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Sentencia CL-172-18 — Registro 9199

Resumen

demanda ordinaria laboral de emplazamiento para la justificación de una terminación sin causa de la relación laboral con acoso (MOBBING), caso contrario se ordene el reintegro a sus puestos de trabajo en iguales o mejores condiciones, con el pago de los salarios dejados de percibir a título de indemnización por daños y perjuicios, pago de bono de utilidades y estudiantil, reembolso de eventuales gastos médicos y quirúrgicos, pago de beneficios otorgados a otros trabajadores que se deriven del contrato colectivo o de la privatización de la empresa, pago de cantidades adeudadas por cualquier concepto, pago de goce de vacaciones adeudadas e indemnización por daños en la relación de aseguración con INJUPEMP y por préstamos en la banca privada

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que no puede prosperar el cargo que antecede, ya que la Impetrante incurre en los siguientes defectos: a) la violación directa de la ley se produce con prescindencia de los hechos controvertidos y por ello del material probatorio y siendo que la forma de terminación de la relación laboral entre las partes, fue objeto de controversia y por ende de la prueba, resulta impropio el ataque por esta vía; y, b) falta a la claridad y precisión requerida, ya que en la parte final de su explicación indica que la norma aplicada indebidamente es el artículo 112 del Código del Trabajo, cuando en su formulación señaló al artículo 113 primer párrafo de dicho cuerpo normativo."

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no es admisible, ya que se incurre en los siguientes defectos técnicos: a) al igual que el anterior, indica que el error de hecho proviene de falta de apreciación de la prueba documental, pero en su explicación señala: “EXPLICACIÓN DEL MOTIVO Y DESCRIPCIÓN DEL MEDIOS DE PRUEBA INTERPRETADO ERRÓNEAMENTE...”, lo cual es contradictorio, porque una misma prueba no puede ser dejada de apreciar y apreciada o interpretada erróneamente; y, b) en la explicación alude a normas no invocadas como infringidas o relacionadas en su formulación, tal es el caso del artículo 100 del Código del Trabajo."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

"Que es inestimable el anterior cargo, ya que no invoca el precepto legal autorizante, es decir no se indica la causa o motivo conforme las contenidas en el artículo 765 del Código del Trabajo; también, al igual que en los dos motivos anteriores, señala en su formulación que el error de hecho es por falta de apreciación de la prueba documental y en su explicación se alude a su interpretación errónea, lo que es contradictorio, porque una misma prueba no puede ser dejada de apreciar y apreciada o interpretada erróneamente por el Juzgador.- Adicionalmente, no indica las normas procesales que sirvieron de medio para la violación y en la explicación alude a normas no invocadas como infringidas o relacionadas en su formulación, tal es el caso de los artículos 100 y 101 del Código del Trabajo y 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo."

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., cinco de septiembre de dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha dieciocho de junio de dos mil dieciocho, por la Abogada ANGELA GABRIELA MEDINA HENRIQUEZ, en su condición de representante procesal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), como recurrente; además es parte recurrida, los señores ROSA EMERITA CABRERA MEDINA, ZOILA MARGARITA LAINES CHAVEZ y VICTOR MANUEL FERRARI OSEGUERA, representados en juicio por la Abogada JOHANA WALESKA BARAHONA ESPINOZA. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral de emplazamiento para la justificación de una terminación sin causa de la relación laboral con acoso (MOBBING), caso contrario se ordene el reintegro a sus puestos de trabajo en iguales o mejores condiciones, con el pago de los salarios dejados de percibir a título de indemnización por daños y perjuicios, pago de bono de utilidades y estudiantil, reembolso de eventuales gastos médicos y quirúrgicos, pago de beneficios otorgados a otros trabajadores que se deriven del contrato colectivo o de la privatización de la empresa, pago de cantidades adeudadas por cualquier concepto, pago de goce de vacaciones adeudadas e indemnización por daños en la relación de aseguración con INJUPEMP y por préstamos en la banca privada, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diez de abril del dos mil quince, por la Abogada JOHANA WALESKA BARAHONA ESPINOZA, en su condición de representante procesal de los señores ROSA EMERITA CABRERA MEDINA, casada, Licenciada en Comercio Internacional, ZOILA MARGARITA LAINES CHAVEZ, soltera, Secretaria y VICTOR MANUEL FERRARI OSEGUERA, soltero, Licenciado en Mercadotecnia; todos mayores de edad, hondureños y de este domicilio, contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), por medio de su Gerente General, señor JESUS ARTURO MEJIA ARITA, mayor de edad, casado, Ingeniero, hondureño y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha trece de marzo de dos mil dieciocho, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha veinte de noviembre de dos mil diecisiete, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: PRIMERO: Declarando PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por los señores ROSA EMERITA CABRERA MEDINA, ZOILA MARGARITA LAINES CHAVEZ y VICTOR MANUEL FERRARI OSEGUERA, contra la empresa HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), a través de su Gerente General JESUS ARTURO MEJIA ARITA.- SEGUNDO: CONDENAR a la empresa HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), a través de su Gerente General JESUS ARTURO MEJIA ARITA, A REINTEGRAR a su puesto de trabajo en mejores e iguales condiciones a los demandantes señores ROSA EMERITA CABRERA MEDINA, ZOILA MARGARITA LAINES CHAVEZ y VICTOR MANUEL FERRARI OSEGUERA, con todos os beneficios obtenidos en la contratación colectiva durante su ausencia, más los salarios dejados de percibir desde la fecha del ilegal despido hasta que sean debidamente reinstalados, los cuales se liquidaran en la etapa de ejecución del presente resolución.- TERCERO: SE CONDENA a la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) a través de su Gerente General JESUS ARTURO MEJIA ARITA, al pago de los salarios dejados de percibir de los demandantes ROSA EMERITA CABRERA MEDINA, ZOILA MARGARITA LAINES CHAVEZ y VICTOR MANUEL FERRARI OSEGUERA durante el periodo en el cual se encontraban suspendidos sus contratos individuales de trabajo desde el 8 de octubre del año 2014 hasta el 4 de febrero del 2015.- CUARTO: Se CONDENA a la empresa demandada EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) a través de su Gerente General JESUS ARTURO MEJIA ARITA, al pago de décimo tercero de salario proporcional de los demandantes ROSA EMERITA CABRERA MEDINA, ZOILA MARGARITA LAINES CHAVEZ y VICTOR MANUEL FERRARI OSEGUERA y vacaciones del periodo 2014-2015 únicamente al demandante VICTOR MANUEL FERRARI OSEGUERA, las cantidades de los conceptos descritos serán liquidadas en la ejecución de la sentencia; QUINTO: Se ABSUELVE a la empresa demandada EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) a través de su Gerente General JESUS ARTURO MEJIA ARITA al pago de la indemnización de 30 días de salario por la no notificación de la suspensión de que fueron objeto los contratos de trabajo de los demandantes ROSA EMERITA CABRERA MEDINA, ZOILA MARGARITA LAINES CHAVEZ y VICTOR MANUEL FERRARI OSEGUERA.- SEXTO: Se ABSUELVE a la empresa demandada EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) a través de su Gerente General JESUS ARTURO MEJIA ARITA al pago a las demandantes ROSA EMERITA CABRERA MEDINA y ZOILA MARGARITA LAINES CHAVEZ de las vacaciones del periodo 2014-2015.- SEPTIMO: Se ABSUELVE a la empresa demandada EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) a través de su Gerente General JESUS ARTURO MEJIA ARITA al pago de reembolsos eventuales de gastos médicos y quirúrgicos de los demandantes ROSA EMERITA CABRERA MEDINA, ZOILA MARGARITA LAINES CHAVEZ y VICTOR MANUEL FERRARI OSEGUERA e indemnización por daños en la relación de aseguración con el Instituto de Pensiones y Jubilaciones del Poder Ejecutivo (INJUPEMP) y por préstamos en la banca y al pago del bono estudiantil.- OCTAVO: SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La demandante expresó en el escrito de su acción, que iniciaron a laborar para Hondutel, de la siguiente manera: Rosa Emérita Cabrera Medina, el 09 de octubre del año 2006, con número de personal 26479, en el puesto de Auxiliar Técnico Administrativo I, dependiente del Departamento de Ventas y Reclamos, y al momento de ser despedida funcionalmente se desempeñaba en el puesto de Analista de Reclamos del mismo departamento, devengando un salario ordinario mensual de L.19,974.90; Zoila Margarita Laines Chávez, el 01 de agosto de 1998, con número personal 98333, nombrada en el puesto de Secretaria IV, dependiente del departamento de Ventas, al momento de ser despedida se desempeñaba funcionalmente como Administradora en el departamento de Inalámbrica (OYE), devengando un salario ordinario mensual de L. 21,400.99 y Víctor Manuel Ferrari Oseguera, el 17 de enero del 2011, con número de personal 31238, al momento de ser despedido se desempeñaba como Gestor de Atención al Cliente II, dependiente del Departamento de Fidelización en la Dirección de Comercialización, devengando un salario ordinario mensual de L.15,000.00. Que los demandantes fueron objeto de acoso laboral, mismo que comenzó cuando se les notificó la suspensión de sus contratos individuales de trabajo efectivo a partir del día 8 de octubre del año 2014 al 4 de febrero del año 2015, en un plazo de 119 días debiendo presentarse en fecha 5 de febrero del 2015; que mediante oficios GGH-438-2015, GGH-134-2015 y GGH-308-2015 todos de fecha 05 de febrero de 2015, Hondutel se les notificó, respectivamente, la terminación de la relación laboral invocándoles tres supuestas causales, rechazándose las mismas ya que la suspensión de los contratos es una institución jurídica y como tal el legislador la reguló y restringió de tal manera que para que se tipifique y pueda ser invocada como causa justa de despido, el cual se deberá ser autorizada previamente por la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, por cuanto según el artículo 111 numeral 8) del Código del Trabajo establece que para que opere la institución de la suspensión como causal de terminación de la relación laboral la misma deberá ser por más de 120 días y la suspensión de la demandante operó exactamente los 120 días, a pesar que HONDUTEL solicitó una ampliación de la suspensión pero no le fue autorizada por la autoridad del trabajo; en cuanto a la segunda causal de conformidad con el artículo 23 del Código del Trabajo, el trabajador puede participar de las utilidades, pero nunca de las pérdidas del patrono y, existe la teoría de la responsabilidad extracontractual del patrono según la cual los riesgos del trabajo los asume la empresa, nunca el trabajador. Respecto a la tercera supuesta causal, antes de la finalización de la suspensión, en los términos del artículo 103 del Código del Trabajo, Hondutel estaba obligado a notificar a la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social la reanudación de los trabajos para el solo efecto de poder dar por terminados sin responsabilidad para las partes los contratos de los trabajadores que no comparecieren dentro de los 30 días siguientes a aquel en que la Secretaría de Estado hubiese recibido el respetivo aviso escrito por parte del patrono. Después de eso, la autoridad podía: a) comunicar la reanudación del trabajo al SITRATELH y a los propios trabajadores; b) publicar por medio de un aviso en el Diario Oficial La Gaceta y en otro de vasta circulación la fecha de reanudación de los trabajos. En estos casos, ninguna de tales actuaciones se hizo, ni por el patrono, ni por la Secretaría del Trabajo, por lo que es fácil concluir que jurídicamente los trabajadores continuaban suspendidos. A pesar de que HONDUTEL no hizo los llamamientos ordenados y obligados por la Ley, transcurrido el término de la suspensión, es decir el 05 de febrero del 2015, los demandantes se presentaron al lugar de trabajo a la hora acostumbrada, habiéndosele impedido el ingreso, por lo que no hubo reanudación de las labores. Esta terminación sin causa de la relación laboral se produce en franca violación al artículo 129 de la Constitución de la República y de la Cláusula 82 del Contrato Colectivo vigente entre HONDUTEL y SITRATELH, y de los artículos 1 y 2 del Convenio 111 de la OIT, que garantiza la estabilidad laboral de los trabajadores en sus cargos; agotándose el trámite administrativo respectivo, sin llegar a ningún acuerdo conciliatorio.- 2. La parte demandada, la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), contestó dicha demanda señalando que con el propósito de rescatar a la demandada el 7 de octubre de 2014, invocando los artículos 100 numerales 4), 5) y 15), 101, 102 y demás aplicables del Código del Trabajo, procedió a notificar en legal y debida forma la medida de suspensión parcial de los contratos individuales de trabajo a 660 trabajadores, con efectividad a partir del día siguiente hábil, es decir a partir del 8 de octubre de 2014, por el término de 120 días, es decir, hasta el 4 de febrero de 2015, debiéndose presentar a sus labores el personal suspendido el 5 de febrero del 2015, cabe señalar que dentro del personal suspendido se encontraban los demandantes. Que es de público conocimiento la precaria situación económica de Hondutel, empresa que ha venido operando con pérdidas netas desde el año 2009 hasta la fecha, dichas pérdidas se incrementaron durante los dos (2) últimos períodos fiscales (años 2012 y 2013), al extremo que hoy en día a pesar de las medidas adoptadas para el saneamiento financiero administrativo tomadas por la actual administración, sigue siendo imposible que Hondutel opere con un mínimo razonable de utilidades. En virtud de lo anterior, el 10 de octubre del 2014 Hondutel presentó ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, solicitud de autorización de suspensión parcial de contratos individuales de trabajo por 120 días 660 empleados de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), solicitud ésta que a la fecha todavía se encuentra pendiente de emisión de la respectiva resolución, en vista que fueron múltiples oposiciones presentadas por los trabajadores que fueron legalmente suspendidos. En fecha 3 de febrero de 2015, Hondutel siguiendo el procedimiento legal correspondiente, presentó ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, formal notificación de que las causas invocadas para la suspensión parcial de los contratos de trabajo ejecutadas en Hondutel aún persisten, lo cual imposibilita reanudar las labores y reinstalar a los trabajadores que legalmente fueron suspendidos, por lo que habiendo transcurrido el término de ley para la suspensión, contados desde la fecha de notificación de la medida de suspensión a los demandantes, el 5 de febrero de 2015 HONDUTEL, notificó a los demandantes la decisión de dar por terminado su contrato individual de trabajo, garantizándoles el pago de sus prestaciones laborales de conformidad con el cálculo igualmente notificado en el acto. Es evidente que Hondutel no ha incurrido en violación de los derechos laborales de la demandante, ya que, si bien es cierto que la figura de la suspensión de contratos individuales de trabajo conlleva para el patrono la obligación de reintegrar a los trabajadores afectados una vez que la misma finalice. En este sentido, a pesar de las medidas implementadas por la empresa no fue posible evitar que se perdieran los puestos de trabajo de los empleados cuyos contratos de trabajo fueron suspendidos, por lo que Hondutel se vio obligada a darlos por terminados con motivo justificado.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte de noviembre de dos mil diecisiete, dictó sentencia declarando parcialmente con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por los señores Rosa Emérita Cabrera Medina, Zoila Margarita Laines Chávez y Víctor Manuel Ferrari Oseguera, contra la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL); condenando a la demandada a reintegrar a los demandantes a sus puestos de trabajo, con todos los beneficios obtenidos en la contratación colectiva, más los salarios dejados de percibir, al pago de décimo tercero de salario proporcional y vacaciones del periodo 2014-2015 únicamente al demandante Víctor Manuel Ferrari Oseguera; absolviendo a la empresa demandada al pago de la indemnización de 30 días de salario por la no notificación de la suspensión de que fueron objeto los contratos de trabajo de los demandantes, al pago a las demandantes Rosa Emérita Cabrera Medina y Zoila Margarita Laines Chávez de las vacaciones del periodo 2014-2015, al pago de reembolsos eventuales de gastos médicos y quirúrgicos de los demandantes e indemnización por daños en la relación de aseguración con el Instituto de Pensiones y Jubilaciones del Poder Ejecutivo (INJUPEMP) y por préstamos en la banca y al pago del bono estudiantil, sin costas; bajo el criterio que la empresa demandada no ha comprobado la justificación del despido de que han sido objeto los demandantes, que dicho sea la parte demandada ha sostenido en el proceso que no se les han negado a los demandantes referidos el pago de sus prestaciones laborales (ver folio 29 de la contestación de la demanda), de igual manera si bien es cierto, en el periodo durante se encontraban suspendidos ninguna de las partes podía exponer reclamos tal como ha quedado establecido, no es menos cierto que el artículo 110 del Código del Trabajo es claro al señalar que cuando el despido injustificado surta efectos, el trabajador tiene derecho a la remuneración debida durante la suspensión de trabajo y al reintegro al trabajo como lo han elegido los demandantes en este caso y a los salarios dejados de percibir desde la fecha del ilegal despido hasta que sean debidamente reinstalados, así mismo al pago proporcional del décimo tercer mes en los meses que estuvieron suspendidos los contratos de trabajo de los demandantes. Así como también es del criterio de esta juzgadora conceder el derecho al pago de vacaciones del periodo 2014-2015, únicamente al señor Víctor Manuel Ferrari Oseguera, en virtud de que HONDUTEL ha reconocido que se le adeuda dicho concepto mediante el medio de prueba documental por oficio (ver folios 260 y 261) y haberse constatado mediante el mismo medio de prueba que se canceló las vacaciones del periodo 2014-2015 a las señoras Rosa Emérita Cabrera Medina, Zoila Margarita Laines Chávez; así como se otorgan a los demandantes Rosa Emérita Cabrera Medina, Zoila Margarita Laines Chávez y Víctor Manuel Ferrari Oseguera los derechos adquiridos de la contratación colectiva durante su ausencia, todos los conceptos otorgados se liquidaran en la etapa de ejecución de sentencia, estos derechos concedidos en razón del despido ilegal y de igual manera injusto notificado a los demandantes. Que de la lectura del escrito de demanda una de las pretensiones de la parte actora es el pago de reembolsos eventuales de gastos médicos y quirúrgicos de los demandantes e indemnización por daños en la relación de aseguración con el Instituto de Pensiones y Jubilaciones del Poder Ejecutivo (INJUPEMP) y por préstamos en la banca, esta juzgadora se ve imposibilitada de pronunciarse en cuanto a estos extremos, en vista de que no son relacionados en los hechos del escrito de demanda y la parte demandante no aporta prueba alguna para sustentar su petición, además de no cuantificar las indemnizaciones solicitadas; con respecto al bono estudiantil solicitado la cláusula número 79 del XII Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) y el Sindicato de Trabajadores de Telecomunicaciones de Honduras (SITRATELH), es del criterio de la que juzga denegar dicha pretensión en vista de que es requisito esencial a efecto de conceder el beneficio en la contratación colectiva que se acredite la minoría de edad de los hijos del trabajador que lo solicitare extremo que no se ha acreditado en el presente juicio (ver folio 232). Se ha señalado en el escrito de demanda como pretensión el pago de cantidades adeudadas por cualquier concepto, ésta solicitud la parte actora la realiza de manera abierta, por lo que la juzga aplicando el libre convencimiento y siendo que se ven involucrados los preceptos 100, 101 y 102 del Código del Trabajo, se ha acreditado por la parte demandada el pago en concepto de indemnización a los demandantes, por no haber notificado la empresa demandada la suspensión de que fueron objeto sus contratos individuales de trabajo (f. 264), es en razón de lo expuesto, que no procede el pago de la indemnización aludida a los demandantes consistente a 30 días de salario por cada uno de ellos.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha trece de marzo de dos mil dieciocho, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que en una suspensión el patrono no podrá desmejorar las condiciones de los trabajadores afectados por la suspensión, es decir no podrán ser despedidos y en el presente caso, la parte demandada con evidente abuso y violentando derechos fundamentales de los trabajadores, da por terminada la relación laboral y sin esperar la resolución de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, con lo cual no puede establecerse con certeza si la suspensión iba o no a ser autorizada al momento del despido y si existían razones justificadas para ello, es decir si la causal es legítima y además si la causal invocada afecta a la empresa. Que a criterio de éste Tribunal al no tener la empresa demandada la autorización dentro del término de los ciento veinte (120) días que duró la suspensión del trabajo y haber procedido a despedir a los trabajadores demandantes sin la autorización antes señalada, convierte el despido en arbitrario, ilegal e injusto, puesto que está utilizando una potestad que establece la ley (la suspensión del contrato de trabajo) en perjuicio de los intereses del trabajador y la falta de una justa causa considera éste Tribunal, que únicamente tenía como objetivo no pagar los salarios o simplemente encubrir un despido injustificado. Que la parte demandante apela de la sentencia definitiva, en virtud de que la Juez no se pronuncia en cuanto a que a la demandante Rosa Emérita Cabrera Medina se le adeuda 2 días de período 2012-2013 y 26 días del período 2013 y 2014 y a Zoila Margarita Laínez Chávez se le adeuda 24 días del período 2013-2014, al respecto éste Tribunal hizo un análisis de las pruebas aportadas al proceso y constató según aparece del informe rendido por la empresa demandada visible a folios doscientos sesenta y uno (261) de la primera pieza de autos, que las vacaciones del período 2013-20 14 ya les fueron pagadas a los trabajadores demandantes y en cuanto al pago del décimo tercer mes proporcional, también es procedente declarar sin lugar la impugnación por éste concepto, en virtud de que en el numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia, se condena a la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) a través de su Gerente General, a pagarle a los trabajadores demandantes el pago del décimo tercero mes de salario en forma proporcional, entendiéndose con ello que no se refiere al décimo tercer mes causado sino como ya se dijo al proporcional.- 5. Mediante auto de fecha dos de mayo de dos mil dieciocho, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada ANGELA GABRIELA MEDINA HENRIQUEZ, en su condición de representante procesal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha dieciocho de junio de dos mil dieciocho, compareció ante éste Tribunal la Abogada ANGELA GABRIELA MEDINA HENRIQUEZ, en su condición de representante procesal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), formalizando su demanda, exponiendo siete motivos de casación y dos nulidades subsidiarias, por lo que mediante providencia de fecha diecinueve de junio de dos mil dieciocho, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha seis de agosto de dos mil dieciocho, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada JOHANA WALESKA BARAHONA ESPINOZA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que la Abogada ANGELA GABRIELA MEDINA HENRIQUEZ, en su primer motivo de casación alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional de índole laboral, por violación directa por APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA SUSTANTIVA del primer párrafo del artículo 113 del Código del Trabajo, que indica: “La terminación del contrato conforme a una de las causas enumeradas en el artículo anterior, surte efectos desde que el patrono la comunique al trabajador, pero éste goza del derecho de emplazarlo ante los Tribunales del Trabajo, antes de que transcurra el termino de prescripción, con el objeto de que le pruebe la justa causa en que se fundó el despido. Si el patrono no prueba dicha causa debe pagar al trabajador las indemnizaciones que según este Código le puedan corresponder y, a título de daños y perjuicios, los salarios que éste habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del presente Código debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva”; en relación con el 112 del Código del Trabajo, que establece las causas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato sin responsabilidad de su parte. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El primer párrafo del artículo 113 instaura que: “La terminación del contrato conforme a una de las causas enumeradas en el artículo anterior, surte efectos desde que el patrono la comunique al trabajador, pero éste goza del derecho de emplazarlo ante los Tribunales del Trabajo, antes de que transcurra el termino de prescripción, con el objeto de que le pruebe la justa causa en que se fundó el despido. Si el patrono no prueba dicha causa debe pagar al trabajador las indemnizaciones que según este Código le puedan corresponder y, a título de daños y perjuicios, los salarios que éste habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del presente Código debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva”. La corte sentenciadora incurrió en violación directa por APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA SUSTANTIVA de índole laboral contenida en el precitado artículo por las siguientes razones: la Corte de Apelaciones estimó que HONDUTEL incurrió en ilegalidad al cancelar el contrato de trabajo del demandante por el plazo de 120 días, sin contar con la autorización mediante resolución de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, razón por la que la demandante emplazó al patrono ante los tribunales competentes para el reintegro requerido en la demanda planteada. De lo anterior, se infiere que la Corte de Apelaciones del Trabajo aplicó el primer párrafo artículo 113 en relación con 112 del Código de Trabajo, preceptos legales que fueron aplicados de forma indebida porque HONDUTEL en ningún momento canceló o despidió al demandante con fundamento en una de las causales establecidas en los incisos de artículo 112, sino que más bien se dio por terminado el contrato de trabajo de forma unilateral amparado en el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo. Finalmente, honorable Corte Suprema de Justicia, ha quedado demostrado con argumentos jurídicos densos, que la sentencia proferida por la Honorable Corte de Apelaciones violentó de forma directa LA NORMA SUSTANTIVA invocada al aplicar al caso concreto indebidamente el artículo 112, TENIENDO QUE HABER APLICADO EL ARTICULO 111 NUMERAL 8) DEL CÓDIGO DE TRABAJO.”.- III. Que no puede prosperar el cargo que antecede, ya que la Impetrante incurre en los siguientes defectos: a) la violación directa de la ley se produce con prescindencia de los hechos controvertidos y por ello del material probatorio y siendo que la forma de terminación de la relación laboral entre las partes, fue objeto de controversia y por ende de la prueba, resulta impropio el ataque por esta vía; y, b) falta a la claridad y precisión requerida, ya que en la parte final de su explicación indica que la norma aplicada indebidamente es el artículo 112 del Código del Trabajo, cuando en su formulación señaló al artículo 113 primer párrafo de dicho cuerpo normativo.- IV.- Que en el segundo motivo se sostiene: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional de índole laboral, por violación directa por APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA SUSTANTIVA del primer párrafo del artículo 101 del Código del Trabajo, que indica: “La suspensión de los contratos de trabajo surtirá efecto desde la conclusión del día en que ocurrió el hecho que le dio origen, siempre que la comprobación de la causa en que se funde se inicie ante la Secretaria de Trabajo y Previsión Social o ante los representantes de la misma debidamente autorizados, dentro de los tres (3) días posteriores al ya mencionado, o treinta (30) días antes de la suspensión, cuando el hecho que la origine sea previsible. Si la Secretaria de Trabajo y Previsión Social no autorizare la suspensión por no existir la causa alegada o por ser esta injusta, la declarara sin lugar, y los trabajadores podrán ejercitar sus derechos emanados del contrato de trabajo, de las leyes y reglamentos laborales y demás disposiciones aplicables, por la responsabilidad que competa al patrono.” PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La corte sentenciadora incurrió en violación directa por APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA SUSTANTIVA de índole laboral contenida en el primer párrafo del artículo 101 del Código del Trabajo, por las siguientes razones: Al respecto, establece que la suspensión de contratos de trabajo surte efectos desde la conclusión del día en que ocurrió el hecho que le dio origen, siempre que la comprobación de la causa en que se funde se inicie ante la Secretaría de Trabajo dentro de los tres días posteriores al ya mencionado, o treinta días antes de la suspensión. De lo anterior se colige que la suspensión de contratos de trabajo surtió efecto desde el día en que fueron notificados los trabajadores, ya que el artículo referido instaura claramente que la autorización de la Secretaría de Trabajo se emite, mediante resolución, después de realizada la suspensión y no antes. Circunstancia que fue un hecho probado y el juez aplicó de manera indebida al momento de emitir su fallo.”.- V.- Que no puede prosperar el cargo que antecede, ya que se incurre en los siguientes defectos técnicos: a) cita como infringido el párrafo primero del artículo 101 del Código del Trabajo, el cual carece del carácter sustantivo que exige el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico; conviene recordar, que normas sustantivas son aquellas que confieren derechos y obligaciones correlativos o los extinguen; b) la violación directa de la ley se produce con prescindencia de los hechos controvertidos y por ello del material probatorio y siendo que la forma de terminación de la relación laboral fue objeto de controversia y por ende de la prueba, no era la vía apropiada para el ataque contra el fallo impugnado; y, c) alegando aplicación indebida de la ley, devenía obligado a señalar cuál era la norma que debía ser aplicada correctamente por el Juzgador.- VI.- Que en un tercer motivo se esgrime: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional de índole laboral, por violación directa por INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LA NORMA SUSTANTIVA del segundo párrafo del artículo 101 del Código del Trabajo, que indica: “Si la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social no autorizare la suspensión por no existir la causa alegada o por ser ésta injusta, la declarará sin lugar, y los trabajadores podrán ejercitar sus derechos emanados del contrato de trabajo, de las leyes y reglamentos laborales y demás disposiciones aplicables, por la responsabilidad que competa al patrono.” PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La corte sentenciadora incurrió en violación directa por INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LA NORMA SUSTANTIVA de índole laboral contenida en el segundo párrafo del artículo 101 del Código del Trabajo, por las siguientes razones: El artículo 101 nos ofrece el procedimiento a seguir una vez iniciado el proceso de suspensión ante la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social. De igual manera, el consabido artículo también informa cuál es la consecuencia de que dicho proceso de suspensión no sea autorizado por la Secretaría del Trabajo como autoridad competente. El segundo párrafo del artículo 101 manda que, en caso de que la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, luego del análisis y valoraciones que como autoridad realicen, estime que el proceso de suspensión iniciado por la empresa y sometido a su aprobación resultare injusto o no existiera la causa alegada, declarará sin lugar el proceso. ¿Qué efectos tiene entonces que la secretaría declarase sin lugar el proceso de suspensión? El efecto sería la prerrogativa del trabajador para ejercitar sus derechos del contrato de trabajo y de toda la normativa laboral. Como puede apreciarse, este segundo párrafo es bastante claro y sirve como una medida de protección de los derechos del trabajador ante un posible error del patrono. Sin embargo, y al trasladarnos al caso de marras, notamos que el procedimiento iniciado ante la Secretaría de Trabajo por HONDUTEL fue declarado CON LUGAR, considerando automáticamente válidas y existentes las causales de suspensión incoadas. ¿Qué deriva de esto? Pues de un simple análisis lógico se puede arribar a la conclusión de que al tener HONDUTEL una resolución favorable, los trabajadores no tienen derecho a exigir sus derechos por la vía laboral, pues dicha resolución favorable otorgó a la empresa la razón de haber iniciado un proceso de suspensión, librándola de toda responsabilidad. Como se puede apreciar, la corte sentenciadora interpretó de manera errónea este precepto legal al confirmar la sentencia de primera instancia, pasando de largo sus efectos y las consecuencias que nacen de una resolución favorable por parte de la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social.”.- VII.- Que es inadmisible el cargo anterior, ya que la Recurrente incurre en los siguientes defectos: a) la violación directa de la ley se produce con prescindencia de los hechos controvertidos y por ello del material probatorio y siendo que la forma de terminación de la relación laboral fue objeto de la controversia y por ende de la prueba, resulta impropio el ataque al fallo por esta vía; y, b) alega interpretación errónea de la ley, sin embargo el Juzgador determinó correctamente que la resolución de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social que declaró con lugar la suspensión de los contratos de trabajo de los demandantes, fue emitida con posterioridad a su despido, es decir, la demandada no esperó dicha actuación para dar por terminados los contratos de trabajo.- VIII.- Que en un cuarto motivo se alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional de índole laboral, por violación directa por INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LA NORMA SUSTANTIVA del artículo 100 numerales 4, 5 y 15, que indica: “Son causas de suspensión de los contratos de trabajo sin responsabilidad para las partes: 4. La imposibilidad de explotar la empresa con un mínimo razonable de utilidad; 5. La falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de los trabajos, si se comprueba plenamente por el patrono; y, 15. Cualquier otra causa justificada no prevista en los ordinales anteriores, a juicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social”; relacionado con el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo, que establece: “Son causas de terminación de los contratos de trabajo: 8. La suspensión de actividades por más de ciento veinte (120) días en los casos 1°, 3°, 4°, 5° Y 6° del artículo 100.” PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La corte sentenciadora incurrió en violación directa por INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LA NORMA SUSTANTIVA de índole laboral contenida en el artículo 100 numerales 4, 5 y 15, con relación con el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo, dado que, como quedó probado en las secuelas del juicio, el contrato de trabajo fue suspendió por la situación financiera de la empresa y debido que las causas persistieron al pasar los 120 días de la suspensión, se dio por terminado el contrato de trabajo conforme con lo establecido en el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo. Este extremo no fue apreciado por el juzgador, pues confundió la figura del despido con la terminación de los contratos de trabajo. Las terminaciones de los contratos de trabajo ya están expresamente instauradas en el artículo 111 del Código de Trabajo. En el caso que nos ocupa, se invocó el numeral 8 del mismo, el que instaura que la suspensión de actividades por más de 120 días es una causa de terminación de contratos de trabajo.”.- IX.- Que el cargo que antecede resulta inestimable, ya que como se señalara en el motivo anterior, la violación directa de la ley se produce con prescindencia de los hechos controvertidos y por ello del material probatorio y siendo que la forma de terminación de la relación laboral fue objeto de la controversia y por ende de la prueba, resulta inapropiado el ataque al fallo por esta vía.- X.- Que el Impetrante en su quinto motivo aduce: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional y de índole laboral, por violación indirecta del artículo 111 numeral 8 del Código del Trabajo por FALTA DE APRECIACIÓN POR ERROR DE HECHO EN EL MEDIO DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICO CONSISTENTE EN EL OFICIO DE 5 DE FEBRERO DEL 2015 QUE CORRE AGREGADOS A FOLIOS 43, 44 49, 50, 55 y 56 de LA PRIMERA PIEZA DE AUTOS. NORMAS LEGALES PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACIÓN DE LA NORMA SUSTANTIVA LABORAL: Artículo 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO Y DESCRIPCIÓN DEL MEDIOS DE PRUEBA INTERPRETADO ERRÓNEAMENTE: DOCUMENTAL PÚBLICO consistente en el oficio de 5 de febrero del 2015 que corre agregado 43, 44 49, 50, 55 y 56 de la primera pieza de autos, fue propuesto para demostrar contundentemente que lo que hubo fue una terminación de contrato de trabajo subsumida en el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo, pero tanto el juzgado de primera instancia como el tribunal de segunda instancia omitieron el análisis de dicho medio probatorio en relación a los hechos del litigio.”.- XI.- Que el cargo que antecede resulta inestimable, ya que este Tribunal ha venido señalando conforme con la Doctrina y como tiene establecido la jurisprudencia, respetuosa de los principios que gobiernan este recurso, que el error de hecho en la apreciación de las pruebas que conduce a la violación de la ley sustantiva y autoriza al tribunal de casación para casar el fallo impugnado, solo procede cuando el mismo resulta evidente o manifiesto, esto es, tan de bulto o notorio que sin mayor esfuerzo, ni raciocinio y sin necesidad de acudir a hipótesis, conjeturas o deducciones más o menos razonables, se imponga a la mente. A criterio de este Tribunal de Casación, en el presente caso no se observa la comisión de un error de hecho manifiesto u ostensible por parte del sentenciador.- En adición, se señala que el error de hecho proviene de falta de apreciación de la prueba documental, pero en su explicación señala: “EXPLICACIÓN DEL MOTIVO Y DESCRIPCIÓN DEL MEDIOS DE PRUEBA INTERPRETADO ERRÓNEAMENTE...”, lo cual es contradictorio, porque una misma prueba no puede ser dejada de apreciar y apreciada o interpretada erróneamente.- XII.- Que en el sexto motivo de casación se esgrime: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional y de índole laboral, por violación indirecta del artículo 111 numeral 8 del Código del Trabajo por FALTA DE APRECIACIÓN POR ERROR DE HECHO EN EL MEDIO DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICO CONSISTENTE EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE HONDUTEL QUE CORREN AGREGADOS 59 al 66 DE LA PRIMERA PIEZA DE AUTOS. NORMAS LEGALES PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACIÓN DE LA NORMA SUSTANTIVA LABORAL: Artículo 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO Y DESCRIPCIÓN DEL MEDIOS DE PRUEBA INTERPRETADO ERRÓNEAMENTE: DOCUMENTAL PÚBLICO consistente en los Estados Financieros De HONDUTEL que corren agregados 59 al 66 de la primera pieza de autos. La sentencia recurrida no tuvo como hechos probados que la empresa se encontraba imposibilitada de explotar la empresa con un mínimo razonable, la falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de los trabajos, hecho que fue demostrado mediante la presentación del medio de prueba documental público consistente en los estados financieros y de resultados de HONDUTEL de los años 2007 al 2014, con los que se justificó incuestionablemente la grave situación financiera de la empresa que derivó en la terminación de los contratos de trabajo por medio de la figura de la suspensión. Al respecto, el artículo 100 del Código de Trabajo establece que la suspensión de contratos de trabajo surte efectos desde la conclusión del día en que ocurrió el hecho que le dio origen, siempre que la comprobación de la causa en que se funde se inicie ante la Secretaría de Trabajo dentro de los tres días posteriores al ya mencionado, o treinta días antes de la suspensión. De lo anterior se colige que la suspensión de contratos de trabajo surtió efecto desde el día en que fueron notificados los trabajadores, ya que el artículo referido instaura claramente que la autorización de la Secretaría de Trabajo se emite, mediante resolución, después de realizada la suspensión y no antes. Circunstancia que fue un hecho probado y el juez no lo tomó en cuenta al momento de emitir su fallo. Asimismo, El medio los Estados Financieros de HONDUTEL que corren agregados en la primera pieza de autos, fueron propuestos para demostrar contundentemente que la razón por la que se procedió a realizar las suspensiones del contrato fue que la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) estaba operando con pérdidas financieras elevadísimas, situación que derivó en los hechos que originan el presente litigio y que no debió omitirse su consideración para la resolución del mismo como lo hizo el ad quem.”.- XIII.- Que el cargo que antecede no es admisible, ya que se incurre en los siguientes defectos técnicos: a) al igual que el anterior, indica que el error de hecho proviene de falta de apreciación de la prueba documental, pero en su explicación señala: “EXPLICACIÓN DEL MOTIVO Y DESCRIPCIÓN DEL MEDIOS DE PRUEBA INTERPRETADO ERRÓNEAMENTE...”, lo cual es contradictorio, porque una misma prueba no puede ser dejada de apreciar y apreciada o interpretada erróneamente; y, b) en la explicación alude a normas no invocadas como infringidas o relacionadas en su formulación, tal es el caso del artículo 100 del Código del Trabajo.- XIV.- Que, en el séptimo y último motivo de casación, la Recurrente invoca: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional y de índole laboral, por violación indirecta del artículo 111 numeral 8 del Código del Trabajo por FALTA DE APRECIACIÓN POR ERROR DE HECHO EN EL MEDIO DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICO CONSISTENTE EN LA RESOLUCIÓN NÚMERO 132-2015, EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, QUE CORRE EN LA PRIMERA PIEZA DE AUTOS. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO Y DESCRIPCIÓN DEL MEDIOS DE PRUEBA INTERPRETADO ERRÓNEAMENTE: DOCUMENTAL PÚBLICO consistente en la Resolución número 132-2015, emitida por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, que corre agregada en la primera pieza de autos, que declaró CON LUGAR la suspensión de contratos de trabajo, en virtud de comprobarse la configuración de las causales invocadas del artículo 100, que tiene relación directa el artículo 101, párrafo segundo del Código de Trabajo, establece que, si la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social no autorizara la suspensión por no existir la causa alegada o por ser ésta injusta, la declarará sin lugar, y los trabajadores podrían ejercitar sus derechos laborales por la responsabilidad que competa al patrono. No obstante, la secretaría al declarar CON LUGAR el proceso de suspensión de contratos de trabajo de mi representada, automáticamente validó el proceso y, en consecuencia, los trabajadores suspendidos no están facultados para interponer acción alguna, pues fueron separados de la empresa de manera legal y debidamente respaldada por autoridad competente. Por tanto, con la Resolución 132-2015 emitida por la Secretaría de Trabajo, se demuestra que proceso de suspensión de contratos de trabajo fue convalidado de conformidad a lo instaurado en el artículo 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo por la Secretaría de Trabajo al declararlo con lugar y autorizarlo, convalidación que surtió efecto desde el día de dicha resolución, es decir, desde el 27 de octubre del 2015, o sea, antes de que se emitiera la sentencia el a quo, sumado a que dicha resolución declaró sin lugar expresamente las oposiciones a la misma presentadas por los demandantes. En consecuencia, quedó probado que los argumentos de mi contraparte han sido falsos. Al respecto, nuevamente cito el libro El Recurso Extraordinario de Casación Laboral, del autor Luis Lagos Pantoja, en su página 41, que desarrolla de una forma más concreta el concepto de error de hecho que: “consiste en no dar por probado un hecho, estándolo o tenerlo por establecido, sin que sea así, todo lo cual ocurre por la mala apreciación o la falta de apreciación de la prueba considerada en sí misma y no con relación a las normas que la reglamentan, lo cual debe conducir a la relación de la ley sustancial; pero el error debe ser manifiesto, evidente, ostensible, etc. Esta causal de casación resulta entonces, de un proceso subjetivo del juzgador consistente en un equivocado racionamiento apreciativo de las pruebas que conduce a dar por establecido un hecho sin estarlo o, al contrario”.”.- XV.- Que es inestimable el anterior cargo, ya que no invoca el precepto legal autorizante, es decir no se indica la causa o motivo conforme las contenidas en el artículo 765 del Código del Trabajo; también, al igual que en los dos motivos anteriores, señala en su formulación que el error de hecho es por falta de apreciación de la prueba documental y en su explicación se alude a su interpretación errónea, lo que es contradictorio, porque una misma prueba no puede ser dejada de apreciar y apreciada o interpretada erróneamente por el Juzgador.- Adicionalmente, no indica las normas procesales que sirvieron de medio para la violación y en la explicación alude a normas no invocadas como infringidas o relacionadas en su formulación, tal es el caso de los artículos 100 y 101 del Código del Trabajo y 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo.- XVI.- Que se solicita la nulidad subsidiaria en la forma siguiente: “NULIDADES SUBSIDIARIAS. SE PRESENTA PRIMERA NULIDAD SUBSIDIARIA: Que la sentencia emitida por el tribunal ad quem buscan le certeza de los hechos jurídicos, por cuanto deben ser claras, precisas, congruentes y motivadas, y así no quede la menor duda del criterio utilizado por el tribunal al momento de emitir los fallos, buscando una conciliación de lo pedido y otorgado a las partes, con la Constitución de la República, las leyes, convenios y principios legales y así respetar el Estado de Derecho. Con base en lo anterior, la Corte de Apelaciones, al emitir el fallo al igual que la sentencia recurrida, no fundamenta la presente de forma concreta, causando una carencia de motivación de la sentencia, pues sus consideraciones omiten el análisis probatorio del oficio de fecha 5 de febrero del 2015, que corre agregado en la primera pieza de los autos, con el que no solo se ha acreditado la terminación del contrato de trabajo conforme al artículo 111 numeral 8 del Código del Trabajo, sino que con el mismo se desvirtúa la existencia de la figura de despido injustificado en relación al artículo 112 del mismo código, por lo que de haberse analizado dicho medio probatorio con relación en los hechos del litigio, el ad quem no hubiese encontrado asidero jurídico para emitir el fallo condenado a mi representada a reintegrar a su puesto de trabajo a la señores demandantes junto con el pago de los demás conceptos condenados en la misma sentencia dictada en segunda instancia en fecha dieciocho (18) de enero del dos mil dieciocho (2018). El ad quem al omitir esa motivación produce indefensión a mi representada e incongruencia en la sentencia, pues existe violación a las normas procesales que acarrean nulidad y, en el presente caso, el tribunal ad quem ha emitido una sentencia en la que no motivó ni fundamentó todos los hechos controvertidos, mismos que surgen de los hechos en que las demandantes se basaron su acción y en los hechos en que las demandadas fundamentan su resistencia a la pretensión incoada en su contra y sobre los que recaen las pruebas del juicio. SE PRESENTA SEGUNDA NULIDAD SUBSIDIARIA: Que la sentencia emitida por el tribunal ad quem buscan le certeza de los hechos jurídicos, y por ende, deben ser claras, precisas, congruentes y motivadas, sin dejar la menor duda del criterio utilizado por el tribunal al momento de emitir los fallos, buscando una conciliación de lo pedido y otorgado a las partes, conforme a la Constitución de la República, las leyes, convenios y principios legales, respetando el Estado de Derecho; sin embargo, la Corte de Apelaciones, al emitir el fallo o la sentencia recurrida, no la fundamentó de forma concreta, causando una carencia de motivación de la sentencia, pues sus consideraciones no hacen un análisis exhaustivo del porqué utilizó como fundamento jurídico de su decisión el artículo 113 del Código de Trabajo, cuando durante el juicio mi representada señaló las razones por las que dicho artículo no podía ser empleado para la solución del caso sub judice, debiendo el ad quem, de acuerdo a los establecido en el artículo 200 numeral 2, literal b, del Código Procesal Civil, haberse pronunciado de manera exhaustiva respecto a este hecho controvertido producido por las diferencia en los argumentos de las partes, de manera que el caso sub examine, ha dejado duda del criterio utilizado en la emisión de la sentencia recurrida, dadas sus vacuas consideraciones. PROCEDENCIA DE LAS NULIDADES SUBSIDIARIAS: El artículo 206 del Código Procesal Civil, el que se aplica de manera supletoria al procedimiento laboral, nos establece que las sentencias, en su contenido, deben ser claras, precisas y exhaustivas, en relación con los hechos argumentados por las partes y las pruebas aportadas, preceptos que no se cumplen en la sentencia de marras por las razones anteriormente expuestas. Asimismo, el artículo 207 del Código Procesal Civil exige que las sentencias sean motivadas con relación a los argumentos fácticos y jurídicos expuestos por las partes, lo que tampoco ocurre en el caso de marras como ya se expuso con anterioridad. Ya el Código Procesal Civil en el artículo 211 se establece que el incumplimiento en los requisitos contemplados por las leyes con relación a los actos procesales dará lugar a su nulidad o a su anulabilidad. De igual manera, el articulo 212 numeral 3 del Código Procesal Civil establece que es nulo el acto procesal que se dicta prescindiendo de las normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión, tal como ocurre en el caso de marras, por lo que para salvaguardar los derechos de las partes en litigio y la idoneidad de los actos procesales es necesario que se declare la nulidad de la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo sin perjuicio de que la misma sea casada.”.- XVII.- Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos facticos que demuestren el vicio de tal manera, que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente asunto se estima que no se ha violado el debido proceso o el derecho de defensa de las partes, resultando inestimables las nulidades alegadas de forma subsidiaria.- XVIII- Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierran los siete motivos de casación y las solicitudes de nulidad alegadas de forma subsidiaria.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1 y 8.2. h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 770, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus siete motivos. 2) DECLARAR SIN LUGAR las nulidades subsidiarias solicitadas. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintitrés días del mes de septiembre del dos mil diecinueve; certificación de la sentencia de fecha cinco de septiembre del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 172-18.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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