Sentencia CL-424-23 — Registro 18785
Resumen
Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pague las prestaciones e indemnizaciones laborales, en virtud de terminación de relación laboral
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) en su formulación omite señalar las normas sustantivas laborales del orden nacional infringidas y por ello no se cumple con el requisito establecido el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código de Trabajo; b) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; c) falta claridad y precisión al indicar “Ser la Sentencia violatoria de la Ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea”, siendo distintas formas de violar la Ley que deben invocarse de forma separada por la independencia de los cargos; y, d) formula extensos alegatos propios de instancia inoportunos en este extraordinario recurso. IV.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) en su formulación omite señalar las normas sustantivas laborales del orden nacional infringidas y por ello no se cumple con el requisito establecido el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código de Trabajo; b) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; c) falta claridad y precisión al indicar “Ser la Sentencia violatoria de la Ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea”, siendo distintas formas de violar la Ley que deben invocarse de forma separada por la independencia de los cargos; y, d) formula extensos alegatos propios de instancia inoportunos en este extraordinario recurso. IV.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veintiocho dias del mes de noviembre del año dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 11 de enero del 2024, por el Abogado FABRICIO ALEJANDRO OCHOA SIERRA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, los señores GINA MARIA GÓMEZ DIAZ; MARIA LUISA BADAY BARAHONA; ANDREW YANIR PINTO MALDONADO y WILLY VLADIMIR ARIAS REYES, representados en juicio por el Abogado MARLON GEOVANNI QUINTANA DELGADO. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pague las prestaciones e indemnizaciones laborales, en virtud de terminación de relación laboral, costas, promovida ante el Juzgado de Letras Seccional de Tela, Departamento de Atlántida, en fecha 23 de octubre del 2012, por los señores GINA MARIA GÓMEZ DIAZ, casada, Abogada; MARIA LUISA BADAY BARAHONA, casada, Bachiller en Computación; ANDREW YANIR PINTO MALDONADO, soltera, Bachiller en Computación; y WILLY VLADIMIR ARIAS REYES, soltero, Bachiller en Computación; todos mayores de edad, hondureños y con domicilio en Tela, Departamento de Atlántida, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP), por medio de la Procuraduría General de la República. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 15 de junio del 2023, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 28 de febrero del 2023, proferida por el Juzgado de Letras Seccional de Tela, Departamento de Atlántida, que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) DECLARANDO CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE EMPLAZAMIENTO PARA QUE EL PATRONO PAGUE LAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES EN VIRTUD DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL.- EMBARGO PREVENTIVO, COSTAS DEL JUICIO, HONORARIOS PROFESIONALES Promovida por los señores GINA MARIA GÓMEZ DIAZ, MARIA LUISA BADAY BARAHONA, ANDREW YANIR PINTO MALDONADO Y WILLY VLADIMIR ARIAS REYES. 2) Se declara SIN LUGAR la Excepción Perentoria de Prescripción interpuesta por la parte demandada.- 3) SE CONDENA AL ESTADO DE HONDURAS a través del Instituto de la Propiedad al pago de prestaciones sociales y demás derechos sociales siguientes: 1) Para GINA MARIA GÓMEZ DIAZ Dos meses de preaviso cantidad de VEINTIDÓS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (L. 22,166.68); dos meses de auxilio de cesantía la cantidad de VEINTIDÓS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (L. 22,166.68); Veintiún días de auxilio de cesantía proporcional la cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS (L. 646.52); veintidós días de vacaciones la cantidad de OCHO MIL CIENTO VEINTISIETE LEMPIRAS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (L. 8,127.68), Veintiún días de vacaciones proporcionales la cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON ONCE CENTAVOS (L. 325.11); dos años de aguinaldo la cantidad de DIECINUEVE MIL LEMPIRAS (L. 19,000.00); Ciento cincuenta y un días de aguinaldo proporcional la cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON SETENTA Y UN CENTAVOS (L. 3,983.71); dos años de décimo cuarto mes la cantidad de DIECINUEVE MIL LEMPIRAS (L. 19,000.00); trescientos treinta y un días de décimo cuarto mes proporcional la cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS (L. 8,733.76); para ser un total de CIENTO CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON CATORCE CENTAVOS (L. 104,150.14). 2) Para MARIA LUISA BADAY BARAHONA Dos meses de preaviso la cantidad de VEINTIDÓS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (L. 22,166.68); dos meses de auxilio de cesantía la cantidad de VEINTIDÓS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (L. 22,166.68); Veintiún días de auxilio de cesantía proporcional la cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS (L. 646.52); veintidós días de vacaciones la cantidad de OCHO MIL CIENTO VEINTISIETE LEMPIRAS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (L. 8,127.68), Veintiún días de vacaciones proporcionales la cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON ONCE CENTAVOS (L. 325.11); dos años de aguinaldo la cantidad de DIECINUEVE MIL LEMPIRAS (L. 19,000.00); Ciento cincuenta y un días de aguinaldo proporcional la cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON SETENTA Y UN CENTAVOS (L. 3,983.71); dos años de décimo cuarto mes la cantidad de DIECINUEVE MIL LEMPIRAS (L. 19,000.00); trescientos treinta y un días de décimo cuarto mes proporcional la cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS (L. 8,733.76); para ser un total de CIENTO CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON CATORCE CENTAVOS (L. 104,150.14).- 3) Para WILLY VLADIMIR ARIAS REYES Dos meses de preaviso la cantidad de veintidós MIL CIENTO SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (L. 22,166.68); dos meses de auxilio de cesantía la cantidad de VEINTIDÓS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (L. 22,166.68); Veintiún días de auxilio de cesantía proporcional la cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS (L. 646.52); veintidós días de vacaciones la cantidad de OCHO MIL CIENTO VEINTISIETE LEMPIRAS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (L. 8,127.68), Veintiún días de vacaciones proporcionales la cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON ONCE CENTAVOS (L. 325.11); dos años de aguinaldo la cantidad de DIECINUEVE MIL LEMPIRAS (L. 19,000.00); Ciento cincuenta y un días de aguinaldo proporcional la cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON SETENTA Y UN CENTAVOS (L. 3,983.71); dos años de décimo cuarto mes la cantidad de DIECINUEVE MIL LEMPIRAS (L. 19,000.00); trescientos treinta y un días de décimo cuarto mes proporcional la cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS (L. 8,733.76); para ser un total de CIENTO CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON CATORCE CENTAVOS (L. 104,150.14).- 4) Para ANDREW YANNIR PINTO MALDONADO Dos meses de preaviso la cantidad de VEINTIDÓS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (L. 22,166.68); dos meses de auxilio de cesantía la cantidad de VEINTIDÓS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (L. 22,166.68); Veintiún días de auxilio de cesantía proporcional la cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS (L. 646.52); veintidós días de vacaciones la cantidad de OCHO MIL CIENTO VEINTISIETE LEMPIRAS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (L. 8,127.68), Veintiún días de vacaciones proporcionales la cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON ONCE CENTAVOS (L. 325.11); dos años de aguinaldo la cantidad de DIECINUEVE MIL LEMPIRAS (L. 19,000.00); Ciento cincuenta y un días de aguinaldo proporcional la cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON SETENTA Y UN CENTAVOS (L. 3,983.71); dos años de décimo cuarto mes la cantidad de DIECINUEVE MIL LEMPIRAS (L. 19,000.00); trescientos treinta y un días de décimo cuarto mes proporcional la cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS (L. 8,733.76); para ser un total de CIENTO CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON CATORCE CENTAVOS (L. 104,150.14) y en concepto de daños y perjuicios al pago de salarios dejados de percibir por los demandantes desde el momento en que se dio por terminada la relación laboral hasta la fecha que quede firme la sentencia condenatoria….- SIN COSTAS”. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- Las partes demandantes expresaron en el escrito de su acción que iniciaron labores en el Instituto de la Propiedad en fecha 11 de mayo del 2010 y finalizando el 31 de mayo del 2012, así: Gina Maria Gómez Diaz, como Extractadora; Maria Luisa Baday Barahona, como Extractadora; Andrew Yanir Pinto Maldonado, como Digitalizador y Willy Vladimir Arias Reyes, como Digitalizador, con un sueldo de L. 9,500.00, cada uno, y con contrato de trabajo; que fueron retirados de sus cargos sin notificación escrita, solo de una forma verbal, manifestaron que durante el tiempo laborado no les pagaron, aguinaldos, decimocuarto mes, horas extras, preaviso, cesantía, vacaciones, todos esos derechos privados y que el legislador le da el derecho laboral a todas las partes laborales, pero les manifestaron que no tenían derecho a ninguno que les da el Código de Trabajo. Que a pesar de haber pedido la cancelación de los derechos laborales que tenían, enviándole las cedulas de citación, por medio del instituto de la Propiedad de Tela, Atlántida, y no haciendo caso a las mismas al igual que del retiro de sus cargos sin ninguna explicación, después de un mes se comunicaron con ellos y les manifestaron que no habían fondos para seguirlos contratando, y hasta esa fecha no habido respuesta positiva ya que no asistió a las citas en el ministerio de trabajo, de la ciudad Puerto de La Ceiba, Departamento de Atlántida. Además manifestaron que a pesar de estar insistiendo en que se les cancelaran sus derechos y prestaciones laborales, se les dijo que ellos no tenían derecho a nada y que para eso habían firmado un contrato, asimismo hicieron caso omiso a las citaciones de la Procuraduría del Trabajo de la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida; por lo que los demandantes se dirigieron a la Procuraduría del Trabajo en la ciudad de La Ceiba, para que se les calcularan el monto de las prestaciones y derechos adquiridos, trayendo consigo dicho calculo y presentándoselo al representante legal del Instituto de la Propiedad en la primera, segunda y tercera cita que se le hizo llegar, no llegando a ningún arreglo con la demanda. 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda rechazando las pretensiones de las partes demandantes; alegando en su defensa que el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo, en su artículo 31 Sección Quinta, de órganos Desconcentrados, establece: "Que sin perjuicio de lo que las leyes dispongan el personal de los órganos desconcentrados estará sujeta el Régimen del Servicio Civil; así mismo la Ley de Propiedad crea el Instituto de la Propiedad como un ente desconcentrado de la Presidencia de la República, en consecuencia el personal del Instituto de la Propiedad, está sujeto al Régimen del Servicio Civil, por mandato de la ley". Asimismo, señaló que los demandantes debían de atenerse a lo estipulado en el Artículo 124-C reformado por la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno que estipula: "En el caso de los empleados por contrato, los mismos deberán sujetarse al plazo y condiciones convenidas entre las partes". Arguyó que la demanda planteada debe ser declarada sin lugar por improcedente, ya que el Acto Administrativo impugnado no consiste en una cancelación sino en la rescisión del contrato, de conformidad a la cláusula octava del mismo, es decir que no se trataba en el presente caso de un despido sino el cumplimiento de una voluntad tanto del Instituto de la Propiedad como de las partes demandantes, comunicándoles el demandado mediante notas que se emitieron de acuerdo a las atribuciones de la Ley de la Propiedad, es decir, que las normas jurídicas comprenden la Constitución de la Republica, los Tratados Internacionales, la Ley General, la Ley Especial (siendo la Ley de la Propiedad una ley especial creada mediante decreto legislativo N° 28-2004), los Reglamentos, la costumbre, los principios generales del derecho y la jurisprudencia emanada exclusivamente de la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, en audiencia primera de trámite interpuso la Excepción Perentoria de Prescripción. 3.- El Juzgado de Letras Seccional de Tela, Departamento de Atlántida, en fecha 28 de febrero del 2020, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: 1) DECLARANDO CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE EMPLAZAMIENTO PARA QUE EL PATRONO PAGUE LAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES EN VIRTUD DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL.- EMBARGO PREVENTIVO, COSTAS DEL JUICIO, HONORARIOS PROFESIONALES Promovida por los señores GINA MARIA GÓMEZ DIAZ, MARIA LUISA BADAY BARAHONA, ANDREW YANIR PINTO MALDONADO Y WILLY VLADIMIR ARIAS REYES. 2) Se declara SIN LUGAR la Excepción Perentoria de Prescripción interpuesta por la parte demandada.- 3) SE CONDENA AL ESTADO DE HONDURAS a través del Instituto de la Propiedad al pago de prestaciones sociales y demás derechos sociales siguientes: 1) Para GINA MARIA GÓMEZ DIAZ Dos meses de preaviso cantidad de VEINTIDÓS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (L. 22,166.68); dos meses de auxilio de cesantía la cantidad de VEINTIDÓS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (L. 22,166.68); Veintiún días de auxilio de cesantía proporcional la cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS (L. 646.52); veintidós días de vacaciones la cantidad de OCHO MIL CIENTO VEINTISIETE LEMPIRAS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (L. 8,127.68), Veintiún días de vacaciones proporcionales la cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON ONCE CENTAVOS (L. 325.11); dos años de aguinaldo la cantidad de DIECINUEVE MIL LEMPIRAS (L. 19,000.00); Ciento cincuenta y un días de aguinaldo proporcional la cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON SETENTA Y UN CENTAVOS (L. 3,983.71); dos años de décimo cuarto mes la cantidad de DIECINUEVE MIL LEMPIRAS (L. 19,000.00); trescientos treinta y un días de décimo cuarto mes proporcional la cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS (L. 8,733.76); para ser un total de CIENTO CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON CATORCE CENTAVOS (L. 104,150.14). 2) Para MARIA LUISA BADAY BARAHONA Dos meses de preaviso la cantidad de VEINTIDÓS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (L. 22,166.68); dos meses de auxilio de cesantía la cantidad de VEINTIDÓS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (L. 22,166.68); Veintiún días de auxilio de cesantía proporcional la cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS (L. 646.52); veintidós días de vacaciones la cantidad de OCHO MIL CIENTO VEINTISIETE LEMPIRAS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (L. 8,127.68), Veintiún días de vacaciones proporcionales la cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON ONCE CENTAVOS (L. 325.11); dos años de aguinaldo la cantidad de DIECINUEVE MIL LEMPIRAS (L. 19,000.00); Ciento cincuenta y un días de aguinaldo proporcional la cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON SETENTA Y UN CENTAVOS (L. 3,983.71); dos años de décimo cuarto mes la cantidad de DIECINUEVE MIL LEMPIRAS (L. 19,000.00); trescientos treinta y un días de décimo cuarto mes proporcional la cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS (L. 8,733.76); para ser un total de CIENTO CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON CATORCE CENTAVOS (L. 104,150.14).- 3) Para WILLY VLADIMIR ARIAS REYES Dos meses de preaviso la cantidad de veintidós MIL CIENTO SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (L. 22,166.68); dos meses de auxilio de cesantía la cantidad de VEINTIDÓS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (L. 22,166.68); Veintiún días de auxilio de cesantía proporcional la cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS (L. 646.52); veintidós días de vacaciones la cantidad de OCHO MIL CIENTO VEINTISIETE LEMPIRAS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (L. 8,127.68), Veintiún días de vacaciones proporcionales la cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON ONCE CENTAVOS (L. 325.11); dos años de aguinaldo la cantidad de DIECINUEVE MIL LEMPIRAS (L. 19,000.00); Ciento cincuenta y un días de aguinaldo proporcional la cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON SETENTA Y UN CENTAVOS (L. 3,983.71); dos años de décimo cuarto mes la cantidad de DIECINUEVE MIL LEMPIRAS (L. 19,000.00); trescientos treinta y un días de décimo cuarto mes proporcional la cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS (L. 8,733.76); para ser un total de CIENTO CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON CATORCE CENTAVOS (L. 104,150.14).- 4) Para ANDREW YANNIR PINTO MALDONADO Dos meses de preaviso la cantidad de VEINTIDÓS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (L. 22,166.68); dos meses de auxilio de cesantía la cantidad de VEINTIDÓS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (L. 22,166.68); Veintiún días de auxilio de cesantía proporcional la cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS (L. 646.52); veintidós días de vacaciones la cantidad de OCHO MIL CIENTO VEINTISIETE LEMPIRAS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (L. 8,127.68), Veintiún días de vacaciones proporcionales la cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON ONCE CENTAVOS (L. 325.11); dos años de aguinaldo la cantidad de DIECINUEVE MIL LEMPIRAS (L. 19,000.00); Ciento cincuenta y un días de aguinaldo proporcional la cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON SETENTA Y UN CENTAVOS (L. 3,983.71); dos años de décimo cuarto mes la cantidad de DIECINUEVE MIL LEMPIRAS (L. 19,000.00); trescientos treinta y un días de décimo cuarto mes proporcional la cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS (L. 8,733.76); para ser un total de CIENTO CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON CATORCE CENTAVOS (L. 104,150.14) y en concepto de daños y perjuicios al pago de salarios dejados de percibir por los demandantes desde el momento en que se dio por terminada la relación laboral hasta la fecha que quede firme la sentencia condenatoria….- SIN COSTAS”. bajo el criterio que, uno de los elementos esenciales del contrato de trabajo es el salario como retribución del servicio que debe pagarse al trabajador en virtud del contrato de trabajo, o de la relación de trabajo vigente, así lo enmarca el articulo 20 literal "c" en relación al 360 ambos del Código de Trabajo, y lo constituye no solo la remuneración fija u ordinaria, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie y que implique retribución de servicios, estipulándose libremente, siempre que no sea inferior al que se fije como mínimo de acuerdo con las prescripciones del Código de Trabajo. En el caso que nos ocupa los demandantes además de sus derechos adquiridos también reclaman judicialmente como accesoria a su pretensión el reajuste a sus salarios que hubieran percibido desde la fecha de inicio del contrato así como el pago de los daños y perjuicios, lo que se comprueba con el reconocimiento judicial que se logró constatar según contratos que constan en los expedientes personales de los demandantes y demás documentación aportada al proceso que estos en el año 2010 en mayo devengaba un salario de L.9,313.56, en junio L.8,915.04, en julio L.9,332.38, en agosto L. 9,339.39, en septiembre L.9,582.93, en octubre L.10,177.02, en noviembre L.10,073.70, en diciembre L.10,073.70. En Enero L.9,756.36, en febrero L.9,794.44 en marzo L.10,005.07, en abril L.10,003.59 en mayo L.10,003.59 en junio L.9,822.78, en julio L.9,822.78 en agosto L.9,822.78 en septiembre L.9,822.78, en noviembre L.9,822.78 y en diciembre L.9,115.22 del año 2011. En febrero y abril del 2012 devengaron la cantidad de L.9,500.00, observándose altibajos en su salario ya que no era fijo disminuyéndose a la fecha del despido, es por ello que debe reconocerse tanto el reajuste a su salario como la indemnización por los daños y perjuicios causados. El artículo 691 del Código de Trabajo hace referencia al agotamiento de la vía o procedimiento gubernativo o procedimiento reglamentario previo a la acción judicial que debe realizar a su elección el actor que pretenda emprender acciones en contra de una entidad de derecho público, persona administrativa autónoma, o institución o entidad de derecho social, en el caso de examen se desprende que la parte demandada es el Instituto de la Propiedad y que los demandantes Gina Maria Gómez Díaz, Maria Luisa Baday Barahona, Andrew Yanir Pinto Maldonado y Willy Vladimir Arias Reyes agotaron la vía administrativa y así quedó acreditado con el informe solicitado y remitido por la Inspectoría Regional del Trabajo de la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de la Ceiba, Departamento de Atlántida, que obra a folios 18 y 19 del expediente de mérito, en el que se relaciona las fechas en la que los demandantes se presentaron ante esa autoridad administrativa a realizar su trámite de agotamiento a que hace referencia el articulo citado en este numeral, así como las fechas de las citas que se giraron al Sub gerente de Recursos Humanos del Instituto de la Propiedad de esta ciudad y la fecha del cierre de las diligencias, por lo que el alegato de la parte demandada al exponer prescripción de la acción entablada contra su representada para esta Juzgadora resulta sin sustento, ya que no se demostró por su parte el no agotamiento de esta vía, y por otra, desde el momento en que les hacen el despido verbal y que después les entregarían la nota de despido por escrito a los ahora demandantes, tienen pleno conocimiento que en cualquier momento posterior puede ser citada para tratar de conciliar el rompimiento de la relación contractual laboral puesta a término y habiéndose acreditado a este juzgado dicho despido verbal mediante prueba testifical ya que no consta registro alguno de la nota de despido es por todo ello que se debe tener por cumplido con dicho precepto legal citado por la parte demandante y como consecuencia de ello que provocara la elaboración de un cálculo de prestaciones tal como se aprecia a folios 14 al 17 del expediente de mérito. Que en atención a lo relacionado en los numerales que preceden es procedente declarar con lugar la demanda por haber quedado establecido el despido directo e injustificado de que fueron objeto los demandantes y por consecuencia procede acceder a su petición de pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la terminación unilateral del contrato de trabajo, hasta que con sujeción a las normas del Código de Trabajo quede firme la sentencia condenatoria respectiva. 4.- La Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha 15 de junio del 2023, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que, en el presente caso a los señores GINA MARIA GÓMEZ DIAZ, MARIA LUISA BADAY BARAHONA, ANDREW YANIR PINTO MALDONADO y WILLY VLADIMIR ARIAS REYES se les venían renovando contratos por más de dos (02) años en forma consecutiva; en el Código de Trabajo en su artículo 347 nos dice: "Que se considera cumplida la condición de continuidad en el servicio cuando el interesado haya trabajado durante un mínimo de doscientos (200) días al año". Cumpliéndose en este caso con lo establecido en esta norma, trabajo que se realizaba de manera continua sin interrupciones, por lo que se entiende que la relación que existió era de carácter permanente. En consecuencia, no se concede la razón a este agravio y se comparte la valoración del A- quo. Al respecto citamos lo dispuesto en Sentencia SL del 17 de enero del 2020 expediente CL 350-18: e) "Que también se debe recordar que en el ámbito laboral existe limitación de la autonomía de la voluntad, ya que las normas de trabajo y seguridad social son de orden público y, por ello, aunque en la práctica las partes pueden pactar lo que quieran, lo cierto es que dicho pacto será válido solamente si es respetuoso de la normativa laboral, esto en consonancia con los artículos 128 de la Constitución de la República (preámbulo) y 3 del Código del Trabajo, preceptos que le niegan eficacia a los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos laborales que tiene el trabajador, y que, en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y o que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que efectivamente sucede en el terreno de los hechos, ya que dicha divergencia así como puede proceder de un simple error involuntario, puede también estar inspirada intencionalmente para simular o esconder la verdad y eludir el cumplimiento de obligaciones legales u obtener un provecho ilícito. Debe, entonces, quedar claro que la existencia o no de una relación un contrato de trabajo, su permanencia o temporalidad y demás cualidades dependen, no de lo que las partes previamente hubieren pactado por escrito o en forma verbal, o de si se esté o no en determinada partida presupuestaria, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre prestando sus servicios, pues siempre deben prevalecer los aspectos fáctico- sustanciales por sobre los jurídico-formales". Otro de los Agravios que señala el Recurrente es la imposición de la A-quo del preaviso, y del pago del décimo tercer y décimo cuarto mes; en cuanto al preaviso, argumenta que a los demandantes se les notifico previamente del cese de sus funciones, sin embargo, dicha notificación se les hizo un día antes de la interrupción de la vigencia de su contrato, por lo que al ser estos empleados por más de dos años, se les tenía que notificar con un mes de anticipación, de acuerdo al artículo 116 del Código de Trabajo Vigente, el cual literalmente dice: "El Preaviso será notificado con anticipación así: a).... b) ... c) De un (1) mes, cuando le ha servido de uno (1) a dos (2) años". Independientemente si la notificación de preaviso fue verbal o escrita tenía que ser un mes antes. Así mismo el Artículo 118 del Código de Trabajo; es claro en su párrafo segundo, el cual explica que en caso de que el patrono sea el culpable (de no haber dado el preaviso o de darlo sin ajustarse a los requisitos legales) quedara obligado a pagar al trabajador una cantidad equivalente a su salario durante el término del preaviso; sobre el décimo tercer y cuarto mes de salario, el apelante hace referencia al Memorándum PySC-DRH-022-2019, emitido por el Registro de la Propiedad, establece que no se les realizo pago de vacaciones, el pago de décimo cuarto mes se realizó de manera proporcional del 01 de febrero de 2012 al 30 de junio del 2012, a excepción del señor WILLY VLADIMIR ARIAS REYES, quien pertenecía al proyecto Procorredor y a este personal no se le realizaba pago por décimo tercer mes, así mismo refiere que el pago del décimo tercer mes no se realizado ya que fueron cancelados en los meses de julio y septiembre, por lo que se comparte la decisión del A-quo sobre el reconocimiento de lo no pagado por estos conceptos, ya que se evidencia que no se realizaron los procedimientos internos de ley en dicha Institución por lo tanto las mismas se vuelven violatorias de los derechos de los Trabajadores. El recurrente considera un agravio la valoración del A-quo, sobre el medio de prueba Reconocimiento Judicial, mediante el cual se pudieron constatar ciertos datos, según los expedientes personales de los empleados puestos a vista la fecha de inicio de los contratos, los contratos celebrados, salario devengado, memorándum, horarios de trabajo, etc., cabe mencionar que dicho reconocimiento fue efectuado en el lugar donde ellos desempeñaban sus labores, y que otra información no fue brindada porque para acceder a dicha información era necesaria una solicitud al Departamento de Recursos Humanos de la Ciudad de Tegucigalpa, ya que ellos son quienes llevan el control de entradas y salidas, por lo que como se dijo anteriormente se evidencia que no se realizaban los procedimientos internos de ley en dicha Institución, en perjuicio de los derechos de los empleados; además que la celebración de los contratos y las fechas de inicio y finalización de los mismos también fue corroborada con la misma prueba documental presentada por la parte demandada con la presentación de los expedientes administrativos de cada uno de los demandantes. Que los derechos adquiridos, son derechos irrenunciables y lógicamente deben pagarse al trabajador independientemente de la forma como termine la relación laboral, ya que estas son garantías que establece la constitución de la República; así como el reajuste del salario minino en caso de no haberse cumplido con el pago de este. Por las razones y consideraciones legales referidas por esta Corte es procedente desestimar el recurso impetrado; consecuentemente procede, la confirmación de la decisión adoptada por el Juzgado de primera Instancia. 5.- Mediante auto de fecha 17 de noviembre del 2023, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado FABRICIO ALEJANDRO OCHOA SIERRA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 11 de enero del 2024, compareció ante este Tribunal el Abogado FABRICIO ALEJANDRO OCHOA SIERRA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación; por lo que mediante providencia de fecha 04 de marzo del 2024, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho; por lo que mediante proveído de fecha 26 de abril del 2024, se tuvo por contestado el recurso de casación por parte del Abogado MARLON GEOVANNI QUINTANA DELGADO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- El recurso de casación configura una acción de impugnación que a la vez sirve de guía para la correcta aplicación e interpretación del derecho y es instrumento unificador de la jurisprudencia nacional. En materia de trabajo, la censura puede ser dirigida contra un fallo que hace tránsito a cosa juzgada, dictado por un Tribunal de Apelación, alegándose violación de la Ley o invocándose el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, requiriendo dicha acusación de una rigurosa técnica, pues lo que se pretende es la confrontación de una resolución judicial definitiva de segundo grado con la normativa legal sustancial; por ello, la parte litigante que hace uso de esta vía procesal dispositiva y extraordinaria está obligada a romper las presunciones de legalidad y acierto que amparan la decisión recurrida y que derivan del supuesto de la conclusión del debate procesal con el agotamiento de las instancias. Como consecuencia de todo lo anterior, para poder realizarse un estudio de fondo primero se debe revisar si el libelo casacional llena todos los requisitos de forma legales y jurisprudenciales. II.- Que el Abogado FABRICIO ALEJANDRO OCHOA SIERRA, en su primer y único motivo de casación alega: "Ser la Sentencia violatoria de la ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea". PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación se encuentra comprendido en el numeral 1 del artículo 765 CAUSALES DE CASACIÓN, del Código de Trabajo, que a la letra dice "1. Ser la Sentencia violatoria de Ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea.". EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN: El Juzgado del Trabajo del departamento de Francisco Morazán en el fallo emitido en la PARTE DISPOSITIVA: FALLA: 1) DECLARANDO CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EMPLAZAMIENTO PARA QUE EL PATRONO PAGUE LAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES EN VIRTUD DE TERMINACIÓN DE LAS RELACIÓN LABORAL.- EMBARGO PREVENTIDO, COSTAS DEL JUICIO HONORARIOS PROFESIONALES promovida por los señores GINA MARÍA GÓMEZ DÍAZ, MARÍA LUISA BADAY BARAHONA, ANDREW YANIR PINTO MALDONADO Y WILLY VLADIMIR ARIAS REYES. 2) Se declara SIN LUGAR la Excepción Perentoria de Prescripción interpuesta por la parte demandada. 3) SE CONDENA AL ESTADO DE HONDURAS a través del Instituto de la Propiedad al pago de las prestaciones sociales y demás derechos sociales siguientes: para GINA MARIA GÓMEZ DIAZ, dos meses de preaviso la cantidad de VEINTIDÓS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (L.22,166.68); dos meses de auxilio de cesantía la cantidad VEINTIDÓS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (L.22,166.68); veintiún días de auxilio de cesantía proporcional la cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS (L.642.52); veintidós días de vacaciones la cantidad de OCHO MIL CIENTO VEINTISIETE LEMPIRAS CON ONCE CENTAVOS (8,127.68), veintiún días de vacaciones proporcionales la cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON ONCE CENTAVOS (L.325.11); dos años de aguinaldo la cantidad DIECINUEVE MIL LEMPIRAS (L.19,000.00), ciento cincuenta y un días de aguinaldo proporcional la cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON SETENTA Y UN CENTAVO (L.3,983.71); dos años de décimo cuarto mes la cantidad de DIECINUEVE MIL LEMPIRAS (L.19,000.00), trescientos treinta y un días de décimo cuarto mes proporcional la cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS (L.8,733.76); para ser un total de CIENTO CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON CATORCE CENTAVOS (L.104,150.14). 2) Para MARIA LUISA BADAY BARAHONA dos meses de preaviso la cantidad VEINTIDÓS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (L.22,166.68); dos meses de auxilio cesantía la cantidad VEINTIDÓS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (L.22,166.68); veintiún días de auxilio de cesantía proporcional la cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS (L.646.52); veintidós días de vacaciones la cantidad de OCHO MIL CIENTO VEINTISIETE LEMPIRAS CON ONCE CENTAVOS (8,127.68); veintiún días de vacaciones proporcionales la cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON ONCE CENTAVOS (L.325.11); dos años de aguinaldo la cantidad DIECINUEVE MIL LEMPIRAS (L.19,000.00); ciento cincuenta y un días de aguinaldo proporcional la cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON SETENTA Y UN CENTAVO (L.3,983.71); dos años de décimo cuarto mes la cantidad de DIECINUEVE MIL LEMPIRAS (L.19,000.00), trescientos treinta y un días de décimo cuarto mes proporcional la cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Υ TRES LEMPIRAS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS (L.8,733.76); para ser un total de CIENTO CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON CATORCE CENTAVOS (L.104,150.14).- 3) Para WILLY VLADIMIR ARIAS REYES dos meses de preaviso la cantidad VEINTIDÓS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (L.22,166.68); dos meses de auxilio cesantía la cantidad VEINTIDÓS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (L.22,166.68); veintiún días de auxilio de cesantía proporcional la cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS (L.646.52); veintidós días de vacaciones la cantidad de OCHO MIL CIENTO VEINTISIETE LEMPIRAS CON ONCE CENTAVOS (8,127.68); veintiún días de vacaciones proporcionales la cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON ONCE CENTAVOS (L.325.11); dos años de aguinaldo la cantidad DIECINUEVE MIL LEMPIRAS (L.19,000.00); trescientos treinta y un días de décimo cuarto mes proporcional la cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS (L.8,733.76); para ser un total de CIENTO CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON CATORCE CENTAVOS (L.104,150.14). 4) Para ANDREW YANNIR PINTO MALDONADO dos meses de preaviso la cantidad VEINTIDÓS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (L.22,166.68); dos meses de auxilio cesantía la cantidad VEINTIDÓS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (L.22,166.68); veintiún días de auxilio de cesantía proporcional la cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS (L.646.52); veintidós días de vacaciones la cantidad de OCHO MIL CIENTO VEINTISIETE LEMPIRAS CON ONCE CENTAVOS (8,127.68); veintiún días de vacaciones proporcionales la cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON ONCE CENTAVOS (L.325.11); dos años de aguinaldo la cantidad DIECINUEVE MIL LEMPIRAS (L.19,000.00); ciento cincuenta y un días de aguinaldo proporcional la cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON SETENTA Y UN CENTAVO (L.3,983.71); dos años de décimo cuarto mes la cantidad de DIECINUEVE MIL LEMPIRAS (L.19,000.00), trescientos treinta y un días de décimo cuarto mes proporcional la cantidad de OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS (L.8,733.76); para ser un total de CIENTO CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON CATORCE CENTAVOS (L.104,150.14) y en concepto de daños y perjuicios al pago de salarios dejados de percibir por los demandantes desde el momento que se dio por terminada la relación laboral hasta la fecha que quede firme la sentencia condenatoria.- Y MANDA: Que si dentro del término de ley no se interpone recurso alguno contra el presente fallo, se remita la presente causa ante la Honorable Corte Primera de Apelaciones de la ciudad de la Ceiba, Departamento de Atlántida, en consulta por ser adversa la misma pretensiones de la parte demandada en este caso AL ESTADO DE HONDURAS.- SIN COSTAS. En la cual el Juez Ad Quem dicto el fallo siguiente: FALLA: PRIMERO: Declarando SIN LUGAR el recurso de apelación Interpuesto por el Abogado FABRICIO ALEJANDRO OCHOA SIERRA, en su condición de apoderado Procesal de la parte demandada. SEGUNDO: SE CONFIRMA la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Tela, Departamento de Atlántida de fecha veintiocho (28) de febrero del año dos mil veintitrés (2023), recaída en la demanda ordinaria laboral descrita en el preámbulo de la presente resolución. Haciendo la observación que confirma el fallo en cuanto a que se declara con lugar de demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono para que las prestaciones laborales en virtud de terminación de la relación laboral, no así el embargo preventivo, costas del juicio, honorarios profesionales. Y MANDA: Que una vez que este fallo adquiera carácter de firme, con certificación del mismo se devuelva la primera pieza de autos al Juzgado de su procedencia para su ejecución y demás efectos legales consiguientes SIN COSTAS. Quedan las partes notificadas en estrados Con lo expuesto se da por terminada la presente audiencia, firmando los infrascritos Magistrados los comparecientes y secretaria que da fe. Lo cual es objeto de nuestro Recurso de Casación señalando las arbitrariedades por parte del Juez Aquo en la emisión del fallo y del Juez Ad Quem en cuanto a confirmar el fallo proferido por parte del Juez Aquo, esto en virtud Honorables Magistrados que los fallos recurridos emitidos por el Juzgado de Letras del Trabajo y la Corte de Apelaciones del Trabajo contiene mal aplicación de la Ley, es decir, hay error en la aplicación de la sentencia que obra en los folios emitida por parte del Juez Aquo. Partiendo señores Magistrados utilizando el mismo argumento planteado y expuesto ante los Magistrados que conforman la sala de la Corte Primera de Apelaciones de la Ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida, existiendo indicios y hechos debidamente comprobados por la parte demandada a través de Representante Legal, en cuanto a la exposición vertida sobre los vicios contentivo de la fallo proferido por parte del Juez Aquo y que han sido confirmados por parte de Corte Primera de Apelaciones de la Ciudad de La Ceiba, hechos expuestos de la siguiente forma mismo que son recalcados: FUNDAMENTOS DE DERECHOS CUARTO: Siendo un fundamento hecho en base a existir contradicciones al mencionar que el despido se hizo de forma verbal argumentando la Juez Aquo se tuvo que haber dado en su momento un preaviso por escrito, siendo que en los expedientes administrativos de cada uno de los demandantes consta la notificación sobre el cese de sus funciones e igual forma se argumenta que la parte demandante no aporto ningún medio de prueba que acreditara la insolvencia financiera que trajera como consecuencia el cierre de operaciones del programa "Procorredor", para probar este extremo se acredito como medio probatorio DOCUMENTO PÚBLICO SEGUNDO: Documentos contentivos debidamente autenticado por parte del Secretario General del Instituto de la Propiedad en lo que respecta: la apertura, procedencias de los fondos, cierre del programa "Procorredor", personal que se encontraba laborando con fondos provenientes del programa y notificaciones del cese de actividad laboral en remisión a lo estipulado en la cláusula octava de los contratos suscritos con cada uno de los demandantes. La cancelación de los Contratos de Consultoría se efectúa por la falta de fondos para continuar operando con el programa "Procorredor" provenían por parte de la Unión Europea (UE), fondos al terminarse se da por finalizado el programa motivo por el cual es imposible seguir y afrontar económicamente continuar con la suscripción de contratos, teniendo vida útil y limitada para seguir operando, documentación que hace referencia a la apertura, procedencias de los fondos, cierre del programa "Procorredor", personal que se encontraba laborando con los fondos provenientes de la Unión Europea (UE) sufragados y administrados por el Estado de Honduras a través del Instituto de la Propiedad, acto consiguiente se emiten las notificaciones a los señores: GINA MARÍA GÓMEZ DIAZ, MARÍA LUISA BADAY BARAHONA ANDREW YANIR PINTO MALDONADO Y WILLY VLADIMIR ARIAS REYES, sobre el cese de sus contratos con lo debidamente estipulado en la cláusula octava de cada uno de los Contratos de Consultoría suscritos. Para continuar con el programa "Procorredor", administrado por la Unión Europea (UE), fondos al terminarse se da por finalizado el programa, motivo por el cual es imposible seguir funcionando, siendo un medio probatorio útil, necesario y pertinente fue admitido y evacuado en su debido momento procesal oportuno. El Código Civil establece en su artículo 1348: Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos. Si bien es cierto existió la suscripción de contratos entre los demandados con el Instituto de la Propiedad para que desempeñaran funciones como personal en el cargo Técnico de Modernización, mismos que prestaban sus funciones bajo remuneración proveniente de los fondos de suministrado por la Unión Europea (UE) para seguir operando el programa "Procorredor", siendo el Instituto de la Propiedad el encargado de administrar y sufragar con los gastos para el pago de personal, la Juez Aquo aduce que el patrono manifestó de forma verbal la rescisión del vínculo laboral, quien a su vez manifiesta que no se presentó medio probatorio para acreditar la insolvencia financiera que trajera como consecuencia el cierre de operaciones del programa "Procorredor" medios de pruebas los cuales se encuentran incorporados y presentados en su debido momento procesal oportuno como ser el medio de prueba que obra en el expediente judicial donde se acredita el extremo que el programa "Procorredor" contaba con vida útil y limitada, detallando el motivo del cierre del programa mismo que se efectuó a través de no contar con los suficientes fondos para seguir operando tal como se encuentra en el Memorandum No. 100-2012 SE/Coordinación de Proyectos IP/PROCORREDOR que obra en el folio No. 150, donde se describe que no hubo renovación de contratos por razones de orden presupuestario para seguir contratando personal para el proyecto de Procorredor; continua manifestando la parte demandante propuso los medios probatorios como ser la prueba testifical consistente en la declaración rendida por parte de las señoras KENIA ROSALES YANEZ TORRES Y CINTHIA ENILEX VASQUEZ MAYORGA, expresando la señora KENIA ROSALES YANEZ TORRES, que a los señores demandantes se les había notificado de forma verbal que iban a dejar de trabajar y que no les cancelaría el pago del treceavo, ni catorceavo, vacaciones ni horas extras, que el horario de trabajo era de las 7:00 a.m., hasta las 7:00 p.m., sobre todo punto más importante en destacar los fondos provenían de una ONG y señalando que es de conocimiento por parte de la Juez Aquo que la testigo manifestó que la relación laboral finalizaba una vez agotado los fondos del programa, según en el orden de presentación de los medios de prueba siempre dentro de la prueba denominada testifical presentando a la señora CINTHIA ENILEX VASQUEZ MAYORGA, quien rindió su declaración que los trabajadores fueron despedidos de forma verbal por los registradores, que su horario laboral se encontraba comprendido de 7:00 a.m., hasta las 7:00 p.m., que iniciaron su labor con el Instituto de la Propiedad en el año 2010 hasta el 31 de mayo del 2012, que igual forma tenían conocimiento que los fondos eran provenientes de la Unión Europea destinado al programa "Procorredor", señores Magistrados es de fácil apreciación que la declaración rendida por parte de las testigos conocían la procedencia de los fondos manifestando que una vez agotados los fondos se daba por cerrado y finalizado el programa, a su vez aducen que tenían el conocimiento desde la fecha de ingreso hasta la fecha de finalización e igual forma el salario mensual que devengaban de cada uno de los demandantes, siendo que el Instituto de la Propiedad ubicado en la zona regional de la Ciudad de Tela, departamento de Atlántida, contaba con varios personal laborando y precisamente las señoras KENIA ROSALES YANEZ TORRES y CINTHIA ENILEX VASQUEZ MAYORGA, conocían a profundidad sobre los sueldos y puestos que devengaban a lo interno debido que la información es confidencial manejada únicamente por el Departamento de Recursos Humanos del Instituto de la Propiedad con sede en el departamento de Francisco Morazán, en la Ciudad de Tegucigalpa, por ende su señoría a la libre apreciación se denota la clara información que fue proporcionada para que fuera rendida en su declaración; con el medio de prueba propuesto y evacuado denominado DOCUMENTO PÚBLICO TERCERO: consistente en el Memorandum No.J-DRH-0419-2019 enviado por parte del área de Recursos Humanos del Instituto de la Propiedad mismo que contiene la información si durante el periodo del 2010 al 2012 que estuvieron laborando los señores GINA MARIA GÓMEZ DIAZ, MARIA LUISA BADAY BARAHONA, ANDREW YANIR PINTO MALDONADO Y WILLY VLADIMIR ARIAS REYES, se puede apreciar que si les hizo efectivo el pago del décimo Tercer mes, décimo Cuarto mes, Memorandum detalla los pagos que se les hicieron en su debido momento cuando laboraban en el Instituto de la Propiedad, haciendo de su saber su señoría que los demandantes desempeñaban sus funciones en un horario comprendido de 8 horas laborales en los días de lunes a viernes como se encuentra debidamente estipulado en el artículo 38 del Reglamento de Personal Vigente del Instituto de la Propiedad en relación de forma supletoria con lo descrito en la Constitución de la República de Honduras en su artículo 128 numerales 1 y 2, cita el numeral 1: La jomada diurna ordinaria de trabajo no excederá de (8) ocho horas diarias, ni de (44) cuarenta y cuatro a la semana. Numeral 2: A ningún trabajador se podrá exigir el desempeño de labores que se extiendan a más de (12) doce horas en cada periodo de (24) veinticuatro horas sucesivas, salvo los casos calificados por la Ley. En consecuencia la solicitud en conceder el pago de horas extras no es procedente en vista que los trabajadores tenían un horario laboral, medio de prueba presentado desvirtúa lo aducido y manifestado por parte de la Juez Aquo en referencia en otorgar el pago del décimo tercer y cuarto mes, a su vez de da a conocer que el personal labora en un horario comprendido de 8:00 a.m., hasta las 4:00 p.m., haciéndose valer la Juez Aquo por la simple presunción verbal de la declaración rendida que a su vez la parte demandante tuvo que haber acreditado un medio probatorio contundente y fehaciente que compruebe este extremo sobre el pago de horas extras que según los testigos prestaban. FUNDAMENTO DE DERECHO QUINTO: Consistente en el Reconocimiento Judicial en sus incisos B.-), B1), B2), B3), B4), C), C1) C2), argumentando la Juez Aquo de los extremos solamente fue posible constatar según los expedientes personales de los demandantes puestos a la vista que los demandantes eran extractadores del registro del Instituto de la Propiedad de la zona regional de la Ciudad de Tela, que iniciaron su relación en fecha 11 de mayo de 2010 y finalizaron el 31 de mayo de 2012, bajo la modalidad de Contratos de Consultoría, no se constató lo solicitado por la parte demandante en el numeral 4 incisos b y c, haciendo de su conocimiento señores Magistrados que el pago en concepto de salario efectuado a los demandantes se hacía mediante transferencia electrónica a las cuentas bancarias de cada uno de los demandantes siendo así que los demandantes no podían alegar o argumentar que no se hacía efectivo el pago mensual por su retribución laboral, situación que se podía hacer constatar mediante libreta bancaria o estado de cuenta que pudo haber presentado la parte demandante, situación que no fue objeto de debate, de la misma forma mediante acreditación del medio de prueba DOCUMENTO PÚBLICO TERCERO: consistente en el Memorandum No.J-DRH-0419-2019 enviado por parte del área de Recursos Humanos del Instituto de la se puede constatar los pagos efectuados a los demandantes; a su vez no se constató lo solicitado por la parte demandante en los incisos B.-), B1), B2), B3), C), debido que al momento de efectuar la evacuación del medio de prueba denominado RECONOCIMIENTO JUDICIAL a petición de la parte demandante, situación que fue expuesta por la receptora del Instituto de la Propiedad de la regional de la Ciudad de Tela, departamento de Atlántida exponiendo la receptora del Instituto de la Propiedad de la regional de la Ciudad de Tela, departamento de Atlántida, que para tener acceso a dicha información como ser: tarjeta de reloj entrada diarias o libros de entrada y salida se hace mediante solicitud ante el Departamento de Recursos Humanos del Instituto de la Propiedad de la Ciudad de Tegucigalpa, en vista que toda la documentación del personal que labora para el Instituto de la Propiedad se encuentra en el Departamento de Recursos Humanos con sede central en la Ciudad de Tegucigalpa, siendo que la Juez Aquo dio por admitidos los extremos sin haber sido constatado argumentando que la parte demandante ha demandado y considera injusta e ilegal la causa de despido que fue invocada fueron admitidos, teniendo conocimiento por parte de la Juez Aquo al momento del proceso tuvo que haber sido rechazado en base con lo descrito en el Código Procesal Civil artículo 344 numerales 1 y 4, siendo que la Juez Aquo sin fundamento legal y de forma arbitraria dio por admitido el medio de prueba presentado por la parte demandante, haciendo mal planteamiento por la parte demandante en cuanto al medio de prueba solicitado, teniendo que solicitar la prueba mediante documento público vía libramiento de oficio o exhibición de documentos con auxilio del Representante Legal del Instituto de la Propiedad solicitando remitir información al Instituto de la Propiedad con sede en la Ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, lugar donde se encuentra el Departamento de Recursos Humanos, quien remitiera las tarjeta de reloj de entrada diarias o libros de entrada y salida, Honorables Magistrados como se puede observar en cuanto a lo dictado por la Juez A quo se basa únicamente en presunciones legales tomando como guía los expedientes administrativos que fueron acreditados, quien a criterio de la Juez Aquo da por acreditado todos los extremos que la parte demandante solicitó en la petición efectuada en el Reconocimiento Judicial considerando injusta e ilegal la causa de despido que fue invocada, hecho consiguiente según el Memorándum No.100-212 SE/Coordinación de Proyectos IP/PROCORREDOR que obra en el folio No. 150 de la pieza principal explica el motivo que no se dio la renovación por razones de ajustes presupuestario, situación que se ha venido exponiendo. FUNDAMENTO DE DERECHO SÉPTIMO: La Constitución de la República de Honduras establece en su artículo 134: Quedan sometidas a la jurisdicción del trabajo, todas las controversias jurídicas que se originen en las relaciones entre patronos y trabajadores. La Ley establecerá las normas correspondientes a dicha jurisdicción y a los organismos, que hayan de ponerlas en práctica. Si bien es cierto el artículo 129 al trabajador el asiste la garantía de estabilidad laboral pero no es menos cierto que la causa que conllevo a la separación de los trabajadores es por haber llegado a su fin el programa "Procorredor" mismo que gozo de vida útil y limitada, haciéndose del conocimiento que sin el correspondiente presupuesto no se podía seguir operando, en ningún momento se le ha violentado el derecho a los trabajadores, únicamente se procedió a la remisión de la cláusula octava de los contratos que manifiesta: "EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y EL CONTRATADO" acuerdan que de existir inconvenientes administrativos, económicos y/o presupuestarias que coinciden la conclusión de este contrato, el mismo podrá rescindirse unilateralmente por el Instituto en el tiempo que estime conveniente siendo este motivo que dio origen a la disolución del vínculo laboral que unía a los trabajadores con el Instituto de la Propiedad en apego. con lo dictado en el Código del Trabajo estipula en el artículo 46 inciso b, el contrato individual de trabajo puede ser: b). Por tiempo limitado, cuando se especifica fecha para su terminación en relación con lo descrito en la Ley General de la Administración Pública en su artículo 124 literal C que determina: en el caso de los empleados por contrato, mismos deberán sujetarse al plazo y las condiciones contractuales convenidas entre las partes. Aunado con lo descrito en la Ley de Contratación del Estado en su artículo 127 numeral 11, en vista que los contratos suscritos se encontraban regidos bajo la denominación de Contratos de Consultoría. FUNDAMENTO DE DERECHO OCTAVO: La Juez Aquo argumenta que en el caso que nos ocupa los demandantes además de sus derechos adquiridos también reclaman judicialmente como accesoria a sus pretensión el reajuste a sus salarios, la presente pretensión como accesoria invocada por la Juez Aquo se hace del conocimiento que en ningún momento se estableció como objeto de debate el reconocimiento del reajuste salarial como indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, fijando la pretensión original tal como se encuentra descrito en la suma de la demanda presentada por su Representante Legal donde promueve DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE EMPLAZAMIENTO PARA QUE EL PATRONO PAGUE LAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES EN VIRTUD DE TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL. EMBARGO PREVENTIVO. Si bien es cierto el Código del Trabajo en su artículo 20 inciso c) en relación con el artículo 360, pago en concepto salarial se efectuó por parte del programa "Procorredor" esto en atribución de lo descrito en la Constitución de la República articulo 128 numeral 3. TERCERO: Con el medio de prueba DOCUMENTAL PÚBLICO DENOMINADO TERCERO consistente en el Memorandum No.J-DRH-0419-2019 enviado por parte del Departamento de Recursos Humanos del Instituto de la Propiedad, que contiene la información si durante el periodo del 2010 al 2012 que estuvieron laborando los señores: GINA MARIA GÓMEZ DIAZ, MARIA LUISA BADAY BARAHONA, ANDREW YANIR PINTO MALDONADO Y WILLY VLADIMIR ARIAS REYES, si se les hizo efectivo el pago del décimo tercer mes, décimo cuarto mes, Memorándum detalla los pagos que se les hicieron en su debido momento cuando laboraban en el Instituto de la Propiedad, haciendo de su saber que los demandantes desempeñaban sus funciones en un horario comprendido de 8 horas laborales de lunes a viernes como se encuentra debidamente estipulado en el artículo 38 del Reglamento de Personal Vigente del Instituto de la Propiedad, describe: CAPÍTULO V DE LA JORNADA DE TRABAJO: La jornada ordinaria del IP en las oficinas de todo el país, será de 8 horas diarias; de lunes a viernes, en un horario comprendido de 8:00 a.m., a 4:00 p.m., la parte demandante no acreditó un medio de prueba que comprobara la deuda consistente en el pago de las horas extras, siendo que el medio de prueba presentado por la parte demandada en su momento procesal oportuno no fue valorado por la Juez Aquo donde describen los pagos efectuados por la Institución a los demandantes. CUARTO: La Sentencia proferida causa agravios en cuanto al fallo emitido por el Juzgado Letras Seccional del trabajo en los numerales 1, 2, 3 y 4 de la sentencia mismos que contiene las cantidad designadas a cada uno de los demandantes condenando al Instituto de la Propiedad, que la Juzgadora al emitir el presente fallo no toma en cuenta que la causal para dar por terminado la relación contractual entre mi representado y la ahora demandante relación de trabajo regido por Contratos de Consultoría tal como lo define el artículo 94 de la Ley de Contratación del Estado.- Concepto. Contrato de consultoría es aquel por el cual una persona natural o jurídica, a cambio de un precio, se obliga a prestar servicios específicos a la Administración en la medida y alcances que ésta determine, para efectuar estudios, diseños, asesoría, coordinación o dirección técnica, localización de obras, preparación de términos de referencia y presupuestos, programación o supervisión técnica de obras u otros trabajos de la misma naturaleza. QUINTO: Siendo que la Juez Aquo pudo corroborar y constatar este extremo MEDIANTE LA PRUEBA DENOMINADA NÚMERO CINCO CONSISTENTE EN LA PRUEBA TESTIFICAL presentada por la parte demandante, mediante la declaración jurada rendidas por parte de las señoras: KENIA ROSALI YANEZ TORRES con número de tarjeta de identidad 0107-1989-02948 y la señora SINTHIA EMILEX VÁSQUEZ MAYORGA número de tarjeta de identidad 0801-1981-21032, donde se puede confirmar que las testigos tenían conocimiento en cuanto la procedencia de los fondos y la suscripción bajo la cual se encontraban los trabajadores e igual forma la vida útil y limitada que gozaba el programa "Procorredor", que una vez finalizado el programa terminaba la relación laboral. Declaración testifical se puede corroborar en el acta de la audiencia segunda de trámite que obra en el expediente donde contienen las preguntas y respuestas a las testigos. SEXTO: Siendo señores Magistrados que los contratos fueron elaborados por los parámetros establecidos en los Términos de Referencia (Tdr's), mismos que constan en el expediente de mérito, que contienen el objeto de actividades, informes, duración de actividades. La demandante prestó sus servicios como Consultores para el programa "Procorredor", teniendo vida finita y útil, dejando de funcionar por haber llegado a su objetivo. Es de carácter improcedente la aplicación del Código del Trabajo de Honduras debido que los Contratos de Consultoría son regidos bajo la Ley de Contratación del Estado de Honduras en conjunto con su Reglamento, aplicando lo descrito en la Ley de lo Contencioso Administrativo, teniendo que haber sido de conocimiento y ventilado el presente proceso en los Juzgados de lo Contencioso Administrativo por la naturaleza de la prestación derivada mediante la modalidad de Consultoría; relación laboral que se sostenían mediante los términos de referencia (Tdr's), como se encuentran debidamente presentando como medio probatorios, regidos en la Ley de Contratación del Estado de Honduras artículo 97: Detalle de los Contratos. Los contratos deberán redactarse suficientemente detallados, definiendo con claridad los términos de referencia, la descripción completa de los trabajos y su programación general, las demás obligaciones de las partes y lo sistemas de pago. SÉPTIMO: El Programa "Procorredor", siendo un programa que gozaba de vida finita e limitada ha llegado a su fin por haber alcanzado su objetivo era de conocimiento por parte de los demandante en los expedientes administrativos de cada uno de los demandantes: GINA MARÍA GÓMEZ DÍAZ, MARÍA LUISA BADAY BARAHONA, ANDREW YANIR PINTO MALDONADO Y WILLY VLADIMIR ARIAS REYES; con este medio de prueba consistente en los expedientes administrativos se dio a conocer y demostrar los contratos que fueron suscritos con cada uno de los demandantes quienes fueron firmados de buena fe con el programa "Procorredor" fondos debidamente destinados y administrados por parte del Instituto de la Propiedad quien en remisión con lo establecido en la cláusula octava explica y detalla motivo por el cual se puede rescindir el contrato sin tener responsabilidad alguna por parte de la administración al existir algún inconveniente debidamente detallado en la cláusula, siendo el motivo original por el cual se rescindió los contratos de cada uno de los trabajadores e igual forma consta, mediante la prueba consistente en el cumpliendo con lo que se encuentra señalado en el artículo 126 de la Ley de Contratación del Estado.- Terminación. Los contratos terminarán por el cumplimiento normal de las prestaciones de las partes, o por resolución por incumplimiento o cuando hubiere causa suficiente de conformidad con esta Ley, debidamente relacionado con el artículo 127.- Causas de resolución: 1...), 2...), 3...), 4...), 5...), 6...), 7...), 8...), 9...), 10...), 11). Las demás que establezca expresamente el contrato. Siendo una de las cláusulas contenidas en los Términos de Referencia (Tdr's) suscrito entre ambas partes de buena fe donde se da por la finalización del proyecto por llegar a su fin como programa. No como pretende dar a conocer en la emisión del fallo por parte de la Juez A quo que se hizo mediante un despido verbal, extremo que se puede confirmar con la prueba testifical propuesto por la parte demandante donde las testigos afirman y admiten que la relación contractual fue suscrita bajo la denominación de Contratos de Consultorías entre la parte demandante y demandada, a su vez rindiendo declaración que una vez finalizado el programa "Procorredor" se daba por terminado la relación laboral; proceso correspondiente a la apertura, procedencias de los fondos y cierre del programa a su vez detalla el personal que se encontraba laborando con fondos provenientes del programa mismo que da a conocer las funciones que se encontraban desempeñando e igual forma consta la notificación del cese de actividad laboral. OCTAVO: Haciendo nuevamente énfasis en hacer mención cual fue el principal en haber rescindido los contratos por falta de fondos suministrado por la Unión Europea (UE) para seguir operando el programa "Procorredor", siendo que con el medio de prueba denominado DOCUMENTAL PÚBLICO SEGUNDO mismo que fue propuesto y evacuado donde se constata que el proceso correspondiente a la apertura, procedencias de los fondos y cierre del programa "Procorredor", a su vez detalla el personal que se encontraba laborando con fondos provenientes del programa mismo que da a conocer las funciones que se encontraban desempeñando e igual forma consta la notificación del cese de actividad laboral. Siendo el motivo primordial y principal en haber rescindido los contratos por falta de fondos suministrado por la Unión Europea (UE) para seguir operando el programa "Procorredor", haciendo imposible poder seguir efectuando el pago de forma mensual de los señores: GINA MARÍA GÓMEZ DÍAZ, MARÍA LUISA BADAY BARAHONA, ANDREW YANIR PINTO MALDONADO Y WILLY VLADIMIR ARIAS REYES. NOVENO: Con el medio de prueba denominado DOCUMENTO PÚBLICO TERCERO consistente en el Memorándum J-DRH-0419- 2019 emitido por parte de Recursos Humanos Interina del Instituto de la Propiedad a través de su Jefe, mismo que durante periodos comprendidos de los años 2010 al 2012, tiempo que estuvieron laborando los señores: GINA MARÍA GÓMEZ DÍAZ, MARÍA LUISA BADAY BARAHONA, ANDREW YANIR PINTO MALDONADO Y WILLY VLADIMIR ARIAS REYES, se efectuó el pago de los derechos a través de los fondos por parte del Programa "Procorredor" como ser: décimo tercer mes, décimo cuarto mes; siendo que la Juez Aquo en su fallo proferido está concediendo el pago correspondiente en cuanto dos años de aguinaldo la cantidad DIECINUEVE MIL LEMPIRAS (L.19,000.00) y dos años de décimo cuarto mes la cantidad de DIECINUEVE MIL LEMPIRAS (L.19,000.00), extremos que fueron comprobados en juicio donde el Instituto de la Propiedad hizo efectivo el pago correspondiente con fondos provenientes del programa "Procorredor". DÉCIMO: Motivo que baso la presente exposición de agravios del fallo proferido por parte de la Juez Aquo siendo que la relación original se hizo mediante la suscripción de Contratos de Consultoría cumplen y se apegan con las características que reza los artículos 3, 94, 97,126 y 127 de la Ley de Contratación del Estado, e igual sentido señores Magistrados con los medios de prueba propuestos y evacuados se comprobaron varios extremos como ser: 1.- Los expedientes administrativos de cada uno de los demandantes en remisión a la cláusula octava; 2.- El cierre del programa de "Procorredor" por haber llegado a su fin tenido vida útil y finita, mismo programa administrado por la Unión Europea (UE), fondos suficientes para seguir operando al terminarse se da por finalizado el programa; 3.- Memorándum No.J-DRH-0419-2019 enviado por parte del área de Recursos Humanos del Instituto de la Propiedad mismo que contiene la información que durante el periodo del 2010 al 2012 que estuvieron laborando los señores GINA MARIA GÓMEZ DIAZ, MARIA LUISA BADAY BARAHONA, ANDREW YANIR PINTO MALDONADO Y WILLY VLADIMIR ARIAS REYES, si se les hizo efectivo el pago del décimo tercer mes, décimo cuarto mes, Memorándum detalla los pagos que se les hicieron en su debido momento cuando laboraban en el Instituto de la Propiedad. Siendo que la Juez Aquo otorgo derechos que en su debido momento fueron pagados a los trabajadores a su vez se demostró con los medios de prueba presentados la causal por haber terminado la relación laboral con los demandantes. Tales extremos pueden ser comprobados, en el expediente de mérito en cuanto al desarrollo del índole de las diferentes audiencias de trámite que fueron desarrolladas, y viendo las pruebas aportadas por la parte demandante en cuanto a la declaración rendida a través del medio de prueba testifical de ambas testigos, donde existe aceptación y conocimiento de los hechos referente al Programa Procorredor que fue un programa de carácter finito y útil, mismo que operaba y funcionaba con fondos provenientes de la Unión Europea, siendo un programa que carece de funcionalidad administrativa y económica misma por haber alcanzado y llegando a su fin se dio por finalizado el programa, motivo que era de difícil extremo y situación por parte del Instituto de la Propiedad únicamente como institución era encargada de la administración de procedencia de los fondos fraguados y destinando a la actividad del Programa de Procorredor, en poder sostener una relación contractual tal como se puede comprobar que las pruebas de fondos se puede apreciar que poco a poco fueron desistiendo del personal únicamente contratando poco personal mismos que desempeñaban funciones internas dentro de los limites económicos para seguir operando y cerrar operaciones. Esto señores Magistrados lo descrito por parte del Juez Aquo en cuanto con lo dicho en la emisión de la sentencia de del veintiocho (28) de febrero del año dos mil diecinueve (2019), es evidente con lo manifestado por parte del Juez Aquo y confirmado en segunda instancia por parte del Juez Quem en fecha veinticinco (25) de agosto del año dos mil veintiuno (2021), contentivo en la pieza separa, Como es del conocimiento que el Manual procesal Laboral establece en sus principios de Declaración de Derechos: Las sentencia declaran derechos no crean los mismos, quien constituye el derecho es la norma sustantiva: Principio de Verdad Procesal: Los Juzgados deben emitir sus fallos con base en las pruebas aportadas, independientemente de que pudiera darse el caso de que la parte a quien le asiste el derecho no hubiese aportado prueba; Principio de Libre Formación del Convencimiento: El Juez Laboral dispone de una amplia libertad para apreciar las pruebas sin sujeción a la tarifa legal de las pruebas, especialmente a los principios científicos que informan la crítica de la prueba. Se invocan estos principios en base que el Juez A quo y Juez A Quem no toma en cuenta y consideración los medios probatorios aportados donde se comprueba y se demuestra que no existió un despido verbal e injustificado a su vez comprobando el cese de sus funciones mismo que detalla que el cierre del Programa Procorredor, con los medios de pruebas propuesto y evacuados como ser: 1.- Los expedientes administrativos de cada uno de los demandantes en remisión a la cláusula octava; 2.- El cierre del programa de "Procorredor" por haber llegado a su fin tenido vida útil y finita, mismo programa administrado por la Unión Europea (UE), fondos suficientes para seguir operando al terminarse se da por finalizado el programa; 3.- Memorandum No.J-DRH-0419-2019 enviado por parte del área de Recursos Humanos del Instituto de la Propiedad mismo que contiene la información que durante el periodo del 2010 al 2012 que estuvieron laborando los señores GINA MARIA GÓMEZ DIAZ, MARIA LUISA BADAY BARAHONA, ANDREW YANIR PINTO MALDONADO Y WILLY VLADIMIR ARIAS REYES, si se les hizo efectivo el pago del décimo tercer mes, décimo cuarto mes, Memorandum detalla los pagos que se les hicieron en su debido momento cuando laboraban en el Instituto de la Propiedad; haciendo mención de forma directa con el medio de prueba testifical propuesto por la parte demandante consistente en la declaración de las ex trabajadoras del Programa Procorredor. Siendo que la Juez Aquo otorgo derechos basados únicamente a sana critica sin ser estos puestos a la vista como medio probatorios dando por aceptados los mismos sin tener un hecho verídico y fehaciente para acreditarlos, únicamente dio por acreditado todos los extremos que la parte demandante ha demandado y considerar injusta e ilegal la causal de despido que fue invocada. Relación laboral contractual no se sostuvo con el Estado de Honduras a través del Instituto de la Propiedad, suscripción fue realizada con el Programa Procorredor, de tal manera que el Juez Aquo y el Juez Aquem validando el fallo proferido condena al Instituto de la Propiedad, siendo únicamente como institución ente del Estado encargado de canalizar y distribuir los fondos aportados por parte de la Unión Europea, programa como se ha manifestado durante el relato del presente Recurso de Casación contaba con vida finita y útil que al verse mermado por la escases de fondos tuvo que darse por finalizado, tal como consta en el expediente de mérito los medios de prueba que fueron acreditados y evacuados donde se confirma el cierre del programa Procorredor por no contar con los fondos suficientes para seguir operando y al verse en su debido momento fue prescindiendo del personal que fue contratado con fondos para operar quedando únicamente personal encargado de efectuar el resto del trabajo del programa como así mismo ejecutar el cierre del programa, por ende se libera de cualquier tipo de responsabilidad laboral que acarrea contra el Instituto de la Propiedad en condenar a cantidades liquidas que no corresponden en vista que los contratos suscritos de buena fe entre las partes amparándose en cuanto a lo descrito en la CLÁUSULA OCTAVA: "EL INSTITUTO y "LA CONTRATADA" acuerdan que de existir inconvenientes administrativos, económicos y/o presupuestarias que coinciden la conclusión de este contrato, el mismo podrá rescindirse unilateralmente por el INSTITUTO en el tiempo que estime conveniente." Siendo el principal motivo por lo que se dio el cierre de operación por orden económico y/o presupuestario”. III.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) en su formulación omite señalar las normas sustantivas laborales del orden nacional infringidas y por ello no se cumple con el requisito establecido el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código de Trabajo; b) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; c) falta claridad y precisión al indicar “Ser la Sentencia violatoria de la Ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea”, siendo distintas formas de violar la Ley que deben invocarse de forma separada por la independencia de los cargos; y, d) formula extensos alegatos propios de instancia inoportunos en este extraordinario recurso. IV.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, COORDINADORA. ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA, FRANCISCA VILLELA ZAVALA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de febrero del dos mil veinticinco; certificación de la sentencia de fecha veintiocho de noviembre del dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL424-2023. FIRMA Y SELLO.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ.
SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.