debe comprenderse que todo cese verbal del trabajador es irregular e injustificado y se produce mediante el acto unilateral y arbitrario del empleador por cual éste extingue la relación laboral de aquel, sin que exista causa justa que lo justifique ni procedimiento previo que garantice el derecho de defensa del trabajador, por lo que tal acto constituye, objetivamente, un despido incausado, además de arbitrario. Siendo despido incausado aquel que se produce cuando se despide al trabajador, ya sea de manera verbal o mediante comunicación escrita, sin expresarle causa alguna derivada de la conducta o la labor que la justifique. Siendo incausado, ilegal e injustificado el despido realizado, la demandante debe ser reintegrada en su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones tal como lo manda el artículo 110 del Código del Trabajo y así mismo se concede a su favor el pago por 120 días de la suspensión del contrato de trabajo que ha resultado ser ilegal, y no comprobado por la patronal que haya presentado al menos la solicitud de tal suspensión ante la autoridad administrativa, siendo lo anterior carga de la patronal y su insuficiencia probatoria beneficia a la parte actora a fin de otorgarle tales salarios adeudados. Conforme lo dispuesto en el artículo 60 del Código del Trabajo, el Contrato Colectivo debe cumplirse, esto conforme el principio de legalidad y pacta sunt servanda, y por regla general es aplicable únicamente a los trabadores sindicalizados, siendo estos aquellos afiliados al sindicato y a quienes el patrono conforme su obligación del articulo 95 numeral 12) del Código del Trabajo y tal como lo haya autorizado el sindicato según disposición 526 del mismo código, les realizará la deducción y retención por cuota sindical, vale precisar también que la excepción a tal regla es que la misma contratación colectiva para que sea aplicable a un trabajador no sindicalizado debe así reconocerlo, tal como lo manda el artículo 60 del Código del Trabajo, en este caso es comprobado por la patronal que la demandante no es cotizante ni afiliada del Sindicato de Trabajadores de la ENEE ni el Contrato Colectivo permite se aplique a trabajador no sindicalizado, por lo que los derechos exigido por la actora en su demanda sobre aumentos salariales no son atendibles, ni es aplicable el principio de trabajo igual salario igual, ya que lo anterior conforme una discriminación salarial no ha sido comprobado. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortes, en fecha 20 de junio del 2022, dictó sentencia que, en su parte resolutiva dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando PARCIALMENTE HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandada, contra la sentencia definitiva proferida el veinte (20) de abril del presente año (2022), por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta misma sección judicial, en la demanda supra indicada; en consecuencia, se procede a REFORMAR el pronunciamiento tercero de la sentencia apelada el que deberá leerse de la manera siguiente: Declarar sin lugar por ahora la demanda para el pago de 120 días de salario adeudado por suspensión del contrato de trabajo por las razones expuesta en la parte motiva de la sentencia sin perjuicio que la demandante pueda reclamar ese concepto una vez que la autoridad administrativa resuelva lo procedente; SEGUNDO: Se confirma en sus demás extremos la referida sentencia; TERCERO: SIN COSTAS”. Bajo el criterio que la demandada notificó la suspensión del Contrato de Trabajo a la actora por el término de 120 días, finalizando está el día 23 de marzo del año 2015, entendiéndose que las labores se debían reanudar el día siguiente 24 de marzo del 2015, en virtud de ello, la demandante se hizo presente a su lugar de trabajo, en donde se le comunicó que no se le podía permitir el ingreso debido a la circular enviada por la Directora de Recursos Humanos, documento que fue incorporado al proceso, hecho que constituye el despido alegado por la accionante, y el mismo no se encuentra amparado en ninguna de las causas contenidas en el artículo 112 del Código del Trabajo que facultan al patrono para poner fin a la relación de trabajo sin responsabilidad de su parte; de ahí que los argumentos del recurrente no son atendibles; en cuanto a la prueba de oficio a que hace mención, se indica que corresponde a las partes la carga de probar sus afirmaciones; la facultad concedida en el artículo 732 del Código del Trabajo no es para suplir deficiencias probatorias sino para esclarecer hechos dudosos y/o controvertidos, es así que si en la contestación de la demanda se afirma que se contaba con la aprobación de la suspensión, debió incorporarse al juicio y no se hizo. Respecto al argumento relacionado a la condena de los 120 días de salario adeudados por suspensión del Contrato de Trabajo, este Tribunal estima que por ahora no procede la condena, pues para conceder los mismos, debe existir un pronunciamiento de la autoridad administrativa respecto de la autorización de la suspensión de contratos presentada por la demandada ante la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social al tenor del artículo 101 párrafo segundo del Código del Trabajo, ante tales circunstancias debe declararse sin lugar por ahora la pretensión de pago, consecuentemente la sentencia debe ser reformada en ese único sentido. Por los actos que se ejecuten en la administración pública responden los servidores del Estado, en estos casos particularmente quienes finalizan las contrataciones bajo los términos antes señalados, según lo dispone el artículo 321 de la Constitución de la República; y, sí se infringe la Ley en perjuicio de los particulares, el servidor público será civil y solidariamente responsable junto con el Estado o con la institución estatal cuyo servicio se encuentre, pudiendo éstos ejercer la acción de repetición contra el servidor responsable, en los casos de culpa o dolo, según lo establece el artículo 324 de la Constitución de la República; por lo que quedan los entes contralores del Estado en libertad de realizar las acciones legales que estimen necesarias contra el funcionario público que considere responsable de infringir la Ley, lo que es concordante con el contenido de la circular No. 1-2014 emitida por la Sala Laboral Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, de fecha 05 de junio de 2014; por las razones de hecho y de derecho antes expuestas en aplicación a lo que dispone el artículo 667 del Código del Trabajo es procedente reformar la sentencia que se conoce en apelación. 5. Mediante auto de fecha 5 de septiembre del 2022, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado OSCAR ANTONIO HENRIQUEZ PADILLA, en su condición de representante procesal de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha 25 de mayo del 2023, compareció ante este Tribunal el Abogado OSCAR ANTONIO HENRIQUEZ PADILLA, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 10 de agosto del 2023, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 30 de octubre del 2023, se declaró precluido de derecho y perdido irrevocablemente el termino dejado de utilizar por el Abogado ELVIS RENE HERNANDEZ REYES, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I.- El recurso de casación configura una acción de impugnación que a la vez sirve de guía para la correcta aplicación e interpretación del derecho y es instrumento unificador de la jurisprudencia nacional. En materia de trabajo, la censura puede ser dirigida contra un fallo que hace tránsito a cosa juzgada, dictado por un Tribunal de Apelación, alegándose violación de la Ley o invocándose el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, requiriendo dicha acusación de una rigurosa técnica, pues lo que se pretende es la confrontación de una resolución judicial definitiva de segundo grado con la normativa legal sustancial; por ello, la parte litigante que hace uso de esta vía procesal dispositiva y extraordinaria está obligada a romper las presunciones de legalidad y acierto que amparan la decisión recurrida y que derivan del supuesto de la conclusión del debate procesal con el agotamiento de las instancias. Como consecuencia de todo lo anterior, para poder realizarse un estudio de fondo primero se debe revisar si el libelo casacional llena todos los requisitos de forma legales y jurisprudenciales. II. Que el Abogado OSCAR ANTONIO HENRIQUEZ PADILLA, en su primer y único motivo de casación alega: “ En primer lugar acuso la Sentencia de fecha Veinte (20) de Junio del Dos Mil veintidós (2022), dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo, con sede en la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, de ser violatoria de la Ley Sustantiva de Orden Nacional, por Infracción directa, en la falta de aplicación del Artículo 22 del Código Procesal Civil en relación al artículo 21 inciso E) y H), del Decreto número 48 contentivo de la Ley Constitutiva de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE). El concepto de la infracción se explica así: El fallo está en abierta infracción directa independientemente de la cuestión probatoria, como lo establece el objeto del debate de la sentencia "Si la patronal estaba facultada para ponerle fin a la relación laboral que le unía con la demandante; a partir de ello establecer si procede o no los derechos reclamados incluido el salario durante el tiempo de la suspensión de labores" el Art. 739 del Código del Trabajo establece: El juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas, y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que forman la sana crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito.... En todo caso, en la parte motivada de la sentencia el juez indicará los hechos y circunstancias que causaron su convencimiento. El fallo del Ad-Quem está en abierta pugna con la norma que faculta al representante legal de la ENEE, lo cual es objeto de la causa de casación, por cuanto le resta todo mérito y credibilidad a una norma legal y no puede ser de otro modo, lo cual se traduce en infracción directa de la Ley por falta de aplicación de la norma invocada y por lo tanto cabe casar la sentencia recurrida.- En este caso que ahora nos ocupa La Corte de Apelaciones del Trabajo no apreció en este segundo fallo los incisos E y H del artículo 21 del Decreto 48, de la Ley constitutiva de la ENEE, en el cual si se acredito que mi representada tiene las facultades para tomar estas decisiones a través de su Gerente General como ser; nombrar remover y cancelar el personal de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), en consecuencia deviene en la obligación de aplicar la Ley que regula el caso concreto y no hubiese arribado a la conclusión de reformar la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, el veinte de junio del año 2022, sin observar las normas procesales de cumplimiento obligatorio para lograr la efectividad de la aplicación del derecho material... Por lo tanto la decisión tomada por el Gerente General de la Empresa ENEE, es un acto inherente de sus atribuciones conforme a la ley y en ningún momento se convierte en ilegítimo e ilegal, sino que de aplicación del derecho y de sus normas sustantivas establecidas, en consecuencia la no renovación del contrato de trabajo a la demandante se encuentra dentro del marco legal y da origen a que mi representada este obligada al pago de la indemnización de los derechos laborales que corresponden a la demandante. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código de trabajo. DOCTRINA: Esta Honorable Corte ha mantenido el criterio que la falta de aplicación de una norma, constituye en materia de recurso extraordinario de casación laboral infracción directa cuando proviene de la ignorancia de la norma o de rebeldía con ella, produciéndose la violación directa independientemente de las cuestiones probatorias o de hechos. LA VIOLACION DE LA LEY SUSTANTIVA SE EXPLICA DE LA SIGUIENTE MANERA: A) El Articulo 82 de la Constitución de la República claramente establece El derecho a la defensa es inviolable; B) Los Artículos 738 y 739 del Código del Trabajo regula que la actuación en los juicios de trabajo, el juez al proferir su decisión analizara todas las pruebas allegadas a tiempo, y no estará sujeto a la tarifa de la prueba y por tanto formara libremente su convencimiento inspirándose en los principios científicos que informan la sana crítica de las pruebas, atendiendo y regulando especialmente las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes. En este sentido la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, incurrió en infracción directa por falta de aplicación de las normas sustantivas de orden nacional, al hecho discutido, a lo que dispuso en su sentencia en el acápite del OBJETO DEL DEBATE: Se centra en determinar: si la patronal estaba facultada para ponerle fin a la relación laboral que le unía con la demandante; a partir de ello establecer si procede o no los derechos reclamados incluido el salario durante el tiempo de la suspensión de labores. Honorables Magistrados de la Sala de lo Contencioso Laboral, esta representación legal considera que se case la sentencia recurrida en su totalidad en virtud de que mi representada a través de su Gerente General ha actuado conforme a derecho en aplicación a las norma sustantivas de orden nacional que lo facultan a través de la Ley Constituya de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), ya que se ha establecido en el hecho toral del litigio como ser que el Gerente General es el que tiene facultades administrativas para nombrar, suspender o remover a los demás empleados de la ENEE, al no aplicar el Tribunal de Alzada las normas legales que regulan el funcionamiento legal de la ENEE, violenta directamente la Ley y la sentencia recurrida tiene consideraciones en rebeldía con las normas infringidas; Razón por la que se solicita sea casada la sentencia en este motivo, en virtud que la sentencia recurrida de fecha 20 de junio del año 2022, no fue dictada con suficiente claridad y precisión sobre los puntos objeto del litigio, lo cual confronta a lo que establecen las normas procesales en cuanto a los requisitos internos de toda sentencia como ser claridad, precisión, congruencia y exhaustividad, (requisitos internos de la sentencia) contemplados en el Articulo 206, 207, 208 del Código Procesal Civil, por tanto el fallo plantea una rebeldía en los Artículos 82, de la Constitución de la República, 738 y 739, del Código de Trabajo y 22 del código procesal civil en aplicación de los literales e, h del artículo 21 de la Ley Constitutiva de la ENEE.- Por lo antes expuesto solicito a Vos Honorable Corte Suprema de Justicia, se case la sentencia recurrida; tomando en consideración que la libre apreciación de la prueba que la ley consagra en los juicios de trabajo no puede ir al extremo de que en forma arbitraria el Juez desestime los elementos que arrojen una evidencia indudable acerca de los hechos que se trata de demostrar en términos de convencimiento del juzgador llegue a ser contrario a la realidad de los hechos con lo cual llega además a la persuasión racional que exige una evaluación de la prueba inspirada en los fundamentos universales de la sana critica probatoria inspirada en los fundamentos universales de la crítica probatoria para la formación del criterio que debe llevarla a establecer la verdad legal”. III.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Olvida el Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley; b) La norma que indica como violada el artículo 22 del Código Procesal Civil no es del orden laboral el cual no ostenta el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código de Trabajo , entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y, c) Formula alegatos propios de instancia. IV.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación interpuesto por el Abogado OSCAR ANTONIO HENRIQUEZ PADILLA, en su condición de representante procesal de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, COORDINADORA. ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO quien firma por el Magistrado ROY PINEDA CASTRO, conforme al artículo 8 del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de agosto del dos mil veinticuatro; certificación de la sentencia de fecha catorce de marzo del dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL436-2022. FIRMA Y SELLO.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ.
SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.