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Sentencia CL-42-23 — Registro 18741

Resumen

Demanda ordinaria laboral para que se declare la nulidad de un contrato por la simulación del mismo; reconocimiento de permanencia y antigüedad de la relación laboral en vista de ser una labor permanente; reintegro al puesto de trabajo en igual o mejores condiciones, en virtud de despido directo, ilegal e injusto; que se aplique el estatuto del médico como médico permanente en todas sus partes con reajuste de salario a partir del inicio de la relación laboral y sus respectivos incrementos, decimotercer y decimocuarto mes de salario, vacaciones goce y pago, quinquenios y demás derechos que correspondan; más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde el despido injustificado hasta la ejecución de la sentencia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: i) La norma que indica como violada, articulo 46 inciso b) del Código del Trabajo no ostenta el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa. ii) Debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por el Recurrente; iii) La prueba singularizada si fue apreciada correctamente en el fallo impugnado, resultando que se le dio una valoración o alcance diferente al que pretende el Impetrante, por lo que es impropio el ataque al mismo por apreciación errónea ; y, iv) Formula alegatos propios de instancia. IV. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación. "...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA. – SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., nueve de septiembre del dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral, formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha 07 de junio del 2023, por la Abogada MARTHA ELENA BARAHONA MONTOYA, mayor de edad, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, la señora FRANCIS RAMONA ECHEVERRÍA VARELA, representada en juicio por el Abogado JOSÉ ARMANDO ESPINAL. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para que se declare la nulidad de un contrato por la simulación del mismo; reconocimiento de permanencia y antigüedad de la relación laboral en vista de ser una labor permanente; reintegro al puesto de trabajo en igual o mejores condiciones, en virtud de despido directo, ilegal e injusto; que se aplique el estatuto del médico como médico permanente en todas sus partes con reajuste de salario a partir del inicio de la relación laboral y sus respectivos incrementos, decimotercer y decimocuarto mes de salario, vacaciones goce y pago, quinquenios y demás derechos que correspondan; más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde el despido injustificado hasta la ejecución de la sentencia; costas del juicio; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 16 de mayo del 2016, por la señora FRANCIS RAMONA ECHEVERRÍA VARELA, mayor de edad, casada, Médico Especialista de Guardia de Anestesióloga, hondureña y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio del Procurador General de la República, en ese entonces Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, por las actuaciones del HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 26 de septiembre del 2022, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 09 de octubre del 2020, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) DECLARA CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE SE DECLARE LA NULIDAD DE UN CONTRATO POR LA SIMULACIÓN DEL MISMO. RECONOCIMIENTO DE PERMANENCIA Y ANTIGÜEDAD DE LA RELACIÓN LABORAL EN VISTA DE SER UNA LABOR PERMANENTE. REINTEGRO AL PUESTO DE TRABAJO EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES, EN VIRTUD DE DESPIDO DIRECTO, ILEGAL E INJUSTO. QUE SE APLIQUE AL ESTATUTO DEL MEDICO COMO MEDICO PERMANENTE EN TODAS SUS PARTES CON REAJUSTE DE SALARIO A PARTIR DEL INICIO DE LA RELACIÓN LABORAL Y SUS RESPECTIVO INCREMENTOS, DECIMO TERCER Y DECIMO CUARTO MES DE SALARIO, VACACIONES GOCE Y PAGO QUINQUENIOS Y DEMAS DERECHOS QUE CORRESPONDAN MAS A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE MI DESPIDO INJUSTIFICADO HASTA LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA instaurada por la señora FRANCIS RAMONA ECHEVERRIA VARELA contra EL ESTADO DE HONDURAS por actuaciones del HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO a través de la actual procuradora General de la República abogada LIDIA ESTELA CARDONA; 2) CONDENAR: AL ESTADO DE HONDURAS por actuaciones del HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO a través de la actual procuradora General de la República abogada LIDIA ESTELA CARDONA a: A) REINTEGRAR EN FORMA PERMANENTE A SU PUESTO DE TRABAJO a la señora FRANCIS RAMONA ECHEVERRÍA VARELA, B) A pagar los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios desde que se operó el despido hasta que sea ejecutoria la presente sentencia condenatoria; derechos que serán liquidados en su momento procesal oportuno. C) Al reajuste de salario mínimo desde el año 2016 en la cantidad L. 37,266.49 más los que correspondan según el arancel del médico empleado; D) A pagar la cantidad de L.7,492.47 en concepto de reajuste al salario mínimo del 01 de enero al 31 de marzo de 2016; E) A pagar los derechos adquiridos proporcionales (décimo tercer, décimo cuarto mes y vacaciones) correspondientes al periodo 2015- 2016; F) A pagar la bonificación de vacaciones desde la fecha de inicio de relación laboral hasta que sea ejecutoria la presente sentencia condenatoria; los anteriores conceptos serán liquidados en su momento procesal oportuno con los salarios dejados de percibir; 3) SIN COSTAS en esta instancia”. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que comenzó a trabajar con el demandado, en la modalidad de Contrato de Servicios Profesionales y Técnicos, en fecha 01 de marzo del 2007, en el cargo de Médico Especialista de Guardia en el Área de Anestesiología del Hospital Escuela Universitario, con un salario inicial de L. 28,260.41; y fue despedida en fecha 31 de marzo del 2016 mediante Oficio No. 816-GTH-HEU-1016, donde le informaban la no renovación del Contrato Individual de Trabajo Servicios Profesionales y Técnicos y que dicha decisión tomada fue en base a evaluación del desempeño y opinión de su Jefe inmediato; notificándole así que su relación laboral con dicha institución hospitalaria, en el cargo de Médico Especialista de Guardia, finalizaba el 31 de marzo del 2016; argumentó que el despido del cual fue objeto, violentó lo dispuesto en el Código de Trabajo en el Artículo 117, ya que la supuesta causa que se invocó en dicha nota de despido es inexistente, alegando una supuesta evaluación que no establece resultados, tampoco quien o cuando se hizo, peor aún no dice en que había incumplido su responsabilidad, pues la institución en ningún momento estableció con claridad y precisión la falta cometida, negándosele así el derecho a la defensa puesto no se pudo pronunciar sobre esa causal, peor aún presentar prueba para esa supuesta causal; además le violentó el derecho a la defensa ya que previo al despido no se le hizo audiencia de descargo siendo garantía constitucional; asimismo manifestó que el contrato que celebró con la institución demandada era de Contrato de Trabajo, mismo que constituye un fraude a la ley, ya que las labores para la cual fue contratada eran permanentes, y en vista que en el artículo 47 del Código del Trabajo, establecía que cuando las labores a desempeñar por el trabajador sean de naturaleza permanente en la empresa, el contrato deberá entenderse celebrado por tiempo indeterminado, aunque en ellos exprese termino de duración; y que adicionalmente el Artículo 20 del Código de Trabajo establece los tres elementos para que exista contrato de trabajo, siendo estos: a) Actividad personal que implica realizar por sí mismo para el cual fue contratado, y en el presente caso realizaba la labor para lo cual fue contratado y nunca delegó tal actividad; b) Subordinación o dependencia que significa la obligación de acatar órdenes en cuanto a modo tiempo y forma de realizar el trabajo, al igual tenía un Jefe inmediato, horario de trabajo, oficinas dentro de la institución; y c) El salario como retribución al servicio prestado; y recibía un salario mensual por la actividad que realizada, tal y como se estableció; y que cumplido esos tres elementos estaba ante una verdadera relación de trabajo; en relación con el artículo 24 del mismo cuerpo legal; por lo que las labores que realizaba eran de un verdadero trabajador a tal grado que se le daban vacaciones, decimotercero y decimocuarto mes de salario, derechos que solo lo gozan los verdaderos trabajadores; por lo cual se trató de un fraude laboral al pretender simular una relación de trabajo por tiempo indefinido por una relación de trabajo por tiempo determinado, desconociendo las presunciones legales antes descritas; que el Código de Trabajo en su Artículo 47 manifiesta "Los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se considerarán como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese término de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que le dio origen a la materia del trabajo para la prestación de servicios o la ejecución de la obra iguales o análogas; por tal razón además del reintegro solicitó declar la permanecía en el puesto de trabajo; ya que era de naturaleza permanente dentro de la institución, ya que lo venía desempeñando por 9 años, pero después de que le cancelaron de su puesto de trabajo, contrataron a la Dra. JOSETTE EMINOLDA RIVERA en el mismo puesto que desempeñaba, en virtud de lo cual el Hospital Escuela Universitario no puede alegar que ese puesto era de naturaleza temporal. Asimismo, expresó que con el ánimo de llegar a un arreglo conciliatorio, acudió a la oficina de Conflictos Individuales dependiente de la Dirección General del Trabajo, mismo que no fue posible dado que no asistieron a dicha Audiencia de Conciliación, dándose por agotado el procedimiento gubernativo correspondiente. 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda, señalando que la demandante prestó sus servicios mediante la suscripción de Contratos de Servicios Profesionales y Técnicos con el Hospital Escuela Universitario, los que eran temporales y por periodos determinados, con fecha de inicio y finalización, en el cargo de Médico Especialista de Guardia en el Área de Anestesiología; y que no fue despedida como lo establece en la demanda, únicamente se le notificó mediante Oficio No. 816-GTH-HEU-1016, que su contrato llegó a su fin y no se le renovaría más, lo cual siempre fue del conocimiento de la reclamante desde el momento de suscribir el Contrato de Servicios Profesionales y Técnicos, bajo términos y condiciones claramente establecidas, y que se encontraban enmarcados dentro de los mismos contratos, los cuales claramente establecían las cláusulas que los regirían, y que a manera de ilustración describió entre otras la "CLAUSULA TERCERA: VALIDEZ Y VIGENCIA DEL CONTRATO: Este contrato tendrá validez por el periodo comprendido del 04 de enero al 31 de marzo del 2016, haciendo un total de 87 días. Este contrato no será prorrogable"; en donde constaba que ambas partes se obligaron y aceptaron sus respectivas vigencias, tanto la fecha de inicio como de finalización, y de acuerdo a lo estipulado concluyó la vigencia de los referidos contratos; no obstante las circunstancias antes mencionadas no son determinativas para acomodar sus pretensiones puesto que la parte actora suscribió contrato de Servicios Profesionales y Técnicos, regidos por las cláusulas establecidas en el mismo, con obligaciones reciprocas y sujetas para ambas partes; por lo que rechazó la fundamentación que utilizó la demandante del artículo 117 del Código de Trabajo; además alegó que la demandante, no era empleada permanente de la Institución, ya que su modalidad de contratación fue mediante contrato de Servicios Profesionales y Técnicos, con fecha de inicio y terminación, por lo tanto no se le violento el derecho a la defensa como lo establece la demandante ya que no fue un despido, como lo establece la reclamante, y por lo cual, no se le realizó audiencia de descargo, ya que solamente llego a su final el Contrato de Servicios Profesionales y Técnicos; y que para obtener un acuerdo de nombramiento los médicos tienen que ser por medio de concurso médico, tal como lo estipula la Ley y Reglamento del Estatuto del Médico Empleado; igualmente la demandante no puede calificar como simulación o fraude a la Ley el hecho de haber suscrito Contratos de Servicios Profesionales y Técnicos, contratos a término para la prestación de sus Servicios, porque entonces estaría afirmando que el demandado no tenía la facultad de suscribir ese tipo de contratos, por lo tanto estaríamos frente a contratos sin validez jurídica y en su defecto los contratos firmados por la reclamante no tendría existencia ni objeto su reclamo; en consecuencia se deduce que la parte actora de la demanda solo pretende aplicar una norma jurídica laboral con el único objeto de utilizarlo para el reconocimiento de un derecho inexistente ni tiene ningún sustento jurídico, por ser este meramente ilusorio e imaginario y sostener un supuesto contrato de trabajo por tiempo indeterminado; asimismo rechazó la aplicación de la normativa del artículo 47 del Código de Trabajo; ya que no se terminó unilateralmente la relación laboral por ser contratos de Servicios Profesionales y Técnicos a término; y esos contratos son por tiempo determinado constando en los mismos el tiempo de duración, con fecha de inicio y terminación, hecho del cual la reclamante siempre tuvo conocimiento, por lo que no puede aducir que fue un despido, simplemente llegó la fecha de terminación del contrato, por lo cual no puede pretender ser considerada como empleada permanente; y en relación de haber presentado reclamo administrativo ante la Oficina Gubernamental de la Secretaría de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social, el demandada no ostentaba facultades para comparecer a ningún tipo de conciliación, así como por la naturaleza del Contrato a Termino referente al caso, por lo que no es competente la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social para conocer dicha materia. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 09 de octubre del 2020, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: 1) DECLARA CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE SE DECLARE LA NULIDAD DE UN CONTRATO POR LA SIMULACIÓN DEL MISMO. RECONOCIMIENTO DE PERMANENCIA Y ANTIGÜEDAD DE LA RELACIÓN LABORAL EN VISTA DE SER UNA LABOR PERMANENTE. REINTEGRO AL PUESTO DE TRABAJO EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES, EN VIRTUD DE DESPIDO DIRECTO, ILEGAL E INJUSTO. QUE SE APLIQUE AL ESTATUTO DEL MEDICO COMO MEDICO PERMANENTE EN TODAS SUS PARTES CON REAJUSTE DE SALARIO A PARTIR DEL INICIO DE LA RELACIÓN LABORAL Y SUS RESPECTIVO INCREMENTOS, DECIMO TERCER Y DECIMO CUARTO MES DE SALARIO, VACACIONES GOCE Y PAGO QUINQUENIOS Y DEMAS DERECHOS QUE CORRESPONDAN MAS A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE MI DESPIDO INJUSTIFICADO HASTA LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA instaurada por la señora FRANCIS RAMONA ECHEVERRIA VARELA contra EL ESTADO DE HONDURAS por actuaciones del HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO a través de la actual procuradora General de la República abogada LIDIA ESTELA CARDONA; 2) CONDENAR: AL ESTADO DE HONDURAS por actuaciones del HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO a través de la actual procuradora General de la República abogada LIDIA ESTELA CARDONA a: A) REINTEGRAR EN FORMA PERMANENTE A SU PUESTO DE TRABAJO a la señora FRANCIS RAMONA ECHEVERRÍA VARELA, B) A pagar los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios desde que se operó el despido hasta que sea ejecutoria la presente sentencia condenatoria; derechos que serán liquidados en su momento procesal oportuno. C) Al reajuste de salario mínimo desde el año 2016 en la cantidad L. 37,266.49 más los que correspondan según el arancel del médico empleado; D) A pagar la cantidad de L.7,492.47 en concepto de reajuste al salario mínimo del 01 de enero al 31 de marzo de 2016; E) A pagar los derechos adquiridos proporcionales (décimo tercer, décimo cuarto mes y vacaciones) correspondientes al periodo 2015- 2016; F) A pagar la bonificación de vacaciones desde la fecha de inicio de relación laboral hasta que sea ejecutoria la presente sentencia condenatoria; los anteriores conceptos serán liquidados en su momento procesal oportuno con los salarios dejados de percibir; 3) SIN COSTAS en esta instancia”. Bajo el criterio que, del análisis de los autos se pudo constatar que la contratación por prestación servicios, catalogado a tiempo determinado según cláusulas contractuales se desnaturalizó en razón del tiempo transcurrido, pues como se puede observar la renovación de los mismos, propició la continuidad laboral por más de 1 año tal como lo establece el artículo 52 párrafo tercero del Código de Trabajo, en tal sentido deberá entenderse que el contrato es por tiempo indeterminado; asimismo se probó la mala de la parte demandada en cuanto a la denominación de los contratos, los cuales eran nominados como contratos de servicios profesionales y también como contratos individuales de trabajo, sin que existiera una variación en las condiciones contractuales, asimismo del análisis del contenido de los supra mencionados contratos se desprende que concurren los requisitos para la existencia de contrato de trabajo, como lo es la realización de una actividad en forma personal, la retribución o salario y la continuada subordinación denotada en la obligación de la demandante a cumplir órdenes del empleador, al respeto de una jornada de trabajo, a la sumisión a un jefe inmediato. Seguidamente corresponde el análisis de la causa señalada en la notificación de cancelación de contrato, la cual consiste en la evaluación del desempeño y la opinión del jefe inmediato, causa que no se encuentra contemplada en las justas causas de terminación de la relación laboral, en primer término porque no se expresa de manera clara si existió violación de a los deberes contractuales de la demandante que derivó en la no aprobación de la evaluación del desempeño, es decir que este extremo se desconoce, a su vez no se aportaron los resultados individualizados de la precitada evaluación y en cuanto a la opinión del jefe inmediato esta causa no se subsume en ninguna conducta según las enumeradas en el artículo 112 del Código del Trabajo. Que con respecto a la prueba aportada consistente en la opinión legal del Colegio médico no se le da valor probatorio alguno, por no estar relacionada con las causales del despido; asimismo al haberse comprobado la simulación contractual, bajo la forma de un contrato determinado, escondiéndose bajo dicha figura una relación laboral por tiempo indefinido, esta juzgadora concluye que el acto de privar a la demandante de continuar ejerciendo la labor asignada es una terminación unilateral del contrato por causa del empleador, lo que acarrea la obligación de satisfacer al trabajador los derechos consagrados en el Código de Trabajo y en la Constitución de la Republica por lo antes expuesto se declara CON LUGAR la presente demanda, ordenando el reintegro a su puesto de trabajo en forma permanente con el reconocimiento de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que sea ejecutoria la presente sentencia condenatoria. Que la parte actora además reclama: 1) El pago de décimo tercer, décimo cuarto mes proporcional al año 2016, concepto que debe ser declarado CON LUGAR; tal como consta con la información brindada por la demandada a folios 46 en donde expresa que para el año 2016, dichos conceptos no fueron pagados; 2) Que se aplique al estatuto del médico en todas sus partes con reajuste de salario a partir del inicio de la relación laboral y sus respectivo incrementos, décimo tercer y décimo cuarto mes de salario, vacaciones goce y pago quinquenios; que en cuanto a la pretensión de reajuste al salario la Ley de Reordenamiento distributivo del Gobierno Central en su artículo contempla los incrementos que deberá recibir el salario mínimo del médico empleado desde el año 2005, siendo que en aplicación analógica de la Ley de Salario Mínimo en su artículo 43), la acción para el reclamo de reajuste salario prescribe dentro de los dos años anteriores que motive su ejercicio, se tomaran los salarios mínimos a partir del de 2014 la cantidad L.34,506.00, en el 2015 la cantidad de L.34,506.00, y 2016 L.37,266,49; tomando en cuenta que para los años 2014 al 2016 la demandante devengó un salario de L. 34,774,47; procede CON LUGAR PARCIALMENTE su reajuste únicamente con respecto al año 2016, para un reajuste de L.2,492.47 por 3 meses que laboró para el año 2016 resulta un total de L.7,492.17. 3) Pago de bonificación de vacaciones desde el inicio de la relación laboral, derecho que corresponde declarar CON LUGAR; al haberse comprobado la existencia de un contrato de trabajo permanente y que dicho concepto constituye un derecho adquirido a favor de la trabajadora demandante, mismo que no fue otorgado estableciendo como Justificación la forma de contratación estableciendo que dicho derecho solo lo ostentan los empleados permanentes por acuerdo. Que la liquidación de este concepto se hará junto con los salarios dejados, de percibir por no haberse proporcionado los valores en concepto de salario desde el año 2007. Que siendo que en la presente litis existieron motivos racionales para litigar, este Tribunal es de la opinión que debe declararse sin lugar la solicitud de costas. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 26 de septiembre del 2022, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el A-quo, sin costas; bajo el criterio que, en el presente caso, ha quedado evidenciado que la demandante suscribió sendos contratos de trabajo desempeñando las mismas funciones en las que inicialmente fue contratada, habiéndose desempeñado como Médico Especialista de Guardia en el Departamento de Anestesiología del Hospital Escuela Universitario, desde el año 2007 al año 2016, devengando un salario de L.34,774.17, por consiguiente la actividad desempeñada por la demandante no se encuentra configurada en lo que dispone el articulo 46 anteriormente citado. En el mismo citado cuerpo legal, específicamente el artículo 47 del Código del Trabajo establece que "Los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se considerarán como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese término de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsisten la causa que le dio origen o la materia del trabajo para la prestación de servicios o la ejecución de obras iguales o análogas", en el caso de autos, se dieron los presupuestos necesarios para considerar los contratos de trabajo por tiempo indefinido, como ser que la trabajadora presto sus servicios a la institución en forma sucesiva e ininterrumpida y desempeñando las mismas actividades para las cuales desde el inicio fue contratada la demandante, hasta que no se le renovó el último contrato. Con los Contratos Individuales de Trabajo, se constata que la demandante ingreso a laborar como Médico Especialista de Guardia en Departamento de Anestesia del Hospital Escuela Universitario y con la aceptación de la relación laboral mediante contrato por parte de la demandada en el escrito de contestación de la demanda se concluye que la relación laboral de la señora Francis Ramona Echeverria Varela, es de carácter permanente en la institución, porque en la misma se dieron los presupuestos para considerar que esos contratos de trabajo son por tiempo indefinido, por las siguientes razones: a) La Trabajadora presto sus servicios a la institución en forma sucesiva y ejecutando las mismas actividades para las cuales se le contrató; b) El Representante Procesal de la parte demandada no aportó ninguna prueba mediante la cual se pudiera establecer que al vencimiento del término del último contrato celebrado entre las partes, había desaparecido en la institución la causa para la cual fue contratada la trabajadora, por el contrario se puede observar que los Contratos de la demandante eran para realizar actividades, que por el servicio que se presta en la institución son de carácter permanente, puesto que la naturaleza de la labor que desempeñaba tiene un reconocimiento de carácter permanente, o sea que las causas que motivaron la suscripción de los contratos subsisten, por lo que se toman como contratos por tiempo indefinido; c) En los mismos contratos desde el inicio se establece el pago de un salario mensual por los servicios que prestaba la demandante. Que el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos preceptúa que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo y en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), se le reconoce a las personas el Derecho al Trabajo y las condiciones justas, equitativas y satisfactorias en el mismo y asimismo la Constitución de la República Hondureña instituye como derechos fundamentales la estabilidad laboral consignada en el artículo 129 de la Carta Magna que establece: "La ley garantiza la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones, y las justas causas de separación.- Cuando el despido injustificado surta efecto y firme que sea, la sentencia condenatoria respectiva, el trabajador tendrá derecho a su elección, a una remuneración en concepto de salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios, y a las indemnizaciones legales y convencionalmente previstas; ó, a que se le reintegre al trabajo con el reconocimiento de salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios", principio Constitucional que se encuentra desarrollado en el artículo 113 del Código del Trabajo, como principio protector en que se inspira el derecho laboral. La demandante ante la acción unilateral de su empleador de no renovarle los contratos sucesivos que celebraban mediante Contratos Individuales de Trabajo por Tiempo Definido, es procedente estimar la pretensión de la demandante de declarar en forma permanente la relación laboral y reintegrarla a su puesto de trabajo. Que la trabajadora pretende la nulidad de los contratos y que se le aplique el Estatuto del Médico en todas sus partes a partir del inicio de la relación laboral, sin aportar las pruebas contundentes que le permita al Juzgador declarar la nulidad solicita y por haberle prescrito la acción desde el año 2005, y en cuanto al reajuste de salario puesto que en el año 2014 ya devengaba el salario mínimo reclamado, por lo que se confirma el criterio del Tribunal de primera instancia respecto al año 2016. Que la jurisdicción del trabajo esta instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del contrato de trabajo y por las consideraciones anteriormente expuestas este Tribunal de Alzada es de la firme convicción que la sentencia definitiva proferida por el Juzgado de primera instancia que se conoce por vía de apelación se ajusta a derecho, por lo que procede su confirmatoria. 5.- Mediante auto de fecha 27 de febrero del 2023, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada MARTHA ELENA BARAHONA MONTOYA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 07 de junio del 2023, compareció ante este Tribunal la Abogada MARTHA ELENA BARAHONA MONTOYA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación; por lo que mediante providencia de fecha 26 de septiembre del 2023, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 27 de noviembre del 2023, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado JOSÉ ARMANDO ESPINAL, en su condición de representante procesal de la parte recurrida; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Que la finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código del Trabajo, no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el País, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice. II. Que la Abogada MARTHA ELENA BARAHONA MONTOYA, en su primer y único motivo de casación alega: “ Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley sustantiva de orden nacional y de índole laboral, por error de hecho por apreciación errónea del medio de prueba denominado documental consistente en los Contratos Individuales de Trabajo por tiempo determinado, que hizo incurrir en la violación que aparece manifiesto en los autos, y que llevó de forma indirecta a la Corte Sentenciadora a la violación del artículo 46 inciso b) del Código del Trabajo. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las Normas Procesales que sirvieron de medio para la violación de las Normas Sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRUEBA APRECIADA ERRÓNEAMENTE: El medio de prueba que fue apreciado erróneamente es el siguiente: a) Contratos Individuales de Trabajo por tiempo determinado, suscritos entre la demandante y el Estado de Honduras a través de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, medio de prueba que corre bajo los folios 38 al 39 de la primera pieza de autos. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DE ESTE MOTIVO: La Corte sentenciadora, manifiestamente incurrió en error de hecho, al apreciar erróneamente los medios de prueba señalados anteriormente, los cuales fueron admitidos y evacuados en su oportunidad, en relación a los demás medios de prueba en su conjunto, ya que si bien es cierto, el Juzgador no está sujeto a la tarifa legal de las pruebas, sino que forma libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que forman la sana crítica de la prueba, tal y como está consagrado en el artículo 739 del Código del Trabajo, ésta disposición no impide de manera alguna que el Tribunal, se coloque en una posición de profundo análisis para poder llegar a la verdad de los hechos e impartir justicia aplicando la Ley, por lo que deviene obligado a efectuar la apreciación de las pruebas en su conjunto.Si no se hubiesen apreciado erróneamente por parte del Tribunal recurrido los medios de prueba señalados, se hubiera dado por establecido en forma indubitable que al demandante no le asiste el derecho para obtener el reintegro, permanencia y demás derechos subjetivos que de manera infundada solicita en su improcedente demanda, ya que al suscribir Contratos de Trabajo por tiempo determinado, evidentemente se trató de una relación de temporal, la cual no conlleva una continuidad en los servicios prestados por el demandante; en consecuencia, si la Corte Sentenciadora hubiese apreciado debidamente las pruebas señaladas y no como la apreciación errónea que efectuó, hubiese fallado declarando no ha lugar la "demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa de despido, reintegro al puesto de trabajo de iguales o mejores condiciones y pago de salarios dejados de percibir" (entre otros derechos subjetivos), pues como se ha indicado, se trata de una relación contractual exclusivamente temporal y no de una relación de trabajo permanente, tal como lo permite la normativa laboral en su artículo 46 inciso b) en el cual establece: "El Contrato de Individual de trabajo puede ser: a)....b) Por tiempo limitado, cuando se especifica fecha para su terminación o cuando se ha previsto su acaecimiento.... razón por la cual el demandante no puede augurar que la relación contractual por tiempo determinado que sostuvo con mi representado fue una relación de trabajo de carácter permanente, pues la precitada normativa lo regula y permite las contrataciones por tiempo definido por ende mi representado está facultado para ejercer legalmente este tipo de contratación; en consecuencia, es improcedente la pretensión de la señora FRANCIS RAMONA ECHEVERRIA VARELA, en virtud de encontrarnos concretamente ante una relación contractual por tiempo determinado, razón por la que la demanda interpuesta por la parte actora debió ser declarada SIN LUGAR. Por todo lo anteriormente expuesto, solicito, CASAR la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de este departamento, de fecha 26 de septiembre de 2022, sentencia que confirma la sentencia definitiva de fecha treinta nueve (09) de octubre del dos mil veinte (2020), dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, de la Demanda Ordinaria Laboral interpuesta por la Señora FRANCIS RAMONA ECHEVERRIA VARELA, antes relacionada, por no estar ajustada a derecho”. III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: i) La norma que indica como violada, articulo 46 inciso b) del Código del Trabajo no ostenta el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa. ii) Debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por el Recurrente; iii) La prueba singularizada si fue apreciada correctamente en el fallo impugnado, resultando que se le dio una valoración o alcance diferente al que pretende el Impetrante, por lo que es impropio el ataque al mismo por apreciación errónea ; y, iv) Formula alegatos propios de instancia. IV. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, COORDINADORA. ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA, FRANCISCA VILLELA ZAVALA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de enero del dos mil veinticinco; certificación de la sentencia de fecha nueve de septiembre del dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL42-2023. FIRMA Y SELLO.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ

SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.