Sentencia CL-176-23 — Registro 19902
Resumen
Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral de primera instancia, por no renovación de contrato de trabajo, para el pago de prestaciones laborales, pago de vacaciones, salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: i) La norma señalada como violada contienen distintos párrafos y literales, con diferentes situaciones jurídicas que era necesario precisar a cuál de ellas dirigía su ataque contra el fallo impugnado; y, ii) Realiza alegatos propios de instancia, mismos que en este Recurso extraordinario son inapropiados debido que los argumentos del caso ya fueron evacuados en el momento procesal oportuno."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., nueve de diciembre del dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 04 de septiembre del 2023, por la Abogada YENY LICET CASTILLO NUÑEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, la señora SARA JOSSELYN CASTRO GARRIDO, representada en juicio por el Abogado MARIO CESAR MARTINEZ ORELLANA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria Laboral de primera instancia, por no renovación de contrato de trabajo, para el pago de prestaciones laborales, pago de vacaciones, salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, desde la fecha del despido hasta la fecha en que quede firme la sentencia definitiva, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 19 de abril del 2022 por la señora SARA JOSSELYN CASTRO GARRIDO, mayor de edad, soltera, Licenciada en Administración de Empresas, hondureña, con domicilio en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, contra del ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG), por medio de la Procuraduría General de la República. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 07 de marzo del 2023, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 17 de noviembre del 2022, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) DECLARANDO CON LUGAR, la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales en virtud de despido ilegal e injusto, mas a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha en que se produjo el despido hasta que quede firme la sentencia definitiva, promovida por la señora SARA JOSSELYN CASTRO GARRIDO, contra EL ESTADO DE HONDURAS, a través del procurador general abogado MANUEL DIAZ GALEAS, por actuaciones de EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG), todos de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia; en consecuencia CONDENA: AL EL ESTADO DE HONDURAS, a través del procurador general abogado MANUEL DIAZ GALEAS, por actuaciones de EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG), a pagar a la demandante SARA JOSSELYN CASTRO GARRIDO, la cantidad TRESCIENTOS VEINTE MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (L.320,357.33), distribuida así: preaviso L. 70,000.00, cesantía L.140,000.00, cesantía proporcional L.27,513.97, vacaciones proporcionales L. 18,342.62, décimo tercer mes proporcional L.4,333.33, décimo cuarto mes proporcional L.19,333.33, Vacaciones causadas 35 días L. 40,833.45; Mas a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia condenatoria.- 2) SIN COSTAS”. ANTECEDENTES DE HECHO. 1.- La parte demandante expreso en el escrito de su acción que, inicio a laborar para la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), el 10 de mayo del año 2017, devengando un salario mensual de L.30,000.00, desempeñándose como Encargada de la Oficina Regional Nor-Occidental de San Pedro Sula, con un horario de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, de lunes a viernes, mediante contrato escrito, de lo que se colige que cumplía con los tres elementos esenciales que dispone el artículo 20 del Código del Trabajo Vigente, estaba subordinada y recibía instrucciones de sus superiores desde la ciudad de Tegucigalpa. La demandante fue despedida verbalmente del trabajo en fecha 08 de febrero del 2022, por lo que se avoco a la Inspección Regional del Trabajo en fecha 09 de febrero del 2022, a efecto que se constatara el despido verbal, y se giró la respectiva citación al Gerente General, señor Edis Antonio Moncada, para el día 11 de febrero de 2022, sin embargo no compareció ningún representante de la institución, la Abogada Eva Martínez Motiño, en su condición de Inspectora, llamó a la Jefa Tirsa Martínez, vía teléfono quien manifestó que desconocía, que había sido despedida, que iba a consultar. La demandante se presentó a laborar sin embargo, mediante correo electrónico y según MEMORANDUM No. 024-2022 RRHH- ENAG de fecha 22 de Febrero del 2022, suscrito por la Licenciada Tirsa Martínez, en su condición de Jefe de Recursos Humanos, se le notificó que a partir de la fecha su contrato de Prestación de Servicios Personales no sería renovado, y que venía renovando contrato desde el 10 de mayo del año 2017, es decir que en la fecha que deciden no renovarle su contrato, le tuvieron que haber liquidado el pago de las prestaciones laborales, en base a lo establecido en los artículos 25, 47 y 3 del Código del Trabajo; en la fecha que fue notificada de la no renovación del contrato, entrego los bienes que tenía bajo su cargo, entregándosele una Certificación en la que entregó los bienes en buen estado, firmando la Licenciada Glenda Patricia Argucia. En fecha 23 de febrero del año 2022, la demandante solicito nuevamente los servicios de la Inspectoría Regional del Trabajo de la ciudad de San Pedro Sula, para realizar un reclamo del pago de las prestaciones laborales y pago de vacaciones pendientes, esto en virtud de la notificación de la no renovación del contrato de trabajo, vía correo electrónico, señalando la audiencia para el 25 de marzo del 2022, donde compareció la Abogada Yeny Licet Castillo Núñez, en representación de la ENAG, sin llegar a ningún acuerdo conciliatorio, dándose por expedita la vía judicial ordinaria dejando evacuado el trámite administrativo. 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que, la ENAG ha suscrito contratos a término con la señora Sara Josselyn Castro Garrido, los cuales tienen fecha de inicio y finalización, suscribiéndose de esa manera, en vista que la ENAG está sujeto a un Plan Operativo Anual y a las Disposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República, por lo que no puede excederse, tal como lo determina la Constitución de la República en su artículo 364. En este sentido, la demandante no puede exigir que se le reconozcan derechos que únicamente les corresponden a los empleados de carácter permanente, y en el caso que nos ocupa la demandante fue contratada mediante contratos de servicios profesionales y técnicos, los cuales establecen con claridad una fecha de inicio y terminación de la relación contractual, por consiguiente la ENAG no puede acceder a sus pretensiones, pues estaría violentando las normas y procedimientos legales, leyes administrativas atinentes al caso. De lo anterior se concluye que ésta no es la vía legal para alcanzar tal fin. Al estar sujeto la ENAG a un presupuesto aprobado en legal y debida forma para este tipo de contratos, los servicios prestados por la demandante no pueden ser considerados como permanentes, tal como procura hacerlo ver, soslayando el procedimiento legalmente establecido para la creación de plaza permanentes dentro de la administración pública; debiendo ser aprobada por la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas, pues a contrario sensu la ENAG estaría en flagrante violación a la ley, de conformidad a el artículo 35 de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas. Menciono que no son procedentes las pretensiones de la demandante, ya que tomando en consideración que la parte actora fue contratada bajo la modalidad de contrato de Servicios Profesionales legalmente establecido y aceptado de antemano por ella misma, con fecha de inicio y terminación, que además está regido por un presupuesto especial aprobado en legal y debida forma para su contratación, con lo cual es oportuno citar el artículo 124 de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la ciudadanía Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, que establece: "En caso de los empleados por contrato, los mismos deberán sujetarse al plazo y a las condiciones contractuales convenidas entre las partes", por lo que tal solicitud resulta impropia y fuera del contexto legal. En ningún momento se han encontrado ante un despido, menos ante una terminación unilateral de contrato de trabajo, sino ante una relación de servicio que llego a término, únicamente se le recordó a la parte actora que su relación de servicio llego a su fin, situación que era de su pleno conocimiento, al no existir despido alegado, se debe declarar improcedente cualquier pretensión que busca algún tipo de reconocimiento de un derecho subjetivo. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 17 de noviembre del 2022, dictó sentencia que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) DECLARANDO CON LUGAR, la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales en virtud de despido ilegal e injusto, más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha en que se produjo el despido hasta que quede firme la sentencia definitiva, promovida por la señora SARA JOSSELYN CASTRO GARRIDO, contra EL ESTADO DE HONDURAS, a través del procurador general abogado MANUEL DIAZ GALEAS, por actuaciones de EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG), todos de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia; en consecuencia CONDENA: AL EL ESTADO DE HONDURAS, a través del procurador general abogado MANUEL DIAZ GALEAS, por actuaciones de EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG), a pagar a la demandante SARA JOSSELYN CASTRO GARRIDO, la cantidad TRESCIENTOS VEINTE MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (L.320,357.33), distribuida así: preaviso L. 70,000.00, cesantía L.140,000.00, cesantía proporcional L.27,513.97, vacaciones proporcionales L. 18,342.62, décimo tercer mes proporcional L.4,333.33, décimo cuarto mes proporcional L.19,333.33, Vacaciones causadas 35 días L. 40,833.45; Mas a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia condenatoria.- 2) SIN COSTAS”. Bajo el criterio que, del estudio y análisis de las pruebas allegadas al proceso este tribunal es del criterio que procede declarar con lugar la demanda de mérito por las circunstancias siguientes: Uno: Que el artículo 47 del Código del Trabajo, establece que los contratos relativos a las labores que por su naturaleza sea permanentes o continuas en la empresa, se consideraran celebrada por tiempo indefinido, aunque en ellos se exprese termino de duración, si al vencimiento de dicho contrato subsiste la causa o motivo que le dio origen. En el caso de autos con la abundante prueba documental se encuentra acreditado que la demandante SARA JOSSELYN CASTRO GARRIDO, desde 02 de mayo del año 2017, venían celebrando contratos de trabajo bajo la denominación contratos de prestación de servicios profesionales tal como consta con los documentos que figuran a folios 76 al 188 de autos, independientemente de la denominación que se les dio eran contratos de trabajo, la demandante en todos los contratos celebrados siempre fue contratada para desempeñar el cargo encargada de la oficina Regional Nor-Occidental de San Pedro Sula; con dichos contratos se puede deducir si bien es cierto fueron celebrados por tiempo definido también no es menos ciertos que la relación nunca fue interrumpida desde la celebración del primero contrato hasta la fecha que le notificaron la decisión de no renovar el contrato que venían sosteniendo; las funciones para las cuales fue contratada siempre fue las mismas, las cuales son continuo en la institución demandada, es decir y subsiste la actividad que le dio origen después de finalizada la relación. Dos: Que el Estado de Honduras al contratar a sus trabajadores lo hace en base a contratos de servicios profesionales, nombrándolos en plazas vacantes cuya naturaleza es de carácter permanente; lo que ha llevado a dicha trabajadora a solicitar se le considere empleada permanente; ya que los contratos de trabajo que han presentado como medios de prueba, se ha dejado claro que dichos contratos de trabajo reúnen los requisitos señalados en el artículo 20 del Código de Trabajo por lo que de acuerdo con el artículo 47 de mismo cuerpo legal, la demandante ha desarrollado sus labores de manera continua, ejerciendo la misma actividad y funciones, bajo las órdenes del mismo patrono у recibiendo un pago como retribución a sus labores y cumpliendo una jornada de trabajo por lo que es claro que el contrato suscrito entre las partes es de naturaleza permanente. Tres: El despido es un acto por el cual el patrono hace saber al trabajador ya sea directamente o por medio de sus representantes, que rescinde la relación de trabajo, y que en consecuencia debe retirarse del servicio, mismo que corresponde demostrarlo al trabajador, y su justificación al patrono; o es el aviso que el trabajador da al patrono que cancela la relación de trabajo por una causa imputable a éste y exige la indemnización correspondiente; en el caso de autos la demandante acredito la que demandada puso fin a la relación de trabajo que venían sosteniendo de manera permanente mediante memorando entregada en fecha 22 de febrero del año 2022, donde le notifican la no renovación del contrato, por lo que el mismo se traduce en despido en la cual no se le establece ninguna de las causales establecidas en el artículo 112 del Código de Trabajo; por lo que el despido llevado a cabo bajo esas condiciones resulta injusto e ilegal por lo que procede condenar a la demandada al resarcimiento de daños y perjuicios. Que a la terminación del contrato de trabajo el patrono deviene obligado a pagar al trabajador los beneficios sociales entendiéndose como tales: el derecho a vacaciones, el derecho a décimo tercer mes en concepto de aguinaldo y el derecho a décimo cuarto mes de salarios de compensación social en la proporción en que tales derechos son debidos sino han sido causados en su totalidad con independencia de la causa de terminación del contrato de trabajo es justificado o no. En el caso de los autos la parte demandante reclama pago vacaciones causadas 35 días, con relación a dicho reclamo la demandada no acredito en autos haberle autorizado el goce de vacaciones a la demandante; por tal razón procede condenar a la demandada a ese concepto más los derechos adquiridos en forma proporcional razón por la cual procede ordenar su pago. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 07 de marzo del 2023, dicto sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que, el alcance del derecho y principio de estabilidad laboral contenido en el artículo 129 de la Constitución de la República, es proteger a quienes prestan servicios personales subordinados, de contrataciones simuladas o engañosas en cuanto a la permanencia o no del empleo o de la función, o bien, de los despidos injustificados y/o arbitrarios que de no limitarse, sumen en crisis e inseguridad jurídica para el trabajador; de tal forma que la estabilidad en el trabajo sólo puede cesar cuando ocurran comportamientos u omisiones que jurídicamente están determinados como causas de separación conforme lo dispone el artículo 111 del Código del Trabajo, el reglamento de trabajo y/o el contrato de trabajo, ya sea individual o colectivo, todo a fin de proteger el derecho a trabajar y a permanecer en las tareas o actividades contratadas. De ahí la importancia del principio de primacía de la realidad sobre las formas o apariencias que otorga al Juzgador la facultad de inquirir en la realidad de las circunstancias, para develar eventuales situaciones de simulación destinadas a encubrir una relación de trabajo o situaciones que aparentan los rasgos característicos de una relación laboral, sin que sea ésta la verdadera naturaleza jurídica de la misma; principio que lleva a determinar que "en materia laboral los datos formales no resultan de documentos contractuales o similares, aunque sean elaborados de buena fe o con todas las apariencias de legalidad que sean del caso, no necesariamente son definitivos para establecer la naturaleza, existencia o inexistencia del vínculo contractual laboral, ya que deben preferirse los datos que ofrece la realidad de la relación jurídica analizada, si contradice lo que informan los aludidos documentos", marco jurídico en base al cual este tribunal se ha fundamentado sus decisiones en varios asuntos sometidos a su conocimiento. En el asunto que nos ocupa se debate si la naturaleza del contrato de servicios profesionales que vinculó a la actora y demandada está o no regulada por la legislación laboral; y analizado el material fáctico y probatorio este iudex ad quem llega al convencimiento que el nexo jurídico que vinculó a las partes intervinientes en el juicio, está comprendido en el ámbito laboral en estrictu sensu, pues pese a la denominación dada documentalmente al contrato, las condiciones establecidas en este y la denominación de la actora como contratista, lo cierto es que la contratación en cuestión reúne los requisitos naturales del contrato de trabajo, ya que la demandante prestó un servicio personal como encargada de la oficina regional nor-occidental de San Pedro Sula de la ENAG, del 02 de mayo de 2017 al 22 de febrero del año 2022; atendiendo las directrices establecidas en todos los contratos suscritos, particularmente las fijadas en la cláusula "SEGUNDO", en la que se evidencia la subordinación de la actora para con un jefe o superior jerárquico inmediato, así como que la entidad demandada facilitaba el mobiliario y equipo necesario para el desempeño del cargo, coligiéndose así que el desempeño laboral de la actora nunca fue el de una contratista como lo asevera la recurrente. Así las cosas, al tenor de lo que dispone el artículos 52 párrafo último del Código del Trabajo, se concluye que el contrato celebrado entre las partes intervinientes en juicio es por tiempo indefinido, pues se suscribió un nuevo contrato para la misma clase de trabajo y bajo las mismas condiciones; sumado a ello, la ejecución continua de la actividad laboral contratada por casi cinco años, lleva a concluir que la misma es de naturaleza permanente, por lo que de conformidad con el artículo 47 del texto normativo precitado, los contratos celebrados no pueden subsumirse en la contratación a término como tampoco en una de servicios profesionales técnicos, como antes se dejó establecido. Definida la naturaleza de la relación jurídica entre las partes intervinientes en juicio, lleva a determinar que la decisión de la entidad demandada de no renovar el contrato y que llevó consigo la cesación de prestación de servicios constituye un despido injustificado e ilegal que implica responsabilidad económica para la entidad demandada, al tenor de lo que disponen los artículos 129 constitucional y 113, 116 y 120 del Código del Trabajo. Por las razones de hecho y de derecho expuestos, consecuentes de la valoración de los elementos fácticos aportados por las partes y la prueba allegada al proceso según lo disponen las normas procesales, este Tribunal estima procedente confirmar la sentencia impugnada. 5.- Mediante auto de fecha 22 de mayo del 2023, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada YENY LICET CASTILLO NUÑEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 04 de septiembre del 2023, compareció ante este Tribunal la Abogada YENY LICET CASTILLO NUÑEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 20 de octubre del 2023, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 10 de abril del 2024, se declaró precluido de derecho y perdido irrevocablemente el termino dejado de utilizar por el Abogado MARIO CESAR MARTINEZ ORELLANA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, para contestar la demanda de casación planteada, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO: I. Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II. Que la Abogada YENY LICET CASTILLO NUÑEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, en su único motivo de casación alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley sustantiva de orden nacional del articulo 113 en relación con el artículo 112 ambos del Código del Trabajo, por error de hecho en la apreciación que aparece manifiesto en los autos del medio probatorio Documento Público, específicamente el Memorándum No.024-2022 RRHH-ENAG de fecha 22 de febrero de 2022 agregado a folio 25 de la primera pieza de autos. PRECEPTO AUTORIZANTE DEL ÚNICO MOTIVO: Este motivo está comprendido en el Párrafo Segundo del Numeral 1 del artículo 765 Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN: La trabajadora demandante presentó su demanda en suma y petición por no renovación de contrato de trabajo, para el pago de prestaciones laborales, pago de vacaciones, salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios desde la fecha en que quede firme la sentencia condenatoria. El texto del artículo 113 del Código del Trabajo le otorga al trabajador el derecho alternativo para demandar a su patrono el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales o el cumplimiento del contrato y el reintegro a su trabajo, cuando la terminación de su contrato sea por causa de las enumeradas en el artículo 112 del mismo Código. Contractando lo anterior se encuentra a folio 25 de la pieza de primera instancia, el medio probatorio Documento Público consistente en una Memorándum No.024-2022 RRHH-ENAG de fecha 22 de febrero de 2022 presentado por la parte actora, cuyo texto evidencia demostrado que por ese medio "se le informa a la demandante que a par partir de la fecha no será renovado su contrato de servicios personales", no evidencia notificación de despido por causas enumeradas en el artículo 112 del Código del Trabajo. Conforme la demanda instaurada y la prueba presentada, la parte actora devenía como aspecto primordial, el demostrar que las labores de sus servicios eran continuas y de carácter permanente en la empresa y sobre todo que subsistía la causa que le dio origen al contrato de trabajo, aspectos que no demostró la parte actora. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, incurrió en infracción del relacionado artículo 112 del Código del Trabajo por error de hecho al apreciar erróneamente el medio de prueba singularizado que consiste en el Memorandum No.024-2022 RRHH-ENAG de fecha 22 de febrero de 2022 agregado a folio 25 de la primera pieza de autos que la parte actora acompañó al juicio, documento en cuyo texto aparece de manifiesto que no existió la vía de despido directo en la terminación del contrato de trabajo, configurándose el error en la apreciación de la evidencia de la prueba singularizada que exige la doctrina y que de haberse apreciado correctamente dicho documento, hubiere conducido a la Corte de apelaciones a proferir su fallo de la sentencia recurrida en un sentido diferente, es decir a Declarar SIN LUGAR la demanda de mérito por no existir despido. En razón de ello, procede honorables magistrados, casar la sentencia recurrida por este motivo.” III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: i) La norma señalada como violada contienen distintos párrafos y literales, con diferentes situaciones jurídicas que era necesario precisar a cuál de ellas dirigía su ataque contra el fallo impugnado; y, ii) Realiza alegatos propios de instancia, mismos que en este Recurso extraordinario son inapropiados debido que los argumentos del caso ya fueron evacuados en el momento procesal oportuno. IV. Por lo anteriormente expresado, procede declarar NO HABER LUGAR al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por UNANIMIDAD de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal C, 764, 765, 769, 770, 777, 858 y 865 del Código de Trabajo; 22, 200, 211, 212, 214, 215 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal A del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación interpuesto por la Abogada YENY LICET CASTILLO NUÑEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que, con la certificación de este fallo, se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA. NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLA ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, MAGISTRADA COORDINADORA, ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, MAGISTRADA Y FRANCISCA VILLELA ZAVALA MAGISTRADA INTEGRANTE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de noviembre del dos mil veinticinco; certificación de la sentencia de fecha nueve de diciembre del dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Casación Contencioso número CL176-23.RAFAEL HUMBERTO ESCOBAR GODOYRECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO224472578740CERTIFICACIÓNEl Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., nueve de diciembre del dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 04 de septiembre del 2023, por la Abogada YENY LICET CASTILLO NUÑEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, la señora SARA JOSSELYN CASTRO GARRIDO, representada en juicio por el Abogado MARIO CESAR MARTINEZ ORELLANA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria Laboral de primera instancia, por no renovación de contrato de trabajo, para el pago de prestaciones laborales, pago de vacaciones, salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, desde la fecha del despido hasta la fecha en que quede firme la sentencia definitiva, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 19 de abril del 2022 por la señora SARA JOSSELYN CASTRO GARRIDO, mayor de edad, soltera, Licenciada en Administración de Empresas, hondureña, con domicilio en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, contra del ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG), por medio de la Procuraduría General de la República. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 07 de marzo del 2023, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 17 de noviembre del 2022, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) DECLARANDO CON LUGAR, la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales en virtud de despido ilegal e injusto, mas a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha en que se produjo el despido hasta que quede firme la sentencia definitiva, promovida por la señora SARA JOSSELYN CASTRO GARRIDO, contra EL ESTADO DE HONDURAS, a través del procurador general abogado MANUEL DIAZ GALEAS, por actuaciones de EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG), todos de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia; en consecuencia CONDENA: AL EL ESTADO DE HONDURAS, a través del procurador general abogado MANUEL DIAZ GALEAS, por actuaciones de EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG), a pagar a la demandante SARA JOSSELYN CASTRO GARRIDO, la cantidad TRESCIENTOS VEINTE MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (L.320,357.33), distribuida así: preaviso L. 70,000.00, cesantía L.140,000.00, cesantía proporcional L.27,513.97, vacaciones proporcionales L. 18,342.62, décimo tercer mes proporcional L.4,333.33, décimo cuarto mes proporcional L.19,333.33, Vacaciones causadas 35 días L. 40,833.45; Mas a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia condenatoria.- 2) SIN COSTAS”. ANTECEDENTES DE HECHO. 1.- La parte demandante expreso en el escrito de su acción que, inicio a laborar para la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), el 10 de mayo del año 2017, devengando un salario mensual de L.30,000.00, desempeñándose como Encargada de la Oficina Regional Nor-Occidental de San Pedro Sula, con un horario de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, de lunes a viernes, mediante contrato escrito, de lo que se colige que cumplía con los tres elementos esenciales que dispone el artículo 20 del Código del Trabajo Vigente, estaba subordinada y recibía instrucciones de sus superiores desde la ciudad de Tegucigalpa. La demandante fue despedida verbalmente del trabajo en fecha 08 de febrero del 2022, por lo que se avoco a la Inspección Regional del Trabajo en fecha 09 de febrero del 2022, a efecto que se constatara el despido verbal, y se giró la respectiva citación al Gerente General, señor Edis Antonio Moncada, para el día 11 de febrero de 2022, sin embargo no compareció ningún representante de la institución, la Abogada Eva Martínez Motiño, en su condición de Inspectora, llamó a la Jefa Tirsa Martínez, vía teléfono quien manifestó que desconocía, que había sido despedida, que iba a consultar. La demandante se presentó a laborar sin embargo, mediante correo electrónico y según MEMORANDUM No. 024-2022 RRHH- ENAG de fecha 22 de Febrero del 2022, suscrito por la Licenciada Tirsa Martínez, en su condición de Jefe de Recursos Humanos, se le notificó que a partir de la fecha su contrato de Prestación de Servicios Personales no sería renovado, y que venía renovando contrato desde el 10 de mayo del año 2017, es decir que en la fecha que deciden no renovarle su contrato, le tuvieron que haber liquidado el pago de las prestaciones laborales, en base a lo establecido en los artículos 25, 47 y 3 del Código del Trabajo; en la fecha que fue notificada de la no renovación del contrato, entrego los bienes que tenía bajo su cargo, entregándosele una Certificación en la que entregó los bienes en buen estado, firmando la Licenciada Glenda Patricia Argucia. En fecha 23 de febrero del año 2022, la demandante solicito nuevamente los servicios de la Inspectoría Regional del Trabajo de la ciudad de San Pedro Sula, para realizar un reclamo del pago de las prestaciones laborales y pago de vacaciones pendientes, esto en virtud de la notificación de la no renovación del contrato de trabajo, vía correo electrónico, señalando la audiencia para el 25 de marzo del 2022, donde compareció la Abogada Yeny Licet Castillo Núñez, en representación de la ENAG, sin llegar a ningún acuerdo conciliatorio, dándose por expedita la vía judicial ordinaria dejando evacuado el trámite administrativo. 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que, la ENAG ha suscrito contratos a término con la señora Sara Josselyn Castro Garrido, los cuales tienen fecha de inicio y finalización, suscribiéndose de esa manera, en vista que la ENAG está sujeto a un Plan Operativo Anual y a las Disposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República, por lo que no puede excederse, tal como lo determina la Constitución de la República en su artículo 364. En este sentido, la demandante no puede exigir que se le reconozcan derechos que únicamente les corresponden a los empleados de carácter permanente, y en el caso que nos ocupa la demandante fue contratada mediante contratos de servicios profesionales y técnicos, los cuales establecen con claridad una fecha de inicio y terminación de la relación contractual, por consiguiente la ENAG no puede acceder a sus pretensiones, pues estaría violentando las normas y procedimientos legales, leyes administrativas atinentes al caso. De lo anterior se concluye que ésta no es la vía legal para alcanzar tal fin. Al estar sujeto la ENAG a un presupuesto aprobado en legal y debida forma para este tipo de contratos, los servicios prestados por la demandante no pueden ser considerados como permanentes, tal como procura hacerlo ver, soslayando el procedimiento legalmente establecido para la creación de plaza permanentes dentro de la administración pública; debiendo ser aprobada por la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas, pues a contrario sensu la ENAG estaría en flagrante violación a la ley, de conformidad a el artículo 35 de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas. Menciono que no son procedentes las pretensiones de la demandante, ya que tomando en consideración que la parte actora fue contratada bajo la modalidad de contrato de Servicios Profesionales legalmente establecido y aceptado de antemano por ella misma, con fecha de inicio y terminación, que además está regido por un presupuesto especial aprobado en legal y debida forma para su contratación, con lo cual es oportuno citar el artículo 124 de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la ciudadanía Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, que establece: "En caso de los empleados por contrato, los mismos deberán sujetarse al plazo y a las condiciones contractuales convenidas entre las partes", por lo que tal solicitud resulta impropia y fuera del contexto legal. En ningún momento se han encontrado ante un despido, menos ante una terminación unilateral de contrato de trabajo, sino ante una relación de servicio que llego a término, únicamente se le recordó a la parte actora que su relación de servicio llego a su fin, situación que era de su pleno conocimiento, al no existir despido alegado, se debe declarar improcedente cualquier pretensión que busca algún tipo de reconocimiento de un derecho subjetivo. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 17 de noviembre del 2022, dictó sentencia que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) DECLARANDO CON LUGAR, la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales en virtud de despido ilegal e injusto, más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha en que se produjo el despido hasta que quede firme la sentencia definitiva, promovida por la señora SARA JOSSELYN CASTRO GARRIDO, contra EL ESTADO DE HONDURAS, a través del procurador general abogado MANUEL DIAZ GALEAS, por actuaciones de EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG), todos de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia; en consecuencia CONDENA: AL EL ESTADO DE HONDURAS, a través del procurador general abogado MANUEL DIAZ GALEAS, por actuaciones de EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG), a pagar a la demandante SARA JOSSELYN CASTRO GARRIDO, la cantidad TRESCIENTOS VEINTE MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (L.320,357.33), distribuida así: preaviso L. 70,000.00, cesantía L.140,000.00, cesantía proporcional L.27,513.97, vacaciones proporcionales L. 18,342.62, décimo tercer mes proporcional L.4,333.33, décimo cuarto mes proporcional L.19,333.33, Vacaciones causadas 35 días L. 40,833.45; Mas a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia condenatoria.- 2) SIN COSTAS”. Bajo el criterio que, del estudio y análisis de las pruebas allegadas al proceso este tribunal es del criterio que procede declarar con lugar la demanda de mérito por las circunstancias siguientes: Uno: Que el artículo 47 del Código del Trabajo, establece que los contratos relativos a las labores que por su naturaleza sea permanentes o continuas en la empresa, se consideraran celebrada por tiempo indefinido, aunque en ellos se exprese termino de duración, si al vencimiento de dicho contrato subsiste la causa o motivo que le dio origen. En el caso de autos con la abundante prueba documental se encuentra acreditado que la demandante SARA JOSSELYN CASTRO GARRIDO, desde 02 de mayo del año 2017, venían celebrando contratos de trabajo bajo la denominación contratos de prestación de servicios profesionales tal como consta con los documentos que figuran a folios 76 al 188 de autos, independientemente de la denominación que se les dio eran contratos de trabajo, la demandante en todos los contratos celebrados siempre fue contratada para desempeñar el cargo encargada de la oficina Regional Nor-Occidental de San Pedro Sula; con dichos contratos se puede deducir si bien es cierto fueron celebrados por tiempo definido también no es menos ciertos que la relación nunca fue interrumpida desde la celebración del primero contrato hasta la fecha que le notificaron la decisión de no renovar el contrato que venían sosteniendo; las funciones para las cuales fue contratada siempre fue las mismas, las cuales son continuo en la institución demandada, es decir y subsiste la actividad que le dio origen después de finalizada la relación. Dos: Que el Estado de Honduras al contratar a sus trabajadores lo hace en base a contratos de servicios profesionales, nombrándolos en plazas vacantes cuya naturaleza es de carácter permanente; lo que ha llevado a dicha trabajadora a solicitar se le considere empleada permanente; ya que los contratos de trabajo que han presentado como medios de prueba, se ha dejado claro que dichos contratos de trabajo reúnen los requisitos señalados en el artículo 20 del Código de Trabajo por lo que de acuerdo con el artículo 47 de mismo cuerpo legal, la demandante ha desarrollado sus labores de manera continua, ejerciendo la misma actividad y funciones, bajo las órdenes del mismo patrono у recibiendo un pago como retribución a sus labores y cumpliendo una jornada de trabajo por lo que es claro que el contrato suscrito entre las partes es de naturaleza permanente. Tres: El despido es un acto por el cual el patrono hace saber al trabajador ya sea directamente o por medio de sus representantes, que rescinde la relación de trabajo, y que en consecuencia debe retirarse del servicio, mismo que corresponde demostrarlo al trabajador, y su justificación al patrono; o es el aviso que el trabajador da al patrono que cancela la relación de trabajo por una causa imputable a éste y exige la indemnización correspondiente; en el caso de autos la demandante acredito la que demandada puso fin a la relación de trabajo que venían sosteniendo de manera permanente mediante memorando entregada en fecha 22 de febrero del año 2022, donde le notifican la no renovación del contrato, por lo que el mismo se traduce en despido en la cual no se le establece ninguna de las causales establecidas en el artículo 112 del Código de Trabajo; por lo que el despido llevado a cabo bajo esas condiciones resulta injusto e ilegal por lo que procede condenar a la demandada al resarcimiento de daños y perjuicios. Que a la terminación del contrato de trabajo el patrono deviene obligado a pagar al trabajador los beneficios sociales entendiéndose como tales: el derecho a vacaciones, el derecho a décimo tercer mes en concepto de aguinaldo y el derecho a décimo cuarto mes de salarios de compensación social en la proporción en que tales derechos son debidos sino han sido causados en su totalidad con independencia de la causa de terminación del contrato de trabajo es justificado o no. En el caso de los autos la parte demandante reclama pago vacaciones causadas 35 días, con relación a dicho reclamo la demandada no acredito en autos haberle autorizado el goce de vacaciones a la demandante; por tal razón procede condenar a la demandada a ese concepto más los derechos adquiridos en forma proporcional razón por la cual procede ordenar su pago. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 07 de marzo del 2023, dicto sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que, el alcance del derecho y principio de estabilidad laboral contenido en el artículo 129 de la Constitución de la República, es proteger a quienes prestan servicios personales subordinados, de contrataciones simuladas o engañosas en cuanto a la permanencia o no del empleo o de la función, o bien, de los despidos injustificados y/o arbitrarios que de no limitarse, sumen en crisis e inseguridad jurídica para el trabajador; de tal forma que la estabilidad en el trabajo sólo puede cesar cuando ocurran comportamientos u omisiones que jurídicamente están determinados como causas de separación conforme lo dispone el artículo 111 del Código del Trabajo, el reglamento de trabajo y/o el contrato de trabajo, ya sea individual o colectivo, todo a fin de proteger el derecho a trabajar y a permanecer en las tareas o actividades contratadas. De ahí la importancia del principio de primacía de la realidad sobre las formas o apariencias que otorga al Juzgador la facultad de inquirir en la realidad de las circunstancias, para develar eventuales situaciones de simulación destinadas a encubrir una relación de trabajo o situaciones que aparentan los rasgos característicos de una relación laboral, sin que sea ésta la verdadera naturaleza jurídica de la misma; principio que lleva a determinar que "en materia laboral los datos formales no resultan de documentos contractuales o similares, aunque sean elaborados de buena fe o con todas las apariencias de legalidad que sean del caso, no necesariamente son definitivos para establecer la naturaleza, existencia o inexistencia del vínculo contractual laboral, ya que deben preferirse los datos que ofrece la realidad de la relación jurídica analizada, si contradice lo que informan los aludidos documentos", marco jurídico en base al cual este tribunal se ha fundamentado sus decisiones en varios asuntos sometidos a su conocimiento. En el asunto que nos ocupa se debate si la naturaleza del contrato de servicios profesionales que vinculó a la actora y demandada está o no regulada por la legislación laboral; y analizado el material fáctico y probatorio este iudex ad quem llega al convencimiento que el nexo jurídico que vinculó a las partes intervinientes en el juicio, está comprendido en el ámbito laboral en estrictu sensu, pues pese a la denominación dada documentalmente al contrato, las condiciones establecidas en este y la denominación de la actora como contratista, lo cierto es que la contratación en cuestión reúne los requisitos naturales del contrato de trabajo, ya que la demandante prestó un servicio personal como encargada de la oficina regional nor-occidental de San Pedro Sula de la ENAG, del 02 de mayo de 2017 al 22 de febrero del año 2022; atendiendo las directrices establecidas en todos los contratos suscritos, particularmente las fijadas en la cláusula "SEGUNDO", en la que se evidencia la subordinación de la actora para con un jefe o superior jerárquico inmediato, así como que la entidad demandada facilitaba el mobiliario y equipo necesario para el desempeño del cargo, coligiéndose así que el desempeño laboral de la actora nunca fue el de una contratista como lo asevera la recurrente. Así las cosas, al tenor de lo que dispone el artículos 52 párrafo último del Código del Trabajo, se concluye que el contrato celebrado entre las partes intervinientes en juicio es por tiempo indefinido, pues se suscribió un nuevo contrato para la misma clase de trabajo y bajo las mismas condiciones; sumado a ello, la ejecución continua de la actividad laboral contratada por casi cinco años, lleva a concluir que la misma es de naturaleza permanente, por lo que de conformidad con el artículo 47 del texto normativo precitado, los contratos celebrados no pueden subsumirse en la contratación a término como tampoco en una de servicios profesionales técnicos, como antes se dejó establecido. Definida la naturaleza de la relación jurídica entre las partes intervinientes en juicio, lleva a determinar que la decisión de la entidad demandada de no renovar el contrato y que llevó consigo la cesación de prestación de servicios constituye un despido injustificado e ilegal que implica responsabilidad económica para la entidad demandada, al tenor de lo que disponen los artículos 129 constitucional y 113, 116 y 120 del Código del Trabajo. Por las razones de hecho y de derecho expuestos, consecuentes de la valoración de los elementos fácticos aportados por las partes y la prueba allegada al proceso según lo disponen las normas procesales, este Tribunal estima procedente confirmar la sentencia impugnada. 5.- Mediante auto de fecha 22 de mayo del 2023, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada YENY LICET CASTILLO NUÑEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 04 de septiembre del 2023, compareció ante este Tribunal la Abogada YENY LICET CASTILLO NUÑEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 20 de octubre del 2023, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 10 de abril del 2024, se declaró precluido de derecho y perdido irrevocablemente el termino dejado de utilizar por el Abogado MARIO CESAR MARTINEZ ORELLANA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, para contestar la demanda de casación planteada, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO: I. Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II. Que la Abogada YENY LICET CASTILLO NUÑEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, en su único motivo de casación alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley sustantiva de orden nacional del articulo 113 en relación con el artículo 112 ambos del Código del Trabajo, por error de hecho en la apreciación que aparece manifiesto en los autos del medio probatorio Documento Público, específicamente el Memorándum No.024-2022 RRHH-ENAG de fecha 22 de febrero de 2022 agregado a folio 25 de la primera pieza de autos. PRECEPTO AUTORIZANTE DEL ÚNICO MOTIVO: Este motivo está comprendido en el Párrafo Segundo del Numeral 1 del artículo 765 Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN: La trabajadora demandante presentó su demanda en suma y petición por no renovación de contrato de trabajo, para el pago de prestaciones laborales, pago de vacaciones, salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios desde la fecha en que quede firme la sentencia condenatoria. El texto del artículo 113 del Código del Trabajo le otorga al trabajador el derecho alternativo para demandar a su patrono el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales o el cumplimiento del contrato y el reintegro a su trabajo, cuando la terminación de su contrato sea por causa de las enumeradas en el artículo 112 del mismo Código. Contractando lo anterior se encuentra a folio 25 de la pieza de primera instancia, el medio probatorio Documento Público consistente en una Memorándum No.024-2022 RRHH-ENAG de fecha 22 de febrero de 2022 presentado por la parte actora, cuyo texto evidencia demostrado que por ese medio "se le informa a la demandante que a par partir de la fecha no será renovado su contrato de servicios personales", no evidencia notificación de despido por causas enumeradas en el artículo 112 del Código del Trabajo. Conforme la demanda instaurada y la prueba presentada, la parte actora devenía como aspecto primordial, el demostrar que las labores de sus servicios eran continuas y de carácter permanente en la empresa y sobre todo que subsistía la causa que le dio origen al contrato de trabajo, aspectos que no demostró la parte actora. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, incurrió en infracción del relacionado artículo 112 del Código del Trabajo por error de hecho al apreciar erróneamente el medio de prueba singularizado que consiste en el Memorandum No.024-2022 RRHH-ENAG de fecha 22 de febrero de 2022 agregado a folio 25 de la primera pieza de autos que la parte actora acompañó al juicio, documento en cuyo texto aparece de manifiesto que no existió la vía de despido directo en la terminación del contrato de trabajo, configurándose el error en la apreciación de la evidencia de la prueba singularizada que exige la doctrina y que de haberse apreciado correctamente dicho documento, hubiere conducido a la Corte de apelaciones a proferir su fallo de la sentencia recurrida en un sentido diferente, es decir a Declarar SIN LUGAR la demanda de mérito por no existir despido. En razón de ello, procede honorables magistrados, casar la sentencia recurrida por este motivo.” III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: i) La norma señalada como violada contienen distintos párrafos y literales, con diferentes situaciones jurídicas que era necesario precisar a cuál de ellas dirigía su ataque contra el fallo impugnado; y, ii) Realiza alegatos propios de instancia, mismos que en este Recurso extraordinario son inapropiados debido que los argumentos del caso ya fueron evacuados en el momento procesal oportuno. IV. Por lo anteriormente expresado, procede declarar NO HABER LUGAR al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por UNANIMIDAD de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal C, 764, 765, 769, 770, 777, 858 y 865 del Código de Trabajo; 22, 200, 211, 212, 214, 215 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal A del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación interpuesto por la Abogada YENY LICET CASTILLO NUÑEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que, con la certificación de este fallo, se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA. NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLA ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, MAGISTRADA COORDINADORA, ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, MAGISTRADA Y FRANCISCA VILLELA ZAVALA MAGISTRADA INTEGRANTE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de noviembre del dos mil veinticinco; certificación de la sentencia de fecha nueve de diciembre del dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Casación Contencioso número CL176-23. FIRMA Y SELLA
RAFAEL HUMBERTO ESCOBAR GODOY
RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.