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Sentencia CL-333-23 — Registro 19613

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral de primera instancia por despido injustificado para obtener mediante sentencia el reintegro a sus labores; pago de los salarios caídos desde la injusta separación y todos los demás derechos que le correspondan.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

...."Que el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. - Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.” III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter."; además, se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden."...

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que de conformidad al principio dispositivo este Tribunal de casación solo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que haya sido recurridos por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente y, en su caso, por la cuestión derecho a que se refiere la impugnación. No obstante, lo anterior y de conformidad a la Ley, deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no hubieren sido denunciado por el recurrente, con el fin de lograr la enmienda en la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 18 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que de conformidad al principio dispositivo este Tribunal de casación solo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que haya sido recurridos por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente y, en su caso, por la cuestión derecho a que se refiere la impugnación. No obstante, lo anterior y de conformidad a la Ley, deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no hubieren sido denunciado por el recurrente, con el fin de lograr la enmienda en la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 18 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los tres días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 08 de diciembre del 2023, por la Abogada MINORY DOMÍNGUEZ REYES, en su condición de representante procesal del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), como recurrente; además, es parte recurrida, la señora ROSA MARIA SUAZO LAGOS, representada en juicio por el Abogado JOSÉ RAMON MORALES PINEDA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral de primera instancia por despido injustificado para obtener mediante sentencia el reintegro a sus labores; pago de los salarios caídos desde la injusta separación y todos los demás derechos que le correspondan; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 02 de noviembre del 2015, por la señora ROSA MARIA SUAZO LAGOS, mayor de edad, hondureña y con domicilio en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, contra el INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), a través de su Director Ejecutivo RICHARD ZABLAH. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 14 de junio del 2023, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 21 de febrero del 2023, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la demanda Ordinaria Laboral contraída a pedir el reintegro al trabajo, pago de salarios caídos desde la separación hasta que se reintegre al puesto de trabajo, promovida por la señora ROSA MARÍA SUAZO LAGOS, contra el INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), a través de su director ejecutivo el señor RICHARD ZABLAH, de generales expresadas en el preámbulo de este fallo; En consecuencia: 2) CONDENA: AL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), a través de su director ejecutivo el señor RICHARD ZABLAH, a reintegrar a su trabajo a la señora ROSA MARÍA SUAZO LAGOS, a su trabajo en el puesto que venía desempeñando en igualdad de condiciones que momento del despido.- Más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir por la demandante desde que se produjo la terminación hasta que se cumpla con la reinstalación.- 3) CONDENA: Al INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), a través de su director ejecutivo el señor RICHARD ZABLAH, a pagar a la señora ROSA MARÍA SUAZO LAGOS, la cantidad TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON VEINTISIETE CENTAVOS (L. 31,565.27), distribuidos así: VACACIONES 2014-2015 L. 24,280.98, Salarios adeudados (21 al 30 de septiembre del año 2015) L. 7,284.29; 3) SIN COSTAS: Por tratarse de una demanda contra una dependencia del Estado Honduras no procede condena en costas…”.ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que fue nombrada de forma permanente en el Instituto Hondureño de Seguridad Social en fecha 01 de noviembre del 2004, en el cargo de Auxiliar Administrativo I, finalizando su relación laboral en forma ilegal y arbitraria el 05 de octubre del 2015, quien al momento de ilegal despido estaba ganando un salario ordinario mensual de L. 24,280.98; manifestó que desempeñó su labor con eficiencia y dedicación, respetó el reglamento interno y las normas que rigen el Instituto y mostró una verdadera entrega al servicio del derecho habiente, pero en fecha 05 de octubre del 2015, recibió un documento titulado certificación con el cual la patronal dio por terminada su relación de trabajo. Argumentó además que dicha certificación no constituyó una acción de despido, ya que la misma en el numeral 2) ordenó instruir a la Dirección Ejecutiva Interina que procediera a cancelar el nombramiento permanente, y en el numeral 3) de la misma parte resolutiva ordenaba comunicar lo resuelto a la Dirección Ejecutiva Interina y a la Subgerencia de Recursos Humanos Interina para las acciones correspondientes. Alegó que según la ley del Seguro Social en su artículo 27, inciso 5, solo el Director Ejecutivo tiene la facultad de destituir un empleado, situación que no ha sido reformada y razón por la cual la figura del Director Ejecutivo sigue funcionada de la misma forma que ha funcionado desde la existencia de la ley del Seguro Social. Por lo cual una certificación de una resolución emitida por la Comisión Interventora es nula ipso jure y no constituye una acción legal por no haber sido emitida por la persona que ostenta una facultad legal no delegable y violenta el Principio de Legalidad Instituido por la Carta Magna que establece que los Funcionario Públicos no tienen más facultades que los otorgado por la ley, también ordenaba a la subgerencia de Recursos Humanos Interina realizar las acciones correspondientes, la acción que correspondía en primer lugar era realizar un acta de cargos y descargos ya que al momento de realizar estas acciones del despido arbitrario ya se encontraba en funciones y no se presentó el 19 de septiembre porque era un sábado, y al tenor del Código Procesal Civil articulo 119 numeral 2) los sábados y domingos no son días hábiles, por lo cual era imposible reincorporarse ese día, sin embargo, el lunes 21 de septiembre ya se encontraba en funciones, tal como lo ordena el código supra mencionado en su artículo 124 numeral 5) los plazos que concluyan en días inhábiles entenderán prorrogados hasta el siguiente día hábil. Y que respecto a lo que la ley manda en su artículo 112 literal 1), la patronal debió observar el respectivo procedimiento reglamentario o convencional, el cual debió realizarse por medio de la cláusula 11 del Contrato Colectivo vigente, que al no hacerlo se violentó un derecho fundamental, su derecho a la defensa, lo que conlleva una violación al debido proceso.; por lo que el despido es nulo en cuanto a su forma y su fondo, y constituye un acto grave de violación a derechos fundamentales por parte del de la Patronal, la cual al ser parte del Estado está obligada a tutelar los derechos que hoy le han violentado. Razón por la cual acudió a la Secretaría del Trabajo con el ánimo de poder llegar a un acuerdo conciliatorio, siendo imposible el mismo, se tuvo por agotado el procedimiento administrativo. 2.- La parte demandada, el INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), contestó dicha demanda rechazando las pretensiones de la demandante, alegando en su defensa que, se opone a las pretensiones por el hecho de que la demandante fue separada de su cargo; y que la demandante relata a su propia conveniencia los motivos por los cuales se le despidió, y que con las investigaciones realizadas se demostrará la verdad de los hechos con los medios probatorios que se aportará, y que se desvirtuará las pretensiones de la parte demandante. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 21 de febrero del 2023, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la demanda Ordinaria Laboral contraída a pedir el reintegro al trabajo, pago de salarios caídos desde la separación hasta que se reintegre al puesto de trabajo, promovida por la señora ROSA MARÍA SUAZO LAGOS, contra el INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), a través de su director ejecutivo el señor RICHARD ZABLAH, de generales expresadas en el preámbulo de este fallo; En consecuencia: 2) CONDENA: AL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), a través de su director ejecutivo el señor RICHARD ZABLAH, a reintegrar a su trabajo a la señora ROSA MARÍA SUAZO LAGOS, a su trabajo en el puesto que venía desempeñando en igualdad de condiciones que momento del despido.- Más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir por la demandante desde que se produjo la terminación hasta que se cumpla con la reinstalación.- 3) CONDENA: Al INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), a través de su director ejecutivo el señor RICHARD ZABLAH, a pagar a la señora ROSA MARÍA SUAZO LAGOS, la cantidad TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON VEINTISIETE CENTAVOS (L. 31,565.27), distribuidos así: VACACIONES 2014-2015 L. 24,280.98, Salarios adeudados (21 al 30 de septiembre del año 2015) L. 7,284.29; 3) SIN COSTAS: Por tratarse de una demanda contra una dependencia del Estado Honduras no procede condena en costas”. Bajo el criterio que, del estudio y análisis practicados a la prueba en su conjunto este tribunal considera que procede declarar con lugar la demanda de mérito, llegan a este convencimiento las circunstancias siguientes: 1) Que el artículo 111 numeral 5 del código del Trabajo establece que son causas de terminación de los contratos de trabajo la perdida de la libertad del trabajador. 2) Que en el caso de autos si bien es cierto, que la demandante fue privada de su libertad a partir del 19 de marzo del año 2015, y condenada a sufrir una pena de seis años con ocho meses, también para que tenga lugar lo que establece el artículo 111 numeral 5, del Código del Trabajo es necesario que la detención del trabajador sea por más de seis meses la cual dará lugar a la terminación del contrato sin responsabilidad de ninguna de las partes, en el caso de autos, a la demandante antes que venciera el término de seis meses, se incorporó a su centro de trabajo, es decir, el 21 de septiembre de 2015, término de seis meses comenzó a correr a partir del día siguiente de su detención es decir, el 20 de marzo del año 2015 venciendo el mismo el día domingo 20 de septiembre del año 2015, el cual cayó un día inhábil y según dispone el articulo 124 numeral 4 y 5, del Código Procesal Civil, en el cual establece que los plazos señalados por meses se computaran de fecha a fecha, y los plazos que concluyen en domingo u otro día inhábil se entenderán prorrogados hasta el día siguiente hábil, en este caso el día siguiente hábil era el día lunes 21 de septiembre del año 2015, fecha en la cual la demandante, se incorporó a su trabajo, por lo tanto, la demandante no había cumplido seis meses de estar privada de su libertad.- Y siendo, que el articulo 106 párrafo segundo del código del trabajo, establece que para que tenga aplicación lo que dispone el articulo 111 numeral 5, requiere que el trabajador esté detenido por más de seis meses (es decir, se requiere seis meses más un día) situación que no ocurrió en el presente caso, la demandante se incorporó al momento de cumplir los seis meses, es decir, el 21 de septiembre del año 2015, sumado a eso el articulo 106 párrafo primero establece, que el trabajador tendrá la obligación de reanudar su trabajo dentro de los dos días siguientes al haber puesto en libertad, y a la demandante se le autorizó incorporarse a su trabajo el día 20 de septiembre del año 2015, incorporándose a su trabajo al día siguiente, es decir, el 21 de septiembre del año 2015, tal como consta en el centro de asistencia que corre a folio 83 de los autos. Es un hecho controvertido en el presente juicio determinar si la Comisión Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social, tenía facultades de despedir a la demandante, con relación a tal hecho se encuentra acreditado según decreto legislativo PCM-011-2014, en su artículo 3 establece que la comisión Interventora ostentara todas las facultades que correspondan a los administradores y órgano de decisión superior del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), específicamente en lo que respecta a su funcionamiento, desarrollo y operación, ejerciendo por lo tanto, todas las potestades de administración y dirección de todas las actividades y la representación legal del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), por ende, este Tribunal considera que la Comisión Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social, ejerciendo sus facultades representaba al patrono, por lo tanto, las acciones que este hiciera las realizaba en representación del IHSS, y el despido notificado a la demandante surtió sus efectos por lo tanto el mismo tiene plena validez. En el presente caso la parte demandada no acredito haberle pago el salario adeudado correspondiente del lunes 21 de septiembre del 2015 al miércoles 30 de septiembre del 2015, la carga de la prueba le corresponde a la patronal quien debe acreditar que realizó dicho pago si pretende liberarse del mismo ya que al trabajador le basta con decir que no se le ha pagado y le toca al patrono probar que si lo hizo en el caso de autos el patrono no presentó las planillas de pago o en su defecto el pago de las mismas, en tal razón procede a condenar a la demandada al pago de salarios adeudados. Que, si el juez declara en su fallo la reinstalación solicitado por el trabajador, éste tiene derecho a los salarios que hubiere dejado de percibir desde que ocurrió aquél, hasta que se cumpla con la reinstalación, y además en caso de negativa del patrono para cumplir con la sentencia, tiene derecho a exigir su cumplimiento por la vía de apremio. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, en fecha 14 de junio del 2023, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que, por regla general y en atención al principio de estabilidad laboral, la contratación de servicios personales subordinados es por tiempo indefinido, tal así era la condición laboral que mantenía la señora Suazo Ramos con el IHSS, contratada como Auxiliar Administrativo I en el hospital regional del norte, ubicado en la Colonia Tara de esta ciudad, labor que fue interrumpida por haber sido detenida el 19 de marzo del 2015 y recluida en el centro penal sampedrano; así las cosas, el 14 de septiembre del 2015 el Instituto Nacional Penitenciario mediante oficio SG-INP-282-2015 le concedió permiso para que se reincorporara al trabajo a partir del 20 de septiembre del mismo año, presentándose al IHSS hasta el lunes 21 de septiembre de 2015, dando cumplimiento al plazo fijado en el artículo 106 párrafo segundo del Código del Trabajo, decisión que el Tribunal estima lógica y acertada pues el reporte de marcadas de empleados del mes de septiembre del 2015 que obra a folios 83 al que se hace referencia en el numero 1) de la exhibición de documentos evacuada el 28 de noviembre del 2022, acredita que la demandante no laboraba los días sábados y domingos y el plazo de seis meses vencía el domingo 20 de septiembre del 2015, por lo que se entiende que el mismo se prorrogó al día siguiente laboralmente hábil (21 de septiembre del 2015). Acorde al estudio y análisis de los autos y la valoración del material probatorio, confrontados con la sentencia definitiva recurrida, el tribunal considera que la terminación del contrato de trabajo se encuentra al margen de la ley, habida cuenta que en la misma certificación de la resolución emitida por la Comisión Interventora el 29 de septiembre del 2015, en el considerando 6 erróneamente consideran que la señora Rosa Maria Suazo Ramos fue aprehendida el 19 de marzo del 2015 y que su ausencia laboral ha superado los seis meses a que alude la norma 106 párrafo segundo del Código del Trabajo, por haber vencido el plazo el 21 de septiembre del 2015, dado que el 20 de septiembre por ser domingo fue día inhábil, y se encuentra acreditado en el proceso que la trabajadora se incorporó a sus labores ese día 21 de septiembre del 2015 y permaneció en el trabajo hasta la fecha en que recibió la notificación de la terminación del nexo laboral; en consecuencia, se estima que la sentencia impugnada debe ser confirmada por estar ajustada a derecho e inatendibles los argumentos de la recurrente. 5.- Mediante auto de fecha 16 de octubre del 2023, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada MINORY DOMÍNGUEZ REYES, en su condición de representante procesal del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 08 de diciembre del 2023, compareció ante este Tribunal la Abogada MINORY DOMÍNGUEZ REYES, en su condición de representante procesal del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de fecha 04 de marzo del 2024, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 20 de mayo del 2024, se tuvo por contestado el recurso de casación por parte del Abogado JOSÉ RAMON MORALES PINEDA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. II.- Que el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. - Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.” III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter."; además, se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. IV.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. VI.- Que, en el recuso de mérito se ha solicitado nulidad subsidiaria en la forma siguiente: “““ En el caso de autos consta en la primera pieza de autos, que el juzgado de letras del trabajo ni la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, del Departamento de Cortés, se niega y no toma en consideración los medios de prueba presentados por la parte demandada, y en consecuencia la Honorable Corte en mención al ratificar la sentencia de primera instancia conocida en apelación y declarar Sin Lugar la apelación planteada por mi parte, lo cual no es justo ni procedente en derecho y dicha sentencia tampoco es congruente con la demanda y las pretensiones deducidas oportunamente en el pleito como lo ordena el artículo 208, numeral 1, del Código de Procesal Civil, causando un evidente perjuicio a mi representada, lo que acarrea la nulidad absoluta de actuaciones a partir de la sentencia de fecha Catorce de Junio del año dos mil Veintitrés (2023), proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes”. VII.- Se procedió a la revisión de la sentencia definitiva pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la ciudad de San Pedro Sula departamento de Cortes, observándose que el Ad-Quem, en su sentencia de fecha 14 de junio del 2023, no valoró los medios de prueba que acredito la parte demandada mediante los cuales comprobó que con la Resolución CI-IHSS No. 617/29-09- 2015, el Instituto Hondureño de Seguridad Social estaba facultado para actuar bajo la libre y plena administración y dirección de todas sus operaciones y actividades, y que debido a la aprehensión que fue objeto la demandante el 19 de marzo del año 2015, que de conformidad a lo establecido en el artículo 106 párrafo segundo del Código de Trabajo relacionado con el artículo 111 numeral 5, 112 literal g) al haber sido condenado el trabajador a sufrir pena por crimen o simple delito, en sentencia ejecutoriada, que es caso que nos ocupa la trabajadora gozaba del beneficio de pre liberación de fin de semana y no gozaba de libertad con el documento que ampara dicha situación, véase folios (43 al 45, 214 al 222 p.p.),, este Tribunal observa que la sentencia carece de una exhaustiva revisión de los medios de pruebas presentados y aceptados por las partes. Tema que fue objeto de debate en el presente juicio. VIII.- Producto del precitado análisis, se estima que, en el presente caso, la sentencia recurrida carece de incongruencia, con base a lo establecido en el artículo 208 del Código Procesal Civil., los jueces y magistrados deberán resolver las cuestiones planteadas, después de un proceso de deliberación y valoración, produciéndose a continuación la redacción escrita de la sentencia. Fase en la que, necesariamente, ha de tenerse en cuenta la motivación como medio de exteriorizar el juicio mental realizado por el Órgano Jurisdiccional, para llegar a la emisión de la declaración de voluntad que se materializa en el fallo. Conforme a lo anterior, este Tribunal de Casación, al apreciar de oficio el defecto de incongruencia y falta de motivación en la sentencia emitida por la segunda instancia, con el objeto de lograr la enmienda de la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso concluye procedente aplicar lo establecido en el Artículo 112 del Código de Trabajo en relación con los Artículos 212.4 y 214.1 del Código Procesal Civil. IX.- Por otro lado, es oportuno recordar que el juzgador de instancia está obligado a velar por la tutela efectiva de los derechos e intereses legítimos pretendidos en la demanda removiendo los impedimentos que se pueden producir y posibilitando el ejercicio de los mismos lo contrario da lugar a que se irrespete el derecho acceso a la justicia y, por ende, a la tutela judicial efectiva. Además, para tales efectos y de conformidad al principio pro homine se debe dar a la norma la interpretación más extensiva cuando se trate de reconocer derechos protegidos y a la inversa una aplicación restringida, cuando se trate de limitar los mismos. X.- Que de conformidad al principio dispositivo este Tribunal de casación solo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que haya sido recurridos por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente y, en su caso, por la cuestión derecho a que se refiere la impugnación. No obstante, lo anterior y de conformidad a la Ley, deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no hubieren sido denunciado por el recurrente, con el fin de lograr la enmienda en la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso. XI.- Que por las razones y consideraciones jurídicas expuestas procede se declare la nulidad de la resolución recurrida dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Ciudad de San Pedro Sula Departamento de Cortes 14 de junio de 2023 a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a derecho. XII.- Con base a lo establecido en el artículo 726 del Código del Trabajo, así como el artículo 8 del Código Procesal Civil, referente a la celeridad procesal deberá el Ad Quem, resolver de forma prioritaria dicha nulidad, en el plazo de quince (15) días, por ser un juicio que ya ha sido de su conocimiento y estudio procurando brindar una pronta respuesta a las partes procesales. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por UNANIMIDAD DE VOTOS de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciende aplicación de los artículos 59,60, 82, 90 párrafo primero, 303 reformado 304 reformado 313 numeral 14) reformado, 316 párrafo primero reformado, 321, 323 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1), y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 726 y 858 del Código del Trabajo; 8, 22, 193, 197, 199, 206, 207, 211, 215 numeral 5) y 931 del Código Procesal Civil; 9 y 11 del Código Civil; 1 y 30 literal 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 16, 18 y 23 numeral c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: Declarar la NULIDAD de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, Departamento de Cortes de fecha de fecha 14 de junio del dos mil veintitrés, Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. NOTIFÍQUESE. - FIRMAS Y SELLO. ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, COORDINADORA, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO Y MARIO ROLANDO DÍAZ FLORES. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. SECRETARIO. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. - Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de noviembre del dos mil veinticinco. - FIRMA Y SELLO.

RAMCEL NICOL CARTAGENA PINTO,

RECEPTORA ADSCRITA.