Sentencia CL-128-23 — Registro 19604
Resumen
Segunda instancia declaró con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, por despido directo, ilegal e injusto, que el patrono pruebe la justa causa de despido, caso contrario se condene al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, de los salarios dejados de percibir.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el anterior cargo resulta inestimable por las razones siguientes: a) el artículo 868.1 del código de trabajo, al que hace referencia, lo correcto es articulo 868 literal a) del Código de Trabajo, el cual no ostenta la calidad de norma procesal que sirvió de medio para la violación; b) no se demuestra el error manifiesto y evidente; y, c) carece de precepto autorizante. "...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..." Que el anterior cargo no resulta ser una proposición jurídica completa, dado que el Recurrente no lo encuadra en ninguna de las causales contenidas en el artículo 765 del Código del Trabajo, carece de concepto de la infracción y su exposición es propia de un alegato de instancia. "...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 27 de septiembre del 2023, por el Abogado JORGE ALBERTO RIVERA MARTÍNEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, la señora ROCIO IVETH MEDINA ARGEÑAL, representada en juicio por el Abogado ROMAYN ANDREE BACA VELÁSQUEZ. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, por despido directo, ilegal e injusto, que el patrono pruebe la justa causa de despido, caso contrario se condene al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, de los salarios dejados de percibir a título, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 04 de junio del 2018, por la señora ROCIO IVETH MEDINA ARGEÑAL, mayor de edad, soltera, Licenciada en Administración de Empresas, hondureña y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 18 de noviembre del 2022, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que en su parte conducente dice: “FALLA: I. DECLARANDO CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por JORGE ALBERTO RIVERA MARTÍNEZ en su condición de apoderado procesal delegado del Estado de Honduras, por medio de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN.- II.- REFORMAR la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán; de fecha veintisiete de agosto del año dos mil veintiuno que corre agregada a la primera pieza de autos a folios 157 al 162 frente y vuelto de la primera pieza de autos.- CONFIRMAR los numerales 1, 4, de la sentencia dictada. REVOCAR los numerales 2, 3, de la sentencia dictada los cuales se leerán así: 2.- Declarar SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, por despido directo ilegal e injusto. Que el patrono pruebe la justa causa de despido.- Caso contrario se condene a la demandada al pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios al momento del despido directo ilegal e injusto hasta la sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia, promovida por la señora ROCIO IVETH MEDINA ARGEÑAL, de generales expresadas contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la SECRETARIA EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN por medio de la Procuraduría General de la Republica, la Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. 3) ABSOLVER al ESTADO DE HONDURAS, a través de la SECRETARIA EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN de toda responsabilidad económica derivada del presente juicio sin perjuicio de los derechos adquiridos pendientes de pago; en consecuencia, CONDENA al ESTADO DE HONDURAS, a través de la SECRETARIA EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN por medio de la Procuraduría General de la Republica, la Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA a pagar a la señora ROCIO IVETH MEDINA ARGEÑAL los conceptos y cuantías siguientes: vacaciones pendientes: L. 11,666.70, Aguinaldo pendiente: L. 48,000.00, Decimocuarto pendiente L. 48,000.00 para un total de CIENTO SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON SETENTA CENTAVOS (L. 107,666.70).- IV.- SIN COSTAS en esta instancia”. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que inició a laborar para el Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, el 18 de julio del año 2016, como Consultor devengaba un salario mensual de L. 30,000.00 que promediado asciende a L. 35,000.00 mensuales, contratación que se efectuó mediante los contratos de fecha 18 de julio de 2016 (No. 04-SE-2016) y el contrato de fecha 02 de enero de 2017, (No. 018-SE-2017); donde sus labores consistían con el proyecto reactivación de la enseñanza y producción agropecuaria en centros educativos (REPACE), Programa adscrito a la Secretaria de Educación. Que en fecha 23 de febrero del 2018, le notificaron de forma verbal por parte del jefe inmediato el Ingeniero CARLOS MELGAR, que por instrucciones del Ministro de Educación MARCIAL SOLIS PAZ, sus servicios ya no serían requeridos y que debida hacer entrega de la documentación del trabajo realizado. Y que ante esa situación requirió los servicios del Inspector General del Trabajo, a efecto de constatar los siguientes extremos: 1. El despido de forma verbal por parte del jefe inmediato Ingeniero CARLOS MELGAR, que por instrucciones del Ministro de Educación MARCIAL SOLIS PAZ, sus servicios ya no serían requeridos y que debida hacer entrega de la documentación del trabajo realizado. 2. Constatar los 53 días (mes de enero 2018, y 23 días del mes de febrero de 2018) que se le adeudaban de conformidad al último contrato suscrito entre la Secretaria de Educación y la demandante, en virtud que laboró en el periodo anteriormente señalado y que hasta la fecha no se le habá hecho efectivo el pago. Asimismo, señaló que con las actas de recepción de fechas 31 de enero de 2018, y 26 de febrero de 2018, y que acompañó a la demanda, acreditó que los productos (informes de Trabajo) fueron debidamente entregados a su jeje inmediato CARLOS ROBERTO MELGAR RIVERA; mismos que fueron remitidos al Secretario de Educación, para su conocimiento mediante nota de fecha 26 de febrero del 2018. Por otro lado, también envió, nota dirigida al ministro de educación, a efecto que se le reconocieran sus derechos y el pago de los días trabajados en los meses de enero y febrero del 2018; no obteniendo respuesta de la referida nota hasta el momento. Evidentemente la dicha Secretaría, al efectuar el despido ilegal, directo e injusto, no siguió el trámite de ley correspondiente, ni mucho menos invocó alguna causal establecida en el Código del Trabajo, violentado así el Código del Trabajo y la Constitución de la República, para despedirle en el sentido que nadie puede ser despedido sino por causa justa y todo ciudadano tiene derecho a un empleo o gozar de estabilidad en su puesto de trabajo. Argumentó que en fecha 16 de marzo del 2018, solicitó los servicios de la Dirección General del Trabajo, en la dependencia de Resolución Alterna de Conflictos Laborales, a efecto de presentar reclamo en la vía administrativa, la cual fracaso por la no comparecencia de la parte requerida, por lo cual se agotó la vía administrativa requisito indispensable para demandar a las entidades de derecho público. 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda; rechazando las pretensiones de la demandante, señalando que la relación existente entre las partes fue por medio de contratos de servicios de consultoría individual, es decir servicios profesionales, los que se contrataron para ser servidos a través del Proyecto Reactivación de la Enseñanza y Producción Agropecuaria en Centros Educativos (REPACE), adscrito a la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación; y que el Contrato de Consultoría fue con fecha de inicio y terminación, finalizando las obligaciones contractuales de las partes el 31 de diciembre del 2017 como lo prescribe la cláusula 2; y que dicho contrato claramente establecía que la relación entre las partes no era laboral, como lo procura hacer ver la demandante; ya que los contratos fueron suscritos con las características naturales de un Contrato de Consultoría y no con los de un contrato laboral como lo expone la demandante aviesamente ante ese Juzgado de Letras del Trabajo, con el ánimo de que se le concediera un derecho subjetivo que no le correspondía. Que a la demandante para la prestación de los servicios profesionales, se le asignó un monto total que se le pagaría por esos servicios profesionales, sobre los que no existía más deducción que la establecida para este tipo de contratación, es decir la del 12.5% correspondiente al Impuesto Sobre la Renta, el que por ley debe ser retenido para este tipo de contratación; la retribución que se le cancelaba a la demandante era una retribución por servicios u honorarios profesionales y que de ninguna forma salario mensual, sino como la retribución por la prestación de sus servicios profesionales los que eran cancelados de la forma como las partes habían acordado en el contrato, es decir que el pago se hacía contra entrega de producto (informe) y no como salario por realizar labores diarias bajo continua subordinación en un horario previamente establecido. arguyó que de ninguna forma se podía considerar que lo existente entre el demandado y la demandante, fue una relación laboral, pues para que eso ocurriera debían de reunir los tres requisitos esenciales enumerados en el artículo 20 del Código del Trabajo; y que dentro de esos requisitos el que no se cumple por ninguna parte es el de la continua subordinación, pues la demandante nunca estuvo sometida a la estructura y a las órdenes de la Secretaria de Educación o del Proyecto Reactivación de la Enseñanza y Producción Agropecuaria en Centros Educativos (REPACE), tampoco cumplía un horario de trabajo, ni recibía órdenes directas de un superior jerárquico; ella simplemente cumplía con los términos de referencia del Contrato de servicios de consultoría individual, es decir, daba cumplimiento a los servicios profesionales contratados; y lo que entregaba al proyecto no era su fuerza laboral como empleado, sino un producto final cada mes, recibiendo como contra prestación de los servicios profesionales prestados. Manifestó que cualquier notificación que se le hubiera presentado a la demandante, ésta obedecía única y exclusivamente a una buena y sana administración, en vista que además de su relación contractual con el demandado ya había finalizado su vigencia, que era hasta el 31 de diciembre del 2017; sin embargo la demandante de forma ventajosa, aviesamente, fuera de ese término y con solo la intención de promover esa acción, manifiesto haber entregado informes correspondiente al mes de enero y 23 días del mes de febrero del 2018, sin obligación alguna contractual suscrita por el demandado, tal y como la demandante misma lo manifestó en la comparecencia del acta de cierre de audiencia de conciliación ante la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social; que la demandante desde el inicio de la relación de Servicios Profesionales tenía conocimiento de la fecha de finalización de la obligación contraída por las partes, manifestando ella misma en la demanda que también suscribió contrato del 02 de enero del 2017 hasta el 31 de diciembre del 2017; puntualización que consta en los archivos respetivos del demandado como su último contrato, el cual al haber sido cumplimentado en legal y debida forma por las partes, no existe obligación posterior alguna de las mismas, por lo que les sorprendió el que la demandante haya enviado informe del mes de enero y veintitrés días del mes de febrero 2018 cuando en realidad su obligación contractual ya había fenecido en legal y debida forma sin la firma de un nuevo contrato, tal como lo manifestó; asimismo rechazó que a la demandante que se le haya despido de manera verbal el 23 de febrero del 2018, ya que por una parte no se le podía despedir en virtud que no se encontraban en una relación de trabajo, y por otro lado se debió de decir que no basta con manifestarlo, sino que dicho extremo lo debió de haber acreditado con una prueba fehaciente, y que como se observa de las diligencias desarrolladas en la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, se verificó que en ningún momento constató ese hecho con el Inspector del Trabajo correspondiente. Arguyó además que, al no acreditarse ningún tipo de despido, sería improcedente la imposición del pago de prestaciones o indemnizaciones laborales, y que las diligencias realizadas ante la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social no podrían tener algún efecto en el presente caso, en virtud que no existió una relación laboral, en consecuencia, no se le pueden aplicar las normas emanadas del Código del Trabajo. Por el contrario lo acaecido era exclusivamente el resultado de la llegada de finalización del contrato suscrito entre las partes, que una vez cumplimentada la obligación contraída, no existía más compromiso que el contraído en las respectivas cláusulas consentidas y aprobadas por las partes en el contrato de consultoría regido por la Ley de Contratación del Estado en su Capítulo VII, que en el Artículo 94; asimismo expresó que el reclamo administrativo presentado ante las Oficinas Gubernativas de la Secretaria de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social, lo rechazó por no ostentar el demandado facultades para comparecer a ningún tipo de conciliación, ni mucho menos al tratarse de Contratos de consultoría como es el que nos ocupa el cual tenía fecha de inicio y terminación a satisfacción de las partes, por lo que no es competente la Secretaria de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social, para conciliar en el presente caso que debió ser dirimido por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de conformidad a lo establecido en el Artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Recalcó que en virtud de que no existió despido alguno en el presente caso, sino que lo acaecido fue la llegada de la fecha de finalización de contrato suscrito (31 de diciembre de 2017), término que la demandante de antemano tenía conocimiento, consintiéndolo y aceptándolo sin objeción alguna el mismo en tiempo y forma; siendo por tanto improcedente el reclamo formulado por la demandante; y que además en ningún momento acreditó el supuesto despido verbal ocurrido en fecha 23 de febrero del 2018. Asimismo, en el escrito de contestación se interpuso la excepción perentoria de prescripción. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 27 de agosto del 2021, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: 1.-Declara SIN LUGAR LA EXCEPCIÓN PERENTORIA DE PRESCRIPCIÓN, opuesto por el Representante Procesal de la Parte Demandada. 2.-Declarar CON LUGAR la demanda ordinaria laboral PARA EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES, POR DESPIDO DIRECTO ILEGAL E INJUSTO. -QUE EL PATRONO PRUEBE LA JUSTA CAUSA DE DESPIDO. CASO CONTRARIO DE CONDENE A LA DEMANDADA AL PAGO DE LAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES DE LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS AL MOMENTO DEL DESPIDO DIRECTO ILEGAL E INJUSTO HASTA LA SUJECIÓN A LAS NORMAS PROCESALES QUEDE FIRME LA SENTENCIA, promovida por la señora ROCIO IVETH MEDINA ARGEÑAL, de generales expresadas, Contra el ESTADO DE HONDURAS, secretaria de Educación por medio de la procuraduría General de la Republica, la Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. 3.-Condenar: Al ESTADO DE HONDURA, secretaria de salud por medio de la procuraduría General de la Republica, la Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. A pagar a la demandante ROCIO IVETH MEDINA ARGEÑAL, LA CANTIDAD DE DOS CIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON SETENTA CENTAVOS (L. 278,332.70) Por los siguientes conceptos: preaviso de L. 58,000.00, Auxilio de Cesantía L.30,000.00, Auxilio de Cesantía Proporcional L. 18,000.00, Vacaciones pendientes L. 11,666.70, décimo cuarto mes pendiente L. 48,000.00, Décimo tercer mes pendiente L. 48,000.00, Salario Adeudado L.53,000.00, Vacaciones pendientes L. 11,666.00. siendo un total de DOS CIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON SETENTA CENTAVOS (L. 278,332.70)-. Mas los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que quede firme la sentencia. 4.-SIN COSTAS en esta instancia.”; bajo el criterio que, en relación al DEFECTO MATERIAL DE PRESCRIPCIÓN opuesto por el Representante Procesal de la parte demandada del análisis de las misma se concluye: Que se ha acreditado que la demandante inicio su relación laboral el 18 de julio del 2016, en forma ininterrumpida, que el demandante dio por agotado el procedimiento administrativo en fecha 16 de marzo del 2018, y el 04 de junio del 2018 el demandante instaura Demanda Ordinaria Laboral cuando se encontraba laborando para el demandado por lo que se concluye que la relación laboral de la demandantes con la demandada se encuentra vigente a la fecha y quien aduce que para obtener la categoría de indefinida el señor demandante estaba en la obligación de presentar sus acciones legales pertinentes del conformidad al artículo 867 del Código del Trabajo el cual establece: "Salvo disposición en contrario todos los derechos y acciones provenientes de este Código de su Reglamento o de las demás Leyes de Trabajo o Previsión Social que no se originen directamente en Contrato de Trabajo, prescriben en el término de 2 meses este plazo corre para Patronos y Trabajadores desde el acaecimiento del hecho respectivo salvo para estos últimos cuando hubieren estado imposibilitados de reclamar sus derechos o de ejercitar las acciones correspondientes. De ello se colige que debió acudir para el agotamiento de la vía administrativa dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que cumplió 180 días calendarios en el año. Por lo que cabe mencionar por una parte que la disposición contenida en el artículo 867 es claro en su contenido y el mismo no se establece ninguna condición como ser que el trabajador tenga 180 días para solicitar derechos que la ley ya le concede, y por otra parte en dicho artículo se establece que todos los derechos y acciones provenientes del Código del Trabajo, de sus Reglamentos o de las demás Leyes de Trabajo o Previsión Social que no se originen directamente en contratos de trabajo prescriben en el término de dos meses; sin embargo es de hacer notar que la presente litis se origina en un contrato de trabajo por lo que procede a declarar SIN LUGAR la EXCEPCIÓN PERENTORIA DE PRESCRIPCIÓN opuesto por el Representante Procesal de la parte demandada. Que si bien es cierto la parte demandada invoca que se trata de un contrato por tiempo determinado, cuya terminación ya está establecida en su texto y aceptada por las partes; también es cierto que, de conformidad con lo señalado en la Constitución de la República y el Código de Trabajo, sus Reglamentos o las demás Leyes de Trabajo y Previsión Social otorguen a los Trabajadores, aunque se expresen en un contrato de Trabajo u otro pacto cualquiera. Que los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la institución, se consideraran como celebrados por tiempo indefinido, aunque en ello se exprese termino de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que le dio origen a la materia de trabajo para la presentación de servicios o la ejecución de obra iguales o análogas. Que, si bien es cierto la señora ROCIO IVETH MEDINA ARGEÑAL, laboró a través de contratos de Servicios Personales; no menos cierto es que las labores que la misma realizaba son de naturaleza permanente en la institución; asimismo la parte demandada no acredito en autos que el patrono haya tenido justa causa para ejecutar la terminación de trabajo. Que al hacer un estudio de las pruebas aportadas al juicio se concluye que la parte demandada no probó en juicio que existían motivos razonables para despedir a la demandante, faltando así a lo establecido en el artículo 117 del Código del Trabajo, por lo tanto, no podrá alegar válidamente causales o motivos distintos, en el presente caso la parte demandante probó con los Contratos de Trabajo presentados, donde acredita que laboró en la Secretaria de Educación como consultor, con su primer contrato del 18 de julio de 2016 con la Secretaria de Educación y el Artículo 3 del Código del Trabajo establece: "Son Nulos Ipso Jure todos los Actos o Estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución, el presente Código, sus reglamentos o las demás leyes de trabajo o previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un Contrato de Trabajo u otro pacto cualquiera", además el artículo 48 párrafo 2° del Código del Trabajo señala "No obstante todo Contrato por tiempo fijo es susceptible de prorroga expresa o tácita, lo será de esta última manera por el hecho de que el trabajador continúe prestando sus servicios sin oposición del Patrono". En consecuencia, a criterio de este juzgador es procedente declarar CON LUGAR la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, por despido directo ilegal e injusto, se condene a la demandada al pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales además los salarios dejados de percibir, desde la fecha del despido hasta que quede firme la sentencia a título de daños y perjuicios, en virtud de despido ilegal e injusto de la demandante que si bien el demandante no señala con precisión que meses que se le adeuda y tampoco consta con la prueba aportada por la parte demandada en el presente caso que se demuestre que haya cancelado esos conceptos, más los salarios dejados de percibir, desde la fecha del despido hasta que quede firme la sentencia a título de daños y perjuicios, en virtud de despido ilegal e injusto de la demandante. Que el Juez puede eximir del pago de costas a la persona que fuere vencida en juicio, cuando concurran motivos racionales para litigar. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 18 de noviembre del 2022, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: I. DECLARANDO CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por JORGE ALBERTO RIVERA MARTÍNEZ en su condición de apoderado procesal delegado del Estado de Honduras, por medio de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN.- II.- REFORMAR la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán; de fecha veintisiete de agosto del año dos mil veintiuno que corre agregada a la primera pieza de autos a folios 157 al 162 frente y vuelto de la primera pieza de autos.- CONFIRMAR los numerales 1, 4, de la sentencia dictada. REVOCAR los numerales 2, 3, de la sentencia dictada los cuales se leerán así: 2.- Declarar SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, por despido directo ilegal e injusto. Que el patrono pruebe la justa causa de despido.- Caso contrario se condene a la demandada al pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios al momento del despido directo ilegal e injusto hasta la sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia, promovida por la señora ROCIO IVETH MEDINA ARGEÑAL, de generales expresadas contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la SECRETARIA EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN por medio de la Procuraduría General de la Republica, la Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. 3) ABSOLVER al ESTADO DE HONDURAS, a través de la SECRETARIA EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN de toda responsabilidad económica derivada del presente juicio sin perjuicio de los derechos adquiridos pendientes de pago; en consecuencia, CONDENA al ESTADO DE HONDURAS, a través de la SECRETARIA EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN por medio de la Procuraduría General de la Republica, la Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA a pagar a la señora ROCIO IVETH MEDINA ARGEÑAL los conceptos y cuantías siguientes: vacaciones pendientes: L. 11,666.70, Aguinaldo pendiente: L. 48,000.00, Decimocuarto pendiente L. 48,000.00 para un total de CIENTO SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON SETENTA CENTAVOS (L. 107,666.70).- IV.- SIN COSTAS en esta instancia”. Bajo el criterio que, la parte procesal demandada opuso la excepción perentoria de prescripción basada en el artículo 864 del Código del Trabajo, en cuanto a que los derechos y acciones de los trabajadores para reclamar contra los despidos injustificados que se les haga o contra las correcciones disciplinarias que se apliquen, prescriben en el término de dos (02) meses a partir de la terminación del contrato o desde que se le impusieron las correcciones respectivas, cuyo computo va desde la fecha en que finalizo el contrato de servicios de consultoría individual 31 de diciembre del 2017, y la fecha que compareció al Departamento de Conciliación y Mediación de la Dirección General del Trabajo el 16 de marzo del 2018, habiendo transcurrido más de dos (2) meses que establece la norma citada; y que a juicio de este Tribunal tal argumentación en cuanto a la prescripción es imprecisa, por cuanto existe prueba que la demandante laboró durante los meses de enero y febrero del 2018. Que de acuerdo al criterio jurisprudencial de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, en reiteradas sentencias establecido conceptúa a) "...Los derechos adquiridos son aquellos que se originan de una situación jurídica indudable y que no es una expectativa, por lo tanto de pertenencia a un titular a quien la Ley laboral le prohíbe su renuncia, razón por la que éste derecho debe ser respetado y no vulnerado; los conceptos por derechos adquiridos deben ser contemplados en la decisión judicial independientemente de la forma de la terminación de la relación laboral y de que hayan sido solicitados o no (extra petita), salvo que éstos se encuentren efectivamente satisfechos y que conste en los autos tal circunstancia o que se determine la inexistencia de relación laboral entre las partes. Entiéndase como derechos adquiridos los siguientes conceptos: decimotercer mes proporcional, decimocuarto mes proporcional, vacaciones pendientes, y reajuste de bonificación. Que por las razones expuestas es procedente reformar la resolución apelada, por no estar dictada conforme a derecho. 5.- Mediante auto de fecha 16 de mayo del 2023, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado JORGE ALBERTO RIVERA MARTÍNEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 27 de septiembre del 2023, compareció ante este Tribunal el Abogado JORGE ALBERTO RIVERA MARTÍNEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha 30 de octubre del 2023, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 22 de abril del 2024, se tuvo precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte del Abogado ROMAYN ANDREE BACA VELÁSQUEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que el Abogado JORGE ALBERTO RIVERA MARTÍNEZ, en su primer motivo de casación alega: “PARA ENMENDAR LAS INFRACCIONES E ILEGALIDADES COMETIDAS POR EL TRIBUNAL A-QUO COMO LA INADECUADA APLICACIÓN A-QUEM ES MERITORIO SEÑALAR LOS MOTIVOS DE LA CASACIÓN QUE SE COMETIERON EN EL FALLO RECURRIDO. PRIMER MOTIVO: SER LA SENTENCIA VIOLATORIA DE LA LEY SUSTANTIVA, el precepto legal sustantivo infringido está contenido en el artículo 864, del Código de Trabajo en relación al artículo No. 3, 5, 7, de Código Procesal Civil, estableciendo que las acciones para reclamar derechos se tendrá el término de dos meses, tal es el caso del presente motivo de casación, la norma procesal o norma objetiva a través del cual se infringió en forma indirecta la constituyen los artículos 868.1 del código de trabajo. III.- Que el anterior cargo resulta inestimable por las razones siguientes: a) el artículo 868.1 del código de trabajo, al que hace referencia, lo correcto es articulo 868 literal a) del Código de Trabajo, el cual no ostenta la calidad de norma procesal que sirvió de medio para la violación; b) no se demuestra el error manifiesto y evidente; y, c) carece de precepto autorizante. IV.- Que el Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “SER LA SENTENCIA VIOLATORIA DE LA LEY objetiva, el precepto legal sustantivo infringido está contenido en el artículo 765, del Código de Trabajo en relación al artículo No. 3, 5, 7, de Código Procesal Civil, PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo está comprendido en el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil, el cual literalmente dice: "Causales del Recurso. - Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio." FUNDAMENTOS DE DERECHO. Fundo el presente escrito de formalización del Recurso de Casación en los artículos 1, 80, 303, 314 de la Constitución de la República; 1 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 664, 666 literal c), 669, 738, 765, 766, 769, 772, 773, 776 del Código de Trabajo; 22, 83#1, 125, 200, 228, 206, 207, 208 del Código Procesal Civil. EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN LO EXPLICO ASÍ: Que el artículo 864 del Código de Trabajo establece que "los derechos de los trabajadores para reclamar contra los despidos injustificadas que se le hagan o contra las correcciones disciplinarias que se le apliquen, prescriben en el término de dos meses contados a partir de la terminación del contrato" a lo cual el Juzgado de Letras del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán, no aplico de manera objetiva lo establecido en este acápite, interponiendo lo establecido en el artículo 868.1 estableciendo que ha operado una interrupción a la prescripción alegada”. V.- Que el anterior cargo no resulta ser una proposición jurídica completa, dado que el Recurrente no lo encuadra en ninguna de las causales contenidas en el artículo 765 del Código del Trabajo, carece de concepto de la infracción y su exposición es propia de un alegato de instancia. VI.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. NOTIFÍQUESE. - FIRMAS Y SELLO. ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, COORDINADORA, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO Y FRANCISCA VILLELA ZAVALA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. SECRETARIO. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. - Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de noviembre del dos mil veinticinco. - FIRMA Y SELLO.
RAMCEL NICOL CARTAGENA PINTO,
RECEPTORA ADSCRITA.