Sentencia CL-198-22 — Registro 18138
Resumen
demanda ordinaria laboral de primera instancia para el pago de prestaciones sociales e indemnizaciones legales, por despido verbal, ilegal e injustificado, gastos médicos, salarios dejados de percibir
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..." Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) El artículo 864 del Código de Trabajo, señalado como violado indirectamente, si bien tiene el carácter sustantivo exigido en este extraordinario recurso, el mismo regula situaciones jurídicas que no tienen incidencia en la decisión final objeto del recurso; b) Debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por el Recurrente; c) La prueba singularizada si fue apreciada en el fallo impugnado, resultando que se le dio una valoración o alcance diferente al que pretende el Impetrante, por lo que es impropio el ataque al mismo por falta de apreciación; y, d) Formula alegatos propios de instancia. IV.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., uno de febrero del año dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha cuatro de enero del dos mil veintitrés, por el Abogado CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO, en su condición de representante procesal del señor JOSE EDIN SABILLON FUGON, como recurrente; además es parte recurrida, la sociedad GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V., representado en juicio por el Abogado RENE JAVIER FASQUELLE DUMAS. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral de primera instancia para el pago de prestaciones sociales e indemnizaciones legales, por despido verbal, ilegal e injustificado, gastos médicos, salarios dejados de percibir, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha veinticinco de octubre del dos mil dieciocho, por el señor JOSE EDIN SABILLON FUGON, mayor de edad, hondureño, soltero. Técnico Mecánico Automotriz y de este domicilio, con domicilio en ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, contra la sociedad GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. por medio de su Representante Legal el señor MARIO GUILLERMO VALLADARES GUTIERREZ. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha nueve de febrero del dos mil veintidós, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, que falló REFORMANDO la sentencia de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO PARCIALMENTE HA LUGAR el recurso de apelación planteado por el representante procesal de la parte demandante contra la sentencia de fecha tres de diciembre del año dos mil veintiuno dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta sección judicial en la demanda de la referencia; en consecuencia, se REFORMA la misma, en el sentido de: DECLARAR CON LUGAR la demanda para el pago de preaviso; por ende, se condena a la demandada al pago de: OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS (L. 8,976.80). SEGUNDO: CONFIRMANDO la sentencia en sus demás extremos. TERCERO: SIN COSTAS”. ANTECEDENTES DE HECHO 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inicio su relación de trabajo con la empresa mercantil demandada el 27 de octubre del 2015, siendo contratado para laborar como Asesor Profesional de Servicios, devengando un salario ordinario mensual de L. 14,426.97. Que por una decisión personal en fecha 07 de febrero del 2018, renuncio irrevocablemente, a partir del 08 de marzo del 2018, o sea con un mes de preaviso. Es así que durante el periodo de preaviso en fecha 21 de febrero del 2018, sufrió un accidente laboral al salir de su jornada en su centro de trabajo. Accidente que trajo como consecuencia incapacidad laboral por el termino de cinco meses consecutivos, periodo dentro del cual el patrono se responsabilizó por el pago del salario a lo largo de ese tiempo, así como algunos gastos médicos en emergencia, pero no todos en los que se incurrió, los cuales tuvo que cubrir en cierta medida. Es el caso que a su retorno en fecha 31 de julio 2018, al presentarse en su horario de labores (7:30 a.m.), fue abordado por la analista de Recursos Humanos Jenny Margarita Fuentes Alvarenga, quien en su oficina se dispuso a hacerle entrega de una nota que pretendía que firmara en la que se expresaba que la empresa estaba dando por valido el preaviso interpuesto con la variante de que la relación de trabajo culminaba en esa misma fecha y señalando un término de preaviso de dos meses. Es de conocimiento en esta materia que mientras un trabajador sea por la vía del despido, mutuo acuerdo o renuncia, no haya dejado de asistir a laborar a su centro de trabajo, conserva todos y cada uno de los derechos, obligaciones y prebendas que como trabajador le garantizan las leyes en una relación de trabajo. Asimismo, es de conocimiento que las incapacidades, vacaciones, suspensiones y licencias. suspenden temporalmente el contrato de trabajo, por lo que el mismo debe de reanudarse una vez que se culmina cualquiera de las enunciadas anteriormente. Por lo anteriormente expresado, se entiende que el patrono se considera perjudicado en lo económico por haberse visto obligado a tener que resarcirle el pago de salario a lo largo de toda su incapacidad, sin embargo, ya la ley establece los procedimientos que aplican, en consecuencia, si mi accidente aconteció 14 días después de haber iniciado su periodo de preaviso, debió continuarse con dicho periodo una vez que culminaran mis diferentes incapacidades, las cuales fueron otorgadas por el propio Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Es decir, que el hecho de que el demandado haya decidido de manera unilateral ponerle fin a la relación de trabajo mediante la supuesta aceptación de la renuncia, en el propio día que retornó de su incapacidad, se traduce materialmente en un despido por haberse anticipado con dicha decisión a romper con la relación laboral. 2. La parte demandada, la sociedad GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V., contestó dicha demanda señalando que el demandante fue contratado para desempeñarse como Asesor de servicio, a partir del 9 de septiembre de 2017, devengando un salario fijo de L. 3,750,00 más las comisiones, para un salario promedio de los últimos meses de L. 13,377.87. El 7 de febrero de 2018, el ahora demandante, tal como lo señala en el numeral 2 de su demanda, presento su renuncia efectiva a partir del 8 de marzo de 2018, la cual le fue aceptada por la empresa. Estando ya aceptada su renuncia con efectividad al 8 de marzo de 2018, el demandante presento incapacidades por 5 meses, las cuales suspendieron la renuncia ya aceptada, no perdió su validez como señalo en su reclamo ante la Inspectoría del Trabajo en el acta de fecha 1 de agosto de 2018, el 31 de julio de 2018, la demandada procedió a ejecutar la renuncia previamente aceptada al trabajador, por lo cual no existe el despido verbal alegado por el demandante, sino que se ejecutó la voluntad de este. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha tres de diciembre del dos mil veintiuno, dictó sentencia declarando “SIN LUGAR la demanda Ordinaria Laboral para el pago de prestaciones laborales, salarios caídos, y costas del juicio por despido por despido directo, promovida por JOSE EDIN SABILLON FUGON, de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; contra la empresa denominada GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. a través de su Representante Legal el señor MARIO GUILLERMO VALLADARES GUTIERREZ, también de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; En consecuencia: 2) ABSUELVE: a la empresa demandada GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. a través de su Representante Legal el señor MARIO GUILLERMO VALLADARES GUTIERREZ, de toda responsabilidad proveniente del presente juicio.- SIN COSTAS”., bajo el criterio que del estudio y análisis a las pruebas practicadas en su conjunto este tribunal considera que procede declarar sin lugar la demanda por las circunstancias siguientes: Uno: es un hecho aceptado por las partes que el trabajador interpuso su renuncia en fecha 07 de febrero del año 201 8, dando al patrono un mes de preaviso la cual sería efectiva a partir del 8 de marzo del año 2018; que durante el periodo del preaviso en fecha 22 de febrero del año 2018, sufrió el demandante un accidente que le trajo como consecuencia una incapacidad laboral por el termino de cinco meses consecutivos, periodo en el cual la demandada se responsabilizó con el pago de su salario; Dos: el trabajador alega que su accidente aconteció catorce días después de haber iniciado el preaviso, debió continuarse con dicho periodo una vez que culminara sus diferentes incapacidades las cuales fueron autorizadas por el Instituto Hondureño de Seguridad Social, el hecho que el patrono haya decidido de manera unilateral ponerle fin a la relación de trabajo el propio día que retorno de su incapacidad se traduce en un despido por haberse anticipado con dicha decisión a romper con la relación; En relación a lo antes expuesto en evidente que las partes estuvieron de acuerdo con la disolución del vínculo laboral, lo que retraso que la relación finalizara fue el accidente que el demandante sufrió, pero eso no significaba que la renuncia quedaba sin valor como así lo entiende las partes, pues ya estos habían puesto fin a la relación por mutuo disenso, y la demandada lo único que hizo es hacer uso del derecho que le da la Ley como parte contratante de aceptarla o no; independientemente que la relación estuviera vigente por encontrarse dentro del preaviso. El plazo del preaviso se da a favor de la parte preavisada, en este caso si el patrono considero que no hay motivos para mantener en sus funciones al trabajador renunciante; si bien el contrato de trabajo subsiste hasta que se cumpla el plazo del preaviso, la circunstancia de que se anticipe la efectividad de la resolución del contrato de Trabajo no implica la denuncia de este, sino que, por renunciar a un beneficio que la ley le otorga, hace efectiva la parte que así lo resuelve la voluntad expresada por la otra de ponerle termino al contrato de trabajo; por lo antes expuesto no se puede considerar que la demandada despidió al trabajador por el hecho de haber supuestamente anticipado a hacer efectiva la renuncia estando en el periodo de preaviso. Es más, la renuncia no perdió su efectividad ni se suspendió el plazo del preaviso por el hecho que el demandante estuviera incapacitado durante ese periodo, lo que subsistió fue la obligación del patrono de responder con la obligación de pagar las incapacidades y gastos médicos dado que el accidente ocurrió antes que la relación llegara a su fin como lo habían pactado las partes. Tres: En el presente caso el demandante reclama gastos médicos en que incurrió durante estuvo incapacitado con relación a dichos reclamos se encuentra acreditado en autos que el demandante se encentraba inscrito por parte de la demandada en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, cumpliendo de esa forma con su obligación de darle asistencia médica a su empleado, razón por la cual no se justifica que el demandante pretenda que la demandada cubra gastos médicos que el realizo con clínicas privadas; sumado a eso si bien es cierto es un accidente de trabajo en itinere por el solo hecho que el accidente ocurrió cuando el demandante salía de su trabajo; también no es menos cierto que el demandante puede reclamar que dichos gastos se los cubra el señor Walter Darío Paz Bueso, quien resulto culpable en el accidente sufrido por el demandante y se obligó a pagar los gastos médicos y hospitalarios del demandante según consta en la certificación extendida por la Dirección Nacional de Transito. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de febrero del dos mil veintidós, dictó sentencia “REFORMANDO la sentencia de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO PARCIALMENTE HA LUGAR el recurso de apelación planteado por el representante procesal de la parte demandante contra la sentencia de fecha tres de diciembre del año dos mil veintiuno dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta sección judicial en la demanda de la referencia; en consecuencia, se REFORMA la misma, en el sentido de: DECLARAR CON LUGAR la demanda para el pago de preaviso; por ende, se condena a la demandada al pago de: OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS (L. 8,976.80). SEGUNDO: CONFIRMANDO la sentencia en sus demás extremos. TERCERO: SIN COSTAS”; bajo el criterio que en el caso que nos ocupa se advierte que el 07 de febrero del año 2018 el demandante interpuso la carta de renuncia efectiva a partir del 08 de marzo del 2018, misma que fue aceptada por el empleador en esos términos; de lo que se concluye que el cese laboral se enmarca en lo dispuesto en el artículo 111.2 del Código del Trabajo; finalización que no se produjo en la fecha estipulada debido a que durante el período de preaviso, el demandante sufrió un accidente de trabajo en trayecto conforme lo establecido en el artículo 2.1 de la Ley Marco del Sistema de Protección Social, considerando el lugar donde prestaba el servicio y donde ocurrió el accidente (folios: 61-63 y 73pp); en razón de lo anterior, el accionante estuvo incapacitado hasta el 30 de julio del 2018, tiempo durante el cual, el período de preaviso se suspendió al tenor de lo dispuesto en el artículo 100.7 del Código de la materia y debía reanudarse el 31 de ese mes y año, sin embargo, en esa fecha la demandada le notificó su decisión de hacer efectiva la renuncia a partir de ese día (folios: 61-63pp), incumpliendo la obligación asumida el 07 de febrero del 2018 cuando aceptó la renuncia en los términos indicados por el actor. De ahí que, ésta alzada estima que, si el patrono optó porque el trabajador finalizara las labores antes del término del preaviso según la renuncia antes relacionada debe cancelarle el monto correspondiente al tiempo que faltaba para completar el preaviso. Por las razones antes expuestas, en éste caso al no tratarse de un despido por parte del empleador, únicamente procede condenar a la demandada al pago del tiempo que faltaba para completar el preaviso 16 días y debe computarse su monto en base el salario que se dejó establecido en los hechos probados de la sentencia de primera instancia al no ser cuestionado, considerando además que los derechos adquiridos se hicieron efectivos mediante la cancelación del préstamo que tenía el accionante en Banco de los Trabajadores. Por otra parte, consta que el actor cotizó al IHSS hasta el 30 de julio del año 2018, de manera que aun y cuando obra en el juicio gastos médicos asumidos por el demandante durante el tiempo del accidente, el empleador queda exento de cubrirlos de conformidad a lo dispuesto en el artículo 401 del Código de la materia. 5. Mediante auto de fecha veintiocho de marzo del dos mil veintidós, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO, en su condición de representante procesal del señor JOSE EDIN SABILLON FUGON, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha cuatro de enero del dos mil veintitrés, compareció ante éste Tribunal el Abogado CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO, en su condición de representante procesal del señor JOSE EDIN SABILLON FUGON, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de, por lo que mediante providencia de fecha cuatro de enero del dos mil veintitrés, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha diecisiete de agosto del dos mil veintitrés, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte del Abogado RENE JAVIER FASQUELLE DUMAS, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.-Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que el Abogado CARLOS RENE ANTUNEZ LAZO, en su primer y único motivo de casación alega: “Acuso, ser la sentencia recurrida violatoria de Ley sustantiva de orden nacional y de índole laboral, por violación indirecta, por error de echo en falta de apreciación de la prueba, medio de prueba DOCUMENTAL admitido a la parte demandante, que adelante se singulariza en relación a las demás pruebas en su conjunto y que hizo incurrir en ERROR DE HECHO que aparece de manifiesto en los autos y que llevo en forma indirecta a la Corte Sentenciadora a la violación del artículo 864 interpretado del Código del Trabajo, en relación a los artículos: 81 de la Constitución de la República, 8, 115, 864, 858 del Código de Trabajo Vigente; Artículos 16, 251, 269, 271 ,272, 278 del Código Procesal Civil de Honduras. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 ordinal 10 párrafo segundo del Código del Trabajo. REGLAS PROCESALES VIOLADAS. Las normas que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código de Trabajo. PRUEBA APRECIADA ERRONEAMENTE. La prueba que singularizo como prueba apreciada erróneamente es: PRUEBA DOCUMENTAL: * MEDIO DE PRUEBA DOCUMENTAL PUBLICO. Propuesto por la parte demandante, consistente en la prueba documental aportada como documento público número dos (2) consistente en copia autenticada del acta de inspector de fecha 1 de agosto del 2018, levantada por la Inspectora Blanca Blanco en la que el Analista de Recursos Humanos de la demandada JENNY MARGARITA FUENTES manifiesta que ... el día 31 de julio del 2018 se le venció su incapacidad y se procedió hacer efectiva su renuncia a partir del 31 de julio del 2018", lo anterior es un reconocimiento de lo expresado anteriormente en estas alegaciones cuando manifestamos que mi representado fue despedido el 31 de julio del 2018 y no hecha efectiva su renuncia como lo deja ver la demandada como argumento de defensa. Pero algo más importante aún es el hecho de que en esa misma acta fa Analista de Recursos Humanos de la demandada declara a pagina 3, haberle explicado a mi cliente que su renuncia quedaba suspendida de manera temporal mientras estuviera incapacitado, lo que forzosamente se traduce literalmente en que la representante del patrono como tal era consiente al momento de despedirlo, de que las incapacidades suspenden temporalmente el contrato de trabajo y como tal la renuncia de mi cliente quedaba de igual manera suspendida pues a la fecha del accidente 21/2/2018 apenas llevaba 14 días de haber interpuesto la misma, quedando pendientes el tiempo complementario que la ley indica como termino de preaviso, mismo que debió haber sido legalmente gozado (trabajado) documento visible a folios 61-63 de la primera pieza de autos. * MEDIO DE PRUEBA DOCUMENTAL PRIVADO. Como prueba documental privado se presentaron los documentos relacionados a los costos y gastos realizados por mi representado de su propio peculio; documentos que corren en dicho medio probatorio a los numerales del 1 al 10 de la documental privada y que hacen relación y sumatoria de los referidos gastos en los diferentes tiempos en que se dieron los mismos. Gastos que atienden a medicinas, exámenes médicos y terapias, como lo es el caso del señalado en el numeral 7 de la documental privada que consiste en los 6 recibos que por concepto de tratamiento, terapia y recuperación alcanzaron el valor de L. 78,000.00 pagados directamente por mi cliente. * MEDIO DE PRUEBA TESTIFICAL. En cuanto a la declaración testifical de la testigo JULIA ISABEL REYES quien fue confesa, oportuna y congruente con cada una de las afirmaciones que dio producto del interrogatorio realizado y llama mucho la atención el hecho de que manifieste que no fue un tratamiento gratuito el que como enfermera auxiliar realizo, particularmente también es importante resaltar que reconoce haber librado recibos posteriormente al pago recibido de parte de mí representado, reconociendo su firma en los recibos que obran a folios 87 y 88 de la primera pieza de autos. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. La Corte Sentenciadora al confirmar el fallo dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo, manifiestamente incurrió en Error de Hecho, al no apreciar los medios de prueba señalados (singularizados) anteriormente y admitidos a la parte demandante y evacuados en su oportunidad, en relación a los demás medios de prueba en su conjunto, ya que si bien es cierto, el Juzgado no está sujeto a tarifa legal de prueba, sino que forma libremente su convencimiento, inspirándose en los principio científicos que informan la sana critica de la prueba, tal y como está consagrado en el artículos 739 del Código de Trabajo, esta disposición no impide de manera alguna que el Tribunal se coloque en una posición de profundo análisis para poder llegar a la verdad de los hechos e impartir justicia aplicando la Ley, POR LO QUE DEVIENE OBLIGADO A EFECTUAR LA APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS EN SU CONJUNTO O SEA ELLO ES UNA OBLIGACIÓN INSOSLAYABLE Y ESA APRECIACIÓN DEBE SER ACERTADA Y COMPLETA; QUE HAGA PREVALECER LA REALIDAD Y CON APEGO LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO DEL TRABAJO Y AQUELLOS QUE RIGEN EL PROCESO LABORAL Y A PROTEGER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS QUE RESULTEN LESIONADOS; pues si bien es cierto mi representado interpuso una renuncia ajustándose a dar el preaviso de ley a su patrono, no es menos cierto que su contrato de trabajo quedo suspendido al sufrir un accidente de trabajo; y en el supuesto de que la patronal hubiese querido darle validez muy a su conveniencia a la renuncia para librarse de la responsabilidades legales, DEBIO POR LO MENOS HABER ESPERADO A QUE CONCLUYERAN LOS DIAS QUE FALTABAN PARA QUE FINALIZARA LA MISMA, PARA PODER ADUCIR QUE ESTABA RESPETANDO LA VOLUNTAD DE Ml REPRESENTADO; pero lo cierto es que decidió UNILATERALMENTE dar por finalizado el contrato individual de trabajo de mi representado una vez que éste se presentó cuando finalizó su incapacidad médica, sin que se cumpliera siquiera el termino de preaviso interpuesto por mi representado incumpliendo e invalidando la renuncia interpuesta. La acción de separación inmediata a su último día de incapacidad, no puede llevar otro nombre u otro título que no sea "DESPIDO", el acto que se materializo en un despido; además de que no se consideró la solicitud de los gastos médicos por los servicios que no pudo brindar el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y que se vio obligado a tener que costear de su propio peculio”. III.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) El artículo 864 del Código de Trabajo, señalado como violado indirectamente, si bien tiene el carácter sustantivo exigido en este extraordinario recurso, el mismo regula situaciones jurídicas que no tienen incidencia en la decisión final objeto del recurso; b) Debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por el Recurrente; c) La prueba singularizada si fue apreciada en el fallo impugnado, resultando que se le dio una valoración o alcance diferente al que pretende el Impetrante, por lo que es impropio el ataque al mismo por falta de apreciación; y, d) Formula alegatos propios de instancia. IV.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, quien firma por el Magistrado Coordinador ROY PINEDA CASTRO, conforme al artículo 8 del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de agosto del dos mil veinticuatro; certificación de la sentencia de fecha uno de febrero del dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL198-2022. FIRMA Y SELLO.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO
SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.