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Sentencia CL-365-22 — Registro 18141

Resumen

Demanda Laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe en juicio la justa causa del despido en caso contrario sea condenado al reintegro al trabajo en igualdad de condiciones que las que tenía al momento del despido directo e injusto, pago de ajuste y nivelación de salarios por incrementos salariales acordados en Contrato Colectivo y no pagados por el patrono, pago de salarios dejados de percibir, extra y ultra petita,

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."El motivo de casación que antecede no es admisible debido a que el Censor fundamenta su alegato en una infracción directa, no obstante, al momento de desarrollar la explicación de su cargo, se concluye que la Recurrente está basándose en hechos que resultaron ser controvertidos en el juicio, circunstancia que no es permitida para alegar una infracción directa, ya que ésta versa únicamente sobre hechos aceptados. Asimismo, la Censor incluye dentro de su explicación normativa que no fue expresada en la formulación de su cargo como violentada. Finalmente, el cargo se encuentra provisto de alegatos que son propios de las instancias ordinarias y no de un recurso extraordinario de casación cuyo objeto primordial es la tutela de la Ley y no el examen de hechos estudiados previamente por las instancias legalmente competentes para ello. "...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."En efecto, la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso. Sin embargo, para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías que conlleven a un perjuicio procesal que resulte imperativa su enmienda por parte de este Tribunal. En el presente caso, donde la situación planteada ya ha sido resuelta en el momento procesal oportuno por el Tribunal de primera instancia y confirmado por el de apelación, lo constituye en un objeto de litigio ya dirimido y agotadas sus instancias. Empero, estudiado el caso en examen, este Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Jerarquía: Reiterativa

..."En efecto, la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso. Sin embargo, para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías que conlleven a un perjuicio procesal que resulte imperativa su enmienda por parte de este Tribunal. En el presente caso, donde la situación planteada ya ha sido resuelta en el momento procesal oportuno por el Tribunal de primera instancia y confirmado por el de apelación, lo constituye en un objeto de litigio ya dirimido y agotadas sus instancias. Empero, estudiado el caso en examen, este Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los trece (13) días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro (2024). VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 29 de mayo del 2023, por la Abogada ODELY MACHADO HERNANDEZ, en su condición de representante procesal de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, como recurrente; además, es parte recurrida, el señor ERNELIO RIVERA WITCHO, representado en juicio por el Abogado GUSTAVO ADOLFO CUBERO GUITERREZ. OBJETO DEL PROCESO: Demanda Laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe en juicio la justa causa del despido en caso contrario sea condenado al reintegro al trabajo en igualdad de condiciones que las que tenía al momento del despido directo e injusto, pago de ajuste y nivelación de salarios por incrementos salariales acordados en Contrato Colectivo y no pagados por el patrono, pago de salarios dejados de percibir, extra y ultra petita, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha 29 de octubre del 2020, por el Abogado JOSÉ ERNESTO CUBERO GUITÉRREZ, como representante procesal del señor ERNELIO RIVERA WITCHO, mayor de edad, soltero, Motorista, hondureño, con domicilio en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, contra LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, representada legalmente por el señor ARMANDO CALIDONIO ALVARADO, en condición de Alcalde Municipal. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 18 de mayo del 2022, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 29 de marzo del 2022, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR la demanda laboral para pedir reintegro al trabajo en el puesto que desempeñaba al momento del despido, pago de ajuste y nivelación de salarios por incremento salarial acordados en el contrato colectivo y no pagado, pago de salarios dejados de percibir promovida por el abogado JOSÉ ERNESTO CUBERO GUTIÉRREZ, actuando en mi condición de apoderado judicial del señor ERNELIO RIVERA WITCHO, ambos de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia; contra MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, representada legalmente por el señor ARMANDO CALIDONIO ALVARADO, también generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; en consecuencia: 2) CONDENA: A la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, representada legalmente por el señor ARMANDO CALIDONIO ALVARADO, a reintegrar al señor ERNELIO RIVERA WITCHO, a su trabajo en el puesto que venía desempeñando en igualdad de condiciones que momento del despido.- Mas a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir por la demandante desde que se produjo la terminación hasta que se cumpla con la reinstalación.- SIN COSTAS”. ANTECEDENTES DE HECHO. 1. La parte demandante expresó que fue contratado por la Alcaldía Municipal de San Pedro Sula, mediante Contrato Escrito y por tiempo indefinido, celebrado en fecha 1 de noviembre del 2016, a efecto de desempeñar el cargo de Policía Municipal, devengando un salario mensual de L. 11,816.00, habiendo desempeñado en forma satisfactoria las funciones encomendadas en la Policía Municipal por el patrono, con total entrega y profesionalismo, habiendo mantenido hasta la fecha una hoja de servicios limpia para la institución durante la vigencia de la relación laboral; en el cumplimiento de las funciones establecidas en el Contrato de Trabajo estaba asignado a las instalaciones de la Policía Municipal ubicadas en la 20 calle 13 y 14 avenidas, Barrio Las Palmas, siendo asignado a ejecutar funciones de Motorista de Patrulla teniendo un horario de entrada a las 6:00 a.m. y de salida a las 8:00 p.m. teniendo como Jefe inmediato al Sub Comisionado; durante la vigencia de la relación laboral el patrono no le canceló pago alguno en concepto de horas extras ni tampoco se hizo efectivo el pago de incrementos salariales anuales por un monto del 17%, pagos que están tipificados en el Contrato Colectivo de Condiciones de trabajo vigente en sus cláusulas 28 y 31 respectivamente; el 28 de marzo del 2020, mientras se encontraba realizando sus funciones como Motorista de Patrulla en la unidad vehicular número 169 asignada por la Jefatura de la Policía Municipal, recibió órdenes de su superior jerárquico el Sub Inspector, quien estaba asignado esa semana como encargado del pelotón según rol hecho público en la institución, para proceder a trasladar en la patrulla a una hermana de él a la comunidad de Trinidad Departamento de Santa Bárbara, hecho que fue admitido sin ambages por parte del Sub Inspector en la audiencia de descargos celebrada al efecto por el Departamento de Recursos Humanos, reconociendo incluso haber impartido órdenes para que realizara el traslado, quien no tuvo más opción que obedecer todo ello debido al respeto del principio de obediencia debida que todo subordinado debe a su superior jerárquico procediendo a obedecer la orden por temor además de sufrir cualquier tipo de represalia laboral, pues sabía que en caso de desobedecer una orden directa de su superior pudo haber sido acusado de desobediencia y sometido a procedimiento disciplinario; la Gerencia de Recursos Humanos de la Municipalidad de San Pedro Sula al tener conocimiento del desplazamiento de una patrulla fuera del municipio, con fecha 1 de abril del 2020, sometió a audiencia de descargos al demandante, en la cual declaró que efectivamente recibió órdenes de su superior el Sub Comisario para trasladar a una hermana del Sub Inspector fuera del Municipio, al ser interrogado mantuvo su posición que si actuó lo hizo en cumplimiento de una orden directa impartida por un superior jerárquico, sin embargo y pese a no haber comprobado que hubiera incurrido en falta en forma deliberada y consciente el patrono tomó la decisión de notificarle su despido mediante carta notificada el mismo día de la audiencia de descargos o sea el mismo 1 de abril del 2020, por considerarlo responsable de haber movilizado una patrulla fuera del municipio, sin tomar en consideración que actuó, como se apuntó anteriormente en cumplimiento de órdenes de un superior jerárquico, por lo cual no puede ser responsabilizado ya que se encontraba bajo el respeto a la obediencia debida que un policía municipal debe a su superior jerárquico; al ser injustamente despedido por el patrono acudió a la Secretaría del Trabajo en reclamo de sus derechos, hasta esa fecha en virtud del estado de sitio y cuarentena decretado por el Gobierno de la República las oficinas del Ministerio del Trabajo se mantuvieron cerradas, entidad que en fecha 9 de octubre del 2020, dio por agotada la vía gubernativa tal y como lo establece el artículo 691 del Código del Trabajo, dicha comparecencia se celebró con la única comparecencia del trabajador por cuanto el patrono, pese haber sido citado con antelación suficiente no hizo acto de presencia ni envió representante alguno el patrono la Municipalidad Sampedrana, razón por la cual se decretó el cierre de las diligencias administrativas, gubernativas conciliatorias, dándose por agotado el procedimiento gubernativo y dejando expedita la vía judicial ordinaria para el reclamo del reintegro y demás indemnizaciones legales que procedan, por lo cual el despido del cual fue objeto es injusto e ilegal, por lo cual comparece la reivindicación de sus derechos. 2. La parte demandada, la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, contestó dicha demanda arguyendo que requirió de los servicios del demandante quien al momento de cometer la falta que como consecuencia ocasionó un despido justificado, funcionó desempeñando el cargo de Policía Municipal en el Departamento de Seguridad, Policía Municipal, Vialidad y Señalización, en la Municipalidad de San Pedro Sula. En los medios televisivos se reportó que una patrulla municipal de San Pedro Sula se encontraba en el Municipio de Trinidad, Santa Barbara, por ser esta actuación contraria a Ley, establecida como una prohibición en el Reglamento de Vehículos, que literalmente reza: “son prohibiciones aplicables al uso de vehículos de la municipalidad, utilizar los vehículos oficiales de la Municipalidad para visitar lugares no autorizados. Utilizar el vehículo de la municipalidad para realizar asuntos personales, (no atender esta medida será causal de despido)”; en ese sentido, dando cumplimiento al derecho de defensa, que tiene todo trabajador, consignado como el Derecho de Defensa en el artículo 82 de la Constitución de la República, se le citó en legal y debida forma, el día 30 de marzo del 2020 para una audiencia de descargo, la cual se llevó a cabo el 1 de abril del 2020, mediando entre ambas actuaciones más de las 24 horas reglamentarias, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 116 del Reglamento Interno de Trabajo; en ese mismo acto, se le comunicó que sus cargos eran por haber dado instrucciones al Policía Municipal demandante de trasladar a su hermana y su sobrino, como un favor personal, en el vehículo municipal con Registro Municipal 169, quien en cumplimiento de las órdenes llegó hasta el Municipio de Trinidad Departamento de Santa Bárbara, sin autorización alguna de salir de los límites de jurisdicción del Municipio de San Pedro Sula, actuaciones que son contrarios a las obligaciones y prohibiciones establecidas en el Reglamento de Vehículos, en el artículo 101 inciso 65), 66), 68), artículo 102 inciso 6), 19), 20), 21), artículo 103, 105, 109, artículo 113 inciso f), artículo 114 inciso e), h), i) del Reglamento Interno de Trabajo en relación al artículo 98 inciso g) del Código del Trabajo y artículo 112 inciso i) del Código del Trabajo; en fecha 1 de abril del 2020, se llevó a cabo la audiencia de descargos, en legal y debida forma, dándole al actor la oportunidad de establecer los motivos y fundamentos para realizar tales faltas, quien al no poder desvirtuar las mismas, sin más, aceptó los hechos, confesando que la persona trasladada era su hermana y su sobrino menor de edad, y que solicitó al motorista ese favor personal, asumiendo el toda responsabilidad, revelando la siguiente información “ya que el día para el toque de queda, el lunes, al no tener dinero yo tome la decisión, hable con el conductor para que me la fuera dejar a naco al puente que divide Santa Bárbara, yo cometí el error de haber hecho eso y no haber consultado eso...y el por ayudarme siguió adelanta hasta llegar al desvió de trinidad donde estaba parqueado el carro de mi hermana porque no la dejaba pasar, a mi hermana se la llevaron las autoridades al centro de salud a hacerle las pruebas correspondientes”, con lo cual se confirma que se encontraba un toque de queda decretado por el Gobierno de la República, y que se trataba de un favor personal, valiéndose de los medios municipales para violar dicha medida de seguridad, poniendo en riesgo a sus familiares, y a su compañero de trabajo, en medio de una crisis de salud COVID-19. Finalmente, no pudiendo dejar este hecho pasar por alto el Señor Alcalde del Municipio de San Pedro Sula, en uso de las facultades de que está investido y en aplicación de los artículos 262 y 265 de la Constitución de la República, articulo 103 de la Ley General de la Administración Pública, artículos 43 y 100, de la Ley de Municipalidades, artículos 97 numeral 9) y 98 numeral 7) y 112 literal l) del Código de Trabajo, articulo 114 literal i) del Reglamento Interno de Trabajo, prohibiciones a los Motoristas del Reglamento de Vehículos notificó la terminación de la relación laboral, en virtud de despido justificado, por dos faltas graves violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador, de acuerdo con los artículos 97 numeral 9) y 98 numeral 7) y 112 del Código de Trabajo, así como cualquier falta grave calificada como tal establecida en el reglamento de vehículos, por haber utilizado un vehículo de la Municipalidad para visitar lugares no autorizados y además para realizar asuntos personales, mal manejo o incumplimiento de los procedimientos y políticas de La Alcaldía, por lo cual existe la causal suficiente para dar por terminada la relación de trabajo, sin ninguna responsabilidad patronal. Concluyendo que debe declararse no ha lugar, absolviéndole de responsabilidad, ya que el actor lo único que pretende es sorprender al juzgador con hechos contrarios a la verdad, extremos que serán probados en el momento procesal oportuno. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha 29 de marzo del 2022, dictó sentencia que en su parte resolutiva dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR la demanda laboral para pedir reintegro al trabajo en el puesto que desempeñaba al momento del despido, pago de ajuste y nivelación de salarios por incremento salarial acordados en el contrato colectivo y no pagado, pago de salarios dejados de percibir promovida por el abogado JOSÉ ERNESTO CUBERO GUTIÉRREZ, actuando en mi condición de apoderado judicial del señor ERNELIO RIVERA WITCHO, ambos de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia; contra MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, representada legalmente por el señor ARMANDO CALIDONIO ALVARADO, también generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; En consecuencia: 2) CONDENA: A la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, representada legalmente por el señor ARMANDO CALIDONIO ALVARADO, a reintegrar al señor ERNELIO RIVERA WITCHO, a su trabajo en el puesto que venía desempeñando en igualdad de condiciones que momento del despido.- Mas a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir por la demandante desde que se produjo la terminación hasta que se cumpla con la reinstalación.- SIN COSTAS”. Bajo el criterio que del estudio y análisis a las pruebas practicadas considera procedente declarar Con lugar la demanda por las circunstancias siguientes, si bien es cierto se encuentra plenamente probado en autos que el trabajador demandante en fecha 28 de marzo del 2020, a las 22:00 horas condujo el vehículo con registro Municipal 169, hasta el Municipio de Trinidad Departamento de Santa Bárbara en el cual traslado a una fémina contrariando los procedimientos del Reglamento de Uso de vehículo y violentando las medidas decretadas por el Estado de Emergencia por la pandemia del CIVID-19; como lo alega la demandada también lo es que el demandante actuó en cumplimiento de una orden que le dio su superior jerárquico en ese momento señor Wilmer Alexander Ruiz, como Sub Inspector, quien según el acta descargo que le fue levantada acepto haber dado esa orden; según el reglamento de uso de vehículo a los motorista y/o conductores que existe en la demandada establece que es una prohibición, utilizar el vehículo de la Municipalidad para realizar asuntos personales, no atender esta medida será del despido; el demandante no utilizo el vehículo para uso propio sino para cumplir una orden que le había dado su superior y en el momento que la recibió no tenía facultad para decidir si la acataba o no como lo alega de la parte demandada, simplemente cumplió con la orden dada entendiendo que el jefe tenía la facultad de autorizar la salida del vehículo asignado a su persona fuera de la ciudad, y bajo esa presunción actuó, distinto hubiera sido si el demandante hubiera actuado a iniciativa propia; prueba de ello es que el Sub Inspector asumió su responsabilidad, y aceptó haberle dado la orden porque necesitaba trasladar su hermana con su sobrinito; sumado a eso no se acreditó en autos que el Sub Inspector, estuviera en la misma categoría del demandante y que no tenía la obligación cumplir con ese tipo de órdenes. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha 18 de mayo del 2022, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el A quo, sin costas. Bajo el criterio que si bien el demandado acusa que la sentencia no está apegada al principio de legalidad y que se basa en suposiciones, dicho cuestionamiento es insuficiente para sustentar el recurso, pues no establece los motivos de la apelación, limitándose a exponer las mismas alegaciones que efectuó en primera instancia, pues no cita norma material o procesal que considere infringida ni denuncia error en la apreciación y valoración de la prueba de la sentencia recurrida; bajo esas circunstancias se le impide al Tribunal conocer cuales pudieron ser las equivocaciones en que a juicio del apelante se incurre en la resolución impugnada, agregando el Ad quem que en similares términos se ha pronunciado en los expedientes 123-18, 150-2018 entre otros. Por las razones antes expuestas y en atención a la personalidad del recurso, estima procedente confirmar la sentencia impugnada al no existir expresión de agravios que analizar. 5. Mediante auto de fecha 25 de julio del 2022, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado HENRY YASIR PALMA EUCEDA, en su condición de representante procesal de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha 29 de mayo del 2023, compareció ante éste Tribunal la Abogada ODELY MACHADO HERNANDEZ, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de fecha 10 de agosto del 2023, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 30 de octubre del 2023, se declaró precluido de derecho y perdido irrevocablemente el termino dejado de utilizar por el Abogado GUSTAVO ADOLFO CUBERO GUITERREZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó seguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado Roy Pineda Castro, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I. La finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código de Trabajo, no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el País, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son Supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice. II. La demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. III. La Abogada Odely Machado Hernández, en su condición de representante procesal de la Municipalidad de San Pedro Sula, en su primer y único motivo de casación alega: “EXPRESIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN Infracción directa de la ley sustantiva contenida en el artículo 111 reformado numeral 1) del Código de Trabajo por falta de aplicación.- PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo de casación está comprendido en el numeral primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo.- DOCTRINA Reiteradamente ha mantenido esta corte el sólido criterio de que la infracción directa de la Ley, parte de la base que la sentencia le otorgue a una norma sustantiva un sentido y un alcance que no tiene, cuando el texto de la norma es absolutamente claro y la sentencia contiene disposiciones en abierta pugna con la ley.- CONCEPTO DE LA INFRACCION El artículo 111 reformado numeral 1) del Código de Trabajo establece: "Son causas de terminación de los contratos de trabajo: 1)..........2) Cualesquiera de las estipuladas en ellos si no fueren contrarias a la ley .............). ...4). ..5)........6)...; 97 numeral 9) y 98 numeral 7) del Código del Trabajo.- En el caso de autos el actor ERNELIO RIVERA WITCHO, laboraba para la Municipalidad de San Pedro Sula, para desempeñar labor de motorista y desde el principio del proceso ha quedado claro que la falta fue cometida y que la misma es grave de acuerdo a los estamentos legales correspondientes como está establecido en la normativa legal vigente en sus artículos 112 literal L del Código de Trabajo, 114 literal i) del reglamento interno de trabajo y las prohibiciones a los motoristas del Reglamento de Vehículos de la MSPS, se ha demostrado en juicio, que el actor cometió la falta y con ello generó consecuencias graves generando que la persona que trasladó fuera del municipio a Trinidad Santa Bárbara, fue aprendida por las autoridades y la misma era acompañada de un menor de edad, si esos no son perjuicios causados, no sé cómo puede llamarse y aceptados por el demandante, cuya falta de valorización es un franco quebrantamiento a las normas legales por la iudex A-quo, como por la Ad-quen, que evita pronunciarse alejada de la realidad ya que el apelante claramente expone los motivos de Recurso por no estar apegado al principio de legalidad, tal como puede apreciarse a I folio 9 vuelto de la segunda pieza en Apelación en la línea 12, y por considerar que la misma está basada en suposiciones, por tanto, la relación laboral finalizó por causas o motivos justos imputables al demandante, por lo que debe casarse totalmente el presente juicio.- De tal suerte que el Ad quem al CONFIRMAR el fallo proferido por el iudex A-quo, deja de aplicar la norma sustantiva contenida en el artículo 111 numeral 1º) del código de trabajo, articulo 97 numeral 9) y 98 numeral 7) del código de trabajo aun y cuando el texto de la norma es completamente claro y aplicable al caso de autos, razón por la cual y estando demostrada la infracción directa de la ley sustantiva contenida en la norma citada, es procedente la prosperidad del cargo y debe casarse la sentencia que se impugna.- IV. El motivo de casación que antecede no es admisible debido a que el Censor fundamenta su alegato en una infracción directa, no obstante, al momento de desarrollar la explicación de su cargo, se concluye que la Recurrente está basándose en hechos que resultaron ser controvertidos en el juicio, circunstancia que no es permitida para alegar una infracción directa, ya que ésta versa únicamente sobre hechos aceptados. Asimismo, la Censor incluye dentro de su explicación normativa que no fue expresada en la formulación de su cargo como violentada. Finalmente, el cargo se encuentra provisto de alegatos que son propios de las instancias ordinarias y no de un recurso extraordinario de casación cuyo objeto primordial es la tutela de la Ley y no el examen de hechos estudiados previamente por las instancias legalmente competentes para ello. V. En forma subsidiaria, la Recurrente establece la siguiente solicitud de nulidad: NULIDAD SUBSIDIARIA Con fundamento en la facultad que tienen los Tribunales al conocer por vía de Apelación o de Casación para invalidar de oficio las sentencias que se impugnan cuando aparezcan de manifiesto en ellas algunas de las causas que dan origen a la casación en la forma, y que en materia laboral es admisible como casual EL ERROR IMPROCEDENDO, cuando por quebrantamiento de normas de procedimiento se llegue a infringir normas sustanciales de índole laboral, se alega en forma subsidiaría LA NULIDAD DE LA SENTENCIA RECURRIDA por los motivos siguientes: De conformidad con lo establecido en el artículo 206 del Código de Procesal Civil, supletorio en materia laboral conforme a lo dispuesto en el artículo 858 del Código de Trabajo: 1) "Las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas. 2) El tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes. 3) Cuando los puntos objeto del litigio hayan sido varios el tribunal hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos.- La sentencia recurrida violenta no solo violenta las normas procedimentales citadas, sino además el principio de la autonomía de la voluntad de las partes pues el actor ERNELIO RIVERA WITCHO, y la municipalidad de San pedro Sula, pactaron su relación laboral bajo la modalidad del contrato por indefinido obligándose a cumplir con los Reglamentos internos de trabajo, sin embargo, el Ad quem de manera antijurídica e ilegal, omite darle valor a este contrato y los Reglamentos por tema accesorio, en su artículo 114 literal e), como lo es el Reglamento de Vehículos MSPS, hecho que de ninguna manera puede dejar de validar, gravísimas omisiones que hacen que la sentencia carezca de claridad y precisión, por el contrario la convierten en oscura e incongruente y de pleno derecho nula de toda nulidad, criterio que ha sostenido esta honorable corte suprema en nulidades anteriores, en consecuencia, es procedente se declare con lugar la nulidad planteada”. VI. En efecto, la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso. Sin embargo, para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías que conlleven a un perjuicio procesal que resulte imperativa su enmienda por parte de este Tribunal. En el presente caso, donde la situación planteada ya ha sido resuelta en el momento procesal oportuno por el Tribunal de primera instancia y confirmado por el de apelación, lo constituye en un objeto de litigio ya dirimido y agotadas sus instancias. Empero, estudiado el caso en examen, este Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria. VII. Por lo anteriormente expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se han hecho mérito en su primer y único motivo, así como en los alegatos adicionales de nulidad subsidiaria. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal C, 764, 765, 769, 770, 777 y 858 del Código de Trabajo; 22, 200, 211, 212, 214, 215 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación formalizado por la Abogada Odely Machado Hernández, en su condición de representante procesal de la Municipalidad de San Pedro Sula, en su primer y único motivo. 2) DECLARANDO SIN LUGAR la nulidad subsidiariamente planteada. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado Roy Pineda Castro. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, quien firma por el Magistrado Coordinador ROY PINEDA CASTRO, conforme al artículo 8 del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de agosto del dos mil veinticuatro; certificación de la sentencia de fecha trece de febrero del dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL365-2022. FIRMA Y SELLO.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ.

SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.