Sentencia CL-104-23 — Registro 18997
Resumen
Segunda instancia confirmó sin lugar la demanda ordinaria laboral para que mediante sentencia definitiva de deje sin valor ni efecto la notificación escrita de suspensión de laborales a trabajadores, en virtud de que la misma está viciada de nulidad y no ajustarse a lo preceptuado en los artículos 100, 101 y 102 del Código del Trabajo, en consecuencia se restituya de inmediato y sin ulterior recurso a los demandantes en sus puestos de trabajo, más se condene al pago de los salarios dejados de percibir desde el momento de la suspensión de labores hasta la fecha de su restitución
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la norma que indica como violada el artículo 101 del Código de Trabajo no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) en la formulación del cargo expone que la violación indirecta se da por un error de hecho por apreciación errónea del medio de prueba documental mediante oficio, sin embargo en su desarrollo alega violación indirecta por falta de apreciación y valoración del medio probatorio, las cuales son sub modalidades del error de hecho que deber precisarse, ya que una misma prueba no puede dejarse de apreciar y ser apreciada erróneamente, lo cual es contradictorio, volviendo ineficaz su ataque; c) debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por el Recurrente; y, d) formula alegatos propios de instancia.
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la norma señalada como violada el artículo 102 del Código de Trabajo contienen distintos párrafos, con distintas situaciones jurídicas que era necesario precisar a cuál de ellas dirigía su ataque contra el fallo impugnado; b) en la formulación del cargo expone que la violación indirecta se da por un error de hecho por apreciación errónea del medio de prueba documental mediante oficio, sin embargo en su desarrollo alega violación indirecta por falta de apreciación y valoración del medio probatorio, las cuales son sub modalidades del error de hecho que deber precisarse, ya que una misma prueba no puede dejarse de apreciar y ser apreciada erróneamente, lo cual es contradictorio, volviendo ineficaz su ataque; y, c) debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por el Recurrente. "...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los nueve (09) días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024). VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 08 de septiembre del 2023, por el Abogado OSMAN NOE ACOSTA BENAVIDEZ, en su condición de representante procesal de los señores JUAN JOSÉ PONCE GÓMEZ; DULCE MILAGRO RODAS AGUILERA; BETHY ESPERANZA LICONA HERNANDEZ y otros, como recurrente; además, es parte recurrida, la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), representada en juicio por el Abogado JOSUE ARMANDO MARTÍNEZ ALVARENGA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para que mediante sentencia definitiva de deje sin valor ni efecto la notificación escrita de suspensión de laborales a trabajadores, en virtud de que la misma está viciada de nulidad y no ajustarse a lo preceptuado en los artículos 100, 101 y 102 del Código del Trabajo, en consecuencia se restituya de inmediato y sin ulterior recurso a los demandantes en sus puestos de trabajo, más se condene al pago de los salarios dejados de percibir desde el momento de la suspensión de labores hasta la fecha de su restitución, más el pago de todos los demás derechos que se deriven de la relación contractual y en atención a la violación de sus derechos fundamentales de que han sido víctimas los demandantes, costas del juicio; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 05 de diciembre del 2014, por la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, en su condición de representante procesal de los señores: 1) JUAN JOSÉ PONCE GÓMEZ, casado, Perito Mercantil y Contador Público; 2) DULCE MILAGRO RODAS AGUILERA, soltera, Técnico en Computación; 3) BETHY ESPERANZA LICONA HERNANDEZ, casada, Secretaria Comercial; 4) FRANCISCO PACHECO GUIFARRO, soltero, Vigilante; 5) ÁNGEL FRANCISCO HENRÍQUEZ ANDINO, soltero, Técnico en Telecomunicaciones; 6) CARMEN LETICIA MONCADA NUÑEZ, casada, Secretaria Comercial; 7) EVELIO AMADOR ZELAYA, casado, Motorista; 8) YENNY CAROLINA LANZA AGÜERO, casada, Licenciada en Contaduría Pública y Finanzas; 9) JOSÉ RAMON DIAZ PONCE, casado, Licenciado en Administración de Empresas; 10) MIGUEL ENRIQUE NOLASCO LÓPEZ, casado, Licenciado en Economía; 11) ABNER CRISTOBAL MARTÍNEZ CENTENO, soltero, Bachiller en Ciencias y Letras; 12) JULIA VICTORIA ORTIZ SANTOS, soltera, Aseadora; 13) ELOIDINA DE JESUS CRUZ ZAPATA, soltera, Secretaria Comercial; 14) ELDA NOHEMY SAUCEDA FLORES, casada, Técnico en Electricidad; 15) FRANCIA TATIANA REYES BESELINOFF, soltera, Licenciada en Periodismo; 16) ALAN JEOVANY HERRERA ROSALES, casado, Odontólogo; 17) MIRNA PATRICIA MONTOYA GARCÍA, soltera, Perito Mercantil y Contador Público; 18) MARY NELBY CABRERA BONILLA, soltera, Maestra de Educación Primaria; 19) DANIA CELENIA TERCERO LÓPEZ, soltera, Secretaria Ejecutiva; 20) ALBERTINA MEDINA VELÁSQUEZ, casada, Abogada; 21) GLORIA MARIA TURCIOS DISCUA, soltera, Secretaria Bilingüe; 22) JOSÉ GUADALUPE REYES RUBIO, soltero, Abogado; 23) CARLOS ROBERTO ROMERO LOBO, soltero, Ingeniero Industrial; 24) GABRIEL JOSÉ CASTRO HERNANDEZ, soltero, Técnico en Electrónica; 25) NELSIS ALBERTO PONCE BLANCO, casado, Perito Mercantil y Contador Público; 26) DAVID HASBUN VENEGAS, soltero, Técnico en Computación; 27) EMMA CRISTINA ZUNIGA AMADOR, casada, Perito Mercantil y Contador Público; 28) JAVIER ANTONIO TORRES BARAHONA, casado, Perito Mercantil y Contador Público; 29) IRMA ALEJANDRA MOYA FLORES, casada, Bachiller en Ciencias y Letras, y 30) TANIA YADIRA ZAPATA RODRÍGUEZ, soltera, Perito Mercantil y Contador Público; todos mayores de edad, hondureños y de este domicilio, contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), a través de su Gerente General el señor JESÚS ARTURO MEJÍA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 08 de noviembre del 2022, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 29 de julio del 2021, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarar SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, actuando en su condición de apoderada de los señores 1) JUAN JOSÉ PONCE GÓMEZ, 2) DULCE MILAGRO RODAS AGUILERA, 3) BETHY ESPERANZA LICONA HERNANDEZ, 4) FRANCISCO PACHECO GUIFARRO, 5) ÁNGEL FRANCISCO HENRÍQUEZ ANDINO, 6) CARMEN LETICIA MONCADA NUÑEZ, 7) EVELIO AMADOR ZELAYA, 8) YENNY CAROLINA LANZA AGÜERO, 9) JOSÉ RAMON DIAZ PONCE, 10) MIGUEL ENRIQUE NOLASCO LÓPEZ, 11) ABNER CRISTÓBAL MARTÍNEZ CENTENO, 12) JULIA VICTORIA ORTIZ SANTOS, 13) ELOIDINA DE JESUS CRUZ ΖΑΡΑΤΑ, 14) ELDA NOHEMY SAUCEDA FLORES, 15) FRANCIA TATIANA REYES BESELINOFF, 16) ALAN JEOVANY HERRERA ROSALES, 17) MIRNA PATRICIA MONTOYA GARCÍA, 18) MARY NELBY CABRERA BONILLA, 19) DANIA CELENIA TERCERO LÓPEZ, 20) ALBERTINA MEDINA VELÁSQUEZ, 21) GLORIA MARIA TURCIOS DISCUA, 22) JOSÉ GUADALUPE REYES RUBIO, 23) CARLOS ROBERTO ROMERO LOBO, 24) GABRIEL JOSÉ CASTRO HERNANDEZ, 25) NELSIS ALBERTO PONCE BLANCO, 26) DAVID HASBUN VENEGAS, 27) EMMA CRISTINA ZUNIGA AMADOR, 28) JAVIER ANTONIO TORRES BARAHONA, 29) IRMA ALEJANDRA MOYA FLORES, Y 30) TANIA YADIRA ZAPATA RODRÍGUEZ, contra la empresa HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), a través de su Gerente General señor JESUS ARTURO MEJIA ARITA. SEGUNDO: ABSUELVE a la empresa HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), a través de su Gerente General señor JESUS ARTURO MEJIA ARITA de toda responsabilidad en el presente juicio. - TERCERO: SIN COSTAS…”. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que, iniciaron la relación laborar para la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), en las siguientes fechas: 1) Juan José Ponce Gómez, el 05 de diciembre del 2006, desempeñando el puesto de Administrativo III, devengaba un salario mensual de L. 16,611.00; 2) Dulce Milagro Rodas Aguilera, el 09 de julio del 2007, desempeñándose en el puesto de Gestor de Atención al Cliente, devengaba un salario mensual de L. 15,688.00; 3) Bethy Esperanza Licona, el 01 de noviembre del 2006, desempeñándose en el puesto de Operador de Cabina, devengaba un salario mensual de L. 11,443.99; 4) Francisco Pacheco Guifarro, el 10 de marzo del 2008, desempeñándose en el puesto de Agente de Seguridad Interna, devengaba un salario mensual de L. 9,200.00; 5) Ángel Francisco Henríquez Andino, el 03 de julio del 2006, desempeñándose en el puesto de Técnico en Telecomunicaciones, devengaba un salario mensual de L. 10,700.00; 6) Carmen Leticia Moncada Nuñez, el 05 de marzo de 1996, desempeñándose en el puesto de Secretaria IV en el departamento de Créditos y Cobranzas, devengaba un salario mensual de L. 21,106.56; 7) Evelio Amador Zelaya, el 01 de noviembre del 2007, desempeñándose en el puesto de Agente de Seguridad Interna, devengaba un salario mensual de L. 11,300.00; 8) Yenny Carolina Lanza Agüero, el 01 de agosto de 1997, desempeñándose en el puesto de Auditor IV, devengaba un salario mensual de L. 29,260.00; 9) José Ramon Diaz Ponce, el 01 de agosto del 2007, desempeñándose en el puesto de Administrativo IV, devengaba un salario mensual de L. 11,500.00; 10) Miguel Enrique Nolasco López, el 11 de marzo del 2010, desempeñándose en el puesto de Asesor Gerencial, devengaba un salario mensual de L. 66,020.10; 11) Abner Cristóbal Martínez Centeno, el 16 de noviembre del 2006, desempeñándose en el puesto de Gestor de Servicio al Cliente I, devengaba un salario mensual de L. 10,700.52; 12) Julia Victoria Ortiz Santos, el 01 de diciembre del 2006 desempeñándose en el puesto de Conserje 2, devengaba un salario mensual de L. 9,848.99; 13) Eloidina de Jesús Cruz Zapata, el 14 de noviembre del 2006, desempeñándose en el puesto de Secretaria IV, devengaba un salario mensual de L. 25,000.00; 14) Elda Nohemy Sauceda Flores, el 2 de febrero de 1987, desempeñándose en el puesto de Técnico en Telecomunicación I, devengaba un salario mensual de L. 33,600.00; 15) Francia Tatiana Reyes Beselinoff, el 04 de enero del 2010, desempeñándose en el puesto de Oficial de Relaciones III, devengaba un salario mensual de L. 16,600.00; 16) Alan Jeovany Herrera Rosales, el 01 de agosto de 1994, desempeñándose en el puesto de Operador de Telecomunicaciones IV, devengaba un salario mensual de L. 21,168.35; 17) Mirna Patricia Montoya García, el 16 de agosto de 1984, desempeñándose el puesto Administrativo III, devengaba un salario mensual de L. 28,640.00; 18) Mary Nelby Cabrera Bonilla, el 15 de marzo de 1988, desempeñándose el puesto Administrativo III, devengaba un salario mensual de L. 28,900.00; 19) Dania Celenia Tercero López, el 12 de mayo del 2010, desempeñándose en el puesto de Gestor de Atención al Cliente, devengaba un salario mensual de L. 12,000.00; 20) Albertina Medina Velásquez, el 16 de noviembre del año 2006, desempeñándose en el puesto de Asesor Legal I, devengaba un salario mensual de L. 18,809.76; 21) Gloria Maria Turcios Discua, el 03 de julio del 2006, desempeñándose en el puesto Administrativo IV, devengaba un salario mensual de L. 23,311.00; 22) José Guadalupe Reyes Rubio, el 16 de Noviembre del año 2006, desempeñándose en el puesto de Auxiliar Técnico Administrativo II, devengando un salario mensual de L. 18,809.00; 23) Carlos Roberto Romero Lobo, el 11 de enero del 2011, desempeñándose en el puesto de Ingeniero I, devengaba un salario mensual de L. 18,000.00; 24) Gabriel José Castro Hernandez, el 12 de julio del 2004, desempeñándose en el puesto de Técnico en Telecomunicaciones II, devengaba un salario mensual de L. 13,400.00; 25) Nelsis Alberto Ponce Blanco, el 04 de mayo del 2010, desempeñándose en el puesto de Jefe del departamento de Proveeduría, devengaba un salario mensual de L. 36,000.00; 26) David Hasbun Venegas, el 11 de agosto del 2009, desempeñándose en el puesto de Técnico en Comunicaciones I, devengaba un salario mensual de L. 11,700.00; 27) Emma Cristina Zuniga Amador, el 10 de octubre del 2010, desempeñándose en el puesto de Contador II, devengaba un salario mensual de L. 11,600.00; 28) Javier Antonio Torres Barahona, el 10 de julio del 2006, desempeñándose en el puesto de Guarda Almacén III, devengaba un salario mensual de L. 13,698.00; 29) Irma Alejandra Moya Flores, el 22 de septiembre del 2010, desempeñándose en el puesto de Gestor de Atención al cliente I, devengaba un salario mensual de L. 9,000.00; 30) Tania Yadira Zapata Rodríguez, el 23 de mayo de 1995, desempeñándose en el puesto de Administrativo III, devengaba salario mensual de L. 23,311.29. Manifestaron que el 07 de octubre del 2014, fueron suspendidos sorpresiva e intempestivamente de sus puestos de trabajo mediante nota escrita y por el termino de 120 días, siendo efectiva dicha suspensión a partir del 08 de octubre del 2014, y que dicha medida se hizo al margen de la ley y en flagrante violación a las garantías constitucionales de derecho al trabajo de que goza todo ciudadano en el mundo como derecho humano fundamental; y que la relación laboral entre las partes en el caso que nos ocupa estaba regida por un Contrato de Trabajo por tiempo indefinido, y que en el presente caso se les violentó el contrato de trabajo firmado entre las partes; por eso el operador de justicia nutrido de la más alta manifestación de la normativa laboral, deberá restituir el derecho quebrantado a los demandante; adicionado a lo anterior la parte demandante considera que los fundamentos legales y procedimiento en que se basó la demandada (artículos 100, 101 y 102 del Código del Trabajo) para suspender a los demandantes no podía aplicarles una Institución descentralizada, a sus empleados, ya que son exclusivos del sector privado y por las razones siguientes: a) El procedimiento y suspensión que establece el artículo 100, 101 y 102 del Código del Trabajo; ya que esos laboraban para una Empresa descentralizada, la cual formaba parte del Estado de Honduras, y dicha normativa de que se hizo eco la demandada es exclusiva para el poder o sector privado o sea para el sector empresarial de Honduras y cosa diferente era una Institución que era parte del Estado de Honduras, según lo establece el artículo 1 de la Constitución de la República, que a la letra reza: articulo 1 "Honduras es un Estado de Derecho, Soberano, Constituido como República Libre, democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y Social"; asimismo arguyó que la empresa busca como finalidad el Lucro, en tanto el Estado, ente Jurídico que entre otros aspectos se le asigna la tutela de los derechos sociales para alcanzar entre otras cosas el mayor bien posible entre sus ciudadanos por lo que entonces siendo el Estado protector y garante de esos derechos sociales y entre ellos está el derecho del trabajo, y concretamente la Institución demandada si bien es cierto es un ente descentralizado, es parte del Estado de Honduras, que presta un servicio igualmente sin fines de lucro, por ello no podía suspender abruptamente a los demandantes quienes al momento de la suspensión se encontraban en sus puesto de trabajo ejerciendo las funciones a ellos encomendadas por el empleador, siendo procedente entonces la inmediata restitución en sus puestos de trabajo, sin ulterior Recurso, más el pago de los salarios adeudados y demás daños y perjuicios que ocasionaron la suspensión en sus labores. Además de lo anterior existe otra razón valedera para que este Juzgado declare la Nulidad de la Notificación de Suspensión de que fueron objeto los trabajadores, la cual es, la violación del debido proceso administrativo, en el sentido de que la demandada no realizo el trámite de suspensión ante el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, previa a la suspensión de los demandantes, y no lo hizo, extremo se probará en el momento procesal oportuno. De todo lo anterior se concluye que siendo que no le asiste el derecho a la Institución demandada a acogerse a la figura legal que preceptúan los artículos 100, 101 y 102 del Código del Trabajo para suspender a empleados públicos porque dicho precepto legal es exclusivo para el poder privado y en concreto la Institución demandada no es una empresa privada, sino descentralizada que forma parte del Estado de Honduras, asimismo la demandada y en el supuesto caso que le asistiera el derecho de ampararse en la figura legal citada, también es cierto que violento el debido proceso administrativo que se sigue para la suspensión de trabajadores, por lo que es procedente entonces declarar con lugar la demanda de que se ha hecho mérito, declarando sin valor ni efectos las suspensiones aludidas por estar viciadas de nulidad y consecuentemente se condene a la demandada a restituir a los demandantes a los puestos de trabajo en que se encontraban al momento de la suspensión, más se condene al pago de salarios adeudados desde el 08 de octubre de 2014 hasta la fecha en que sean restituidos en sus puestos de trabajo, más el pago de todos los derechos que se originen de la relación contractual, más se le condene al pago de costas en concepto de perjuicios causados, dado al exabrupto cometido por la demandada; y; asimismo rechazó los argumentos y razones esgrimidas por la demandada en relación al porqué de la suspensión ya que reafirmamos el Estado es un poder público para garantizar a sus ciudadanos los derechos civiles, políticos, económicos sociales y culturales, que enuncia la Constitución política de Honduras por lo menos a partir de 1957 en la que ya se recogen e incluyen por lo menos algunos derechos sociales entre ellos el derecho al trabajo y la estabilidad laboral, y siendo que el Estado es el más grande estamento político jurídico del país dotado de un presupuesto aprobado anualmente por el parlamento asignando a cada secretaria de Estado X cantidad de fondos para su ejecución, por ello el Estado no puede alegar quiebra o falta de fondos y que por tal motivo procede dizque la suspensión, pues la verdad las suspensiones y despidos irregulares de que fueron víctimas los empleados públicos tiene connotación política y hostigamiento laboral en contra de los demandantes no más por clientelismo político, pues cabe manifestar que muchos de los demandantes tienen una antigüedad de más de veinte y hasta treinta años; por lo que son trabajadores que han desempeñado sus labores con mucho esmero y dedicación, además de ello con salarios muy moderados, y con tal determinación vienen a desestabilizarlos en sus obligaciones familiares y personales que cubren con sus salarios que devengan mensualmente; por lo que consideramos que era más saludable el despido y pago de prestaciones a los demandantes antes que violentar la normativa laboral y por ende la dignidad de los trabajadores. Finalmente expresó que, con el ánimo de llegar a un arreglo conciliatorio, acudieron a la autoridad correspondiente, siendo imposible el mismo se dio por agotado el procedimiento gubernativo administrativo, quedando expedita la vía judicial. 2.- La parte demandada, la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), contestó dicha demanda rechazando de forma absoluta y paladina todos los hechos de la demanda, alegando en su defensa que era de público conocimiento la precaria situación económica de HONDUTEL, empresa que ha venido operando con pérdidas netas desde el año 2009 hasta la fecha, las cuales se incrementaron durante los periodos fiscales de los años 2012 y 2013, al extremo de que a pesar de las medidas adoptadas para el saneamiento financiero administrativo tomadas por la actual administración, sigue siendo imposible que HONDUTEL operara con un mínimo razonable de utilidades; como consecuencia de ello, resultó ineludible que la empresa recurriera a una serie de medidas para lograr disminuir las referidas pérdidas, siendo éstas: a) Recuperación e incremento de ingresos por tráfico internacional de llamadas a través de una ágil administración de tasas de terminación; b) Incremento en las ventas de servicios corporativos, principalmente a clientes gubernamentales; c) Ampliaciones de sistemas para atender la demanda de los servicios de datos; y d) Reducción del gasto corriente en el renglón de servicios personales; sin embargo, lastimosamente la situación de la empresa no puede ser revertida a corto plazo sin tener que tomar otras decisiones de mayor envergadura, pero igualmente necesarias, siendo una de ellas la suspensión parcial de los contratos individuales de trabajo de 660 de sus empleados. Además arguyó que con el propósito de rescatar a HONDUTEL, el 07 de octubre del 2014, dicha empresa invocando lo instituido en los artículos: 100 numerales 4), 5) y 15), 101, 102 y demás aplicables del Código de Trabajo, procedió a notificar en legal y debida forma la medida de suspensión parcial de los contratos individuales de trabajo a 660 trabajadores, con efectividad a partir del día siguiente hábil, es decir a partir del 08 de octubre del 2014, por el término de ciento veinte (120) días, hasta el día 04 de febrero del 2015, debiéndose presentarse a sus labores el personal suspendido el día 05 de febrero del 2015; señalando que dentro del personal suspendido se encontraban los demandantes; y que en vista de que la empresa no podía ser explotada siquiera con un mínimo razonable de utilidad, situación provocada fundamentalmente por su nula rentabilidad operativa, eso derivó en el hecho de que tampoco logre conseguir los fondos suficientes para la prosecución normal de los trabajos, lo anterior a pesar de contar con un presupuesto como cualquier otra entidad de derecho público, con la única diferencia que HONDUTEL solamente tiene una vía de financiamiento para recaudar los fondos proyectados en ese presupuesto: su propio flujo de caja derivado de su facturación, el cual había venido disminuyendo año tras año en virtud de la feroz competencia que existía en el sector de telecomunicaciones y de otros factores ya conocidos; por lo que en virtud de lo anterior, el 10 de octubre del 2014, siguiendo el procedimiento legal correspondiente HONDUTEL presentó ante la Secretaria de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social solicitud de autorización de suspensión parcial de contratos individuales de trabajo por 120 días a 660 empleados de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), solicitud que fue declarada con lugar mediante RESOLUCIÓN NUMERO 132-2015 de fecha 27 de octubre del 2015; por lo tato la demandada procedió conforme a derecho; asimismo manifestó que en fecha 03 de febrero del 2015, la demandada siguiendo el procedimiento legal correspondientes, presentó en la Secretaría de Trabajo formal notificación de que las causas invocadas para la suspensión parcial de los contratos de trabajo ejecutadas en Hondutel aún persistían, lo cual imposibilitaba reanudar las labores y reinstalar a los trabajadores que legalmente fueron suspendidos; por lo que habiendo transcurrido el término de ley para la suspensión, contados desde la fecha de notificación de la medida de suspensión, el 05 de febrero del 2015 la empresa les notificó a los demandantes la decisión de dar por terminado su contrato individual de trabajo, garantizándoles el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales; fundamentando esa decisión en los artículos 62, 80 y 129 de la Constitución de la República; 100 numerales 4), 5) y 15); 111 numeral 8) y segundo párrafo y 126 del Código de Trabajo; 97 numeral 13, 132 y 143 del Reglamento Interno de Trabajo; cláusula 59 del II Contrato Colectivo de HONDUTEL y certificación de resolución de punto de acta número 8 de la sesión ordinaria N° 545-2008, celebrada el 13 de mayo del 2008. Y que debido a ello, la demandada no incurrió en violación de los derechos laborales del demandante, ya que, si bien es cierto que la figura de la suspensión de contratos individuales de trabajo conlleva para el patrono la obligación de reintegrar a los trabajadores afectados una vez que la misma finalice; expresó que a pesar de las medidas implementadas por la empresa no fue posible evitar que se perdieran los puestos de trabajo de los empleados cuyos contratos de trabajo fueron suspendidos, por lo que se vio obligada a darlos por terminados con motivo justificado; y que además la terminación del contrato de trabajo de los demandantes se basó en el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo, el cual instaura que la suspensión de actividades por más de 120 días es una causa de terminación de contrato de trabajo; y que la decisión patronal de dar por terminado el contrato de trabajo se basa en dos motivos justificados: 1. Lo instituido en el Art. 111 numeral 8 del Código de Trabajo, y 2. La imposibilidad de la empresa para evitar que se pierda el puesto de trabajo del actor, razón por la cual se le garantiza el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales, pues el reintegro no era posible; asimismo en cuanto al reintegro a su puesto de trabajo y el pago de salarios dejados de percibir y demás derechos solicitados por la parte actora, el mismo era improcedente, ya que se debió diferenciar entre causas justas que facultaban al Patrono para dar por terminado los contratos de trabajo sin responsabilidad y causas o motivos de terminación del contrato de trabajo y causas o motivos para la terminación unilateralmente de un contrato de trabajo. Finalmente, manifestó que la demandada durante el periodo de suspensión pagó una indemnización equivalente a treinta (30) días de su salario, a los trabajadores por no haberle dado el aviso de suspensión de su contrato individual de trabajo por tiempo indefinido con treinta (30) días de anticipación, acorde con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 102 del Código del Trabajo, de lo que se deriva que los demandantes aceptaron y convalidaron de forma tácita la medida de suspensión al haber recibido el referido pago sin ninguna objeción, tal y como lo han hecho los demás trabajadores suspendidos. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 29 de julio del 2021, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarar SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, actuando en su condición de apoderada de los señores 1) JUAN JOSÉ PONCE GÓMEZ, 2) DULCE MILAGRO RODAS AGUILERA, 3) BETHY ESPERANZA LICONA HERNANDEZ, 4) FRANCISCO PACHECO GUIFARRO, 5) ÁNGEL FRANCISCO HENRÍQUEZ ANDINO, 6) CARMEN LETICIA MONCADA NUÑEZ, 7) EVELIO AMADOR ZELAYA, 8) YENNY CAROLINA LANZA AGÜERO, 9) JOSÉ RAMON DIAZ PONCE, 10) MIGUEL ENRIQUE NOLASCO LÓPEZ, 11) ABNER CRISTÓBAL MARTÍNEZ CENTENO, 12) JULIA VICTORIA ORTIZ SANTOS, 13) ELOIDINA DE JESUS CRUZ ΖΑΡΑΤΑ, 14) ELDA NOHEMY SAUCEDA FLORES, 15) FRANCIA TATIANA REYES BESELINOFF, 16) ALAN JEOVANY HERRERA ROSALES, 17) MIRNA PATRICIA MONTOYA GARCÍA, 18) MARY NELBY CABRERA BONILLA, 19) DANIA CELENIA TERCERO LÓPEZ, 20) ALBERTINA MEDINA VELÁSQUEZ, 21) GLORIA MARIA TURCIOS DISCUA, 22) JOSÉ GUADALUPE REYES RUBIO, 23) CARLOS ROBERTO ROMERO LOBO, 24) GABRIEL JOSÉ CASTRO HERNANDEZ, 25) NELSIS ALBERTO PONCE BLANCO, 26) DAVID HASBUN VENEGAS, 27) EMMA CRISTINA ZUNIGA AMADOR, 28) JAVIER ANTONIO TORRES BARAHONA, 29) IRMA ALEJANDRA MOYA FLORES, Y 30) TANIA YADIRA ZAPATA RODRÍGUEZ, contra la empresa HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), a través de su Gerente General señor JESUS ARTURO MEJIA ARITA. SEGUNDO: ABSUELVE a la empresa HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), a través de su Gerente General señor JESUS ARTURO MEJIA ARITA de toda responsabilidad en el presente juicio. - TERCERO: SIN COSTAS”. Bajo el criterio que, la pretensión principal en esta demanda tiene por objeto que a los trabajadores demandantes se les restituya en sus cargos en vista de haber sido objeto sus contratos de individuales de trabajo de suspensión de los mismos, así como el pago de los salarios y demás derechos durante son objeto de la suspensión; partiendo de lo descrito, se indica que no es un hecho en controversia en el presente proceso que a los trabajadores demandantes, la empresa demandante les suspendió su contrato individual de trabajo a partir del día 08 de octubre del año 2014 hasta el día 04 de febrero del año 2015 por así haberlo afirmado la misma empresa en el escrito de contestación de la demanda, basada dicha suspensión en el artículo 100 numerales 4), 5) y 15), 101, 102 y demás aplicables del Código del Trabajo, argumentando motivos justificados por la precaria situación económica de HONDUTEL, la cual ha operado con pérdidas netas desde el año 2009 a la fecha de la contestación de la demanda, así mismo se acompañaron como medio de prueba documental las copias autenticadas de las notas de notificación de suspensión de labores de los trabajadores en mención, cabe hacer mención que la presente demanda ordinaria laboral ha sido interpuesta en fecha 05 de diciembre del 2014, cuando los contratos individuales de trabajo de los trabajadores en referencia se encontraban suspendidos aun. No obstante de que la ley se ha asegurado de preservar el derechos de los empleadores para suspender los efectos del contrato de trabajo por causas de orden técnico o económico, cuando deba de paralizar operaciones por falta de materia prima o fuerza motriz en la negociación siempre que no le fuere imputable, cuando se encuentre ante la imposibilidad de explotar la empresa con un mínimo razonable de utilidad, cuando no tenga fondos ni la posibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de los trabajos, también se ha asegurado que tales causas se sometan a un procedimiento especial ante el órgano administrativo (Secretaría de Estado en los Despachos del Trabajo y Seguridad Social), quien determinará de la prueba aportada si son o no atendibles las causas para suspender los efectos del contrato de trabajo según lo determinan los artículos 101, 102 y 103 del Código del Trabajo, mientras tanto, ni al trabajador le es factible acudir ante el órgano jurisdiccional para el reclamo del pago del salario por el tiempo de la suspensión, o para dar por terminado el contrato de trabajo mediante un despido Indirecto, ni al patrono se le autoriza la terminación del contrato de trabajo Invocando la persistencia de una causa de suspensión que todavía se encuentra pendiente de resolución por parte del órgano administrativo, en el caso que nos ocupa como se reitera los trabajadores acuden ante el órgano jurisdiccional cuando sus contratos individuales de trabajo se encontraban suspendidos aun, y no habiendo transcurrido el término de la suspensión, sumado a ello los trabajadores pretenden la restitución a sus cargos de trabajo por motivo de la suspensión de sus contratos individuales de trabajo (objeto del debate) y no pretenden la indemnización o reintegro por un despido Injustificado en razón de la suspensión, es decir la parte actora exige los pagos de salario derivados de la suspensión de los contratos Individuales de trabajo, con ello esta juzgadora se ve imposibilitada a hacer uso del precepto 110 del Código del Trabajo para otorgar los salarios pretendidos y demás derechos, sumado a ello los trabajadores si se diere una ruptura de la relación laboral en referencia a la suspensión de la contratación, tienen la potestad de exigir su derecho conforme al artículo antes descrito, no con anterioridad.- En razón de lo expuesto la que juzga considera inútil la prueba relacionada con las acciones de personal y cálculo de prestaciones laborales consistente en la exhibición de documentos y documental. En referencia a lo exigido por la parte demandante de que se deje sin ningún valor y efecto la notificación escrita de suspensión de labores a los trabajadores en virtud de que la misma está viciada por no ajustarse a lo preceptuado en los artículos 100, 101 y 102 del Código del Trabajo, la misma norma indica que recae sobre la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social la autorización o no de la suspensión de los contratos de trabajo, en la presente demanda no se acreditó la resolución definitiva que motiva la solicitud de la suspensión de contratos individuales de trabajo presentada por la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), siendo irrelevante el medio de prueba documental por oficio indicando que a algunos trabajadores de HONDUTEL les mantuvieron y aumentaron el salario entre los meses de octubre del año 2014 a agosto del año 2015 prueba que debía ser apreciada por la Secretaria aludida, además la exigencia de la parte demandante se entabla cuando se encontraba subsistente la suspensión de los contratos individuales de trabajo, en consecuencia es de la convicción de la que juzga que no procede la pretensión antes aludida. El juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas, y por lo tanto formara libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de las pruebas y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes. En todo caso, en la parte motivada de la sentencia el juez indicara los hechos y circunstancias que causaron su convencimiento; en consecuencia, por todo lo antes relacionado en el presente fallo el mismo debe de declararse sin lugar. Que se exime el pago de las costas en virtud que las partes tuvieron motivos racionales para litigar. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 08 de noviembre del 2022, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que, el efecto principal de la suspensión, es la detención de las obligaciones de las partes, la no prestación de servicios de parte del trabajador y el no pago del salario por el empleador; esto es debido a que la causa que genera la suspensión, hace imposible ejecutar los deberes de las partes, impuestos por el contrato individual de trabajo, la ley o el convenio colectivo. Esta interrupción de las obligaciones debe ser temporal, de manera que su desaparición permita a las partes reanudar la ejecución de sus obligaciones. Si fueran de naturaleza definitiva no habría razón para que el contrato de trabajo se mantuviera con vida, ya que resultaría imposible restablecer su funcionamiento normal. Que el artículo 101 párrafo primero del Código del Trabajo señala que "La suspensión de los contratos de trabajo surtirá efecto desde la conclusión del día en que ocurrió el hecho que le dio origen, siempre que la comprobación de la causa en que se funde se inicie ante la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social o ante los representantes de la misma debidamente autorizados, dentro de los tres (3) días posteriores al ya mencionado, o treinta (30) días antes de la suspensión, cuando el hecho que la origine sea previsible.". En el caso de mérito, a los demandantes se les suspendió el contrato de trabajo el ocho de octubre de dos mil catorce hasta el cuatro de febrero de dos mil quince, tal como consta en las notas de suspensión que obran a folios 108 al 138 de la primera pieza de autos. Pero es el caso, que los demandantes presentaron la demanda de restitución de funciones el cinco de diciembre de dos mil catorce; es decir, la presentaron antes de que se venciera la suspensión de los contratos de trabajo y sin que se haya dictado una resolución por parte del ministerio del trabajo, otorgando o no dicha suspensión. Por consiguiente, está probado en autos que las causas de suspensión de los contratos de trabajo estipuladas en los numerales 4, 5 y 15 del artículo 100 del Código del Trabajo señaladas en las respectivas notas, al momento de presentar la demanda, las mismas subsistían y por ende no procede otorgar las pretensiones deducidas por los demandantes. Que vistas las consideraciones anteriores procede confirmar la sentencia definitiva apelada. 5.- Mediante auto de fecha 04 de mayo del 2023, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado OSMAN NOE ACOSTA BENAVIDEZ, en su condición de representante procesal de los señores JUAN JOSÉ PONCE GÓMEZ; DULCE MILAGRO RODAS AGUILERA; BETHY ESPERANZA LICONA HERNANDEZ y otros, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 08 de septiembre del 2023, compareció ante este Tribunal el Abogado OSMAN NOE ACOSTA BENAVIDEZ, en su condición de representante procesal de los señores JUAN JOSÉ PONCE GÓMEZ; DULCE MILAGRO RODAS AGUILERA; BETHY ESPERANZA LICONA HERNANDEZ y otros, formalizando su demanda, exponiendo tres motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha 20 de octubre del 2023, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 16 de enero del 2024, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado JOSUE ARMANDO MARTÍNEZ ALVARENGA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida; en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- El recurso de casación laboral es el medio procesal extraordinario y dispositivo por el cual se impugna una sentencia definitiva de segundo grado dictada en materia de trabajo, acusándole de ser violatoria de ley sustancial o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la única parte apelante o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de ser legal y acertada, presunción que deriva del supuesto de la conclusión del debate procesal con el agotamiento de las instancias; buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello que la demanda casacional requiere de un alto grado de tecnicidad, pudiendo prosperar sólo si cumple con todos los requerimientos legales y jurisprudenciales de pertinencia, oportunidad y sustentación. II.- Que el Abogado OSMAN NOE ACOSTA BENAVIDEZ, en su primer motivo de casación alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional, por infracción indirecta del artículo 101 del Código del Trabajo, por error de hecho derivado de apreciación errónea del medio de prueba documental mediante oficio, propuesto por la parte demandante y librado a la Secretaria General de la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 párrafo segundo ordinal 1º- del Código del Trabajo. NORMAS PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACIÓN DE LA NORMA SUSTANTIVA SEÑALADA; Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de la norma sustantiva señalada están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA DE LA FORMA SIGUIENTE: La Corte Sentenciadora al confirmar la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia incurrió en error de hecho que aparece de manifiesto en los autos, por falta de apreciación y valoración del medio probatorio que he SINGULARIZADO en la estructuración de este motivo, el Ad-Quen no apreció el contenido de la evacuación del medio de prueba DOCUMENTAL MEDIANTE OFICIO dirigido a la Secretaria General de la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, a fin de constatar: a) Si HONDUTEL, solicito la suspensión de labores los ahora demandantes. B) Si HONDUTEL, previo a la suspensión de los trabajadores acredito a la Secretaria de Trabajo la falta de fondos e imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de su funcionamiento; c) Si consta en dicha Secretaría de trabajo, copia de la suspensión de todos los ahora demandantes; d) Si HONDUTEL, acredito a dicha Secretaría su imposibilidad de seguir explotando la empresa con un mínimo razonable en caso afirmativo adjuntar documento. (ver folios 512 al 517 de los autos y folios del 561 al 652). Honorables Magistrados el Ad-Quem al confirmar la sentencia dictada en fecha veintinueve de julio del año dos mil veintiuno la hizo suya, por lo tanto aprecio de manera errónea el Medio de Prueba Documental vía Oficio, remitido por la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social en el que únicamente se limitó a contestar que según informe que corre agregado a folio 511 que si constan agregados al expediente: a) la solicitud de suspensión de contratos individuales de trabajo de los demandante; b) Que el Abogado Fernando Puerto Castro, en su condición de Apoderado Legal de Hondutel presento Solicitud de suspensión de contratos individuales de trabajo y que se registra en expediente N° SG-SUS/CON/034-2014 en fecha 10 de octubre de 2014 por el termino de 120 días; c) Que si corren agregados al expediente notas de preaviso de suspensión; y d) si consta en el expediente a folios 1096 al 1099. - Asimismo a folio 561 corre informe de fecha 11 de mayo de 2021, mediante el cual la Secretaría de Estado en los despachos de trabajo y Seguridad Social, da cumplimiento a lo solicitado en el Medio de prueba Documental vía Oficio; asimismo corre agregado a folio 562 de los autos, Informe Financiero de la empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), de fecha 16 de septiembre de 2014, proyectada para esa misma fecha. Al respecto Honorables Magistrados el artículo 101 del Código del Trabajo establece: “La suspensión de los contratos de trabajo surtirá efecto desde la conclusión del día en que ocurrió el hecho que le dio origen, siempre que la comprobación de la causa en que se funde se inicie ante la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, o ante los representantes de la misma debidamente autorizado, dentro de los 3 días posteriores al ya mencionado o 30 días antes de la suspensión cuando el hecho que la origine sea previsible". Obsérvese Honorables magistrados que la causa que dio origen a la suspensión si era Previsible pues la autoridad tuvo conocimiento de la situación económica en que se encontraba la empresa (HONDUTEL), tal como lo establecen los informes financieros proyectados al 31 de agosto de 2014 (ver a folios 627 al 652) e informe de fecha 16 de septiembre de 2014 (ver folios 562 al 626); partiendo de esta fechas al tenor de lo establecido en el artículo 101 del Código del trabajo, la demandada tenía tres días para iniciar la comprobación de la causa ante la Secretaria del Trabajo y Seguridad Social, es decir los primeros tres dais del mes de septiembre de 2014 y sin el ánimo de justificarla tomando en cuenta el último informe tenía que iniciar su comprobación ante la STSS al 19 de septiembre de 2014, hecho que no ocurrió así, pues la demandad inicio su trámite ante la Secretaria del trabajo hasta el 10 de octubre de 2014 (habiendo suspendido los trabajadores en fecha 8 de octubre 2014). Tampoco inicio su trámite ante la Secretaría del Trabajo 30 días antes de la suspensión es decir debió haberlo incoado en fecha 8 de septiembre de 2014, siempre tomando en cuenta el último informe, Medios de prueba erróneamente apreciados por el Juzgador. Lo anterior es suficiente para declarar ha lugar el presente motivo de Casación. III.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la norma que indica como violada el artículo 101 del Código de Trabajo no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) en la formulación del cargo expone que la violación indirecta se da por un error de hecho por apreciación errónea del medio de prueba documental mediante oficio, sin embargo en su desarrollo alega violación indirecta por falta de apreciación y valoración del medio probatorio, las cuales son sub modalidades del error de hecho que deber precisarse, ya que una misma prueba no puede dejarse de apreciar y ser apreciada erróneamente, lo cual es contradictorio, volviendo ineficaz su ataque; c) debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por el Recurrente; y, d) formula alegatos propios de instancia. IV. Que el Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional, por infracción indirecta del artículo 102 del Código del Trabajo, por error de hecho derivado de apreciación errónea del medio de prueba documental público, propuesto por la parte demandante, consistente en las Notificaciones de Suspensión de labores que corren a folios 108 al 137 de autos). PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 párrafo segundo ordinal 1º- del Código del Trabajo. NORMAS PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACIÓN DE LA NORMA SUSTANTIVA SEÑALADA. Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de la norma sustantiva señalada están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA DE LA FORMA SIGUIENTE: La corte sentenciadora al confirmar la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia incurrió en error de hecho que aparece de manifiesto en los autos, por falta de apreciación y valoración del medio probatorio que he SINGULARIZADO en la estructuración de este motivo, el Tribunal Ad-Quen apreció erróneamente las Notificaciones de Suspensión de labores, ya que las mismas fueron entregadas a los trabajadores en fecha 07 de octubre de 2014 efectivas a partir del 8 de octubre de 2014, violentando el empleador lo preceptuado en el artículo 102 del Código del Trabajo que establece: "El patrono cuando vaya a suspender las labores por cualquiera de las causas primera, tercera, cuarta y quinta del artículo 100, estará obligado a dar aviso a los trabajadores afectados con treinta (30) días de anticipación a la interrupción de los trabajos..."; situación que la juzgadora aprecio erróneamente. Lo anterior es suficiente para declarar ha lugar el presente motivo de Casación. V. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la norma señalada como violada el artículo 102 del Código de Trabajo contienen distintos párrafos, con distintas situaciones jurídicas que era necesario precisar a cuál de ellas dirigía su ataque contra el fallo impugnado; b) en la formulación del cargo expone que la violación indirecta se da por un error de hecho por apreciación errónea del medio de prueba documental mediante oficio, sin embargo en su desarrollo alega violación indirecta por falta de apreciación y valoración del medio probatorio, las cuales son sub modalidades del error de hecho que deber precisarse, ya que una misma prueba no puede dejarse de apreciar y ser apreciada erróneamente, lo cual es contradictorio, volviendo ineficaz su ataque; y, c) debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por el Recurrente. VI.- Que el Impetrante formula un tercer motivo de casación en el que alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional, por aplicación indebida del artículo 101 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 párrafo primero, numeral 1º- del Código del Trabajo. LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA DE LA FORMA SIGUIENTE: Honorables Magistrados la Corte Sentenciadora aplico indebidamente el artículo 101 del Código del Trabajo, al asumir que la suspensión de los contratos de trabajo se hicieron siguiendo el procedimiento establecido en la norma relacionada, tomando como ciertos, limitándose a establecer que los trabajadores no podían acudir a la vía judicial por encontrarse vigente la suspensión de labores, y no existir Resolución de la Secretaria del Trabajo sobre la suspensiones de labores de mis representados; y al no estar mis representados de acuerdo con la suspensión de labores se vieron obligados a acudir a la vía judicial en son de Justicia, pues hasta la fecha no existe Resolución sobre la suspensión de los contratos de los demandantes, y al no estar autorizados mis representados para acudir a la vía judicial por no existir una resolución ni el patrono autorizado para suspender las labores, debe aplicarse la condición más favorable al Trabajador por ser este la parte más débil, aunado a lo anterior el código del trabajo establece que el trabajador podrá participar de las utilidades de la empresa no así asumir sus riesgos o perdidas; sin dejar de mencionar que con una simple revisión a los informes presentados por la Empresa ante la Secretaria del trabajo los mismos estaban adulterados, pues la información dada por el departamento de planillas de la Dirección de Talento Humano de HONDUTEL establece que a septiembre de 2014 contaban con 1964 empleados (ver folio 567 de autos) y según Opinión Dirección de Asuntos Regulatorios y Aseguramiento de Ingresos, establecen que al 10 de octubre de 2014 la demandada tenía un total de 3,275 empleados (ver folios 565 de los autos). Por último, es importante mencionar que existe basta jurisprudencia en casos similares al que nos ocupa donde se ha declarado a favor las demandadas promovidas por trabajadores que han sido suspendidos de labores en los mismos términos (ver SL. 335-18, SL. 374-19 y SL 100-2020.- Lo anterior es suficiente para declarar ha lugar el presente motivo de Casación”. VII.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la norma que indica como violada el artículo 101 del Código de Trabajo no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) olvida el Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley; y, c) formula alegatos de instancia. VIII. - Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, COORDINADORA. ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA, FRANCISCA VILLELA ZAVALA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de mayo del dos mil veinticinco; certificación de la sentencia de fecha nueve de diciembre del dos mil veinticuatro, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL104-2023. FIRMA Y SELLO.-
RAFAEL HUMBERTO ESCOBAR.-
RECEPTOR ADSCRITO.-SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.