Sentencia CL-322-22 — Registro 18228
Resumen
Demanda Ordinaria Laboral para el reajuste del pago de prestaciones laborales, preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, aguinaldo proporcional, décimo cuarto mes proporcional, vacaciones, vacaciones proporcionales, bono proporcional de vacaciones, salarios dejados de percibir,
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..." Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: El error de hecho, implica conclusiones ostensiblemente contrarias a lo establecido en el juicio, ya sea por falta de apreciación de la prueba o por defectuosa apreciación de la misma, es decir, en los casos en que el juzgador incurra en una manifiesta y evidente equivocación; es importante también señalar, que en los juicios del trabajo los juzgadores gozan de autonomía en la apreciación de las pruebas y que no puede acusarse válidamente en casación esa estimación sino por haberse incurrido con ella en un error de hecho que aparezca de modo evidente, manifiesto e incontrovertible de acuerdo con las constancias procesales, en forma que se dé por establecido un hecho que no lo está o, al contrario, se considere como existente uno que sí está suficientemente acreditado en el juicio. Analizado el caso que nos ocupa, el Impetrante en su explicación no logra demostrar el error de hecho alegado e incurre en los defectos de invocar, los artículos 113 párrafo segundo y párrafo tercero letra a) y 116 literal e) 120 literal c) del Código de Trabajo, señalados como violados indirectamente, si bien tienen el carácter sustantivo exigido en este extraordinario recurso, los mismos regulan situaciones jurídicas que no tienen incidencia en la decisión final objeto del recurso; como realizar alegatos propios de instancia. "...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
..." Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: El error de hecho, implica conclusiones ostensiblemente contrarias a lo establecido en el juicio, ya sea por falta de apreciación de la prueba o por defectuosa apreciación de la misma, es decir, en los casos en que el juzgador incurra en una manifiesta y evidente equivocación; es importante también señalar, que en los juicios del trabajo los juzgadores gozan de autonomía en la apreciación de las pruebas y que no puede acusarse válidamente en casación esa estimación sino por haberse incurrido con ella en un error de hecho que aparezca de modo evidente, manifiesto e incontrovertible de acuerdo con las constancias procesales, en forma que se dé por establecido un hecho que no lo está o, al contrario, se considere como existente uno que sí está suficientemente acreditado en el juicio. Analizado el caso que nos ocupa, el Impetrante en su explicación no logra demostrar el error de hecho alegado e incurre en los defectos de invocar, los artículos 113 párrafo segundo y párrafo tercero letra a) y 116 literal e) 120 literal c) del Código de Trabajo, señalados como violados indirectamente, si bien tienen el carácter sustantivo exigido en este extraordinario recurso, los mismos regulan situaciones jurídicas que no tienen incidencia en la decisión final objeto del recurso; como realizar alegatos propios de instancia. "...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: Del análisis del expediente de mérito, este Tribunal observa que el Juzgador analizó la prueba en su conjunto valorándola atendiendo a las reglas de la sana crítica y del conocimiento, formando libremente su convencimiento sin sujeción a la tarifa legal de pruebas. En lo atinente a la libre apreciación de los medios probatorios, tanto la Doctrina como la Jurisprudencia han reiterado que la evaluación de ese material probatorio hecha por el sentenciador de instancia es intocable, no puede destruirse en casación, aun cuando no se esté de acuerdo con ella, salvo el caso excepcional de error evidente de hecho, es decir, que la libertad del Tribunal para estimar los medios de prueba solo tiene el límite que le demarca lo absurdo de la conclusión a que lo lleva un error en la apreciación probatoria, entendiéndose por conclusión absurda lo que repugna a la razón natural. Analizado el caso que nos ocupa, la Recurrente no logra demostrar el error de hecho alegado. El Séptimo Contrato Colectivo en que se amparan los demandantes para su reclamo con cantidades ilusorias nunca estuvo vigente"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: Del análisis del expediente de mérito, este Tribunal observa que el Juzgador analizó la prueba en su conjunto valorándola atendiendo a las reglas de la sana crítica y del conocimiento, formando libremente su convencimiento sin sujeción a la tarifa legal de pruebas. En lo atinente a la libre apreciación de los medios probatorios, tanto la Doctrina como la Jurisprudencia han reiterado que la evaluación de ese material probatorio hecha por el sentenciador de instancia es intocable, no puede destruirse en casación, aun cuando no se esté de acuerdo con ella, salvo el caso excepcional de error evidente de hecho, es decir, que la libertad del Tribunal para estimar los medios de prueba solo tiene el límite que le demarca lo absurdo de la conclusión a que lo lleva un error en la apreciación probatoria, entendiéndose por conclusión absurda lo que repugna a la razón natural. Analizado el caso que nos ocupa, la Recurrente no logra demostrar el error de hecho alegado. El Séptimo Contrato Colectivo en que se amparan los demandantes para su reclamo con cantidades ilusorias nunca estuvo vigente"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN.
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los trece días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 21 de abril del 2023, por la Abogada DIANA MELISSA PINEDA SALGADO, en su condición de representante procesal de los señores RUTILIO DE JESUS ALVARENGA VARELA, CARLOS LOMBARDO CRUZ MARTINEZ, LOURDES GUADALUPE PONCE MIDENCE, CARLOS EDGARDO ZUNIGA, LEONEL GRANADOS MASS, DONALDO ENRIQUE BANEGAS LEZAMA, y JUAN RAMON FIGUEROA ALVAREZ, como recurrente; además, es parte recurrida, EL ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por el Abogado CARLOS BENJAMIN SANTOS HERNANDEZ. OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria Laboral para el reajuste del pago de prestaciones laborales, preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, aguinaldo proporcional, décimo cuarto mes proporcional, vacaciones, vacaciones proporcionales, bono proporcional de vacaciones, salarios dejados de percibir, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 4 de febrero del 2015, por el Abogado DARIO JOSUE GARCIA VILLALTA, como representante procesal de los señores RUTILIO DE JESUS ALVARENGA VARELA, soltero, Perito Mercantil y Contador Público; CARLOS LOMBARDO CRUZ MARTINEZ, casado, Perito Mercantil y Contador Público; LOURDES GUADALUPE PONCE MIDENCE, soltera, Técnico en Enfermería; CARLOS EDGARDO ZUNIGA, soltero, Agricultor, IGOR LEONEL GRANADOS MASS, casado, Bachiller en Ciencias y Letras, DONALDO ENRIQUE BANEGAS LEZAMA, casado, Fontanero y JUAN RAMON FIGUEROA ALVAREZ, casado, Motorista, todos mayores de edad, hondureños y de este domicilio, contra EL ESTADO DE HONDURAS, por medio del PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, por actuaciones del INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y FAMILIA (IHNFA). El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 21 de febrero del 2022, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, misma que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 11 de enero del 2019, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, la cual en su parte conducente dice: “FALLA: 1) Declarando SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por RUTILIO DE JESUS ALVARENGA VARELA, CARLOS LOMBAR DO CRUZ MARTINEZ, LOURDES GUADALUPE PONCE MIDENCE, CARLOS EDGARDO ZUNIGA, IGOR LEONEL GRANADOS MASS, DONALDO ENRIQUE BANEGAS LEZAMA, JUAN RAMON FIGUEROA ALVAREZ en contra del ESTADO DE HONDURAS a través del representante legal el Procurador General de la República de aquél entonces el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA. 2) CON LUGAR la Excepción de Transacción y Pago opuestas por el representante procesal demandado Abogado Omar Antonio Torres Ardón. 3) ABSUELVE al ESTADO DE HONDURAS de toda responsabilidad proveniente del presente juicio. SIN COSTAS”. ANTECEDENTES DE HECHO. 1. La parte demandante expresó que iniciaron su relación laboral con el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia en la siguiente manera y pertenecen al sindicato de trabajadores del IHNFA, el señor Rutilio de Jesús Alvarenga Varela, inicio a laborar el 5 de julio de 1993, en el puesto de Jefe de la Sección de Almacén, devengando un salario mensual de L. 21,595.07 y salario promedio L. 53,987.68 según la cláusula 66 del Contrato Colectivo y ocupando el puesto en el sindicato de Secretario General; señor Carlos Lombardo Cruz Martínez, inició a laborar el 05 de febrero de 1995, en el puesto de Auxiliar de Bienes, devengando un salario mensual de L. 16,487.18. y salario promedio L. 41,217.95 según la cláusula 66 del Contrato Colectivo y ocupando el puesto en el sindicato de Presidente de la Junta Directiva Seccional No. 1, Filial Tegucigalpa; Lourdes Guadalupe Ponce Midence, inició a laborar el 08 de julio de 1996, en el puesto de Técnica de Enfermería CECAIS, devengando un salario mensual de L. 15,000.00 y salario promedio L. 37,500.00, según la cláusula 66 del Contrato Colectivo ocupando el puesto en el Sindicato de Suplente de la Seccional No. 1 de la Secretaria General; Carlos Edgardo Zúniga, inició a laborar el 26 de septiembre de 2007, en el puesto de Guardia de Seguridad, devengando un salario mensual de L. 8,944.00 y salario promedio L. 22,360.00, según la cláusula 66 del Contrato Colectivo ocupando el puesto en el Sindicato de Secretario de Asuntos Ecológicos y Medio Ambiente; Igor Leonel Granados Mass, inició a laborar el 01 de enero de 1996, en el puesto de Guardia de Seguridad, devengando un salario mensual de L. 12,115.93 y salario promedio L. 36,900.83, según la cláusula 66 del Contrato Colectivo ocupando el puesto en el sindicato de Tesorero Seccional 01 Tegucigalpa; Donaldo Enrique Banegas Lezama, inició a laborar el 16 de mayo de 1990, en el puesto de Auxiliar de Bienes, devengando un salario mensual de L. 17,000.00 y salario promedio L. 42,500.00, según la cláusula 66 del Contrato Colectivo ocupando el puesto en el Sindicato de Secretario del Medio Ambiente; y el señor Juan Ramon Figueroa Álvarez, inicio a laborar el 07 de junio de 1999, en el puesto de Ayudante de Almacén, devengando un salario mensual de L. 11,948.53 y salario promedio L. 29,870.08, según la cláusula 66 del Contrato Colectivo, ocupando el puesto en el sindicato de Secretario de Deportes; la relación laboral con el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA) finalizó mediante notificación de terminación de la relación laboral en base al Decreto PCM 26-2014, junto a la firma un acuerdo por mutuo consentimiento mediante actas en los meses de noviembre y diciembre de 2014; existe una sustitución de patrono, ya que el Presidente de la República en Consejo de Ministros emitió el Decreto No. PCM 26-2014 para suprimir el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA), pero de igual forma emite el Decreto No. PCM 27-2014 de creación de la Dirección de Niñez Adolescencia y Familia (DINAF), que asume las funciones del IHNFA, por ende estamos ante una figura de sustitución de patrono, pero el Decreto con el cual se suprimió el IHNFA, es nulo de pleno derecho de acuerdo a lo que dispone el artículo 34 incisos a) y c) de la Ley de Procedimiento Administrativo, ya que siendo que el IHNFA fue creado por el Congreso Nacional mediante Acuerdo Legislativo, el poder ejecutivo no está facultado para suprimir el IHNFA, ya que la facultad de crear y derogar leyes es del Congreso Nacional, según el artículo 205 de la Constitución de la Republica y que el artículo 206 de la misma norma establece que esa función es indelegable; anteriormente esta sustitución de patrono ya se había dado en la misma Institución, porque originalmente tenía como nombre Junta Nacional de Bienestar Social y se le cambio el nombre a Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA), la única diferencia es que en aquel entonces no hubo cancelación de trabajadores; según el acuerdo a que se llegó en el acta denominada “Acta de Terminación de una relación laboral por mutuo consentimiento de las partes, el Instituto ha dispuesto a proceder al pago de las prestaciones e indemnizaciones establecidas en la ley, en el transcurso de los 6 meses siguientes a partir de la firma de ese acuerdo y una vez acreditada sus solvencias y finiquitos, sin embargo tal acuerdo es ambiguo y nada claro, pues no establece las cantidades del mismo, solo se remite en decir las prestaciones e indemnizaciones en base a la ley y en el presente caso existe un VII Contrato Colectivo inscrito en la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, entendiéndose que dicho contrato al estar vigente es ley entre las partes, por lo que amparándose en la cláusula 67 de dicho Contrato, suscrito entre el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA) y el Sindicato de Trabajadores del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (SITRAIHNFA), se le deben de pagar el (100%) de las prestaciones e indemnizaciones que le corresponden dando por terminado su Contrato de Trabajo de acuerdo a la Ley”. En derecho laboral existe la presunción legal, si el IHNFA les indicó que su pago iba ser conforme a la ley, en base a la presunción legal de que al decir “Ley”, los demandantes entendieron que se referían al Contrato Colectivo Vigente, por lo que la Secretaria de Finanzas o quien le esté efectuando los pagos quiera pagar los derechos y prestaciones conforme al Código del Trabajo, es una contravención directa al derecho laboral mismo, violentando principios esenciales como ser el de progresividad y no regresividad de los derechos laborales o el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales, entre otros, sin embargo es el Poder Judicial en base al principio de Protección de los derechos laborales que debe reivindicar esos derechos y así hacer la valer la vigencia del VII Contrato Colectivo; En base a los anterior es que el IHNFA y en base al Acuerdo PCM 26-2014, El Estado de Honduras está en la obligación de pagar la totalidad de sus prestaciones e indemnizaciones laborales de conformidad a lo pactado, dicho pago debe ser conforme al contrato colectivo vigente, sin embargo el IHNFA ha incumplido tal acuerdo; siendo que acreditaron sus solvencias y finiquitos a que se refiere el acta en mención, y que si bien es cierto la institución demandada procedió hacer algunos pagos a los demandantes, mismos que se hicieron en base al Código de Trabajo y no en base al Contrato Colectivo de condiciones de trabajo, tal y como se acordó en el Acta Objeto del Debate, es por ello que solicitan que dicho pago sea conforme a lo que establece el VII Contrato Colectivo, mismo que es el que está vigente, desconociendo que los Contratos Colectivos adquieren el carácter de obligatorio cumplimiento entre las partes firmantes, así lo dispone el artículo 60 del Código de Trabajo, de igual forma una vez inscrito el Contrato Colectivo de acuerdo a lo que dispone el artículo 78 al 81 del mismo cuerpo legal; los contratos colectivos son un convenio escrito celebrado entre patronos y trabajadores según los dispone el artículo 53 de la norma antes citada, por lo tanto están obligadas las partes a cumplirlos y que no puede el patrono de mala fe negarse al cumplimiento del mismo una vez negociado, firmado e inscrito en la Secretaria de trabajo y Seguridad Social, para negociar un Contrato Colectivo se hace el procedimiento de la denuncia, luego de acuerdo a lo que dispone el artículo 58 del Código del Trabajo, pasa al proceso de negociación mediante el arreglo directo según artículo 790, después a la mediación según el artículo 795, posteriormente a la conciliación según el artículo 803, y por último el arbitraje si las partes lo estiman conveniente según el artículo 807 del Código del Trabajo, si por alguna circunstancia el IHNFA no podía cumplirlo devenía a la revisión del Contrato Colectivo según el artículo 71 del mismo cuerpo legal, el IHNFA devenía a la obligación de solicitar la revisión mediante la denuncia de acuerdo a lo que dispone el artículo 71 del citado Código, si al final una vez habiendo agotado el procedimiento de arreglo directo, mediación y conciliación y no había acuerdo entre las partes correspondía a la Secretaria de Trabajo emitir la resolución que conforme a derecho procediera, pero el demandado lejos de seguir este procedimiento ha decidido únicamente de forma unilateral y violentado los principios de la buena fe y defensa, no pagar conforme al Contrato Colectivo las prestaciones; se viola el derecho a la defensa en vista que en el procedimiento de revisión establecido en el artículo 71 del Código del Trabajo se garantiza la participación del sindicato que es la otra parte que firma el séptimo Contrato Colectivo, al incumplirlo de forma unilateral el IHNFA violenta cualquier garantía como la antes expuesta, además el pacta sunt Servanda en donde se establece que los Contratos deben ser cumplidos al tenor de lo pactado, por ende no solo se está solicitando el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales, y los salarios dejados de percibir sino que además que las mismas sean conforme al contrato colectivo vigente; la mala fe con que actúa la institución demandada en aras de persuadir a los demandantes para que acepten dar por terminada la relación laboral por mutuo consentimiento, aceptan la propuesta, pero al momento que proceden a la ejecución de lo acordado, lo hacen de forma muy diferente a lo pactado, dándose así un incumplimiento por parte de la institución demandada; no solo se manifiesta la voluntad del patrono, sino que además esa voluntad de terminación de la relación laboral reconociéndole las prestaciones e indemnizaciones laborales y estableciendo término que se hizo ante autoridad de trabajo como lo manda el artículo 379 de Código de Trabajo, por lo que no pagarles conforme a lo pactado implica una violación al acuerdo e incumplimiento a la normativa laboral, pero sobre todo es una ofensa pactar unas condiciones y después quererlas cumplir con otras distintas a las originalmente establecidas ante autoridad competente, esto violenta el principio de buena fe y además el principio de legalidad, el primero porque fue de buena fe que se firmó el acuerdo y el segundo porque se hizo de acuerdo a lo que manda el Código de Trabajo en su artículo 379, y además porque el Contrato Colectivo adquiere la obligatoriedad de cumplimiento entre las partes firmantes; no obstante que media una terminación por mutuo consentimiento, pero siendo que el mismo fue incumplido por la parte patronal solicitan el pago de los salarios dejados de percibir, esto porque si bien es cierto hay una Acta de terminación por mutuo consentimiento, pero previo a ello ya existía un Acuerdo de Cancelación por parte del patrono, si firmaron el Acuerdo es porque no tenían la intención de demandar, pero es evidente que la razón por la cual demandan obedece al incumplimiento del patrono, y que el juzgado ha sostenido el criterio que aun en el caso de terminación por mutuo consentimiento si el mismo quien lo incumple es el patrono, debe pagarse los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, que será probado en el momento procesal oportuno; solicita especial condena en costas, ya que si bien es cierto existe un acuerdo entre las partes, su incumplimiento obedece a una causa unilateral del patrono, aceptaron el pago de prestaciones en el acuerdo y las mismas no han sido pagadas, por lo tanto, incumpliendo el acuerdo celebrado, en tal sentido solicita especial condena en costas, por el evidente e injustificado incumplimiento al pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales. En el Juzgado de Letras del Trabajo de esta sección judicial se encuentra una demanda en donde el sindicato está solicitando el pago de un incremento de salario según negociación colectiva, y que en el hipotético caso que se declare con lugar la misma, la resultas de ese juicio mediante la sentencia tendría un impacto directo en el presente juicio, ya que habría que modificar los cálculos de los demandantes, razón por la cual solicita que de ser declarada con lugar la demanda en mención, quede a salvo en la sentencia del presente juicio el derecho de hacer los reajustes correspondientes al momento de liquidar la sentencia; acudieron a la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, con el propósito de llegar a un acuerdo, pero esto fue imposible, dando por agotado el trámite administrativo. 2. La parte demandada, EL ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda argumentando que los demandantes fueron liquidados mediante Decreto Ejecutivo PCM-26-2014 de fecha 04 de junio de 2014, Gaceta 33,446 que según el artículo 1 “ordena suprimir al Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA), creado mediante Decreto Legislativo 199-1997 de 29 de enero de 1998”; articulo 4 “se declara al Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA), en proceso de supresión y clausura del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA), conforme a lo dispuesto en el artículo 111 del Código de Trabajo numeral 9), se procederá en forma a la terminación de todos los contratos vigentes, con el reconocimiento de los trabajadores de las prestaciones que hubiere lugar en derecho”, siendo lo real y procedente que en debida oportunidad, a los demandantes se le ofrecieron las prestaciones que legalmente le corresponden, al momento de su liquidación, conforme al convenio de pago que en su vigencia se extiende por 6 meses, mismo que está siendo pagado por parte de la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas; cómo se puede observar que las partes actoras pretende obtener cantidad imaginarias en perjuicio del erario público, que no les corresponde y será en el proceso del debate que probara que el derecho subjetivo que reclama no le asiste. El Séptimo Contrato Colectivo en que se amparan los demandantes para su reclamo con cantidades ilusorias nunca estuvo vigente, por el contrario el mismo al haber sido inscrito de forma irregular por la clase trabajadora en flagrante violación al acta especial de negociación suscrita por las partes en la que se acordara que para efecto de acordarse la cláusula 66 de dicho Contrato Colectivo era requisito imperante escuchar mediante dictamen respectivo a la Secretaría de Estado en el Despacho de Fianzas; requisito que fue omitido por la clase trabajadora para la inscripción de forma irregular ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad, tomando en consideración que las erogaciones que realiza la Administración Pública no lo hace de forma antojadiza sino que amparado a un presupuesto aprobado al efecto por el Congreso Nacional y la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas respectivamente, por lo que lo practicado por la clase trabajadora del entonces IHNFA es violatorio a los intereses del Estado y deslealtad a lo acordado, en virtud de que la cláusula en referencia obedecía a la parte económica a la que debería responder el IHNFA, siendo por ello de suma importancia el dictamen de Finanzas alevosamente omitido por la clase trabajadora, y por lo cual se han interpuestos las acciones pertinentes ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán y la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, respectiva y atinente al caso, acciones que están pendientes de fallo. En Audiencia Primera de Tramite celebrada en fecha 1 de abril del 2016, interpuso defecto procesal de falta de razón o motivo para demandar; defecto procesal de transacción; defecto procesal de pago; defecto procesal de demanda defectuosa. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha 11 de enero del 2019, dictó sentencia que en su parte resolutiva dice: “FALLA: 1) Declarando SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por RUTILIO DE JESUS ALVARENGA VARELA, CARLOS LOMBAR DO CRUZ MARTINEZ, LOURDES GUADALUPE PONCE MIDENCE, CARLOS EDGARDO ZUNIGA, IGOR LEONEL GRANADOS MASS, DONALDO ENRIQUE BANEGAS LEZAMA, JUAN RAMON FIGUEROA ALVAREZ en contra del ESTADO DE HONDURAS a través del representante legal el Procurador General de la República de aquél entonces el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA. 2) CON LUGAR la Excepción de Transacción y Pago opuestas por el representante procesal demandado Abogado Omar Antonio Torres Ardón. 3) ABSUELVE al ESTADO DE HONDURAS de toda responsabilidad proveniente del presente juicio. SIN COSTAS”. Bajo el criterio que del estudio y análisis de las pruebas aportadas al juicio en su conjunto, la juzgadora es del criterio que la presente demanda, se declare Sin Lugar, en vista de lo siguiente, se encuentra debidamente acreditado que la demandada pagó a los trabajadores las prestaciones e indemnizaciones laborales que les correspondían; si bien es cierto la relación de trabajo entre las partes terminó por el mutuo consentimiento de las partes, el IHNFA reconoció a cada demandante el pago total de las prestaciones e indemnizaciones laborales que le correspondía conforme al Sexto Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre el IHNFA y el SINTRAIHNFA, en consecuencia se declara Con Lugar la Excepción de Transacción y Pago; no es posible para el demandado pagar las prestaciones e indemnizaciones laborales conforme al VII Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre el IHNFA y el SITRAIHNFA, en vista que la inscripción del mismo fue anulada mediante vía de Amparo por lo cual no tiene aplicabilidad; no se condena en costas porque ambas partes tuvieron motivos racionales para litigar. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha 21 de febrero del 2022, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el A quo, sin costas. Bajo el criterio que según las Constancias extendidas por el Encargado de Recursos Humanos del IHNFA, mediante las cuales hace constar que las prestaciones laborales de cada uno de los demandantes, les serán canceladas de conformidad con la Ley, habiéndoseles pagado la totalidad de sus prestaciones laborales, con lo que se acredita que la parte demandada le canceló a los trabajadores las prestaciones laborales que les correspondían de conformidad al Sexto Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito con el IHNFA y el SITRAIHNFA; en la audiencia primera de trámite celebrada en fecha 1 de abril del 2016 la parte demandada interpuso los Defectos Procesales de Transacción y de Pago, basado en que los demandantes como lo reconocen en su demanda, firmaron un acta de terminación de la relación por mutuo consentimiento y la legislación laboral establece que es una forma de poder terminar una relación laboral, y la demandada ya realizó los pagos correspondientes de los derechos reclamados según las constancias que corren agregadas y de conformidad a lo que establece el artículo 2000 del Código Civil la transacción es “un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente, o precaven un litigio eventual. No es transacción el acto que sólo consiste en la renuncia de un derecho que no se disputa”, consta que mediante las notas de la Comisión Liquidadora a través del señor Héctor Francisco Ulloa donde hace constar que firmaron las Actas de Mutuo Consentimiento ante la autoridad de la Secretaria de Trabajo, según los cálculos revisados por los Auditores de la Direccion General de Instituciones Descentralizadas, cancelándoles el total de las prestaciones, como ya se expresó anteriormente y también consta en autos que la totalidad de esos valores ya le fueron cancelados a los demandantes, en consecuencia los Defectos Procesales de Transacción y la Excepción de Pago son procedentes por las razones anteriormente expuestas. 5. Mediante auto de fecha 1 de junio del 2022, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada ANDREA MICHELLE REYES JOHN, en su condición de representante procesal de los señores RUTILIO DE JESUS ALVARENGA VARELA, CARLOS LOMBARDO CRUZ MARTINEZ, LOURDES GUADALUPE PONCE MIDENCE, CARLOS EDGARDO ZUNIGO, IGOR LEONEL GRANADOS MASS, DONALDO ENRIQUE BANEGAS LEZAMA, y JUAN RAMON FIGUEROA ALVAREZ, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha 21 de abril del 2023, compareció ante este Tribunal la Abogada DIANA MELISSA PINEDA SALGADO, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha 8 de julio del 2023, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 27 de noviembre del 2023 se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por el Abogado CARLOS BENJAMIN SANTOS HERNANDEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I.- Que acorde a lo dispuesto en los artículos 764, 765 y 769 del Código de Trabajo, la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que la Abogada DIANA MELISSA PINEDA SALGADO, en su primer motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva Nacional en Infracción Indirecta proveniente de error de hecho por la FALTA DE APRECIACIÓN de la Prueba documental propuesta y admitida a la parte demandante consistente en el acta de terminación de una relación laboral visibles a folios 83 al 89 de la primera pieza de autos, en relación con la prueba en su conjunto, particularmente con la prueba documentales contratos colectivos de condiciones de trabajo suscrito entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (SITRAIHNFA) y el INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (IHNFA), que obran de folio 90 al 142 primera pieza de autos, cálculos de prestaciones obran del folio 146 al 149, que hizo incurrir en error de hecho que aparece de manifiesto en los autos y que lo llevo en forma indirecta a la violación de los artículos 113 párrafo segundo y párrafo tercero letra a) y 116 literal e) 120 literal c) del Código de Trabajo, en relación a los artículos 3 y 47 del Código de Trabajo, 129 y 134 de la Constitución de la República, a su vez en relación a los artículos 738 y 739 del Código de Trabajo. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las Normas Procesales que sirvieron de medio para la violación de las Normas Sustantivas señaladas. están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código de Trabajo. NORMA SUSTANTIVA: La norma sustantiva que se estima violada son los artículos 113 párrafo segundo y párrafo tercero letra a) y 116 literal e) 120 literal c) del Código de Trabajo, 28 del Código de Trabajo, 129 y 134 de la Constitución de la República, a su vez en relación a los artículos 738 y 739 del Código de Trabajo. PRUEBA MAL APRECIADA: La Prueba mal apreciada consiste en la Prueba documental propuesta y admitida a la parte demandante consistente en el acta de terminación de una relación laboral visibles a folios 83 al 89 de la primera pieza de autos, en relación con la prueba en su conjunto, particularmente con la prueba documentales contratos colectivos de condiciones de trabajo suscrito entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (SITRAIHNFA) y el INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (IHNFA), que obran de folio 90 al 142 primera pieza de autos, cálculos de prestaciones obran del folio 146 al 149. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL PRIMER MOTIVO: La Corte sentenciadora, al confirmar el fallo dictado por el Juzgado de Primera Instancia, incurrió en error de hecho, al DEJAR DE APRECIAR la Prueba documental propuesta y admitida a la parte demandante consistente en el acta de terminación de una relación laboral visibles a folios 83 al 89 de la primera pieza de autos, en relación con la prueba en su conjunto, particularmente con la documental contratos colectivos de condiciones de trabajo suscrito entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (SITRAIHNFA) y el INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (IHNFA), que obran de folio 90 al 142 primera pieza de autos, cálculos de prestaciones obran del folio 146 al 149, que hizo incurrir en error de hecho que aparece de manifiesto en los autos y que lo llevo en forma indirecta a la violación de los artículos 113 párrafo segundo y párrafo tercero letra a) y 116 literal e) 120 literal c) del Código de Trabajo, en relación a los artículos 28 del Código de Trabajo, 129 y 134 de la Constitución de la República, a su vez en relación a los artículos 738 y 739 del Código de Trabajo.- La Corte recurrida DEJA DE APRECIAR, según expone de forma expresa en su fallo impugnado, ya que del considerando 2 se entiende que no se condena al reajuste salarial porque mediante amparo otorgado se dejó sin valor y efecto la aplicabilidad de séptimo contrato colectivo, dejando la Corte de Apelaciones garantizarle al trabajador sus prestaciones e indemnizaciones laborales, tal como lo hace saber la parte demandada; por lo que queda establecido en ésta sentencia el derecho que tienen por lo tanto deja de apreciar la prueba singularizada, la cual relacionada con el resto del material probatorio, si se hubiere considerado, llegaría al convencimiento de la procedencia de la demanda, y consecuente condenar la indemnización reclamada; Por lo que con la falta de apreciación de la prueba singularizada notificación de la terminación de la relación laboral que el patrono dio al trabajador, se ha incurrido en un error de hecho manifiesto”. III.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: El error de hecho, implica conclusiones ostensiblemente contrarias a lo establecido en el juicio, ya sea por falta de apreciación de la prueba o por defectuosa apreciación de la misma, es decir, en los casos en que el juzgador incurra en una manifiesta y evidente equivocación; es importante también señalar, que en los juicios del trabajo los juzgadores gozan de autonomía en la apreciación de las pruebas y que no puede acusarse válidamente en casación esa estimación sino por haberse incurrido con ella en un error de hecho que aparezca de modo evidente, manifiesto e incontrovertible de acuerdo con las constancias procesales, en forma que se dé por establecido un hecho que no lo está o, al contrario, se considere como existente uno que sí está suficientemente acreditado en el juicio. Analizado el caso que nos ocupa, el Impetrante en su explicación no logra demostrar el error de hecho alegado e incurre en los defectos de invocar, los artículos 113 párrafo segundo y párrafo tercero letra a) y 116 literal e) 120 literal c) del Código de Trabajo, señalados como violados indirectamente, si bien tienen el carácter sustantivo exigido en este extraordinario recurso, los mismos regulan situaciones jurídicas que no tienen incidencia en la decisión final objeto del recurso; como realizar alegatos propios de instancia. IV.- Que la Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso la Sentencia recurrida de ser violatoria de Ley sustantiva de orden nacional por Infracción indirecta de la ley sustantiva contenida en el artículo 113 párrafo segundo y párrafo tercero letra a), 116 literal e) 120 literal c) del Código de Trabajo, en relación a los artículos 3 y 28 del Código de Trabajo, 129 y 134 de la Constitución de la República, a su vez en relación a los artículos 738 y 739 del Código de Trabajo por la falta de apreciación del medio prueba documental consistente en el sexto contrato colectivo de condiciones de trabajo suscrito entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (SITRAIHNFA) y el INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (IHNFA), que obra de folio 90 al 112 de la primera pieza. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el numeral 10, párrafo segundo del artículo 765 del Código de Trabajo. NORMA SUSTANTIVA VIOLADA: La Norma Sustantiva de Orden Nacional violada, está contenida artículo 113 párrafo segundo y párrafo tercero letra a), 116 literal e) 120 literal c) del Código de Trabajo, con relación al artículo 28 del Código de Trabajo, 129 de la Constitución de la República, PRUEBA APRECIADA ERRONEAMENTE: La Prueba falta apreciación consiste en la Prueba documental sexto contrato colectivo de condiciones de trabajo suscrito entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (SITRAIHNFA) y el INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (IHNFA), que obra de folio 90 al 112 primera pieza. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las Normas Procesales que sirvieron de medio para la violación de las Normas Sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo vigente. EXPRESIÓN DEL SEGUNDO MOTIVO Para que se configure la infracción de Ley por error de hecho en la apreciación o falta de apreciación de las pruebas, son necesarios los siguientes requisitos: 1.- Debe existir una errónea apreciación o UNA FALTA DE APRECIACIÓN DE LA PRUEBA; 2.- Esa errónea o falta de apreciación debe ser originada por un error de hecho, es decir, respecto de la prueba considerada en sí misma y no con relación a las normas legales que reglamentan la prueba de que se trate, pues en este último caso se estaría frente a una cuestión diferente; 3.- Ese error de hecho debe generar como consecuencia obligada y necesaria la violación de la Ley sustantiva; y 4.- El error de hecho expresado debe ser manifiesto, o sea, que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate, como ocurriría en la sentencia que admite por probado un hecho que en realidad no está demostrado; o al contrario, se da por no probado un hecho que si está demostrado plenamente en el juicio. En el caso de autos el ad quem al confirmar la sentencia expresa no aprecia la prueba documental consistente en el sexto contrato colectivo de condiciones de trabajo el cual asociado a otra prueba y el material probatorio en su conjunto, se comprobó el derecho reclamado por mi representado A tal consideración consideramos llega el ad quem, porque dejo de apreciar el sexto contrato colectivo de condiciones de trabajo, lo que la lleva injustificadamente CONFIRMAR la sentencia condenatoria de primera instancia, y la hace incurrir en la violación expuesta de falta de apreciación del medio de prueba en su conjunto relacionado”. V.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: Del análisis del expediente de mérito, este Tribunal observa que el Juzgador analizó la prueba en su conjunto valorándola atendiendo a las reglas de la sana crítica y del conocimiento, formando libremente su convencimiento sin sujeción a la tarifa legal de pruebas. En lo atinente a la libre apreciación de los medios probatorios, tanto la Doctrina como la Jurisprudencia han reiterado que la evaluación de ese material probatorio hecha por el sentenciador de instancia es intocable, no puede destruirse en casación, aun cuando no se esté de acuerdo con ella, salvo el caso excepcional de error evidente de hecho, es decir, que la libertad del Tribunal para estimar los medios de prueba solo tiene el límite que le demarca lo absurdo de la conclusión a que lo lleva un error en la apreciación probatoria, entendiéndose por conclusión absurda lo que repugna a la razón natural. Analizado el caso que nos ocupa, la Recurrente no logra demostrar el error de hecho alegado. El Séptimo Contrato Colectivo en que se amparan los demandantes para su reclamo con cantidades ilusorias nunca estuvo vigente, VI.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación interpuesto por la Abogada DIANA MELISSA PINEDA SALGADO, en su condición de Representante Procesal de los señores RUTILIO DE JESUS ALVARENGA VARELA, CARLOS LOMBARDO CRUZ MARTINEZ, LOURDES GUADALUPE PONCE MIDENCE, CARLOS EDGARDO ZUNIGA, LEONEL GRANADOS MASS, DONALDO ENRIQUE BANEGAS LEZEMA y JUAN RAMÓN FIGUEROA ALVAREZ, en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. - NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, quien firma por el Magistrado Coordinador ROY PINEDA CASTRO, conforme al artículo 8 del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de octubre del dos mil veinticuatro; certificación de la sentencia de fecha trece de febrero del dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL322-2022. FIRMA Y SELLO.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ.
SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.