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Sentencia CL-27-22 — Registro 18715

Resumen

Demanda ordinaria laboral para que se declare permanente la relación laboral originada por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos en aplicación estricta de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo, por ende otorgarle el acuerdo de nombramiento que le corresponde desde el inicio de la relación laboral con todos los derechos que ostentan los empleados con carácter permanente, sea reinstalado al puesto de trabajo y restituido a sus funciones, pago de vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes causados y proporcionales, todos esos conceptos a los últimos tres años, pago de salarios adeudados y demás derechos que por ley le corresponden, pago de salarios dejados de percibir

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la norma que indica como violada el artículo articulo 765 numeral 1 del Código de Trabajo no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; c) omite señalar las normas procesales que sirvieron de medio para la violación; d) debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por el Recurrente: e) la prueba singularizada si fue apreciada correctamente en el fallo impugnado, resultando que se le dio una valoración o alcance diferente al que pretende el Impetrante, por lo que es impropio el ataque al mismo por apreciación errónea"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) el artículo 113 párrafo segundo literal b) del Código del Trabajo, señalado como violado directamente, si bien tienen el carácter sustantivo exigido en este extraordinario recurso, el mismo regula situaciones jurídicas que no tienen incidencia en la decisión final objeto del recurso; b) formula alegatos de instancia inoportunos en este extraordinario recurso. "....

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que al igual que al anterior cargo resulta inamisible a razón de lo siguiente: a) el artículo 113 párrafo segundo literal b) del Código del Trabajo, señalado como violado directamente, si bien tienen el carácter sustantivo exigido en este extraordinario recurso, el mismo regula situaciones jurídicas que no tienen incidencia en la decisión final objeto del recurso; b) el Recurrente olvida que este Tribunal ha establecido el criterio de que la violación directa de la ley, ya sea por infracción directa o falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea, tiene lugar y se produce con prescindencia de cualquier material probatorio (Ver sentencias expedientes números CL 118-08, 169-08, 219-08, 249-08, 354-08, 382-08 y 14-09); y, c) formula alegatos de instancia inoportunos en este extraordinario recurso"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765 numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los doce días del mes de noviembre del año dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar sentencia en los Recursos de Casación Laboral formalizados ante este Tribunal de Justicia, en fecha 04 de enero del 2023, por el Abogado GABRIEL ALEJANDRO SORTO MENDOZA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, y en fecha 17 de abril del 2023 por el Abogado ESDRAS RAFAEL GUTIÉRREZ OCHOA, en su condición de representante procesal del señor JUAN CARLOS PAZ ALVAREZ, como partes recurrentes/recurridas respectivamente. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para que se declare permanente la relación laboral originada por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos en aplicación estricta de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo, por ende otorgarle el acuerdo de nombramiento que le corresponde desde el inicio de la relación laboral con todos los derechos que ostentan los empleados con carácter permanente, sea reinstalado al puesto de trabajo y restituido a sus funciones, pago de vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes causados y proporcionales, todos esos conceptos a los últimos tres años, pago de salarios adeudados y demás derechos que por ley le corresponden, pago de salarios dejados de percibir, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 05 de septiembre del 2018, por el señor JUAN CARLOS PAZ ALVAREZ, mayor de edad, casado, Ingeniero Agrónomo, hondureño y con domicilio en Juticalpa, Departamento de Olancho, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS (MIAMBIENTE), por medio de la Procuradora General de la República, en ese entonces Abogada LIDIA ESTELA CARDONA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 10 de junio del 2021, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: I.- Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado GABRIEL ALEJANDRO SORTO MENDOZA, en su condición de Representante Procesal de la parte demandada.- II.- REFORMAR DE OFICIO la sentencia que se conoce en apelación en el único sentido de REVOCAR la orden de tramitar el Acuerdo Ministerial, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán de fecha cinco de febrero del año dos mil veinte que corre a folios del 69 al 73 de la primera pieza de autos.- III.- SIN COSTAS en esta instancia…”. ANTECEDENTES HECHO 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral para el demandado, el 24 de noviembre del 2015, desempeñándose en el puesto de Asistente técnico asignado en la regional Juticalpa Departamento de Olancho, devengando un salario de L. 34,141.71; que el empleador le comunicó mediante nota de fecha 27 de abril del 2018 que su contrato de trabajo expiraba a partir del día 30 de abril del 2018 y que el mismo ya no sería renovado, medida ésta que no se ajustaba a lo preceptuado en el artículo 112 del Código del Trabajo, por lo que el despido fue arbitrario y violatorio de la garantía Constitucional de la estabilidad en el empleo. Y siendo que le asistía el derecho de petición y en virtud de que el puesto que venía desempeñando se trataba de funciones que por su naturaleza eran de carácter permanente en la institución, y con fundamento en el artículo 47 del Código de Trabajo por razón del tiempo y de la labor desarrollada de pleno derecho le correspondía la permanencia en su puesto de trabajo y por ende se le otorgue el nombramiento mediante acuerdo que le corresponde desde el inicio de su relación laboral con todos los derechos que ostentaban los empleados con carácter permanente; pero en vista de la negativa de la institución demandada, recurrió ante esa instancia judicial a fin de que se le reconozca la permanencia en su puesto de trabajo, en consecuencia se le reinstale en el mismo y se le restituya en sus funciones. Manifestó que en vista de todo lo anteriormente relacionado y en virtud de la suscripción de varios contratos de trabajo de forma continua e ininterrumpida y al tenor de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo precitado en relación del artículo 52 último párrafo del mismo cuerpo legal; por ello consideró que le asistía el derecho a la permanencia en el puesto que desempeñaba, arrastrando todos los derechos que ostentan los empleados con estatus de permanente. 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda, rechazando las pretensiones del demandante; apoyando su defensa en que no es suficiente la afirmación que haga la parte demandante en sus hechos de demanda, ya que debe de fundarse en hechos reales y concretos, mismos que deben ser probados en juicio, pues en materia probatoria, es un principio universal que quien afirma una cosa es quien está obligado a probarla, constituyendo la máxima ONUS PROBANDI ENCUMBIT ACTORI y siendo que la prueba es el medio legal que sirve para demostrar la veracidad de los hechos que se alegan ante las autoridades judiciales, es preciso que la prueba se produzca de manera tal que la Honorable Juez pueda apreciarla e inspirarse en los principios de la sana critica para formar libremente su criterio; y en materia laboral la carga probatoria se invierte solamente en cuanto a que le corresponde a la parte demandada probar la justa causa en que fundamentó el despido (despido directo), hecho que no será controvertido en este juicio, debido a que la demandante en ningún momento ha sido objeto de despido directo. Argumentó que atendiendo la naturaleza jurídica del demandado (gobierno central), y aplicando lo dispuesto en el artículo 2 numeral 2 del Código del Trabajo, no le eran aplicables las disposiciones del Código del Trabajo. Las disposiciones legales aplicables al caso de mérito era la Ley de Servicio Civil, su Reglamento, y demás normas administrativas, es por ello que considerando las necesidades del demandado (requería un profesional) se contrató al demandante, aplicando los artículos 200, 201, 202 y subsiguientes del Reglamento de la Ley de Servicio Civil; lo que hace inaplicable al caso concreto lo preceptuado los articulo 47 y 52 del Código del Trabajo citado insustancialmente por el demandante en virtud de que las obligaciones convenidas por las partes se regían por la normativa del derecho administrativo y no laboral. Por otra parte estableció que si el demandante pretendía que se le otorgase un acuerdo de nombramiento (permanencia), debió promover en tiempo y forma las diligencias respectivas ante la Dirección General de Servicio Civil, al efecto de que pudiera ser aprobada en legal y debida forma una plaza permanente para sus funciones y lograr así los beneficios que él considerara no tener la actualidad; para eso se debía cumplimentar un procedimiento de conformidad a la Ley de Servicio Civil y no de la forma casi coercitiva como pretende el demandante acudiendo a ese Juzgado, que atendiendo la competencia genérica es incompetente para dirimir el caso a reclamar un derecho subjetivo que no le asistía soslayando con ello el procedimiento administrativo que debía cumplir. Para obtener el acuerdo se debió crear una plaza, debiendo ser aprobada por la Dirección de General de Servicio Civil y la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, pues a contrario sensu el demandado estaría en flagrante violación a la ley de conformidad a lo que establece el Artículo 35 de la Ley Ordenamiento de las Finanzas Públicas, que dispone: "Queda estrictamente prohibido a las instituciones del sector público adquirir compromisos extrapresupuestarios. Los mismos no serán reconocidos como deuda pública ni registrados en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI). La Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas no tramitará ninguna solicitud de modificación presupuestaria por este concepto y queda autorizada para establecer las regulaciones pertinentes de rechazo automático en el Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI)". Asimismo el demandante debió dar cumplimiento a lo que establece el Artículo 11 de la Ley de Servicio Civil y Articulo 6 de su Reglamento, que en lo conducente disponen: "Para ingresar al Servicio Civil se requiere....5 Haber aprobado los exámenes de competencia o de oposición de antecedentes de conformidad con los requisitos establecidos en esta Ley"; Articulo 6 del reglamento "El régimen del Servicio Civil se aplicará a los empleados del poder ejecutivo cuyo ingreso se haya efectuado llenando los requisitos del artículo 11 de la Ley y los establecidos en este Reglamento, así como los aspirantes que estén tramitando su ingreso"; normativas estas que no fueron cumplimentadas por el demandante y que el demandado por consiguiente no podía excluir para realizar un nombramiento fuera de las normas y procedimiento legales que para lograr su nombramiento deben ser cumplimentados, pues de lo contrario estaría en flagrante transgresión de las leyes administrativas atinentes al caso. Señaló que por lo anteriormente expuesto, se podía colegir que el demandante procuraba a toda costa con sus insustanciales argumentaciones lograr confundir en su análisis al Juzgador del caso, desnaturalizar la modalidad bajo la cual eran regidas las obligaciones contraídas con el demandado, las cuales llegada la fecha de su vigencia no existía obligación alguna entre las mismas más que las provenientes del contrato suscrito, ya que los servicios contratados eran prestados al Estado, por consiguiente se regulan por leyes especiales y no por el Código del Trabajo como pretende hacerlo ver el demandante; es por ello que el artículo 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es aplicable contundentemente en el presente caso, pues retomando la normativa citada por el demandante, no es posible considerar que la relación existente sea laboral, cuando previamente el actor de la demanda sin objeción alguna aceptó y consintió en legal y debida forma lo establecido en las cláusulas y particularmente la que establecía que serían los Juzgados de Letras de lo Contencioso Administrativo que dirimirían cualquier controversia que del mismo resultare. Aclaró que el caso objeto de la contestación de demanda no existió despido alguno, en consecuencia, al no existir el mismo el Juez se ve limitado en calificarlo como justificado o injustificado y por ende no podría condenar al Reintegro y demás derechos, ya que un acto es consecuencia del otro, pues el derecho al reintegro surte efecto en el caso en que el despido sea injustificado, no pudiéndose ser impuesta esa sanción por ser inexistente dicho acto. De igual forma no aplica la sanción de costas por ser improcedente al caso en concordancia a lo que establece el Decreto 266-2013 de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento a la Transparencia en el Gobierno; además recalcó que el demandante en ningún momento fue objeto de despido, pues se dejó manifestado en la contestación de demanda que lo acaecido fue la llegada de la fecha de finalización del contrato por tiempo determinado, cuya vigencia era del 02 de enero 2018 al 30 de abril del 2018; en consecuencia al no acreditarse ni existir un despido este no se pudo calificar como legal o ilegal, y al no poderse calificar como ilegal no procedería la imposición al reintegro y el pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, pues conforme a la normativa del artículo 113 del Código de Trabajo, este es un acto consecuencia del otro, pues el derecho al reintegro surte efecto en el caso en que el despido sea injustificado, en tal sentido se debe desestimar cualquier pretensión que busquen algún tipo de reconocimiento de los derechos subjetivos reclamados de forma insustancial e imaginaria por el demandante que además equivocó la vía para formular el mismo al corresponder la competencia para dirimir el caso el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, como ya era del conocimiento de las partes. Finalmente expresó, que la conciliación que solicitó el demandante en la oficina regional de la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad debió ejercerla en Tegucigalpa M.D.C. lugar de residencia de la Procuradora General de la República según artículo 15 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y como representante legal del Estado según artículo 228 de la Constitución de la República; que además de no haber sido requerida en legal y debida forma la Procuradora General de la República, la misma se practicó de forma defectuosa en la ciudad de Juticalpa, Olancho, demanda que además de carecer de fundamentos legales, también el demandante equivocó la vía para interponer su improcedente reclamo ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, solicitando le sean otorgados los beneficios y supuestos derechos que reclama al no gozar de un estatus de permanente. Con lo cual, soslayando las leyes y procedimiento Administrativo y citando normativas exógena al caso el demandante pretende confundir y sorprender a este Tribunal en su análisis; atentando con ello contra las disposiciones presupuestarias establecidas en la Constitución de la República, misma que prohíbe realizar compromisos o efectuar pago alguno fuera de las asignaciones presupuestarios de cada periodo fiscal en contravención de las normas presupuestarias, pretendiendo extraer del erario público cantidades imaginarias que no son dignos de tutela jurídica. Asimismo, en audiencia primera de trámite interpuso la Excepción Perentoria de Prescripción. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 05 de febrero del 2020, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral promovida por la Abogada JUAN CARLOS PAZ ALVAREZ, en contra del ESTADO DE HONDURAS a través del representante legal y Procurador General de la República el Abogad LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, 2) CONDENA al ESTADO DE HONDURAS a reintegrar al demandante JUAN CARLOS PAZ ALVAREZ, a la plaza de ASISTENTE TÉCNICO DE PROYECTO DE GANADERÍA AGROFORESTERÍA PARA LA ZONA DE OLANCHO por lo menos en igualdad de condiciones, además a otorgarle las demás derechos obtenidos por el resto de los trabajadores de la Secretaria de Estado de MIAMBIENTE en ausencia del demandante, para lo cual la Secretaria de MIAMBIENTE deberá realizar los trámites correspondientes para que emitan el Acuerdo Ministerial que formalice la contratación del demandante de manera permanente; y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde que se produjo el despido hasta que el demandante sea reintegrado a los puestos de trabajo que por derecho le corresponden. 4) SIN LUGAR la EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN. SIN COSTAS en esta instancia…”; bajo el criterio que, del análisis anterior resulta evidente que la demanda fue presentada en tiempo, en consecuencia, la EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN se declara SIN LUGAR. Y que haciendo un análisis de la documentación aportada a las presentes diligencias, consistente principalmente en los contratos de SERVICIOS PROFESIONALES suscritos entre el Secretario de Estado de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MIAMBIENTE) y el demandante JUAN CARLOS PAZ ALVAREZ, nombrado en el puesto de "ASISTENTE TÉCNICO DEL PROYECTO EN GANADERÍA Y AGROFORESTERÍA PARA LA ZONA DE OLANCHO"; el primer contrato tuvo una vigencia del 23 de noviembre del año 2015 al 22 de febrero del año 2016, posteriormente fue modificado hasta el 31 de diciembre del año 2016; el siguiente contrato fue firmado por el período comprendido entre el 23 de febrero al 22 de noviembre, el siguiente del 02 de enero al 31 de diciembre del 2017, luego hubo una enmienda en cuanto al tiempo de duración del 02 de enero al 31 de marzo del 2018, una siguiente enmienda del 01 al 30 de abril del año 2018 y el último contrato del 02 al 26 de enero del año 2018: 1.- Que de conformidad a los documentos que obran a folios 29 al 37 desde el 23 de noviembre del año 2015 hasta el 28 de enero del año 2018 el demandante JUAN CARLOS PAZ ALVAREZ fue contratado de manera temporal mediante CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE EL CONSULTOR COMO ASISTENTE TÉCNICO DE PROYECTO DE GANADERÍA AGROFORESTERÍA PARA LA ZONA DE OLANCHO, cumpliendo un horario de trabajo y con la posibilidad de trabajar horas extra y gozaba de vacaciones de un día y medio de duración por cada mes trabajado devengando un salario de L. 36,000.00 (ver Acta de Exhibición de Documentos a folios 44). Que el punto central de discusión del presente asunto es determinar si las labores desempeñadas por el demandante JUAN CARLOS PAZ ALVAREZ, nombrado en el puesto de "ASISTENTE TÉCNICO DEL PROYECTO EN GANADERÍA Y AGROFORESTERÍA PARA LA ZONA DE OLANCHO", son de tipo permanente y continuas en la institución, por lo tanto su contratación se considera por tiempo indefinido aunque en los contratos que firmo se exprese término de duración y si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que les dio origen; o por el contrario no le corresponde, por lo que la parte demandada debe acreditar que la relación de trabajo concluyó porque las labores que desempeñaba el demandante no eran permanentes ni continuas, por lo cual el demandante no tiene derecho al reintegro y a la permanencia en su puesto de trabajo y además porque la acción se encuentra prescrita. Que si bien el demandante fue contratado bajo la modalidad de CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS a término para desempeñarse como, nombrado en el puesto de "ASISTENTE TÉCNICO DEL PROYECTO EN GANADERÍA Y AGROFORESTERÍA PARA LA ZONA DE OLANCHO”, sin embargo, desde el inicio de la contratación al final de la misma, el demandante fue nuevamente contratado en el mismo puesto en forma continua, de lo cual se deduce que la causa por la cual fue contratado subsistía por lo cual el contrato se fue prorrogando en el tiempo para realizar la mismas labores, lo anterior de conformidad al artículo 47 del Código del Trabajo, le otorga al demandante la permanencia en el puesto de trabajo que venía desempeñando ya que el Estado de Honduras no acredito en juicio que las labores que desempeñaba el demandante eran de tipo temporal, por lo tanto al transcurrir los 180 días calendario a que hace mención el artículo 52 párrafo último del Código del Trabajo, debió nombrarlo en forma permanente, al no hacerlo, violento el derecho a la estabilidad laboral del trabajador en forma sucesiva. Que los Juzgados y Tribuales de la República han emitido sendos fallos en los cuales cuando se presente una situación de simulación contractual, el fallo ha sido favorable para el trabajador, en el sentido que se considera que la suscripción de contratos de servicios profesionales para la realización de labores que se encuentran dentro de la finalidad de la empresa o Institución, son labores protegidas por las leyes laborales y no administrativas, ya que considera que es una labor por tiempo indefinido a pesar de la temporalidad de los contratos suscrito a término. Que la forma de contratación a través de la cual fue contratado el demandante, encierra en su contenido un verdadero contrato de trabajo, ya que para la juzgadora es imposible creer que las labores para las cuales fue contratado el demandante no sean indispensables para un Proyecto tan importante para MIAMBIENTE; por lo cual la contratación a la cual fue sometido el demandante fue un fraude ya que intrínsecamente constituye un contrato de trabajo sin importar la denominación que se le dé (artículo 20 del Código del Trabajo); por lo cual el demandante desarrolló labores de manera continua, y por esta razón, el vínculo debió romperse a través de las causales de despido contempladas en el artículo 112 del Código del Trabajo, lo cual en el presente caso no se dio, en consecuencia el Estado de Honduras como parte demandada se encuentra obligado a reintegrar al demandante en el puesto que desempeñaba de ASISTENTE TÉCNICO DE PROYECTO DE GANADERÍA AGROFORESTERÍA PARA LA ZONA DE OLANCHO que desempeñaba, en consecuencia, se declara CON LUGAR la presente demanda. Que se exime el pago de las costas en virtud que las partes tuvieron motivos racionales para litigar. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 10 de junio del 2021, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: I.- Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado GABRIEL ALEJANDRO SORTO MENDOZA, en su condición de Representante Procesal de la parte demandada.- II.- REFORMAR DE OFICIO la sentencia que se conoce en apelación en el único sentido de REVOCAR la orden de tramitar el Acuerdo Ministerial, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán de fecha cinco de febrero del año dos mil veinte que corre a folios del 69 al 73 de la primera pieza de autos.- III.- SIN COSTAS en esta instancia…”. Bajo el criterio que, al hacer una revisión de las pruebas aportadas por las partes, enfocándonos en los contratos que son los que le dan origen a tanto a la relación de trabajo, como a la valoración si estos son contratos de servicios profesionales o por el contrario son verdaderos contratos de trabajo, observamos, que no son contratos de servicios profesionales de consultoría como se le denominaron, ya que la prestación del servicio la realizaba de manera personal el demandante, está sometido a la supervisión y dependencia del patrono, le indican que el contrato por su naturaleza no está sujeto a renovación, más sin embargo lo renovaron varias veces, pero más que todo, debemos referirnos a la naturaleza del puesto a desempeñar en la institución de asistente técnico de proyecto en ganadería y agroforestería para la zona de Olancho, la cual es de naturaleza permanente en la institución, pues no ha quedado demostrado en el presente juicio, que ya no exista ese puesto de trabajo dentro de la institución, es por ello que al darse todos esos elementos, se considera que los contratos suscritos son en esencia contratos de trabajo, y los derechos que de él emanan, o los que no se incluyen deben ser tutelados por el derecho del trabajo, en este caso a través de la jurisdicción laboral. Que al no haberse acreditado la temporalidad en la prestación del servicio, la relación laboral se prorroga en el tiempo, con la suscripción de varios contratos de forma continua en un cargo permanente, lo que hace que el trabajador adquiera los derechos de que gozan los empleados permanentes, estando en la obligación el patrono, que al dar por finalizada la relación laboral, deba invocar y acreditar una causa de justificación de las que ya contempla el Código del Trabajo en su artículo 112, al no haberlo hecho y solo manifestar que son contratos administrativos de servicios profesionales que tenían fecha de vencimiento, y que fueron consentidas todas sus cláusulas por las partes, no es una justificación suficiente, dado que la regla general es que el contrato sea por tiempo indefinido, la temporalidad es la excepción, por lo tanto al no haber una justa causa de la ruptura de la relación laboral, esta se convierte en un despido ilegal e injusto que le acarrea responsabilidad al demandado. Que el Derecho Laboral se nutre y se rige por sus principios, en este caso bajo el Principio de Primacía de la Realidad, no importa cómo se le hayan denominado a los contratos suscritos con el demandante, lo que importa es la realidad y las condiciones en que se presta el servicio, al ser este de naturaleza permanente, y al haberse configurado una ruptura ilegal e injusta, habiendo solicitado el demandante su reintegro, este procede, en su mismo cargo o en otro en mejores o iguales condiciones, más los derechos que le corresponderían como empleado permanente. Que la Constitución de la República garantiza el Derecho al Trabajo, en tanto el trabajador no incurra en ninguna de las causa que obliguen al patrono a despedirlo, las cuales deben estar establecidas en el Código del Trabajo y deben ser debidamente comprobadas, ya que esto está ligado precisamente con el Principio de Estabilidad Laboral; en el caso de autos una vez sometido al conocimiento de la Jurisdicción del Trabajo el conflicto suscitado, siendo que sean vulnerado derechos y garantías del demandante, es procedente haber declarado Con Lugar la demanda. Que en la parte dispositiva la Juez de instancia ordena además que se hagan los tramites correspondiente para el otorgamiento del Acuerdo Ministerial, lo cual es improcedente porque el Juez Laboral no tiene esas atribuciones, ya que el nombramiento por acuerdo hace cambiar de categoría la relación que el demandante tiene con la institución, porque al emitirse el Acuerdo Ministerial lo convierte en un empleado público, sujeto a otra Jurisdicción, en conclusión nuestra competencia llega hasta el reintegro y declarar la permanencia y los derechos que le corresponden, pero no a ordenar un cambio de categoría de trabajador a empleado público. Que en relación a la prescripción planteada esta no procede en razón de que el trámite administrativo se concluyó el 16 de agosto del año 2018 y la demanda se presentó el 05 de septiembre de 2018 por lo cual estaba dentro del término que la ley establece para entablar la acción, ya que esta no se podía incoarse como lo dice el apelante cada vez que se terminaba un contrato, porque fue precisamente la renovación en la contratación la que hizo que la relación fuera de carácter indefinido. Que el apelado solicita en esta instancia condena en costas por ha existido dolo, pero no consta en autos que haya sido objeto ni de debate mucho menos de prueba ya que el dolo tiene que probarse por lo cual es improcedente. Que, revisada las diligencias, así como la motivación fáctica y Jurídica del mismo, es procedente REFORMAR la sentencia que se conoce en apelación en el único sentido de REVOCAR la orden de tramitar el Acuerdo Ministerial. 5.- Mediante auto de fecha 08 de febrero del 2022, este Tribunal de Justicia resolvió admitir los recursos de casación interpuestos por los Abogados GABRIEL ALEJANDRO SORTO MENDOZA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS; y, ESDRAS RAFAEL GUTIÉRREZ OCHOA, en su condición de representante procesal del señor JUAN CARLOS PAZ ALVAREZ, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a cada una de los Recurrentes por el plazo de veinte (20) días, para que formulen sus demandas de casación de la siguiente forma: a) Al apoderado demandante dicho termino le comenzará a contar a partir del día siguiente de la notificación de esta resolución y, b) Al representante procesal de la parte demandada, a partir del día siguiente de la notificación de la resolución en que se tenga por devuelto el traslado anterior. 6.- En fecha 04 de enero del 2023, compareció ante este tribunal, el Abogado GABRIEL ALEJANDRO SORTO MENDOZA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por formalizado en tiempo el recurso de casación; y en fecha 17 de abril del 2023, compareció ante este Tribunal, el Abogado ESDRAS RAFAEL GUTIÉRREZ OCHOA, en su condición de representante procesal del señor JUAN CARLOS PAZ ALVAREZ, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por formalizado en tiempo el recurso de casación; omitiéndose el traslado, ordenando dar copia a la parte contraria para la contestación en forma común, por el término de diez días, el cual surtirá efecto en esta Secretaría, donde se mantendrán los autos a su disposición; quienes hicieron uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 24 de julio del 2023, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte del GABRIEL ALEJANDRO SORTO MENDOZA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS; y en proveído de fecha 30 de julio del 2024, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte de la Abogada NANCY KARINA BENAVIDES ALVARADO, en su condición de representante procesal del señor JUAN CARLOS PAZ ALVAREZ, como partes recurrentes/recurridas, respectivamente; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDARANO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que el Abogado GABRIEL ALEJANDRO SORTO MENDOZA, en su condición de representante procesal DEL ESTADO DE HONDURAS, en su primer y único motivo de casación alega: “SER LA SENTENCIA VIOLATORIA DE LA LEY SUSTANTIVA. Precepto Legal Sustantivo Violado: La disposición sustantiva infringida es el articulo 765 numeral 1 en relación con los artículos 20, 47 tercer párrafo del Código del Trabajo; en relación especial con el articulo 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Precepto Legal Adjetivo Autorizante: La norma procesal que se infringió de forma indirecta las disposiciones sustantivas las constituye el artículo 765 del Código de Trabajo. Apreciación errónea de Las pruebas: Que el Tribual Ad Quem en su conjunto al haber incurrido en error de hecho es: Que las Pruebas Propuestas por la Parte demandada: No fueron apreciados correctamente ya que los contratos Administrativos de Servicios Personales suscritos entre el demandante y mi representada son la expresión de la voluntad de las partes; asimismo no aprecio y por consiguiente no aplicó al demandante que se le contrato bajo la Ley de Contratación del Estado y de la Ley de Servicio Civil y por consiguiente la Ley aplicable es la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN. El Tribunal sentenciador estimó la presente demanda en virtud que considera que los contratos Administrativos de Servicios Personales, suscritos entre mi representada el Estado de Honduras por conducto de la Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (MIAMBIENTE+), y el demandante reúnen los tres elementos que establece el artículo 20 del Código de Trabajo para que exista una relación de trabajo, en virtud de lo establecido en los artículos 47 y 52 del Código de Trabajo la supuesta relación de trabajo se ha convertido por tiempo indefinido, aplicando dichas disposiciones legales sin tomar en consideración lo establecido en el artículo 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que tipifica los contratos de Servicios Personales o Técnicos que celebren los poderes del Estado. Son contratos de orden público no sujetos del Código de Trabajo que es para los particulares. El Tribunal Ad Quem no aprecia correctamente el medio de prueba documental propuesto por nuestra parte consistente, en los contratos de Servicios Personales suscritos entre el demandante y mi representada, ya que no se percata que en dichos contratos se establece la cláusula denominada LEYES APLICABLES que establece: Las partes contratantes manifiestan expresamente que dada la naturaleza de este contrato, está regido por las disposiciones del derecho administrativo vigente y en tal virtud en el goce de los derechos se estará a lo expresamente pactado en el mismo; asimismo las partes acordaron que para dirimir los posibles interpretaciones que surjan de la aplicación de los contratos se someten a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, y en virtud de no apreciar este cuando, aplicó indebidamente el artículo 20 del Código del Trabajo, estableciendo que esos contratos reúnen los tres elementos esenciales para que surja la relación de trabajo, olvidando que esa disposición es aplicable para cualquier tipo de contrato excepto los contratos administrativos de servicios profesionales, ya que los mismos están tipificados en el artículo 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo "La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá también de: a) Las cuestiones referentes al cumplimiento, interpretación, resolución, rescisión y efectos de los contratos regulados por la Ley de Contratación del Estado que hayan sido celebrados por cualquiera de los Poderes del Estado, por las Municipalidades y por las Instituciones Autónomas, y todo lo relativo a los Contratos de Servicios Profesionales o Técnicos que celebren los Poderes del Estado b)..c)...ch)...d)....;(el subrayado y cursiva es propio), por tanto mi representada, el Estado de Honduras a través de la Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (MIAMBIENTE+), que forma parte de uno de los poderes del Estado, como ser el Poder Ejecutivo, se encuentra facultado por Ley, es decir por la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita por la Constitución de la República manda, prohíbe o permite, para celebrar contratos administrativos de Servicios Personales son aceptados por las partes sin ninguna reserva. Por lo anteriormente expuesto, es evidente la apreciación indebida de los medios de pruebas antes relacionados y como consecuencia de ello la indebida aplicación de los artículos 20, 47, 52 y 738, del Código del Trabajo; en relación al artículo 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, siendo procedente la presente formalización de Casación”. III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la norma que indica como violada el artículo articulo 765 numeral 1 del Código de Trabajo no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; c) omite señalar las normas procesales que sirvieron de medio para la violación; d) debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por el Recurrente: e) la prueba singularizada si fue apreciada correctamente en el fallo impugnado, resultando que se le dio una valoración o alcance diferente al que pretende el Impetrante, por lo que es impropio el ataque al mismo por apreciación errónea ; y, f) formula alegatos propios de instancia. IV.- Que el Abogado ESDRAS RAFAEL GUTIÉRREZ OCHOA, en su condición de representante procesal del señor JUAN CARLOS PAZ ALVAREZ, en su primer motivo de casación alega: “Acuso la sentencia impugnada violatoria de ley sustantiva laboral por violación directa de la norma sustantiva señalada. NORMA SUSTANTIVA VIOLADA. La norma sustantiva de orden nacional violada está contenida en el artículo 113 párrafo segundo y literal b relacionado con el artículo 3, ambos del Código del Trabajo relacionada con la norma constitucional establecida en los artículos 128 y 304 primera oración del primer párrafo. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo está comprendido en el numeral primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DE LA INFRACCIÓN. El Ad Quem al reformar la sentencia y limitar el poder del juez a no poder exigir un trámite administrativo para la efectividad reconocido en la sentencia es violatorio de la norma sustantiva señalada como violada. Establece nuevos límites sin fundamento legal en su sentencia y comete el error de no llevar a una ejecución lo fallado, impidiendo de esta manera la plena tutela de la recurrente en sus derechos como jubilación o pensión, preaviso, cesantía, aumentos salariales y demás derechos conexos de los cuales gozan los empleados públicos. Comete el error evidente en creer que en la administración pública del Estado existen los contratos de trabajo por tiempo indefinido, desconociendo que estos son los denominados acuerdos, que no es otra que la decisión unilateral del Estado en nombrar a una persona como empleado público y la del empleado en aceptar las condiciones del puesto. Seguir con la reforma realizada por el Ad Quem equivaldría en dejar a la recurrente en una isla presupuestaria que le impediría gozar de todos los beneficios de la sentencia dictada. Además, desconoce la jurisprudencia existente que esta Corte Suprema de Justicia ha creado en los procesos de Casación número S.L.146-18, S.L. 240-18 y S.L. 576-19 donde confirmo la condena en cuanto a obligar al Estado de Honduras a emitir el acuerdo de nombramiento en los casos semejantes al presente. Debió en todo caso, reconocer la jurisprudencia y ejecutar lo juzgado a través del nombramiento de la recurrente. V.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) el artículo 113 párrafo segundo literal b) del Código del Trabajo, señalado como violado directamente, si bien tienen el carácter sustantivo exigido en este extraordinario recurso, el mismo regula situaciones jurídicas que no tienen incidencia en la decisión final objeto del recurso; b) formula alegatos de instancia inoportunos en este extraordinario recurso. VI.- Que el Impetrante formula un segundo motivo de casación en el que alega: “Acuso la sentencia impugnada violatoria de ley sustantiva laboral por Aplicación Indebida. NORMA SUSTANTIVA VIOLADA. La norma sustantiva de orden nacional violada está contenida en el artículo 113 párrafo segundo y literal b relacionado con el artículo 3, ambos del Código del Trabajo relacionada con la norma constitucional establecida en los artículos 128 numeral 15 en relación con el contrato individual y 304 primera oración del primer párrafo. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo está comprendido en el numeral primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DE LA INFRACCIÓN. El Ad Quem al reformar la sentencia y limitar el poder del juez a no poder exigir un trámite administrativo para la efectividad reconocido en la sentencia es violatorio de la norma sustantiva señalada como violada. Establece nuevos límites sin fundamento legal en su sentencia y comete el error de no llevar a una ejecución lo fallado, impidiendo de esta manera la plena tutela de la recurrente en sus derechos como jubilación o pensión, preaviso, cesantía, aumentos salariales y demás derechos conexos de los cuales gozan los empleados públicos. Comete el error evidente en creer que en la administración pública del Estado existen los contratos de trabajo por tiempo indefinido, desconociendo que estos son los denominados acuerdos, que no es otra que la decisión unilateral del Estado en nombrar a una persona como empleado público y la del empleado en aceptar las condiciones del puesto. Seguir con la reforma realizada por el Ad Quem equivaldría en dejar a la recurrente en una isla presupuestaria que le impediría gozar de todos los beneficios de la sentencia dictada. Aplica indebidamente la norma indicada como violada y cambia su sentido impidiendo ejecutar lo juzgado. Debió aplicar debidamente la norma y exigir el acuerdo de nombramiento como instrumento administrativo para el goce de los derechos reconocidos en la sentencia impugnada, Además, desconoce la jurisprudencia existente que esta Corte Suprema de Justicia ha creado en los procesos de Casación número S.L.146-18, S.L. 240-18 y S.L. 576-19 donde confirmo la condena en cuanto a obligar al Estado de Honduras a emitir el acuerdo de nombramiento en los casos semejantes al presente. Debió en todo caso, reconocer la jurisprudencia y ejecutar lo juzgado a través del nombramiento de la recurrente. VII. Que al igual que al anterior cargo resulta inamisible a razón de lo siguiente: a) el artículo 113 párrafo segundo literal b) del Código del Trabajo, señalado como violado directamente, si bien tienen el carácter sustantivo exigido en este extraordinario recurso, el mismo regula situaciones jurídicas que no tienen incidencia en la decisión final objeto del recurso; b) el Recurrente olvida que este Tribunal ha establecido el criterio de que la violación directa de la ley, ya sea por infracción directa o falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea, tiene lugar y se produce con prescindencia de cualquier material probatorio (Ver sentencias expedientes números CL 118-08, 169-08, 219-08, 249-08, 354-08, 382-08 y 14-09); y, c) formula alegatos de instancia inoportunos en este extraordinario recurso. VIII. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar a los recursos de casación interpuestos por los abogados GABRIEL ALEJANDRO SORTO MENDOZA, en su condición de representante procesal DEL ESTADO DE HONDURAS, y ESDRAS RAFAEL GUTIÉRREZ OCHOA, en su condición de representante procesal del señor JUAN CARLOS PAZ ALVAREZ, ambos en sus motivos formulados respectivamente. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación formalizado por la Abogado GABRIEL ALEJANDRO SORTO MENDOZA, en su condición de representante procesal DEL ESTADO DE HONDURAS, en su primer y único motivo; 2) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación formalizado por el Abogado ESDRAS RAFAEL GUTIÉRREZ OCHOA, en su condición de representante procesal del señor JUAN CARLOS PAZ ALVAREZ, en sus dos motivos; y, 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, COORDINADORA. ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA, FRANCISCA VILLELA ZAVALA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de febrero del dos mil veinticinco; certificación de la sentencia de fecha doce de noviembre del dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL27-2022. FIRMA Y SELLO.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ

SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.