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Sentencia CL-433-22 — Registro 18230

Resumen

Demanda ordinaria laboral para que en sentencia definitiva se obligue a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) otorgar el incremento salarial contemplado en la cláusula 51 último párrafo del Contrato Colectivo suscrito entre la ENEE y STENEE, equivalente al porcentaje del índice inflacionario del año anterior de conformidad con la estadística oficial del Banco Central de Honduras, que se debió aplicar en forma automática a partir del mes de enero de los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, hasta la fecha en que con sujeción a la norma quede firme la sentencia condenatoria, incrementos que deberán ser ampliados al decimotercer mes, decimocuarto mes y bonificación de vacaciones de los años anteriormente mencionados de forma retroactiva, en estricto cumplimiento del artículo 60 del Código de Trabajo

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: i) Señala como norma sustantiva el artículo 60 del Código de Trabajo, párrafo Segundo, quinto y octavo, no ostenta el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce y consagra correlativamente derechos y obligaciones o extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y, ii) Le falta precisión al señalar la infracción ya que señala en su formulación falta de apreciación y en su explicación falta de aplicación, siendo diferentes tipos de violación, debiendo formularlo de manera separada, volviendo ineficaz el cargo"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: i) Señala como norma sustantiva el artículo 60 del Código de Trabajo, párrafo segundo, sexto y séptimo, no ostenta el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce y consagra correlativamente derechos y obligaciones o extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y, ii) Señala infracción por apreciación errónea sin indicar cual es la apreciación correcta que el Juzgador debió de darle y así mismo singularizar la prueba en su conjunto propio de la violación indirecta."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 y 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7 y 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Jerarquía: Reiterativa

.."Que, si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que este Tribunal deba enmendar. En el presente caso, donde la situación planteada ya ha sido resuelta en el momento procesal oportuno por el A Quo y confirmado por el Tribunal de apelación lo constituye en un objeto de litigio ya dirimido y agotadas sus instancias, sin embargo estudiado el caso en examen, este Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

.."Que, si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que este Tribunal deba enmendar. En el presente caso, donde la situación planteada ya ha sido resuelta en el momento procesal oportuno por el A Quo y confirmado por el Tribunal de apelación lo constituye en un objeto de litigio ya dirimido y agotadas sus instancias, sin embargo estudiado el caso en examen, este Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., catorce de marzo de dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral, formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha 05 de junio del 2023, por el Abogado ALAN DAVID CÓRDOVA ORTIZ, mayor de edad, soltero, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del señor NELSON OVIDIO DUBON; como recurrente; además es parte recurrida, la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE), representada en juicio por la Abogada BERTHA NOEMY ARITA MARTÍNEZ. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para que en sentencia definitiva se obligue a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) otorgar el incremento salarial contemplado en la cláusula 51 último párrafo del Contrato Colectivo suscrito entre la ENEE y STENEE, equivalente al porcentaje del índice inflacionario del año anterior de conformidad con la estadística oficial del Banco Central de Honduras, que se debió aplicar en forma automática a partir del mes de enero de los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, hasta la fecha en que con sujeción a la norma quede firme la sentencia condenatoria, incrementos que deberán ser ampliados al decimotercer mes, decimocuarto mes y bonificación de vacaciones de los años anteriormente mencionados de forma retroactiva, en estricto cumplimiento del artículo 60 del Código de Trabajo, costas del juicio; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula departamento Cortes, en fecha 10 de diciembre del 2019, por el Abogado DANIEL ALEXANDER ORTIZ, en su condición de representante procesal del señor NELSON OVIDIO DUBON, mayor de edad, Fontanero, hondureño, y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, contra la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE), a través de su Gerente General, el señor LEONARDO ENRIQUE DERAS VÁSQUEZ. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 24 de junio del 2022, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, departamento Cortes, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 27 de abril del 2022, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO Declarando sin lugar la demanda para pedir incremento salarial contemplado en la cláusula 51, último párrafo del contrato colectivo suscrito entre la ENEE Y STENEE, equivalente al porcentaje del índice inflacionario del año anterior de conformidad con la estadística oficial del Banco Central de Honduras, que se debió aplicar en forma automática a partir del mes de enero de los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, hasta la fecha en que con sujeción a la norma quede firme la sentencia condenatoria, incrementos que deberán ser ampliados al décimo tercer mes, décimo cuarto mes, y bonificación de las vacaciones de los años anteriores mencionados de forma retroactiva, en estricto cumplimiento del artículo 60 del Código del Trabajo, promovida por el abogado DANIEL ALEXANDER ORTIZ, en su condición de apoderado legal del señor: NELSON OVIDIO DUBON, todos de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia, contra la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE), representada a través de su Gerente General el señor LEONARDO ENRIQUE DERAS VASQUEZ, también de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; En consecuencia: ABSUELVE: A la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE), a través de su representante legal el señor LEONARDO ENRIQUE DERAS, de toda responsabilidad proveniente del presente juicio; SEGUNDO: DECLARA SIN LUGAR LA EXCEPCIÓN PERENTORIA DE PRESCRIPCIÓN De La Acción interpuesta por la parte demandada.- TERCERO: SIN COSTAS.- En vista de que el derecho del trabajo es de carácter social…”. ANTECEDENTES DE HECHO 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción que inició la relación laboral con la demandada, el 11 de marzo del 2011, desempeñándose en el puesto de Conserje, devengaba un salario mensual en los últimos 6 meses de quince mil ciento sesenta y cuatro (L15,165.2); bajo categoría de empleado permanente; manifestó que la presente acción tiene como objetivo que este Juzgado ordene a la parte patronal otorgar el ajustes salarial equivalente al porcentaje del índice inflacionario del año anterior, de conformidad con la estadística oficial del Banco Central de Honduras, para los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y los que correspondan hasta la fecha en que quede firme la sentencia condenatoria; todo en cumplimiento de lo establecido en la cláusula 51 último párrafo del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente en la Institución, la que en su parte conducente expresaba que: "Las partes convienen en continuar aplicando en forma automática a partir del mes de enero del año 2014 a todos los empleados permanentes, un ajuste salarial equivalente al porcentaje del índice inflacionario del año anterior, de conformidad con la estadística oficial del Banco Central de Honduras". Y como ya era del conocimiento de ese Tribunal la ENEE había venido eludiendo las obligaciones contraídas en esa cláusula al no otorgar dichos aumentos, omisión que había tenido graves repercusiones para sus empleados en general y de forma particular para el demandante quien, a pesar del aumento del costo de vida acontecido en el País durante los últimos 5 años, no recibió incremento salarial alguno; que el artículo 60 primer y segundo párrafo del Código de Trabajo establece: "Los contratos colectivos obligan a sus firmantes, así como a las personas en cuyo nombre o representación se celebran. Las disposiciones de los contratos colectivos se aplican a todos los trabajadores de las categorías interesadas que estén empleados en la empresa comprendida en el contrato a menos que este previere expresamente lo contrario" y conjuntamente la cláusula 79 de la Contratación Colectiva expresa: "La ENEE Y STENEE acuerdan que el presente Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo, solo será aplicable a los empleados permanentes afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica"; expresó que se acreditará en juicio que reúne las condiciones establecida en las normas jurídicas citadas y que por consiguiente la patronal estaba obligada a su cumplimiento. Que la cláusula 51 del Contrato Colectivo de la ENEE se encuentra motivada en el “Principio de Progresividad y No Regresividad” que debe imperar en materia laboral; sin embargo, la demandada con su incumplimiento, de forma contraria al espíritu de la norma, redujo de forma gradual el estado de desposesión en el que se encontraban los trabajadores en el orden socioeconómico, como ya lo había manifestado anteriormente, el costo de vida de ellos han incrementado y su salario se mantuvo estático lo que ha generado un grave estado de necesidad, por lo que resulta imprescindible que este Juzgado obligue a la empresa demandada a dar cumplimiento a la normativa colectiva invocada. Que fue evidente el ajuste salarial requerido, y que debía ampliarse de forma retroactiva las cantidades recibidas por el demandante en concepto de décimo tercer mes de salario, décimo cuarto mes de salario y bonificaciones de vacaciones en virtud que los pagos realizados por la parte patronal durante los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, se han hecho incompletos al no incluirse el beneficio establecido en la cláusula 51 de la Contratación Colectiva vigente en la empresa; por lo que previo a la presente acción, se dio cumplimiento al artículo 691 del Código de Trabajo. 2. La parte demandada, la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE), contestó dicha demanda rechazando las pretensiones del demandante, apoyando su defensa, en que no estaba en controversia el puesto que desempeñaba y el status laboral del demandante; y que en relación a la aplicación de la cláusula número 51 al índice inflacionario peticionado por el demandante desde el año 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019 hasta la fecha de firmeza de la sentencia, no le era aplicable, en virtud de los Decretos Legislativos números 157-2009 (art. 85), 360-2013 (art. 117); 140- 2014 (art. 123); 168-2015 (art. 124); 171-2016 (art. 133); 141-2017 (art. 122 y 130); 180-2018 (art. 134 y 141), 171-2019 (art. 120, 137, 143 y 144) y 182-2020 (art. 142 y 144); contentivos de las disposiciones de ingresos de la administración pública para los ejercicios fiscales de los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 respectivamente, aumentos salariales congelados a todos los empleados permanentes de la ENEE, y que la Secretaria de Finanzas no emitió dictamen favorable, a lo cual probaría en juicio, por lo que resultó inherente que el demandante esté solicitando vía Sentencia se otorgue ajuste salarial a lo cual la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en el Decreto 171-2019 articulo 137 párrafo segundo y tercero establece: Se exceptúa a las Secretarias de Estado e Instituciones Desconcentradas que cuentan con la respectiva disponibilidad financiera y presupuestaria que respalde el beneficio a otorgar, para lo cual la institución pública deberá acompañar a la solicitud el dictamen, el Estudio Económico y Financiero que acredite la sostenibilidad de dicho beneficio y el mismo no puede exceder del índice de precios al consumidor (IPC) promedio establecido por el BCH al cierre del 2019, salvo aquellos casos que sean producto de un proceso de restructuración y/o reingeniería. La Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas a través de la Dirección General de Presupuesto procederá a realizar la revisión y análisis correspondiente y emitirá el Dictamen respectivo; sin embargo, en el año 2017 la Junta Directiva de la ENEE logró Dictamen favorable de la Secretaria de Finanzas y otorgó dicho incremento salarial del 4.5% a todos los empleados de la ENEE, para los años 2018- 2019, dado la grave situación económica de la Empresa la Secretaria de finanzas no aprobó incrementos salariales de los años anteriores a gubernamental, ya que era una carga fiscal muy pesada para el Estado. Arguyó además que probara en el juicio laboral, que la Secretaria de Estado en el despacho de Finanzas, de conformidad a los Decretos Legislativos mencionados anteriormente, no emitió el dictamen correspondiente, mediante el cual, hubiere aprobado en el presupuesto de ingresos y egresos de la ENEE, la disponibilidad financiera y presupuestaria para el reconocimiento del índice inflacionario, en concepto de incremento salarial, debido a que la ENEE, había pasado por un proceso de reestructuración donde las operaciones de la misma serian manejadas a través de fideicomisos, que a su vez operarían por medio de alianzas públicos privadas en las áreas distribución, generación y transmisión de energía eléctrica; situación tal y como lo reiteró, que no ha permitido contemplar ese tipo de incrementos salariales; y que esos extremos serían acreditados en el presente juicio laboral con los dictámenes emitidos por la precitada Secretaria de Estado para cada año, con especial mención, que, en el reporte de presupuesto aprobado para sueldos y salarios de la ENEE, no se evidencia incrementos algunos; por lo que ese juzgado no podía condenar a la ENEE, a los derechos laborales que reclama el demandante en su improcedente demanda. Que el índice inflacionario con sus correspondientes ajustes que solicitó el demandante, no fue cancelado a ninguno de los trabajadores de la ENEE, esto en aplicación del principio de la primacía de la realidad y que al momento de dictar sus fallos debió tener en cuenta la equidad y la justicia y las vivencias que son de conocimiento o dominio público sobre la forma de cómo se regulan y que tratamiento se proporciona a aspectos puntuales de la relación laboral, es así que no es procedente que el ahora demandante lo solicite, pues en aplicación del principio antes citado, al no ser cancelado al resto de trabajadores, tampoco debe ser cancelado al demandante, pues eso sería discriminatorio en relación con los demás trabajadores de la ENEE, que prestan también sus servicios y que no se les canceló el índice inflacionario, en aplicación del Principio de la Primacía de la Realidad y de la situación o crisis económica que ha estado sufriendo al extremo que tuvo que rescindir los contratos de trabajo a una gran cantidad de empleados para poder estabilizarse financiera, administrativa y técnicamente su funcionamiento, ya que venía operando con serios problemas que la tenían sumergida con una administración que sus números solamente reflejaban perdidas. Asimismo expresó que el contrato de trabajo es denominado como contrato-realidad en vista de prevalecer aspectos facticos sustanciales por sobre los jurídicos formales, que se fundamentan en la realidad institucional y no en virtud del acuerdo de voluntades, la prestación del servicio es lo que determina su existencia y no solamente lo que se hubiese pactado con el patrono, tanto es así que la realidad de la prestación del servicio y del índice inflacionario y aumentos solicitados deben basarse en la realidad económica de la empresa porque de lo contrario estarían condenándola a una situación insostenible, el artículo 135 de la Constitución de la República, preceptúa lo siguiente: Las leyes: laborales están inspiradas en la armonía entre el capital y el trabajo como factores de producción; el Estado debe tutelar los derechos de los trabajadores y al mismo tiempo proteger al capital y al empleador. Argumentó que el juzgado del trabajo de esta sección judicial ha emitido una serie de fallos, donde la parte demandada fue demandada y ha declarado sin lugar las demandas en cuanto a la solicitud de nivelaciones salariales, pago de reajuste salariales y pago de índice inflacionario, procesos registrados bajo los numero de expediente judicial 054-2014, 1454-2008, 30-2014, por consiguiente, pidió que la presente demanda debe ser declarada sin lugar en todos sus extremos. Asimismo, en audiencia primera de tramite interpuso la Excepción Perentoria de Prescripción. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortes, en fecha 27 de abril del 2022, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda ordinaria laboral, promovida por el Abogado DANIEL ALEXANDER ORTIZ, en su condición de representante procesal del señor NELSON OVIDIO DUBON, contra la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE), representada a través de su Gerente General el señor LEONARDO ENRIQUE DERAS VASQUEZ; absolvió a la parte demandada de toda responsabilidad proveniente del presente juicio; declaró sin lugar la excepción perentoria de prescripción de la acción interpuesta por la parte demandada, sin costas; bajo el criterio que, del estudio y análisis a las pruebas practicadas este Tribunal llega al convencimiento que procede declarar sin lugar la presente demanda, llevan a este convencimiento las circunstancias siguientes: 1) En cuanto al reclamo de beneficio establecido en la cláusula 51 del Contrato colectivo de condiciones de trabajado desde el año 2014, hasta la fecha que con sujeción a la norma procesal quede firme la sentencia; este Tribunal estima declarar sin lugar dicha pretensión: El contrato de trabajo a pesar de la oposición de intereses entre patrono y trabajador, se entiende desarrollado bajo el principio de la buena fe, principio que aplica a ambas partes durante el desarrollo del mismo e incluso hasta su finalización, sobre esta base se ha sostenido que cuando en el curso de la relación se incumplen obligaciones patronales que no resulten de aquellas que competen al orden público, y el trabajador consiente dicho incumplimiento al continuar prestando el servicio sin hacer uso de los derechos que la ley le habilita para reclamarlo se entiende su aceptación; es cierto que el contrato colectivo obliga a las partes, pero consta que la demandada no ha hecho efectivo los aumentos salariales contemplados en la cláusula N°51 a ningún trabajador a excepción del año 2017, según lo informara la Secretaria de Finanzas, por las razones que dejó establecida en documentos visibles a folio 675 y 677 de los autos, hecho que coincide con los argumentos expuestos por la demandada en los hechos y omisiones en que basa la defensa; a lo anterior, es de agregar que en cuanto a los beneficios del contrato colectivo como antes se indicara, su desuso e incumplimiento ha sido efectivo durante los últimos años a excepción del año 2017, año en que los actores gozaron del incremento salarial que hoy exigen; tal desuso en apariencia con la anuencia de la representación sindical y de los trabajadores demandantes quienes en el curso de la relación nunca realizaron reclamo alguno consintiendo el mismo. 2) En cuanto al incremento del pago del décimo tercer mes, décimo cuarto mes y bonificación de vacaciones, con relación a tal pretensión este Tribunal considera procedente declarar sin lugar dicha pretensión, porque el demandante pretende los incrementos a dichos conceptos basado en lo que establece la cláusula 51 del Contrato colectivo de condiciones de trabajo, y como se dejó establecido en la consideración anterior dicho aumento no proceden en vista de que no han sido otorgados por la demandada a ningún empleado ni tampoco existe partida presupuestaria para conceder el aumento solicitado conforme a la cláusula 51 del Contrato Colectivo. Que la parte demandada interpuso la excepción perentoria de prescripción de la acción alegando que el derecho del demandante para pedir incremento salarial contemplado en la cláusula 51 del Contrato Colectivo, que en relación a la excepción de prescripción de la acción plateada este Tribunal considera que en la forma en que fue planteada procede declarar sin lugar por las circunstancias siguientes: a) Hay derechos que por el tracto sucesivo de la relación, no prescribe; como es el caso de los derechos a pedir revisión y aplicación del contrato colectivo de condiciones de trabajo, cada vez que la demandada le asigne funciones que no están dentro del perfil de su puesto adquieren el derecho a revisar y reclamar; b) Los derechos a reclamo de reajuste de salario la ley ya establece el tiempo de prescripción, y son independiente uno del otro, es decir, nacen el derecho a reclamar cada vez que el patrono incumple con su obligación de pago; en el caso de autos, la demandada no establece la fecha en que nació y prescribió cada derecho razón por la cual se le imposibilita al tribunal hacer computo; por lo que procede declarar sin lugar la misma. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de San Pedro Sula, departamento Cortes, en fecha 24 de junio del 2022, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a-quo, sin costas; bajo el criterio que del análisis exhaustivo del sub judice, tanto del material fáctico y probatorio que le conforman esta alzada concluye lo siguiente: 1. es indudable que el actor tiene estatus de empleado permanente y que el 20 de junio de 2011, la demandada y el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE) celebraron un Contrato Colectivo de condiciones de trabajo para ser vigente a partir del 01 de enero del año 2011 al 31 de diciembre de 2013, estableciendo en la cláusula 51, entre otros, que “las partes convienen en continuar aplicando en forma automática a partir del mes de enero del año 2014 a todos los empleados permanentes, un ajuste salarial equivalente al porcentaje del índice inflacionario del año anterior, de conformidad con las estadísticas del Banco Central de Honduras, sin perjuicio de los aumentos salariales que sean negociados en la siguiente contratación colectiva”; cláusula contractual en razón de la cual el STENEE en representación de todos sus agremiados, entre ellos el demandante, ha solicitado en varias ocasiones a la accionada, el cumplimiento de la misma según se aprecia de las notas enviadas en fechas 06 de enero de 2014, 17 de marzo y 26 de septiembre de 2017, 30 de mayo, 06 de septiembre y 07 de noviembre de 2018, 10, 21 y 31 de enero de 2019, 06 y 27 de enero y 12 de octubre de 2020 y 06 de enero de 2021, de manera que no es posible considerar que al actor le haya prescrito su derecho de acción para ejercitar la demanda que nos ocupa, pues la organización sindical antes mencionada está facultada por la ley para ejercitar acciones en nombre de sus miembros o agremiados, cuando las mismas se deriven del contrato en el que dicha asociación profesional sea parte contratante, como ocurre en el sub judice. 2. En razón de la cláusula 51 antes mencionada, en el año 2017 la demandada hizo efectivo a todos sus empleados, entre ellos el actor, el ajuste salarial tomando como base del índice inflacionario de 4.5% según las estadísticas del Banco Central de Honduras, una vez que obtuvo la autorización de la Secretaría de Finanzas, situación que es concordante con lo que disponen las normas del presupuesto según lo disponen los artículos 364, 371 y 372 de la Constitución de la República, 69 de la Ley de la Administración Pública y 38 de la Ley Orgánica del Presupuesto, pues para otorgar dicho incremento salarial se debe contar con la disponibilidad financiera y presupuestaria del caso. Sumado a esto, debe estarse a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 60 del Código de Trabajo, que establece que “Las disposiciones de las leyes prevalecerán siempre sobre las del contrato colectivo y las de éste, sobre las de los contratos individuales de trabajo, salvo lo dispuesto en los párrafos anteriores”. Del estudio exhaustivo de los autos, desde el inicio del proceso a la clausura del debate, no se aprecian vicios en la tramitación del proceso, teniendo las partes las oportunidades procesales para realizar sus actuaciones y ejercer sus derechos en los momentos procesales previstos en la ley; y si bien el representante procesal actor es sus alegaciones denunció la nulidad de la sentencia consultada, señalando que la misma prescinde de normas esenciales del procedimiento, causándole indefensión porque contiene una serie de valoraciones erradas debido a la no apreciación de medios de prueba y porque incumple con los requisitos internos que exige la normativa procesal, del examen de la sentencia en referencia esta alzada considera que los aspectos señalados no afectan u obstan la posibilidad de que dicha decisión judicial se revise en grado de consulta, aplicando de manera supletoria lo dispuesto en el artículo 715 del Código Procesal Civil. Por las razones de hecho y de derecho expuestas, este Tribunal estima procedente CONFIRMAR la sentencia consultada en su parte dispositiva, con voto concurrente disidente de la Magistrada Brenda Celina Hernández, quien considera que la interpretación del párrafo segundo del artículo 60 del Código de Trabajo debe hacerse a la luz de los principios protectorio e indubio pro operario, es decir, que la ley debe prevalecer sobre las contrataciones colectivas cuando estas son más favorables para el trabajador pero nunca restringir o limitar sus derechos económicos; también estima que, celebrado un contrato colectivo de condiciones de trabajo, este debe cumplirse conforme lo pactado, de lo contrario la parte que se ve afectada por el incumplimiento del mismo, podrá acudir a los órganos competentes en procura de sus derechos como así lo hizo el actor, e incluso varios trabajadores a quienes judicialmente se les reconoció el incremento salarial en base al índice inflacionario que se determine conforme las estadísticas del Banco Central de Honduras; de manera que en casos como el que nos ocupa, en el que el empleador es un ente estatal (ENEE), que según alega se ve imposibilitado para cumplir con la cláusula 51 por razones presupuestarias, tendría entonces que denunciar dicha estipulación o bien realizar una nueva negociación o contratación que sea factible, pero no mantener una expectativa salarial ilusoria para los trabajadores; todo ello sin perjuicio de la responsabilidad de los funcionaros o empleados públicos de la administración pública que adoptan decisiones sobre contrataciones como la del presente juicio y que pudieran conllevar erogaciones para el Estado, todo al tenor de lo que disponen los artículos 321 y 324 de la Carta Magna. 5. Mediante auto de fecha 08 de septiembre del 2023, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado ALAN DAVID CÓRDOVA ORTIZ, en su condición de representante procesal del señor NELSON OVIDIO DUBON, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula departamento Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha 05 de junio del 2023, compareció ante este Tribunal el Abogado ALAN DAVID CÓRDOVA ORTIZ, en su condición de Representante Procesal del señor NELSON OVIDIO DUBON, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de fecha 10 de agosto del 2023, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 20 de octubre del 2023, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada BERTHA NOEMY ARITA MARTÍNEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO: I. Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II. Que el Abogado ALAN DAVID CÓRDOVA ORTIZ, en su condición de Representante Procesal del señor NELSON OVIDIO DUBON, en su primer motivo de casación alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria a la ley sustantiva nacional en violación directa proveniente de la FALTA DE APRECIACIÓN del articulo 60 párrafos primero, segundo, tercero, quinto y octavo, del Código del Trabajo. NORMA SUSTANTIVA VIOLADA: La norma sustantiva de orden nacional violada se encuentra contenida en el artículo 60 párrafos primero, segundo, tercero, quinto y octavo del Código de Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral 1), párrafo segundo del Código de Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN. En la sentencia del 24 de junio de 2022, la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula Cortes, manifiesta que la decisión en el ACÁPITE FUNDAMENTOS DE DERECHO, TRES: "Del análisis exhaustivo del sub-judice, tanto del material factico y probatorio que le conforman esta alzada concluye lo siguiente: 1) Es indudable que el actor tiene estatus de empleado permanente (folio 104 de la p.p. de a.) y que el 20 de junio del 2011, la demandada y el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de energía Eléctrica (STENEE) celebraron un contrato colectivo de condiciones de trabajo para ser vigente a partir del 1 de enero del 2011 al 31 de diciembre del 2013, estableciendo en la Cláusula 51, entre otros, que: Las partes convienen en continuar aplicando de forma automática del mes de enero del año 2014 a todos los empleados permanentes, un ajuste salarial equivalente al índice inflacionario del año anterior, de conformidad con las estadísticas del Banco Central de Honduras, sin perjuicio de los aumentos salariales que sean negociados en la siguiente contratación colectiva, (Folio 60 al 91 de la P.P. de a.)... 2) En razón de la Cláusula 51 antes mencionada, en el año 2017 la demandada hizo efectivo a todos sus empleados, entre ellos el actor, el ajuste salarial tomando como base del índice inflacionario de 4.5% según las estadísticas del Banco Central de Honduras, una vez que obtuvo la autorización de la Secretaria de Finanzas (folios 654 al 674, 676 al 679 de la p.p. de a.), situación que es concordarte con lo que disponen las normas del presupuestos según lo disponen los artículos 364, 371 y 372 de la Constitución de la República, 69 de la Ley de la Administración Pública y 38 de la Ley Orgánica del Presupuesto, pues para otorgar dicho incremento salarial se debe contar con la disponibilidad financiera y presupuestaria del caso. Sumado a esto, debe estarse a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 60 del Código de Trabajo, establece que: Las disposiciones de las leyes prevalecerán siempre sobre las del contrato colectivo y las de este, sobre las de los contratos individuales de trabajo, salvo lo dispuesto en los párrafos anteriores". Como se puede observar la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, incurrió en una violación directa al dejar de aplicar lo establecido en el artículo 60 párrafo primero, segundo y séptimo en relación a la contratación colectiva vigente entre la ENEE y el sindicato, es decir, que en el fallo ponen en preminencia la aplicación de una ley sobre las de la contratación colectivo cuando estas son más favorables para el trabajador, es decir que con esta decisión restringen y limitan los derechos económicos. Por lo que es de considerar que, celebrado un contrato colectivo de condiciones de trabajo, este debe cumplirse conforme a lo pactado, de lo contrario la parte que se ve afectada por el incumplimiento del mismo, este puede acudir a los órganos competentes a la procura de sus derechos, así como lo hizo mi representado, e incluso otros trabajadores que lo han realizado a quienes se les ha reconocido el incremento salarial en base al índice inflacionario. Es por ello por lo que de haber aplicado la norma sustantiva como violada, la Corte Sentenciadora hubiese arribado al convencimiento que la demandada pretendió argumentar motivos, que no están por arriba de las establecidas en el Código de trabajo. La corte viola directamente la norma indicada al omitir el pronunciamiento esgrimido por el Tribunal Supremo de Justicia, en esta misma causa (S.L. 34-18, 119-21 y 166-21). Y es por ello por lo que las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. Es por esta razón que, sin lugar a duda la situación jurídica regulada que no fue aplicada en la sentencia recurrida violentándose de esta forma la Ley. Por lo antes expuesto procede la admisión del motivo y casar la sentencia impugnada.” III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: i) Señala como norma sustantiva el artículo 60 del Código de Trabajo, párrafo Segundo, quinto y octavo, no ostenta el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce y consagra correlativamente derechos y obligaciones o extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y, ii) Le falta precisión al señalar la infracción ya que señala en su formulación falta de apreciación y en su explicación falta de aplicación, siendo diferentes tipos de violación, debiendo formularlo de manera separada, volviendo ineficaz el cargo, IV. Que el Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria a la ley sustantiva por infracción indirecta por error de hecho proveniente de la apreciación errónea de los medios de prueba documentales que corren a folios 60 al 91 de la primera pieza del expediente, específicamente al folio 81 frente y vuelto y folio 104. NORMA SUSTANTIVA VIOLADA: La norma sustantiva de orden nacional violada se encuentra contenida en el artículo 367 tercer párrafo, en relación con el artículo 60 párrafo primero, segundo, tercero, cuarto quinto sexto y séptimo. NORMAS PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACIÓN DE LA NORMA SUSTANTIVA SEÑALADA: Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de la norma sustantiva señalada se encuentran contenidas en el artículo 738 y 739 del Código de Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral 1), párrafo segundo del Código de Trabajo. MEDIOS DE PRUEBA ERRÓNEAMENTE APRECIADOS: Los medios de prueba apreciados de forma errónea en la sentencia recurrida son los siguientes: 1. Documental público, consistente en la cláusula 51 último párrafo del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo, suscrito entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE) para el periodo 2011-2013, que corre a folio 81 frente y vuelto de la primera pieza del expediente; 1. Documental público, consistente en la constancia de trabajo emitida por el jefe de Personal de Subgerencia Noroccidental de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica la cual obra a folio 104, donde se establece que mi representado es permanente desde el 11 de marzo del 2002. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN. En la sentencia impugnada, la Ad Quem afirma que la nivelación e incrementos salariales que mi representado deviene a reclamar a través de la presente acción, y en aplicabilidad de la cláusula 51 último párrafo del Contrato Colectivo vigente en la ENEE no es posible otorgarlos en virtud "2.-) En razón de la cláusula 51 antes mencionada, en el año 2017 la demandada hizo efectivo a todos sus empleados, entre ellos el actor, el ajuste salarial tomando como base el índice inflacionario de 4.5% según las estadísticas del Banco Central de Honduras, una vez que obtuvo la autorización de la Secretaria de Finanzas (folios 654 al 674, 676 al 679 de la p.p. de a.), situación que es concordante con lo que disponen las normas del presupuesto según lo disponen los artículos 364, 371 y 372 de la Constitución de la República, 69 de la Ley de la Administración Pública y 38 de la Ley Orgánica del Presupuesto, pues para otorgar dicho incremento salarial se debe contar con disponibilidad financiera presupuestaria del caso. Sumado a esto, debe estarse a los dispuesto en el párrafo segundo del artículo 60 del código del Trabajo, que establece que Las disposiciones de las leyes prevalecerán siempre sobre las de contrato colectivo v las de este, sobre las de los contratos individuales de trabajo, SALVO LO DISPUESTO EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES". Lo aseverado por la Ad Quem, resulta violatorio a lo establecido en el artículo 60 párrafos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto del Código de Trabajo que dicta: "Los contratos colectivos obligan a sus firmantes, así como a las personas en cuyo nombre o representación se celebran. Las disposiciones de los contratos colectivos se aplican a todos los trabajadores de las categorías interesadas que estén empleados en las empresas comprendidas en el contrato; a menos que este previere expresamente lo contrario. Los patronos y los trabajadores obligados por un contrato colectivo no pueden estipular condiciones contrarias a las del mismo en los contratos individuales de trabajo. La convención colectiva no podrá concertarse en condiciones menos favorables para los trabajadores que las contenidas en los contratos en vigor dentro de la propia empresa. Las Disposiciones de los contratos individuales de trabajo, contrarias a las del contrato colectivo, serán nulas y deberán considerarse sustituidas de pleno derecho por las disposiciones correspondientes del contrato colectivo. Las disposiciones de un contrato colectivo no se consideran contrarias a las leyes cuando sean más favorables para los trabajadores. Las disposiciones de las leyes prevalecerán siempre sobres las del contrato colectivo y las de ese sobre las de los contratos individuales de trabajo, SALVO LO DISPUESTO EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES." Como se puede aprecia en este caso, la violación a las normas sustantivas citadas se produce por un error de hecho, proveniente de la apreciación errónea de los siguientes medios probatorios: 1. Contrato Colectivo específicamente la Cláusula 51 que obra a folio 81 frente y vuelto de la primera pieza de autos; en plena flagrancia de la obligación adquirida en el Contrato Colectivo vigente que expresa: "Las partes convienen en continuar aplicando en FORMA AUTOMÁTICA a partir del mes de enero del año 2014 a todos los empleados permanentes, un ajuste salarial equivalente al porcentaje del índice inflacionario del año anterior de conformidad con las estadísticas oficiales del Banco Central de Honduras, sin perjuicio de los aumentos salariales que sean negociados en la siguiente contratación colectiva" (folio 81 vuelto p.p.) Como se puede observar, en la cláusula supra citada, no existe ningún otro requisito más que ser empleado permanente y formar parte del sindicato para poder optar a este beneficio o que sea aplicable, no existe más requisitos que los antes mencionados, y como se puede apreciar que el error de la Ad Quem, se origina al poner antes disposiciones presupuestarias que en ningún momento deben estar sobre las estipulaciones del contrato colectivo tal como se establece en el artículo 60 párrafo séptimo. En virtud que este último obliga a la ENEE a dar estricto cumplimiento a las Se afirma que el error de hecho se produce por la apreciación errónea de los medios probatorios relacionados, en virtud que en la sentencia la Ad Quem deja de manifiesto que todos los medios probatorios aportados fueron exhaustivamente analizados; y, adicionalmente en el razonamiento referido en el primer párrafo de la presente explicación, se mencionan de forma expresa y tacita los mismos.” V. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: i) Señala como norma sustantiva el artículo 60 del Código de Trabajo, párrafo segundo, sexto y séptimo, no ostenta el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce y consagra correlativamente derechos y obligaciones o extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y, ii) Señala infracción por apreciación errónea sin indicar cual es la apreciación correcta que el Juzgador debió de darle y así mismo singularizar la prueba en su conjunto propio de la violación indirecta. VI. El impetrante alega nulidad subsidiaria la cual aduce que: “Señores Magistrados, es importante señalar previo a ahondar en el motivo de nulidad, que la sentencia de fecha veinticuatro (24) de junio del dos mil veintidós (2022), confirmo la sentencia de fecha 27 de abril del 2022 dictada por el Juzgado de Letras de Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes; declarando SIN LUGAR la demanda ordinaria promovida por el Abogado Daniel Alexander Ortiz. Lo anterior bajo el fundamento de derecho PRIMERO el cual señala "QUE DEL ESTUDIO Y ANÁLISIS A LA PRUEBAS PRACTICADAS este tribunal llega al convencimiento que procede declarar sin lugar la presente demanda llevan a este convencimiento las circunstancias siguientes: 1) En cuanto al relamo de beneficio establecido en la cláusula 51 del contrato colectivo de condiciones de trabajado desde el año 2014, hasta la fecha que con sujeción a la norma procesal quede firme la sentencia; este tribunal estima declarar sin lugar dicha pretensión: El contrato de trabajo a pesar de la oposición de intereses entre patrono y trabajador, se entiende desarrollado bajo el principio de la buen fe, principio que aplica a ambas partes durante el desarrollo del mismo e incluso hasta su finalización, sobre esta base se ha sostenido que cuando en el curso de la relación se incumplen obligaciones patronales que no resulten de aquellas que competen al orden público, y el trabajador consiente dicho incumplimiento al continuar prestando el servicio sin hacer uso de los derechos que la ley le habilita para reclamarlo se entiende su aceptación; es cierto que el contrato colectivo obliga a las partes, pero conta que la demandada NO HA HECHO EFECTIVO LOS AUMENTOS SALARIALES CONTEMPLADOS EN LA CLAUSULA SI A NINGÚN TRABAJADOR a excepción del año 2017, según lo confirma la secretaria de finanzas, por las razones que dejo establecida en documentos visibles a folio 675 y 677 de los autos, hecho que coincide con los argumentos expuestos por la demandada en los hechos y omisiones en que basa la defensa; a lo anterior, es de agregar que en cuanto a los beneficios del contrato colectivo como antes se indicara, su desuso e incumplimiento ha sido efectivo durante los últimos año a excepción del año 2017, año en que los actores gozaron el incremento salarial que hoy exigen; tal desuso en apariencia de la anuencia de la representación sindical y de los trabajadores demandantes quienes en el curso de la relación nunca realizaron reclamo alguno consintiendo el mismo. El capítulo VI de las Resoluciones Judiciales, sección 2da contempla una serie de requisitos internos que debe reunir cada sentencia, los cuales tiene por objeto salvaguardar el derecho a la tutela judicial efectiva contemplado en artículo 1.1 del Código Procesal Civil, y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues la Tutela Judicial antes referida es "el derecho a obtener una resolución sobre el fondo de la solicitud dirigida al órgano judicial, es decir, el juez ha de pronunciarse sobre lo que pide el actor y la defensa planteada por la parte demandada"; partiendo de esta idea el articulo 206 numeral 1 contempla que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas; para poder emitir una decisión respecto al caso en concreto; sin embargo existe otro requisito fundamental que no puede ser obviado al momento de proferir una resolución, al cual se le denomina CONCRUENCIA, y que según lo contemplado en el artículo 208 del Código Procesal Civil dispone que: "1. Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. 2. En las se efectuarán las demandas que aquellas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto de debate". En el caso de autos señores magistrados, nos encontramos ante una sentencia emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Cortes, no cuenta con una congruencia interna entre la motivación utilizada para resolver una pretensión y la misma motivación utilizada para resolver otra. Para comprender de mejor manera lo anterior, es oportuno señalar que congruencia (interna) significa una conexión lógica entre la motivación y la decisión (llamada también parte dispositiva). Así mismo la congruencia interna tiene como propósito que una resolución no contenga afirmaciones que se contradigan entre sí, de tal manera que, si se tomó un argumento para resolver, ese mismo argumento debe ser tomado para resolver otros aspectos dentro del contenido de la misma sentencia; sin embargo señores magistrados podemos observar que la sentencia recurrida no es congruente, pues se no se otorga el incremento, salarial contemplado en la cláusula 51, porque mi representado o el sindicato nunca han reclamado este derecho y sumado a lo anterior, establece que a ningún trabajador se le ha hecho efectivo el derecho, y en juicio se aportó pruebas que desvanecen lo manifestado por el AQUEM ver folio (105 al 125, 126 al 144, 146 al 195) donde se les han otorgado los beneficios solicitados por mi representado a otro empleados de la ENEE, de igual forma el Sindicato EL AQUEM asevera que el sindicato ha enviado notas reclamando los beneficios en fecha 6 de enero del 2014, 17 de marzo y 26 de septiembre del 2017, 30 de mayo, 6 de septiembre y 7 de noviembre del 2018, 10, 21 y 31 de enero del 2019, 06 y 27 de enero y 12 de octubre del 2020 y 06 de enero del 2021 que obran de folios 623 al 639 de la p.p. de a. La cual no encuentra congruencia en la sentencia. Sin duda alguna el daño este vicio de nulidad, viene a poner en detrimento el derecho a la tutela judicial efectiva consagrada en la Convención Americana sobre derechos humanos (pacto de San José) pues en su artículo 25 sobre la Protección Judicial dispone que: 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Parte se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades del recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Es decir, señores magistrados el tribunal de alzada en este Caso la Corte de Apelaciones del San Pedro Sula Departamento de Cortes, debió haber resuelto tutelando los derechos de mi representado en la misma medida que resolvió respecto a la pretensión del índice inflacionario contemplado en la cláusula 51 de la convención colectiva suscrita entre la ENEE y el STENEE”. VII. Que, si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que este Tribunal deba enmendar. En el presente caso, donde la situación planteada ya ha sido resuelta en el momento procesal oportuno por el A Quo y confirmado por el Tribunal de apelación lo constituye en un objeto de litigio ya dirimido y agotadas sus instancias, sin embargo estudiado el caso en examen, este Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria. VIII. Por lo anteriormente expresado, procede declarar NO HABER LUGAR al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos, así como de la nulidad subsidiariamente solicitada. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por UNANIMIDAD de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal C, 764, 765, 769, 777, 858 y 865 del Código de Trabajo; 22, 200, 211, 212, 214, 215 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal A del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación interpuesto por el Abogado ALAN DAVID CÓRDOVA ORTIZ, en su condición de Representante Procesal del señor NELSON OVIDIO DUBON, en sus dos motivos. 2) SIN LUGAR la nulidad subsidiariamente solicitada. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que, con la certificación de este fallo, se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, COORDINADORA. ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO quien firma por el Magistrado ROY PINEDA CASTRO, conforme al artículo 8 del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de octubre del dos mil veinticuatro; certificación de la sentencia de fecha catorce de marzo del dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL433-2022. FIRMA Y SELLO.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ.

SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.