Sentencia CL-109-22 — Registro 17988
Resumen
Demanda ordinaria laboral para que una relación de trabajo formalizada mediante simulación contractual, se considere celebrada por tiempo indefinido, según la naturaleza de la labor; que se obligue al nombramiento de los trabajadores como empleados permanentes y se reconozcan sus derechos inclusive la antigüedad
Análisis jurisprudencial
(Sin análisis jurisprudencial en la ficha)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los trece días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 15 de febrero del 2023, por el Abogado CARLOS REYNIERI AMADOR RODRÍGUEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, como recurrente; además, es parte recurrida, los señores ANA CELINA ESPINAL FUNEZ, BLANCA MARÍA GÓMEZ ESTRADA, DELMY YANETH CARRANZA REINA, GRECIA MAGDALENA ALMENDAREZ MOLINA, KEYDY SUYAPA MONTOYA BACA, LIGIA BADESSA OSORTO OSORTO, SILVIA IDAIDA DIAZ ACOSTA, ABIMELEC MARTÍNEZ CRUZ, NERY DANIELA VEGA MEJIA, representados en juicio por el Abogado FÉLIX EDGARDO HERNANDEZ SUAREZ. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para que una relación de trabajo formalizada mediante simulación contractual, se considere celebrada por tiempo indefinido, según la naturaleza de la labor; que se obligue al nombramiento de los trabajadores como empleados permanentes y se reconozcan sus derechos inclusive la antigüedad; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 16 de febrero del 2017, por el Abogado FÉLIX EDGARDO HERNANDEZ SUAREZ, en su condición de representante procesal de los señores: 1) ANA CELINA ESPINAL FUNEZ, soltera, con domicilio en el Municipio de Orocuina, Departamento de Choluteca; 2) BLANCA MARIA GÓMEZ ESTRADA, soltera, con domicilio en la ciudad de Choluteca, Departamento de Choluteca; 3) DELMY YANETH CARRANZA REINA, soltera, con domicilio en el Municipio de Namasigue, Departamento de Choluteca; 4) GRECIA MAGDALENA ALMENDAREZ MOLINA, soltera, con domicilio en el Municipio de San Lorenzo, Departamento de Valle; 5) KEYDY SUYAPA MONTOYA BACA, soltera, con domicilio en la ciudad de San Lorenzo, Departamento Valle; 6) LIGIA BADESSA OSORTO OSORTO, soltera, con domicilio en la ciudad de Choluteca, Departamento de Choluteca; 7) SILVIA IDAIDA DIAZ ACOSTA, casada, con domicilio en el Municipio de Aramesina, Departamento de Valle; 8) ABIMELEC MARTÍNEZ CRUZ, soltero, con domicilio en el Municipio de Alianza, Departamento de Valle, y 9) NERY DANIELA VEGA MEJIA, soltera, con domicilio en la ciudad de Nacaome, Departamento de Valle; todos mayores de edad, Técnicos en Laboratorio Clínico y hondureños, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio del Procurador General de la República, en ese entonces Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 30 de septiembre del 2021, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, misma que: “FALLA: I. DECLARANDO PARCIALMENTE CON LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el abogado CARLOS REYNIERI AMADOR RODRÍGUEZ, representante procesal del ESTADO DE HONDURAS. II.- REFORMA la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020) de la siguiente forma: PRIMERO: REFORMA la condena contenida en el resolutivo 2) en su literal A) de la sentencia recurrida Revocando la orden a la institución demandada de "NOMBRAR EN FORMA PERMANENTE MEDIANTE ACUERDO", el que se reforma de la siguiente forma: A) Reconocer y considerar que existió un contrato de trabajo de naturaleza indefinida entre los demandantes 1.- ANA CELINA ESPINAL FÚNEZ; 2.- BLANCA MARÍA GÓMEZ ESTRADA; 3.- DELMY YANETH CARRANZA REINA; 4- GRECIA MAGDALENA ALMENDAREZ MOLINA; 5.- KEYDY SUYAPA MONTOYA BACA; 6.- LIGIA BADESSA OSORTO OSORTO; 7.- SILVIA IDAIDA DÍAZ ACOSTA; 8.- ABIMELEC MARTÍNEZ CRUZ; y, 9.- NERY DANIELA VEGA MEJÍA con el Estado de Honduras en la Secretaria de Salud; SEGUNDO: REFORMAR la condena contenida en el resolutivo 2) en su literal B) únicamente en relación a la fecha desde la que se deberá reconocer la antigüedad a las demandantes BLACA MARIA GÓMEZ ESTRADA y LIGIA BADESSA OSORTO OSORTO, antigüedad que se leerá así: BLACA MARIA GOMEZ ESTRADA a partir del 1 de marzo del año 2013; y, LIGIA BADESSA OSORTO OSORTO a partir del 12 de febrero del año 2011. TERCERO: REFORMAR la condena contenida en el resolutivo 2) en su literal C), agregando a dicho resolutivo lo siguiente: El reconocimiento en forma retroactiva de los derechos se deberá entender que es de dos años antes de la presentación del reclamo administrativo; además, en relación con la demandante GRECIA MAGDALENA ALMENDAREZ MOLINA estos derechos se contarán hasta la fecha en que dejó de laborar en diciembre de 2016; y, en el caso de LIGIA BADESSA OSORTO OSORTO los derechos deberán contarse hasta el día en que se le reconoció su permanencia el 1 de noviembre de 2018. CUARTO: CONFIRMANDO todas las demás partes de la sentencia recurrida. SIN COSTAS”. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- Las partes demandantes expresaron en el escrito de su acción que iniciaron a laborar para la Secretaria de Salud Pública mediante simulación contractual denominada Contrato de Servicios Profesionales y Técnicos, así: Ana Celina Espinal Funez, en el Centro de Salud Médico CESAMO "Licenciado Manuel Sabino López" Municipio de Orocuina, departamento de Choluteca, perteneciente a la Región Departamental Número 6, que corresponde al Departamento de Choluteca, a partir del 01 de agosto del 2011, devengando un salario mensual de L.5,800.00, y que durante el año 2012 no le pagaron, ni el goce y disfrute de sus vacaciones, decimotercer mes y decimocuarto mes, y que durante el año 2013, quedaron pendientes de pago los meses de enero y diciembre; y durante el año 2014 quedaron pendientes de pago los meses de enero y febrero; durante el año 2015 quedaron pendientes de pago los meses de enero y agosto; y en el año 2016 quedó pendiente de pago el mes de enero; Blanca Maria Gómez Estrada, en el Hospital General del sur, departamento de Choluteca, perteneciente a la Región Departamental Número 6, que corresponde al Departamento de Choluteca, a partir del 01 de marzo del 2013, devengando un salario mensual de L.6,300.00; Delmy Yaneth Carranza Reina, en el Hospital General del Sur, departamento de Choluteca, perteneciente a la Región Departamental Número 6, que corresponde al Departamento de Choluteca, partir del 02 de febrero del 2010, devengando un salario mensual de L.5,886.00; manifestando que durante el año 2011 no le pagaron el mes de diciembre, decimotercer y decimocuarto mes de salario; durante el año 2012, quedó pendiente de pago el mes de diciembre, decimotercer y decimocuarto mes de salario; en el año 2013, quedó pendiente de pago los meses de enero y diciembre; en el año 2014, quedó pendiente de pago los meses de enero y febrero; en el año 2015, quedó pendiente de pago los meses de enero y agosto; y durante el año 2016 quedó pendiente de pago el mes de enero; Grecia Magdalena Almendarez Molina; en el centro de salud medico CESAMO Municipio de Monjarás, departamento de Choluteca; y continuó laborando como encargada de Laboratorio de Leishmaniasis y Chagas en el Laboratorio Departamental de Choluteca, a partir del 01 de abril de 2013, devengando un salario mensual de L.5,800.00; y que durante el año 2013 no le pagaron ningún mes de salario, ni los derechos como vacaciones, decimotercer y decimocuarto mes de salario, derechos que no le fueron cancelados en los años siguientes; pero en los años 2014, 2015, y 2016 le fueron pagados todos sus derechos; Keydy Suyapa Μοntoya Baca, en el Centro de Salud Médico CESAMO del Municipio de San Lorenzo, departamento de Valle; perteneciente a la Región Departamental Número 17, que corresponde al Departamento de Valle, a partir del 15 de julio del 2011, devengaba un salario inicial de L.6,900.00,; manifestó que durante el año 2012 no le pagaron decimotercer y decimocuarto mes de salario, goce y pago de vacaciones; y durante el año 2013 y 2014, así como 2015 y 2016 tampoco le pagaron el goce de sus vacaciones; Ligia Badessa Osorto Osorto, en el Centro de Salud Médico CESAMO "Licenciado Manuel Sabino López" Municipio de Orocuina, departamento de Choluteca, perteneciente a la Región Departamental Número 6, que corresponde al Departamento de Choluteca, a partir del 12 de febrero del 2011, devengando un salario mensual de L.5,800.00; manifestó que durante el año 2011no le pagaron el mes de diciembre, en el 2012 quedó pendiente de pago el decimotercer y decimocuarto mes de salario, mes de diciembre, goce y pago de vacaciones; durante el año 2013, quedó pendiente de pago los meses de enero y diciembre, en el año 2014 quedó pendiente de pago los meses de enero y febrero; en el año 2015, quedó pendiente de pago los meses de enero y agosto y durante el año 2016, quedó pendiente de pago el mes de enero; Silvia Idaida Díaz Acosta, en el Centro de Salud Médico CESAMO del Municipio de Aramecina, departamento de Valle, perteneciente a la Región Departamental Número 17, que corresponde al Departamento de Valle; a partir del 02 de mayo de 2012, devengaba un asalario inicial de L.5,916.00; expresó que durante los años 2013, 2014, 2015 y 2016, no le pagaron el mes de enero de esos años, ni el pago y goce de vacaciones; Abimelec Martínez Cruz, en el Centro de Salud Médico CESAMO Municipio de Alianza, departamento de Valle, perteneciente a la Región Departamental Número 17, que corresponde al Departamento de Valle; a partir del 02 de mayo de 2012; devengando un salió mensual de L.5,800.00; y que durante el año 2012, quedó pendiente de pago los meses de enero, febrero, marzo y abril, así como el goce y pago de vacaciones; durante el año 2013, quedó pendiente de pago los meses de enero y febrero, y goce y pago de vacaciones; y durante los años 2014, 2015 y 2016 quedaron pendientes de pago el mes de enero de esos años y el goce y pago de vacaciones; y Nery Daniela Vega Меjía, en el Centro de Salud Médico CESAMO Municipio de Nacaome, departamento de Valle, perteneciente a la Región Departamental Número 17, que corresponde al Departamento de Valle; a partir del 20 de julio de 2012, devengaba un salario de L. 6,900.00; y que durante el año 2010 quedó pendiente el goce y pago de vacaciones, durante los años 2011, 2012, 2013,, 2014, 2015 y 2016 quedaron pendientes de pago el sueldo mensual del mes de enero; goce y pago de vacaciones; excepto en el año 2016 donde se le otorgaron 12 días hábiles sin remuneración, además, en el año 2015 no le pagaron el décimo cuarto mes de salario; que todos los demandantes laboraban como técnicos en laboratorio clínico y que su último salario mensual que devengaban era de L. 7,300.00; asimismo manifestaron que laboraron con la Secretaria de Salud pública de manera ininterrumpida, ejecutando de manera continua las funciones contenidas en la cláusula segunda del contrato, en su respectivo centro de atención de salud, según lo ordenado en el contrato de servicios profesionales y técnicos, suscrito entre las partes; y que en dicho contrato se les asignó siete funciones relativas al área de la salud, constituyendo la salud un derecho humano protegido en el artículo 145 de la Constitución de la Republica, en consecuencia debe considerarse que por la naturaleza de la labor, esos contratos simulados se consideran celebrados por tiempo indefinido, como lo dispone el Artículo 47 del Código de Trabajo. Por otra parte, la contratación indefinida de los trabajadores, demandantes con el propósito de excluirlos de los beneficios que gozan los empleados permanentes de la Secretaria de Salud a sabiendas que sus actividades, por su naturaleza son permanentes o continuas; violentando el convenio 111 suscrito por el Estado de Honduras con la Organización Internacional del Trabajo OIT, relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación. Asimismo, argumentaron que al no seguir el demandado los criterios de la sala laboral para la contratación de personal bajo la modalidad de Contratos de Servicios Profesionales o Técnicos, dichos contratos se considerarían como una simulación de contratos, y que según la Sala Laboral ha indicado que la suscripción de contratos de trabajo continuos da lugar a que los demandantes sean considerados como empleados permanentes de acuerdo a lo establecido en el artículo 47 del Código del Trabajo. 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda, rechazando las pretensiones de los demandantes; señalando que los demandantes prestaron sus servicios bajo la figura de Contratos de Servicios Profesionales y Técnicos por periodo limitado y determinado, sujetos al derecho administrativo y regulados por el Reglamento de Personal de la Secretaría de Salud; por lo que la presente acción debió de presentarse ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por ser el competente para dilucidar la causa conforme al artículo 3 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; pero rechazó las fechas de inicio de labores, los salarios devengados, los puestos que desempeñaron y los supuestos pagos que se les adeudan, y que serán los demandantes quienes deberán probarlos en el momento procesal oportuno; y que el demandado únicamente dio cumplimiento a los Contratos de Servicios suscrito con los demandantes y así como era del conocimiento de los demandantes los servicios que prestarían, así también era del conocimiento de los mismos la modalidad bajo la cual estaban siendo contratados, quienes al momento de la firma de los contratos no se opusieron por el contrario en base a unos de los requisitos del contrato consintieron y aceptaron, cada una de las cláusulas por las cuales se regirían dichos contratos, y no pueden calificarlo como "contratos simulados", porque entonces estarían afirmando que el demandado no tenía la facultad de suscribir ese tipo de contratos, por lo que se estaría frente a contratos sin validez jurídica y en su defecto los contratos que firmaron los demandantes, no tienen existencia ni objeto su reclamo; asimismo rechazó la aplicación del artículo 47 del Código del Trabajo, pues los contratos suscritos fueron transitorios y temporales y no se podía aplicar irresponsablemente la normativa laboral de ese artículo ni considerarse por tiempo indefinido, pues la figura del "Contrato" involucra dos partes que se someten a las obligaciones y derechos plasmados en el mismo y no pueden prevalecer derechos subjetivos por muy convenientes que sean a una parte, ni tampoco cambiarse los términos del contrato, argumentando esta normativa del artículo 47 del citado Código del Trabajo, pues desnaturalizaría el objeto del contrato; en ese orden de ideas fundamentar sus pretensiones para exigir un derecho subjetivo de reconocimiento de tiempo indefinido por la suscripción de varios contratos, por ser beneficioso a los intereses particulares del trabajador, induciría que la otra parte quedara en desventaja porque se sujetaría a la rigidez de la normativa del artículo 47 Código del Trabajo, en menoscabo del artículo 60 de la Constitución de la República "todos somos iguales ante la Ley"; pues la actividad temporal es porque no existe la plaza para un nombramiento permanente; aseveró que en ningún momento el demandado violentó la normativa del artículo 145 de la Constitución de la República, ni mucho menos el Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación, normativas que no se objetan ya que son de orden público y su aplicaciones generalizada, no obstante los demandantes por pretender un derecho subjetivo que no les corresponde y carecer de soporte jurídico que sustente sus argumentos para exigir los supuestos derechos que reclaman, hacen uso del texto legal tanto de los artículos del Código del Trabajo, Constitución de la República y Convenio de la OIT, que determinan los principios generales del derecho al trabajo, pero que en ningún momento dan validez jurídica a sus pretensiones particulares, pues en ningún momento se ejerció discriminación de ninguna índole con ninguno de los demandantes, como irresponsablemente lo manifestaron; por el contrario reiteraron que únicamente dieron cumplimiento a los contratos suscritos con los demandantes, y que la relación que existió fue bajo las disposiciones de un contrato a término sin obligación alguna para las partes conforme a lo que establece el Artículo 124-C, párrafo segundo de la "Ley Para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno", vigente desde el 23 de enero del 2014 que establece: "En caso de los empleados por contrato, los mismos deberán sujetarse al plazo ya las condiciones contractuales convenidas entre las partes"; señaló además que los demandantes desde el inicio de su contratación tenían conocimiento de la modalidad bajo la cual estaban siendo contratados, la fecha en que finalizaba su relación contractual y la instancia ante la cual deberían interponer su reclamo, sin embargo no utilizaron la vía acordada contractualmente para resolver sus diferencias, por el contrario pretendieron sorprender a ese Tribunal en su proceder y evadir las cláusulas contractuales que consintieron y acordaron en los contratos, los cuales tenían fecha de inicio y terminación, tratando de aplicar erróneamente preceptos legales a efecto de justificar un derecho subjetivo e inexistente; y que los Contratos de Servicios Profesionales y Técnicos se rigen por las disposiciones del derecho administrativo interno de la Institución y en última instancia ante la normativa establecida por la Ley de lo Contencioso Administrativo; razón por la cual rechazó la utilización de la normativa del artículo 20 del Código del Trabajo que si bien es cierto señala los elementos esenciales para considerar la existencia de una relación de trabajo, no es menos cierto que todo contrato de trabajo bajo las distintas modalidades que establece una prestación de servicios conlleva esos mismos elementos para ejercer la actividad de trabajo para lo cual fueron contratados, ya que a la anuencia de las partes para la firma de un nuevo contrato de prestación de servicios, el mismo es aplicable en aquellos casos que por su naturaleza el o los contratos sean por tiempo indefinido, que no es el caso que nos ocupa, en virtud que como reiteramos los demandantes consintieron, aceptaron y fue de su conocimiento desde su inicio la modalidad bajo la cual estaba regida su relación contractual; igualmente rechazó la normativa del artículo 47 del Código del Trabajo, ya que es aventurado afirmar que la prestación de servicios por la suscripción de varios contratos es continua e ininterrumpida, pues esos contratos son transitorios y temporales y no se puede aplicar irresponsablemente la normativa laboral de este articulo ni considerarse por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese término de duración, pues la figura del Contrato involucra dos partes que se somete a las obligaciones y derechos plasmados en el mismo y no pueden cambiarse los términos del contrato; tal como lo instituye el Artículo 1348 del Código Civil que literalmente dice: "Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos ...", en consecuencia no existe obligación en cumplir con sus pretensiones y exigencias de pago de prestaciones e indemnizaciones laborales y reconocimiento de otros supuestos derechos subjetivos que ahora procura tener el demandante, porque no le asisten tales derechos, lo que se probará en el momento procesal. Arguyó que el demandado únicamente dió cumplimiento a cada una de las cláusulas del Contrato de Servicios Profesionales y Técnicos, suscrito con los demandantes y que era del conocimiento de los mismos la modalidad bajo la cual estaban siendo contratados, la jurisdicción ante quien deberían interponer su reclamo y la Ley aplicable según la naturaleza de los contratos, los cuales se regían únicamente por las disposiciones del derecho administrativo vigente y en el goce de sus derechos se encontraban exclusivamente a lo que dispone dicha ley y a lo expresamente pactado en los contratos suscritos, quienes aceptaron las condiciones y términos, comprometiéndose al fiel cumplimiento de los mismos. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 28 de enero del 2020, dictó sentencia misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) DECLARA CON LUGAR DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE UNA RELACIÓN DE TRABAJO FORMALIZADA MEDIANTE SIMULACIÓN CONTRACTUAL, SE CONSIDERE CELEBRADA POR TIEMPO INDEFINIDO, SEGÚN LA NATURALEZA DE LA LABOR. QUE SE OBLIGUE AL NOMBRAMIENTO DE LOS TRABAJADORES COMO EMPLEADOS PERMANENTES Y SE RECONOZCAN SUS DERECHOS INCLUSIVE LA ANTIGÜEDAD. - instaurado por 1. ANA CELINA ESPINAL FUNEZ, 2. BLACA MARIA GOMEZ ESTRADA, 3. DELMY YANETH CARRANZA REINA, 4. GRECIA MAGDALENA ALMENDAREZ MOLINA, 5. KEYDY SUYAPA ΜOΝΤOYA BACA, 6. LIGIA BADESSA OSORTO OSORTO, 7. SILVIA IDAIDA DIAZ ACOSTA, 8. ABIMELEC MARTINEZ CRUZ, 9. NERY DANIELA VEGA MEJIA, Contra EL ESTADO DE HONDURAS A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD representado por la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, a través de la abogada LIDIA ESTELA CARDONA; 2) CONDENA: AL ESTADO DE HONDURAS A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD representado por la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, a través de la abogada LIDIA ESTELA CARDONA; A) NOMBRAR EN FORMA PERMANENTE MEDIANTE ACUERDO a los señores 1. ANA CELINA ESPINAL FUNEZ, 2. BLACA MARIA GÓMEZ ESTRADA, 3. DELMY YANETH CARRANZA REINA, 4. GRECIA MAGDALENA ALMENDAREZ MOLINA, 5. KEYDY SUYΑΡΑ ΜΟΝΤΟΥA BACA, 6. LIGIA BADESSA OSORTO OSORTO, 7. SILVIA IDAIDA DIAZ ACOSTA, 8. ABIMELEC MARTÍNEZ CRUZ, 9. NERY DANIELA VEGA MEJIA; B) QUE SE RECONOZCA LA ANTIGÜEDAD LABORAL DE LOS DEMANDANTES de la siguiente manera:: 1. ANA CELINA ESPINAL FUNEZ: a partir del 1 de agosto del año 2011; 2. BLACA MARIA GOMEZ ESTRADA: a partir del 18 de febrero del año 2013; 3. DELMY YANETH CARRANZA REINA: A partir del 2 de febrero del 2010; 4. GRECIA MAGDALENA ALMENDAREZ MOLINA: a partir del 1 de abril de 2013 hasta la fecha de terminación de la relación laboral; 5. KEYDY SUYAPA MONTOYA BACA: a partir 12 del 15 de julio de 2011; 6. LIGIA BADESSA OSORTO OSORTO: a partir del 02 de febrero del año 2011; 7. SILVIA IDAIDA DÍAZ ACOSTA: a partir del 2 de mayo de 2012; 8. ABIMELEC MARTÍNEZ CRUZ: a partir del 2 de mayo de 2012, y 9. NERY DANIELA VEGA MEJIA: a partir del 20 de julio de 2012, C) QUE SE RECONOZCAN A LOS DEMANDANTES TODOS LOS DERECHOS QUE GOZAN LOS EMPLEADOS PERMANENTES hasta dos años en forma retroactiva los que se relacionen con el pago de derechos adquiridos y aumentos salariales los que quedan sujetos a la inspección que se efectué en su momento procesal oportuno; 3) SIN COSTAS en esta instancia….”; bajo el criterio que, la presente litis se contrae a una demanda para el reconocimiento de una relación laboral permanente, teniendo la carga de la prueba, la parte demandada para acreditar la naturaleza temporal de la contratación; para lo cual aportó los contratos de servicios profesionales y técnicos suscritos con los demandantes, todos en el cargo de Técnicos En Laboratorio Clínico durante el año 2016, a excepción de la señora ANA CELINA ESPINAL FUNEZ; de quien se presentó un contrato con vigencia del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2014 y del 01 de julio al 31 de diciembre de 2016; con el medio de prueba documental mediante libramiento de oficio a la Secretaria de Salud, se comprobó que los demandantes laboran bajo la modalidad de contrato; a excepción de la señora GRECIA MAGDALENA ALMENDARES MOLINA quien ya no labora para dicha Secretaria y la señora LIGIA VANESSA OSORTO OSORTO; quien fue nombrada en forma permanente. Seguidamente, la parte actora probó en juicio, la continuidad laboral, acreditando que los demandantes laboraron de forma continua e ininterrumpida por más de un año tal como se dejó establecido anteriormente, ejerciendo la misma labor como Técnicos de Laboratorio Clínico; en los centros asignados por la Secretaria de Salud, respectivamente; de los cuales aún siguen laborando bajo la misma modalidad; salvo las excepciones citadas con respecto a las señoras GRECIA MAGDALENA ALMENDARES MOLINA Y LIGIA VANESSA OSORTO; seguidamente con los contratos de servicios profesionales y técnicos se probó la existencia de los elementos esenciales para que existe contrato de trabajo en donde concurre la actividad personal, el sometimiento a órdenes expresas del patrono o jefe inmediato, en cuanto a la forma de realización del trabajo, cumplimiento de un y finalmente se probó el pago de un salario como contraprestación, la parte actora acredito que el puesto de Técnico de Laboratorio Clínico es de naturaleza permanente en la institución demandada, pues se relaciona directamente con el rubro de la actividad de los centros hospitalarios donde laboran los demandantes. Que la parte demandada no pudo probar la naturaleza temporal del contrato; contrario sensu se probó en juicio que los demandantes efectúan labores de índole permanente y bajo la dependencia de un patrono; existiendo en la modalidad de contratación efectuada a los mismos un fraude laboral, por tratarse verdaderos contratos de trabajo que debieron suscribirse de manera permanente desde el inicio de la relación laboral; por lo anterior y que si bien es cierto en materia contractual rige el Principio de PACTA SUNT SERVANDA: que establece que las cláusulas de los contratos deben de cumplirse de buena fe entre las partes, tal como lo alega la demandada en la contestación de la demanda, no es menos cierto que en el caso de los Contratos de Trabajo, por ser un contrato de regulación especial, por la desventaja que lleva consigo el trabajador por la relación de subordinación, se presume que todos los Contratos de Trabajo deben tener incluidos expresa o tácitamente los contenidos mínimos de protección a los derechos de los Trabajadores establecidos en las normas laborales so pena de Nulidad, al tenor de lo establecido en la Constitución de la Republica y Código de Trabajo vigente que expresa; son nulos ipso jure todos los actos y estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la constitución, el Código del Trabajo, sus Reglamentos o las demás Leyes de Trabajo y Previsión Social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato de trabajo u otro pacto cualquiera. Y que en atención al artículo precitado se tendrá la cláusula del vencimiento o del término de finalización; como nula, por existir violación al derecho de estabilidad laboral tal como lo establece el artículo 129 de la Constitución de la República, que reza: "La Ley garantiza la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones y las justas causas de separación" entendiéndose como estabilidad como el derecho que tiene el trabajador de permanecer en su empleo durante su vida laboral, siempre y cuando no sobrevengan las circunstancias que al tenor de lo establecido en nuestra normativa laboral se consideren Justas Causas de terminación de la Relación laboral, por lo que es procedente declarar CON LUGAR, la demanda de mérito en cuanto al reconocimiento de relación laboral permanente a favor de los demandantes debiendo conservar su antigüedad según los hechos probados en juicio y demás derechos que han sido reconocidos a los empleados permanentes, hasta dos años en forma retroactiva los que se relacionen con el pago de derechos adquiridos y aumentos salariales los que quedan sujetos a la inspección que se efectué en su momento procesal oportuno. Que la parte actora en el acápite hechos y omisiones de la demanda establece que se adeudan a los demandantes, salarios pendientes goce de vacaciones y derechos adquiridos respectivamente, sin embargo no presentó ningún medio de prueba tendiente a acreditar dichos extremos; a su vez existe un mal planteamiento en cuanto a la solicitud de tales conceptos pues no se incluyeron ni en la suma de la demanda, cuantía de la demanda o bien el acápite lo que se demanda, quedando únicamente como un mero alegato; por lo que existe una imposibilidad para esta juzgadora para pronunciarse sobre los mismos le asisten a los demandantes. Que siendo que en la presente litis existieron motivos racionales para litigar, este Tribunal es de la opinión que debe declararse SIN LUGAR la solicitud de COSTAS. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 30 de septiembre del 2021, dictó sentencia misma que: “FALLA: I. DECLARANDO PARCIALMENTE CON LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el abogado CARLOS REYNIERI AMADOR RODRÍGUEZ, representante procesal del ESTADO DE HONDURAS. II.- REFORMA la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán fecha veintiocho (28) de enero del año dos mil veinte (2020) de la siguiente forma: PRIMERO: REFORMA la condena contenida en el resolutivo 2) en su literal A) de la sentencia recurrida Revocando la orden a la institución demandada de "NOMBRAR EN FORMA PERMANENTE MEDIANTE ACUERDO", el que se reforma de la siguiente forma: A) Reconocer y considerar que existió un contrato de trabajo de naturaleza indefinida entre los demandantes 1.- ANA CELINA ESPINAL FÚNEZ; 2.- BLANCA MARÍA GÓMEZ ESTRADA; 3.- DELMY YANETH CARRANZA REINA; 4- GRECIA MAGDALENA ALMENDAREZ MOLINA; 5.- KEYDY SUYAPA MONTOYA BACA; 6.- LIGIA BADESSA OSORTO OSORTO; 7.- SILVIA IDAIDA DÍAZ ACOSTA; 8.- ABIMELEC MARTÍNEZ CRUZ; y, 9.- NERY DANIELA VEGA MEJÍA con el Estado de Honduras en la Secretaria de Salud; SEGUNDO: REFORMAR la condena contenida en el resolutivo 2) en su literal B) únicamente en relación a la fecha desde la que se deberá reconocer la antigüedad a las demandantes BLACA MARIA GÓMEZ ESTRADA y LIGIA BADESSA OSORTO OSORTO, antigüedad que se leerá así: BLACA MARIA GOMEZ ESTRADA a partir del 1 de marzo del año 2013; y, LIGIA BADESSA OSORTO OSORTO a partir del 12 de febrero del año 2011. TERCERO: REFORMAR la condena contenida en el resolutivo 2) en su literal C), agregando a dicho resolutivo lo siguiente: El reconocimiento en forma retroactiva de los derechos se deberá entender que es de dos años antes de la presentación del reclamo administrativo; además, en relación con la demandante GRECIA MAGDALENA ALMENDAREZ MOLINA estos derechos se contarán hasta la fecha en que dejó de laborar en diciembre de 2016; y, en el caso de LIGIA BADESSA OSORTO OSORTO los derechos deberán contarse hasta el día en que se le reconoció su permanencia el 1 de noviembre de 2018. CUARTO: CONFIRMANDO todas las demás partes de la sentencia recurrida. SIN COSTAS”. Bajo el criterio que, se acreditó a través de la prueba documental mediante informe que la sucesión continua de contratos para la realización de las mismas labores, es claro que no encontramos frente a un contrato de trabajo por tiempo indefinido ya que los artículos 47 y 52 del Código del trabajo reconocen esa categoría a los trabajadores que realizan ese tipo de actividades continuas y permanentes, así como a los que han suscrito más de un contrato entre las mismas partes y para la misma clase de actividad antes de que transcurría un año. En consecuencia, se concluye la existencia de los 3 elementos del contrato de trabajo de prestación personal del servicio, continua subordinación y pago de una remuneración por los servicios. Y siendo que el artículo 20 del Código del Trabajo establece que una vez reunidos los tres (3) elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen, existencia de una relación de naturaleza laboral regida por el Código del Trabajo. Sin embargo, a través del medio de prueba Documental por Oficio, se acreditó que la demandante GRECIA MAGDALENA ALMENDAREZ MOLINA laboró hasta diciembre de 2016, por lo que no puede reconocérsele los derechos reclamados en la demanda después de esa fecha; de igual forma a la demandante LIGIA VANESSA OSORTO en virtud del Acuerdo No. 4142-2018 efectivo a partir del 1 de noviembre de 2018, el Estado de Honduras le reconoció su permanencia y equiparó sus derechos a los demás trabajadores permanentes de dicha institución, por lo que tampoco se le pueden reconocer derechos más allá de la fecha del citado Acuerdo de Nombramiento. Que la relación de trabajo en el derecho laboral se rige por un contrato de trabajo, el que existe al reunirse los 3 elementos esenciales del mismo señalados en el artículo 20 del Código del Trabajo. La figura del "Acuerdo de Nombramiento" es propia del Derecho Administrativo, pues el artículo 116 de la Ley General de la Administración Pública señala que los actos de la Administración Pública toman la forma de decretos, acuerdos, resoluciones o providencias; y, el artículo 118 de la misma ley señala que se emitirán por Acuerdo las decisiones de carácter particular que se tomaren fuera de los procedimientos en los que los particulares intervengan como parte interesada. Así en la Administración Pública Central, donde rige la Ley de Servicio Civil, la contratación está sujeta al Derecho Administrativo y la relación de servicio inicia con la emisión de un Acuerdo de Nombramiento; pero, en la Administración Pública Descentralizada, la relación de trabajo se rige por el Código del Trabajo, donde existe un contrato de trabajo, no un acuerdo de nombramiento. La práctica de la Administración Pública Descentralizada de emitir acuerdos de nombramiento para los trabajadores con contratos de trabajo por tiempo indefinido y señalar que los empleados "por contrato" son temporales, no puede entenderse sino como una práctica ilegal, pues el Código del Trabajo lo que regula en su artículo 46 son los contratos de trabajo por tiempo indefinido, los contratos de trabajo por tiempo limitado y los contratos de trabajo para obra o servicios determinados. Razón por la cual procede reformar la sentencia recurrida, revocando la condena que ordena emitir un "acuerdo de nombramiento" a favor de los demandantes, figura que es propia del derecho administrativo, no del derecho laboral; de igual forma reformar lo relativo a los derechos de las demandantes GRECIA MAGDALENA ALMENDAREZ MOLINA y LIGIA VANESSA OSORTO, limitándolos a las fechas hasta las que laboró la primera y fue nombrada como permanente la segunda, confirmando todas las demás partes de la sentencia venida en apelación. 5.- Mediante auto de fecha 23 de febrero del 2022, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado CARLOS REYNIERI AMADOR RODRÍGUEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 15 de febrero del 2023, compareció ante este Tribunal el Abogado CARLOS REYNIERI AMADOR RODRÍGUEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 20 de octubre del 2023, se tuvo por precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte del Abogado FÉLIX EDGARDO HERNANDEZ SUAREZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Que la finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código del Trabajo, no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el País, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice. II.- Que el Abogado CARLOS REYNIERI AMADOR RODRÍGUEZ, en su primer y único motivo de casación alega: “ Infracción de los articulo 46 literal b) del Código del Trabajo, en relación con los artículos 1348 del Código Civil; 3 inciso 1) de la Ley de Servicio Civil; articulo 1 y 3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, articulo 9 numeral 11, 200, 201, 202 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil; por error de hecho en la falta de apreciación y valoración de los medios de prueba Documentales presentados en juicio, que sin duda alguna si se hubiere apreciado y valorado la prueba otro hubiere sido el resultado de la decisión judicial. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 numeral uno párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DE ESTE MOTIVO. Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional por infracción directa del articulo 46 literal b) del Código Laboral que establece: "El Contrato Individual de trabajo puede ser: a)....b) Por tiempo limitado, cuando se especifica fecha para su terminación o cuando se ha previsto su acaecimiento...; por otro lado nuestro Código Civil en su artículo 1348 prescribe: "Las Obligaciones que nacen de los Contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos", a tal efecto en el presente caso, el Juzgador no aprecio ni valoró los Medios de Prueba Documentales que consistentes en Contratos de Servicios Profesionales y Técnicos suscritos entre El Estado de Honduras a través de la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud, mediante los cuales quedó plenamente demostrado, que los demandantes únicamente sostuvieron con mi representado el Estado de Honduras, una relación de prestación de servicio temporal por tiempo determinado bajo Contratos de Servicios Profesionales y/o Técnicos, tal y como quedo también demostrado en juicio con la prueba libramiento de oficio a la Subgerencia de Recursos Humanos de la Secretaria de Salud y a la Dirección General de Servicio Civil. Señores Magistrados después del análisis en conjunto de todo el diligenciamiento llevado a cabo en el presente juicio, confirmamos que a los hoy demandados no les asiste el derecho de sus pretensiones, tal y como se ha demostrado con la documentación aportada y que corre agregado en el expediente de mérito; por todo lo anteriormente expuesto rechazamos la pretensión de la parte demandante en virtud de estar plenamente comprobado en el juicio, que dichas pretensiones no son conforme a derecho por tanto al dejar sin valor ni efecto lo pactado de común acuerdo con mi representada a través de los órganos jurisdiccionales de concretarse crearía inseguridad jurídica, ya que la figura del contrato perdería la presunción de buena fe y de la obligación a lo expresamente pactado y las consecuencias que de dicho pacto se derivaron, creando incertidumbre y dudas violentando la Ley específicamente el código del trabajo en su artículo 26. Por todo lo anteriormente expuesto, solicito, CASAR la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de este Departamento, en fecha 30 de septiembre de 2021, sentencia que confirma en forma parcial la sentencia de Primera Instancia de fecha 28 de enero del año 2020 de la Demanda Ordinaria Laboral antes relacionada por no estar ajustada a derecho”. III.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la norma que indica como violada el articulo 46 literal b) del Código del Trabajo no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por el Recurrente; c) la prueba singularizada si fue apreciada en el fallo impugnado, resultando que se le dio una valoración o alcance diferente al que pretende el Impetrante, por lo que es impropio el ataque al mismo por falta de apreciación; y, d) formula alegatos propios de instancia. IV. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, quien firma por el Magistrado Coordinador ROY PINEDA CASTRO, conforme al artículo 8 del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de agosto del dos mil veinticuatro; certificación de la sentencia de fecha trece de febrero del dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL109-2022. FIRMA Y SELLO.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ.
SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.