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Sentencia CL-412-22 — Registro 18147

Resumen

Demanda Ordinaria Laboral de emplazamiento para que el patrono justifique la causa de un despido escrito y directo, caso contrario sea declarado un despido ilegal e injustificado y se proceda al reintegro a su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones y en concepto de indemnización por daños y perjuicios los salarios, bonificaciones y demás conquistas laborales que hubiere percibido, pago de salarios dejados de percibir

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."El motivo de casación que antecede no es admisible pues la normativa sustantiva que indica como vulnerada no tiene este carácter, siendo más bien una norma de carácter enunciativo o conceptual. Asimismo, tras el estudio y análisis del fallo emitido por el Ad-quem se concluye que la sentencia ha seguido el debido proceso, estableciendo y valorando cada uno de los elementos de prueba que formaron parte del juicio, no pudiéndose evidenciar el error de hecho que alude el Censor en su motivo de casación. V. Por lo anteriormente expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los catorce (14) días del mes de marzo del año dos mil veinticuatro (2024). VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 20 de abril del 2023, por la Abogada MARTHA ELENA BARAHONA MONTOYA, en su condición de representante procesal de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), como recurrente; además, es parte recurrida, el señor DAMIAN ROBERTO VÀSQUEZ ORTEGA, representado en juicio por la Abogada MARIA LUISA RIVAS MURILLO. OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria Laboral de emplazamiento para que el patrono justifique la causa de un despido escrito y directo, caso contrario sea declarado un despido ilegal e injustificado y se proceda al reintegro a su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones y en concepto de indemnización por daños y perjuicios los salarios, bonificaciones y demás conquistas laborales que hubiere percibido, pago de salarios dejados de percibir, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 8 de febrero del 2016, por el señor DAMIAN ROBERTO VASQUEZ ORTEGA, mayor de edad, casado, Perito Mercantil, hondureño, de este domicilio, contra la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), por medio de su representante legal en ese momento señora JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ, por actuaciones del HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, y de manera solidaria contra EL ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Procuraduría General de la Republica. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 28 de febrero del 2022, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 30 de noviembre del 2020, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando PARCIALMENTE CON LUGAR demanda ordinaria laboral promovida por el señor DAMIAN ROBERTO VASQUEZ ORTEGA, contra la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH) a través de su representante legal señora JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ, y de manera solidaria al ESTADO DE HONDURAS por intermedio de su representante legal señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA.- SEGUNDO: CONDENA a la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH) por medio de su Rectora y Representante Legal Licenciada JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ al REINTEGRO del señor DAMIAN ROBERTO VASQUEZ ORTEGA a su puesto de trabajo en el cargo de Oficinista en el Departamento de Archivo Clínico del Hospital Escuela Universitario, en mejores o iguales condiciones, y a los salarios dejados de percibir y demás derechos que se reconozcan en condición de empleado permanente, desde la fecha de la finalización de la relación laboral hasta que sea debidamente reinstalado.- TERCERO: SE ABSUELVE a la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH) por medio de su Rectora y Representante Legal Licenciada JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ, al pago a favor del señor DAMIAN ROBERTO VASQUEZ ORTEGA, de 16 días de salarios adeudados por laborar en días feriados.- CUARTO: SE ABSUELVE a la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH) por medio de su Rectora y Representante Legal Licenciada JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ, al pago a favor del señor DAMIAN ROBERTO VASQUEZ ORTEGA de pago bonificaciones y demás conquistas laborales.- QUINTO: SE DECLARA SIN LUGAR la notificación al Ministerio Público.- SEXTO: SE ABSUELVE al ESTADO DE HONDURAS por intermedio de su representante legal señor Procurador General de la República ABRAHAM ALVARENGA URBINA, de toda responsabilidad en la presente demanda ordinaria laboral.- SEPTIMO: SIN COSTAS”. ANTECEDENTES DE HECHO. 1. La parte demandante expresó que inició a laborar para el Hospital Escuela Universitario en fecha 2 de octubre de 2013, bajo el número de empleado 3233, desempeñándose en el cargo de Oficinista en el Departamento de Enfermería con un salario ordinario mensual de L. 8,200.00 y un salario promedio mensual de L. 9,566.66; durante se desarrolló la relación laboral se suscribieron diversos contratos que eran firmados por tiempo determinado bajo la denominación de Contrato de Servicios Profesionales y Técnicos, sin embargo la vinculación que tenía con su patrono era por medio de un Contrato de Trabajo al tenor de lo establecido en el Código de Trabajo en su artículo 20, ya que se daban todos los elementos para que existiera una relación laboral; según lo establece el Código de Trabajo en su artículo 47 que los contratos laborales por tiempo determinado serán la excepción y solo pueden celebrarse cuando la naturaleza de las labores sean accidentales o temporales, elemento este que no se da en su caso y por imposición legal era por tiempo indefinido e improcedente el argumento del patrono y violenta el derecho a la estabilidad laboral; laboro en desde el año 2013 y no puede alegar que su relación era por tiempo definido después de haber trascurrido más de 1 año, que es el tiempo que pueden durar los Contratos por Tiempo Determinado al tenor de la normativa laboral señalada, por este motivo cualquier causa que establezca condiciones que desmejoren las condiciones que se encuentran dentro del marco legal como nula; todo esto en aplicación del Principio de la Protectorio y el Principio de la Primacía de la Realidad sobre lo Formal del Derecho del Trabajo, que establece que siempre primará la verdad sobre los hechos que los acuerdos formales que las partes suscriban; limitando de esta manera la autonomía de la voluntad de las partes, anulando y dejando sin valor y efecto todos esos acuerdos que desmejoren las condiciones mínimas establecidas en la ley, siendo en este caso concreto las condiciones de artículo 47 del Código de Trabajo que desarrolla la estabilidad laboral y que los Contratos de Trabajo son por regla general por tiempo indefinido; de la misma manera durante se desarrolló la relación laboral, trabajó 16 días feriados sin que se le fueran pagados y por tal razón se le adeudan; resulta que en fecha 31 de diciembre del 2015 se le hizo entrega de una nota por parte del Gerente de Talento Humano por Ley del Hospital Escuela-Universitario, en donde se le notifica que la relación laboral que le unía con ellos se da por finalizada de manera unilateral en fecha 1 de enero de 2016, en aplicación de la cláusula tercera del contrato firmado; sin embargo considera que dicha terminación es ilegal e injustificada, ya que en dicha nota no se le establece de manera clara y precisa por qué razón se da por terminada su relación laboral violentando así lo establecido en el artículo 117 del Código del Trabajo, ya que no se establece la causa o motivo de manera precisa y únicamente se le menciona que es en aplicación de dicha casual; debido a tal situación, acudió ante la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social el 8 de enero del 2016, dando por agotada dicha vía el 14 de enero del 2016, sin que el patrono se personara para ofrecer algún arreglo conciliatorio. 2. La parte demandada, la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), y EL ESTADO DE HONDURAS, contestaron dicha demanda aceptando que se sostuvo una relación contractual con el demandante a través del Hospital Escuela Universitario, desempeñándose en el puesto de Oficinista I, en el Departamento de Enfermería, mediante la modalidad de Contrato de Prestación de Servicios Profesionales, con fecha de inicio y terminación con el consentimiento y aceptación sin objeción alguna por parte del demandante; rechaza lo manifestado por el reclamante respecto a la fecha que inició a laborar y el salario devengado, será la parte actora quien deberá probarlo en el momento procesal oportuno; en virtud que el demandante no era empleado permanente de la Institución ya que se le contrato mediante Contratos de Servicios Profesionales; por lo cual se rechaza la utilización del texto legal del artículo 20 del Código de Trabajo, si bien es cierto señala los elementos esenciales para considerar la existencia de una relación de trabajo, no es menos cierto que todo Contrato de Trabajo bajo las distintas modalidades que establecen una prestación de servicios conlleva esos mismos elementos para ejercer la actividad de trabajo para lo cual fue contratado; no obstante las circunstancias antes mencionadas no son determinativas para acomodar sus pretensiones puesto que la parte actora suscribió Contrato de Servicios Profesionales, regidos por las cláusulas establecidas en el mismo con derechos y obligaciones recíprocas y sujetas para ambas partes; en consecuencia se deduce que el reclamante solo pretende aplicar una norma jurídica laboral con el único objeto de utilizarlo para el reconocimiento de un derecho inexistente y sin ningún sustento jurídico, por ser este meramente ilusorio e imaginario y sostener un supuesto Contrato de Trabajo por tiempo indeterminado; asimismo se rechaza la normativa del artículo 47 del Código de Trabajo, en el cual el reclamante procura sustentar su pretensión el cual establece “los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se consideran como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese término de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que le dio origen a la materia del trabajo para la prestación de servicios iguales o análogas”, siendo aventurado afirmar que esta prestación de servicios por la suscripción de varios contratos es continua e ininterrumpida, pues estos contratos son transitorios y temporales no se puede aplicar irresponsablemente la normativa laboral de este artículo ni considerarse por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese término de duración, pues la figura del Contrato involucra dos partes que se someten a las obligaciones y derechos plasmados en el mismo, no pueden prevalecer derechos subjetivos por conveniente que sean a una parte, ni tampoco cambiarse los términos del contrato, argumentando esta normativa del artículo 47 del citado Código de Trabajo, pues desnaturalizaría el objeto del contrato; en relación a que se le adeudan 16 días feriados trabajados será el demandante quien deberá probarlo en el momento procesal oportuno, ya que no existe constancia alguna que laboró esos días; en virtud que en fecha 31de diciembre del año 2015 se le notificó al demandante que su relación laboral culminaría el 31 de diciembre del 2015 siendo del conocimiento del reclamante desde el momento en que suscribió el Contrato de Servicios Profesionales en los que en sus cláusulas estipulaba la fecha de inicio y terminación de cada uno de los contratos, específicamente en la Cláusula Tercera del contrato “validez y vigencia del Contrato, este contrato tendrá validez por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre del año 2015”, siendo del conocimiento de la parte actora y sin objeción alguna de su parte, aceptando todo lo acordado en los mismos, en consecuencia resulta improcedente la aplicación del artículo 117 del Código de Trabajo, ya que no se terminó unilateralmente la relación laboral por ser Contratos de Servicios Profesionales los cuales constan con fecha de inicio y terminación de lo cual la parte demandante no presentó oposición alguna, aceptando las cláusulas del mismo contrato por lo que no puede alegar desconocer que dicho contrato era por tiempo determinado y llegaría a su finalización eventualmente y será en el momento procesal oportuno que se probará; en relación de haber presentado reclamo administrativo ante las Oficinas Gubernativas de la Secretaría de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social, por no ostentar facultades para comparecer a ningún tipo de conciliación, así como por la naturaleza de Contrato a Termino, referente al caso por lo que no es competente la Secretaría de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social para conocer dicha materia, en consecuencia la pretensión exigida debe ser declarada sin lugar por no asistirle el derecho subjetivo e ilusorio que pretende, será en el proceso del debate que se acreditará que el reclamante no tuvo sustentación jurídica para poder litigar en la presente causa, en consecuencia se le conde especialmente en costas. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 30 de noviembre del 2020, dictó sentencia declarando: “FALLA: PRIMERO: Declarando PARCIALMENTE CON LUGAR demanda ordinaria laboral promovida por el señor DAMIAN ROBERTO VASQUEZ ORTEGA, contra la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH) a través de su representante legal señora JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ, y de manera solidaria al ESTADO DE HONDURAS por intermedio de su representante legal señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA.- SEGUNDO: CONDENA a la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH) por medio de su Rectora y Representante Legal Licenciada JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ al REINTEGRO del señor DAMIAN ROBERTO VASQUEZ ORTEGA a su puesto de trabajo en el cargo de Oficinista en el Departamento de Archivo Clínico del Hospital Escuela Universitario, en mejores o iguales condiciones, y a los salarios dejados de percibir y demás derechos que se reconozcan en condición de empleado permanente, desde la fecha de la finalización de la relación laboral hasta que sea debidamente reinstalado.- TERCERO: SE ABSUELVE a la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH) por medio de su Rectora y Representante Legal Licenciada JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ, al pago a favor del señor DAMIAN ROBERTO VASQUEZ ORTEGA, de 16 días de salarios adeudados por laborar en días feriados.- CUARTO: SE ABSUELVE a la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH) por medio de su Rectora y Representante Legal Licenciada JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ, al pago a favor del señor DAMIAN ROBERTO VASQUEZ ORTEGA de pago bonificaciones y demás conquistas laborales.- QUINTO: SE DECLARA SIN LUGAR la notificación al Ministerio Público.- SEXTO: SE ABSUELVE al ESTADO DE HONDURAS por intermedio de su representante legal señor Procurador General de la República ABRAHAM ALVARENGA URBINA, de toda responsabilidad en la presente demanda ordinaria laboral.- SEPTIMO: SIN COSTAS”. Bajo el criterio que el demandante ha sido contratado como temporal, en un puesto que por su continuidad tanto en el tiempo, como en el mismo puesto de trabajo y para el mismo empleador, son de naturaleza indefinida dentro del Hospital Escuela Universitario, por la misma naturaleza de la labor que se desempeña en esta, es decir siempre se necesitara de un Oficinista a efecto que realice el registro y archivo de documentación propias de la institución, así como otras labores encomendadas al trabajador demandante, deduciéndose que el Contrato de Trabajo que nació como temporal se ha desnaturalizado pues su permanencia en el tiempo y la naturaleza de la labor desempeñada ha provocado la exigencia y necesidad de la institución en cuanto al puesto de trabajo; también agrega que el puesto de trabajo que desempeñaba el demandante en la institución no puede ni debe considerarse de carácter temporal, pues los servicios que proporciona son necesarios para la plena operatividad de la institución, tomando en cuenta la función y el objeto de creación de la misma, por lo que no pueden ser accidentales; concluyendo que dicha forma de contratación no tiene la mínima intención de poner fin a la relación laboral suscrita originalmente como temporal. El Código del Trabajo y sus principios resuelven éste tipo de abusos y violaciones contra los trabajadores, con lo establecido en el artículo 3 del Código del Trabajo “son nulos ipso jure todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la constitución, el presente código, sus reglamentos o las demás leyes de trabajo o previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato de trabajo u otro pacto cualquiera”; por lo que si el empleador, utilizando el Contrato de Trabajo por tiempo determinado pretendía rehuir a sus obligaciones patronales, considerando la que juzga ser este el motivo del accionar del patrono, son nulos ipso jure dichos Contratos de Servicios Profesionales y sus fechas de finalización, ya que los mismos eliminan y disminuyen derechos laborales y constitucionales, ya adquiridos por los trabajadores derivados de una relación típica de trabajo; haciendo la aclaración que lo que se invalida es la declaración fraudulenta o simulada de la voluntad de las partes o la de una de ellas en realidad, no respecto de la decisión de relacionarse o de vincularse jurídicamente, en consecuencia se extingue con la sanción de nulidad a cualquiera y a toda modalidad fraudulenta o de simulación, donde se pretenda la violación de derechos laborales, pero subsiste y debe aplicarse al Contrato de Trabajo y las normas laborales por encima de la voluntad de las partes, por ser las normas de Derecho del Trabajo de orden público y de cumplimiento obligatorio; por consiguiente es nulo de pleno derecho, al tenor de lo establecido en el artículo 3 del Código del Trabajo, la fecha de finalización de los Contratos de Trabajo por tiempo determinado que en su momento suscribió el demandante, debiendo el empleador someterse a las disposiciones legales para despedir a un trabajador permanente con o sin causa justificada, y al analizar el Oficio No. 4094-GTH-HEU-2015 de fecha 30 de diciembre del 2015 es evidente que no es justificable lo indicado en la misma para dar por terminada la relación laboral suscrita sin responsabilidad para el patrono, plasmada en el ordenamiento jurídico específicamente en el artículo 112 del Código del Trabajo, por lo que al no existir una causa legal de justificación de despido del demandante, ha operado el despido directo, ilegal e injusto, siendo procedente lo solicitado en cuanto al reintegro a sus labores en iguales o mejores condiciones y salarios dejados de percibir; la parte actora exige el pago de 16 días de salarios adeudados por laborar en días feriados, sin detallar en el escrito de demanda que días laboró el demandante ni en la secuela del proceso, a efecto de acreditar dicho extremo el representante procesal de la parte demandante, propuso el medio de prueba exhibición de documentos, admitiéndole el órgano jurisdiccional dicho medio de prueba al evacuarse el mismo se constató que los días feriados no eran pagados por empleador, únicamente se compensaba el día al trabajador, a pesar de estas disposiciones con el medio de prueba descrito no se acreditaron los días feriados laborados por el demandante, ya que no existe registro de los mismos, es por ello que es del criterio de la que juzga que no procede el pago de 16 días de salarios adeudados por laborar en días feriados, por no haberse comprobado que trabajo en días feriados; la parte demandante específicamente en la suma de la demanda que pretende el pago de bonificaciones y demás conquistas laborales, sin detallar de manera concreta y con claridad estas pretensiones, asimismo en el momento procesal oportuno, es decir la audiencia primera de tramite no aporto ni siquiera la prueba a efecto de sustentar dichas pretensiones, y tomando en consideración que las decisiones judiciales no pueden descansar nunca sobre los hechos alegados, sino que deben fundamentarse sobre su demostración por alguno o algunos de los medios de prueba reconocidos por la ley, siendo estos medios de prueba los instrumentos legales necesarios de que se valen las partes para demostrar al juez la verdad o existencia real de los hechos generadores del derecho, es preciso que la prueba se produzca para que la autoridad pueda calificarla, es por ello que no procede el pago de bonificaciones y demás conquistas laborales; la parte actora en el escrito de demanda específicamente en la suma de la demanda menciona una notificación al Ministerio Público, sin embargo no relaciona en todo el texto de la demanda que se refiere dicha pretensión, de igual forma no generó prueba en relación a la exigencia, se encuentra imposibilitada a pronunciarse en cuanto a la notificación pretendida; la parte demandante en el escrito de demanda ha dirigido su acción de manera solidaria contra El Estado de Honduras, es de hacer ver que la relación triangular laboral, surge del hecho que los trabajadores de una persona natural o jurídica trabajan realmente para una tercera persona, el usuario o beneficiario del trabajo, dicha forma de contratar tan frecuente en esta época, puede crear una dificultad de orden técnico dado que los trabajadores interesados podrían hallarse ante dos o más interlocutores, cada uno de los cuales asumiría ciertas funciones que tradicionalmente competen a un solo empleador; también en los casos de relación triangular pueden comprender situaciones de encubrimiento o de ambigüedad objetiva, ya que presupone la existencia de un contrato civil o comercial entre el proveedor o suministrador contratista, y el usuario beneficiario del trabajo, sin embargo, es posible que no haya tal contrato, que no tenga conocimiento de la contratación y que el suministrador no sea una empresa propiamente dicha, sino un intermediario del usuario que está encubriendo la identidad del verdadero empleador. Las relaciones de trabajo triangulares se originan de diversas maneras, las más conocidas y usuales acontecen a raíz del recurso a contratistas y agencias de empleo; en el caso bajo análisis a través de la inmediación de los medios de prueba antes relacionados documental, documental por oficio y exhibición de documentos, y en su conjunto, aprecia que no existe una relación triangular, ya que el Decreto Ejecutivo número PCM-024-2012 publicado en el número de La Gaceta 32,871 de fecha 13 de julio del año 2012, contentivo en el convenio interinstitucional entre órganos de la administración pública para la asignación, dirección, administración y funcionamiento del Hospital Escuela a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), estipula en su cláusula y estipulación, de forma concreta lo siguiente “Primero: La Secretaria efectúa mediante este convenio la asignación de la dirección, administración y funcionamiento del Hospital-Escuela a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), lo que implica en adelante el manejo, la conducción, dirección, gerencia y las decisiones académicas, administrativas y financieras; la administración de los bienes muebles e inmuebles, la administración del personal y la administración del presupuesto íntegro del Hospital Escuela que sea aprobado anualmente mediante el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República. Es entendido para todos los efectos del presente convenio que el Hospital Escuela lo integran el Bloque Materno Infantil y el Bloque Médico Quirúrgico y, todas las Unidades Prestadoras de Servicio adscritas administrativa y financieramente al mismo”; ante lo expuesto en relación al convenio, el cual ha dejado claro que El Estado de Honduras no tiene injerencia alguna con la contratación de los empleados del Hospital Escuela Universitario, así como de la administración que los mismos acarrean, dejando recaer la responsabilidad de estas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y al analizar los Contratos de Trabajo, notas y oficios acompañados como medios de prueba documental y exhibición de documentos, que ya han sido objeto de valoración, es evidente que no existe ningún tipo de intervención ni directa ni indirecta del Estado de Honduras en la contratación celebrada entre el trabajador la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), por lo que no es procedente la solidaridad argumentada por la parte demandante en la presente demanda ordinaria laboral, lo que conlleva a eximir de todo tipo de responsabilidad al Estado de Honduras; se ha comprobado que el trabajador percibió su último salario mensual por la cantidad de L. 7,620.45, constatado lo anterior con el contrato que se acompaña como medio de prueba documental; para los efectos legales pertinentes constituyen hechos probados que el demandante inició la relación laboral el 2 de octubre del 2013, la finalización de la relación laboral fue el 1 de enero del 2016, cargo desempeñado Oficinista en el Departamento de Archivo Clínico del Hospital Escuela Universitario, y último salario mensual devengado L. 7,620.45. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 28 de febrero del 2022, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas. Bajo el criterio que el demandante fue cancelado según nota de fecha 31 de diciembre del 2015, donde se le informa que en aplicación de la cláusula tercera sobre la validez y vigencia del contrato, la no renovación del Contrato de Servicios Profesionales y Técnicos, se le notificó que su relación laboral con la institución Hospitalaria, finaliza el 1 de enero del 2016, y al no existir méritos suficientes para aplicar dicha cancelación sin expresar la causa o motivo, lo cual se comprueba con la nota dirigida por el Gerente de Talento Humano por Ley del Hospital Escuela Universitario y de conformidad con el artículo 117 del Código del Trabajo establece con precisión tal condición de validez, caso contrario la cancelación es injusta, advirtiendo además que el patrono después no podrá alegar motivos distintos al no establecer la causa o motivo de la terminación unilateral de la relación impide establecer con precisión el objeto del debate laboral, por lo que es evidente que la cancelación del Contrato de Trabajo no se ajusta a la Ley ni a los Principios Doctrinarios, por lo que considera que la apelación planteada debe de ser declarada Sin Lugar; siendo opuestos a estos los Contratos de Servicios Profesionales y Técnicos en los que no existe subordinación entre la partes contratantes, en ese sentido, el fallo dictado por el Juzgado de Primera Instancia, es congruente con lo establecido por el Principio de Primacía de la Realidad que rige a la materia laboral, ya que se justifica en la forma en que se le denomine a un Contrato si en ellos se encuentran los elementos para considerarlo como Contrato de Trabajo se tendrá como tal, en virtud de la forma en que se desarrolle el trabajo y del estudio del expediente se desprende que el demandante fue contratado como Oficinista en el Departamento de Archivo Clínico del Hospital Escuela Universitario, que es un cargo permanente dentro de la institución demandada, habiéndosele otorgado prorrogas del contrato, lo que indica que la labor es continua dentro de la institución, es decir que siempre necesitaran un Oficinista en el Archivo Clínico, es por ello existe fraude de Ley, porque se establece una forma de contratación, en este caso de servicios profesionales y técnicos, pero en realidad se está configurando un verdadero Contrato de Trabajo, para los efectos de protección de los derechos laborales que tutela el derecho del trabajo, la doctrina establece que este tipo de contrataciones constituyen un fraude legal, son para no cumplir con las obligaciones que se originan de los Contratos de Trabajo, por lo que están ante un Contrato de Trabajo, que al prorrogarse en el tiempo se volvió de manera indefinida, lo que trae como consecuencia que todos aquellos derechos que no se le han venido otorgando como trabajador permanente le hayan sido concedidos por el Juez de primera instancia, lo cual no puede negarle los derechos que durante todo este tiempo ya adquirió, puesto que los derechos laborales son irrenunciables y el mismo patrono debió reconocerle su permanencia en el puesto de trabajo, de lo cual ya se encuentra basta y reiterada Jurisprudencia, la cual ya es considerada Doctrina Legal por la cantidad de fallos sobre el mismo tema dictados por la Honorable Corte Suprema de Justicia; el derecho del trabajo se nutre y rige por sus Principios, los cuales deben ser aplicados a los casos sometidos a la Jurisdicción del Trabajo, en este caso el Principio de Primacía de la Realidad, el de Progresividad e Irrenunciabilidad de Derechos, lo que permite al juzgador por el carácter tuitivo de esta materia tutelar los derechos que se originen de una relación laboral, que conste o no en un documento, en este último si aparecen los elementos del Contrato de Trabajo, se le tendrá como tal con todos los derechos que de él se originen y sino constare por escrito una vez probada la relación de trabajo por cualquiera de los medios probatorios de la materia, se reconocerán de igual manera todos los derechos que nacen de esa relación, ya que la falta de contrato es imputable al patrono; al no haberse acreditado que los Contratos eran de servicios profesionales, todo lo contrario se determinó que eran contratos de trabajo por tiempo indefinido, el juzgador en tutela de los derechos laborales ha declarado Con Lugar la acción de reintegro por estar acreditada la relación laboral en forma permanente, por lo que es procedente su confirmatoria. 5. Mediante auto de fecha 1 de agosto del 2022, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada MARTHA ELENA BARAHONA MONTOYA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha 20 de abril del 2023, compareció ante éste Tribunal la Abogada MARTHA ELENA BARAHONA MONTOYA, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 8 de junio del 2023, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 30 de agosto del 2023, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por la Abogada MARIA LUISA RIVAS MURILLO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado Roy Pineda Castro, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I. La finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código de Trabajo no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el País, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice. II. La demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. III. La Abogada Martha Elena Barahona Montoya, en su condición de representante procesal del Estado de Honduras, por actuaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en su único motivo de casación alega: “EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION UNICO MOTIVO DE CASACION. Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley sustantiva de orden nacional y de índole laboral por error de hecho por apreciación errónea del medio de prueba denominado documental consistente en los Contratos individuales de Trabajo por tiempo determinado que hizo incurrir en la violación que aparece manifiesto en los autos y que llevó de forma indirecta a la Corte Sentenciadora a la violación del artículo 46 inciso b) del Código de Trabajo REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las Normas Procesales que sirvieron de medio para la violación de las Normas Sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo PRUEBA APRECIADA ERRÓNEAMENTE: El medio de prueba que fue apreciado erróneamente es siguiente: a) Contratos Individuales de Trabajo por tiempo determinado suscritos entre el demandante y el Estado de Honduras a través de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras medio de prueba que corre bajo los folios 138 al 139 de la primera pieza de autos. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo EXPLICACION DE ESTE MOTIVO: La Corte sentenciadora manifiestamente incurrió en error de hecho, al apreciar erróneamente los medios de prueba señalados anteriormente los cuales fueron admitidos y evacuados en su oportunidad, en relación a los demás medios de prueba en su conjunto ya que si bien es cierto, el Juzgador no está sujeto a la tarifa legal de las pruebas, sino que forma libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que forman la sana crítica de la prueba, tal y como está consagrado en el artículo 739 del Código de Trabajo, ésta disposición no impide de manera alguna que el Tribunal se coloque en una posición de profundo análisis para poder llegar a la verdad de los hechos e impartir justicia aplicando la Ley, por lo que deviene obligado a efectuar la apreciación de las pruebas en su conjunto. Si no se hubiesen apreciado erróneamente por parte del Tribunal recurrido los medios de prueba señalados, se hubiera dado por establecido en forma indubitable que al demandante no le asiste el derecho para obtener el reintegro, permanencia y demás derechos subjetivos que de manera infundada solicita en su improcedente demanda, ya que al suscribir Contratos de Trabajo por tiempo determinado, evidentemente se trató de una relación de temporal, la cual no conlleva una continuidad en los servicios prestados por el demandante; en consecuencia, si la Corte Sentenciadora hubiese apreciado debidamente las pruebas señaladas y no como la apreciación errónea que efectuó, hubiese fallado declarando no ha lugar la "demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa de despido reintegro al puesto de trabajo de iguales o mejores condiciones y pago de salarios dejados de percibir" (entre otros derechos subjetivos), pues como se ha indicado, se trata de una relación contractual exclusivamente temporal y no de una relación de trabajo permanente tal como lo permite la normativa laboral en su artículo 46 inciso b) en el cual establece: "El Contrato de Individual de trabajo puede ser: a)....b) Por tiempo limitado cuando se especifica fecha para su terminación o cuando se ha previsto su acaecimiento...; razón por la cual el demandante no puede augurar que la relación contractual por tiempo determinado que sostuvo con mi representado fue una relación de trabajo de carácter permanente, pues la precitada normativa lo regula y permite las contrataciones por tiempo definido por ende mi representado está facultado para ejercer legalmente este tipo de contratación en consecuencia es improcedente la pretensión del señor DAMIAN ROBERTO VASQUEZ ORTEGA en virtud de encontrarnos concretamente ante una relación contractual por tiempo determinado, razón por la que la demanda interpuesta por la parte actora debió ser declarada SIN LUGAR. Por todo lo anteriormente expuesto, solicito, CASAR la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de este Departamento de fecha 28 de febrero de 2022, sentencia que Confirma la sentencia definitiva de fecha treinta (30) de Noviembre del dos mil veinte (2020) dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán de la Demanda Ordinaria Laboral interpuesta por el Señor DAMIAN ROBERTO VAQUEZ ORTEGA, antes relacionada por no estar ajustada a derecho”. IV. El motivo de casación que antecede no es admisible pues la normativa sustantiva que indica como vulnerada no tiene este carácter, siendo más bien una norma de carácter enunciativo o conceptual. Asimismo, tras el estudio y análisis del fallo emitido por el Ad-quem se concluye que la sentencia ha seguido el debido proceso, estableciendo y valorando cada uno de los elementos de prueba que formaron parte del juicio, no pudiéndose evidenciar el error de hecho que alude el Censor en su motivo de casación. V. Por lo anteriormente expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. literal h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código de Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación formalizado por la Abogada Martha Elena Barahona Montoya, en su condición de representante procesal del Estado de Honduras, por actuaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado Roy Pineda Castro. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, COORDINADORA. ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO quien firma por el Magistrado ROY PINEDA CASTRO, conforme al artículo 8 del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de agosto del dos mil veinticuatro; certificación de la sentencia de fecha catorce de marzo del dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL412-2022. FIRMA Y SELLO.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ

SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.