Sentencia CL-297-22 — Registro 17990
Resumen
Demanda ordinaria laboral para el pago de derechos irrenunciables, pago de terceavo y catorceavo mes de salario proporcional, pago de vacaciones proporcionales, salarios adeudados
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) el artículo 2 numeral 2) del Código del Trabajo es una disposición general y no sustantiva, ya que la misma define el orden público laboral y excluye a ciertos trabajadores de su aplicación, entre ellos los empleados públicos protegidos por la Ley de Servicio Civil; b) Cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; c) no indica correctamente las normas procesales que sirvieron de medio para la violación; d) en el desarrollo del cargo hace referencia a aplicación indebida e interpretación errónea y apreciación errónea, causales diferentes que debió invocar de forma separada por la independencia de los cargos; y e) formula alegatos de instancia. IV.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los trece días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 26 de abril del 2023, por el Abogado SAMUEL EDGARDO PACHECO VILLAFRANCA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, además, es parte recurrida, la señora ALBA LARISSA UMAÑA MELGAR, representada en juicio por la Abogada MELDA MIGDALIA ZELAYA ORTIZ. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para el pago de derechos irrenunciables, pago de terceavo y catorceavo mes de salario proporcional, pago de vacaciones proporcionales, salarios adeudados, costas del juicio; promovida ante el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en fecha 22 de junio del 2017, por la señora ALBA LARISSA UMAÑA MELGAR, mayor de edad, en unión libre, Licenciada en Informática Administrativa, hondureña y con domicilio en Puerto Cortés, Departamento de Cortés, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del HOSPITAL DE AREA DE PUERTO CORTES, a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, por medio de la Procuraduría General de la República. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 05 de abril del 2022, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 18 de febrero del 2022, proferida por el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, que en su parte conducente dice: “FALLA: DECLARANDO CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PROMOVIDA ALBA LARISSA UMAÑA MELGAR; contra el ESTADO DE HONDURAS POR ACTOS DE LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA EN EL HOSPITAL DE ÁREA DE PUERTO CORTES representado por el señor PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA.- SIN COSTAS DADA LA NATURALEZA SOCIAL DEL DERECHO DEL TRABAJO.- EN CONSECUENCIA: CONDENA AL ESTADO DE HONDURAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD PÚBLICA, REPRESENTADA POR LA PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA AL PAGO DE LOS CONCEPTOS SIGUIENTES: VACACIONES AÑO 2015-2016 (10 DÍAS) LPS.3,453.66; VACACIONES PROPORCIONALES AÑO 2016-2017 (10.13 DÍAS) LPS.3,711.63; DECIMO TERCER MES EN CONCEPTO DE AGUINALDO AÑO 2015 (PAGO DE REAJUSTE) LPS.1,040.65; DECIMO TERCER MES EN CONCEPTO DE AGUINALDO AÑO 2016 LPS.8,888.49; DECIMO TERCER MES EN CONCEPTO DE AGUINALDO AÑO 2017 PROPORCIONAL (3.42 DÍAS) LPS.1,074.09; DECIMO CUARTO MES EN CONCEPTO DE COMPENSACIÓN SOCIAL AÑO 2015 (PAGO DE REAJUSTE) LPS.493.55; DECIMO CUARTO MES EN CONCEPTO DE COMPENSACIÓN SOCIAL AÑO 2015-2016 (PAGO DE REAJUSTE) LPS.1,650.32; DECIMO CUARTO MES EN CONCEPTO DE COMPENSACIÓN SOCIAL AÑO 2016-2017 PROPORCIONAL (18.33 DÍAS) LPS.5,757.77; PAGO DE SALARIO ADEUDADO EL MES DE ENERO Y 10 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 LPS.9,733.33; REAJUSTE DE SALARIO MÍNIMO CORRESPONDIENTE DEL 06 DE ABRIL DEL AÑO 2015 AL 10 DE FEBRERO DEL AÑO 2016: LPS.33,624.21; SUMANDO UN GRAN TOTAL DE SETENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON SETENTA CENTAVOS (LPS.70,427.77).- SIN COSTAS…”. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que fue contratada por escrito y por tiempo indefinido por el demandado específicamente en el Hospital de Área de Puerto Cortes, para trabajar como Auxiliar de Farmacia en el Hospital de Área de esta ciudad, el 06 de abril del 2015, con un horario de trabajo de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., de lunes a viernes, devengaba un salario de L. 5,800.00 mensuales hasta el mes de septiembre del mismo año, luego de tres meses se le aumento a L. 6,800.00, posteriormente a partir de enero del año 2016 devengaba un salario de L. 7,300.00 mensuales, y a partir del mes de septiembre del mismo año con turnos rotativos de 7: 00 a.m. a 3:00 p.m. y de 3:00 p.m. a 11:00 p.m. y de 11:00 p.m. a 7:00 a.m.; manifestó que el 10 de febrero del 2017 renunció a su trabajo, comunicándole a su patrono que ya no laboraría más para él; sin embargo, nunca se le comunicó cuando se le haría efectivo el pago de sus derechos irrenunciables y que después de la fecha de su renuncia esperó un tiempo prudencial para que su patrono llegara a un acuerdo, en cuanto al pago de sus derechos laborales, sin tener respuesta; por lo que el 18 de abril del 2017 solicitó un cálculo de sus derechos irrenunciables entregándolo a su patrono, sin obtener respuesta de cuando se le cancelaria el monto por sus derechos laborales. Asimismo, con el ánimo de llegar a un acuerdo conciliatorio, acudió a la Procuraduría del Trabajo de esa ciudad, siendo imposible el mismo, se dio por agotado el trámite administrativo. 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda, rechazando las pretensiones de los demandantes; señalando que la demandante en los hechos narró que fue contratada de forma indefinida, lo cual no es cierto, porque lo que se suscribieron fueron varios los contratos, lo que no mencionó fue que esos contratos eran de Servicios Profesionales y Técnicos, pudiéndose apreciar claramente que los mismos eran de diferentes fechas de terminación, igualmente contienen clausulas claras y concretas, en donde se fijan los parámetros de Legalidad Administrativa, con los cuales se rigen dichos contratos, tal como se puede apreciar en la CLAUSULA TERCERA, de la validez y vigencia del contrato, que manifiesta: Este Contrato tendrá validez una vez suscrito por las partes contratantes y será aprobado mediante el acuerdo ministerial correspondiente, estará sujeto a la normativa del derecho administrativo vigente prestando el CONTRATISTA. Además, menciona en sus hechos que no hay expediente disciplinario en su contra por hechos contentivos de falta, cuando sabe que hay informes de la Unidad de Gestión y Desarrollo del Recurso Humano y jefatura regional de esos hechos, y debido a que sus contratos tendían fecha de expedición es que no se culminó con ellos, y la misma naturaleza de los mismos; además con el recorte de presupuesto para seguirlo contratando. Asimismo, se apreció claramente en los Contratos de Servicios Profesionales y Técnicos la disparidad de fechas de un contrato a otro, recalcó además que aun así todos tenían el respaldo de la respectiva estructura presupuestaria, el cual fue regulado siempre por los decretos legislativos que contienen la Aprobación Presupuestaria de los ejercicios fiscales correspondiente. También basaron su defensa, que los Contratos y/o Acuerdos ministeriales objetos de esos contratos son documentos de orden público, ya que una vez firmados por los titulares de la Secretaria Respectiva son elevados a los respectivos Acuerdo Ministeriales, tal como lo establece la Ley General de la Administración Pública en su artículo 116. 3.- El Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en fecha 18 de febrero del 2022, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: DECLARANDO CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PROMOVIDA ALBA LARISSA UMAÑA MELGAR; contra el ESTADO DE HONDURAS POR ACTOS DE LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA EN EL HOSPITAL DE ÁREA DE PUERTO CORTES representado por el señor PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA.- SIN COSTAS DADA LA NATURALEZA SOCIAL DEL DERECHO DEL TRABAJO.- EN CONSECUENCIA: CONDENA AL ESTADO DE HONDURAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD PÚBLICA, REPRESENTADA POR LA PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA AL PAGO DE LOS CONCEPTOS SIGUIENTES: VACACIONES AÑO 2015-2016 (10 DÍAS) LPS.3,453.66; VACACIONES PROPORCIONALES AÑO 2016-2017 (10.13 DÍAS) LPS.3,711.63; DECIMO TERCER MES EN CONCEPTO DE AGUINALDO AÑO 2015 (PAGO DE REAJUSTE) LPS.1,040.65; DECIMO TERCER MES EN CONCEPTO DE AGUINALDO AÑO 2016 LPS.8,888.49; DECIMO TERCER MES EN CONCEPTO DE AGUINALDO AÑO 2017 PROPORCIONAL (3.42 DÍAS) LPS.1,074.09; DECIMO CUARTO MES EN CONCEPTO DE COMPENSACIÓN SOCIAL AÑO 2015 (PAGO DE REAJUSTE) LPS.493.55; DECIMO CUARTO MES EN CONCEPTO DE COMPENSACIÓN SOCIAL AÑO 2015-2016 (PAGO DE REAJUSTE) LPS.1,650.32; DECIMO CUARTO MES EN CONCEPTO DE COMPENSACIÓN SOCIAL AÑO 2016-2017 PROPORCIONAL (18.33 DÍAS) LPS.5,757.77; PAGO DE SALARIO ADEUDADO EL MES DE ENERO Y 10 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 LPS.9,733.33; REAJUSTE DE SALARIO MÍNIMO CORRESPONDIENTE DEL 06 DE ABRIL DEL AÑO 2015 AL 10 DE FEBRERO DEL AÑO 2016: LPS.33,624.21; SUMANDO UN GRAN TOTAL DE SETENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON SETENTA CENTAVOS (LPS.70,427.77).- SIN COSTAS…”. Bajo el criterio que, en cuanto a lo que alega la parte demandada, que la demandante fue contratada mediante celebración de contrato de servicios profesionales y técnicos por tiempo determinado, lo cierto es que no se incorporó al proceso, el respectivo Acuerdo de nombramiento en propiedad del cargo conforme los requerimientos establecidos en la Ley del Servicio Civil (Art. 11 numeral 6) y su reglamento (Art. 53 numeral 7), por otro lado, la parte demandada, no ha acreditado durante la sustanciación del presente juicio, que el puesto de Auxiliar De Farmacia en el Hospital del Área de Puerto Cortes, de la Secretaria de Estado en los Despachos de Salud, requiera de conocimientos técnicos especiales y específicos o que dicha labor para poder ejercerla sea necesaria poseer título universitario de profesión independiente como para justificar la celebración de Contratos de Servicios Profesionales y Técnicos; lo que este juzgador ha observado, es que la patronal ha tratado de simular u ocultar una relación laboral que está regida por nuestra legislación laboral; en consecuencia se presume la existencia de contrato de trabajo por virtud de haberse probado que el demandante tenía una continua subordinación y dependencia de su patrono, desarrollando su labor en forma personal y recibiendo un salario por dicha labor. Asimismo el Artículo 20 del Código del Trabajo establece los elementos esenciales para que exista Contrato de Trabajo y que una vez reunidos los tres elementos, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen, que es aplicable en el presente caso, en el cual se ha constatado la existencia de la relación laboral del demandante con la parte demandada por la labor realizada en forma personal, la continua subordinación para con la demandada y la remuneración por la labor realizada, como anteriormente se señalaba.- Asimismo se hace preciso señalar el criterio que ha establecido la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, la cual en distintas ejecutorias como las establecidas en Expedientes 7320, 7456, 8658, 9960, 9145 entre otros, ha establecido: "Que conforme su duración y a lo dispuesto en el Artículo 46 del Código del Trabajo, las relaciones de trabajo, en general, pueden ser: a) Por tiempo indefinido; b) Por tiempo limitado; c) Para obra o servicios determinados; la primera constituye la regla general en atención al principio de estabilidad laboral, las dos últimas, constituyen excepciones a la primera y para que sean lícitas y tengan validez es necesario que exista una causa extraordinaria y transitoria que no amerite permanentemente los servicios del trabajador...."; Criterio que es compartido por este juzgador y que es aplicable en el presente caso, en cuanto a que la demandada no ha acreditado que la labor desempeñada por la demandante haya sido de carácter transitoria o temporal, ya que aun y cuando las partes suscribieron varios contratos por tiempo determinado, lo real es que conforme se aprecia de documentación visible a folios 43 al 57, se ha constatado que la labor de la demandante era de carácter permanente, actividad general y continua dentro del Hospital de Área de esta ciudad, por lo que no es atendible la argumentación de la demandada en cuanto a la temporalidad de la contratación del demandante, mucho menos que dicha contratación sea por servicios profesionales regidos por el derecho administrativo.- Asimismo nuestra legislación laboral establece (Art. 47 CT) que los contratos de trabajo sobre labores que por su naturaleza sean permanentes en la empresa se entienden celebrados por tiempo indefinido aun y cuando se señale un término en el mismo, siempre y cuando subsista la causa que les dio origen, como en el presente caso, en el cual la causa que dio origen a la contratación de la demandante duró desde el 06 de Abril del año 2015 en el cargo de Auxiliar de Farmacia en el Hospital de Área de esta ciudad, hasta el día 10 de Febrero del 2017, ya que por iniciativa de la demandante, finalizo la relación laboral, notificación que la demandante realizó a la patronal por escrito. Que el Artículo 56 del Código del Trabajo establece las condiciones generales de trabajo como ser lo relativo a jornadas de labor, descanso semanal, vacaciones anuales, asimismo los Artículos 345, 346 establecen el derecho del trabajador y obligación del patrono a pagar a la demandante a gozar de un periodo de Vacaciones, lo cual es aplicable en este caso, por lo que le corresponde a la demandante, percibir el pago de los años 2015, 2016 y en forma proporcional para el año 2017; Por otro lado la Ley del Séptimo Día y Décimo Tercer Mes En Concepto de Aguinaldo en su Artículo 1 establece el derecho de la demandante a percibir el pago del Décimo Tercer Mes de salario, asimismo la Ley de Reestructuración de los Mecanismos de Ingresos y la Reducción del Gasto del Sector Público, el Fomento de la Producción y la Compensación Social en su Artículo 34 establece como un derecho a todos los empleados y trabajadores el pago del Décimo Cuarto Mes de Salario y en el presente caso, la parte Demandada ha efectuado el pago en forma proporcional al demandante, por lo que es procedente la condena de su ajuste para los periodos 2015-2016, 2016-2017 y el proporcional para el año 2017, descontándose las cantidades ya pagadas por la demandada. Asimismo, el Artículo 2 de la Ley del Salario Mínimo establece el derecho del demandante a percibir irrenunciablemente al menos el salario mínimo establecido por el gobierno central y siendo que el salario mínimo legalmente establecido por el gobierno central en el rubro de hospitales de 151 trabajadores en adelante era de: para el año 2015 L. 8,230.09; para el año 2016 L. 8,888.49; para el año 2017 L. 9,421.81, por lo que la demandada al cancelar a la demandante un salario en el año 2015 L. 6,136.00, en el año 2016 L. 7,300.00 y en el año 2017 L. 7,300.00, se constata que la demandante devengaba un salario inferior al legalmente establecido por el gobierno central, por lo que es procedente conceder el reajuste de su salario.- Asimismo siendo que se le adeuda a la demandante el pago del salario del mes de enero del 2017 y 10 días del mes de febrero del 2017, es procedente condenar a la demandada para el pago de dicho salario adeudado. Por lo anteriormente expuesto, este Juzgador considera Procedente conforme a derecho en declarar con lugar la Demanda Ordinaria Laboral promovida por Alba Larissa Umaña Melgar; contra el Estado de Honduras por actos de la Secretaria de Salud Publica en el Hospital de Área De Puerto Cortes representado por el señor Procurador General de la Republica. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, en fecha 05 de abril del 2022, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el A-quo, sin costas; bajo el criterio que, de la prueba que corre a folios del 43 al 53 de la primera pieza, resulta acreditada que el nexo laboral inició mediante contratos denominados de servicios profesionales y técnicos para desempeñar el cargo de Auxiliar de Farmacia en el Hospital de Área de Puerto Cortes, y que los mismos posteriormente fueron elevados a acuerdos ministeriales mediante la cual los aprobaron; también lo es que de la misma contratación se desprende que la actividad ejecutada por la demandante, no requería de conocimientos especiales; y siendo además que, en strictu sensu no consta en el proceso la existencia de acuerdo de nombramiento para el cargo contratado, de tal forma que resulte indudable que esté cubierto por el régimen de servicio civil que lo excluya del ámbito que instituye el Código del Trabajo, según lo dispone el Artículo 2.2 de éste texto legal, de ahí que el Tribunal considera que la jurisdicción del trabajo es la facultada para conocer de la presente demanda, dado que no puede prevalecer la autonomía de la voluntad por sobre la conceptualización normativa de las garantías sociales que recoge el propio Código del Trabajo para definir la relación laboral y por ende la existencia real y material del contrato individual del trabajo, todo en atención a lo dispuesto en los Artículos 128 de la Constitución de la República y 3 del Código precitado (en similares términos se ha pronunciado la Sala de lo Constitucional en el Recurso de Amparo No. 441-13); así las cosas, y siendo que no existe prueba que acredite la necesidad o conveniencia de la accionada para contratar a término, de conformidad a lo que señala el artículo 47 del Código del Trabajo, tal vinculación debe considerarse por tiempo indefinido; por tanto, ante la renuncia presentada por la señora Umaña Melgar, lo legal y procedente es el pago de sus derechos adquiridos en la proporción que le correspondan, ya que tales conceptos son de carácter irrenunciable y procede el pago con independencia de la forma de terminación de la relación laboral. Por los razonamientos que contiene el presente fallo y dada la personalidad del recurso de apelación, se estima procedente confirmar la sentencia recurrida. 5.- Mediante auto de fecha 12 de mayo del 2022, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado SAMUEL EDGARDO PACHECO VILLAFRANCA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 26 de abril del 2023, compareció ante este Tribunal el Abogado SAMUEL EDGARDO PACHECO VILLAFRANCA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 30 de octubre del 2023, se tuvo por precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte de la Abogada MELDA MIGDALIA ZELAYA ORTIZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1.- El recurso de casación laboral es el medio procesal extraordinario y dispositivo por el cual se impugna una sentencia definitiva de segundo grado dictada en materia de trabajo, acusándole de ser violatoria de ley sustancial o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la única parte apelante o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de ser legal y acertada, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del debate procesal con el agotamiento de las instancias; buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello que la demanda casacional requiere de un alto grado de tecnicidad, pudiendo prosperar sólo si cumple con todos los requerimientos legales y jurisprudenciales de pertinencia, oportunidad y sustentación. II.- Que el Abogado SAMUEL EDGARDO PACHECO VILLAFRANCA, en su primer y único motivo de casación alega: “Acuso la Sentencia de fecha Dieciocho de Febrero del año Dos Mil Veintidós emitida por el Juzgado de Letras Seccional de Trabajo de Puerto Cortes, departamento de Cortes y el fallo de fecha Cinco de Abril del dos mil veintidós emitido por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, de ser violatoria la Ley Sustantiva de orden Nacional por aplicación indebida e interpretación errónea y apreciación errónea de un medio de prueba, y que se refiere al artículo 2 numeral 2, del Código del Trabajo Vigente, además que la parte demandada comprobó que la demandante renuncio a su CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS y que el mismo Estado no hay responsabilidad de su parte. NORMA SUSTANTIVA VIOLADAS: La norma sustantiva de orden nacional violada es al artículo 2 numeral 2, del Código del Trabajo Vigente. PRUEBA ERRÓNEAMENTE APRECIADA: El error de apreciación de prueba se refiere al que la Corte de Apelaciones de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, no consolido totalmente válidos, los Contratos de Servicios Profesionales y Técnicos, elevados a sus Acuerdos respectivos. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron de medio para el quebrantamiento de las normas sustantivas violadas es el artículo 738 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el artículo 765 numeral 1, del Código del Trabajo. LA VIOLACIÓN DE LA LEY SUSTANTIVA DE ORDEN NACIONAL POR APLICACIÓN INDEBIDA E INTERPRETACIÓN ERRÓNEA LA EXPLICO DE LA SIGUIENTE MANERA: Que la Corte de Apelaciones de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, al dictar la Sentencia deviene en la obligación de aplicar las normas que regulan los aspectos debatidos en juicio, sin apartarse de los principios que informan al critica de la prueba, los hechos relevantes del proceso y la conducta procesal observada por las partes para poder proferir un fallo apegado a derecho; es evidente que las normas sustantivas invocadas fueron interpretadas erróneamente ya que la competencia es la pertenencia a un órgano, a un funcionario, o a un encargado del poder sobre la litis o un negocio determinado; naturalmente esta competencia es un requisito de validez del acto procesal en el que el poder encuentra su desarrollo.... Para señalar la competencia hay que tener en cuenta cinco factores principales, que son: 1) el objetivo; 2) el subjetivo; 3) el funcional; 4) el territorial; y 5) el de conexión; en este caso interesa el contenido del "factor objetivo" este factor se relaciona con el objeto del negocio, ya en cuanto a su naturaleza propio con respecto a su cuantía. El criterio derivado de la naturaleza del pleito se refiere al contenido específico de la relación jurídica en litigio, o sea, a la naturaleza misma de la pretensión o pretensiones que el actor invoca en el petitum de la demanda con que se inicia el proceso judicial. Es importante mencionar que la competencia objetiva en materia de trabajo es especializada y para ello la norma 679 del Código de la materia de fija el conocimiento de los Juzgados del Trabajo: 1: De todas las controversias que surjan del contrato de trabajo; 2......y 5: De todos los demás asuntos que determine este Código; de manera pues, que si bien el objetivo de los procesos laborales, son las controversias jurídicas laborales con su valor económico, que los sujetos son los trabajadores y empleadores, no lo es menos que su competencia está circunscrita a lo que ya establece la Ley: controversias que surjan del Contrato de Trabajo.- Que de acuerdo al artículo 256 de la Constitución de la Republica, el régimen de Servicio Civil regula las relaciones de empleo y función pública que se establecen entre el Estado y sus servidores y de conformidad a lo prescrito por el articulo 2 numeral 2 del Código del Trabajo, EXCEPTÚA de su régimen de aplicación, a los empleados públicos nacionales, departamentales y municipales, señalando que las relaciones entre el Estado, el Departamento y el Municipio y sus servidores, se regirán por las Leyes del Servicio Civil que se expidan; se entiende por empleado público, aquel, cuyo puesto ha sido creado por la Constitución, la Ley. Decreto ejecutivo o acuerdo Municipal, con lo anteriormente expresado, está claramente demostrado que la jurisdicción del Trabajo, no es competente para conocer del reclamo laboral presentado por el demandante y se ratifica la aplicación indebida e interpretación errónea que la Corte de Apelaciones Seccional de San Pedro Sula, Cortes, hace de la norma sustantiva violada al dictar la sentencia por la que en este acto se recurre. LA APRECIACIÓN ERRÓNEA DE LA PRUEBA LA EXPLICO DE LA SIGUIENTE MANERA: Que la Corte de Apelaciones de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes hace apreciación errónea de MEDIOS DE PRUEBA QUE NO FUE VALORADO, ya que todo Contrato de Servicios Profesionales y Técnicos aprobados y suscritos por el Estado de Honduras a través de los órganos competentes en nuestro caso la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud por intermedio de su Secretario de Estado TIENEN SUS REGULACIONES EN DIFERENTES ESTAMENTOS LEGALES, por consiguiente todo lo allí pactado tendrá consecuencias jurídicas estrictamente Administrativas que se resolverán en caso de conflictos en los Juzgados de lo Contencioso Administrativo, para el caso tenemos que: la Ley de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en su Artículos 1 manifiesta, Por la Presente Ley se regula la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo encargada de conocer de las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de carácter particular o general de la Administración Pública, sujetos al Derecho Administrativo. Artículo 2..., b; Articulo 3, La jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá también de: a) Las cuestiones referentes al cumplimiento, interpretación, resolución, rescisión y efectos de los Contratos regulados por la Ley de Contratación del Estado que hayan sido celebrados por cualquiera de los poderes del Estado por Municipalidades y por Instituciones Autónomas y todo lo relativo a los Contratos de Servicios Profesionales o Técnicos que celebren los poderes del Estado. Precepto que se aplica sin discusión al Contrato de Servicios Profesionales y Técnicos objetos de esta improcedente demanda y valedero para que se aplique la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.- También está claramente definido que el Demandante lo que suscribió fue un Contrato de Servicios Profesionales y Técnicos y con Clausulas claras y concretas y en donde expresamente establecidas las pautas y disposiciones de los mismos, tal y como se puede apreciar en la CLAUSULA TERCERA la cual manifiesta: VALIDEZ Y VIGENCIA, ESTE CONTRATO TENDRÁ VALIDEZ, UNA, VEZ, SUSCRITOS POR LAS PARTES Y SER APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL. Y ESTARÁ SOMETIDO A LA NORMATIVA DEL DERECHO ADMINISTRATIVO A VIGENTE PRESTANDO SUS SERVICIOS PROFESIONALES A PARTIR DEL........ AL.........DEL AÑO…, igualmente la CLAUSULA OCTAVA dice: jurisdicción aplicable: Para dirimir las controversias que surjan de la aplicación de este Contrato, las partes se someten a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, por lo cual queda establecido que el mismo se regirá por el Derecho Administrativo. En atención a lo anteriormente expresado es que consideramos, que la Corte de Apelaciones Seccional de San Pedro Sula, Cortes, al dictar el fallo recurrido no hizo apreciación de una prueba que es válida por todas las razones de hecho y de derecho relacionadas, en consecuencia, se produce la infracción de Ley por apreciación errónea de una prueba”. III.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) el artículo 2 numeral 2) del Código del Trabajo es una disposición general y no sustantiva, ya que la misma define el orden público laboral y excluye a ciertos trabajadores de su aplicación, entre ellos los empleados públicos protegidos por la Ley de Servicio Civil; b) Cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; c) no indica correctamente las normas procesales que sirvieron de medio para la violación; d) en el desarrollo del cargo hace referencia a aplicación indebida e interpretación errónea y apreciación errónea, causales diferentes que debió invocar de forma separada por la independencia de los cargos; y e) formula alegatos de instancia. IV.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, quien firma por el Magistrado Coordinador ROY PINEDA CASTRO, conforme al artículo 8 del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de agosto del dos mil veinticuatro; certificación de la sentencia de fecha trece de febrero del dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL297-2022. FIRMA Y SELLO.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ.
SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.