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Sentencia CL-98-22 — Registro 15804

Resumen

demanda ordinaria laboral para que mediante sentencia definitiva se reconozca el contrato de trabajo como celebrado por tiempo indefinido, en virtud de la suscripción de contratos de trabajo continuos e ininterrumpidos en clara simulación contractual en fraude a la Ley por parte del empleador y en aplicación estricta de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo, reinstalación a su puesto de trabajo y restitución en sus funciones en virtud de la terminación de la relación laboral sin causa justificada, pago de salarios dejados de percibir, vacaciones, decimotercero y decimocuarto mes, aumentos e incentivos salariales adeudados de conformidad a aquellos que se les otorga a los empleados permanentes en la institución y reconocidos desde el inicio de la relación laboral, indemnización por violación a derechos fundamentales vía ley de inspección laboral en artículo 90

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) olvida la Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley, insta hechos y por ende el material probatorio; b) la norma que indicia como violada como ser el artículo 3 del Código del Trabajo, no ostenta el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce y consagra correlativamente derechos y obligaciones o extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) olvida la Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley, insta hechos y por ende el material probatorio; b) la norma que indicia como violada como ser el artículo 3 del Código del Trabajo, no ostenta el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce y consagra correlativamente derechos y obligaciones o extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa.- "...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; estudiado el caso en examen, éste Tribunal no se estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.- XIV. Por lo anteriormente expresado, procede declarar no haber lugar a los recursos de casación de que se ha hecho mérito en sus motivos, así como de las nulidades subsidiariamente solicitadas."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintitrés de enero de dos mil veintitrés.- VISTO: Para dictar sentencia en los Recursos de Casación Laboral formalizados ante este Tribunal de Justicia, en fecha 21 de marzo del 2022, por la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, en su condición de representante procesal de la señora ARIATNA VANESSA ZELAYA MURILLO; y, en fecha 03 de agosto del 2022, compareció ante este Tribunal, el Abogado JORGE DAVID MEZA VASQUEZ, en su condición de representante procesal de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), como recurrentes/recurridos, respectivamente. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para que mediante sentencia definitiva se reconozca el contrato de trabajo como celebrado por tiempo indefinido, en virtud de la suscripción de contratos de trabajo continuos e ininterrumpidos en clara simulación contractual en fraude a la Ley por parte del empleador y en aplicación estricta de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo, reinstalación a su puesto de trabajo y restitución en sus funciones en virtud de la terminación de la relación laboral sin causa justificada, pago de salarios dejados de percibir, vacaciones, decimotercero y decimocuarto mes, aumentos e incentivos salariales adeudados de conformidad a aquellos que se les otorga a los empleados permanentes en la institución y reconocidos desde el inicio de la relación laboral, indemnización por violación a derechos fundamentales vía ley de inspección laboral en artículo 90, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 10 de octubre del 2017, por la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, en su condición de representante procesal de la señora ARIATNA VANESSA ZELAYA MURILLO, mayor de edad, soltera, Licenciada en Psicología, hondureña, y de este domicilio, contra la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), a través de la Rectora en ese momento la Licenciada JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 13 de septiembre del 2021, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que en su parte conducente dice: “FALLA: 1.- Declarando SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado EDGARDO JAVIER BANEGAS SALINAS; 2.- REFORMANDO DE OFICIO la sentencia definitiva de fecha veinte de agosto del año dos mil veinte, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en el sentido siguiente: A) REVOCANDO PARCIALMENTE EL NUMERAL SEGUNDO, INCISO A, el que deberá leerse de la siguiente manera: "a) Reintegrar a la Señora ARIATNA VANESSA ZELAYA MURILLO; a su puesto de trabajo por lo menos en igualdad de condiciones de trabajo que mantenía al momento de operarse la ruptura del contrato; restitución a sus funciones; al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se materialice el reintegro ordenado, y demás derechos adquiridos en su ausencia, debiendo la Institución demandada tener a la Señora ARIATNA VANESSA ZELAYA MURILLO como empleada permanentes desde el inicio de la relación laboral desde 18 de mayo de 2015.".- 3) CONFIRMANDO LOS NUMERALES PRIMERO, SEGUNDO INCISO B), TERCERO Y CUARTO.- Todo en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE MEDIANTE SENTENCIA DEFINITIVA SE RECONOZCA UN CONTRATO DE TRABAJO COMO CELEBRADO POR TIEMPO INDEFINIDO EN VIRTUD DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO CONTINUOS E ININTERRUMPIDOS EN CLARA SIMULACION CONTRACTUAL EN FRAUDE A LEY POR LA PARTE DEL EMPLEADOR Y EN APLICACION ESTRICTA DE LO PRECEPTUADO EN EL ARTICULO 47 DEL CODIGO DEL TRABAJO, ASIMISMO LA REINSTALACION AL PUESTO DE TRABAJO Y RESTITUCION DE FUNCIONES EN VIRTUD DE TERMINACION DE LA RELACION LABORAL, INDEMNIZACION POR VIOLACION A DERECHOS FUNDAMENTALES VIA LEY DE INSPECCION LABORAL EN ARTICULO 90, SE CONDENE EN COSTAS, promovido por la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO en su condición de representante procesal de la señora ARIATNA VANESSA ZELAYA MURILLO contra la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH) a través de la señora JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ en su condición de Rectora.- SIN COSTAS en esta instancia”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que, inició la relación laboral con la UNAH, el 18 de mayo de 2015, mediante la suscripción de contratos continuos e ininterrumpidos, desempeñando funciones de orientación, asistencia y apoyo emocional en el programa de servicios estudiantiles con necesidades especiales (PROSEDE) dependiente a la Vice-Rectoría de orientación y asuntos estudiantiles, con un sueldo mensual equivalentes a L. 19,087.83 en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. de lunes a viernes. Que se hace un análisis bajo el principio de la primacía de la realidad para lograr entender las causas que motivan a la parte demandada a cometer este fraude en perjuicio de los derechos laborales de la demandante. Como hechos que quedaran debidamente probados se encuentran los nombramientos fraudulentamente temporales celebrados entre las partes, que a continuación se detalla: 1) El primer nombramiento fraudulentamente temporal fue mediante acuerdo número 1736-2015 mediante el cual se contrata a la demandante por el periodo comprendido del 18 de mayo al 18 de diciembre de 2015. 2) El segundo nombramiento fraudulentamente temporal fue mediante acuerdo 314-2016 de fecha 27 de febrero de 2016 por el periodo comprendido del 19 de enero al 20 de diciembre de 2016. 3) El tercer y último acuerdo fraudulentamente temporal fue mediante acuerdo 778-2017 de fecha 20 de abril de 2017 por el periodo comprendido del 9 de enero al 9 de julio de 2017. Comprobado los tres elementos de una relación laboral por tiempo indefinido de los establecidos en el artículo 20 del Código del Trabajo, es necesario aclarar un aspecto más de esta tesis para llegar al inequívoco razonamiento que la parte demandada ha hecho en contra de sus derechos y garantías laborales es un fraude a la Ley laboral en simulación contractual. La forma en cómo se origina la terminación de la relación laboral es la misma que ha venido registrando muchas de las instituciones del Estado de Honduras para justificar la separación ilegal de la demandante en el puesto que venía desempeñando. Para constatar el despido verbal del cual fue objeto la demandante se presentó ante las oficinas de la autoridad administrativa y competente del trabajo STSS para solicitar los servicios de inspección con el fin de dar por demostrada su carga procesal en el presente juicio. Aunado a lo anterior se solicita la indemnización por violación a los derechos fundamentales por el ya evidenciado fraude a la Ley por Simulación Contractual, indemnización que finalmente se encuentra vigente en nuestra República de Honduras, por mandato internacional de la Organización Internacional del Trabajo establecida en la Ley de Inspección laboral (Decreto legislativo 178-2016) que en su artículo 90 establece la cantidad de L 100,000.00 por cada violación a un derecho fundamental. También se demanda que se pague la misma cantidad de L.100,000.00 por la violación al Derecho Fundamental a la estabilidad laboral establecido en la Constitución de la República en su artículo 129 pues el fraude laboral por simulación contractual impide la acumulación de antigüedad. También deberá pagarse la cantidad de L.100,000.00 por violación al derecho fundamental a gozar de condiciones satisfactorias de empleo establecido en el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 127 de la Constitución de la República puesto que el fraude laboral es todo lo contrario a condiciones satisfactorias de empleo. L.100,000 por vulnerar el derecho fundamental a gozar del décimo tercer mes de salario establecido en el artículo 128.10 de la Constitución de la República. El pago de L.100,000.00 por violentar el derecho fundamental a gozar de los servicios de la Seguridad Social pues el fraude laboral como el presente, representa una barrera al acceso a estos servicios, y le impide cotizar los mismos, derecho que se encuentra consignado en el artículo 147 de la Constitución de la República y en la Ley del IHSS.- 2.- La parte demandada, la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), contestó dicha demanda señalando que, la demandante inició su contratación con la demandada mediante acuerdos emitidos por Rectoría, bajo números 1736-2015, 314-2016 y 778-2017 este último acuerdo por un periodo comprendido del 09 de enero de 2017 al 09 de julio del mismo año, brindando servicios profesionales como especialista en Servicios Estudiantiles. Cabe mencionar que a la demandante no se le realizó una contratación mediante servicios profesionales por lo cual la contratación fraudulenta de la que hace mención la demandada está fuera de lugar desde todo punto de vista legal ya que la UNAH siendo una institución Autónoma tiene las facultades para realizar contrataciones de la forma que estime conveniente siempre cumpliendo con los requisitos legales establecidos en la Ley. La Vicerrectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles (VOAE) siendo por ley como la instancia académica de la UNAH es responsable de la generación de políticas de atención y desarrollo relacionadas con la vida estudiantil que ofrece distintos servicios académicos y administrativos que le permiten al estudiante a mediano o largo plazo un abordaje integral del estudiante para el logro de su excelencia académica. Asimismo, el Programa de Servicios a Estudiantes Con Necesidades Especiales PROSENE tiene como propósito, facilitar el acceso al entorno físico y educativo de la UNAH y propiciar un ambiente de aprendizaje favorable para que los estudiantes que poseen alguna discapacidad tengan la oportunidad de participar plenamente en todos los aspectos de la vida universitaria y posteriormente integrarse a la sociedad con igualdad de oportunidades, contando este programa con una psicóloga titular, en donde la demandante brindaba una asistencia a la misma, colaborando en la atención a estudiantes que padecen alguna discapacidad, aclarando que no toda la población estudiantil de la UNAH requiere de estos servicios, existiendo una mínima atención en casos especiales. Dado a que los estudiantes con discapacidad pasaron a ser atendidos con el programa de salud de la VOAE en alianza con el Hospital Escuela Universitario HEU, en donde son evaluados con diferentes especialistas, y siendo que la VOAE no contaba con el presupuesto para seguir con la contratación de la demandante, se esperó el vencimiento del acuerdo de contratación número 778-2017 por un tiempo comprendido del 09 de enero al 09 de julio del año 2017, por lo cual al vencimiento de una contratación no se le puede llamar "Fraude Laboral" y a la demandada no se le olvido en ningún momento como fue y por cuanto tiempo fue contratada la demandante, ya que siempre el área de inclusión de la VOAE-PROSENE conto con una Psicóloga de planta por lo cual la demandante jamás trabajo de forma independiente siendo manifestado anteriormente que brindo un apoyo a la psicóloga titular que tiene PROSENE y los aportes significativos fueron brindados por la misma en la unidad, no por la demandante. La indemnización por violación a los derechos fundamentales, en el caso que nos ocupa no procede y esto según lo manifestado en el capítulo V artículo 86 de la ley de Inspección de Trabajo que establece "la competencia sancionadora y en su caso la aplicación de la sanción que corresponda, debe ser ejercida por los Jefes del Cuerpo de Inspectores de cada Oficina Regional del trabajo o la autoridad de trabajo que haga sus veces, como primera instancia, constituyéndose como segunda y última instancia la Dirección General de Inspección de Trabajo (DGIT) agotando con su pronunciamiento la vía administrativa", por lo cual la solicitud de la demandante no es procedente desde todo punto de vista legal ya que la demandante en ningún momento ha violado, infringido o vulnerado un derecho o derechos fundamentales protegidos a la trabajadora por la Constitución de la República, dado que la contratación siempre fue por tiempo determinado para brindar un apoyo y dado que las alianzas obtenidas entre PROSENE y HEU vino a relevar la función que la demandante realizaba por lo cual se vio en la necesidad de la no renovación de contrato.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 20 de agosto del 2020, dictó sentencia que, en su parte conducente, dice: “FALLA: I.- Declarar CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral para que se reconozca Contrato de Trabajo como celebrado por tiempo indefinido en aplicación de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo. Reinstalación a su puesto de trabajo y restitución en sus funciones. Pago de salarios dejados de percibir. Goce de vacaciones; instaurada por la ABOGADA MARIA MARGARITA AGUILAR, en su condición de Representante Procesal de la señora ARIATNA VANESSA ZELAYA MURILLO; contra LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), a través de su Rectora y Representante Legal la Señora JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ; a lo siguiente: a) Reintegrar a la Señora ARIATNA VANESSA ZELAYA MURILLO; a su puesto de trabajo por lo menos en igualdad de condiciones de trabajo que mantenía al momento de operarse la ruptura del contrato; restitución a sus funciones; al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se materialice el reintegro ordenado, y demás derechos adquiridos en su ausencia, debiendo la Institución demandada nombrarla como empleada permanente desde el inicio de la relación laboral 18 de mayo de 2015 para lo cual deberá emitir el Acuerdo de Nombramiento correspondiente en el cual se nombre a la Señora ARIATNA VANESSA ZELAYA MURILLO; b) Goce de 16 días de vacaciones del periodo 2015-2016. III.- Declarar SIN LUGAR la demanda Ordinaria Laboral para el pago de vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes; aumentos e incentivos laborales adeudados de conformidad a aquellos que se les otorga a los empleados permanentes en la Institución; Indemnización por violación a Derechos Fundamentales Vía Ley de Inspección Laboral en el artículo 90; instaurada por la ABOGADA MARIA MARGARITA AGUILAR, en su condición de Representante Procesal de la señora ARIATNA VANESSA ZELAYA MURILLO; contra LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), a través de su Rectora y Representante Legal la Señora JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ de pagar a la Señora ARIATNA VANESSA ZELAYA MURILLO; dichos conceptos. IV.- SIN COSTAS…”. Bajo el criterio que, se puede observar que la demandante ha sido contratada a través de Acuerdos de Rectoría en un puesto que por su continuidad tanto en el tiempo, coma ejecutando las mismas funciones de trabajo que ejecuta, para el mismo empleador, son de naturaleza indefinida dentro de la Institucion demandada, ya que se cumplen los elementos de la regla indefinidad del contrato de trabajo tal y como lo señala el artículo 47 y 52 del Código del Trabajo y concurre el elemento más importante de toda relación laboral como ser la subordinación. Por lo tanto, se ha demostrado que ella ha suscrito varios Acuerdos con el mismo empleador yen el mismo cargo, renovándose estos de manera ininterrumpida, uno en pos de otro, dejando entrever que aún subsiste la causa que le dio origen al contrato de trabajo suscrito inicialmente y que sigue subsistiendo la causa de contratación ya que la Institución demandada a la cual ejercía su actividad específica la demandante. De lgual forma el puesto de trabajo que desempeñaba la demandante no puede ni debe considerarse de carácter temporal, pues los servicios que proporcionaba dicho trabajo, son necesarios para la plena operatividad de la Institución, tomando en cuenta la función y el objeto de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, por lo que no pueden ser accidentales. Asimismo se deja ver claramente una simulación de Acuerdos de Rectoría, ocultando un verdadero contrato de trabajo por tiempo indefinido, este acto simulado u ocultamiento del verdadero contrato de trabajo, tiene como fin último evadir las obligaciones estipuladas en la Ley Laboral en fraude a la ley o abuso de derecho (art. 3 del Código del Trabajo y art. 6 Código Procesal Civil); el Código del Trabajo y sus principios resuelven éste tipo de abusos y violaciones contra los trabajadores, por lo que si el empleador, utilizando los Acuerdos de Rectoría por tiempo determinado, pretendía rehuir sus obligaciones patronales, SON NULOS IPSO JURE dichos contratos ya que los mismos eliminan y disminuyen derechos laborales y Constitucionales ya adquiridos por los trabajadores derivados de una relación típica de trabajo; haciendo la aclaración que lo que se invalida es la declaración fraudulenta o simulada de la voluntad de las partes ( o la de una de ell as en realidad), no respecto de la decision de relacionarse o de vincularse jurídicamente, en consecuencia se extingue con la sanción de nulidad a cualquiera y a toda modalidad fraudulenta o de simulación, donde se pretenda la violación de derechos laborales, pero subsiste y debe de aplicarse al contrato de trabajo, las normas laborales y previsionales por encima de la voluntad de las partes, por ser las normas de Derecho del Trabajo de orden público y de cumplimiento obligatorio. Que en vista de las consideraciones legales anteriores precede declarar CON LUGAR la presente demanda laboral; asistiéndole el derecho a ser reintegrada a su puesto de trabajo que tenía al momento de la ruptura del Contrato de Trabajo y al pago de los salarios dejados de percibir, así como la restitución a sus funciones; y los demás derechos que se hayan otorgado en ausencia de la actora; en cuanto al pago de vacaciones de los periodos 2015, 2016 y 2017 se declara SIN LUGAR en vista de que con el medio de prueba RECONOCIMIENTO JUDICIAL se acredito que la Institución demandada le hizo efectivo estos conceptos a la demandante; únicamente se le adeudan el goce de 16 dfas de vacaciones de los años 2016 y 2017; en lo que se refiere al pago del decimo tercer y decimo cuarto mes; aumentos e incentivos laborales adeudados de conformidad a aquellos que se les otorga a los empleados permanentes en la Institución; Indemnización por violación a Derechos Fundamentales Via Ley de Inspeccion Laboral en el artículo 90, se declaran SIN LUGAR ya que de igual forma con el medio de prueba RECONOCIMIENTO JUDICIAL se acreditó que la UNAH hizo efectivo decimo tercer y decimo cuarto mes a la demandante; asimismo se acreditó que se le reconocía el incremento salarial que establece la cláusula 91 y el ajuste por concepto de costo de vida en función del índice inflacionario determinado por el BCH y estas sanciones son impuestas en vía administrativa por el ente competente como lo es la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 13 de septiembre del 2021, dictó sentencia que, en su parte conducente, dice: “FALLA: 1.- Declarando SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado EDGARDO JAVIER BANEGAS SALINAS; 2.- REFORMANDO DE OFICIO la sentencia definitiva de fecha veinte de agosto del año dos mil veinte, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en el sentido siguiente: A) REVOCANDO PARCIALMENTE EL NUMERAL SEGUNDO, INCISO A, el que deberá leerse de la siguiente manera: "a) Reintegrar a la Señora ARIATNA VANESSA ZELAYA MURILLO; a su puesto de trabajo por lo menos en igualdad de condiciones de trabajo que mantenía al momento de operarse la ruptura del contrato; restitución a sus funciones; al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se materialice el reintegro ordenado, y demás derechos adquiridos en su ausencia, debiendo la Institución demandada tener a la Señora ARIATNA VANESSA ZELAYA MURILLO como empleada permanentes desde el inicio de la relación laboral desde 18 de mayo de 2015.".- 3) CONFIRMANDO LOS NUMERALES PRIMERO, SEGUNDO INCISO B), TERCERO Y CUARTO.- Todo en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE MEDIANTE SENTENCIA DEFINITIVA SE RECONOZCA UN CONTRATO DE TRABAJO COMO CELEBRADO POR TIEMPO INDEFINIDO EN VIRTUD DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE TRABAJO CONTINUOS E ININTERRUMPIDOS EN CLARA SIMULACION CONTRACTUAL EN FRAUDE A LEY POR LA PARTE DEL EMPLEADOR Y EN APLICACION ESTRICTA DE LO PRECEPTUADO EN EL ARTICULO 47 DEL CODIGO DEL TRABAJO, ASIMISMO LA REINSTALACION AL PUESTO DE TRABAJO Y RESTITUCION DE FUNCIONES EN VIRTUD DE TERMINACION DE LA RELACION LABORAL, INDEMNIZACION POR VIOLACION A DERECHOS FUNDAMENTALES VIA LEY DE INSPECCION LABORAL EN ARTICULO 90, SE CONDENE EN COSTAS, promovido por la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO en su condición de representante procesal de la señora ARIATNA VANESSA ZELAYA MURILLO contra la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH) a través de la señora JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ en su condición de Rectora.- SIN COSTAS en esta instancia”. Bajo el criterio que, existe abundante prueba documental con la que se acredita que el trabajador suscribió varios contratos de trabajo a tiempo determinado, contratos de trabajo que fueron renovados sucesivamente; desempeñando funciones propias de los trabajadores permanentes; que con la prueba documental que obra en la primera pieza de autos, se logró acreditar la existencia de una verdadera relación de trabajo celebrado entre el Estado de Honduras y la demandante; y que las funciones por las cuales fue contratada siempre han sido las mismas durante la suscripción de dichos contratos; existiendo además los otros elementos para considerar la relación laboral como permanente, tal como lo señala el artículo 20 del Código del Trabajo como ser: subordinación y dependencia del patrono, horario de trabajo y el derecho a una remuneración. Además, el artículo 47 del Código del Trabajo señala que "Los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se considerarán como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese término de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsisten la causa que le dio origen o la materia del trabajo para la prestación de servicios o la ejecución de obras iguales o análogas.", por lo que no cabe duda a este Tribunal de Alzada, que la relación existente entre las partes en contienda, era por tiempo indeterminado. Que habiéndose acreditado en autos que la relación que sostenían la demandante con la UNAH era de naturaleza permanente, y tratándose de verdaderos contratos de trabajo los suscritos, no procede el otorgamiento de un acuerdo de nombramiento, ya que la Juez al otorgar la permanencia, lo hace con todas las facultades que la ley le da como juzgadora, y a la parte demandada no le queda más que dar cumplimiento a la sentencia condenatoria. Por lo que en este sentido procede reformar de oficio la sentencia apelada, por no encontrarse dictada conforme a derecho, únicamente en lo que respecta al otorgamiento del acuerdo ministerial.- 5.- Mediante auto de fecha 22 de febrero del 2022, este Tribunal de Justicia resolvió admitir los recursos de casación interpuestos por los Abogados MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, en su condición de representante procesal de la señora ARIATNA VANESSA ZELAYA MURILLO; y, JORGE DAVID MEZA VASQUEZ, en su condición de representante procesal de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a cada una de los Recurrentes por el plazo de veinte (20) días, para que formulen sus demandas de casación de la siguiente forma: a) A la apoderada demandante dicho termino le comenzará a contar a partir del día siguiente de la notificación de esta resolución y, b) Al representante procesal de la parte demandada, a partir del día siguiente de la notificación de la resolución en que se tenga por devuelto el traslado anterior.- 6.- En fecha 21 de marzo del 2022, compareció ante este tribunal, la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, en su condición de representante procesal de la señora ARIATNA VANESSA ZELAYA MURILLO, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que, mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por formalizado en tiempo el recurso de casación; y se confirió traslado a la otra parte por el termino de 20 días para que formulara su demanda de casación; y en fecha 03 de agosto del 2022, compareció ante este Tribunal, el Abogado JORGE DAVID MEZA VASQUEZ, en su condición de representante procesal de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por formalizado en tiempo el recurso de casación; omitiéndose el traslado, se ordenó dar copia a la parte contraria para la contestación en forma común, por el término de diez días, el cual surtirá efecto en esta Secretaría, donde se mantendrán los autos a su disposición; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 13 de septiembre del 2022, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte de la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida/recurrente; y mediante proveído de fecha 31 de octubre del 2022, se declaró precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte del Abogado JORGE DAVID MEZA VASQUEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida/recurrente; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, en su primer motivo de casación alega: “Acuso la sentencia impugnada violatoria de ley sustantiva laboral por violación directa por falta de aplicación de la norma establecida en el artículo 3 del Código del Trabajo relacionada con la norma Constitucional establecida en los artículos 128 numeral 15 en relación con el contrato individual y 304 primera oración del primer párrafo. NORMA SUSTANTIVA VIOLADA. La norma sustantiva de orden nacional violada está contenida en el artículo 3 del Código del Trabajo relacionada con la norma constitucional establecida en los artículos 128 numeral 15 en relación con el contrato individual y 304 primera oración del primer párrafo. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo está comprendido en el numeral primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. EXPLICACION DE LA INFRACCION. El Ad Quem al reformar la sentencia y limitar el poder del juez a no poder exigir un trámite administrativo para la efectividad reconocido en la sentencia es violatorio de la norma sustantiva señalada como violada. Establece nuevos límites sin fundamento legal en su considerando 13, comete el error de no llevar a una ejecución lo fallado, impidiendo de esta manera la plena tutela de la recurrente en sus derechos como jubilación o pensión, preaviso, cesantía, aumentos salariales y demás derechos conexos de los cuales gozan los empleados Permanentes en la UNAH. Comete el error evidente en creer que en la administración pública del Estado existen los contratos de trabajo por tiempo indefinido, desconociendo que estos son los denominados acuerdos, que no es otra que la decisión unilateral de la demandada en nombrar a una persona como empleado Permanente y la del empleado en aceptar las condiciones del puesto. Seguir con la reforma realizada por el Ad Quem equivaldría en dejar a la recurrente en una isla presupuestaria que le impediría gozar de todos los beneficios de la sentencia dictada. Además, desconoce la jurisprudencia existente que esta Corte Suprema de Justicia ha creado en los procesos de Casación número S.L.146-18, S.L. 240-18 y S.L. 576-19 entre otros, donde confirmo la condena en cuanto a obligar al Estado de Honduras a emitir el acuerdo de nombramiento en los casos semejantes al presente. Debió en todo caso, reconocer la jurisprudencia y ejecutar lo juzgado a través del nombramiento de la recurrente. ”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) olvida la Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley, insta hechos y por ende el material probatorio; b) la norma que indicia como violada como ser el artículo 3 del Código del Trabajo, no ostenta el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce y consagra correlativamente derechos y obligaciones o extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa.- IV. Que la Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “. Acuso la sentencia impugnada violatoria de ley sustantiva laboral por Aplicación Indebida de la norma establecida en el artículo 3 del Código del Trabajo relacionada con la norma constitucional establecida en los artículos 128 numeral 15 en relación con el contrato individual y 304 primera oración del primer párrafo. NORMA SUSTANTIVA VIOLADA. La norma sustantiva de orden nacional violada está contenida en el artículo 3 del Código del Trabajo relacionada con la norma constitucional establecida en los artículos 128 numeral 15 en relación con el contrato individual y 304 primera oración del primer párrafo. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo está comprendido en el numeral primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. NORMAS PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACION DE LA NORMA SUSTANTIVA SEÑALADA. Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de la norma sustantiva señalada están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. EXPLICACION DE LA INFRACCION. El Ad Quem al reformar la sentencia y limitar el poder del juez a no poder exigir un trámite administrativo para la efectividad reconocido en la sentencia es violatorio de la norma sustantiva señalada como violada. Establece nuevos límites sin fundamento legal en su considerando 13 y comete el error de no llevar a una ejecución lo fallado, impidiendo de esta manera la plena tutela de la recurrente en sus derechos como jubilación o pensión, preaviso, cesantía, aumentos salariales y demás derechos conexos de los cuales gozan los empleados públicos. Comete el error evidente en creer que en la administración pública del Estado existen los contratos de trabajo por tiempo indefinido, desconociendo que estos son los denominados acuerdos, que no es otra que la decisión unilateral del Estado en nombrar a una persona como empleado público y la del empleado en aceptar las condiciones del puesto. Seguir con la reforma realizada por el Ad Quem equivaldría en dejar a la recurrente en una isla presupuestaria que le impediría gozar de todos los beneficios de la sentencia dictada. Además, desconoce la jurisprudencia existente que esta Corte Suprema de Justicia ha creado en los procesos de Casación número S.L.146-18, S.L. 240-18, S.L. 576-19, S.L.613-21 entre otros donde confirmo la condena en cuanto a obligar al Estado de Honduras a emitir el acuerdo de nombramiento en los casos semejantes al presente. Debió en todo caso, reconocer la jurisprudencia y ejecutar lo juzgado a través del nombramiento de la recurrente.”.- V. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) olvida la Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley, insta hechos y por ende el material probatorio; b) la norma que indicia como violada como ser el artículo 3 del Código del Trabajo, no ostenta el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce y consagra correlativamente derechos y obligaciones o extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa.- VI. La impetrante alega nulidad subsidiaria la cual aduce que: “Si los anteriores motivos no resultan suficientes para enmendar el fallo emitido por el Ad Quem y garantizar la aplicabilidad de la jurisprudencia creada, interpongo NULIDAD SUBSIDIARIA a partir del folio veinte de la segunda pieza de autos (Corte de Apelaciones del Trabajo) en virtud de que la sentencia dictada por el Ad Quem no garantiza la ejecución de lo juzgado, es decir, procesalmente está incompleta pues no existe en la estructura presupuestaria de la demandada, renglones que permitan pagar contratos por tiempo indefinidos, esto como consecuencia de que todo trabajador que celebre un contrato de trabajo por tiempo indefinido con el Estado de Honduras es denominado empleado público y goza de un acuerdo de nombramiento. Mantener el fallo resultaría ir en contra de la norma constitucional establecida en el artículo 304 en cuanto a juzgar y ejecutar lo juzgado, en contra de la jurisprudencia creada por esta Corte Suprema de Justicia y en contra de los derechos que establece el Código de Trabajo en su artículo 3. Finalmente, es necesario indicar que el argumento expresado por el Ad Quem en su considerando 13 carece de fundamento jurídico, limita los poderes del juez, pero no establece bajo que norma jurídica crea ese razonamiento, hecho que resulta en una violación al debido proceso, a las normas procesales que rigen las condiciones en que se deben dictar las sentencias según el Código Procesal Civil y limita el ejercicio del juez consagrado en la Ley de Organización y Atribución de los Tribunales. En virtud de lo anterior, resulta procedente decretar la nulidad del fallo, indicándole al Ad Quem el rumbo correcto en que debe dictar su sentencia”.- VII. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; En el presente caso, donde la situación planteada ya ha sido resuelta en el momento procesal oportuno por el A Quo y el Tribunal de apelación lo constituye en un objeto de litigio ya dirimido y agotadas sus instancias, sin embargo estudiado el caso en examen, éste Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.- VIII. Abogado JORGE DAVID MEZA VASQUEZ, en su primer motivo alega “Ser la Sentencia de fecha en fecha trece de septiembre del año 2021 dictada por la corte de Apelaciones de francisco Morazán del caso que nos ocupa violatoria de la Ley sustantiva. Precepto Legal Sustantivo Infringido: Las disposiciones sustantivas infringidas están contenidas en los artículos: 46 literal b, 738 739 del Código del Trabajo. Precepto Legal Adjetivo autorizante: Las normas procesales o normas adjetivas a través de las cuales se infringió en forma indirecta las disposiciones sustantivas las constituyen los artículos 738 y 765 del Código del Trabajo. Pruebas Dejadas de Apreciar: Las pruebas que el Tribunal Ad-quem ha apreciado erróneamente en su conjunto al haber incurrido en error de hecho son: Pruebas Propuestas por la representación procesal demandada: I.- DOCUMENTAL PRIVADO, consistente en los contratos temporales de trabajo de la demandante, según acuerdos de Rectoría, números 1736-2015, de fecha 02 de septiembre del 2015, comprendido del periodo del 18 de mayo al 18 de diciembre del 2015; Acuerdo No.314-2016, de fecha 27 de febrero del 2016, comprendido del periodo del 19 de enero al 20 de diciembre del 2016; y el Acuerdo No.778-2017, de fecha 20 de abril del 2017, comprendido del periodo del 09 de enero al 09 de julio del 2017, para desarrollarse como Especialista en Servicios Estudiantiles del Programa de Servicios a Estudiantes con Necesidades Especiales PROSENE, dependiente de la Vicerrectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles (VOAE), Programa que se creó, con el propósito de facilitar el acceso al entorno físico y Educativo de la UNAH y propiciar un ambiente de aprendizaje favorable para que los estudiantes que poseen alguna discapacidad tengan la oportunidad de participar plenamente en la vida Universitaria, siendo coordinado dicho programa, directamente por la Licenciada Flora Girón, titular de la única plaza permanente, y de la cual la demandante recibía directrices de ella, Documentos privados, que fueron admitidos por este Honorable Tribunal los cuales se tienen como practicados o evacuados, donde se acredito que dichos contratos eran de carácter temporal, ya que para cada acuerdo se tuvo que solicitar a la Dirección de Finanzas y Presupuesto y Oficio las correspondientes transferencias de fondos como programa especial, quedando demostrado que para el Acuerdo 1736-2015, la transferencia fue con los fondos No.3995-2015, con el Acuerdo No.314-2016, la transferencia fue con los fondos No.5964-2016 y para el Acuerdo No.778-2017, la transferencia fue con los fondos No.9343-2017; II.- Se aportó también el medio de prueba RECONOCIMIENTO JUDICIAL, para que la señora Juez, Asociada de su secretaria de actuaciones, realizara inspección en las oficinas de la VOAE, pero con una petición hecha por el Representante procesal anterior de mi representada, solicito que dicho medio de prueba se practicara, por medio de oficio librado a la VOAE, donde el Tribunal accedió a lo solicitado, librando el atento Oficio No.2108-2019, cumplimentado en fecha 15 de febrero se informó por parte de VOAE, a través de su Vicerrector AYAX IRIAS COELLO, los extremos siguientes: A) El número de plazas para Psicólogos en la VOAE orientadas a la atención del estudiantado con discapacidades, solo es de 1 plaza permanente; B) Si la señora ARIATNA VANESSA ZELAYA, fue la coordinadora del área de Psicología de PROSENE y si era la única que atendía a los estudiantes que requerían ayuda, a lo que se informó, que la demandante, no fungía como coordinadora ya que su contratación fue en el cargo de Especialista en Servicios Estudiantiles en carácter temporal; C) Funciones que realizaba la señora ARIATNA VANESSA ZELAYA y bajo la subordinación de quien estaba cuando laboro para PROSENE de la UNAH, a lo cual se informó que las funciones de la demandante, era: l. Atención Psicológica a estudiantes con capacidad.- 2. Tutorías en el área de Psicología y 3.Charlas de Sensibilización, bajo la coordinación de la Licenciada FLORA GIRON, Coordinadora de PROSENE; y D) De quien es el titular de la plaza de Psicólogo de PROSENE y desde cuando funge como tal, la o el titular de la misma, a lo cual se informó que La Plaza de Psicóloga de Prosene, la ostenta la Licenciada en Psicología PATRICIA AVILA, desde el año 2014, teniendo por evacuado dicho medio de prueba que demuestran a todas luces, que la contratación de la demandante, estaba revestida de un carácter temporal y no permanente, pero otorgándole todos los derechos adquiridos, como ser pago de vacaciones, décimo tercer mes de salario, décimo cuarto mes de salario, aumentos e incentivos salariales durante laboro en la UNAH, pero lastimosamente, los estudiantes con discapacidad pasaron a ser atendidos con el programa de salud de la VOAE en alianza con el Hospital Escuela Universitario (HEU), en donde ellos directamente son evaluados por diferentes especialistas, finalizando el programa por ende la contratación temporal de la demandante, en fecha 09 de julio del 2017, por lo cual no se puede llamar su contratación como lo relaciona la demandante como un fraude laboral, por lo cual se demostró, que no había presupuesto para seguir con la relación laboral, nunca trabajando la demandante en forma independiente, siempre estuvo en apoyo a la Psicóloga titular de PROSENE, y al cumplir a cabalidad con todos los derechos cancelados a la demandante, nunca se incurrió en ninguna violación de derechos fundamentales como lo dice la Ley de Inspección de Trabajo y lo reclamado en el acápite Cuantía de la Demanda, por parte de la demandante es totalmente absurda, infundada e improcedente ya que en el agotamiento de la vía administrativa, mi representada no infringió ninguna violación, de los derechos fundamentales de la demandante, protegidos por la Constitución de la Republica, en aplicación a lo concerniente al Capítulo V, articulo 86 de dicha ley antes relacionada, el cual dice: "La competencia sancionadora y en su caso la aplicación de la sanción que corresponda, debe ser ejercida por los Jefes del Cuerpo de Inspectores de cada Oficina Regional del Trabajo o la autoridad de trabajo que haga sus veces, como primera instancia, constituyéndose como segunda y última instancia la Dirección General de Inspección del Trabajo (DGIT), agotando con su pronunciamiento la vía Administrativa.". Reiterando que la contratación de la demandante siempre fue temporal y por tiempo determinado para brindar un apoyo a la coordinación de Prosene y siendo entendido que las alianzas entre PROSENE y HEU, vino a relevar la función hecha por la demandante y por eso no se le renovó su contrato. En relación a los medios de prueba ofrecidos por el Representante Procesal actor, y que fueron admitidos por el tribunal, siendo estos: I.- documental Publico, no hubo ninguna oposición por parte de la representante procesal anterior de mi representada en la audiencia primera de trámite, por lo cual fue evacuado por este Tribunal, la cual manifiesta que se dio por agotada la vía administrativa, sin demostrar algún tipo de sanción que se impusiera por parte de ese órgano conciliador, como lo establece la Ley de Inspección de Trabajo, por ende lo único que demuestra la demandante con este medio de prueba, que se agotó la vía administrativa.- II.- Con este medio de Prueba aportado por la parte demandante, concerniente al Reconocimiento Judicial, a las oficinas de PROSENE, y que se practicó en fecha 28 de octubre del 2019, en la segunda audiencia de trámite, se constató todo lo aseverado por nuestra defensa, en la contestación de la demanda, por lo cual nos adherimos al mismo medio de prueba, desarrollándose el Reconocimiento judicial de la siguiente manera: a) Si la demandante gozo de sus vacaciones en el periodo 2015 y 2016 y si las mismas eran remuneradas, a lo que informo la MSC NORMA ONDINA SANCHEZ jefe de Compensación Salarial, que según sistema integral de Recursos Humanos de la Dirección de Recursos Humanos, la demandante recibió el pago en concepto de vacaciones de los años 2015, 2106 y 2017, el 18 de diciembre del 2015, el 09 de Diciembre del 2016 y el 08 de Diciembre del 2017 y sobre el goce de vacaciones la Lic. DULCE CAROLINA VALLE, ESECIALISTA II, EN ESTRATEGIA LABORAL informo que según calendario académico los empleados gozan de vacaciones 3 periodos en el año, siendo estos: 7 días en el mes de mayo, 7 días en el mes de septiembre y 28 días en el mes de diciembre. De los cuales para el año 2015, la demandante no los gozo por no haber cumplido el año laborado en la institución. Para el año 2016, la demandante gozo de sus periodos de vacaciones, exceptuando el periodo de 28 días que se otorgaron en el mes de diciembre ya que la demandante no los gozo completamente, siendo que trabajo 9 de estos 28 días, en el mes de enero, por lo cual se le adeudan 9 días de vacaciones; Para el año 2017, la demandante gozo de sus periodos de vacaciones exceptuando el periodo de 7 días que se otorgaron en mayo ya que la demandante se presentó a trabajar por lo cual se le adeudan esos 7 días de vacaciones, siendo un total de 16 días adeudados de los años 2016 y 2017. b) Si a la demandante se le pago el décimo tercer mes y décimo cuarto mes, causados y proporcionales durante los años 2015 y 2016, a lo que la MSC NORMA ONDINA SANCHEZ jefe de Compensación Salarial, informo que, en el año 2015, se le pago a la demandante el Décimo Tercer mes, el 18 de diciembre del 2015. En el año 2016, se le pago el Décimo Cuarto mes, el 09 de junio de 2016 y Décimo Tercer mes el 09 de diciembre del 2016.- c) Salario que devengaba mensualmente la demandante, a lo que la MSC NORMA ONDINA SANCHEZ jefe de Compensación Salarial, informo que la demandante ingreso a laborar devengando un salario mensual de L.17,717.67 y por los aumentos en concepto de Costo de Vida y años de servicio, actualmente devengaba L.20,174.16 y no L.19,087.83, como lo relaciono el demandante (esto último comentario mío); d) Si a la demandante se le reconocía el incremento salarial que establece la cláusula 91 párrafos primero del contrato colectivo, suscrito por la UNAH y el SITRAUNAH, durante los años 2015, 2016 y 2017, informando la MSC NORMA ONDINA SANCHEZ jefe de Compensación Salarial, que a la demandante si se le reconocía el incremento salarial que establece el artículo 91 párrafo primero del contrato colectivo suscrito por la UNAH y el SITRAUNAH, en el año 2015, se le concedió un aumento de L.75.00 por años de servicio, en el año 2016, se le concedió L.75.00 y en el año 2017 el 1% L.188.99; y e) Si a la demandante se le reconoció el ajuste por concepto de costo de vida, en función del índice inflacionario determinado por el BCH, de conformidad a la cláusula 92 del contrato colectivo suscrito por la UNAH y el SITRAUNAH, a lo que la MSC NORMA ONDINA SANCHEZ jefe de Compensación salarial, informo que en el año 2015 se le concedió el 5.82%, en el año 2016, se le concedió el 2.36% y en el año 2017, se le concedió el 3.31%, demostrando con este medio de prueba aportado y evacuado por la parte demandante, que lo peticionado está totalmente infundado por ser improcedente e ilegal, ya que se demostró que la demandante si se le concedieron todos los derechos fundamentales demandados, que aunque sus contratos eran temporales, gozaba de todos los derechos, como si fuera una trabajadora permanente, desvaneciendo con esto la falsa percepción relatada por la demandante en su cuerpo de demanda, como si la contratación de la señora ARIATNA VANESSA ZELAYA MURILLO, fuera fraudulenta. PRECEPTO AUTORIZANTE. el motivo la casación está comprendido en el artículo 765 ordinal primero párrafo segundo del Código de trabajo.- CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN. del articulo 46 en su literal b, establece: El contrato individual de trabajo puede ser: a)…; b) por tiempo limitado, cuando se especifica fecha para su terminación o cuando se ha previsto el acaecimiento de algún hecho o circunstancia como la construcción de una obra, que forzosamente ha de poner término a la relación de trabajo. En este segundo caso, se debe tomar en cuenta la actividad del trabajador en sí mismo, como objeto del contrato, y no el resultado de la obra; el artículo 738 establece: el juez al proferir su decisión analizará todas las pruebas allegadas en su tiempo.- el artículo 739 establece: El Juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas, y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la pruebas y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes. Sin embargo, cuando la ley exija determinada solemnidad ad-sustancia actus, no se podrá admitir sin prueba por otro medio. En todo caso, en la parte motivada de la sentencia el Juez indicará los hechos y circunstancias que causaron su convencimiento. LA VIOLACION PASO A EXPLICAR LA DE LA SIGUIENTE FORMA. la corte sentenciadora al declarar sin lugar el recurso interpuesto y reformando de oficio la sentencia definitiva de fecha veinte de agosto del año dos mil veinte, dictada por el juzgado de letras del trabajo de Francisco Morazán, en el sentido siguiente: a) revocando parcialmente el numeral segundo, inciso a, el que deberá leerse de la siguiente manera: "a) reintegrar a la señora Ariatna Vanessa Zelaya Murillo; a su puesto de trabajo por lo menos en igualdad de condiciones de trabajo que mantenía al momento de operarse la ruptura del contrato; restitución a sus funciones; al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se materialice el reintegro ordenado, y demás derechos adquiridos en su ausencia, debiendo la institución demandada tener a la señora Ariatna Vanessa Zelaya Murillo como empleada permanentes desde el inicio de la relación laboral desde 18 de mayo de 2015.”.-3) confirmando los numerales primero, segundo inciso b), tercero y cuarto que corre agregado a folios 101 al 106 de la primera pieza, mediante sentencia que corre agregada a folios 20 al 27 de la segunda pieza, incurrió en un error de hecho que aparece de manifiesto en los autos por falta de aireación y valoración de los medios de prueba que sean singularizado en la estructura de este motivo por consiguiente la corte de apelaciones del trabajo tampoco no apreció el contenido los medios de prueba documentales los cuales desprenden las siguientes circunstancias: documental consistente ya que me representa una vez que concluye el periodo para el cual fueron contratada de manera temporal y en virtud de no poder seguir manteniendo personal cuya relación laboral haya cumplido el término estipulado es de hacer notar o no la de magistrados que de la aplicación indebida qué le da el tribunal de Prince de la puerta apelaciones del trabajo del artículo 346 literal B Es que no toma en consideración que mira enfrentando estaba en la obligación de señalar causa justa o injusta a la terminación laboral tan só1o bastaba que se le comunicará que su contratación por tiempo determinado no sería renovada incurriendo por ello el juzgador en una evidente aplicación indebida este artículo donde explicó que el demandante cuya contrataciones por tiempo determinado tal como se planteó en la contestación de la demanda por parte está defensa no obstante lo anterior el juez a quo Al momento de proferir su decisión Está en la obligación de analizar todas las pruebas allegadas en tiempo tal como lo está el artículo 738 del Código de trabajo denotando un evidente aplicación indebida de este artículo por el juez de primera instancia el tribunal de apelaciones por los señores maíz a dos al exigir una mala apreciación a una falta de apreciación de la prueba es decir respecto a la prueba considerada en sí misma y no en relación a las normas legales que regulan las pruebas de qué se trata Pues en este último caso se estará frente a un cuestión diferente este error de hecho a considerar como consecuencia obligada y necesaria la violación de la ley sustantiva y el error de hecho expresado debe ser manifiesto sea Que aparezca en un en pugna con evidencia demostrada por la prueba de que se trate como ocurriría en Sí en la sentencia admite por probado el hecho de que en realidad no es no está demostrado o el contrario se da por él probado el hecho de que si está aprobado en juicio como el caso de autos siendo que así que el error de hecho en la apreciación de la prueba documental fundamento este motivo un recurso no consiste en sacar recurrente a quedar deducciones que le interese en que los hechos declarados probados y las afirmaciones contenidas en la sentencia están en manifiesto oposición con lo que en los documentos Aparecen por estimar como ciertos lo contrario de ellos resulta incurriendo por ello el juzgador un evidente equivocación que exige el ordinal Con todas las Disposiciones Anteriores dejo establecido Ipso Jure Que el Tribunal Ad-quem de haber emitido la aplicación correcta de las normas sustantivas antes relacionadas el fallo sería diferente con sentido de equidad, con imprecisiones y falta de claridad incurre con su sentencia en violaciones a normas sustantivas adjetivas o procesales causando grandes perjuicios a la parte demandada. Con Todo el Análisis de las pruebas dejadas de apreciar al igual que las normas sustantivas y adjetivas se puede concluir que el Tribunal Ad-quem para justificar su criterio tal debió expresarlo en un considerando de la Sentencia Recurrida tuvo que analizar el proceso en forma objetiva y veraz para evitar asimismo el infringimiento de las normas adjetivas ejerciendo uno excesiva Atribución del Principio de Libre Convencimiento de la opreciación de las pruebas observadas por ella y omitiendo las observaciones de estas allegadas al proceso por lo parte demandante, una violación a un término invocado por la parte demandada que es inconsistente.- IX. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) dentro de las normas que indica como violadas como ser los artículos 46 inciso b), 738 y 739 del Código del Trabajo, no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce y consagra correlativamente derechos y obligaciones o extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su Y adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica correctamente el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; c) no indica tipo de infracción que señala cometido el ad quem al emitir la sentencia; d) hace extensos alegatos de instancia.- X. El Recurrente en su segundo motivo alega: “SER LA SENTENCIA VIOLATORIA DE LA LEY ADJETIVA. Precepto Legal Sustantivo Infringido: numeral l) artículo 2 Código Procesal Civil; Aplicación Indebida .... Precepto Legal autorizante; 738 y numeral 2) del artículo 765 del Código de Trabajo; Aplicación Simultanea. Concepto por Aplicación Indebida: El Tribunal Ad-quem fundamenta su sentencia y emite decisiones con la que expresa que la finalidad de la demanda es que se condene a mi representada a el reintegro a sus puestos de trabajo en iguales condiciones, salarios dejados de percibir desde la fecha de terminación de la relación laboral hasta que se procede la reinstalación, reconocimiento de beneficios a otros trabajadores en su ausencia, nombramiento como profesoras auxiliares por haber laborado de manera ininterrumpido y a los nombramientos en forma permanente, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a la hoy demandante, sin embargo, esta contradicción de términos, hacen con ello más gravosa la situación de la parte actora pues la corte Sentenciadora Continuo inobservado las pruebas allegadas al proceso con las que queda probado que la demandante no participaron en concurso y no fue empleada permanentes La Corte Sentenciadora en los considerando de su sentencia reiteradamente y en forma expresa manifiesta que hay una continuidad en la prestación laboral, pues su apreciación y aplicación indebida de estos criterios infringen las normas ya mencionadas, con las cuales queda demostrado que la sentencia recurrida es indebida e ineficaz en relación a los derechos que legalmente corresponden al Recurrente.”.- XI. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) cita de forma incompleta el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; b) dentro de las normas que indica como violadas como ser el articulo 2 numeral 1 del Código Procesal Civil, no ostenta el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce y consagra correlativamente derechos y obligaciones o extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; c) realiza alegatos de instancia.- XII. El impetrante alega nulidad subsidiaria la cual aduce que: “La nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y debe cuando conste en autos declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen y no puede subsanarse por la confirmación de las partes, ni por un lapso menor que el que se exige para la prescripción ordinaria. En virtud de ello, se alega en forma subsidiaria la nulidad absoluta de la sentencia recurrida dictada por la corte apelaciones del trabajo de esta sección judicial en fecha trece de septiembre del año 2021, señalando los errores procesales siguientes: a) En el fallo o parte dispositiva de la sentencia recurrida, la corte sentenciadora, no es clara y congruente al respecto el artículo 206 del código procesal civil nos manda a que las sentencias: 1. Las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas. 2. El tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes. 3. Cuando los puntos objeto del litigio hayan sido varios, el tribunal hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. habiendo manifestado lo anterior Considerando que la sentencia es la respuesta a una pretensión demandada, debe ser, obviamente estimatoria o desestimatoria, de esa pretensión ejercida y aclara el derecho controvertido, por eso y en mira de una justicia con la cara dirigida al pueblo (bien supremo de toda república), es menester que el juzgador tenga el cuidado de analizar toda la controversia sometida a debate a efecto que su parte resolutiva sea acorde al litigio (principio de correlación de la sentencia con la demanda). Cualquier sentencia que no sea precisa o clara puede conseguir el efecto contrario de su naturaleza, causando confusión e incertidumbre lo que por si traería inseguridad jurídica. Su inobservancia puede ser, anulada, tal y como sucede en el presente caso. el artículo 207 del mismo cuerpo legal manda: l. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. 2. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. Se disciplina en este precepto el alcance, extensión y profundidad de que han de estar dotados los razonamientos que sirven de sustento a la parte dispositiva de la resolución: siendo necesario que en éstos se tome en consideración y ofrezca respuesta puntual y cumplida a todos y cada uno de los extremos alegados en apoyo de las pretensiones respectivas. Ciertamente, es un inexcusable deber de los órganos judiciales el de motivar sus resoluciones como exigencia implícita en el derecho de defensa y que determina que en un Estado de Derecho hay que expresar cuál sea la razón del Derecho judicialmente interpretado y aplicado. Esta exigencia que responde a una doble finalidad: a) De un lado, la de exteriorizar el fundamento de la decisión, haciendo explícito que ésta corresponde a una determinada aplicación de la Ley; y, b) Se otro, permitir su eventual control jurisdiccional mediante el ejercicio de los recursos. En este sentido, hay que tener presente que el derecho a la tutela judicial efectiva incluye el de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada, fundada en Derecho y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, por cuanto la motivación de las resoluciones judiciales, es una exigencia derivada del derecho de defensa y del derecho de independencia e imparcialidad de los jueces que recoge el Art. 3 CPC que permite conocer las razones de la decisión que aquéllas contienen y que posibilita su control mediante el sistema de los recursos; tanto más cuando la exigencia de motivación entronca de forma directa con el principio del Estado democrático de Derecho y con una concepción de la legitimidad de la función jurisdiccional sustentada esencialmente en el carácter vinculante que para todo órgano jurisdiccional tienen la Ley y la Constitución. Sin embargo y a mayor abundamiento, la razón última que sustenta este deber de motivación, en tanto que obligación de exteriorizar el fundamento de la decisión adoptada por el órgano jurisdiccional, reside en la interdicción de la arbitrariedad y, por tanto, en la necesidad de evidenciar que el fallo de la resolución no es un simple y arbitrario acto de voluntad del juzgador en ejercicio de un rechazable absolutismo judicial, sino una decisión razonada en términos de Derecho. Esta exigencia cumple una doble finalidad inmediata: de un lado, garantizar el eventual control jurisdiccional de los fallos dictados por los jueces y Tribunales a través del sistema de recursos y de otro permitir al ciudadano conocer el fundamento de las decisiones judiciales, haciendo explícito que éstas corresponden a una determinada aplicación de la Ley; constituyendo lo esencia del control a desarrollar por este Tribunal la comprobación de la relación directa y manifiesta existente entre la norma que el Juzgador declara aplicable y el fallo de la resolución, exteriorizada en la argumentación jurídica conducente a éste. el articulo 208 nos habla de la congruencia: 1. Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. 2. En las sentencias se efectuarán las declaraciones que aquéllas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Se ha venido definiendo el vicio de incongruencia, como el desajuste entre el fallo judicial y los términos en los que las partes han formulado la pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso. Al conceder más, menos o cosa distinta de lo pedido, el órgano judicial incurre, de modo reiterado, en las formas de incongruencia conocidas como "ultra petita", "citra petita" o ''extra petita partium", potencialmente reveladoras de la parcialidad del órgano judicial, que decide lo que nadie le pide, o de la indefensión de alguna de las partes, que se encuentra sorpresivamente con una decisión ajena al debate previo. Se ha elaborado así un cuerpo de doctrina consolidado, que puede sistematizarse, a los efectos que en este comentario interesan, en los siguientes puntos: a) El vicio de incongruencia, entendido como desajuste entre el fallo judicial y los términos en los que las partes han formulado sus pretensiones, concediendo más o menos o cosa distinta de lo pedido, puede entrañar una vulneración del principio de contradicción constitutiva de una efectiva vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, siempre y cuando la desviación sea de tal naturaleza que suponga una sustancial modificación de los términos en los que discurrió la controversia procesal con infracción del art. 4 CPC.. El juicio sobre la congruencia de la resolución judicial precisa de la confrontación entre su parte dispositiva y el objeto del proceso, delimitado por sus elementos subjetivos - (partes) y objetivos (causa de pedir y petitum). Ciñéndonos a estos últimos, la adecuación debe extenderse tanto al resultado que el litigante pretende obtener, como a los hechos que sustentan la pretensión y al fundamento jurídico que la nutre, sin que las resoluciones judiciales puedan modificar la causa petendi, alterando de oficio la acción ejercitada, pues se habrían dictado sin oportunidad de debate ni de defensa sobre las nuevas posiciones en que el órgano judicial sitúa el tema decidendi. b) La incongruencia emisiva o ex silentio se produce, en esencia, cuando el órgano judicial deja sin contestar alguna de las pretensiones sometidas a su consideración, y la denominada "incongruencia por exceso o extra petitum se produce cuando el órgano judicial concede algo no pedido o se pronuncia sobre una pretensión que no fue oportunamente deducida por los litigantes, e implica un desajuste o inadecuación entre el fallo o la parte dispositiva de la resolución judicial y los términos en que las partes formularon sus pretensiones. En algunos ocasiones ambos tipos de incongruencia pueden presentarse unidas, dándose la llamada "incongruencia por error", que es aquélla en la que concurren al unísono las dos anteriores clases de incongruencia: se trata de supuestos en los que, por error de cualquier género sufrido por el órgano judicial, no se resuelve sobre la pretensión o pretensiones formuladas por las partes en la demanda o sobre los motivos del recurso, sino que equivocadamente se razona sobre otra pretensión absolutamente ajena al debate procesal planteado, dejando al mismo tiempo aquélla sin respuesta; c) La incongruencia extra petitum, que es la modalidad más frecuente, constituye siempre una infracción del principio dispositivo y de aportación de las partes que impide al órgano judicial, en el proceso civil, pronunciarse sobre aquellas pretensiones que no fueron ejercitadas por las partes, al ser éstas las que, en su calidad de verdaderos domini litis, conforman el objeto del debate o thema decidendi y el alcance del pronunciamiento judicial, por lo que éste deberá adecuarse a lo que fue objeto del proceso, delimitado, a tales efectos, por los sujetos del mismo (partes), por lo pedido (petitum) y por los hechos o realidad histórica que les sirve como razón o causa de pedir ( causa petendi). d) El principio dispositivo y de aportación de parte del Art. 10 y 11 CPC, rige también el sistema procesal en la segunda instancia civil y configura las facultades de conocimiento del órgano ad quem, que, en virtud del principio tantum devolutum "quantum" appellatum, sólo puede entrar a conocer sobre aquellos extremos de la Sentencia de instancia que hayan sido objeto de impugnación por las partes en el recurso de apelación Lo dicho no comporta que el Juez deba quedar vinculado rígidamente por el tenor de los concretos pedimentos articulados por las partes en sus respectivos escritos forenses o por las razonamientos o alegaciones jurídicas esgrimidas en su apoyo. Por un lado, el principio iura novit curia permite al Juez fundar el fallo en los preceptos legales o normas jurídicas que sean de pertinente aplicación al caso, aunque no hayan sido invocados por los litigantes; y, por otro lado, el órgano judicial sólo está vinculado por la esencia de lo pedido y discutido en el pleito, y no por la literalidad de las concretas pretensiones ejercitadas, tal y como hayan sido formalmente solicitadas por los litigantes, de forma que no existirá la incongruencia extra petitum cuando el Juez o Tribunal decida o se pronuncie sobre una pretensión que, aun cuando no fue formal o expresamente ejercitada, estaba implícita o era consecuencia inescindible o necesaria de los pedimentos articulados o de la cuestión principal debatida en el proceso. e) Para que la incongruencia por exceso adquiera relevancia procesal constitucional y pueda ser constitutiva de una lesión del derecho a la "tutela judicial efectiva" se requiere una desviación esencial generadora de indefensión: "que el desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes hayan formulado sus pretensiones, por conceder más de lo pedido (ultra petitum) o algo distinto de lo pedido (extra petitum), 'suponga una modificación sustancial del objeto procesal, con la consiguiente indefensión y sustracción a las partes del verdadero debate contradictorio, produciéndose un fallo extraño a las respectivas pretensiones de las partes, de forma que la decisión judicial se haya pronunciado sobre temas o materias no debatidas oportunamente en el proceso y respecto de las cuales, por consiguiente, las partes no tuvieron oportunidad de ejercitar adecuadamente su derecho de defensa, formulando o exponiendo las alegaciones y argumentos que tuvieran por conveniente en apoyo de sus respectivas posiciones. Es por todo lo anterior expuesto y debido a que dicha sentencia dictada por la corte de apelaciones del trabajo, del Departamento Francisco Morazán, donde ser Declara SIN LUGAR el RECURSO DE APELACION, Interpuesto por el representante procesal apelante y donde se condena a mi representada a La Universidad Nacional Autónoma De Honduras (UNAH), a través de la rectora en su condición de representante legal la señora Julieta Gonzalina Castellanos Ruiz, A REINTEGRAR, a su respectivo puestos de trabajo a la señora ARIATNA VANESSA ZELAYA MURILLO, por lo menos en iguales de condiciones mantenidas al momento de operarse la terminación del contrato de trabajo, salarios dejados de percibir desde la fecha de terminación de la relación laboral hasta que se procede la reinstalación ordenada, reconocimiento de beneficios a otros trabajadores en ausencia, Y LOS NOMBRAMIENTOS EN FORMA PERMANENTE, sentencia que no es apegada a derecho ya que condena a reintegrarlas y NOMBRAR DE FORMA PERMANENTE a la demandante sin haber participado en ningún concurso por ende dicho acápite es violatorio a ley y contradictorio en materia laboral por lo que solicitamos que dicha sentencia sea anulable subsidiariamente”.- XIII. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; estudiado el caso en examen, éste Tribunal no se estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.- XIV. Por lo anteriormente expresado, procede declarar no haber lugar a los recursos de casación de que se ha hecho mérito en sus motivos, así como de las nulidades subsidiariamente solicitadas.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal C, 764, 765, 769, 777, 858 y 865 del Código de Trabajo; 22, 200, 211, 212, 214, 215 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal A del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR los recursos de casación interpuesto por la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, en su condición de representante procesal de la señora ARIATNA VANESSA ZELAYA MURILLO; y el Abogado JORGE DAVID MEZA VASQUEZ, en su condición de representante procesal de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, así como las nulidades subsidiariamente solicitadas. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que, con la certificación de este fallo, se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado Edgardo Cáceres Castellanos. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. SECRETARIO DE LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los quince días del mes de febrero del dos mil veintitrés; certificación de la sentencia de fecha veintitrés de enero del dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Casación número CL 98-22.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

SECRETARIO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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