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Sentencia CL-194-23 — Registro 19923

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral de primera instancia pidiendo el emplazamiento del patrono para que pruebe la justa en que se fundó el despido, que el patrono demuestre que el hecho delictuoso que imputa como falta de la trabajadora se encuentra debidamente comprobado ante autoridad competente y que cuenta con la debida sentencia condenatoria en su contra.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."El motivo de casación que antecede no es admisible a razón de lo siguiente: La Censora establece en la formulación de su cargo una violación directa de normativa sustantiva, aludiendo a la Constitución de la República en su Artículo 128 numeral 3. No obstante, en la explicación de su motivo insta a la revisión de medios de prueba, lo cual no es admisible ante este tipo de violación directa. Asimismo, en esta explicación el Censor incurre en alegatos de instancia y manifiesta hechos que sí resultaron ser controvertidos en el presente juicio; todo ello sin señalar la vulneración directa y de pleno derecho supuestamente cometida por el tribunal de segunda instancia en el hecho aceptado por ambas partes en el juicio, el cual, debe ser descrito a detalle ante este tipo de violación directa. V. Por lo anteriormente expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo."....

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765 numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los siete (07) días del mes de noviembre del año dos mil veinticuatro (2024). VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha veinticinco de octubre del dos mil veintitrés, por la Abogada EVI DOMINICK GODOY FLORES, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), como recurrente; además, es parte recurrida la señora WENDY MAVEL NUÑEZ LOBO, representada en juicio por la Abogada KARLA YADIRA PAREDES ORTEGA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria Laboral de primera instancia pidiendo el emplazamiento del patrono para que pruebe la justa en que se fundó el despido. Que el patrono demuestre que el hecho delictuoso que imputa como falta de la trabajadora se encuentra debidamente comprobado ante autoridad competente y que cuenta con la debida sentencia condenatoria en su contra. Que acredite el perjuicio que imputa a la trabajadora demandante, que pruebe que hizo uso del poder disciplinario dentro del término de la prescripción, que demuestre judicialmente que siguió el debido proceso contenido en el reglamento interno y contratación colectiva y que se respetó el derecho de defensa de la trabajadora desde la etapa de investigación de los hechos informándole con claridad las faltas imputadas y permitiéndole la participación de alguien que la asistiera en todo momento, que demuestre que se respetó el principio de proporcionalidad de la sanción aplicada y que convocó a la trabajadora demandante con la debida antelación para que hiciera uso de sus derechos, los que debieron haber sido plasmados claramente en la convocatoria para audiencia de descargos, que acredite que las faltas contenidas en la convocatoria para audiencia de descargos son las mismas por las cuales se despide a la demandante. En caso de que no se demuestren los extremos para los cuales se emplaza al patrono, se declare injustificado el despido y se condene al patrono demandado a reintegrar a la trabajadora en el puesto de trabajo ocupado al momento del despido injustificado en mejores condiciones, pago de salarios, aumentos de sueldo y beneficios contenidos en la contratación colectiva dejados de percibir a título de daños y perjuicios, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha 23 de noviembre del 2021 por el Abogado OSCAR ALEXIS ARDON CHAVEZ, actuando en su condición de representante procesal de la señora WENDY MAVEL NUÑEZ LOBO, mayor de edad, hondureña, casada, Perito Mercantil y Contador Público, con domicilio en esta Ciudad de La Ceiba, Atlántida, contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), representada legalmente por su Directora Presidente, MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 23 de marzo del 2023, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba, Departamento de Atlántida, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 26 de enero del 2023, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de la Ceiba, Departamento de Atlántida, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO (1): Declarando CON LUGAR la presente Demanda Ordinaria Laboral de Primera Instancia pidiendo el Emplazamiento del Patrono para que pruebe la justa causa en que fundó el despido, que el hecho delictuoso que imputa como falta a la trabajadora se encuentra debidamente comprobado ante autoridad competente y que cuenta con la debida sentencia condenatoria en su contra; que se acredite el perjuicio que imputa a la trabajadora demandante, que hizo uso de su poder disciplinario dentro del término de la prescripción; que siguió el debido proceso contenido en el Reglamento Interno y Contratación Colectiva y que se respetó el derecho de defensa de la trabajadora desde la etapa de investigación de los hechos informándole con claridad las faltas imputadas y permitiéndole la participación de alguien que la asistiera en todo momento; que se respetó el principio de proporcionalidad de la sanción aplicada y que se convocó a la trabajadora demandante con la debida antelación para que hiciera uso de sus derechos, los que debieron haber sido plasmados claramente en la convocatoria para audiencia de descargos; que las faltas contenidas en la convocatoria de audiencia de descargos son las mismas por las cuales se despide a la demandante; caso contrario, se declare injustificado el despido y se condene al patrono a reintegrar a la demandante en el puesto de trabajo ocupado al momento del despido injustificado en mejores condiciones; pago de salarios, aumentos de sueldo y beneficios de la contratación colectiva dejados de percibir a título de daños y perjuicios y costas del juicio; promovida por el abogado OSCAR ALEXIS ARDON CHAVEZ; accionando en su condición de Apoderado Legal de la Señora WENDY MAVEL NUÑEZ LOBO; contra la entidad estatal denominada INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) o la denominación que pueda llegar a adoptar en el futuro, representada legalmente por su Directora Presidente, Señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA; todos de generales expresadas en el preámbulo de la presente sentencia. SEGUNDO (2): En consecuencia se CONDENA al INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) o la denominación que pueda llegar a adoptar en el futuro, representada legalmente por su Directora Presidente, Señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA, a: I) REINTEGRAR a la señora WENDY MAVEL NUÑEZ LOBO en el cargo de ANALISTA DE PRESTAMOS en esta ciudad; reintegro que deberá hacerse en las condiciones que le fueron reconocidas en el proceso promovido ante este Despacho Judicial para obtener permanencia en el cargo, otorgamiento de la garantía de salario igual por trabajo igual sin discriminación alguna y beneficios de la contratación colectiva, el que se identifica con el número 0101-2019-00050 y del cual tiene conocimiento el Patrono; en el que se señaló el salario para el año 2018 más los reajustes que por aumentos de sueldo e índice inflacionario establece la Cláusula 24 de la Contratación Colectiva aplicados sobre el mismo en la forma que se expone en los Ordinales Primero y Cuarto de los Hechos Probados. II) INDEMNIZAR a la Demandante con el pago de los salarios, aumentos de sueldo, beneficios legales y contractuales establecidos en la Contratación Colectiva y detallados en el Ordinal Cuarto de los Hechos Probados de la presente Sentencia o cualquiera otro que le pudiera corresponder, calculados desde el despido y hasta que se produzca la reinstalación judicial del Demandante en su cargo. TERCERO (3): SIN COSTAS EN ESTA INSTANCIA”. ANTECEDENTES DE HECHO 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción que fue contratada mediante la modalidad de contrato de prestación de servicios profesionales a partir del 01 de septiembre de 2015 para prestar sus servicios en la Oficina Regional de la entidad demandada en esta ciudad en el cargo de Analista de Préstamos, con un salario mensual de Lps. 12,000.00; laborando en un horario de lunes a viernes de 8:00 A.M. a 4:00 P.M. Que dado que desde la contratación de la señora Wendy Núñez, el Patrono Demandado estuvo sustentando la relación laboral mediante la suscripción de Contratos de Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa o Contratos de Servicios Profesionales, en los que la denominaba como Contratista a fin de no concederle derechos irrenunciables y constitucionalmente protegidos como vacaciones, bonificaciones por decimotercer y decimocuarto mes de salario, bonificación por vacaciones, derecho a la seguridad social y todos los beneficios que otorga la contratación colectiva de la Institución Demandada; denominando a la remuneración que se le otorgaba como pago de honorarios de los cuales hacia deducciones del Impuesto Sobre la Renta y considerándola como empleada temporal, lo cual se define por la Organización Internacional del Trabajo como Empleo Encubierto, puesto que en base al Principio de Primacía de la Realidad, la demandante era verdadera empleada permanente de la Institución demandada ya que realizaba funciones continuas y permanentes para la misma; la demandante promovió Demanda a fin de que se le otorgara permanencia en su cargo y se le concedieran los beneficios de la contratación colectiva, así como la garantía de salario igual por trabajo igual; proceso judicial en el que se dictó Sentencia Definitiva favorable para la demandante en fecha 13 de Mayo de 2021, la que fue confirmada por la Corte Primera de Apelaciones de esta ciudad en fecha 26 de Agosto de 2021, mediante la cual se otorgó a la demandante la permanencia en su cargo y el disfrute de derechos y beneficios laborales contenidos en la contratación colectiva de la Institución demandada, fijando el Tribunal su salario para el año 2018 a Lps. 33,541.00, el cual para el año 2019 es de Lps. 35,806.00, 2020 es de Lps. 37,266.88 y 2021 de Lps. 38,761.28, sin incluir los aumentos que en base a la contratación colectiva se han otorgado dentro de la institución reclamada. En fecha 13 de Abril de 2021, sin previa convocatoria escrita dirigida a la demandante en la que se le notificara y se le comunicaran sus derechos constitucionales de defensa, debido proceso, audiencia previa y no declarar contra sí misma contenidos en los artículos 82, 88, 90 y 94 de la Constitución de la República y que se entienden incluidos en todo contrato de trabajo según el artículo 25 del Código del Trabajo; se realizó a la demandante un Acta de Declaración de Hechos por parte de los Señores Isaac Calix Molina y Héctor Osorto García de la Unidad de Auditoría Interna de la Institución Demandada, sin que tal procedimiento esté contenido en las Cláusula 40 del Contrato Colectivo de INJUPEMP y del Reglamento Interno de Trabajo; sin la presencia de un Representante de la Organización Sindical, un Representante de los Trabajadores o un Profesional del Derecho que asistiera a la demandante, con el propósito de investigar la entrega del Cheque número 02068692 de fecha 01 de Febrero de 2021 a nombre de la Señora Mayra Lizeth Ortiz por la cantidad de Lps. 233,409.16 en concepto de beneficio de separación; cheque que al parecer fue entregado a un tercero que acreditó tener poder notarial otorgado por la titular del cheque antes relacionado por parte de otra de las empleadas de la entidad Demandada en esta ciudad y por el que la persona afectada interpuso la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público; no obstante, en el Acta de Declaración de Hechos levantada el 13 de Abril de 2021 de forma sorpresiva a la demandante sin la presencia de ninguna persona que le asistiera y en la que prácticamente se le obliga a declarar contra sí misma en contravención de lo establecido en el artículo 88 Constitucional; los Auditores de la Entidad Demandada, quienes se atribuyen facultades exclusivas de los entes investigadores de delitos y órganos judiciales no conferidas en el Contrato Colectivo y Reglamento Interno de la entidad demandada, no le presentaron a la demandante ningún documento o prueba en su contra y mencionan claramente que el Cheque cuya entrega a otra persona distinta de la Titular del mismo se hizo a un tercero de nombre Edgardo Padilla, quien presentó un Poder General de Administración Amplio y Suficiente otorgado ante Notario Público; poder que también sirvió para que dicha persona hiciera efectivo el referido cheque ante la Institución Bancaria contra quien se giró el mismo sin inconveniente alguno; de donde se desprende que existe un documento notarial que mientras no se anule judicialmente o se acredite su revocación, tiene plena validez dada la fe pública que ostentan los Notarios de conformidad a los artículos 2, 3 y 5 del Código del Notariado, 1 y 9 de su Reglamento. En la misma fecha 13 de Abril de 2021, a minutos de terminar la jornada de trabajo de la demandante y después de haberse levantado el Acta de Declaración de Hechos relacionada en el Ordinal anterior y que prácticamente constituyó una audiencia de descargos violatoria de los derechos de la demandante; a las 3:19 P.M. fue convocada, tanto mediante correo electrónico como por escrito, para que asistiera a una Audiencia de Descargos a celebrarse a la 1:00 P.M. del día siguiente 14 de Abril de 2021 mediante la aplicación Zoom, fundándose para ello en disposiciones distintas a las establecidas en el Código del Trabajo, Cláusulas del Contrato Colectivo o Reglamento Interno de Trabajo, donde no se señala este tipo de modalidad para la celebración de audiencias de descargo, viciando de nulidad todo lo actuado. La Convocatoria para Audiencia de Descargos entregada a la demandante a las 3:19 P.M. del día 13 de Abril de 2021, a menos de 24 horas de que llegara el día y hora para la celebración de la Audiencia programada, se plasma literalmente lo siguiente: “Por medio de la presente y en vista del reporte efectuado por la Unidad de Recursos Humanos, a través del memorando URH-215-2021 de fecha 18 de Marzo de los corrientes, dirigido a esta Coordinación de Relaciones Laborales, referente al incidente suscitado en esa oficina regional de INJUPEMP, en la ciudad de la Ceiba, Departamento de Atlántida, respecto de la entrega del cheque de caja No. 0206892 emitido por (CITI) BANCO DE HONDURAS, S.A. por un monto de (L.233,409.16); el cual fue debitado de la cuenta de INJUPEMP No. 5010582123, a favor de la señora MAYRA LISETH ORTIZ, con número de identidad 1807-1974-00475, por solicitud de beneficio de separación del sistema, presentada por ella misma ante esa oficina regional de la Ceiba Atlántida, en fecha 08 de octubre del 2020, y cuya entrega de dicho título valor, no se le hizo a la señora MAYRA LISETH ORTIZ, ya que esta, en fecha 12 de marzo del 2021, se presentó a reclamar el mismo ante esa regional, en donde se le informó y según reporte efectuado por esta Coordinación de Relaciones Laborales, que dicho cheque ya había sido pagado; ante este hecho y considerando que solo son dos (2) las personas asignadas a esa oficina regional del INJUPEMP en la ciudad de la Ceiba, siendo usted una de ellas y cuyas responsabilidades son: Las actividades inherentes al quehacer institucional y que sirven para atención a los usuarios o participantes del sistema, en los distintos servicios que brinda el Instituto en esa ciudad, cumplimentando el proceso de pago, como ser la entrega de los cheques por solicitudes de separación del sistema, todo en el marco procedimental de conformidad a los distintos manuales y a las actividades y responsabilidad de las funciones desempeñadas. En consecuencia y en el marco del debido proceso, de conformidad al artículo 70 del Reglamento Interno de Trabajo, se la convoca a una Audiencia de Descargos, para que desvanezca los hechos que se le imputan y que anteriormente han sido descritos, razón por la cual se le cita en legal y debida forma, a efecto de que comparezca a la audiencia en mención, misma que se celebrará por vía zoom, debido a la actual pandemia del(COVID-19) que se afronta en este momento, con fundamento la misma en el PCM 086-2020 y artículo 251 del Código Procesal Civil, programada para el día miércoles 14 de abril del 2021, a la (1:00 pm) de la tarde, lo anterior con el objeto de escuchar de usted los descargos que hacer en relación a los hechos antes enunciados. Se le sugiere que asista acompañada de un testigo de su elección, o un representante de los trabajadores, de conformidad con el artículo 92 numeral 9) del Código de Trabajo; recordándole de igual manera que la no comparecencia de su persona a la señalada audiencia, se entenderán como aceptados los hechos que se le imputan”. A pesar de que según el artículo 72 del Reglamento Interno de Trabajo en la audiencia de descargos debe participar un delegado del Sindicato, quien de conformidad a la Cláusula 2 del Contrato Colectivo y 491 numeral 1 del Código del Trabajo es un Representante de los Trabajadores, no se convocó a la Organización Sindical a fin de que ésta decidiera si defendía o no a la trabajadora. Se realizó la audiencia de descargos de una forma virtual y no presencial sin que sea permitido por el Reglamento Interno de Trabajo y Contrato Colectivo de Trabajo, fundándose para ello en un Decreto Ejecutivo PCM-086-2020 que tiene como propósito digitalizar los trámites administrativos que se hacen ante las dependencias de la administración pública y no regular los asuntos de naturaleza laboral. A pesar de las violaciones a los derechos de defensa y debido proceso anteriormente señalados, aunado a la inobservancia de los principios de tipicidad y culpabilidad, en fecha 30 de Abril de 2021, la Representante Legal de la entidad demanda notificó a la demandante que se había tomado la decisión de dar por finalizado su contrato de trabajo sin responsabilidad patronal a partir de dicha fecha, incluyendo en la Notificación de Despido hechos no plasmados en la Convocatoria para Audiencia de Descargos entregada a la demandante y para lo cual no se le concedió un plazo prudencial para que pudiera formular su defensa, dado que la Convocatoria le fue notificada con menos de 24 horas de antelación a la celebración de la audiencia; pues se imputa a la demandante un “acto delictuoso”, “apropiación fraudulenta”, “fraude”, “grave indisciplina” y “perjuicio a la Administración Pública del Estado de Honduras”, sin que los delitos que se imputan hayan sido comprobados por autoridad competente y violentando el principio de presunción de inocencia contenido en el artículo 89 de la Constitución de la República, principio contenido en todo contrato de trabajo de conformidad al artículo 25 del Código del Trabajo. Estos hechos no fueron plasmados en la Convocatoria para audiencia de descargos entregada a la demandante por lo que constituyen hechos distintos de aquellos por los cuales se celebró la audiencia de descargos, violentando aún más el derecho de defensa y debido proceso dado que se despide por faltas no comprobadas por autoridad competente y por las cuales no se le dio la oportunidad de ser escuchada. 2. La parte demandada, el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), contestó dicha demanda señalando en fecha 20 de abril del 2021, la Unidad de Auditoría Interna del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), mediante oficio UAI-046-2021, emitió un informe pormenorizado dirigido a la Dirección Ejecutiva del mismo, referente a los hallazgos encontrados y constatados en la oficina regional de INJUPEMP, a la ciudad de La Ceiba, Atlántida, oficina a la cual la hoy demandante estaba asignada, referente al incidente suscitado, respecto a la entrega del cheque de caja No.0206892 emitido por (CITI) BANCO DE HONDURAS S.A. por un monto de (L233,409.16) el cual fue debitado de la cuenta de INJUPEMP No. 5010582123 a favor de la señora MAYRA LISETH ORTIZ, con número de identidad 1807-1974-00475, por solicitud de beneficio de separación del sistema, presentada por ella misma en fecha 08 de octubre del 2020, ante la precitada oficina regional de INJUPEMP en La Ceiba, Atlántida y cuya entrega de dicho título valor, no se le hizo a la señora MAYRA LISETH ORTIZ, ya que esta, en fecha 12 de marzo del 2021, se presentó a reclamar el mismo ante esa regional de La Ceiba, en donde se le informó, que dicho cheque ya había sido pagado, por lo que en esa misma fecha 12 de marzo del 2021, y ante dicha irregularidad, la señora MAYRA LIZETH ORTIZ, interpuso formal denuncia ante el Ministerio Público, para que se realizaran las investigaciones pertinentes del caso; ante éste hecho y considerando que solo eran dos (2) en ese momento las personas asignadas a esa oficina regional de la ciudad de La Ceiba, siendo la hoy demandante una de ellas y cuyas responsabilidades son: Las actividades inherentes al que hacer institucional y que sirven para atención a los usuarios o participantes del sistema, en los distintos servicios que brinda el Instituto en esa ciudad, cumplimentando el proceso de pago, como ser la entrega de los cheques por solicitudes de separación del sistema, todo en el marco procedimental de conformidad a los distintos manuales y a las actividades y responsabilidad de las funciones desempeñadas. En tal sentido y ante dicha situación, conforme al procedimiento establecido en el Reglamento Interno de Trabajo y en aras de su derecho constitucional de defensa, reiteramos que en fecha 14 de abril del 2021, se procedió previo su citación con la debida antelación, a levantarle a la ahora demandante la Audiencia de Descargos pertinente por vía zoom, con fundamento en el artículo 251 del Código Procesal Civil y el articulo 122 y demás aplicables del Decreto Ejecutivo PCM 086-2020, que por razón de la pandemia que atraviesa la humanidad entera en ese momento y de acuerdo a los protocolos y distanciamiento físico establecidos en estos momentos por SINAGER, han sido constituidos como verdaderos mecanismos excepcionales que incluso el Poder Judicial ha adoptado para la realización de actuaciones, manifestando la hoy demandante en su deposición en la audiencia de descargos aludida, que no tenía conocimiento de quien había retirado el cheque de la señora MAYRA LIZETH ORTIZ, contradiciéndose la misma en su declaración, ya que según Acta de Declaración de Hechos, de fecha 13 de abril del 2021, levantada a la trabajadora demandante por la Unidad de Auditoría Interna, y que esta patronal oportunamente acreditará en juicio, la misma reconoció ser la (culpable de todo), en vista de haberle mandado por vía WhatsApp al celular de la señora MAYRA LIZETH ORTIZ, foto de dos (2) depósitos bancarios: 1) Deposito en Banco Atlántida por el valor de L 133,436.00,de fecha 15 de marzo del 2021, y 2) Deposito de Banco Ficohsa por la cantidad de L 100,000.00 de la misma fecha; evidenciando con ello su intención y según su lógica, es decir, de la trabajadora demandante en ese momento, en reparar una especie de fraude cometido por la ahora demandante, al haberse apropiado de un título valor que no le correspondía y peor aún, realizar gestiones fraudulentas para ejecutar y cambiar dicho cheque, en un irrefutable acto delictuoso de parte de la misma, prevalida de la función que ejercía en la Institución en ese momento, en un claro perjuicio a la Administración Pública del Estado de Honduras y los intereses de nuestros participantes de INJUPEMP. Es evidente que la ahora demandante incumplió y quebrantó totalmente las disposiciones reglamentarias de éste Instituto y las disposiciones contenidas en el Código de Trabajo, al incurrir en un acto delictuoso debidamente comprobado y reconocido por la hoy demandante, a través de los procedimientos administrativos disciplinarios internos de INJUPEMP, al haber mandado desde su celular 9639-2634 por vía WhatsApp como gestar el cobro del mismo; por lo que, su actuar constituye un evidente acto delictuoso y grave indisciplina en su función laboral, lo cual hizo imposible el cumplimiento del contrato; por lo que facultó al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), a dar por terminado su contrato de trabajo efectivo a la fecha, sin responsabilidad económica indemnizatoria para la Institución, sirviendo de fundamento a la presente nota de despido con justa causa los artículos 112 literales e) y 1) relacionado con el artículo 97 numerales 2), 3)y 13), del Código de Trabajo; artículo 63 numerales 5) y 18), 64 numeral 11) y artículos 66, 67 y 74 del Reglamento Interno de Trabajo y clausula No.40 del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente. Asimismo, es oportuno manifestar, que en el marco de actuaciones, las Unidades de Auditorías Internas tienen como objetivo la realización de supervisión, control y fiscalización de los fondos, bienes y recursos administrados por instituciones como INJUPEMP, siendo un principio rector emanado de la Constitución de la República, y debidamente enmarcada tanto en la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, su Reglamento y normativas emitidas, así como lo establecido en el artículo 95 de la Ley del INJUPEMP, que entre otras, determina como funciones del Auditor Interno. Con la labor asignada y recabada de la exempleada WENDY MAVEL NUÑEZ LOBO, puesto que se obtienen datos relevantes en la irregularidad cometida, hasta se consigue documentación y declaraciones escritas importantes para esclarecer el sendo acto de irregularidad administrativa, mismos que sirvieron de base para iniciar el procedimiento disciplinario correspondiente. De igual forma, es impropio hacer alusión a normativas análogas, como la referida del artículo 265 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil, respecto a la citaciones para celebrar audiencias dentro de los siete días hábiles siguientes a la notificación, ya que nuestro marco normativo se encuentra taxativamente regulado por el Código de Trabajo, y de los efectos jurídicos que este impone a través del respectivo Reglamento Interno de Trabajo, y que en su artículo 72, y demás aplicables, regula de forma clara el actuar procesal, por lo que se reitera no se ha conculcado ningún derecho normativo, por lo que, la acción de demanda debe ser desestimada totalmente y declarada improcedente mediante sentencia definitiva dictada oportunamente, por carecer en su totalidad de la debida sustentación legal y por no encontrarse ajustada ni a derecho ni a la verdad la pretensión de la hoy demandante. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha 26 de enero del 2023, dictó Sentencia que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO (1): Declarando CON LUGAR la presente Demanda Ordinaria Laboral de Primera Instancia pidiendo el Emplazamiento del Patrono para que pruebe la justa causa en que fundó el despido, que el hecho delictuoso que imputa como falta a la trabajadora se encuentra debidamente comprobado ante autoridad competente y que cuenta con la debida sentencia condenatoria en su contra; que se acredite el perjuicio que imputa a la trabajadora demandante, que hizo uso de su poder disciplinario dentro del término de la prescripción; que siguió el debido proceso contenido en el Reglamento Interno y Contratación Colectiva y que se respetó el derecho de defensa de la trabajadora desde la etapa de investigación de los hechos informándole con claridad las faltas imputadas y permitiéndole la participación de alguien que la asistiera en todo momento; que se respetó el principio de proporcionalidad de la sanción aplicada y que se convocó a la trabajadora demandante con la debida antelación para que hiciera uso de sus derechos, los que debieron haber sido plasmados claramente en la convocatoria para audiencia de descargos; que las faltas contenidas en la convocatoria de audiencia de descargos son las mismas por las cuales se despide a la demandante; caso contrario, se declare injustificado el despido y se condene al patrono a reintegrar a la demandante en el puesto de trabajo ocupado al momento del despido injustificado en mejores condiciones; pago de salarios, aumentos de sueldo y beneficios de la contratación colectiva dejados de percibir a título de daños y perjuicios y costas del juicio; promovida por el abogado OSCAR ALEXIS ARDON CHAVEZ; accionando en su condición de Apoderado Legal de la Señora WENDY MAVEL NUÑEZ LOBO; contra la entidad estatal denominada INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) o la denominación que pueda llegar a adoptar en el futuro, representada legalmente por su Directora Presidente, Señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA; todos de generales expresadas en el preámbulo de la presente sentencia. SEGUNDO (2): En consecuencia se CONDENA al INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) o la denominación que pueda llegar a adoptar en el futuro, representada legalmente por su Directora Presidente, Señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA, a: I) REINTEGRAR a la señora WENDY MAVEL NUÑEZ LOBO en el cargo de ANALISTA DE PRESTAMOS en esta ciudad; reintegro que deberá hacerse en las condiciones que le fueron reconocidas en el proceso promovido ante este Despacho Judicial para obtener permanencia en el cargo, otorgamiento de la garantía de salario igual por trabajo igual sin discriminación alguna y beneficios de la contratación colectiva, el que se identifica con el número 0101-2019-00050 y del cual tiene conocimiento el Patrono; en el que se señaló el salario para el año 2018 más los reajustes que por aumentos de sueldo e índice inflacionario establece la Cláusula 24 de la Contratación Colectiva aplicados sobre el mismo en la forma que se expone en los Ordinales Primero y Cuarto de los Hechos Probados. II) INDEMNIZAR a la Demandante con el pago de los salarios, aumentos de sueldo, beneficios legales y contractuales establecidos en la Contratación Colectiva y detallados en el Ordinal Cuarto de los Hechos Probados de la presente Sentencia o cualquiera otro que le pudiera corresponder, calculados desde el despido y hasta que se produzca la reinstalación judicial del Demandante en su cargo. TERCERO (3): SIN COSTAS EN ESTA INSTANCIA” bajo el criterio que ese tribunal ha resuelto casos como el de la demandante donde se ha denunciado violaciones al derecho de defensa y debido proceso y otros principios del derecho sancionatorio como la buena fe, gradualidad, tipicidad, proporcionalidad, etc., donde ha sido necesario primeramente revisar la actuación del empleador desde el inicio del procedimiento pues al encontrarse vicios en dichas actuaciones procede declarar ilegal el despido o la sanción, citándose como antecedentes las sentencias dictadas en los juicios identificados con los números 0101-2015-000151, 0101-2015-00165, 0101-2016-00125, 0101-2016-00127, 0101-2018-00120, 0101-2018-00210, 0101-2019-00004, 0101-2016-00195 y 0101-2018-00186; resoluciones que fueron confirmadas por la Corte Primera de Apelaciones de esta ciudad en las apelaciones identificadas con los números 0101-2016-00690, 0101-2016-00613, 0101-2017-00780, 0101-2017-00762, 0101-2019-00989, 0101-2019-01001, 0101-2017-00792 y 0101-2021-01181 respectivamente, todos con firmeza a la fecha, habiendo manifestado el Ad Quem en el numeral Cuarto de los fundamentos de Derecho de la penúltima Sentencia mencionada, en la que la intervino una institución del Sistema Financiero que a la señora DELMY GISSELLE SANTOS SALGADO no se le siguió un debido procedimiento administrativo por parte de su patrono al momento de realizarle audiencia de descargo, pues no consta en los antecedentes del caso que a la señora DELMY GISSELLE SANTOS SALGADO se le haya hecho saber que durante el procedimiento administrativo si lo deseaba podía llamar a un profesional del derecho o a un inspector del trabajo para que estuviera presente durante el desarrollo del mismo de igual forma tampoco consta que se le haya hecho la advertencia en cuanto a que nadie puede ser obligado en un asunto disciplinario a declarar contra sí mismo; señalando también la Sala de Lo Laboral Contencioso Administrativo en sus Sentencias de fechas 24 de Julio de 2015, 20 de Febrero de 2018, 11 de Junio de 2018 y 15 de Octubre de 2018 dictadas en los recursos de Casación CL-86-13, CL.315-16, CL-620-16 y CL-451-16 en los que el Máximo Tribunal ha sido reiterativo al aplicar como criterios jurisprudenciales "Que sin embargo el análisis de la legalidad o no de la terminación del contrato de trabajo también versa sobre otros aspectos relacionados con el tema de la prescripción, el procedimiento disciplinario, la proporcionalidad de la sanción, entre otros; con base a lo anterior, previo a cualquier otro análisis del caso, es importante considerar que reglas y bases deben observarse en lo referente al procedimiento disciplinario, el cual debe contar con lo siguiente: a) Investigación y comprobación de la supuesta falta cometida por el trabajador; b) notificación que se debe realizar con antelación al trabajador para asistir a una audiencia de descargo, con el señalamiento del lugar, fecha y hora de su celebración y la indicación del cargo o de los cargos imputados; c) en el desarrollo de la audiencia de descargo, como en el proceso disciplinario, se debe cumplir con lo que establezca el Reglamento Interno de Trabajo, especialmente sobre la intervención del delegado sindical o de testigos que participen en dicha actuación; y, d) después de que el trabajador sea escuchado, el empleador dentro del término de prescripción, podrá tomar la decisión de sancionarlo imponiendo medidas disciplinarias y en un extremo máximo, dada la gravedad de la falta imputada, dar por terminado su contrato de trabajo bajo la premisa de que existe causa justificada de tal determinación, caso contrario archivará las diligencias. Que la no comparecencia, sin causa justificada, del trabajador a la audiencia de descargos, deja en libertad al empleador de imponer o no las medidas disciplinarias que estime procedentes, sin que por ello se presuma la aceptación de las faltas imputadas, debido a que violentaría la presunción de inocencia de que goza toda persona conforme lo previsto en el artículo 89 de la Constitución de la República. Que el despido realizado en circunstancias como la del presente caso, se aparta de los principios de legalidad, de audiencia y de buena fe, entre otros, que obliga al patrono que le dé la oportunidad al trabajador de poder defenderse de la falta atribuida a su persona, es decir, a dar esa oportunidad de defenderse previo a que se tome la decisión de romper la relación laboral.- XXII.- Que al estimarse ilegal el despido, no resulta necesario analizar y valorar las pruebas que el demandado haya presentado para pretender acreditar que existieron justas causas para terminar la relación de trabajo.CL-86-13"; criterios aplicables al caso de autos donde la Suscrita ha arribado a la conclusión que el despido de la demandante es ilegal dado que se aparta del principio de buena fe al haberse seguido a la actora un procedimiento disciplinario viciado con violaciones a garantías y derechos constitucionales como defensa y debido proceso en todo su alcance, presunción de inocencia, derecho a no declarar contra sí misma, legalidad, proporcionalidad, culpabilidad, contradicción y derecho a asistencia, agregándose además que a juicio de la Suscrita Juzgadora, el patrono demandado hizo uso de su poder disciplinario después de haber transcurrido el plazo de un mes que para ello le concede el artículo 863 del Código del Trabajo contado a partir de la entrega del cheque, es decir el 12 de Marzo de 2021, motivo que origina el despido de la demandante. Que por todo lo antes expuesto, no habiendo el Patrono Demandado demostrado judicialmente los puntos para los cuales se solicitó su emplazamiento y haberse detectado que su accionar en el proceso sancionatorio seguido a la demandante contraría el principio de buena fe al haberse seguido a la actora un procedimiento disciplinario viciado con violaciones a garantías y derechos constitucionales como defensa y debido proceso en todo su alcance, presunción de inocencia, derecho a no declarar contra sí mismo, legalidad, proporcionalidad, culpabilidad, contradicción, derecho a asistencia e igualdad de trato y no haber operado la prescripción de la acción para demandar, se estima procedente declarar injustificado el despido por las ilegalidades detectadas previo a su notificación y condenar al patrono demandado a reintegrar a la demandante en el cargo ocupado con las condiciones reconocidas por este Tribunal en el proceso 0101-2019-00050, cuya sentencia fue confirmada por la Corte Primera de Apelaciones de esta ciudad en fecha 26 de Agosto de 2021 en la Apelación Laboral 0101-2021-01212; de la cual forma parte otra demandante que también fue despedida por el mismo patrono según consta en el proceso 0101-2022-00064 y a quien se le concedió el reintegro en las condiciones otorgadas en el proceso 0101-2019-00050; que también fue confirmado por el Tribunal de Alzada según la apelación 0101-2022-01360; debiendo el patrono indemnizar a la demandante con el pago de todos los salarios y beneficios le correspondan desde su despido hasta la firmeza de la presente sentencia, a título de daños y perjuicios, debiendo eximir al patrono demandado al pago de las costas del juicio en apego irrestricto al principio de gratuidad en materia laboral. 4. La Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha 23 de marzo del 2023, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el aquo, SIN COSTAS; bajo el criterio que en el proceso que nos ocupa, la parte demandada no ha logrado acreditar que la trabajadora demandante haya cometido acto delictuoso, ya que ni la denuncia interpuesta por la señora Mayra Lizeth Ortiz, fue contra la señora Wendy Mavel Núñez Lobo, así como tampoco aportaron prueba de que haya sido la persona que hizo entrega del cheque tantas veces mencionado en el presente fallo. Lo que si quedo acreditado es que la entidad demandada incumplió el procedimiento establecido en casos de despido. Conforme al Principio de la primacía de la realidad "Los jueces pueden dictar sus fallos haciendo mayor acopio a la equidad y a la justicia, tomando en cuenta prioritariamente las circunstancias probadas en autos, comprobadas por el Juez vivencialmente, de dominio público, de cómo se regulan y que tratamiento se proporciona a aspectos puntuales de la relación laboral. En pocas palabras prevalecen los aspectos factico-sustanciales por sobre los jurídicos-formales." El Principio de Libre Formación del Convencimiento: El Juez Laboral dispone de una amplia libertad para apreciar las pruebas sin sujeción a la tarifa legal de las pruebas, especialmente a los principios científicos que informan la crítica de la prueba. EI Principio de estabilidad laboral: Impone que el contrato de trabajo deba ser de duración continua e indeterminada como figura tipo de la relación laboral y exige que durante toda su vigencia se asegure al trabajador una adecuada protección contra el despido injustificado, de modo tal que éste tiene derecho a conservar el empleo mientras no se verifiquen circunstancias imputables a él que justifiquen su exclusión. Por lo anteriormente estudiado y analizado este Ad-Quem con fundamento en lo establecido en el artículo 744 del Código del Trabajo “Serán también apelables las sentencias de primera instancia, en el efecto suspensivo, de palabra en el acto de la notificación, o por escrito, dentro de los tres (3) días siguientes...."; y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 25, que dispone que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier recurso efectivo ante los Jueces o Tribunales competentes; estima que NO SON DE RECIBO los agravios esgrimidos por la parte apelante, siendo procedente de acuerdo con las apreciaciones de hecho y de derecho supra relacionadas, declarar no ha lugar el recurso de apelación de mérito interpuesto contra la sentencia definitiva dictada en fecha veintiséis de enero de dos mil veintitrés por el Juzgado de Letras de esta sección judicial de La Ceiba. 5. Mediante auto de fecha 22 de agosto del 2023, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada LEYLI LILIVETH ARGUETA, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha 25 de octubre del 2023, compareció ante este Tribunal la Abogada EVI DOMINICK GODOY FLORES, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 30 de noviembre del 2023, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 18 de marzo del 2024, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada KARLA YADIRA PAREDES ORTEGA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada Anny Belinda Ochoa Medrano, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I. La finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código de Trabajo no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el País, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son Supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice. II. La demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. III. La Abogada EVI DOMINICK GODOY FLORES, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), en su único motivo de casación alega: “EXPRESIÓN DEL MOTIVO ÚNICO DE CASACIÓN. MOTIVO ÚNICO DE CASACIÓN: ACUSO A LA SENTENCIA RECURRIDA DE SER VIOLATORIA DE LEY SUSTANTIVA DE ORDEN NACIONAL POR INFRACCIÓN DIRECTA. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS EN ESTE MOTIVO: La norma sustantiva de orden nacional violada, esta comprendidas en el artículo 128 numeral 3 de la Constitución de la República en relación con el artículo 367 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE. - El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 765 numeral 1° párrafo primero del Código del Trabajo.- EXPLICACION DEL MOTIVO UNICO DE CASACION. PRIMERO: Reiteradamente ha mantenido esta Honorable Corte el sólido criterio de que la infracción directa de la Ley tiene lugar cuando a un hecho debidamente comprobado se dejó de aplicar la norma que regula el caso debatido y establecido en el proceso, haciéndole producir efectos contrarios a la norma y colocándose el sentenciador en manifiesta rebeldía contra la norma legal aplicable en razón de no haber tomado en consideración las pruebas aportadas en el presente caso y cuando el texto de la norma es absolutamente claro por lo que la sentencia contiene disposiciones en abierta pugna con la Ley.- SEGUNDO: El fallo sometido a esta Demanda Laboral en su Considerando En fecha 20 de abril del 2021, la Unidad de Auditoría Interna de mi representada el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de Los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), mediante oficio UAI- 046-2021, emitió un informe dirigido a la Dirección Ejecutiva del mismo, referente a los hallazgos encontrados y constatados en la oficina regional de INJUPEMP, a la ciudad de la Ceiba-Atlántida, oficina a la cual la hoy demandante estaba asignada, referente al incidente suscitado, respecto a la entrega del cheque de caja No.0206892 emitido por (CITI) BANCO DE HONDURAS S.A. por un monto de (L.233,409.16); el cual fue debitado de la cuenta del INJUPEMP No. 5010582123, a favor de la señora MAYRA LISETH ORTIZ, con número de identidad 1807-1974-00475, por solicitud de beneficio de separación del sistema, presentada por ella misma en fecha 08 de octubre del 2020, ante la precitada oficina regional de INJUPEMP en la Ceiba-Atlántida y cuya entrega de dicho título valor, no se le hizo a la señora MAYRA LISETH ORTIZ, ya que esta, en fecha 12 de marzo del 2021, se presentó a reclamar el mismo ante esa regional de la Ceiba, en donde se le informó, que dicho cheque ya había sido pagado, por lo que en esa misma fecha 12 de marzo del 2021, y ante dicha irregularidad, la señora MAYRA LIZETH ORTIZ, interpuso formal Denuncia ante el Ministerio Público, para que se realizaran las investigaciones pertinentes del caso; ante éste hecho y considerando que solo eran dos (2) en ese momento las personas asignadas a esa oficina regional de la ciudad de la Ceiba, siendo la hoy demandante una de ellas y cuyas responsabilidades son: Las actividades inherentes al quehacer institucional y que sirven para atención a los usuarios o participantes del sistema, en los distintos servicios que brinda el Instituto en esa ciudad, cumplimentando el proceso de pago, como ser la entrega de los cheques por solicitudes de separación del sistema, todo en el marco procedimental de conformidad a los distintos manuales y a las actividades y responsabilidad de las funciones desempeñadas. Artículo 128 Numeral 3 constitucional derecho fundamental a la igualdad en relación con la cantidad y calidad de trabajo. TERCERO: Tal garantía constitucional contenida en el artículo 128 numeral 3, exige presupuestos esenciales para configurar la discriminación en materia de remuneración responda a criterios objetivos y razonables, que a la luz de la norma constitucional el fallo impetrado carece de los elementos factico-jurídicos que determinan la terminación de la relación laboral En tal sentido y ante dicha situación, conforme al procedimiento establecido en el Reglamento Interno de Trabajo y en aras de su derecho constitucional de defensa, en fecha 14 de abril del 2021, se procedió previo su citación con la debida antelación, a levantarle a la ahora demandante la Audiencia de Descargos pertinente por vía zoom, con fundamento en el artículo 251 del Código Procesal Civil y PCM 086-2020, por razón de la pandemia que atraviesa la humanidad entera en ese momento y de acuerdo a los protocolos y distanciamiento físico establecidos en estos momentos por SINAGER, manifestando la hoy demandante en su deposición en la audiencia de descargos aludida, que no tenía conocimiento de quien había retirado el cheque de la señora MAYRA LIZETH ORTIZ, contradiciéndose la misma en su declaración, ya que según Acta de Declaración de Hechos, de fecha 13 de abril del 2021, levantada a la trabajadora demandante por la Unidad de Auditoría Interna, y que esta patronal oportunamente acreditará en juicio, en donde la misma reconoció ser la (culpable de todo), en vista de haberle mandado desde su celular 9639-2634por vía WatsApp al celular de la señora MAYRA LIZETH ORTIZ, foto de dos (2)depósitos bancarios: 1) Deposito en Banco Atlántida por el valor de L.133,436.00, de fecha 15 de marzo del 2021, y 2) Deposito de Banco Ficohsa por la cantidad de L. 100,000.00; de la misma fecha; evidenciando con ello su intención y según su lógica, es decir de la trabajadora demandante en ese momento, en reparar el FRAUDE cometido por la ahora demandante, al haberse apropiado de un título valor que no le correspondía y peor aún, realizar gestiones fraudulentas para ejecutar y cambiar dicho cheque, en un irrefutable acto delictuoso de parte de la misma, prevalida de la función que ejercía en la Institución en ese momento, en un claro perjuicio a la Administración Pública del Estado de Honduras y los intereses de nuestros participantes de INJUPEMP. Los argumentos de este hecho se sustentan en leyes vigentes de la República por lo tanto no requiere de ser probado, sin embargo, en el momento procesal oportuno se presentarán los atestados respectivos para su acreditación. CUARTO: Es evidente que la ahora demandante incumplió y quebrantó totalmente las disposiciones reglamentarias de éste Instituto y las disposiciones contenidas en el Código de Trabajo, al incurrir en un acto delictuoso debidamente comprobado y reconocido por la hoy demandante, a través de los procedimientos administrativos disciplinarios internos de mi representada el INJUPEMP, al haber mandado desde su celular 9639-2634 por vía WatsApp al celular de la señora Mayra Lizeth Ortiz, foto de dos (2) depósitos bancarios: 1) Deposito en Banco Atlántida por el valor de L. 133,436.00, de fecha 15 de marzo del 2021, y 2) Deposito de Banco Ficohsa por la cantidad de L. 100,000.00; de la misma fecha; denotando con ello y de acuerdo a las investigaciones realizadas por mi representada, la apropiación fraudulenta e indebida de parte de la trabajadora demandante, del cheque o título valor arriba descrito, así como gestar el cobro del mismo; por lo que, su actuar constituye un evidente acto delictuoso y grave indisciplina en su función laboral, lo cual hizo imposible el cumplimiento del contrato; por lo que facultó al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), a dar por terminado su contrato de trabajo efectivo a la fecha, sin responsabilidad económica indemnizatoria para la Institución, sirviendo de fundamento a la presente nota de despido con justa causa los artículos 112 literales e) y l) relacionado con el artículo 97 numerales 2), 3) y 13), del Código de Trabajo; artículo 63 numerales 5) y 18), 64 numeral 11) y artículos 66, 67 y74del Reglamento Interno de Trabajo y clausula No. 40 del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente. Ya que en la misma se determina el asidero legal que efectivamente la demandante WENDY MAVEL NUÑEZ LOBO, es objeto de un despido justificado en el cual el A-quem, asume consideraciones factico-jurídicos esgrimidos por el A quo, que de igual manera no reúnen los preceptos legales de la norma constitucional”. IV. El motivo de casación que antecede no es admisible a razón de lo siguiente: La Censora establece en la formulación de su cargo una violación directa de normativa sustantiva, aludiendo a la Constitución de la República en su Artículo 128 numeral 3. No obstante, en la explicación de su motivo insta a la revisión de medios de prueba, lo cual no es admisible ante este tipo de violación directa. Asimismo, en esta explicación el Censor incurre en alegatos de instancia y manifiesta hechos que sí resultaron ser controvertidos en el presente juicio; todo ello sin señalar la vulneración directa y de pleno derecho supuestamente cometida por el tribunal de segunda instancia en el hecho aceptado por ambas partes en el juicio, el cual, debe ser descrito a detalle ante este tipo de violación directa. V. Por lo anteriormente expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal C, 764, 765, 769, 770, 777 y 858 del Código de Trabajo; 22, 200, 211, 212, 214, 215 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación interpuesto por La Abogada EVI DOMINICK GODOY FLORES, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada Anny Belinda Ochoa Medrano. NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLA ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, MAGISTRADA COORDINADORA, ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA MAGISTRADO Y SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de diciembre del dos mil veinticinco; certificación de la sentencia de fecha siete días del mes de noviembre del año dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Casación Contencioso número CL194-23.RAFAEL HUMBERTO ESCOBAR GODOYRECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOcenter203CERTIFICACIÓNEl Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los siete (07) días del mes de noviembre del año dos mil veinticuatro (2024). VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha veinticinco de octubre del dos mil veintitrés, por la Abogada EVI DOMINICK GODOY FLORES, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), como recurrente; además, es parte recurrida la señora WENDY MAVEL NUÑEZ LOBO, representada en juicio por la Abogada KARLA YADIRA PAREDES ORTEGA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria Laboral de primera instancia pidiendo el emplazamiento del patrono para que pruebe la justa en que se fundó el despido. Que el patrono demuestre que el hecho delictuoso que imputa como falta de la trabajadora se encuentra debidamente comprobado ante autoridad competente y que cuenta con la debida sentencia condenatoria en su contra. Que acredite el perjuicio que imputa a la trabajadora demandante, que pruebe que hizo uso del poder disciplinario dentro del término de la prescripción, que demuestre judicialmente que siguió el debido proceso contenido en el reglamento interno y contratación colectiva y que se respetó el derecho de defensa de la trabajadora desde la etapa de investigación de los hechos informándole con claridad las faltas imputadas y permitiéndole la participación de alguien que la asistiera en todo momento, que demuestre que se respetó el principio de proporcionalidad de la sanción aplicada y que convocó a la trabajadora demandante con la debida antelación para que hiciera uso de sus derechos, los que debieron haber sido plasmados claramente en la convocatoria para audiencia de descargos, que acredite que las faltas contenidas en la convocatoria para audiencia de descargos son las mismas por las cuales se despide a la demandante. En caso de que no se demuestren los extremos para los cuales se emplaza al patrono, se declare injustificado el despido y se condene al patrono demandado a reintegrar a la trabajadora en el puesto de trabajo ocupado al momento del despido injustificado en mejores condiciones, pago de salarios, aumentos de sueldo y beneficios contenidos en la contratación colectiva dejados de percibir a título de daños y perjuicios, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha 23 de noviembre del 2021 por el Abogado OSCAR ALEXIS ARDON CHAVEZ, actuando en su condición de representante procesal de la señora WENDY MAVEL NUÑEZ LOBO, mayor de edad, hondureña, casada, Perito Mercantil y Contador Público, con domicilio en esta Ciudad de La Ceiba, Atlántida, contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), representada legalmente por su Directora Presidente, MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 23 de marzo del 2023, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba, Departamento de Atlántida, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 26 de enero del 2023, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de la Ceiba, Departamento de Atlántida, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO (1): Declarando CON LUGAR la presente Demanda Ordinaria Laboral de Primera Instancia pidiendo el Emplazamiento del Patrono para que pruebe la justa causa en que fundó el despido, que el hecho delictuoso que imputa como falta a la trabajadora se encuentra debidamente comprobado ante autoridad competente y que cuenta con la debida sentencia condenatoria en su contra; que se acredite el perjuicio que imputa a la trabajadora demandante, que hizo uso de su poder disciplinario dentro del término de la prescripción; que siguió el debido proceso contenido en el Reglamento Interno y Contratación Colectiva y que se respetó el derecho de defensa de la trabajadora desde la etapa de investigación de los hechos informándole con claridad las faltas imputadas y permitiéndole la participación de alguien que la asistiera en todo momento; que se respetó el principio de proporcionalidad de la sanción aplicada y que se convocó a la trabajadora demandante con la debida antelación para que hiciera uso de sus derechos, los que debieron haber sido plasmados claramente en la convocatoria para audiencia de descargos; que las faltas contenidas en la convocatoria de audiencia de descargos son las mismas por las cuales se despide a la demandante; caso contrario, se declare injustificado el despido y se condene al patrono a reintegrar a la demandante en el puesto de trabajo ocupado al momento del despido injustificado en mejores condiciones; pago de salarios, aumentos de sueldo y beneficios de la contratación colectiva dejados de percibir a título de daños y perjuicios y costas del juicio; promovida por el abogado OSCAR ALEXIS ARDON CHAVEZ; accionando en su condición de Apoderado Legal de la Señora WENDY MAVEL NUÑEZ LOBO; contra la entidad estatal denominada INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) o la denominación que pueda llegar a adoptar en el futuro, representada legalmente por su Directora Presidente, Señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA; todos de generales expresadas en el preámbulo de la presente sentencia. SEGUNDO (2): En consecuencia se CONDENA al INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) o la denominación que pueda llegar a adoptar en el futuro, representada legalmente por su Directora Presidente, Señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA, a: I) REINTEGRAR a la señora WENDY MAVEL NUÑEZ LOBO en el cargo de ANALISTA DE PRESTAMOS en esta ciudad; reintegro que deberá hacerse en las condiciones que le fueron reconocidas en el proceso promovido ante este Despacho Judicial para obtener permanencia en el cargo, otorgamiento de la garantía de salario igual por trabajo igual sin discriminación alguna y beneficios de la contratación colectiva, el que se identifica con el número 0101-2019-00050 y del cual tiene conocimiento el Patrono; en el que se señaló el salario para el año 2018 más los reajustes que por aumentos de sueldo e índice inflacionario establece la Cláusula 24 de la Contratación Colectiva aplicados sobre el mismo en la forma que se expone en los Ordinales Primero y Cuarto de los Hechos Probados. II) INDEMNIZAR a la Demandante con el pago de los salarios, aumentos de sueldo, beneficios legales y contractuales establecidos en la Contratación Colectiva y detallados en el Ordinal Cuarto de los Hechos Probados de la presente Sentencia o cualquiera otro que le pudiera corresponder, calculados desde el despido y hasta que se produzca la reinstalación judicial del Demandante en su cargo. TERCERO (3): SIN COSTAS EN ESTA INSTANCIA”. ANTECEDENTES DE HECHO 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción que fue contratada mediante la modalidad de contrato de prestación de servicios profesionales a partir del 01 de septiembre de 2015 para prestar sus servicios en la Oficina Regional de la entidad demandada en esta ciudad en el cargo de Analista de Préstamos, con un salario mensual de Lps. 12,000.00; laborando en un horario de lunes a viernes de 8:00 A.M. a 4:00 P.M. Que dado que desde la contratación de la señora Wendy Núñez, el Patrono Demandado estuvo sustentando la relación laboral mediante la suscripción de Contratos de Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa o Contratos de Servicios Profesionales, en los que la denominaba como Contratista a fin de no concederle derechos irrenunciables y constitucionalmente protegidos como vacaciones, bonificaciones por decimotercer y decimocuarto mes de salario, bonificación por vacaciones, derecho a la seguridad social y todos los beneficios que otorga la contratación colectiva de la Institución Demandada; denominando a la remuneración que se le otorgaba como pago de honorarios de los cuales hacia deducciones del Impuesto Sobre la Renta y considerándola como empleada temporal, lo cual se define por la Organización Internacional del Trabajo como Empleo Encubierto, puesto que en base al Principio de Primacía de la Realidad, la demandante era verdadera empleada permanente de la Institución demandada ya que realizaba funciones continuas y permanentes para la misma; la demandante promovió Demanda a fin de que se le otorgara permanencia en su cargo y se le concedieran los beneficios de la contratación colectiva, así como la garantía de salario igual por trabajo igual; proceso judicial en el que se dictó Sentencia Definitiva favorable para la demandante en fecha 13 de Mayo de 2021, la que fue confirmada por la Corte Primera de Apelaciones de esta ciudad en fecha 26 de Agosto de 2021, mediante la cual se otorgó a la demandante la permanencia en su cargo y el disfrute de derechos y beneficios laborales contenidos en la contratación colectiva de la Institución demandada, fijando el Tribunal su salario para el año 2018 a Lps. 33,541.00, el cual para el año 2019 es de Lps. 35,806.00, 2020 es de Lps. 37,266.88 y 2021 de Lps. 38,761.28, sin incluir los aumentos que en base a la contratación colectiva se han otorgado dentro de la institución reclamada. En fecha 13 de Abril de 2021, sin previa convocatoria escrita dirigida a la demandante en la que se le notificara y se le comunicaran sus derechos constitucionales de defensa, debido proceso, audiencia previa y no declarar contra sí misma contenidos en los artículos 82, 88, 90 y 94 de la Constitución de la República y que se entienden incluidos en todo contrato de trabajo según el artículo 25 del Código del Trabajo; se realizó a la demandante un Acta de Declaración de Hechos por parte de los Señores Isaac Calix Molina y Héctor Osorto García de la Unidad de Auditoría Interna de la Institución Demandada, sin que tal procedimiento esté contenido en las Cláusula 40 del Contrato Colectivo de INJUPEMP y del Reglamento Interno de Trabajo; sin la presencia de un Representante de la Organización Sindical, un Representante de los Trabajadores o un Profesional del Derecho que asistiera a la demandante, con el propósito de investigar la entrega del Cheque número 02068692 de fecha 01 de Febrero de 2021 a nombre de la Señora Mayra Lizeth Ortiz por la cantidad de Lps. 233,409.16 en concepto de beneficio de separación; cheque que al parecer fue entregado a un tercero que acreditó tener poder notarial otorgado por la titular del cheque antes relacionado por parte de otra de las empleadas de la entidad Demandada en esta ciudad y por el que la persona afectada interpuso la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público; no obstante, en el Acta de Declaración de Hechos levantada el 13 de Abril de 2021 de forma sorpresiva a la demandante sin la presencia de ninguna persona que le asistiera y en la que prácticamente se le obliga a declarar contra sí misma en contravención de lo establecido en el artículo 88 Constitucional; los Auditores de la Entidad Demandada, quienes se atribuyen facultades exclusivas de los entes investigadores de delitos y órganos judiciales no conferidas en el Contrato Colectivo y Reglamento Interno de la entidad demandada, no le presentaron a la demandante ningún documento o prueba en su contra y mencionan claramente que el Cheque cuya entrega a otra persona distinta de la Titular del mismo se hizo a un tercero de nombre Edgardo Padilla, quien presentó un Poder General de Administración Amplio y Suficiente otorgado ante Notario Público; poder que también sirvió para que dicha persona hiciera efectivo el referido cheque ante la Institución Bancaria contra quien se giró el mismo sin inconveniente alguno; de donde se desprende que existe un documento notarial que mientras no se anule judicialmente o se acredite su revocación, tiene plena validez dada la fe pública que ostentan los Notarios de conformidad a los artículos 2, 3 y 5 del Código del Notariado, 1 y 9 de su Reglamento. En la misma fecha 13 de Abril de 2021, a minutos de terminar la jornada de trabajo de la demandante y después de haberse levantado el Acta de Declaración de Hechos relacionada en el Ordinal anterior y que prácticamente constituyó una audiencia de descargos violatoria de los derechos de la demandante; a las 3:19 P.M. fue convocada, tanto mediante correo electrónico como por escrito, para que asistiera a una Audiencia de Descargos a celebrarse a la 1:00 P.M. del día siguiente 14 de Abril de 2021 mediante la aplicación Zoom, fundándose para ello en disposiciones distintas a las establecidas en el Código del Trabajo, Cláusulas del Contrato Colectivo o Reglamento Interno de Trabajo, donde no se señala este tipo de modalidad para la celebración de audiencias de descargo, viciando de nulidad todo lo actuado. La Convocatoria para Audiencia de Descargos entregada a la demandante a las 3:19 P.M. del día 13 de Abril de 2021, a menos de 24 horas de que llegara el día y hora para la celebración de la Audiencia programada, se plasma literalmente lo siguiente: “Por medio de la presente y en vista del reporte efectuado por la Unidad de Recursos Humanos, a través del memorando URH-215-2021 de fecha 18 de Marzo de los corrientes, dirigido a esta Coordinación de Relaciones Laborales, referente al incidente suscitado en esa oficina regional de INJUPEMP, en la ciudad de la Ceiba, Departamento de Atlántida, respecto de la entrega del cheque de caja No. 0206892 emitido por (CITI) BANCO DE HONDURAS, S.A. por un monto de (L.233,409.16); el cual fue debitado de la cuenta de INJUPEMP No. 5010582123, a favor de la señora MAYRA LISETH ORTIZ, con número de identidad 1807-1974-00475, por solicitud de beneficio de separación del sistema, presentada por ella misma ante esa oficina regional de la Ceiba Atlántida, en fecha 08 de octubre del 2020, y cuya entrega de dicho título valor, no se le hizo a la señora MAYRA LISETH ORTIZ, ya que esta, en fecha 12 de marzo del 2021, se presentó a reclamar el mismo ante esa regional, en donde se le informó y según reporte efectuado por esta Coordinación de Relaciones Laborales, que dicho cheque ya había sido pagado; ante este hecho y considerando que solo son dos (2) las personas asignadas a esa oficina regional del INJUPEMP en la ciudad de la Ceiba, siendo usted una de ellas y cuyas responsabilidades son: Las actividades inherentes al quehacer institucional y que sirven para atención a los usuarios o participantes del sistema, en los distintos servicios que brinda el Instituto en esa ciudad, cumplimentando el proceso de pago, como ser la entrega de los cheques por solicitudes de separación del sistema, todo en el marco procedimental de conformidad a los distintos manuales y a las actividades y responsabilidad de las funciones desempeñadas. En consecuencia y en el marco del debido proceso, de conformidad al artículo 70 del Reglamento Interno de Trabajo, se la convoca a una Audiencia de Descargos, para que desvanezca los hechos que se le imputan y que anteriormente han sido descritos, razón por la cual se le cita en legal y debida forma, a efecto de que comparezca a la audiencia en mención, misma que se celebrará por vía zoom, debido a la actual pandemia del(COVID-19) que se afronta en este momento, con fundamento la misma en el PCM 086-2020 y artículo 251 del Código Procesal Civil, programada para el día miércoles 14 de abril del 2021, a la (1:00 pm) de la tarde, lo anterior con el objeto de escuchar de usted los descargos que hacer en relación a los hechos antes enunciados. Se le sugiere que asista acompañada de un testigo de su elección, o un representante de los trabajadores, de conformidad con el artículo 92 numeral 9) del Código de Trabajo; recordándole de igual manera que la no comparecencia de su persona a la señalada audiencia, se entenderán como aceptados los hechos que se le imputan”. A pesar de que según el artículo 72 del Reglamento Interno de Trabajo en la audiencia de descargos debe participar un delegado del Sindicato, quien de conformidad a la Cláusula 2 del Contrato Colectivo y 491 numeral 1 del Código del Trabajo es un Representante de los Trabajadores, no se convocó a la Organización Sindical a fin de que ésta decidiera si defendía o no a la trabajadora. Se realizó la audiencia de descargos de una forma virtual y no presencial sin que sea permitido por el Reglamento Interno de Trabajo y Contrato Colectivo de Trabajo, fundándose para ello en un Decreto Ejecutivo PCM-086-2020 que tiene como propósito digitalizar los trámites administrativos que se hacen ante las dependencias de la administración pública y no regular los asuntos de naturaleza laboral. A pesar de las violaciones a los derechos de defensa y debido proceso anteriormente señalados, aunado a la inobservancia de los principios de tipicidad y culpabilidad, en fecha 30 de Abril de 2021, la Representante Legal de la entidad demanda notificó a la demandante que se había tomado la decisión de dar por finalizado su contrato de trabajo sin responsabilidad patronal a partir de dicha fecha, incluyendo en la Notificación de Despido hechos no plasmados en la Convocatoria para Audiencia de Descargos entregada a la demandante y para lo cual no se le concedió un plazo prudencial para que pudiera formular su defensa, dado que la Convocatoria le fue notificada con menos de 24 horas de antelación a la celebración de la audiencia; pues se imputa a la demandante un “acto delictuoso”, “apropiación fraudulenta”, “fraude”, “grave indisciplina” y “perjuicio a la Administración Pública del Estado de Honduras”, sin que los delitos que se imputan hayan sido comprobados por autoridad competente y violentando el principio de presunción de inocencia contenido en el artículo 89 de la Constitución de la República, principio contenido en todo contrato de trabajo de conformidad al artículo 25 del Código del Trabajo. Estos hechos no fueron plasmados en la Convocatoria para audiencia de descargos entregada a la demandante por lo que constituyen hechos distintos de aquellos por los cuales se celebró la audiencia de descargos, violentando aún más el derecho de defensa y debido proceso dado que se despide por faltas no comprobadas por autoridad competente y por las cuales no se le dio la oportunidad de ser escuchada. 2. La parte demandada, el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), contestó dicha demanda señalando en fecha 20 de abril del 2021, la Unidad de Auditoría Interna del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), mediante oficio UAI-046-2021, emitió un informe pormenorizado dirigido a la Dirección Ejecutiva del mismo, referente a los hallazgos encontrados y constatados en la oficina regional de INJUPEMP, a la ciudad de La Ceiba, Atlántida, oficina a la cual la hoy demandante estaba asignada, referente al incidente suscitado, respecto a la entrega del cheque de caja No.0206892 emitido por (CITI) BANCO DE HONDURAS S.A. por un monto de (L233,409.16) el cual fue debitado de la cuenta de INJUPEMP No. 5010582123 a favor de la señora MAYRA LISETH ORTIZ, con número de identidad 1807-1974-00475, por solicitud de beneficio de separación del sistema, presentada por ella misma en fecha 08 de octubre del 2020, ante la precitada oficina regional de INJUPEMP en La Ceiba, Atlántida y cuya entrega de dicho título valor, no se le hizo a la señora MAYRA LISETH ORTIZ, ya que esta, en fecha 12 de marzo del 2021, se presentó a reclamar el mismo ante esa regional de La Ceiba, en donde se le informó, que dicho cheque ya había sido pagado, por lo que en esa misma fecha 12 de marzo del 2021, y ante dicha irregularidad, la señora MAYRA LIZETH ORTIZ, interpuso formal denuncia ante el Ministerio Público, para que se realizaran las investigaciones pertinentes del caso; ante éste hecho y considerando que solo eran dos (2) en ese momento las personas asignadas a esa oficina regional de la ciudad de La Ceiba, siendo la hoy demandante una de ellas y cuyas responsabilidades son: Las actividades inherentes al que hacer institucional y que sirven para atención a los usuarios o participantes del sistema, en los distintos servicios que brinda el Instituto en esa ciudad, cumplimentando el proceso de pago, como ser la entrega de los cheques por solicitudes de separación del sistema, todo en el marco procedimental de conformidad a los distintos manuales y a las actividades y responsabilidad de las funciones desempeñadas. En tal sentido y ante dicha situación, conforme al procedimiento establecido en el Reglamento Interno de Trabajo y en aras de su derecho constitucional de defensa, reiteramos que en fecha 14 de abril del 2021, se procedió previo su citación con la debida antelación, a levantarle a la ahora demandante la Audiencia de Descargos pertinente por vía zoom, con fundamento en el artículo 251 del Código Procesal Civil y el articulo 122 y demás aplicables del Decreto Ejecutivo PCM 086-2020, que por razón de la pandemia que atraviesa la humanidad entera en ese momento y de acuerdo a los protocolos y distanciamiento físico establecidos en estos momentos por SINAGER, han sido constituidos como verdaderos mecanismos excepcionales que incluso el Poder Judicial ha adoptado para la realización de actuaciones, manifestando la hoy demandante en su deposición en la audiencia de descargos aludida, que no tenía conocimiento de quien había retirado el cheque de la señora MAYRA LIZETH ORTIZ, contradiciéndose la misma en su declaración, ya que según Acta de Declaración de Hechos, de fecha 13 de abril del 2021, levantada a la trabajadora demandante por la Unidad de Auditoría Interna, y que esta patronal oportunamente acreditará en juicio, la misma reconoció ser la (culpable de todo), en vista de haberle mandado por vía WhatsApp al celular de la señora MAYRA LIZETH ORTIZ, foto de dos (2) depósitos bancarios: 1) Deposito en Banco Atlántida por el valor de L 133,436.00,de fecha 15 de marzo del 2021, y 2) Deposito de Banco Ficohsa por la cantidad de L 100,000.00 de la misma fecha; evidenciando con ello su intención y según su lógica, es decir, de la trabajadora demandante en ese momento, en reparar una especie de fraude cometido por la ahora demandante, al haberse apropiado de un título valor que no le correspondía y peor aún, realizar gestiones fraudulentas para ejecutar y cambiar dicho cheque, en un irrefutable acto delictuoso de parte de la misma, prevalida de la función que ejercía en la Institución en ese momento, en un claro perjuicio a la Administración Pública del Estado de Honduras y los intereses de nuestros participantes de INJUPEMP. Es evidente que la ahora demandante incumplió y quebrantó totalmente las disposiciones reglamentarias de éste Instituto y las disposiciones contenidas en el Código de Trabajo, al incurrir en un acto delictuoso debidamente comprobado y reconocido por la hoy demandante, a través de los procedimientos administrativos disciplinarios internos de INJUPEMP, al haber mandado desde su celular 9639-2634 por vía WhatsApp como gestar el cobro del mismo; por lo que, su actuar constituye un evidente acto delictuoso y grave indisciplina en su función laboral, lo cual hizo imposible el cumplimiento del contrato; por lo que facultó al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), a dar por terminado su contrato de trabajo efectivo a la fecha, sin responsabilidad económica indemnizatoria para la Institución, sirviendo de fundamento a la presente nota de despido con justa causa los artículos 112 literales e) y 1) relacionado con el artículo 97 numerales 2), 3)y 13), del Código de Trabajo; artículo 63 numerales 5) y 18), 64 numeral 11) y artículos 66, 67 y 74 del Reglamento Interno de Trabajo y clausula No.40 del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente. Asimismo, es oportuno manifestar, que en el marco de actuaciones, las Unidades de Auditorías Internas tienen como objetivo la realización de supervisión, control y fiscalización de los fondos, bienes y recursos administrados por instituciones como INJUPEMP, siendo un principio rector emanado de la Constitución de la República, y debidamente enmarcada tanto en la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, su Reglamento y normativas emitidas, así como lo establecido en el artículo 95 de la Ley del INJUPEMP, que entre otras, determina como funciones del Auditor Interno. Con la labor asignada y recabada de la exempleada WENDY MAVEL NUÑEZ LOBO, puesto que se obtienen datos relevantes en la irregularidad cometida, hasta se consigue documentación y declaraciones escritas importantes para esclarecer el sendo acto de irregularidad administrativa, mismos que sirvieron de base para iniciar el procedimiento disciplinario correspondiente. De igual forma, es impropio hacer alusión a normativas análogas, como la referida del artículo 265 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil, respecto a la citaciones para celebrar audiencias dentro de los siete días hábiles siguientes a la notificación, ya que nuestro marco normativo se encuentra taxativamente regulado por el Código de Trabajo, y de los efectos jurídicos que este impone a través del respectivo Reglamento Interno de Trabajo, y que en su artículo 72, y demás aplicables, regula de forma clara el actuar procesal, por lo que se reitera no se ha conculcado ningún derecho normativo, por lo que, la acción de demanda debe ser desestimada totalmente y declarada improcedente mediante sentencia definitiva dictada oportunamente, por carecer en su totalidad de la debida sustentación legal y por no encontrarse ajustada ni a derecho ni a la verdad la pretensión de la hoy demandante. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha 26 de enero del 2023, dictó Sentencia que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO (1): Declarando CON LUGAR la presente Demanda Ordinaria Laboral de Primera Instancia pidiendo el Emplazamiento del Patrono para que pruebe la justa causa en que fundó el despido, que el hecho delictuoso que imputa como falta a la trabajadora se encuentra debidamente comprobado ante autoridad competente y que cuenta con la debida sentencia condenatoria en su contra; que se acredite el perjuicio que imputa a la trabajadora demandante, que hizo uso de su poder disciplinario dentro del término de la prescripción; que siguió el debido proceso contenido en el Reglamento Interno y Contratación Colectiva y que se respetó el derecho de defensa de la trabajadora desde la etapa de investigación de los hechos informándole con claridad las faltas imputadas y permitiéndole la participación de alguien que la asistiera en todo momento; que se respetó el principio de proporcionalidad de la sanción aplicada y que se convocó a la trabajadora demandante con la debida antelación para que hiciera uso de sus derechos, los que debieron haber sido plasmados claramente en la convocatoria para audiencia de descargos; que las faltas contenidas en la convocatoria de audiencia de descargos son las mismas por las cuales se despide a la demandante; caso contrario, se declare injustificado el despido y se condene al patrono a reintegrar a la demandante en el puesto de trabajo ocupado al momento del despido injustificado en mejores condiciones; pago de salarios, aumentos de sueldo y beneficios de la contratación colectiva dejados de percibir a título de daños y perjuicios y costas del juicio; promovida por el abogado OSCAR ALEXIS ARDON CHAVEZ; accionando en su condición de Apoderado Legal de la Señora WENDY MAVEL NUÑEZ LOBO; contra la entidad estatal denominada INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) o la denominación que pueda llegar a adoptar en el futuro, representada legalmente por su Directora Presidente, Señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA; todos de generales expresadas en el preámbulo de la presente sentencia. SEGUNDO (2): En consecuencia se CONDENA al INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) o la denominación que pueda llegar a adoptar en el futuro, representada legalmente por su Directora Presidente, Señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA, a: I) REINTEGRAR a la señora WENDY MAVEL NUÑEZ LOBO en el cargo de ANALISTA DE PRESTAMOS en esta ciudad; reintegro que deberá hacerse en las condiciones que le fueron reconocidas en el proceso promovido ante este Despacho Judicial para obtener permanencia en el cargo, otorgamiento de la garantía de salario igual por trabajo igual sin discriminación alguna y beneficios de la contratación colectiva, el que se identifica con el número 0101-2019-00050 y del cual tiene conocimiento el Patrono; en el que se señaló el salario para el año 2018 más los reajustes que por aumentos de sueldo e índice inflacionario establece la Cláusula 24 de la Contratación Colectiva aplicados sobre el mismo en la forma que se expone en los Ordinales Primero y Cuarto de los Hechos Probados. II) INDEMNIZAR a la Demandante con el pago de los salarios, aumentos de sueldo, beneficios legales y contractuales establecidos en la Contratación Colectiva y detallados en el Ordinal Cuarto de los Hechos Probados de la presente Sentencia o cualquiera otro que le pudiera corresponder, calculados desde el despido y hasta que se produzca la reinstalación judicial del Demandante en su cargo. TERCERO (3): SIN COSTAS EN ESTA INSTANCIA” bajo el criterio que ese tribunal ha resuelto casos como el de la demandante donde se ha denunciado violaciones al derecho de defensa y debido proceso y otros principios del derecho sancionatorio como la buena fe, gradualidad, tipicidad, proporcionalidad, etc., donde ha sido necesario primeramente revisar la actuación del empleador desde el inicio del procedimiento pues al encontrarse vicios en dichas actuaciones procede declarar ilegal el despido o la sanción, citándose como antecedentes las sentencias dictadas en los juicios identificados con los números 0101-2015-000151, 0101-2015-00165, 0101-2016-00125, 0101-2016-00127, 0101-2018-00120, 0101-2018-00210, 0101-2019-00004, 0101-2016-00195 y 0101-2018-00186; resoluciones que fueron confirmadas por la Corte Primera de Apelaciones de esta ciudad en las apelaciones identificadas con los números 0101-2016-00690, 0101-2016-00613, 0101-2017-00780, 0101-2017-00762, 0101-2019-00989, 0101-2019-01001, 0101-2017-00792 y 0101-2021-01181 respectivamente, todos con firmeza a la fecha, habiendo manifestado el Ad Quem en el numeral Cuarto de los fundamentos de Derecho de la penúltima Sentencia mencionada, en la que la intervino una institución del Sistema Financiero que a la señora DELMY GISSELLE SANTOS SALGADO no se le siguió un debido procedimiento administrativo por parte de su patrono al momento de realizarle audiencia de descargo, pues no consta en los antecedentes del caso que a la señora DELMY GISSELLE SANTOS SALGADO se le haya hecho saber que durante el procedimiento administrativo si lo deseaba podía llamar a un profesional del derecho o a un inspector del trabajo para que estuviera presente durante el desarrollo del mismo de igual forma tampoco consta que se le haya hecho la advertencia en cuanto a que nadie puede ser obligado en un asunto disciplinario a declarar contra sí mismo; señalando también la Sala de Lo Laboral Contencioso Administrativo en sus Sentencias de fechas 24 de Julio de 2015, 20 de Febrero de 2018, 11 de Junio de 2018 y 15 de Octubre de 2018 dictadas en los recursos de Casación CL-86-13, CL.315-16, CL-620-16 y CL-451-16 en los que el Máximo Tribunal ha sido reiterativo al aplicar como criterios jurisprudenciales "Que sin embargo el análisis de la legalidad o no de la terminación del contrato de trabajo también versa sobre otros aspectos relacionados con el tema de la prescripción, el procedimiento disciplinario, la proporcionalidad de la sanción, entre otros; con base a lo anterior, previo a cualquier otro análisis del caso, es importante considerar que reglas y bases deben observarse en lo referente al procedimiento disciplinario, el cual debe contar con lo siguiente: a) Investigación y comprobación de la supuesta falta cometida por el trabajador; b) notificación que se debe realizar con antelación al trabajador para asistir a una audiencia de descargo, con el señalamiento del lugar, fecha y hora de su celebración y la indicación del cargo o de los cargos imputados; c) en el desarrollo de la audiencia de descargo, como en el proceso disciplinario, se debe cumplir con lo que establezca el Reglamento Interno de Trabajo, especialmente sobre la intervención del delegado sindical o de testigos que participen en dicha actuación; y, d) después de que el trabajador sea escuchado, el empleador dentro del término de prescripción, podrá tomar la decisión de sancionarlo imponiendo medidas disciplinarias y en un extremo máximo, dada la gravedad de la falta imputada, dar por terminado su contrato de trabajo bajo la premisa de que existe causa justificada de tal determinación, caso contrario archivará las diligencias. Que la no comparecencia, sin causa justificada, del trabajador a la audiencia de descargos, deja en libertad al empleador de imponer o no las medidas disciplinarias que estime procedentes, sin que por ello se presuma la aceptación de las faltas imputadas, debido a que violentaría la presunción de inocencia de que goza toda persona conforme lo previsto en el artículo 89 de la Constitución de la República. Que el despido realizado en circunstancias como la del presente caso, se aparta de los principios de legalidad, de audiencia y de buena fe, entre otros, que obliga al patrono que le dé la oportunidad al trabajador de poder defenderse de la falta atribuida a su persona, es decir, a dar esa oportunidad de defenderse previo a que se tome la decisión de romper la relación laboral.- XXII.- Que al estimarse ilegal el despido, no resulta necesario analizar y valorar las pruebas que el demandado haya presentado para pretender acreditar que existieron justas causas para terminar la relación de trabajo.CL-86-13"; criterios aplicables al caso de autos donde la Suscrita ha arribado a la conclusión que el despido de la demandante es ilegal dado que se aparta del principio de buena fe al haberse seguido a la actora un procedimiento disciplinario viciado con violaciones a garantías y derechos constitucionales como defensa y debido proceso en todo su alcance, presunción de inocencia, derecho a no declarar contra sí misma, legalidad, proporcionalidad, culpabilidad, contradicción y derecho a asistencia, agregándose además que a juicio de la Suscrita Juzgadora, el patrono demandado hizo uso de su poder disciplinario después de haber transcurrido el plazo de un mes que para ello le concede el artículo 863 del Código del Trabajo contado a partir de la entrega del cheque, es decir el 12 de Marzo de 2021, motivo que origina el despido de la demandante. Que por todo lo antes expuesto, no habiendo el Patrono Demandado demostrado judicialmente los puntos para los cuales se solicitó su emplazamiento y haberse detectado que su accionar en el proceso sancionatorio seguido a la demandante contraría el principio de buena fe al haberse seguido a la actora un procedimiento disciplinario viciado con violaciones a garantías y derechos constitucionales como defensa y debido proceso en todo su alcance, presunción de inocencia, derecho a no declarar contra sí mismo, legalidad, proporcionalidad, culpabilidad, contradicción, derecho a asistencia e igualdad de trato y no haber operado la prescripción de la acción para demandar, se estima procedente declarar injustificado el despido por las ilegalidades detectadas previo a su notificación y condenar al patrono demandado a reintegrar a la demandante en el cargo ocupado con las condiciones reconocidas por este Tribunal en el proceso 0101-2019-00050, cuya sentencia fue confirmada por la Corte Primera de Apelaciones de esta ciudad en fecha 26 de Agosto de 2021 en la Apelación Laboral 0101-2021-01212; de la cual forma parte otra demandante que también fue despedida por el mismo patrono según consta en el proceso 0101-2022-00064 y a quien se le concedió el reintegro en las condiciones otorgadas en el proceso 0101-2019-00050; que también fue confirmado por el Tribunal de Alzada según la apelación 0101-2022-01360; debiendo el patrono indemnizar a la demandante con el pago de todos los salarios y beneficios le correspondan desde su despido hasta la firmeza de la presente sentencia, a título de daños y perjuicios, debiendo eximir al patrono demandado al pago de las costas del juicio en apego irrestricto al principio de gratuidad en materia laboral. 4. La Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha 23 de marzo del 2023, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el aquo, SIN COSTAS; bajo el criterio que en el proceso que nos ocupa, la parte demandada no ha logrado acreditar que la trabajadora demandante haya cometido acto delictuoso, ya que ni la denuncia interpuesta por la señora Mayra Lizeth Ortiz, fue contra la señora Wendy Mavel Núñez Lobo, así como tampoco aportaron prueba de que haya sido la persona que hizo entrega del cheque tantas veces mencionado en el presente fallo. Lo que si quedo acreditado es que la entidad demandada incumplió el procedimiento establecido en casos de despido. Conforme al Principio de la primacía de la realidad "Los jueces pueden dictar sus fallos haciendo mayor acopio a la equidad y a la justicia, tomando en cuenta prioritariamente las circunstancias probadas en autos, comprobadas por el Juez vivencialmente, de dominio público, de cómo se regulan y que tratamiento se proporciona a aspectos puntuales de la relación laboral. En pocas palabras prevalecen los aspectos factico-sustanciales por sobre los jurídicos-formales." El Principio de Libre Formación del Convencimiento: El Juez Laboral dispone de una amplia libertad para apreciar las pruebas sin sujeción a la tarifa legal de las pruebas, especialmente a los principios científicos que informan la crítica de la prueba. EI Principio de estabilidad laboral: Impone que el contrato de trabajo deba ser de duración continua e indeterminada como figura tipo de la relación laboral y exige que durante toda su vigencia se asegure al trabajador una adecuada protección contra el despido injustificado, de modo tal que éste tiene derecho a conservar el empleo mientras no se verifiquen circunstancias imputables a él que justifiquen su exclusión. Por lo anteriormente estudiado y analizado este Ad-Quem con fundamento en lo establecido en el artículo 744 del Código del Trabajo “Serán también apelables las sentencias de primera instancia, en el efecto suspensivo, de palabra en el acto de la notificación, o por escrito, dentro de los tres (3) días siguientes...."; y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 25, que dispone que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier recurso efectivo ante los Jueces o Tribunales competentes; estima que NO SON DE RECIBO los agravios esgrimidos por la parte apelante, siendo procedente de acuerdo con las apreciaciones de hecho y de derecho supra relacionadas, declarar no ha lugar el recurso de apelación de mérito interpuesto contra la sentencia definitiva dictada en fecha veintiséis de enero de dos mil veintitrés por el Juzgado de Letras de esta sección judicial de La Ceiba. 5. Mediante auto de fecha 22 de agosto del 2023, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada LEYLI LILIVETH ARGUETA, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha 25 de octubre del 2023, compareció ante este Tribunal la Abogada EVI DOMINICK GODOY FLORES, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 30 de noviembre del 2023, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 18 de marzo del 2024, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada KARLA YADIRA PAREDES ORTEGA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada Anny Belinda Ochoa Medrano, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I. La finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código de Trabajo no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el País, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son Supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice. II. La demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. III. La Abogada EVI DOMINICK GODOY FLORES, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), en su único motivo de casación alega: “EXPRESIÓN DEL MOTIVO ÚNICO DE CASACIÓN. MOTIVO ÚNICO DE CASACIÓN: ACUSO A LA SENTENCIA RECURRIDA DE SER VIOLATORIA DE LEY SUSTANTIVA DE ORDEN NACIONAL POR INFRACCIÓN DIRECTA. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS EN ESTE MOTIVO: La norma sustantiva de orden nacional violada, esta comprendidas en el artículo 128 numeral 3 de la Constitución de la República en relación con el artículo 367 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE. - El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 765 numeral 1° párrafo primero del Código del Trabajo.- EXPLICACION DEL MOTIVO UNICO DE CASACION. PRIMERO: Reiteradamente ha mantenido esta Honorable Corte el sólido criterio de que la infracción directa de la Ley tiene lugar cuando a un hecho debidamente comprobado se dejó de aplicar la norma que regula el caso debatido y establecido en el proceso, haciéndole producir efectos contrarios a la norma y colocándose el sentenciador en manifiesta rebeldía contra la norma legal aplicable en razón de no haber tomado en consideración las pruebas aportadas en el presente caso y cuando el texto de la norma es absolutamente claro por lo que la sentencia contiene disposiciones en abierta pugna con la Ley.- SEGUNDO: El fallo sometido a esta Demanda Laboral en su Considerando En fecha 20 de abril del 2021, la Unidad de Auditoría Interna de mi representada el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de Los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), mediante oficio UAI- 046-2021, emitió un informe dirigido a la Dirección Ejecutiva del mismo, referente a los hallazgos encontrados y constatados en la oficina regional de INJUPEMP, a la ciudad de la Ceiba-Atlántida, oficina a la cual la hoy demandante estaba asignada, referente al incidente suscitado, respecto a la entrega del cheque de caja No.0206892 emitido por (CITI) BANCO DE HONDURAS S.A. por un monto de (L.233,409.16); el cual fue debitado de la cuenta del INJUPEMP No. 5010582123, a favor de la señora MAYRA LISETH ORTIZ, con número de identidad 1807-1974-00475, por solicitud de beneficio de separación del sistema, presentada por ella misma en fecha 08 de octubre del 2020, ante la precitada oficina regional de INJUPEMP en la Ceiba-Atlántida y cuya entrega de dicho título valor, no se le hizo a la señora MAYRA LISETH ORTIZ, ya que esta, en fecha 12 de marzo del 2021, se presentó a reclamar el mismo ante esa regional de la Ceiba, en donde se le informó, que dicho cheque ya había sido pagado, por lo que en esa misma fecha 12 de marzo del 2021, y ante dicha irregularidad, la señora MAYRA LIZETH ORTIZ, interpuso formal Denuncia ante el Ministerio Público, para que se realizaran las investigaciones pertinentes del caso; ante éste hecho y considerando que solo eran dos (2) en ese momento las personas asignadas a esa oficina regional de la ciudad de la Ceiba, siendo la hoy demandante una de ellas y cuyas responsabilidades son: Las actividades inherentes al quehacer institucional y que sirven para atención a los usuarios o participantes del sistema, en los distintos servicios que brinda el Instituto en esa ciudad, cumplimentando el proceso de pago, como ser la entrega de los cheques por solicitudes de separación del sistema, todo en el marco procedimental de conformidad a los distintos manuales y a las actividades y responsabilidad de las funciones desempeñadas. Artículo 128 Numeral 3 constitucional derecho fundamental a la igualdad en relación con la cantidad y calidad de trabajo. TERCERO: Tal garantía constitucional contenida en el artículo 128 numeral 3, exige presupuestos esenciales para configurar la discriminación en materia de remuneración responda a criterios objetivos y razonables, que a la luz de la norma constitucional el fallo impetrado carece de los elementos factico-jurídicos que determinan la terminación de la relación laboral En tal sentido y ante dicha situación, conforme al procedimiento establecido en el Reglamento Interno de Trabajo y en aras de su derecho constitucional de defensa, en fecha 14 de abril del 2021, se procedió previo su citación con la debida antelación, a levantarle a la ahora demandante la Audiencia de Descargos pertinente por vía zoom, con fundamento en el artículo 251 del Código Procesal Civil y PCM 086-2020, por razón de la pandemia que atraviesa la humanidad entera en ese momento y de acuerdo a los protocolos y distanciamiento físico establecidos en estos momentos por SINAGER, manifestando la hoy demandante en su deposición en la audiencia de descargos aludida, que no tenía conocimiento de quien había retirado el cheque de la señora MAYRA LIZETH ORTIZ, contradiciéndose la misma en su declaración, ya que según Acta de Declaración de Hechos, de fecha 13 de abril del 2021, levantada a la trabajadora demandante por la Unidad de Auditoría Interna, y que esta patronal oportunamente acreditará en juicio, en donde la misma reconoció ser la (culpable de todo), en vista de haberle mandado desde su celular 9639-2634por vía WatsApp al celular de la señora MAYRA LIZETH ORTIZ, foto de dos (2)depósitos bancarios: 1) Deposito en Banco Atlántida por el valor de L.133,436.00, de fecha 15 de marzo del 2021, y 2) Deposito de Banco Ficohsa por la cantidad de L. 100,000.00; de la misma fecha; evidenciando con ello su intención y según su lógica, es decir de la trabajadora demandante en ese momento, en reparar el FRAUDE cometido por la ahora demandante, al haberse apropiado de un título valor que no le correspondía y peor aún, realizar gestiones fraudulentas para ejecutar y cambiar dicho cheque, en un irrefutable acto delictuoso de parte de la misma, prevalida de la función que ejercía en la Institución en ese momento, en un claro perjuicio a la Administración Pública del Estado de Honduras y los intereses de nuestros participantes de INJUPEMP. Los argumentos de este hecho se sustentan en leyes vigentes de la República por lo tanto no requiere de ser probado, sin embargo, en el momento procesal oportuno se presentarán los atestados respectivos para su acreditación. CUARTO: Es evidente que la ahora demandante incumplió y quebrantó totalmente las disposiciones reglamentarias de éste Instituto y las disposiciones contenidas en el Código de Trabajo, al incurrir en un acto delictuoso debidamente comprobado y reconocido por la hoy demandante, a través de los procedimientos administrativos disciplinarios internos de mi representada el INJUPEMP, al haber mandado desde su celular 9639-2634 por vía WatsApp al celular de la señora Mayra Lizeth Ortiz, foto de dos (2) depósitos bancarios: 1) Deposito en Banco Atlántida por el valor de L. 133,436.00, de fecha 15 de marzo del 2021, y 2) Deposito de Banco Ficohsa por la cantidad de L. 100,000.00; de la misma fecha; denotando con ello y de acuerdo a las investigaciones realizadas por mi representada, la apropiación fraudulenta e indebida de parte de la trabajadora demandante, del cheque o título valor arriba descrito, así como gestar el cobro del mismo; por lo que, su actuar constituye un evidente acto delictuoso y grave indisciplina en su función laboral, lo cual hizo imposible el cumplimiento del contrato; por lo que facultó al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), a dar por terminado su contrato de trabajo efectivo a la fecha, sin responsabilidad económica indemnizatoria para la Institución, sirviendo de fundamento a la presente nota de despido con justa causa los artículos 112 literales e) y l) relacionado con el artículo 97 numerales 2), 3) y 13), del Código de Trabajo; artículo 63 numerales 5) y 18), 64 numeral 11) y artículos 66, 67 y74del Reglamento Interno de Trabajo y clausula No. 40 del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente. Ya que en la misma se determina el asidero legal que efectivamente la demandante WENDY MAVEL NUÑEZ LOBO, es objeto de un despido justificado en el cual el A-quem, asume consideraciones factico-jurídicos esgrimidos por el A quo, que de igual manera no reúnen los preceptos legales de la norma constitucional”. IV. El motivo de casación que antecede no es admisible a razón de lo siguiente: La Censora establece en la formulación de su cargo una violación directa de normativa sustantiva, aludiendo a la Constitución de la República en su Artículo 128 numeral 3. No obstante, en la explicación de su motivo insta a la revisión de medios de prueba, lo cual no es admisible ante este tipo de violación directa. Asimismo, en esta explicación el Censor incurre en alegatos de instancia y manifiesta hechos que sí resultaron ser controvertidos en el presente juicio; todo ello sin señalar la vulneración directa y de pleno derecho supuestamente cometida por el tribunal de segunda instancia en el hecho aceptado por ambas partes en el juicio, el cual, debe ser descrito a detalle ante este tipo de violación directa. V. Por lo anteriormente expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal C, 764, 765, 769, 770, 777 y 858 del Código de Trabajo; 22, 200, 211, 212, 214, 215 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación interpuesto por La Abogada EVI DOMINICK GODOY FLORES, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada Anny Belinda Ochoa Medrano. NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLA ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, MAGISTRADA COORDINADORA, ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA MAGISTRADO Y SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de diciembre del dos mil veinticinco; certificación de la sentencia de fecha siete días del mes de noviembre del año dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Casación Contencioso número CL194-23. FIRMA Y SELLA,

RAFAEL HUMBERTO ESCOBAR GODOY

RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.