Sentencia CL-418-22 — Registro 18593
Resumen
La Sala Laboral- Contencioso Administrativo condena a la Alcaldía Municipal de la Esperanza, Departamento de Intibucá, al pago a favor de la trabajadora en concepto de cesantía, décimo cuarto mes proporcional, vacaciones pendientes, más los salarios dejados de percibir hasta que se dé la ejecución de la presente sentencia y declara sin lugar la demanda ordinaria laboral para el pago del reajuste salarial en base al arancel del profesional del derecho
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: i. Los cargos para que sean una proposición jurídica completa deberán de cumplir todos los requisitos exigidos por el artículo 769 del Código de Trabajo para que puedan prosperar. Se hace el anterior comentario en virtud de que uno de los requisitos más elementales es la cita concreta de la norma sustancial que se considera infringida y la explicación del motivo; ii. El precepto autorizante señala un artículo que no tiene relación con la violación que alega. "...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..." Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón que el cargo debe ser completo en su formulación, suficiente en su desarrollo y eficaz en lo que pretende, puesto que de no hacerse de esa manera no alcanzan a producir los resultados que persiguen, ni la finalidad del recurso de casación careciendo el mismo de tipo de violación y explicación del motivo. "...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que los cargos que anteceden siendo el tercer y cuarto motivo reúnen los requisitos necesarios para su admisión, por lo que habiéndose establecido con precisión y claridad el mismo, es procedente declarar ha lugar el recurso de mérito, casar la sentencia impugnada y a continuación, en sede de instancia, decidir lo que proceda conforme a la ley."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..." El ámbito laboral existe limitación de la autonomía de la voluntad, ya que las normas de trabajo y seguridad social son de orden público y, por ello, aunque en la práctica las partes pueden pactar lo quieran, lo cierto es que dicho pacto será válido solamente si es respetuoso de la normativa laboral, esto en consonancia con los artículos 128 de la Constitución de la República (preámbulo) y 3 del Código del Trabajo, preceptos que le niegan eficacia a los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos laborales que tiene el trabajador; y que, en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que efectivamente sucede en el terreno de los hechos, ya que dicha divergencia así como puede proceder de un simple error involuntario, puede también estar inspirada intencionalmente para simular o esconder la verdad y eludir el cumplimiento de obligaciones legales u obtener un provecho ilícito. Debe, entonces, quedar claro que la existencia o no de una relación o un contrato de trabajo, su permanencia o temporalidad y demás cualidades dependen, no de lo que las partes previamente hubieren pactado por escrito o en forma verbal, o de si se esté o no en determinada partida presupuestaria, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre prestando sus servicios, pues siempre deben prevalecer los aspectos fáctico-sustanciales por sobre los jurídico-formales."...
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 128 (Rango Constitucional)
- Código del Trabajo, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 18 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Este Tribunal ha venido manteniendo el criterio que la condena en costas no procede por el principio del vencimiento, sino que cabe en forma muy excepcional en aquellos casos, en que se puede advertir del estudio de los mismos, notoria falta de razones para litigar, abuso de derecho, falta de lealtad."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 18 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 717 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..." Que el único facultado para poder emitir leyes y decretos es el Congreso Nacional tal como lo expresa el artículo 205 de la Carta Magna, enuncia en el numeral 1 del artículo 205: “Crear, decretar, interpretar, reformar y derogar leyes.” Y el arancel del profesional del derecho no pasó por el proceso de formación, sanción y promulgación de leyes que indica nuestra Constitución de la Republica por lo que no procede el caso de mérito su aplicación. XXIII. Esta Sala estima que el Arancel del Profesional del Derecho no tiene rango de ley como bien se ha establecido en los casos ya nos hemos pronunciado entre los que encontramos el CA 207-2011, CL 387-08, CL 191-09, CL 625-10, CL 158-12 y CL 630-13; no como lo reconocen los fallos de primera y segunda instancia, es solamente un acto de carácter general, como bien lo indica la inconstitucionalidad n°57-05. "
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., el diecisiete de abril de dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar sentencia en los Recursos de Casación Laboral formalizados ante este Tribunal de Justicia, en fecha 29 de mayo del 2023, por el Abogado MOISÉS JATNIEL NOLASCO ROSA, en su condición de representante procesal de la señora LELIS GERALDINA KNIGHT REYES, y en fecha 30 de mayo del 2023 por el Abogado MANUEL ANTONIO MATUTE REYES, en su condición de representante procesal de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ, como recurrentes/recurridos. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral, pago de derechos laborales y demás derechos, costas del juicio; promovida ante el Juzgado Primero de Letras de La Esperanza, departamento de Intibucá, en fecha 29 de enero del 2021, por el Abogado MOISÉS JATNIEL NOLASCO ROSA, en su condición de representante procesal de la señora LELIS GERALDINA KNIGHT REYES, mayor de edad, soltera, Abogada, hondureña y con domicilio en Intibucá, departamento de Intibucá, contra la ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ, a través del señor Alcalde Municipal MIGUEL ANTONIO FAJARDO MEJÍA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 31 de mayo del 2022, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 15 de junio del 2021, proferida por el Juzgado Primero de Letras de La Esperanza, departamento de Intibucá, que en su parte conducente dice: “FALLA PRIMERO: PRIMERO: DECLARAR << CON LUGAR >> el escrito denominado DEMANDA ORDINARIA LABORAL- PAGO DE DERECHOS LABORALES Y DEMAS DERECHOS SE ACOMPAÑAN DOCUMENTOS- CITACIÓN Y EMPLAZAMIENTO- HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES- COMUNICACIÓN SUBSIDIARIA.- COSTAS PROCESALES- ACREDITACIÓN DE POSTULACIÓN PROCESAL.- Promovida por el señora LELIS GERALDINA KNIGHT REYES a través de su apoderado legal abogado MOISÉS JATNIEL NOLASCO ROSA contra el señor MIGUEL ANTONIO FAJARDO MEJIA en su condición de ALCALDE MUNICIPAL DE LA ESPERANZA. SEGUNDO, Se CONDENA a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA para que por medio de su representante legal el señor MIGUEL ANTONIO FAJARDO MEJIA, al pago de prestaciones laborales, divididos de la manera siguiente: pago de cesantía por un tiempo de noventa días una cantidad de sesenta y ocho mil trescientos cuarenta lempiras con sesenta centavos (L.68,340.60), décimo cuarto mes proporcional correspondiente a 18 días una cantidad de nueve mil setecientos sesenta y dos lempiras con noventa centavos (L.9,792.90) vacaciones pendientes de diecisiete días por la cantidad de doce mil novecientos ocho lempiras con setenta y ocho centavos (L.12,908.78) y por el reajuste salarial una cantidad de doscientos ochenta y tres mil novecientos setenta y siete lempiras con treinta y dos centavos (283,977.32) reajuste salarial correspondiente a los años 2018, 2019 y 2020 para hacer un total por la por la cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS EXACTOS. L. 374,989.60 a empleada LELIS GERALDINA KNIGHT REVES. TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia dado el principio de gratuidad y de carácter social de las normas del trabajo…”. ANTECEDENTES DE HECHO 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que empezó a laborar para la demandada, el 01 de enero del 2018 y dejo de laborar el 31 de diciembre del 2020, fecha en la cual fue despedida sin justa causa; devengaba un salario mensual de L.19,525.76 mensuales; y que desempeñó con toda dedicación, abnegación y esmero posible a su labor; que el salario que devengaba era un salario inferior al que debería de percibir; argumento que se apersono a las instalaciones de la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, para solicitar el cálculo de “Prestaciones e Indemnizaciones Laborales”, los cuales estaban totalizados por la cantidad monetaria en moneda nacional en curso por el monto de L. 374,989.60; asimismo con el ánimo de llegar a un acuerdo conciliatorio acudió a la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, audiencia en la cual no se llegó a ningún acuerdo conciliatorio. 2. La parte demandada, la ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ, contestó dicha demanda señalando que la demandante comenzó a prestar sus servicios para el demandado a partir de la fecha 01 de enero del 2018 y en el mismo año se venció el primer contrato en fecha 31 de diciembre, luego se volvió a contratar para que volviera a prestar sus servicios profesionales el 01 de enero del 2019 venciéndole el segundo contrato el 31 de diciembre del 2019, para lo cual se le contrato por tercera vez el 01 de enero del 2020 y el contrato por servicios se venció el contrato el 31 de diciembre del 2020, contrato laboral que firmó para prestar sus servicios como Directora de Justicia Municipal en la alcaldía de La Esperanza, por lo que es falso que se le haya despedido si el último contrato se le venció y era por tiempo limitado, y no se adquieren más derechos que los expresamente pactados; que la demandante se supone que firmó de buena fe y con toda la buena intención del mundo el contrato con las estipulaciones contentivas en cada una de las cláusulas y aceptando las mismas. Y que con respecto a lo del salario, lo del arancel del profesional del derecho no es ley de cumplimiento General y obligatorio, por lo que es un poco fuera de contexto legal la aseveración de que ganaba menos de lo establecido por un arancel que no tiene proceso legislativo; y en cuanto a la cuantía solicitada no se le debe, y también por ser absurda porque no se sabe de dónde la sacan, ya que, como se mencionó anteriormente, se firmaron contratos laborales en el cual se pactaron de mutuo acuerdo lo que devengaría la demandante mensualmente, así como lo establece el Artículo 363 del Código de Trabajo: El salario se estipulará libremente, pero no podrá ser inferior al que se fije como mínimo de acuerdo con las prescripciones de este Código, pagándole un salario mucho más alto que el mínimo que manda la ley; además alegó que no se puede conciliar un asunto en donde se estaba cobrando indebidamente derechos laborales que no se deben por el simple hecho de existir contrato personal de trabajo y que se le pagó mensualmente hasta el último mes de trabajo a la demandante. recalcó que no se le debe absolutamente nada a la demandante, en virtud de existir un contrato laboral de trabajo que ya finalizó y que se pactó hasta la fecha 31 de diciembre del 2020 como lo mencionó en los acápites anteriores, y que las partes se sometieron a las estipulaciones del mismo, en donde cada una de las cláusulas es clara y precisa al determinar el tiempo de duración, la naturaleza del mismo, el pago, las actividades, etc..., resulto que fue improcedente la reclamación que realizó la actora, aun y cuando mencionó en la indigna demanda de que existe contrato laboral de trabajo, y que no se le debía ningún mes laborado, por lo que no se supo que es lo que reclamaba, ya que el Artículo 48 del Código de Trabajo expresa que: Es nula la cláusula de un contrato de trabajo en que el trabajador se obligue a prestar servicios por termino mayor de un (1) año, pero la nulidad solo podrá decretarse a petición del trabajador. 3. El Juzgado Primero de Letras de La Esperanza, departamento de Intibucá, en fecha 15 de junio del 2021, dictó sentencia declarando con lugar la demandada ordinaria laboral, promovida por el Abogado MOISÉS JATNIEL NOLASCO ROSA, en su condición de representante procesal de la señora LELIS GERALDINA KNIGHT REYES, contra el señor MIGUEL ANTONIO FAJARDO MEJIA en su condición de ALCALDE MUNICIPAL DE LA ESPERANZA; condenó a la parte demandada al pago de prestaciones laborales a empleada demandante, por los conceptos siguientes: pago de cesantía por un tiempo de 90 días L. 68,340.60, décimo cuarto mes proporcional correspondiente a 18 días L. 9,792.90, vacaciones pendientes de 17 días L. 12,908.78) y por el reajuste salarial L. 283,977.32, reajuste salarial correspondiente a los años 2018, 2019 y 2020 para un total de L. 374,989.60, sin costas…”; bajo el criterio que, luego del análisis de la prueba y las ponencias de las partes, este Juzgado se pronuncia al respecto que se ha logrado verificar que dicha empleada ha cumplido con dichos requisitos pues primeramente le ha prestado sus servicios de manera personal a una persona jurídica en este caso a la alcaldía de La Esperanza, así mismo se logró acreditar que existió una continua subordinación de la empleada en cuanto a su patrono y que si bien es cierto el patrono alega contratos a término, puede observarse que desde el ingreso de la empleada no dejo de laborar ningún día para la empresa por lo que no pudiese alegar interrupción de ninguna manera por parte del contrato puesto además que señala el artículo 47 del Código de Trabajo que son contratos relativos a labores que por su naturaleza, sean permanentes o continuas en la empresa, se consideraran por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese termino de duración, y además se logró acreditar mediante los medios de prueba documentales y testificales que lo devengado por la empleada en concepto de salario mensual era de L. 19,525.76 en la actualidad por lo que obtenía una remuneración de la misma, concurriendo de esta manera entonces con los tres elementos que exige el código de trabajo en su artículo 20 para el Contrato individual de trabajo; por lo que debe este someterse a dichas disposiciones y que verificándose en el expediente de mérito que a la empleada Lelis Geraldina Knight Reyes se le contrato en un puesto como encargada de Justicia Municipal y que dicho puesto según las requisiciones que estipula la Ley de Justicia y Convivencia Social es que sea profesional del derecho y en base a esto de acuerdo a la publicación que se realizó en la Gaceta número 34,403 de fecha 29 de julio del 2017 de acuerdo a lo que establece el artículo 112 que hace referencia a los profesionales del derecho que labore permanentemente a tiempo completo en las Instituciones Públicas, Centralizadas y Descentralizadas, desconcentradas, autónomas, semiautónomas, empresas mixtas y los tres poderes del estado y empresa privada en general, que se desempeñe como tal devengará un mínimo de tres salarios… y siendo que lo preceptuado en tal artículo se cumple a cabalidad, pues es una institución pública descentralizada y autónoma tal y como lo señala la ley general de la administración pública que la empleada misma adquiere ese carácter de permanente puesto que desde el día de su ingreso hasta la terminación de su contrato estuvo continuamente subordinada y pues así lo establece el artículo 47 del Código de Trabajo en el que expresa que los contratos relativos a labores que, por su naturaleza, sean permanentes o continuas en la empresa, se consideraran como celebrados por tiempo indefinido, aunque en ellos exprese un término de duración, así mismo a las preguntas que se realizaran en el interrogatorio de parte al Alcalde Municipal y el encargado de Recursos Humanos ambos manifestaron que en ese puesto se encontraba laborando otra persona cuyo nombre es Mario Martin Vijil Manzanares y estando comprendido dentro del flujograma de la municipalidad y el desarrollo del mismo adquiere ese carácter de permanente; y siendo que se establece en el artículo 18 de la ley de Policía y convivencia social que el trabajo puede ser ejercido por un Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales entendiéndose con ella un abogado para el desenvolvimiento del mismo y habiéndose contratado como tal a la misma es que se cumple con lo estatuido en el Arancel del Profesional del Derecho mismo que ya ha sido publicado en el diario oficial la gaceta y en consecuencia existiendo todo los elementos de un contrato individual de trabajo como lo establece el artículo número 20 del Código de Trabajo, es que el mismo debe de regirse a la aplicación de nuestra normativa jurídica interna y dicho arancel forma parte de dicho ordenamiento jurídico; por lo que deberá entonces reconocérsele el reajuste salarial conforme a lo que establece dicho arancel para los años correspondientes. En base al artículo 111 y 112 del Código de Trabajo donde establece las causas de terminación de los contratos de trabajo, y las causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo, y como se pudo observar en el presente proceso no se especificó ningún de estas causas legales por las que terminó la relación laboral, y si bien es cierto alegaron que conforme a la emergencia sanitaria COVID-19 se hizo un recorte de personal, sin embargo se logró acreditar pues que el trabajo por el hecho de ser permanente se contrató otra persona que actualmente ostenta ese puesto cuyo nombre es Mario Martin Vijil Manzanares y es director de Justicia Municipal, pues así lo refirió en el interrogatorio de parte que se le practicara al Doctor Miguel Antonio Fajardo en su condición indicada y al señor Rony Ramos quien ostenta el puesto de Jefe de Personal. Que en este juicio conforme la valoración de toda la prueba jurídicamente relevante se concluye que la demanda debe ser estimada y que se condena al señor Miguel Antonio Fajardo Mejía en su condición de Alcalde Municipal de la Esperanza al pago de prestaciones laborales, divididos de la manera siguiente: pago de cesantía por un tiempo de noventa días una cantidad de sesenta y ocho mil trescientos cuarenta lempiras con sesenta centavos (L. 68,340.60), décimo cuarto mes proporcional correspondiente a 18 días una cantidad de nueve mil setecientos sesenta y dos lempiras con noventa centavos (L. 9,792.90) vacaciones pendientes de diecisiete días por la cantidad de doce mil novecientos ocho lempiras con setenta y ocho centavos (L. 12,908.78) y por el reajuste salarial una cantidad de doscientos ochenta y tres mil novecientos setenta y siete lempiras con treinta y dos centavos (L. 283,977.32) reajuste salarial correspondiente a los años 2018, 2019 y 2020 para hacer un total por la por la cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS EXACTOS. L. 374,989.60. 4. La Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha 31 de mayo del 2022, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, con costas; bajo el criterio que de la misma prueba aportada al proceso, se determina la identidad de la labor que desempeñaba la demandante, para con la demandada así como la esencia de la misma en cuanto a la existencia permanente de la misma, al resultar una labor determinada por la Ley de Policía y Convivencia Social de Decreto 226-2001, la que en su artículo 17 crea los Departamentos Municipales de Justicia, que estará a cargo de un juez, un secretario y personal de apoyo necesario. Que serán libremente nombrados o removidos por el Alcalde Municipal; entendiéndose entonces que el referido decreto reforma la Ley de Municipalidades en su artículo 63, para el nombramiento del personal que deberá desempeñarse en el Departamento Municipal de Justicia, dependencia donde se desempeñaba la demandante, según lo establecen los Contratos de Trabajo visibles a folios 50 al 58 de la pieza de los autos, no quedando duda a este Tribunal de alzada de la permanencia o continuidad de la actividad (puesto de trabajo) según se regularía en el Manual de Puestos de la institución demandada, en cuya consecuencia no es de recibo el argumento del recurrente. Que también figura entre los puntos contradictorios de las partes el pago de reajuste de salarios, señalando el recurrente, que el a-quo en su fallo y sentencia ha acudido a una ley que no es el Código de Trabajo, generando un proceso de excepción, al tener en cuenta el Arancel del Profesional del derecho para condenar a la demandada al pago de montos correspondientes al salario reclamado por la demandante. Que en el tema de discusión, existen normas dentro de la legislación nacional que se dirigen al cumplimiento del salario mínimo al trabajador hondureño, partiendo de la Constitución de la República que establece en su artículo 60 que indica “Todos nacen libres e iguales en sus derechos, en Honduras no hay clases privilegiadas, esto dentro de los derechos sociales se trasmite al derecho del trabajo cuyas garantías mínimas se expresan el artículo 128 de la Constitución de la Republica de Honduras cuando en su numeró 5 declara “Todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo fijado periódicamente con la intervención del estado; derecho que aparece desarrollado con mucha claridad en el Código de Trabajo en su artículo 389 que a su letra dice "La fijación del salario mínimo modifica automáticamente los contratos de trabajo que estipulen uno inferior elevando este al mínimo sin afectarlo en lo demás”. Además de hacer referencia a una disposición vigente (Arancel del Profesional del Derecho) esta pudiese figurar como parte del fundamento jurídico del fallo del que es libre la interpretación judicial, así como de una Constancia emitida por el Coordinador de la Comisión del Arancel del Colegio de Abogados de Honduras, admitida como un medio del prueba, también en este aspecto es de señalar que la ley, indica un procedimiento exclusivo para el logro de la adecuación del salario al mínimo legal que corresponda según la Ley del Salario Mínimo en ese sentido, aunque por disposición de la ley deberá ser aplicado por ser un derecho del trabajador conforme al artículo 381, 383 y 389, último del Código de Trabajo que establece la automatización del salario mínimo en los contratos de trabajo o relaciones laborales que estipularen uno inferior, pues en todo caso el Arancel del Profesional del Derecho estipula el salario mínimo del profesional, siempre que se acredite que el profesional ha sido contratado bajo permanecía, continuidad, y que el fin de la contratación sea la prestación de servicios profesionales correspondientes a la profesión, siendo necesario el perfil del puesto desempeñado; es aquí donde se acude a lo que establece la Ley de Policía y Convivencia Social, en su artículo 18 que dentro del perfil del puesto exige ser profesional de la Carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales, y , en su caso, pasante de dicha Carrera, sin desconocer que las funciones del puesto según la normativa contenida en el artículo 19 y 20 de la indicada ley, les asigna jurisdicción y competencia administrativa, también coactiva para el caso de la imposición de sanciones, en todo caso, sin perjuicio del asunto de lege ferenda a la ley, al agrupar dentro de los requisitos “haber cursado la secundaria”, personal que sería inconcebible por no haber cursado formación y conocimiento en normativas del derecho positivo, deberá estar reservada para Profesionales el derecho titulados y colegiados, o a lo mínimo a pasantes de la Carrera de Derecho, a quienes según la Ley Orgánica, faculte para el ejercicio de la Procuración (art 3 Ley Orgánica del CAH). El punto es, que además de la formación profesional de la demandante, el puesto conforme a la ley es de carácter permanente, el que desempeño por espacio de tres años, y la competencia y atribuciones del puesto tienen las características de intérprete de la ley para el caso así se interpreta del artículo 19 de la Ley de Policía y Convivencia Social “Conocer de las infracciones a la Ley de Municipalidades, ordenanzas, plan de arbitrios, reglamentos, resoluciones, acuerdos de la Corporación Municipal”; también la función de aplicador de la ley, para el caso lo preceptuado en el numeral 2 del artículo 19 y las atribuciones señaladas en el artículo 20 de la Ley de Policía y Convivencia Social, descartando toda duda sobre la no vinculación de la demandante con labores propias al desempeño de la profesión de Abogada, razones sobradas para ser apreciable el monto que por salarios ha demandado la actora y así por el Juez A-quo. Que el artículo 858 del Código de Trabajo permite ante la ausencia de normas de procedimiento, la aplicación análoga de normas del Código Procesales en materia Civil, y que en igual sentido es de recibo por el Código Procesal Civil en su artículo 22 establece que a falta de disposiciones en materia laborales aplicaran de manera supletoria las disposiciones en materia procesal civil, es por ello que en razón de tal aplicación, al guardar silencio por ausencia de normas el Código de Trabajo en el concepto de las costas y su contenido resulta procedente la aplicación de las normas en materia procesal civil, por ello ante el fallo condenatorio emitido por el juzgado de primera instancia, resulta procedente la confirmación, siendo lo consecuente la condena en costas a la parte demandada recurrente, con fundamento en el artículo 219 numeral 1 del Código Procesal Civil; toda vez que una de las pretensiones de la parte demandante ha sido que la jurisdicción declare la condena en costas a la parte demandada, así se lee en la suma de la demanda presentada, constituyendo entonces este tema una de las pretensiones de parte y sobre las cuales una vez de que el tribunal ha declarado con lugar la demanda, las costas constituían parte de la pretensión demandada. 5. Mediante auto de fecha 11 de agosto del 2022, este Tribunal de Justicia resolvió admitir los recursos de casación interpuestos por el Abogado MANUEL ANTONIO MATUTE REYES, en su condición de representante procesal de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ; y por el Abogado MOISÉS JATNIEL NOLASCO ROSA, en su condición de representante procesal de la señora LELIS GERALDINA KNIGHT REYES, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a cada uno de los recurrentes por el término de veinte días para que formularan por escrito la demanda de casación; término que empezara a correr de la forma siguiente: para el apoderado demandante a partir del día siguiente de la notificación de esta resolución y para el apoderado demandado, a partir del día siguiente de la notificación de la resolución en que se tenga por devuelto el traslado anterior. 6. En fecha 29 de mayo del 2023, compareció ante este Tribunal el Abogado MOISÉS JATNIEL NOLASCO ROSA, en su condición de representante procesal de la señora LELIS GERALDINA KNIGHT REYES, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación; y en fecha 30 de mayo del 2023, compareció ante este tribunal el Abogado MANUEL ANTONIO MATUTE REYES, en su condición de representante procesal de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ, formalizando su demanda, exponiendo cuatro motivos de casación y nulidad subsidiaria; por lo que mediante providencia de fecha 10 de agosto del 2023, se tuvieron por devueltos los traslados, conferidos a los Recurrentes y por formalizados en tiempo los recursos de casación; ordenándose el traslado a los opositores para que procedieran a contestar el recurso de forma común, por el término de diez días, manteniendo la Secretaría del Despacho los autos a disposición; quienes no hicieron uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 30 de octubre del 2023, se tuvo por precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte de los Abogados MANUEL ANTONIO MATUTE REYES, y MOISÉS JATNIEL NOLASCO ROSA, en su condición de representantes procesales de la parte recurrida/recurrente; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO: I. Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II. Que el Abogado MOISÉS JATNIEL NOLASCO ROSA, en su condición de representante procesal de la señora LELIS GERALDINA KNIGHT REYES, en su primer motivo de casación alega: “Acuso a el fallo emitido por la Honorable Corte de Apelaciones seccional de Comayagua, Comayagua, de ser violatoria a los derechos que emanan de un despido injustificado "omitiendo" así los SALARIOS CAÍDOS a mi patrocinada, ya que se demostró en demasía de ocasiones que mi representada fue despida injustificadamente. El Artículo 113 del Código del Trabajo, el cual establece: ... "Que, si el patrono no prueba dicha causa de despido, debe pagar al trabajador las indemnizaciones que según este Código le pueden corresponder y a título de daños y perjuicios, los salarios que éste habría recibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del presente Código debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva. Desarrollado este concepto, los salarios caídos no es otra cosa que los daños y perjuicios y que deben ser tasados conforme al salario mensual devengado por el Demandante". LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE: Aunado al mismo y posterior al fallo antes enunciado existe por parte de la Honorable Corte de Apelaciones de Comayagua, Comayagua, un auto en el que dicta específicamente en su hecho tercero de la fundamentación jurídica lo consiguiente; TERCERO: que la constitución de la Republica de Honduras en su artículo 129, garantiza a los trabajadores la seguridad en el empleo, señalando en casos de DESPIDO INJUSTIFICADO, en concepto de indemnización, el pago de salarios dejados de percibir, contabilizados desde la fecha del despido hasta que la sentencia adquiera el carácter de firme; que esta alzada en sentencia emitida, confirma la sentencia de instancia, la que tiene esencia de condena al demandado, la alcaldía municipal de La Esperanza, admitiendo los conceptos de la demanda, así como el reajuste al salario mínimo, ya explicado de manera suficiente por este Tribunal, que al haberse admitido como causa de la separación al despido DIRECTO E INJUSTIFICADO, del trabajador, cabe por la condena al demandado al pago de los salarios dejados de percibir; en consecuencia corresponde su condena, sin prejuicio que en las diligencias a manera de información del abogado de la demandante a referido y asentado nota extendida por el sub-gerente del talento Humano del programa Nacional de desarrollo rural y urbano sostenible SEDECOAS/PRONADERS, Ing., MILTON NOE AMAYA PINEDA, que la demandante se desempeña en la institución desde el 25/02/2021, en el cargo de jefa de licitaciones y contrataciones del programa nacional rural y urbano sostenible PRONADERS, mediante acuerdo número: SEDECOAS-08-2021-002-2021, por lo que al momento de ejecución de la sentencia se tenga en cuenta las disposiciones del tribunal superior de cuenta. Con este apartado antes enunciado la Honorable Corte de Apelaciones de Comayagua, Comayagua, en su auto queda más que claro que a mi poderdante solo se le deben salarios caídos los meses que no laburo y que como trabajo para una dependencia del gobierno esos meses a ella no le competen, asunto el cual no tiene ningún fundamento legal que sostenga tal argumento, ya que para el caso que nos ocupa mi representada demanda a una Alcaldía Municipal la cual es un ente AUTÓNOMO, tal atribución la decanta el artículo 12-12.a-14, lo cual lo encontramos en su título III capítulo I, de La Ley de Municipalidades, Decreto número 134-90, en el cual se especifica puntos muy importantes como ser; - Autonomía Municipal (art. 12 Ley de Municipalidades) - La Municipalidad como su órgano de Gobierno, que se organiza y funciona en forma INDEPENDIENTE DE LOS PODERES DEL ESTADO (art. 12 Ley de Municipalidades) - Ejercen su competencia (art. 12 Ley de Municipalidades) - La libre administración que implica la toma de decisiones bajo el marco legal (art. 12-a.2 - Ley de Municipalidades) - Regidos por un principio de Subsidiaridad que según el Diccionario Jurídico en su consultor Magno el principio de Subsidiaridad tiene la siguiente interpretación; El principio de subsidiariedad es sobre todo un principio de competencia que señala qué nivel jerárquico está habilitado para actuar en determinados casos. Así, cuando los ciudadanos pueden alcanzar adecuadamente sus fines, LAS AUTORIDADES ESTATALES SON INCOMPETENTES PARA ENTROMETERSE EN SUS ASUNTOS. (art. 12-a Ley de Municipalidades) - La Municipalidad es el órgano de Gobierno y administración del municipio DOTADO DE PERSONALIDAD JURÍDICA. Aunado al mismo el artículo 54 de la Ley de Administración Pública cita lo siguiente; ARTÍCULO 54.- Las instituciones autónomas gozan de independencia funcional y administrativa, y a este efecto, podrán emitir los reglamentos que sean necesarios. Es por tales y claros motivos expresados de Forma Imperativa, Decantado a Ley y de manera Magna, que mi representada debe de gozar de SALARIOS CAÍDOS, desde la fecha; 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020, hasta que se emita sentencia y esta tenga carácter de firme, independientemente que mi patrocinada haya trabajado para una institución centralizada y que no gozaba de autonomía municipal como lo es la Alcaldía Municipal de La Esperanza, el cual fue el centro de trabajo donde mi representada fue despedida de manera injusta e injustificada (de manera únicamente ilustrativa mi poderdante actualmente no trabaja ni para ninguna institución pública ni privada). PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo primero del articulo 764-765-766-769-770-771-772-773-776-77-778 del Código del Trabajo. LA OMISIÓN PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE: La disposición legal contenida en el artículo 113, párrafo primero interpretado mediante decreto número 89 de fecha 24 de noviembre de 1969 del Código del Trabajo, es claro, de modo que su interpretación no ofrece duda, no obstante, el tribunal Ad Quem, lo aplicó, pero EN FORMA INCOMPLETA, al no precisar el párrafo primero interpretado mediante decreto número 89 de fecha 24 de noviembre de 1969 del Código del Trabajo. En el fallo o parte dispositiva de la sentencia recurrida, la Corte Sentenciadora, condena al demandado al pago de prestaciones y demás indemnizaciones legales, aplicando la norma pertinente, pero en forma incompleta, como ser la contenida en el artículo 113, párrafo primero, interpretado mediante decreto número 89 de fecha 24 de noviembre de 1969 del Código del Trabajo. El tribunal sentenciador confirma la sentencia dictada en primera instancia, y por consiguiente declara con lugar la demanda, condenando al demandado al pago de las prestaciones sociales y demás indemnizaciones legales, aplicando la norma pertinente, pero en forma incompleta que autoriza tal pretensión, como ser el párrafo primero y el Decreto Legislativo que lo interpreta como ser el número 89 de fecha 24 de noviembre de 1969 del Código del Trabajo. Se produce así la infracción directa de la ley sustantiva.” III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: i. Los cargos para que sean una proposición jurídica completa deberán de cumplir todos los requisitos exigidos por el artículo 769 del Código de Trabajo para que puedan prosperar. Se hace el anterior comentario en virtud de que uno de los requisitos más elementales es la cita concreta de la norma sustancial que se considera infringida y la explicación del motivo; ii. El precepto autorizante señala un artículo que no tiene relación con la violación que alega. IV. Que el Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta del articulo 113 párrafo primero interpretado mediante decreto número 89 de fecha 24 de noviembre de 1969 del Código del Trabajo, por ERROR, derivado de una mala apreciación de la prueba por la corte sentenciadora. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo segundo del artículo 765 del Código del Trabajo.” V. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón que el cargo debe ser completo en su formulación, suficiente en su desarrollo y eficaz en lo que pretende, puesto que de no hacerse de esa manera no alcanzan a producir los resultados que persiguen, ni la finalidad del recurso de casación careciendo el mismo de tipo de violación y explicación del motivo. VI. Por lo anteriormente expresado, procede declarar NO HABER LUGAR al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos formalizado por el Abogado MOISÉS JATNIEL NOLASCO ROSA, en su condición de representante procesal de la señora LELIS GERALDINA KNIGHT REYES. VII. La finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código de Trabajo no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el País, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice. VIII. Que el Abogado MANUEL ANTONIO MATUTE REYES, en su condición de representante procesal de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ, en su primer motivo de casación alega: “PRIMER MOTIVO: SER LA SENTENCIA VIOLATORIA DE LA LEY SUSTANTIVA POR APLICACIÓN INDEBIDA. Precepto Legal Sustantivo Infringido: Las disposiciones sustantivas infringidas están contenidas en los artículos: 19, 26, 47, 48, 738, 739 del Código del Trabajo. Haciendo relación con el artículo 15, los artículos 43 y 44, articulo 128 Numeral 5 penúltimo párrafo de la Constitución de la República, en relación con el artículo 208 del Código Procesal Civil; Precepto Legal Adjetivo autorizante: Las normas procesales o normas adjetivas a través de las cuales se infringió en forma indirecta las disposiciones sustantivas las constituyen los artículos 738 y 765 numeral 1 del Código del Trabajo. Pruebas Dejadas de Apreciar: Las pruebas que el Tribunal Ad-quem ha apreciado de manera indebida y errónea en su conjunto al haber incurrido en error de hecho son: Pruebas Propuestas por la Parte Demandada: a) Medio de prueba Documental todos los presentados como ser, 1) Tres contratos individuales de trabajo,; 2) Recibos de los depósitos a la cuenta de ahorro de la demandante como pago de su salario, son 72 comprobantes de pago; documentos adjuntados al expediente, b) Medio de Prueba testifical realizada por el señor Rony Ramos jefe de la Unidad de Recursos Humanos de la Alcaldía de La Esperanza, Intibucá. Explicación a la Violación por Aplicación Indebida: 1. La Corte Judicial sentenciadora, no valora ni aprecia correctamente en su fallo las pruebas propuestas y evacuadas por la parte demandada, en virtud de las siguientes argumentaciones: a) El Tribunal Sentenciador, al realizar el análisis y visto de los antecedentes y las alegaciones de las partes, estima y determina estableciendo en varios considerandos situaciones de hechos y derechos que no son acorde a lo evacuado y sucedido en el proceso, así como, a lo peticionado y probado en el curso de este proceso laboral, situación esta, que se puede apreciar y determinar con la lectura de la argumentación que realiza el sentenciador Ad-quem, y en donde principia a argumentar para resolver y emitir su fallo concerniente a este proceso, es en el considerando número ocho, que es el que le da vida a este primer motivo de casación, que es en el cual, el tribunal de primera instancia así como el tribunal de Apelaciones, manifiestan en sus fallos de que existió un despido injustificado que lo efectúa la Alcaldía de La Esperanza a la empleada demandante, argumento este, que al realizar el análisis de la demanda, análisis de la contestación y de todo lo evacuado y alegado en el proceso, No se discutió como tema central de las partes ni fue la pretensión principal del proceso, ya que la pretensión inicial de la parte actora demandante, es que se le pague una cantidad de dinero determinada como un supuesto reajuste salarial como profesional del derecho, pretensión en la que inicialmente se enmarca la demanda y reclama la parte actora, y que esta parte contesta; de que se firmaron contratos individuales de trabajo con todas las formalidades del código laboral citando textualmente el principio Universal Laboral del Principio de Buena Fe como lo es la PACTA SUNT SERVANDA establecida en el artículo número 26 del Código del Trabajo que dice: El contrato de trabajo obliga a lo expresamente pactado y a las consecuencias que de él se derivan según la ley, la costumbre, el uso o la equidad...", pero en ningún momento de las audiencias de trámite, se modificó la pretensión principal como en derecho corresponde ni tampoco en el momento procesal oportuno la pidió la parte demandante, por ende, los sentenciadores no pueden considerar el simple alegato del supuesto despido, que realiza el demandante, para motivar un fallo de manera errónea, argumentando y aplicando de manera indebida el fundamento legal de un despido injustificado para condenar un pago de derechos laborales que no se deben y que no se sabe porque es esa cantidad la que reclama, si al valorar toda la prueba en su conjunto la demandante cuando finalizo su último contrato de trabajo, no volvió a presentarse a su lugar de trabajo y no quiso realizar la renovación del nuevo contrato para seguir trabajando en la Municipalidad de La Esperanza, Intibucá, como Jefa de justicia Municipal. Y los contratos firmados, establecen claramente las disposiciones contenidas en el artículo 19 del código laboral, cumpliendo con los tres elementos esenciales establecidos en el artículo 20 de la misma norma jurídica, y también estableciendo su terminación, pero con el entendido entre ambas partes, de que podían continuar con su relación jurídica laboral, así como lo declara el señor Rony Ramos en su declaración testifical, y el señor alcalde Municipal señor Miguel Antonio Fajardo Mejía en su declaración de interrogatorio y que constan en la audiencia probatoria de trámite. Por lo que no es coherente la argumentación realizada por el sentenciador, al expresar que se estaba discutiendo el despedido de la demandante señora Lelis Geraldina Knight Reyes y que a la misma se le despidió injustificadamente, aplicando el sentenciador, esa figura legal del código del trabajo que no es acorde a la realidad de este caso en concreto y realizándolo de manera errónea para condenar un pago de cierta cantidad de dinero que no se debe. b) Otro aspecto que menciona el sentenciador en ese considerando, y que también no aprecia de manera correcta la prueba aportado por esta parte, y que la parte demandante no aporto prueba en contrario, es que la señora LELIS GERALDINA KNIGHT REYES, cuando finalizo el último contrato laboral en la fecha pactada, de haber recibido el preaviso de terminación de contrato, y su pago correspondiente, no volvió a presentarse a su lugar de trabajo, y en ningún momento se establece que ella este pidiendo se le reconozca el derecho de reintegro o permanencia en el lugar donde laboraba, así como lo argumenta erróneamente el tribunal sentenciador donde cito textualmente una parte de lo manifestado en el considerando ocho que dice: "...además de la cantidad de contratos firmados y de manera consecutiva, convierten en permanente la relación de trabajo, por ello el derecho a demandar al patrón el reclamo de derechos e indemnizaciones laborales. Entonces lo cuestionable es la permanencia o relación laboral permanente versus la relación contractual por tiempo determinado", argumentación que realiza el juzgador fuera de lugar, y sin darle valor a lo discutido y las pruebas aportadas al proceso, y lo hace de manera totalmente errónea y contraria a la legalidad del derecho laboral, ya que la demandante lo que está pidiendo es el pago de unos derechos No contemplados en la ley Sustantiva Laboral ni en los contratos firmados como ser el reajuste del salario de un profesional del derecho, petición que realiza la parte actora sin importar de que contractualmente ha firmado tres contratos con la demandada de buena fe y sin presión alguna, estableciendo entre otras disposiciones legales, el monto salarial que devengaría, el cual se le pago hasta el último día que llego a trabajar, por lo que, la aplicación que realiza el sentenciador del artículo 47 del código del trabajo que se refiere al principio de continuidad de la relación o presunción de permanencia, no es aplicable a este caso concreto por no ser lo que inicialmente se pretendió, tampoco se pidió y no se discutió en el transcurso del proceso, además no puede el sentenciador agregarle a las pretensiones de la demandante, que tiene el derecho a indemnización laboral cuando se tiene el pleno conocimiento de que existen contratos laborales de trabajo legales suscritos y que conforme a los recibos de pagos, no se le debe nada a la demandante, entonces por disposiciones legales no puede reconocérsele a la parte actora, un derecho que no se debe legalmente y que no tiene la relación legal con el asunto y que tampoco lo pidió, realizando una mala aplicación el sentenciador del artículo 47 del código del trabajo. Por lo que existe, un claro error e interpretación errónea de aplicación indebida de esa norma legal en relación con las pretensiones de las partes y lo suscitado en el proceso. c) También La Corte Sentenciadora Ad-Quem, con su inadecuada opinión legal, sin considerar las pruebas aportadas al proceso, sin considerar las posturas de contradicción de las partes, ha incurrido con su fallo, en la violación de las normas sustantivas contenidas en lo que establece el artículo 738 del código del trabajo que dice: El Juez, al proferir su decisión, analizará todas las pruebas allegadas en tiempo, hecho que no consideró el juzgador en su fallo, por no valorar toda las pruebas aportadas al proceso como se viene mencionando, ya que el sentenciador, no se refiere a las pruebas con el sentido lógico en sus argumentaciones en donde se establece en todas las pruebas la terminación de la relación laboral, así como el pago a las funciones que desempeñaba la demandante, alejándose de la congruencia que deben de tener los fallos, así como los establece el artículo 208 numeral 1, del código Procesal Civil que es el supletorio al código del trabajo, que claramente establece: “1. Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito". Siendo en el mismo considerando ocho (8), redundando y expresando siempre por el sentenciador, de que la demandante Lelis Geraldina Knight Reyes, goza del derecho de permanencia, cuando este derecho no es el peticionado, no es contrariado, ni es discutido oportunamente en el pleito. Entonces, con el análisis verdadero que se debe de realizar de las pruebas que no se apreciaron, al igual que las normas sustantivas y adjetivas relacionas y que son bajo las cuales se debe de concluir, el Tribunal Ad-quem no justifica su criterio en el considerando número ocho (8) de manera adecuada y correcta, aplicando de manera indebida la norma legal del artículo 47 del código del Trabajo, y no analiza el proceso de manera objetiva y veraz para evitar la violación Por aplicación Indebida de las normas sustantivas aplicadas al caso en concreto, por lo que da el derecho y la obligación ineludible de casar esa sentencia que es contraria a derecho y a los intereses de una comunidad, que, con ese tipo de sentencias quedan indefensos ante situaciones mal intencionadas, Para enmendar las infracciones e ilegalidades cometidas por el Tribunal A-quo como la inadecuada aplicación de justicia del Tribunal Ad-Quem, es preciso señalar los errores de hecho y derecho que dan lugar a los motivos de casación, los cuales las realizo de manera breve y sintética.” IX. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: i) Las normas que indica como violadas como ser el articulo no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce y consagra correlativamente derechos y obligaciones o extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; ii) Las normas adjetivas no son procesales, creando confusión en la designación; y, iii) Realiza alegatos propios de instancia, mismos que en este Recurso extraordinario son inapropiados debido que los argumentos del caso ya fueron evacuados en el momento procesal oportuno. X. Que el Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “SER LA SENTENCIA VIOLATORIA DE LA LEY SUSTANTIVA POR INTERPRETACIÓN ERRÓNEA. Precepto Legal Sustantivo Infringido: artículos 18, 360, 363, 387 del Código del Trabajo. Relacionados con el articulo 2 Código Procesal Civil; con relación al artículo 297 de la Constitución de la Republica. Precepto Legal Adjetivo autorizante: Las normas procesales o adjetivas a través de las cuales se infringió en forma directa las disposiciones sustantivas, las constituyen los artículos 738 y 765 numeral 1 del Código del Trabajo. Pruebas Dejadas de Apreciar: Las pruebas que el Tribunal Ad-quem ha apreciado de manera indebida y errónea en su conjunto al haber incurrido en error de derecho son: Pruebas Propuestas por la Parte Demandada: a) Medio de prueba Documental todos los presentados como ser, 1) Tres contratos individuales de trabajo.....; 2) Recibos de los depósitos a la cuenta de ahorro de la demandante como pago de su salario, son 72 comprobantes de pago; documentos adjuntados al expediente, b) Medio de Prueba testifical realizada por el señor Rony Ramos jefe de la Unidad de Recursos Humanos, y del señor Miguel Antonio Fajardo Mejía alcalde Municipal de la Alcaldía de La Esperanza, Intibucá. Explicación por la Violación por Interpretación Errónea: a) El Tribunal Ad-quem en su considerando número nueve (9) sigue haciendo uso de ciertas normas legales para fundamentar su decisión, pero que las mismas las sigue realizando a conveniencia y a favor de la parte demandante sin considerar lo alegado por esta parte como demandado, y en donde menciona el punto principal que rechaza esta parte como demandada, es el reajuste salarial que pide la parte demandante la señora Lelis Geraldina Knight Reyes a la Municipalidad de La Esperanza, Departamento de Intibucá, reajuste que pide la demandante una vez que ha terminado su relación laboral con la Municipalidad de La Esperanza, Intibucá y que no fungía como prestadora de servicios legales específicamente, y el sentenciador para fundamentar su decisión, hace referencia a la norma legal del artículo 389 del código del trabajo. Y luego el sentenciador hace alusión y se refiere a la norma que no es ley de aplicación general como lo es el arancel del profesional del derecho y dice textualmente: "El arancel del profesional del derecho vigente, esta normativa pudiera figurar como parte del fundamento jurídico del fallo del que es libre la interpretación judicial...", entonces, interpretación que considero por el estado de derecho en el que vivimos, que la realiza el sentenciador, erróneamente y muy alejada de principios y de las normas legales en el contexto jurídico de un estado de derecho, ya que la norma legal que regula este tipo de procesos es el Código de Trabajo, y en su artículo 360, que es la norma legal que avala lo del artículo 389, define al salario como: "Salario, jornal o sueldo es la retribución que el patrono debe pagar al trabajador en virtud del contrato de trabajo, o de la relación de trabajo vigente." Por lo que no puede erróneamente interpretar el juzgador que se debe de pagar un reajuste salarial cuando la demandante Lelis Geraldina Knight Reyes ya no labora en la Municipalidad de La Esperanza, así como no ejercía las funciones propias de la abogacía, además en los contratos que firmaron de buena fe la parte actora como la parte demandada, estamparon su firma estableciendo claramente el salario que devengaría la ahora demandante, hechos fundamentados con base al otro principio fundamental y de aplicación general como lo es el artículo 363 del Código de Trabajo que dice: "El salario se estipulará libremente, pero no podrá ser inferior al que se fije como mínimo de acuerdo con las prescripciones de este Código."(refiriéndose al salario mínimo general) Salario que se le pagaba a la demandante de manera puntual cada quince días hasta el último día que laboro en la alcaldía, y durante los tres años que laboró en la institución, cuando al año que renovaba el contrato, se le aumentaba el pago como salario estableciéndolo en el nuevo contrato, acción que se realizó de mutuo acuerdo entre los contratantes para el aumento al salario como pago, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria de la Municipalidad, siendo un salario mucho mayor al fijado como salario mínimo reconocido legalmente y de aplicación general en nuestro país, lo cual se pueden apreciar en los contratos y recibos de pago que se presentaron como medios de prueba y que el sentenciador no los estima como en derecho corresponde, violentando esas normas legales por la interpretación errónea en derecho. b) Aclarando también, por la errónea interpretación que realiza el Tribunal Sentenciador, que el artículo 18 del Código del trabajo vigente, establece la Jerarquía normativa en materia laboral, y no, como equivocadamente lo está realizando e interpretando el tribunal Ad-quem, interpretando esa norma del artículo 389 de manera libre, ya que, está violentando las demás disposiciones legales enunciadas en el Código del Trabajo, como las disposiciones Constitucionales en donde somos un Estado de Derecho con leyes ya definidas, además, la disposición del artículo 387 del código del trabajo literalmente expresa que: "La Secretaría de Trabajo y Previsión Social, con vista de los mencionados informes y dictamen, fijará por Decreto Ejecutivo los salarios mínimos que regirán durante un (1) año para cada actividad intelectual, industrial, comercial, ganadera o agrícola, y en cada circunscripción económica o territorial, a partir del primero de julio siguiente a su promulgación.” Por lo que el salario mínimo del profesional del derecho no es de aplicación obligatoria, para que el juzgador le esté dando ese carácter sobre la ley sustantiva laboral y sobre los principios generales del derecho laboral con su mala y errónea interpretación argumentativa. Entendido por todos los letrados de las ciencias jurídicas, que las disposiciones del código del trabajo son claras cuando se refiere al pago de salario mínimo y cuál es el salario mínimo, y que como profesionales del derecho, el arancel del profesional del derecho no es ley de aplicación general como para que un Tribunal le de ese carácter encima de las disposiciones de una ley de aplicación general y constitucional como lo es el código del trabajo y la Constitución de la República, aun existiendo un contrato laboral de trabajo que reúne los requisitos esenciales según el artículo 37 del código del trabajo, y además cuando la demandante ya no labora en la institución Municipal. Tampoco debe el sentenciador expresar, que, con la ley de Policía y convivencia social es razón sobrada para ser apreciable el monto que por salario a demandado la actora para obviar contratos laborales legalmente suscritos y obligar a un patrono a pagar lo no debido legalmente y que no está reconocido por ninguna ley Hondureña, así como erróneamente lo plantea el A-quem ocasionando un ERROR DE DERECHO al no apreciar toda la prueba documental aportada por esta parte de manera debida y no interpretar la norma legal como en derecho corresponde. Por lo que no puede existir, una libre interpretación de las normas laborales como lo menciona el sentenciador, si la norma laboral es precisa al definir y expresar con claridad esas disposiciones legales y que son de aplicación general y que hay que someterse a las misma siempre y cuando no violenten los derechos laborales de las partes, y agregando a todo lo antes mencionado también que el artículo 297 de la Constitución de la Republica le da la libertad a las Municipalidades de nombrar a su personal de acuerdo a sus capacidades y condiciones presupuestarias.” XI. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: i) Las normas que indica como violadas como ser el articulo no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce y consagra correlativamente derechos y obligaciones o extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; ii) Las normas adjetivas no son procesales, creando confusión en la designación; y, iii) Realiza alegatos propios de instancia, mismos que en este Recurso extraordinario son inapropiados debido que los argumentos del caso ya fueron evacuados en el momento procesal oportuno. XII. Que el Impetrante formula un tercer motivo de casación en el que alega: “SER LA SENTENCIA VIOLATORIA DE LA LEY SUSTANTIVA POR APLICACIÓN INDEBIDA. Precepto Legal Sustantivo Infringido: artículos 17, 717, del Código del Trabajo. Relacionando el articulo 219 Código Procesal Civil, Decreto Legislativo No. 266-2013 en su artículo número 8, Jurisprudencia en materia laboral; expedientes números 526-2016, 85-2017, 541-2017, por Aplicación Indebida. Precepto Legal autorizante; artículo 765 numeral 1 del Código de Trabajo: Aplicación Indebida de una norma sustantiva. Explicación del Concepto por Aplicación Indebida: El Tribunal Ad-quem fundamenta su sentencia y emite decisiones con la que expresa que una de las finalidades de la demanda es que se condene a la parte demandada al pago de las COSTAS. a) De acuerdo a lo expresado por el sentenciador Ad-quem en los considerandos número diez y once de su sentencia, hace referencia al pago de las costas así como se establecen en el artículo 218 y 219 del Código Procesal Civil, y con fundamento en esos artículos el sentenciador condena a la Municipalidad de La Esperanza, Intibucá como demandada y parte vencida, al pago de las costas del presente proceso laboral, explicando y aplicando de manera muy equivocada el sentenciador A-Quem, lo establecido en el artículo 17 y 117 del Código del Trabajo, definición que realiza el juzgador aplicando esas normas legales indebidamente, ya que, en materia laboral conforme a Jurisprudencia laboral y a los mismos reglamentos emitidos por la Honorable Corte Suprema de Justicia en sala Laboral, no aplica la condena en costas en materia laboral a la parte vencida en juicio a menos de que sea debidamente justificable su aplicación considerada por el juzgador, como ser, en los casos de litigar con notoria falta de derecho, con temeridad o abuso procesal, deslealtad, malicia, etc..... condiciones estas, que no se dieron, ni las ha expresado el sentenciador para que este condenando a costas a la parte demandada, realizando una indebida aplicación de esas normas legales y sustituyendo la norma principal del código del trabajo con la norma adjetiva del Código Procesal Civil, si la norma sustantiva laboral es clara cuando se refiere al principio de Gratuidad de manera puntual y que es jurisprudencia de aplicación general la no condena en costas en materia laboral a las partes. Y más cuando la Municipalidad de la Esperanza, Intibucá, ha sido demandada de manera injusta e ilegal. b) También el sentenciador hace referencia al pago de las costas, por supuesta falta de disposiciones legales en su considerando número once, argumento que realiza el sentenciador, ignorando lo prescrito en el artículo 8 del Decreto Legislativo 266-2013 publicado en el diario La Gaceta en fecha 23 de enero del 2014 en donde se expresa “que el Estado de Honduras o sus entidades públicas, en juicio de cualquier naturaleza, estará exento del pago de costas...", así mismo, ignorando de que existen múltiples sentencias emitidas por la Honorable Corte Suprema de Justicia en materia Laboral por Amparos presentados (No. 526-2016 de fecha 31 de octubre del 2018, No. 85-2017 de fecha 7 de septiembre del 2017, No. 541-2017 de fecha 12 de diciembre del 2017), que establecen conforme al derecho del debido proceso, que las costas contra el Estado de Honduras o entidades Públicas son totalmente improcedentes. Por lo que el sentenciador con la condena en costas que le impone a la Municipalidad de La Esperanza, Intibucá, la realiza con una clara Violación de derecho de fondo por aplicación indebida, por el hecho de que las normas enunciadas y aplicadas por el sentenciador, no son las aplicables a este caso laboral en concreto, por existir normativa legal que regula la no aplicabilidad de la condena en costas al Estado de Honduras.” XIII. Que el Censor formula un cuarto motivo de casación invocando lo siguiente: “POR CONTENER LA SENTENCIA SITUACIONES MAS GRAVOSA A ESTA PARTE. Precepto Legal Sustantivo Infringido: artículo 2 numeral B, 728 del Código del Trabajo. Relacionando el artículo 129, 258 de la Constitución de la República, y artículo 203 del Código Procesal Civil. Precepto Legal autorizante: artículo 765 numeral 2 del Código de Trabajo; Aplicación Simultanea del Código Procesal Civil. Explicación de la Decisión que hace más gravosa la situación de esta parte que apeló en primera instancia: El Tribunal Ad-quem en fecha 02 de junio del 2022, corrige de oficio su sentencia emitida en fecha 31 de mayo del 2022, declarando el sentenciador de segunda instancia, Corregir de Oficio el Error Material Manifiesto de la Sentencia en donde se condena a la Demandada Municipalidad de La Esperanza, Intibucá, al pago de los salarios dejados de percibir, y así mismo reconoce que según constancia emitida por el Sub Gerente de SEDECOAS/PRONADERS, la demandante señora Lelis Geraldina Knigth Reyes desde el 25 de febrero del 2021, labora para esa institución que también es una entidad del Estado de Honduras. a) El Sentenciador A-quem, al realizar la corrección de Oficio de un error material de la sentencia como lo ha denomina ese tribunal Sentenciador de apelaciones, y que lo realiza con base a las disposiciones establecidas en el artículo 203 y 204 del Código Procesal civil, dando la explicación que realiza esa corrección de oficio para supuestamente corregir su sentencia emitida en fecha 31 de mayo del 2022, esta parte afectada considerada también, que lo expresado por el sentenciador A-quem en ese sentido, tampoco se encuentra ajustada a los parámetros legales establecidos por las normas del derecho positivo Hondureño y esa corrección de oficio es violatoria a esa norma a la que hace referencia para fundamentarse, así como violatoria al principio del Debido Proceso, porque deja en un estado de indefensión a mi representada, ya que el artículo 203 del código procesal civil establece la "INVARIABILIDAD DE LAS RESOLUCIONES." Y lo que realiza ese tribunal sentenciador con esa ilegal corrección de oficio, es agregar más derechos y pretensiones de fondo como ser los salarios dejados de percibir por la demandante, derechos que no fueron pretendidos como pretensión inicial de la demanda ni en ningún momento procesal del juicio por parte del demandante, tampoco el Juzgado de primera instancia se refirió a esa pretensión de los salarios dejados de percibir, ya que, como se viene mencionando, la demanda que presenta la parte actora fue encaminada a que se le pagara una cantidad determinada de dinero como reajuste salarial, por lo que la corrección de oficio que realiza el A-quem no es acorde al contexto jurídico que enmarca esa norma procesal de corrección de oficio, por no ser pretensión específicamente solicitada con base a derecho, y con esa corrección infundada de oficio que realiza el sentenciador, está agravando la sentencia que ratificó ese mismo tribunal A-quem y que se impugno la de primera instancia, como ahora se rechaza la de segunda instancia, por ser sentencias contrarias y violatorias a derecho y al principio de legalidad, y además considerando lo que establece la constitución de la Republica en su "Artículo 258, entonces, será ilegal que se le reconozcan salarios dejados de percibirá a la parte actora, porque a los dos meses de haber cesado su relación laboral con la Municipalidad de La Esperanza, Intibucá, conforme a lo expresado por el Ad-quem, ella ya está trabajando para otra Institución Gubernamental del Estado de Honduras como ser SEDECOAS/PRONADERS, lo que ocasiona y genera más perjuicios a la Institucionalidad del Estado y denota aún más, la carencia de justicia por parte de los encargados de impartirla. b) También es importante señalar con base a nuestra legislación vigente, específicamente lo que expresa el artículo 728 del Código del trabajo que dice; “El Juez de primera instancia podrá ordenar el pago de salarios, prestaciones o indemnizaciones distintos de los pedidos, cuando los hechos que los originen hayan sido discutidos en el juicio y estén debidamente probados, o condenar al pago de sumas mayores que las demandadas por el mismo concepto, cuando aparezca que éstas son inferiores a las que corresponden al trabajador, de conformidad con la ley, y siempre que no hayan sido pagadas." Y NO, como lo realiza el sentenciador de segunda instancia, pronunciándose sobre situaciones de hecho y derecho no acordes a lo desarrollado en el proceso y no acorde a la ley laboral, siendo esa norma del artículo 728 del código del trabajo de Disposiciones legales, pero que no aplican a este caso en concreto y que la misma sea aplicada por el Tribunal de Segunda instancia, entendiéndose por esa disposición legal del artículo 728 que es sobre la Ultra y Extra Petita, que es la excepción al principio de congruencia en materia laboral, pero que, de acuerdo a lo evacuado y desarrollado en este proceso laboral, los sentenciadores no hicieron uso del mismo como en derecho corresponde porque legalmente no es aplicable al caso concreto, y de esa manera realizando los sentenciadores con sus argumentos ilegales e irracionales, el uso de esta norma legal pero de manera ambigua sin justificar legalmente en base a la norma y a derecho del por qué condenan a la Municipalidad de La Esperanza, Intibucá a pagos de derechos laborales que no están dentro de la ley laboral, sin ninguna fundamentación real y concreta que sea basada en normas del derecho Hondureño, y lo que están realizando los juzgadores es reconociendo derechos de situaciones de hecho a derecho que no han sido evacuadas y desarrolladas en juicio (salarios dejados de percibir), y el A-quem de esa manera está agravando la sentencia dictada por la sentenciadora de primera instancia, sin tener argumentos lógicos, congruentes y apegados a derecho del porque agrega a la injusta condena más derechos laborales para que se los paguen a la demandante, por lo que de esa manera, violenta esa norma legal, así mismo, violenta lo que establece el artículo 2 inciso b del código del trabajo, que es sobre las disposiciones del orden público en materia laboral, subrayando por esta parte, que el sentenciador Ad-quem está utilizando en su corrección de oficio una fundamentación de otra materia legal como ser la materia penal que no tiene nada que ver con este proceso laboral. Por ende, el sentenciador Ad-quem, con una excesiva Atribución del Principio de Libre Convencimiento de la apreciación de las pruebas observadas por ellos, y omitiendo las observaciones de estas allegadas al proceso por la parte demandada, considero que las consideraciones realizadas por los sentenciadores son violatoria de normas sustantivas y también de normas Adjetivas, así como violatorias a las disposiciones constitucionales, creando de esa manera una total inseguridad jurídica laboral, tanto para el patrono como para el trabajador.” XIV. Que los cargos que anteceden siendo el tercer y cuarto motivo reúnen los requisitos necesarios para su admisión, por lo que habiéndose establecido con precisión y claridad el mismo, es procedente declarar ha lugar el recurso de mérito, casar la sentencia impugnada y a continuación, en sede de instancia, decidir lo que proceda conforme a la ley. XV. El impetrante alega nulidad subsidiaria la cual al casar la sentencia queda sin valor y efecto por dictarse una nueva sentencia. XVI. En el presente caso, el objeto del proceso, versa sobre los pagos de los derechos laborales que solicita la demandante LELIS GERALDINA KNIGTH REYES, ya que la demandada expreso que rechaza lo expuesto sobre la relación de trabajo alegada. XVII. Por lo que la contienda se centra en establecer: Si la parte demandada le corresponde hacer el pago de los derechos laborales a favor de la señora LELIS GERALDINA KNIGTH REYES, por relación de trabajo permanente. XVIII. Durante la sustanciación del proceso de primera instancia se admitieron como medios probatorios los siguientes: Parte Demandante: DOCUMENTAL PUBLICO: 1) Calculo de Prestaciones emitido por la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social; 2) citación de fecha 21 de enero del 2021 emitida por la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social; 3) Acta de cierre de las diligencias administrativas por la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social; 4) PRIVADO: 1) Constancia emitido por por la Comisión del arancel del Colegio de Abogados de Honduras; 2) Oficio RRHH 038/10-2020 emitido por la Municipalidad de la Esperanza; 3) planillas de pago; Parte Demandada: DOCUMENTAL PRIVADO 1) Contratos de trabajo de los años 2018 al 2020; 2) Recibos de depósitos recibidos por la demandante; TESTIFICAL declaración del señor RONY RAMOS quien se desempeña como Jefe de personal de la Municipalidad de la Esperanza. XIX. Derivado del estudio de los medios de prueba aportados al proceso junto a las argumentaciones legales vertidas por las partes, resultan como Hechos Probados los siguientes: 1) Que la Demandada ofreció el pago de L90,000 para llegar a una conciliación, aceptando la relación laboral; 2) La demandante mantuvo una relación de trabajo desde el 2018 al 2020; 3) Se dio el despido directo de manera escrita por medio de un oficio RRHH 038/10-2020 emitido por la Municipalidad de la Esperanza. XX. El ámbito laboral existe limitación de la autonomía de la voluntad, ya que las normas de trabajo y seguridad social son de orden público y, por ello, aunque en la práctica las partes pueden pactar lo quieran, lo cierto es que dicho pacto será válido solamente si es respetuoso de la normativa laboral, esto en consonancia con los artículos 128 de la Constitución de la República (preámbulo) y 3 del Código del Trabajo, preceptos que le niegan eficacia a los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos laborales que tiene el trabajador; y que, en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que efectivamente sucede en el terreno de los hechos, ya que dicha divergencia así como puede proceder de un simple error involuntario, puede también estar inspirada intencionalmente para simular o esconder la verdad y eludir el cumplimiento de obligaciones legales u obtener un provecho ilícito. Debe, entonces, quedar claro que la existencia o no de una relación o un contrato de trabajo, su permanencia o temporalidad y demás cualidades dependen, no de lo que las partes previamente hubieren pactado por escrito o en forma verbal, o de si se esté o no en determinada partida presupuestaria, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre prestando sus servicios, pues siempre deben prevalecer los aspectos fáctico-sustanciales por sobre los jurídico-formales. XXI. Este Tribunal ha venido manteniendo el criterio que la condena en costas no procede por el principio del vencimiento, sino que cabe en forma muy excepcional en aquellos casos, en que se puede advertir del estudio de los mismos, notoria falta de razones para litigar, abuso de derecho, falta de lealtad. XXII. Que el único facultado para poder emitir leyes y decretos es el Congreso Nacional tal como lo expresa el artículo 205 de la Carta Magna, enuncia en el numeral 1 del artículo 205: “Crear, decretar, interpretar, reformar y derogar leyes.” Y el arancel del profesional del derecho no pasó por el proceso de formación, sanción y promulgación de leyes que indica nuestra Constitución de la Republica por lo que no procede el caso de mérito su aplicación. XXIII. Esta Sala estima que el Arancel del Profesional del Derecho no tiene rango de ley como bien se ha establecido en los casos ya nos hemos pronunciado entre los que encontramos el CA 207-2011, CL 387-08, CL 191-09, CL 625-10, CL 158-12 y CL 630-13; no como lo reconocen los fallos de primera y segunda instancia, es solamente un acto de carácter general, como bien lo indica la inconstitucionalidad n°57-05. XXIV. Que asimismo esta Sala Laboral Contencioso Administrativo quiere dejar claramente establecido que ampliamente esta Sala ha dejado plasmado el criterio que la condena en costas en materia laboral no se considera porque la legislación es clara y los principios universales del Derecho Laboral son generosos en considerar esta materia de gratuita por su naturaleza social. Por lo que la condena en costas a menos que exista abuso, temeridad, deslealtad procesal, falta de razones suficientes para litigar, entre otras y en este caso evidentemente lo menos que existen son estos calificativos ya que la parte demandada demostró buena fe al allanarse a la pretensión principal de la demanda. XXV.- El Estado o sus entidades, en juicio de cualquier naturaleza, estará exento del pago de costas, salvo que se haya actuado con dolo; en cuyo caso el funcionario es responsable administrativa, civil y penalmente. ARTICULO 8 de la Ley para Optimizar la Administración Pública, mejorar los servicios a la ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala de lo Laboral Contencioso-Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 127, 128, 129, 134, 135, 303, 304, 313 atribución 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 53, 60, 111 numeral 2), 120 reformado, 20, 47, 52, 664, 665, 666 letra c), 738, 739, 778, 858, 868 literal b) y 871 del Código de Trabajo; 43 de la Ley del Salario Mínimo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 8 de la Ley para Optimizar la Administración Pública, mejorar los servicios a la ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno;16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia; FALLA: 1) CASAR PARCIALMENTE la sentencia definitiva recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la sección judicial de Comayagua, Comayagua, en fecha 31 de mayo del 2022. 2) DECLARAR CON LUGAR PARCIALMENTE la demanda ordinaria laboral para el pago de derechos laborales, interpuesta por la señora LELIS GERALDINA KNIGHT REYES, contra la ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ, por medio de su Representante Legal, señor MIGUEL ANTONIO FAJARDO MEJIA. 3) Consecuentemente, CONDENAR a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ, por medio de su Representante Legal, señor MIGUEL ANTONIO FAJARDO MEJIA al pago a favor de la señora LELIS GERALDINA KNIGHT REYES, la cantidad de NOVENTA Y UN MIL DIECIOCHO LEMPIRAS CON VEINTIOCHO CENTAVOS (L 91,018.28) en concepto de cesantía, décimo cuarto mes proporcional, vacaciones pendientes, más los salarios dejados de percibir hasta que se dé la ejecución de la presente sentencia. 4) Se DECLARA SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral para el pago del reajuste salarial en base al arancel del profesional del derecho, interpuesta por la señora LELIS GERALDINA KNIGHT REYES, contra la ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA ESPERANZA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ, por medio de su Representante Legal, señor MIGUEL ANTONIO FAJARDO MEJIA; 5) SE ABSUELVE al pago del reajuste salarial en base al arancel del profesional del derecho; 6) SIN COSTAS, dado que en materia laboral impera el principio de gratuidad, constituyéndose en una rama del Derecho de orden social. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada Odalis Aleyda Nájera Medina. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, COORDINADORA. ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO quien firma por el Magistrado ROY PINEDA CASTRO, conforme al artículo 8 del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de noviembre del dos mil veinticuatro; certificación de la sentencia de fecha diecisiete de abril del dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL418-2022. FIRMA Y SELLO.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ.
SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.