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Sentencia CL-126-23 — Registro 18781

Resumen

Segunda instancia confirmó sin lugar la demanda sumaria laboral, para que por la vía judicial se reconozca el reajuste al salario mínimo legal, asimismo se condene a la demandada al pago de dicho reajuste, ampliado al decimotercer, decimocuarto mes y vacaciones de manera retroactiva a los dos últimos años de la presentación de la demanda de conformidad con la ley del salario mínimo, o pago de daños y perjuicios de conformidad a lo establecido en el artículo 39 de la ley del salario mínimo

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la norma que indica como violada el artículo 2 de la Ley de Salario Mínimo no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código de Trabajo, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y, b) formula alegatos de instancia inoportunas en este extraordinario recurso. "...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la norma que indica como violada el artículo 2 de la Ley de Salario Mínimo no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código de Trabajo, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) cita normativa no indicada como violada en la explicación del cargo, tal es el caso de los artículos 3 y 18 del Código del Trabajo; y, c) formula alegatos de instancia inoportunas en este extraordinario recurso. "...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los nueve (09) días del mes de diciembre del dos mil veinticuatro (2024). VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 11 de septiembre del 2023, por la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal del señor JUAN JOSÉ SÁNCHEZ SÁNCHEZ, como recurrente; además es parte recurrida, el ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por la Abogada MERCEDES MARÍA DUBON ORTIZ. OBJETO DEL PROCESO: Demanda sumaria laboral, para que por la vía judicial se reconozca el reajuste al salario mínimo legal, asimismo se condene a la demandada al pago de dicho reajuste, ampliado al decimotercer, decimocuarto mes y vacaciones de manera retroactiva a los dos últimos años de la presentación de la demanda de conformidad con la ley del salario mínimo, o pago de daños y perjuicios de conformidad a lo establecido en el artículo 39 de la ley del salario mínimo; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 20 de marzo del 2017, por la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal del señor JUAN JOSÉ SÁNCHEZ SÁNCHEZ, mayor de edad, soltero, Perito Mercantil y Contador Público, hondureño y de este domicilio; contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio del Procurador General de la República, de ese entonces, Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA; por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG). El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 08 de diciembre del 2022, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 09 de septiembre del 2021, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por el señor JUAN JOSÉ SÁNCHEZ SÁNCHEZ, contra del ESTADO DE HONDURAS por medio de su representante legal el señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA. SEGUNDO: ABSOLVER al ESTADO DE HONDURAS por medio de su representante legal el señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, de toda responsabilidad en el presente juicio en cuanto al pago reajuste de salario, ampliado al décimo tercer, décimo cuarto, y vacaciones de manera retroactiva a los dos últimos años de la presentación de la demanda de conformidad con la ley del salario mínimo, pago de horas extras, pago de daños y perjuicios de conformidad a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Salario Mínimo.- TERCERO: SIN COSTAS porque en materia de Derecho del Trabajo impera el Principio del Gratuidad y es aplicable la supletoriedad cuando no se alteran los Principios del Derecho del Trabajo”. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inicio su relación laboral para el demandado, el 01 de enero del 2006, desempeñándose en el puesto de Inspector de Pesca, devengaba un salario mensual de L. 8,489.28; y que el salario que mensualmente devengaba era inferior al salario mínimo legal, que le asistía constitucionalmente, violentando la demandada el artículo 39 de la Ley del Salario Mínimo que establece: "Todo trabajador al que le sean aplicables salarios mínimos y reciba salarios inferiores a los salarios mínimo a que tiene derecho podrá recuperar las sumas que se le adeuden por la vía judicial....- El trabajador podrá cobrar en concepto de daños y perjuicios, además de lo que se le adeuda una suma igual"; correspondiéndole además la aplicación de dicho reajuste a los derechos del decimotercero, decimocuarto mes y vacaciones; los que deben ser cancelados de manera retroactiva dos años atrás a la fecha del reclamo administrativo ante la autoridad competente. argumentó que siendo el Estado de Honduras el llamado constitucionalmente a tutelar los derechos de los trabajadores, sea este el que violenta los mismos en el caso que nos ocupa, pues ningún patrono podrá pagar salarios inferiores a los que se fijen de acuerdo a la Ley del Salario Mínimo, ni podrán ser disminuidos mediante contratación individual o colectiva u otro pacto cualquiera; pues esta ley prevalece por sobre todas las disposiciones legales que se le opusieren, salvo el caso de las leyes que establezcan mayores beneficios para los trabajadores, además que nadie puede estar por encima de la ley y mucho menos el Estado de Honduras que es el obligado Constitucionalmente a tutelar los derechos de los trabajadores, por lo que deberá aplicarse en el caso que nos ocupa lo establecido en los artículo 39, 43 y 44 de dicha Ley. Por lo que no existe argumento válido que justifique al demandado la violación a las normas mínimas de empleo; la violación al pago del salario mínimo establecido debe ser considerado un acto que refleja la mala fe contractual con la que actúan los funcionarios que representan a la Secretaria de Estado demandada; es por ese motivo y en especial por tratarse del Estado de Honduras, que debe condenarse el pago de costas a favor del demandante, ya que de no hacerlo este juzgado permitirá que esta conducta se siga propagando y manteniendo vigente en las relaciones laborales. Tampoco sería justo, que el demandante asumiera un pago en concepto de honorarios profesionales por culpa del incumplimiento patronal, pues de haber cumplido con la norma mínima, este proceso no existiría. Asimismo, con el ánimo de buscar una solución en cuanto al pago del reajuste al salario mínimo que le correspondía, presentó reclamo administrativo ante la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, y se dio por agotado el mismo, por no haber efectuado ningún arreglo conciliatorio la parte patronal. 2.- La parte demandada, EL ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda rechazando todos los hechos de la demanda; alegando en su defensa que el demandante, fue nombrado mediante Resoluciones Ministeriales, conforme a la normativa de las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República, que establece que el salario para los jornales es por día o por hora, dichas contrataciones son temporales, por periodos determinados con fecha de inicio y de finalización, habiendo pactado las partes de manera libre y espontánea la fijación del salario de acuerdo con la Ley del Trabajo Vigente y las Disposiciones Constitucionales aplicables, que establecen que a trabajo igual corresponde salario igual sin discriminación alguna. En tal sentido, el salario no fue convenido con sometimiento al cumplimiento de condición alguna, que obligara con posterioridad al empleador a enmarcarla a un status laboral de disposiciones adoptadas con anterioridad a la formalización de la relación de trabajo, ni a reconocer derechos que únicamente ostentan los empleados permanentes de la Institución, como procura el demandante hacerlo ver al examinador del proceso a efecto que se le otorgaran de forma insustancial beneficios que no le correspondían, ya que en ningún momento le fue pactado en el momento de la contratación, pues como se puede observar el mismo demandante aceptó el hecho de ser empleado por jornal o planilla, mediante el cual los empleados desarrollaban su trabajo de una manera temporal, bajo una modalidad de pago, mediante resoluciones aprobadas para determinado año fiscal, de lo cual el demandante tenía pleno y absoluto conocimiento, quien en todo momento aceptó y consintió la modalidad bajo la cual estaba regida su relación contractual. Arguyó además que el demandante en su improcedente demanda solicitó un derecho subjetivo e ilusorio que no le correspondía como el reconocimiento y pago al reajuste del salario mínimo legal ampliado al decimotercer, decimocuarto mes y vacaciones de manera retroactiva, lo que es totalmente desacertado, en virtud que el reajuste al salario mínimo, calculado por la Secretaría de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social, no era aplicable al personal contratado bajo la modalidad de jornal o planilla, cuyo salario es fijado por día y por hora y no en forma de salario mensual, puesto que el pago es contra días trabajados; por otra parte el demandado siempre le canceló al demandante los honorarios convenidos conforme a la modalidad bajo la cual fue contratado, la cual ya establece el salario diario que devenga el personal contratado, bajo dicha modalidad, el cual siempre fue superior al salario mínimo legal y de conformidad a las Disposiciones del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, a través del objeto específico 12200 (jornales); asimismo arguyó que la demanda carece de fundamentación jurídica para amparar las improcedentes pretensiones del demandante, considerando que el mismo desempeñó sus funciones mediante un puesto excluido; conforme a lo que estatuye el artículo 9 numeral 14) del reglamento de la Ley de Servicio Civil que dispone: "Están excluidos del régimen del servicio civil los servidores del poder ejecutivos...14) los trabajadores del estado pagados por el sistema de planilla..."; razón por la cual al no estar su puesto incluido en el anexo desglosado de sueldos y salarios permanentes del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, ni en los manuales de clasificación de cargos, el demandado no podía conceder beneficios que no le correspondían y que no eran dignos de tutela jurídica, pues al ser la demandado un órgano centralizado del gobierno central, sus empleados permanentes se deben regir por la Ley de Servicio Civil, consecuentemente si pretende se le reconozca tales beneficios debió dar cumplimiento a lo que establece el Artículo 11 de la Ley de Servicio Civil, que literalmente dispone: "Para ingresar al Servicio Civil se requiere.... 5. Haber aprobado los exámenes de competencia o de oposición de antecedentes de conformidad con los requisitos establecidos en esta Ley"; Artículo 7 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil "El régimen del Servicio Civil regulado en la Ley y el presente reglamento, es aplicable a los servidores públicos del Poder Ejecutivo comprendidos en la carrera administrativa, cuyo ingreso al servicio se haya efectuado cumpliendo con las condiciones y requisitos previstos en el artículo once (11) de la misma", normativas estas que no fueron cumplimentadas por el demandante y que por consiguiente no se podía dejar de aplicarlo por no hacerlo así, sería actuar fuera de las normas y procedimientos legales, pues se estaría en flagrante transgresión de las leyes administrativas atinentes al caso, a ese efecto el demandado debió hacer un análisis de su caso en particular, ante la Dirección de Servicio Civil, para poder determinar la aprobación de una plaza y el respectivo presupuesto permanente para el cargo o funciones desempeñadas por la parte actora. Aseveró que el Estado de Honduras es constitucionalmente el tutelar de los derechos y obligaciones de los trabajadores y aun cuando en el caso que nos ocupa además de no ser el objeto del debate, esa apreciación no puede juzgar que se le violentaron tales derechos ya que sin examinar al juzgador de la causa el reclamo del reajuste sobre el salario mínimo, la parte actora de la demanda ya lo juzgó al manifestar que: “Todo trabajador al que le sean aplicables salarios mínimos y reciba salarios inferiores a los salarios mínimos a que tiene derecho podrá recuperar las sumas que se adeuden por la vía judicial..."; siendo estas meras apreciaciones subjetivas sin fundamento legal, puesto que se cumplió totalmente con las obligaciones derivadas de su nombramiento mediante la modalidad de jornal, realizando el pago convenido según el salario diario estipulado; pues ya en las Disposiciones Generales del Presupuesto será exclusivo para pagar personal cuyo salario se establezca por día o por hora... Este personal no se califica como permanente para ningún efecto". Señaló además que en ningún momento se infringió la ley, ni actuó de mala fe como lo manifiesta el demandante en su improcedente demanda, al contrario, en aras de la buena y sana administración obedientes a las normas legales en el caso que nos ocupa ha procedido dentro del marco de la ley, tal y como lo establece la Constitución de la República en los Artículos 321: "Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad"; en concordancia con el Artículo 364: "No podrá hacerse ningún compromiso o efectuarse pago alguno fuera de las asignaciones votadas en el presupuesto, o en contravención de las normas presupuestarias". En cuanto a la condena de pago de costas que pretendía la parte actora de la demanda, a su favor, expresó que el demandado se encuentra eximido de dicho pago, ya que la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, publicada el 23 de enero del año 2014, específicamente en el artículo 8 estipula: "El Estado o sus entidades, en juicio de cualquier naturaleza, estará exento del pago de costas, salvo que haya actuado con dolo, en cuyo caso el funcionario es responsable administrativa, civil o penalmente". Y en el caso que nos ocupa se demostró que, en ningún momento actuó con dolo, ni mala fe, por el contrario actuó en la esfera de sus atribuciones y siempre respetando los derechos del demandante, por lo que el demandado deberá ser exonerado por ese Juzgado de la condena de costas, caso contrario, estaría vulnerando la normativa del artículo precitado, referente al presente caso, pues en materia de Derecho del Trabajo impera el Principio de Gratuidad y es aplicable la supletoriedad cuando no se aplican los principios del Derechos del Trabajo. Finalmente manifestó que, en cuanto a lo manifestado por el demandante, en relación a que presentó reclamo administrativo ante la Secretaria de Estado en el Despacho del Trabajo Seguridad Social, buscando un arreglo conciliatorio; no procedía ninguna conciliación con el Estado de Honduras, por no estar facultado para aceptar obligaciones de derechos subjetivos e inexistentes, ni beneficios que no le correspondían al demandante. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 09 de septiembre del 2021, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por el señor JUAN JOSÉ SÁNCHEZ SÁNCHEZ, contra del ESTADO DE HONDURAS por medio de su representante legal el señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA. SEGUNDO: ABSOLVER al ESTADO DE HONDURAS por medio de su representante legal el señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, de toda responsabilidad en el presente juicio en cuanto al pago reajuste de salario, ampliado al décimo tercer, décimo cuarto, y vacaciones de manera retroactiva a los dos últimos años de la presentación de la demanda de conformidad con la ley del salario mínimo, pago de horas extras, pago de daños y perjuicios de conformidad a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Salario Mínimo.- TERCERO: SIN COSTAS porque en materia de Derecho del Trabajo impera el Principio del Gratuidad y es aplicable la supletoriedad cuando no se alteran los Principios del Derecho del Trabajo”. Bajo el criterio que, en la audiencia primera de trámite el representante procesal de la parte demandada hizo uso de su derecho de ofertar los medios de prueba para sustentar su pretensión aportando medio de prueba documental, y la apoderada demandante no se hizo presente a la audiencia, y se le precluyo tal derecho, audiencia de única Instancia por la naturaleza de su pretensión. Que en dicha audiencia la abogada de la parte demandada propone medio de prueba documental público consistente certificación SG-SAG-040-2021 que contiene los comprobantes de pago del salario del demandante correspondiente a los meses de Junio julio y agosto del 2021 y se refleja la cantidad de L. 12,189.30; asimismo la apoderada demandante no se hizo presente a la audiencia habiéndole realizado una espera prudencial y sin que haya justificado ante el órgano jurisdiccional su inasistencia, por lo que se le precluyo su derecho de pronunciarse en cuanto a la admisibilidad de la prueba aportada por la demandada y de ofertar sus medios de prueba para sustentar sus argumentos. Que la audiencia primera de tramite es la PIEDRA ANGULAR del proceso laboral en materia probatoria, porque en ella se proponen los medios de prueba de que se harán valer las partes para sustentar cada una de sus pretensiones, por lo que la obligación probatoria pesa sobre las partes, con el fin de demostrarle a esta Juzgadora la existencia de las afirmaciones plasmadas en el escrito de demanda y en el escrito de contestación a la demanda. Que no es un hecho en controversia la relación laboral existente entre el señor JUAN JOSÉ SÁNCHEZ SÁNCHEZ y el ESTADO DE HONDURAS por haberlo también manifestado el demandado en la contestación de la demanda y acreditado con la prueba documental público, que si bien es cierto se ha acompañado el salario que devenga actual el demandante, no es menos cierto que dicha pretensión consiste en el reajuste del salario mínimo dos años atrás de reclamo administrativo, prueba que no fue aportada al proceso, ante ello de lo expuesto haciendo un análisis armónico y exhaustivo de la prueba aportada por la apoderada demandada prueba documental, no se demostró en juicio el salario inferior al mínimo legal aducido por la parte demandante, y el apoderado demandante al no comparecer a la audiencia primera de tramite no aporto los elementos probatorios que diera lugar para acreditar su pretensión, cuando devenía hacerlo; en consecuencia por lo antes expuesto al no probarse la pretensión de la demandante (devengaba un salario inferior al mínimo legal dos años atrás del reclamo administrativo y que dicho medio probatorio no fue aportado a efecto de sustentar tal pretensión, asimismo en cuanto al pago de horas extras), al cual hace alusión la parte demandante, es de la convicción de la que juzga que por la ineficiencia probatoria que refleja esta demanda tanto de la parte actora como del demandado, debe de declararse sin lugar la demanda ordinaria laboral de reajuste de salario, ampliado al décimo tercer, décimo cuarto, y vacaciones de manera retroactiva a los dos últimos años de la presentación de la demanda de conformidad con la ley del salario mínimo, pago de horas extras, pago de daños y perjuicios de conformidad a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Salario Mínimo. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 08 de diciembre del 2022, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que, ante la no comparecencia de la parte procesal demandante a la audiencia respectiva donde debía proponer la prueba para acreditar su pretensión, no puede el que juzga suplir lo que le corresponde como sujeto del proceso, ya que al Juez le corresponde solo juzgar y ejecutar lo juzgado, no suplir a ninguna de las partes procesales por su posición de tercero imparcial, tampoco puede exigir del demandado que aporte la prueba que debe acompañar el demandante, no le corresponde en este caso probar al demandado que el demandante ganaba por debajo del salario mínimo, allegó al proceso lo que consideró necesario en su defensa, es por ello que el juzgador se vio en la imposibilidad de dar por probada la pretensión del demandante. Que revisadas las diligencias de mérito, así como la prueba aportada y la motivación de la sentencia, esta Corte es de la opinión que efectivamente no se encuentra acreditada por parte de la demandante la pretensión por la que incoa el proceso, por ausencia probatoria que no le ha permitido al Juez de primera instancia declara admisible la demanda de mérito, en consecuencia la decisión a la que ha arribado es la correcta, porque los medios de prueba son los elementos necesarios para acreditar los hechos que se alegan, en ese sentido la misma debe producirse, para que el juzgador pueda valorarla y tomar la decisión que corresponda, hacer lo contrario vulneraria el debido proceso, pues la decisión sería arbitraria, sino se encuentra sustentada en la prueba correspondiente. Que la sentencia que es objeto de Apelación reúne los requisitos tanto internos como externos para su validez por lo que es procedente su confirmatoria. 5. Mediante auto de fecha 16 de mayo del 2023, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, en su condición de representante procesal del señor JUAN JOSÉ SÁNCHEZ SÁNCHEZ, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha 11 de septiembre del 2023, compareció ante este Tribunal la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, en su condición de representante procesal del señor JUAN JOSÉ SÁNCHEZ SÁNCHEZ, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha 20 de octubre del 2023, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 10 de enero del 2024, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada MERCEDES MARÍA DUBON ORTIZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I.- Que acorde a lo dispuesto en los artículos 764, 765 y 769 del Código del Trabajo, la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, en su primer motivo de casación alega: “Acuso la sentencia impugnada violatoria de ley sustantiva nacional por falta de aplicación del artículo 2 de la Ley del Salario Mínimo, relacionado con el artículo 128 numeral 5 de la Constitución de la Republica. NORMA SUSTANTIVA VIOLADA. La norma sustantiva de orden nacional violada está contenida en el artículo 2 de la Ley de Salario Mínimo, relacionado con el articulo 128 numeral 5 de la Constitución de la Republica. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo está comprendido en el numeral primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DE LA INFRACCIÓN. El Ad quem al confirmar el fallo de primera instancia lo hace suyo, e incurre en violación del artículo 2 de la Ley de Salario Mínimo que establece: "El salario mínimo es irrenunciable, por tanto no podrán pagarse sueldos o salarios inferiores a los que se fijen de acuerdo a esta ley, ni podrán ser disminuidos mediante contratación individual o colectiva u otro pacto cualquiera", a folios 41 y 42 de la pieza principal corren agregados comprobante de pago mensual por la cantidad de L. 12,189.30 y L. 12,595.61 de los meses de junio y julio del año 2021, mismo que es inferior al salario mínimo legal para este años 2021 que era de L. 12,755.92 y siendo que la ley es de público conocimiento, no era necesario acreditar la misma, bastaba una simple comparación entre el salario que devengaba mi representado al salario mínimo legal vigente, para determinar que la demandada no le cancelaba a mi representado el salario minio legal establecido; aunado a lo anterior el Ad quem debió invertir la carga probatoria en la recurrida para que llegase a la conclusión que fue esa parte la que no demostró que efectivamente había cumplido con los pagos, precisamente por esa razón únicamente ofrece los últimos 3 meses de salario, que a pesar de estar más ajustado a la ley, seguía siendo inferior y no reajuste ni los meses de junio, julio y agosto de 2021. Si hubiese aplicado la norma señalada hubiese llegado a la inequívoca conclusión que es a la parte demandada la que le corresponde demostrar que ha cumplido con los pagos, pues es esta la que posee la información personal de los pagos de sus trabajadores. El criterio utilizado por el Ad quem radica en la aplicación de la pacta sunt servanda y no en los principios generales del derecho que por vía del artículo 18 del Código del Trabajo se encontraba obligada a aplicar. Por lo que se debe declarar con lugar la casación en este Motivo. III.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la norma que indica como violada el artículo 2 de la Ley de Salario Mínimo no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código de Trabajo, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y, b) formula alegatos de instancia inoportunas en este extraordinario recurso. IV.- Que la Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso la sentencia impugnada violatoria de ley sustantiva nacional por violación directa del artículo 2 de la Ley del Salario Mínimo. NORMA SUSTANTIVA VIOLADA. La norma sustantiva de orden nacional violada está contenida en el artículo 2 de la Ley de Salario Mínimo. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo está comprendido en el numeral primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DE LA INFRACCIÓN. El Ad quem al confirmar el fallo interpreta erróneamente el contenido del artículo 2 de la Ley del salario mínimo y le conduce al error de creer que es una norma programática, cuando la norma es de carácter sustantivo y basta la presunción que hace la parte recurrente en el escrito de demanda para que la carga dinámica de la prueba se revierta a la recurrida y sea esta la que se vea obligada a demostrar que ha cumplido con los pagos de salario mínimo. Incurre también en el grave error de creer que aceptar las condiciones de trabajo por debajo de las mínimas legales no le da el derecho a reclamar por la vía del artículo 3 del Código del Trabajo los complementos salariales que por omisión ha dejado de pagar la recurrida. Debió el Ad quem invertir la carga probatoria en la recurrida para que llegase a la conclusión que fue esa parte la que no demostró que efectivamente había cumplido con los pagos, precisamente por esa razón únicamente ofrece los últimos 3 meses de salario, que, a pesar de estar más ajustado a la ley, seguía siendo inferior y no reajuste ni los meses de junio, julio y agosto de 2021. Si hubiese interpretado correctamente la norma señalada hubiese llegado a la inequívoca conclusión que es a la parte demandada la que le corresponde demostrar que ha cumplido con los pagos, pues es esta la que posee la información personal de los pagos de sus trabajadores. El criterio utilizado por el Ad quem radica en la aplicación de la pacta sunt servanda y no en los principios generales del derecho que por vía del artículo 18 del Código del Trabajo se encontraba obligada a aplicar. Con lo anterior se formula la proposición jurídica completa y suficiente para declarar ha lugar este motivo de casación”. V.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la norma que indica como violada el artículo 2 de la Ley de Salario Mínimo no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código de Trabajo, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) cita normativa no indicada como violada en la explicación del cargo, tal es el caso de los artículos 3 y 18 del Código del Trabajo; y, c) formula alegatos de instancia inoportunas en este extraordinario recurso. VI.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, COORDINADORA. ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA, FRANCISCA VILLELA ZAVALA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete días del mes de febrero del dos mil veinticinco; certificación de la sentencia de fecha nueve de diciembre del dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL126-2023. FIRMA Y SELLO.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ.

SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.