Sentencia CL-270-23 — Registro 19000
Resumen
Demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por rescisión de contrato laboral de manera ilegal e injusta, más salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta el cumplimiento del contrato a título de daños y perjuicios, pago de vacaciones proporcionales, pago de aguinaldo proporcional, pago del decimocuarto mes de salario proporcional,
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."En línea con lo anterior, el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo, debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente". IV.- Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además, es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden."...
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
..."Por lo que, las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate así como la motivación deberá incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."En cumplimiento a la obligación legal antes citada, se procedió a la revisión de la sentencia definitiva pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, observándose que el Ad-Quem, en su sentencia de fecha ocho (08) de febrero de dos mil veintitrés (2023), vulneró el debido proceso al emitir una resolución cuya decisión reforma la sentencia emitida por la primera instancia, pero en detrimento de la situación jurídica sostenida hasta ese entonces por el Recurrente. Y siendo que el principio de non reformatio in peius se constituye como una prohibición expresa establecida dentro del procedimiento laboral, que limita la capacidad decisoria del juzgamiento superior para garantizar que no se agravará las circunstancia actual del apelante, pues la emisión del fallo ha resultado en un perjuicio al Estado de Honduras como única parte recurrente, quien producto del precitado fallo pasará a erogar once años de salarios caídos más el pago de prestaciones y derechos adquiridos, versus su situación jurídica establecida por la primera instancia en la que el Estado de Honduras fue absuelto de toda responsabilidad laboral. IX.- Producto del precitado análisis, esta Sala estima que, en el subjudice, la sentencia recurrida carece del debido proceso consignado en el Artículo 90 de la Constitución de la República, el cual establece el respeto a todos los derechos y garantías aplicables, en este caso particular, a la materia laboral. Garantías dentro de las cuales se incluye la prohibición y, a su vez, limitante para los jueces superiores de emitir pronunciamientos que vayan en detrimento de las circunstancias judiciales hasta ahora logradas por el apelante conforme lo ordena el Artículo 765 numeral 2 del Código del Trabajo. X.- Por las razones antes expuestas y en atención a los que establece el Artículo 858 del Código del Trabajo en relación con el Artículo 212 numeral 4 del Código Procesal Civil, es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida, para que el Ad-quem proceda de conformidad a derecho, debiendo resolver dicho caso en forma prioritaria considerando que el expediente ha sido anteriormente analizado por el Ad-quem."...
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los cuatro (04) días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024). VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 10 de noviembre del 2023, por el Abogado JIMMY ALCIDES UMANZOR BACA, mayor de edad, soltero, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además es parte recurrida, la señora ADA AUXILIADORA SÁNCHEZ MARADIAGA, representada en juicio por el Abogado MARCOS TULIO PORRAS TOLEDO. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por rescisión de contrato laboral de manera ilegal e injusta, más salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta el cumplimiento del contrato a título de daños y perjuicios, pago de vacaciones proporcionales, pago de aguinaldo proporcional, pago del decimocuarto mes de salario proporcional, costas; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 28 de junio del 2016, por la señora ADA AUXILIADORA SÁNCHEZ MARADIAGA, mayor de edad, soltera, Auxiliar de Enfermería, hondureña y de este domicilio; contra el ESTADO DE HONDURAS; por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE INTEGRACIÓN SOCIAL, por medio del Procurador General de la República, Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 08 de febrero del 2023, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló REFORMANDO DE OFICIO la sentencia de fecha 07 de mayo del 2019, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: 1) Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado JIMMY ALCIDES UMANZOR BACA.- 2) REFORMANDO DE OFICIO la sentencia definitiva de fecha siete de mayo del año dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en el sentido siguiente: REVOCAR los numerales UNO y DOS de la parte resolutiva del fallo apelado, los cuales deberán leerse de la siguiente manera: "I.- Declarar CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral para el pago de Prestaciones e Indemnizaciones Laborales; pago de salarios dejados de percibir; instaurada por la Señora ADA AUXILIADORA SÁNCHEZ MARADIAGA contra EL ESTADO DE HONDURAS, a través de su actual Representante Legal la Señora LIDIA ESTELA CARDONA; II.- CONDENA al ESTADO DE HONDURAS, a través de su actual Representante Legal la Señora LIDIA ESTELA CARDONA; a pagar a la Señora ADA AUXILIADORA SÁNCHEZ MARADIAGA La cantidad de QUINCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS (Lps. 15,866.78), por los conceptos de Preaviso Lps. 6,533.38, Auxilio de Cesantía proporcional Lps. 9,333.40, y salarios dejados de percibir.".- 3.- CONFIRMANDO los numerales TERCERO, CUARTO Y QUINTO de la sentencia apelada.- Todo en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES POR RECISIÓN DE CONTRATO LABORAL DE MANERA ILEGAL E INJUSTA, MAS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA FECHA DEL DESPIDO HASTA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS, PAGO DE VACACIONES PROPORCIONALES, PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL, PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DE SALARIO PROPORCIONAL, COSTAS DEL PRESENTE JUICIO, promovido por la señora ADA AUXILIADORA SÁNCHEZ MARADIAGA contra el ESTADO DE HONDURAS, a través del Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA en su condición de Procurador General de la República. SIN COSTAS en esta instancia…”. ANTECEDENTES DE HECHO 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que empezó a laborar en el centro de trabajo "Centros Pedagógicos para la Atención de Menores Infractores CPAAI RENACIENDO”, mediante contrato de prestación de servicios profesionales en fecha 01 de agosto del 2015, en el cargo de Enfermera con un salario mensual de L. 12,000.00; y que en fecha 30 de marzo del 2016 se encontraba en su centro de trabajo realizando visitas en dos diferentes módulos de RENACIENDO en compañía del Dr. Obedy Giovani Sandoval cuando empezó a sentirse enferma, por lo que tuvo que recibir atención médica en la que se le diagnosticó Parálisis Facial Periférica Derecha Severa, por lo que se le otorgó una incapacidad laboral, y estando en incapacidad se le comunicó en fecha 29 de abril del 2016 por parte de la señora Zoila Patricia Cruz Cerrato en su condición de Coordinadora del Comité Técnico Asesor para la Atención y Respuesta al Estado de Emergencia de los Centros Pedagógicos para Adolescentes Infractores y Subsecretaria de Estado en los Despachos de Integración Social, que el contrato de prestación de servicios había sido cancelado, aun y cuando faltaban 2 días para que se le venciera el contrato, por lo que consideró que fue una cancelación de su trabajo de manera indirecta, injusta e ilegal. Asimismo, con el ánimo de llegar a un acuerdo conciliatorio, acudió a la Secretaría del Trabajo, siendo imposible el mimo se dio por agotado el trámite administrativo. 2. La parte demandada, EL ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que si bien es cierto que la demandante prestó sus servicios profesionales para la parte demandada, pero no es menos cierto que tal prestación de servicios se formalizó mediante cláusulas por tiempo determinado con fecha de inicio y terminación, por lo que de ninguna manera existió despido alguno, ni mucho menos rescisión de contrato ya que el mismo terminó debidamente en la fecha establecida para su finalización siendo ésta de antemano conocida por la demandante, pues una vez llegado el plazo de vigencia del contrato, no existía compromiso alguno entre las partes; que desde inicio de la contratación conoció la modalidad bajo la cual prestó sus servicios profesionales que era tiempo definido y no de forma permanente; y que además se le canceló en legal y debida forma el total de la cantidad respectiva del contrato, el que una vez finalizado no prevalecía continuidad alguna en sus funciones contractuales; manifestó además que, si bien es cierto que la demandante estuvo incapacitada, también es cierto que la notificación que se le otorgó anunciándole la finalización de su contrato fue única y exclusivamente para recordarle la fecha de terminación del mismo en aras de la buena y sana administración, ya que la demandante desde el comienzo de su contratación conocía la fecha que finalizaría su relación contractual; arguyó que tampoco es cierto que, cuando se le comunicó la finalización de su contratado aún seguía incapacitada, ya que en la nota del 29 de abril del 2016 que firmó la demandante junto con la lista de asistencia, demuestran que para ese tiempo la demandante ya se encontraba nuevamente en la prestación de sus servicios para los cuales había sido contratada, evento que se comprueba con la lista de registro de asistencia de entrada que se lleva del personal contratado en los Centros Pedagógicos para la Atención de Menores Infractores CPAAI RENACIENDO, adscrito a la Secretaría de Estado en los Despachos de Integración Social (SEDIS). Finalmente expresó que una vez finalizado el contrato, la demandante no tenía más derechos que el proveniente del mismo contrato suscrito y donde las partes cumplimentaron de forma total, según sus cláusulas contractuales; por lo que no existió despido alguno, ni mucho menos que haya sido arbitrario, ilegal e injusto, ya que las partes suscribieron un compromiso contractual el cual tenia fecha de vigencia y una vez llegada la misma, el mismo fenecía sin compromiso alguno; ya que en la Administración Pública, la modalidad de contratación, se regía por lo establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento y no por el Código del Trabajo; es por ello que en las cláusulas de contrato ya establecía que los conflictos que se derivaran de tales contrataciones serían dilucidados en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo y no ante el Juzgado de Letras del Trabajo; esto en correlación con el Decreto N° 266-2013 de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno de fecha 16 de diciembre del 2013; por lo que en ningún momento las partes acordaron que el compromiso contraído se regiría por el Código del Trabajo; y que en cuanto al reclamo presentado ante la Secretaría del Trabajo; expresó que el demandado no ostenta las facultades para aceptar derechos subjetivos inexistentes, ni beneficios que no le correspondían. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 07 de mayo del 2019, dictó sentencia misma que en su parte conducente dice: “FALLA: I. Declarar SIN LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral para el pago de Prestaciones e Indemnizaciones Laborales; pago de salarios dejados de percibir; instaurada por la Señora AIDA AUXILIADORA SÁNCHEZ MARADIAGA; contra EL ESTADO DE HONDURAS, a través de su actual Representante Legal la Señora LIDIA ESTELA CARDONA; II.- ABSUELVE: EL ESTADO DE HONDURAS, a través de su actual Representante Legal la Señora LIDIA ESTELA CARDONA; a pagar a la Señora AIDA AUXILIADORA SÁNCHEZ MARADIAGA los conceptos de Preaviso, Auxilio de Cesantía, Cesantía proporcional y salarios dejados de percibir. III.- Declarar CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral para el pago de Vacaciones Proporcionales, Aguinaldo Proporcional, Décimo Cuarto mes proporcional; instaurada por la señora AIDA AUXILIADORA SÁNCHEZ MARADIAGA; contra EL ESTADO DE HONDURAS, a través de su actual Representante Legal la Señora LIDIA ESTELA CARDONA; IV. CONDENA: AL ESTADO DE HONDURAS, a través de su actual Representante Legal la Señora LIDIA ESTELA CARDONA; pagar a la Señora AIDA AUXILIADORA SÁNCHEZ MARADIAGA la cantidad de: DIECISEIS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON TRES CENTAVOS (Lps. 16,500.03) por los conceptos siguientes: Vacaciones Proporcionales Lps. 3,500.03; Aguinaldo Proporcional; Lps. 4,000.00; Décimo Cuarto Mes Proporcional Lps. 9,000.00. V.- SIN COSTAS en esta instancia”; bajo el criterio que, la presente demanda se contrae a pedir el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales al señalar la demandante que inicio a laborar mediante contrato de prestación de servicios profesionales; que la labor que desempeñaba era continua y permanente en el cargo de Enfermera con un salario mensual de L. 12,000.00; asimismo que se le otorgo incapacidad laboral, por lo tanto la carga de la prueba le corresponde exclusivamente a ella, ya que en materia probatoria, es Principio Universal que “quien afirma una cosa, es quien está obligado a probarlo” en tal razón es que a la demandante le correspondía probar la relación material y real de los hechos alegados en su libelo de demanda; situación que no se dio en las presentes diligencias al no haber comparecido a aportar medios de prueba para acreditar lo alegado. Que la demandante para pretender hacer valer los derechos establecidos en el artículo 47 y 52 del Código del Trabajo, deberá de reunir los requisitos que establece dicha norma, es decir, para obtener el derecho de permanencia laboral, bastará que el solicitante del derecho haya suscrito un contrato de trabajo por tiempo fijo, que estos contratos se hayan renovado varias veces y que la causa que le dio origen al trabajo o la materia del trabajo aún subsista. Asimismo, reforzar aún más el derecho de la Permanencia Laboral, el Código del Trabajo aclara en el artículo 47, que éstos, contratos deberán de celebrarse antes de transcurrido año, entre las mismas partes contratantes y para la misma clase de trabajo. En vista de las consideraciones legales anteriores la suscrita es del criterio que el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales solicitado por la parte demandante no está ajustado a derecho; razón por la cual la suscrita es del criterio que procede declarar sin lugar la presente demanda. Que la parte demandante solicita en el acápite cuantía de la demanda el pago de: Vacaciones proporcionales, aguinaldo proporcional; decimocuarto mes proporcional; conceptos que se declaran CON LUGAR en vista de haber acreditado la relación laboral que existió entre la demandante y la Institución demandada; asimismo la parte demandada no acreditó haber pagado estos valores a la demandante. Que el Juez puede eximir del pago de costas a la persona que fuere vencido en juicio, cuando existan motivos racionales para litigar. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 08 de febrero del 2023, dictó sentencia REFORMANDO DE OFICIO la proferida por el a quo, en el sentido de REVOCAR los numerales UNO y DOS de la parte resolutiva del fallo apelado, en donde declaró con lugar la Demanda Ordinaria Laboral para el pago de Prestaciones e Indemnizaciones Laborales; pago de salarios dejados de percibir; instaurada por la señora ADA AUXILIADORA SÁNCHEZ MARADIAGA, contra el ESTADO DE HONDURAS; condenó a la parte demandada a pagar a la demandante la cantidad de L. 15,866.78, por los conceptos de preaviso; auxilio de cesantía proporcional, y salarios dejados de percibir; y confirmó los numerales TERCERO, CUARTO y QUINTO de la sentencia apelada, sin costas; bajo el criterio que, las relaciones laborales se encuentran reguladas por un contrato de trabajo, que estipula los derechos y obligaciones de ambas partes, por lo que el criterio que debe servir para dilucidar una cuestión como la presente es el concepto de subordinación jurídica establecida entre el patrono y el trabajador, y en el presente caso, el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en su condición de Procurador General de la República, al contestar la demanda aceptó que existió una relación laboral entre la demandante y el ESTADO DE HONDURAS ya que fue contratada mediante contratos de Servicios Profesionales. Que al estar acreditado la existencia de varios contratos de personal no permanente celebrados, en los que se estableció que la función a realizar por el demandante como Enfermera en el Centro Pedagógico de Adolescentes Infractores, dependiente de la Secretaria de Estado en los Despachos de Integración Social; las funciones desempeñadas siempre han sido las mismas durante el período de tiempo por el cual se celebraron los contratos de trabajo, por lo que no cabe duda a este Tribunal de Alzada, que la relación existente entre el Estado de Honduras y la señora Ada Auxiliadora Sánchez Maradiaga, era por tiempo indeterminado. Que la Sala Laboral Contencioso Administrativo en sentencia de fecha veinticinco de julio de dos mil veintidós, específicamente en el fundamento de derecho número nueve, señala que "IX.- En cumplimiento a la obligación legal antes citada, se procedió a la revisión de la sentencia definitiva pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, observándose que el Ad-Quem, en su sentencia de fecha 14 de enero de 2020: A) Valoró y concluyó acertadamente en sus Considerandos Séptimo al Décimo Primero, que efectivamente, se suscribió un contrato de índole laboral y por tiempo indeterminado entre la señora Ada Auxiliadora Sánchez Maradiaga y el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo e Inclusión Social, ahora Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Social. B) Fundamentación en la que incluso el Ad-quem concluye con la existencia de una simulación contractual entre las partes, al materializarse, conforme al principio de supremacía de la realidad, la existencia de los tres elementos del contrato de trabajo establecidos en el Artículo 20 del Código de Trabajo, consistentes en la actividad personal del trabajador, continuada subordinación o dependencia y salario como retribución. C) No obstante, al momento de emitir su fallo el Ad-quem procede a confirmar la sentencia de primera instancia. Por lo que hace suyos los argumentos de la sentencia emitida por el Ad-quo, en las que establece que no reconoce la existencia de una relación laboral por tiempo indeterminado.". Que de acuerdo a la interpretación que hace esta Corte de apelaciones al fundamento de derecho mencionado en el considerando anterior, se debe entender que aun y cuando la parte demandada no haya comparecido a la audiencia primera de trámite, y por tratarse de una relación laboral de naturaleza permanente, deben pagársele al trabajador demandante sus prestaciones e indemnizaciones laborales. Que vistas las consideraciones anteriores procede reformar de oficio la sentencia definitiva apelada. 5. Mediante auto de fecha 18 de septiembre del 2023, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado JIMMY ALCIDES UMANZOR BACA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha 10 de noviembre del 2023, compareció ante este Tribunal el Abogado JIMMY ALCIDES UMANZOR BACA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 30 de noviembre del 2023, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 12 de febrero del 2024, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado MARCOS TULIO PORRAS TOLEDO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada Odalis Aleyda Nájera Medina, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- El acceso a la justicia constituye el derecho fundamental que tiene toda persona natural o jurídica para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. II.- Por lo anterior, toda persona tiene el derecho de poder ejercitar o promover las acciones que estime pertinentes en defensa de sus derechos y derivado de ello, de obtener una respuesta del órgano jurisdiccional, previo a seguirse el debido proceso, resolución que deberá ser congruente, motivada, imparcial y apegada al ordenamiento jurídico y a los principios generales del derecho laboral. III.- En línea con lo anterior, el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo, debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente". IV.- Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además, es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. V.- Respecto a ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de fondo del 5 de octubre de 2015, dictada en el caso Ruano Torres y otros Vs. El Salvador, Serie C No. 30319 151, estableció sobre el debido proceso: “La Corte ha señalado que el derecho al debido proceso se refiere al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado, adoptado por cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que pueda afectarlos.- El debido proceso se encuentra, a su vez, íntimamente ligado con la noción de justicia, que se refleja en: i) un acceso a la justicia no sólo formal, sino que reconozca y resuelva los factores de desigualdad real de los justiciables, ii) el desarrollo de un juicio justo, y iii) la resolución de las controversias de forma tal que la decisión adoptada se acerque al mayor nivel de corrección del derecho, es decir que se asegure, en la mayor medida posible, su solución justa.” VI.- Por lo que, las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate así como la motivación deberá incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. VII.- De conformidad al principio dispositivo este Tribunal de Casación solo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que haya sido recurridos por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente, y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiere la impugnación. No obstante, lo anterior, y de conformidad con el artículo 701 numeral 3) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia laboral, el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieren denunciado por el recurrente, con el fin de lograr la enmienda de la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso. Por lo anterior, este Tribunal procedió a analizar la totalidad de la sentencia impugnada. VIII.- En cumplimiento a la obligación legal antes citada, se procedió a la revisión de la sentencia definitiva pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, observándose que el Ad-Quem, en su sentencia de fecha ocho (08) de febrero de dos mil veintitrés (2023), vulneró el debido proceso al emitir una resolución cuya decisión reforma la sentencia emitida por la primera instancia, pero en detrimento de la situación jurídica sostenida hasta ese entonces por el Recurrente. Y siendo que el principio de non reformatio in peius se constituye como una prohibición expresa establecida dentro del procedimiento laboral, que limita la capacidad decisoria del juzgamiento superior para garantizar que no se agravará las circunstancia actual del apelante, pues la emisión del fallo ha resultado en un perjuicio al Estado de Honduras como única parte recurrente, quien producto del precitado fallo pasará a erogar once años de salarios caídos más el pago de prestaciones y derechos adquiridos, versus su situación jurídica establecida por la primera instancia en la que el Estado de Honduras fue absuelto de toda responsabilidad laboral. IX.- Producto del precitado análisis, esta Sala estima que, en el subjudice, la sentencia recurrida carece del debido proceso consignado en el Artículo 90 de la Constitución de la República, el cual establece el respeto a todos los derechos y garantías aplicables, en este caso particular, a la materia laboral. Garantías dentro de las cuales se incluye la prohibición y, a su vez, limitante para los jueces superiores de emitir pronunciamientos que vayan en detrimento de las circunstancias judiciales hasta ahora logradas por el apelante conforme lo ordena el Artículo 765 numeral 2 del Código del Trabajo. X.- Por las razones antes expuestas y en atención a los que establece el Artículo 858 del Código del Trabajo en relación con el Artículo 212 numeral 4 del Código Procesal Civil, es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida, para que el Ad-quem proceda de conformidad a derecho, debiendo resolver dicho caso en forma prioritaria considerando que el expediente ha sido anteriormente analizado por el Ad-quem.POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 59, 60, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5), 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1, 8.2. h) 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 666 letra c) 765 numeral 2 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200, 212 numeral 4 del Código Procesal Civil; 9 y 11del Código Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. Resuelve: Declarar La Nulidad de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de fecha ocho (08) de febrero de dos mil veintitrés (2023). Y Manda: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó la Magistrada Odalis Aleyda Nájera Medina. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, COORDINADORA. ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA, SONIA MARLINA DUBON VILLEDA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de mayo del dos mil veinticinco; certificación de la sentencia de fecha cuatro de diciembre del dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL270-2023. FIRMA Y SELLO.-
RAFAEL HUMBERTO ESCOBAR.-
RECEPTOR ADSCRITO.-SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.