Sentencia CL-688-22 — Registro 17519
Resumen
Demanda ordinaria de emplazamiento, para que el patrono pruebe la justa causa del despido, caso contrario sea condenado al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) si bien es cierto la norma citada por el Recurrente forma parte del cuerpo legal sustantivo laboral (artículo 113 del Código del Trabajo), no especifica el párrafo y literal de los que contiene dicho precepto, al que dirige su ataque, lo cual es indispensable, ya que cada uno de ellos hace referencia a distintas situaciones jurídicas; y, b) en su explicación alude a la falta de apreciación de fallos dictados por los Tribunales del Trabajo, sin precisar su alcance o criterio de valoración."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
...."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la infracción directa de una norma se produce con prescindencia del haz probatorio, es decir, la violación por vía directa indicada, se produce cuando se aplica la Ley que corresponde, pero se le da un alcance diferente o interpretación equivocada y siempre con independencia de toda cuestión probatoria ya que lo que se discute es el derecho; y, b) formula alegatos propios de instancia, mismos que en este Recurso extraordinario son inapropiados debido que los argumentos del caso ya fueron evacuados en el momento procesal oportuno"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765 numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente asunto, examinada que fue la sentencia impugnada y se estima que el mismo se encuentra dictado conforme a derecho, como también que se ha analizado la prueba aportada por las partes para tomar la decisión de fondo del juicio. A razón de lo antes expuesto estima este Tribunal, que no se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los nueve días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 06 de junio del 2023, por el Abogado MARLON SEBASTIÁN ARGUETA MURILLO, actuando en causa propia, en el libre ejercicio de su profesión, como recurrente; además es parte recurrida, la Asociación Cultural ALIANZA FRANCESA SECCIÓN HONDURAS, representado en juicio por el Abogado JEAN MANUEL CASTRO BROCATO. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria de emplazamiento, para que el patrono pruebe la justa causa del despido, caso contrario sea condenado al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 12 de diciembre del 2017, por el señor MARLON SEBASTIÁN ARGUETA MURILLO, mayor de edad, casado, Abogado, hondureño y de este domicilio, contra la Asociación Cultural ALIANZA FRANCESA SECCIÓN HONDURAS, por medio de su representante legal el señor ARÍSTIDES MEJÍA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 22 de agosto del 2022, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 30 de abril del 2021, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: 1) DECLARANDO SIN LUGAR LA DEMANDA promovida por MARLON SEBASTIAN ARGUETA MURILLO, contra la ASOCIACIÓN CULTURAL ALIANZA FRANCESA, SECCIÓN HONDURAS a través de su Representante Legal, el señor ARISTIDES MEJÍA, en cuanto al pago de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones pendiente, aguinaldo adeudado, décimo cuarto mes proporcional, décimo cuarto mes adeudado y los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que con sujeción a la norma quede firme la presente demanda; en consecuencia, 2) ABSUELVE a la ASOCIACIÓN CULTURAL ALIANZA FRANCESA, SECCIÓN HONDURAS a través de su Representante Legal, el señor ARISTIDES MEJÍA, en cuanto al pago de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones pendiente, aguinaldo adeudado, décimo cuarto mes proporcional, décimo cuarto mes adeudado y los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que con sujeción a la norma quede firme la presente demanda, del señor MARLON SEBASTIAN ARGUETA MURILLO; 3) SIN COSTAS en esta Instancia”. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inicio a laborar para la ALIANZA FRANCESA SECCIÓN HONDURAS, firmando 2 contratos el primero con fecha 01 de mayo al 31 de julio del 2015 y el segundo con fecha 01 de agosto del 2015 en el puesto de Asesor Legal devengaba un salario mensual de L.12,000.00, pagos que se le realizaban mediante la emisión de cheque habiendo existido continuidad en la relación de trabajo; mencionó que dicho contrato reúne todos los requisitos de un contrato individual de trabajo señalados en el artículo 20 del Código del Trabajo como ser actividad personal del trabajador, la continua subordinación o dependencia del trabajador respecto al patrono y un salario como retribución del servicio; que mediante notificación por escrito de fecha 26 de Julio del 2017, y que le fue entregado hasta el día 28 de Julio del 2017, donde se le notificó por parte del señor Ernesto Paz Aguilar en su condición de Presidente del Comité Directivo de la Alianza Francesa Sección Honduras, la finalización del contrato que no es más que una notificación de despido ilegal e injustificado y que trascribió literalmente en su demanda y el cual acompañó a la misma; además expresó que en cuanto a lo establecido en la notificación de despido sobre el incumplimiento de parte del demandante, no era cierto ya que durante el tiempo que laboró en la Institución demandada siempre realizó su trabajo con la dedicación esmero y eficiencia cumpliendo a cabalidad las asignaciones que le fueron encomendadas por el Patrono, de igual manera fue aceptado por parte del patrono que la relación que existía era de un contrato individual de trabajo así como lo señaló en la misma notificación de despido descrita en el hecho número anterior de la demanda; aseveró que la Corte Suprema de Justicia ha dejado sentada la jurisprudencia correspondiente a numerosas sentencias que para que exista causa o motivo de despido sin responsabilidad las acciones u omisiones cometidas por el trabajador deberán de estar enmarcadas en el artículo 112 en relación a los artículos 97 y 98 todos del Código del Trabajo y en el presente caso de autos la causal de despido que invocó el patrono no se encuentra enmarcada en dicha disposición legal y de igual manera no existió ninguna reglamentación de alguna falta y cometida por el demandante por lo que la decisión que tomó el patrono se basó únicamente en una decisión adoptada por el Comité Directivo de la Alianza Francesa Sección Honduras lo cual constituyó un despido injustificado lo que acarrea responsabilidad hacia el patrono. Asimismo, con el animo de llegar a un arreglo conciliatorio, acudió a la Secretaría del Trabajo, siendo imposible el mismo se dio por cerrada las diligencias administrativas correspondientes. 2.- La parte demandada, la Asociación Cultural ALIANZA FRANCESA SECCIÓN HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que el demandante tenía una relación contractual, no laboral, con la demandada, sino que por prestación de servicios profesionales a partir de fecha 01 de mayo del 2015 al 31 de junio de 2015 contrato que en su cláusula QUINTA dice: “AMBAS PARTES ENTIENDEN Y ACEPTAN EXPRESAMENTE QUE EL PRESENTE CONTRATO ES ESTRICTAMENTE DE CONSULTORÍA LEGAL Y NO ACARREA ALL CONTRATANTE NINGUNA RESPONSABILIDAD LEGAL EN MATERIA LABORAL” también era cierto que se le pagaba la cantidad de L. 12,000.00 en concepto de honorarios profesionales tal como se estipulaba con el Arancel del Colegio de Abogados y por los cuales el Profesional del Derecho genero contra dicho pago recibos por honorarios profesionales; pero no es cierto que el demandante, desempeñaba funciones bajo la directa subordinación o dependencia, ya que nunca, en ningún momento se le giraron instrucciones de cómo desempeñar sus funciones, al contrario, sus servicios consistían en asesorar acerca de los procedimientos disciplinarios en materia laboral; además de realizar gestiones en nombre de la institución demandada ante las Instituciones Administrativas del Estado, y los que no efectuó en la medida de lo que debía, como estaba obligado en función de su contrato de servicios profesionales extremo que acreditaré en el momento procesal oportuno; manifestó que hasta la fecha de la notificación de rescisión de contrato de servicios, que se le hizo al demandante, lo que existía era un Contrato Privado de Servicios de Consultoría, y eso (la rescisión del contrato), no se hizo más que en función del mismo Contrato de Servicios Profesionales suscrito entre la demandada y la persona del demandante, pues así reza la cláusula primera del contrato de servicios profesionales, la cual se refiere al objeto del contrato y dice: "OBJETO DEL CONTRATO. EL CONTRATADO dará al contratante, un servicio profesional de consultoría legal para A. Evacuación de consultas legales escritas y verbales de cualquier índole. B. Apoyo para realizar procedimientos disciplinarios en aplicación del reglamento interno. C. Opinar sobre dos borradores de reglamento interno que han sido propuestos por abogados a EL CONTRATANTE y proponer una redacción completa de la versión final de dicho reglamento interno. D. Presentar solicitudes ante autoridades gubernativas y administrativas de carácter público y privado”. Arguyó también que el demandante no prestó sus servicios como trabajador a sueldo o asalariado, en los términos que la Ley establece, ni mucho menos dicha relación cumplió los presupuestos establecidos por ella, para considerarlo sencillamente "un trabajador, para lo cual el ámbito de aplicación de un divorcio en las relaciones sería un despido, y la ley que garantiza los derechos que de ello se deriva, sería el Código de Trabajo; insistió, que desarrolló su conocimiento para la demandada, como profesional del derecho, pero, sus servicios no los prestaba dentro de las instalaciones de la institución, no estaba sujeto a un horario de trabajo, no acataba o cumplía órdenes que de modo particular le impartieran en la institución, tal como lo menciona el Código de Trabajo, en cuanto al desempeño de los servicios prestados ya que de acuerdo al literal D de la cláusula primera del referido contrato que literalmente estipulaba: "presentar solicitudes ante autoridades gubernativas y administrativas de carácter público y privado"; las cuales no fueron realizadas por el demandante y tampoco constaba un informe donde el demandante hiciera las recomendaciones del caso, lo que le ocasionó un grave perjuicio financiero, ya que a la fecha estaba siendo requerida por el Servicio de Administración de Rentas (SAR) a fin de pagar impuesto sobre la renta y activo neto de años anteriores, de los cuales por ser una institución sin fines de lucro debe estar exenta en virtud de inscripción en el registro de exonerados y de resolución a una solicitud administrativa de exoneración la cual debió peticionarse ante la Secretaria de Finanzas, misma que se estaba tramitando a raíz de haber iniciado su gestión, y que la Alcaldía Municipal del Distrito Central, también realizó cobro por impuestos cuya exoneración tampoco fue solicitada dentro del periodo en el que el demandante prestó sus servicios, además se debió cumplir con pagos a la Procuraduría General de la Republica, por sanciones impuestas por la Secretaria de Trabajo por no contar con reglamento interno de trabajo ni hacer reajustes salariales en tiempo y forma, demandas por despidos mal realizados, lo que se contemplaba en el contrato de servicios en la cláusula primera literal B el cual establecía “apoyo para realizar procedimientos disciplinarios en aplicación del reglamento interno”; lo que el señor demandante, jamás cumplió con las los deberes a los que estaba obligado conforme al contrato de servicios profesionales suscrito, razón por la cual, se le tuvo que rescindir su contrato de servicios profesionales, y no es que sucedió un despido, pues se despide al trabajador según los términos del Código de Trabajo, pero se rescindió un contrato de servicios profesionales, por no haber "dado el ancho"; y finalmente expresó que en cuanto a que no se llegó a ninguna conciliación, fue en virtud que el contrato privado por prestación de servicios especificaba en la CLAUSULA TERCERA literal B en caso de no haber acuerdo entre las partes para la suscripción de un nuevo contrato se dará por finalizada la relación contractual sin más trámite y en la cláusula quinta responsabilidad en materia laboral, ambas partes entienden y aceptan expresamente que el presente contrato es estrictamente de consultoría legal y no acarrea al contratante ninguna responsabilidad legal en materia laboral, sino en todo caso que se hubiese rescindido el contrato deliberadamente y unilateralmente por parte de la demandada, era materia civil. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 30 de abril del 2021, dictó sentencia misma que: “FALLA: 1) DECLARANDO SIN LUGAR LA DEMANDA promovida por MARLON SEBASTIAN ARGUETA MURILLO, contra la ASOCIACIÓN CULTURAL ALIANZA FRANCESA, SECCIÓN HONDURAS a través de su Representante Legal, el señor ARISTIDES MEJÍA, en cuanto al pago de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones pendiente, aguinaldo adeudado, décimo cuarto mes proporcional, décimo cuarto mes adeudado y los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que con sujeción a la norma quede firme la presente demanda; en consecuencia, 2) ABSUELVE a la ASOCIACIÓN CULTURAL ALIANZA FRANCESA, SECCIÓN HONDURAS a través de su Representante Legal, el señor ARISTIDES MEJÍA, en cuanto al pago de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones pendiente, aguinaldo adeudado, décimo cuarto mes proporcional, décimo cuarto mes adeudado y los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que con sujeción a la norma quede firme la presente demanda, del señor MARLON SEBASTIAN ARGUETA MURILLO; 3) SIN COSTAS en esta Instancia”. Bajo el criterio que, haciendo un análisis de las pruebas allegadas al juicio esta Juzgadora es del firme convencimiento que se encuentra acreditado que el demandante inició mediante contratos privados de servicios de consultoría, del 01 de mayo al 31 de julio del 2015 y el segundo del 01 de agosto del 2015 al 31 de octubre del 2015, fecha a partir de la cual no se suscribió un nuevo contrato hasta la fecha en que se le notificó la terminación de la relación el 26 de julio del 2017; por lo que, lo que se encuentra en cuestionamiento es la relación que existía entre las partes, por lo que al no existir un contrato, se revisa la relación en base a la prestación de los servicios en el plano de los hechos, de conformidad a la prueba aportada por ambas partes ya que es menester establecer que la voluntad de las partes, mediante la suscripción de un contrato, no es la que determina la existencia de una relación laboral, sino el hecho que la misma cumpla los requisitos establecidos por la ley para que se configure como tal, contenidos en el artículo 20 del Código del Trabajo, entendiéndose que si existe contrato de trabajo y que no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen; es decir, que si se cumple a cabalidad con los elementos esenciales del contrato independientemente de cualquier acto, estipulación o convención suscrito entre las partes, por lo que analizada la prueba aportada por ambas partes, aparece que el demandante ejercía las funciones personalmente, cumpliéndose el primer; en cuanto a la continuada subordinación y dependencia, no se acreditó en autos que el patrono haya ejercido las facultades de organización y dirección, para con el trabajador, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo o que se le haya aplicado los reglamentos de la institución como a los demás empleados permanentes, y además de conformidad a los contratos el lugar de trabajo lo determinaría el trabajador y no el patrono, por lo que no se encuentra acreditado que el trabajador presto sus servicios dentro del circulo rector y disciplinario del patrono de forma continua y de naturaleza permanente en la institución demandada, aunado a lo anterior y de conformidad al medio de prueba documental, aportado denominado escrito de contestación presentada por el Abogado Marlon Sebastián Argueta Murillo, en representación de la demandada, se puede apreciar que establece sus oficinas profesionales en el Despacho Jurídico legal ubicado en Barrio La Granja, Edificio Juana Rosario, Tegucigalpa. En cuanto a la continuidad al tenor del artículo 347 del Código del Trabajo si cumple con la misma por haber prestado sus servicios durante dos (2) años, dos (2) meses y veinticinco (25) días, por lo que se considera que el segundo requisito se cumple parcialmente. En cuanto al tercero requisito, un salario como retribución del servicio, por una parte, la prueba documental consistente en los cheques y recibos de pago, que se presentaron por ambas partes, en los cuales aparecen que dichas cantidades fueron reconocidas en concepto de honorarios profesionales, lo que no fue desvirtuado por la parte demandante durante el transcurso del juicio, remuneración que no corresponde a una relación laboral sino a una relación civil, puesto que consta igualmente que el demandante extendió recibos de conformidad a los talonarios del Servicio de Administración de Rentas (SAR), de conformidad al RTN No.0801-1976-129748 del Abogado MARLON SEBASTIAN ARGUETA MURILLO, Bufete ASUNTOS LABORALES, PENALES, CIVILES, incumpliendo con el tercer elemento esencial del contrato de trabajo, por lo antes expuesto, resulta evidente que no se encuentra acreditada la relación laboral de carácter indefinida alegada por el demandante, puesto que si bien, las partes iniciaron su relación mediante contratos de consultoría y luego se continuó la prestación de servicios sin la suscripción de un contrato, la relación debe cumplir con las condiciones de una relación laboral, quedando como hecho en controversia la relación prevaleciendo el Principio de la Primacía de la Realidad; mediante la cual no se logró establecer la relación laboral que lo vincula permanente con el patrono y con ello el despido directo, ilegal e injustificado alegado por el demandante de conformidad al Código del Trabajo; en consecuencia, se declara sin lugar la demanda de mérito. Que atendiendo el orden de ideas el demandante solicita en su demanda el pago del reconocimiento de derechos como ser décimo cuarto mes proporcional vacaciones pendientes, aguinaldo adeudado y décimo cuarto adeudado; cabe aclarar que éstos son derechos constitucionales que corresponden a todo trabajador; pero en el caso que nos ocupa está demostrado que el demandante mantuvo una relación privada y no una laboral con la institución, de conformidad a la prueba documental aportada, que sumado a ello es importante explicar que consta en autos que al demandante se le estableció en el contrato que se le efectuarían el pago mensualmente, dichos pagos se realizaron en concepto de honorarios profesionales sumado a ello no se acreditó la subordinación y dependencia del empleado para con el patrono durante la prestación del servicio, por cuanto no se configuraron los elementos que establece el artículo 20 del Código del Trabajo; y al no configurarse estos elementos no se puede establecer que existió una relación de trabajo; en consecuencia, es procedente declarar sin lugar las pretensiones del demandante. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 22 de agosto del 2022, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que, de la prueba se puede concluir con meridiana claridad que no existe contrato de trabajo, pero si hay una relación de trabajo, o cuando el patrono se niega a mostrar o documentar la relación de trabajo, situación esta que no acontece en el presente caso, porque no existe una prueba de la cual se deduzca que después de los contratos firmados, la relación sostenida cambio, es decir que el demandante tenía ya un horario de trabajo, tenia oficinas en la institución demandada, dejo su despacho legal, para ponerse a disposición de las ordenes o exigencias del patrono, su trabajo se incrementó y realizaba ya funciones diferentes de las encomendadas con anterioridad, es por ello que la Juez concluye que no se dan los elementos del contrato de trabajo, porque no hay prueba que acredite su existencia, al menos en cuanto a la subordinación y dependencia, no operando, de manera literal la presunción legal, que invoca el demandante, puesto que en todo caso la continuidad se dio en relación a los primeros contratos firmados, que son de consultoria, en consecuencia, podía finalizar la relación laboral conforme a las cláusulas contractuales, es por ello que el incumplimiento de contrato alegado, podía ser invocada para la terminación del mismo, siendo por supuesto debidamente acreditada. Que la Jurisdicción del Trabajo esta instituida para regular las relaciones de trabajo y los conflictos que se generen de la misma, garantizando a las partes la tutela de sus derechos, es así que revisada la motivación de la sentencia recurrida, analizados los hechos y la aplicación del derecho al caso concreto, se llega a la conclusión, que efectivamente existió una relación entre las partes, pero que esta se rigió desde un principio por un contrato privado de consultoría, el cual se prorrogó, y que finalizó por un incumplimiento de contrato, que se detectó por una auditoria interna que hiciera la institución demandada en la esfera de sus atribuciones, no quedando acreditada una relación laboral distinta de carácter permanente, por los cuales se puedan conceder los derechos de un trabajador permanente, habida cuenta que el trabajo que realizaba el demandante no era de esa naturaleza en la institución demandada y fue por ello que contrataron sus servicios, por lo que se concluye además que el único contrato que se pudo prorrogar fue el que se firmo al ingreso de la relación que los vinculo, y que no se acredito que las condiciones cambiaran, incluso el demandante emitía sus recibos con el RTN correspondiente como un consultor independiente, dada la autonomía de su actividad, lo cual no es exigible a un trabajador. Que este Tribunal de Alzada por las razones antes expuestas, considera procedente CONFIRMAR el fallo que se conoce en apelación, por llenar los requisitos exigidos por la Ley para su validez. 5.- Mediante auto de fecha 17 de enero del 2023, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado MARLON SEBASTIÁN ARGUETA MURILLO, actuando en causa propia, en el libre ejercicio de su profesión, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 06 de junio del 2023, compareció ante este Tribunal el Abogado MARLON SEBASTIÁN ARGUETA MURILLO, actuando en causa propia, en el libre ejercicio de su profesión, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de fecha 19 de septiembre del 2023, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 24 de octubre del 2023, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado JEAN MANUEL CASTRO BROCATO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que el Abogado MARLON SEBASTIÁN ARGUETA MURILLO, en el primer motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional de índole laboral por infracción indirecta proveniente de un error de hecho manifiesto en los autos, en que ha incurrido la Corte sentenciadora debido a la falta apreciación del medio de prueba documental privado propuesto por la parte demandante que obra a folio 8 de la primera pieza de autos. PRUEBA DEJADA DE APRECIAR. La prueba dejada de apreciar por el tribunal Ad quem consistente en la nota de fecha 26 de julio del 2017 (NOTA DE DESPIDO) enviada por el señor Ernesto Paz Aguilar en su condición de Presidente Comité Directivo Alianza Francesa Sección Honduras al demandante señor Marlon Sebastián Argueta Murillo y la cual obra a folio 8 de la primera pieza de autos. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. La norma sustantiva de orden nacional de índole laboral violada en este primer motivo de casación por la sentencia recurrida está contenida en el artículo 113 del Código del Trabajo, interpretado mediante decreto número 89 de fecha 24 de noviembre de 1969. REGLAS PROCESALES VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. Las normas procesales violadas que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 729, 738, 739, artículos todos del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE CON RESPECTO A ESTE MOTIVO. Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 765, ordinal primero párrafo segundo, del Código del Trabajo. DOCTRINA. Se establece según la doctrina que para que haya lugar a error de hecho en la casación del Trabajo, debe de estar vinculado a la existencia de determinadas pruebas en el proceso y para que la violación se configure son necesario varios los requisitos como ser los siguientes: 1) Debe existir una mala apreciación de la prueba o falta de apreciación de la misma.- 2) Esa falta de apreciación debe ser originada por un error de hecho, es decir respecto de la prueba que ha de considerarse en sí misma en relación a las normales legales que reglamentan la prueba de que se trate. 3) Ese error de hecho debe de generar como consecuencia obligada y necesaria la violación de la ley sustantiva. 4) Ese error de hecho expresado debe de ser manifiesto o sea que aparezca en pugna con la evidencia demostrada en la prueba de que se trate. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN. Al dejar de apreciar por el tribunal Ad quem el medio de prueba Documental Privado propuesto por la parte demandante consistente en la nota de fecha 26 de julio del 2017 (NOTA DE DESPIDO) enviada por el señor Ernesto Paz Aguilar en su condición de Presidente Comité Directivo Alianza Francesa Sección Honduras al demandante señor Marlon Sebastián Argueta Murillo y la cual obra a folio 8 de la primera pieza de autos (leer en el región 16 ) en donde reconoce plenamente la demandada que la relación de trabajo que mantenía con el demandante es derivada de un contrato de trabajo, nota de despido donde además fundamenta el patrono según él, los motivos que dieron lugar de forma unilateral por su parte a la terminación de la relación de trabajo que existía entre ambas partes, dicha situación hace que el tribunal a-quem deje de valorar un medio de prueba que fue admitido, siendo completamente pertinente, útil y valido, el cual además tiene relación con el objeto del proceso que es la de establecer que el demandante fue despido sin justa causa contemplada en el Código del Trabajo lo que dio lugar a que emplazase al patrono para que le probase la justa causa en que fundo su despido, caso contrario debería de pagar al trabajador las indemnizaciones que establecen según el Código del Trabajo. Siendo de suma importancia establecer que si bien es cierto originalmente se me contrato bajo la modalidad de contrato de servicios profesionales, no es menos cierto que dicha figura de contrato de servicios profesional únicamente tuvo vigente del 01/mayo/2015 al 31/Octubre del 2015 en virtud de la suscripción consecutiva de 2 contratos por escritos bajo la modalidad de servicios profesionales, por lo que a partir de ese momento no volví a firmar ningún tipo de contrato (este aspecto fue aclarado en la audiencia primera de trámite y la parte demandada no realizó ninguna oposición u objeción en cuanto dicha aclaración ver folio 66 p.p.) es así que a partir del 01 de Noviembre del 2015 al 28 de Julio del 2017 (es decir un 1 año, 7 meses, 28 veintiocho días laborando de forma consecutiva mediante contrato verbal) fecha esta última en la cual el patrono decide de forma unilateral dar por terminada la relación de trabajo, por lo que a partir de esa fecha comencé a prestar mi laboral bajo un escenario completamente diferente, el cual dejo ser regulado por el ámbito civil (Contrato de Servicios Profesionales) pasando a ser regido por las disposiciones del Código del Trabajo (Contrato de trabajo verbal) aplicándose así la presunción regulada en el artículo 30 del Código del Trabajo por la inexistencia de un contrato de trabajo por escrito lo cual es imputable al patrono por lo que hará presumir en caso de controversia que son ciertas todas y cada una de las estipulaciones de trabajo alegadas por el trabajador sin perjuicio de prueba en contrario. De igual forma que por el carácter de orden público del derecho del trabajo, como por la aplicación de los principios protectorios y de primicia de la realidad, los términos del contrato no son la base de sustento en la calificación de la relación laboral, sino que prevalece lo que ocurra en la real prestación del servicio y la naturaleza permanente o continua de las labores. Siendo así las cosas, la relación de trabajo a partir del nuevo escenario paso a hacer una relación de trabajo con termino de duración a pasar a ser una relación de trabajo por tiempo indefinido lo que hace evidente y manifiesto el error de hecho en que incurrió la Corte Sentenciadora al dejar de apreciar la prueba documental privada antes referida, por cuanto está plenamente acreditado en autos la naturaleza permanente y continua de la actividad realizada por mi persona en la institución demandada con todos y cada uno de los elementos de un contrato de trabajo como ser a) La actividad personal del trabajador.- b) la continua subordinación o dependencia del trabajador respecto del patrono.- c) Un salario como retribución del servicio; siendo que nuestro ordenamiento jurídico lo contempla como contratos por tiempo indefinidos ya que estos tipos de contratos son las regla y los de obra y por tiempo limitado son de naturaleza excepcional. Es por estas razones que resulta evidente la violación de la ley sustantiva de orden nacional de índole laboral por infracción indirecta proveniente de un error de hecho manifiesto en los autos, en que ha incurrido la Corte sentenciadora debido a la falta apreciación del medio de prueba documental privado propuesto por la parte demandante que obra a folio 8 de la primera pieza de autos, ya que la parte demandada no probo la justa causa en que fundo su despido, por lo que este alto tribunal deberá de casar la sentencia recurrida en este primer motivo de casación”. III.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) si bien es cierto la norma citada por el Recurrente forma parte del cuerpo legal sustantivo laboral (artículo 113 del Código del Trabajo), no especifica el párrafo y literal de los que contiene dicho precepto, al que dirige su ataque, lo cual es indispensable, ya que cada uno de ellos hace referencia a distintas situaciones jurídicas; y, b) en su explicación alude a la falta de apreciación de fallos dictados por los Tribunales del Trabajo, sin precisar su alcance o criterio de valoración. IV.- Que el Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional de índole laboral por infracción directa proveniente de un error de hecho manifiesto en los autos, en que ha incurrido la Corte sentenciadora debido a la interpretación errónea del medio de prueba documental privado propuesto por la parte demandante que obra a folios 10, 71 y 72 de la primera pieza de autos. PRUEBA APRECIADA ERRÓNEAMENTE. La prueba apreciada erróneamente por el tribunal Ad-quem consistente en los contratos privados de servicios consultoría suscritos por el demandante MARLON SEBASTIAN ARGUETA MURILLO y la demandada Alianza Francesa Sección Honduras, el primero en orden cronológico con fecha de inicio 1 de mayo del 2015 al 31 de julio del 2015 y el segundo con fecha de inicio 01 de agosto al 31 de agosto del 2015 y los cuales obran a folios 10, 71 y 73 de la primera pieza de autos. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. La norma sustantiva de orden nacional de índole laboral violada en este segundo motivo de casación por la sentencia recurrida está contenida el artículo 113 del Código del Trabajo, interpretado mediante decreto número 89 de fecha 24 de noviembre de 1969. REGLAS PROCESALES VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. Las normas procesales violadas que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 729, 738, 739, artículos todos del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE CON RESPECTO A ESTE MOTIVO. Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 765, ordinal primero párrafo segundo, del Código del Trabajo. DOCTRINA. Se establece según la doctrina que para que haya lugar a error de hecho en la casación del Trabajo, debe de estar vinculado a la existencia de determinadas pruebas en el proceso y para que la violación se configure son necesario varios los requisitos como ser los siguientes: 1) Debe existir una mala apreciación de la prueba o falta de apreciación de la misma. 2) Esa falta de apreciación debe ser originada por un error de hecho, es decir respecto de la prueba que ha de considerarse en sí misma en relación a las normales legales que reglamentan la prueba de que se trate. 3) Ese error de hecho debe de generar como consecuencia obligada y necesaria la violación de la ley sustantiva. 4) Ese error de hecho expresado debe de ser manifiesto o sea que aparezca en pugna con la evidencia demostrada en la prueba de que se trate. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN. El tribunal Ad-quem a la interpretación erróneamente el medio de prueba documental privado propuesto por la parte demandante que obra a folios 10, 71 y 72 de la primera pieza de autos propuesto por la parte demandante consistente en los contratos privados de servicios consultoría suscritos por el demandante MARLON SEBASTIAN ARGUETA MURILLO y la demandada Alianza Francesa Sección Honduras, el primero en orden cronológico con fecha de inicio 1 de Mayo del 2015 al 31 de julio del 2015 y el segundo con fecha de inicio 01 de agosto al 30 de noviembre del 2015 y los cuales obran a folios 10, 71 y 73 de la primera pieza de autos, lo que ha llevado a establecer al tribunal Aquem en la sentencia hoy recurrida las conclusiones erróneas del medio de prueba antes indicada como ser las siguientes: Que de la prueba allegada por las partes se observa que es aceptado por ambas partes el hecho de la existencia de un contrato, que para el demandado es de servicios profesionales y para el demandante es un contrato de trabajo, este se le denomino contrato de consultoría, de su revisión no podemos con su solo lectura concluir que es un verdadero contrato de trabajo, puesto que no se establece cual es el horario de trabajo o jornada laboral, del demandante, si tiene que marcar o no su ingreso, el derecho a su decimotercer y cuarto mes de salario, que son las condiciones en que normalmente se pactan los contratos de trabajo o los que se le denominan de servicios profesionales pero no son verdaderos contratos de trabajo porque contienen todas estas especificaciones que nos permiten concluir que en realidad reúnen los elementos de dicho contrato de trabajo. Indica el Ad-quem que en ese orden de ideas, puede restablecer que esos contratos tenían fecha de inicio y finalización, que las tareas encomendadas pueden perfectamente darse en un contrato de consultoría, sin supervisión del patrono ni jornada u horario determinado, despachando en su oficina profesional lo que es posible en un contrato de índole privada, labor realizada la cual no era el rubro a que se dedica la demandada, por lo cual no era necesaria la contratación de un empleado permanente, sino que de forma ocasional como lo el caso que nos ocupa, por lo que concluye del análisis de la prueba allegada al proceso que lo que en realidad existió fue un contrato de consultoría el cual se prorrogo y que finalizo por un incumplimiento del mismo, lo que no genera los derechos que reclama el demandante, ahora bien si a partir del vencimiento del contrato (31 de octubre del 2015) comienza la relación de trabajo porque no hay contrato y es aplicable la presunción que establece la ley, que es una presunción iuris tantum, salvo prueba en contrario, teniendo únicamente el tribunal Ad-quem, como única referencia los contratos con los cuales se inició la relación, ya que esa presunción solo aplica cuando desde el inicio no ha existido un contrato que inicia por la mera voluntad y acuerdo de las partes (verbal) o cuando se firma un contrato de trabajo por la existencia de los tres elementos, que se prorroga en el tiempo, pero de la prueba se puede concluir con meridiana claridad que no existe contrato de trabajo por lo que no existe prueba que acredite su existencia, pero si hay una relación de trabajo, no operando así la presunción legal que invoca el demandante, puesto que en todo caso la continuidad se dio en relación a los primeros contratos firmados que son de consultoría en consecuencia podía finalizar la relación laboral conforme a las cláusulas contractuales, es por ello que el incumplimiento de contrato alegado, podía ser invocado para la terminación del mismo, siendo por supuesto debidamente acreditada. Es claro que el Tribunal Ad-quem al hacer el análisis de la prueba específicamente medio de prueba documental privado propuesto por la parte demandante que obra a folios 10, 71 y 72 de la primera pieza de autos lo hace de forma errónea, lo cual permite al juzgador llegar a la convicción equivocada ya que la falta de existencia de contrato de trabajo por escrito es atribuible al patrono y no al trabajador, siendo el primero el que tiene que aportar los medios de prueba que destruyan la presunción legal del contrato verbal en caso de controversia como lo es el presente caso de autos que nos ocupa, en donde no cabe margen a duda alguna que existen dos escenarios facticos como ser: 1) inicio de una relación de trabajo regido por la suscripción de forma consecutiva de 2 contratos de servicios de consultoría, el primero con vigencia del 1 de Mayo del 2015 al 31 de julio del 2015 y el segundo con fecha de inicio 01 de agosto al 30 de noviembre del 2015.- 2) Un segundo escenario que es el inicio de una nueva relación de trabajo a partir del 01 de Noviembre del 2015 al 28 de Julio del 2017 (es decir un 1 año, 7 meses, 28 veintiocho días laborando de forma consecutiva mediante contrato verbal) fecha esta última en la cual el patrono decide de forma unilateral dar por terminada la relación de trabajo, prestando así mi laboral bajo un escenario completamente diferente, el cual dejo de ser regulado por el ámbito civil (Contrato de Consultoría) pasando a ser regido por las disposiciones del Código del Trabajo (Contrato de trabajo verbal) aplicándose así la presunción regulada en el artículo 30 del Código del Trabajo por la inexistencia de un contrato de trabajo por escrito lo cual es imputable al patrono por lo que hará presumir en caso de controversia que son ciertas todas y cada una de las estipulaciones de trabajo alegadas por el trabajador sin perjuicio de prueba en contrario. Al fundamentar su sentencia el Ad-quem al caso sub judice, desconoce la presunción legal del artículo 30 de código del trabajo apartándose así de una de las fuentes del derecho del Laboral como ser los principios generales del derecho, entre los cuales se encuentra el principio de PROTECTOR O PROTECTARIO el cual básicamente consiste en una tutela preferencial a favor del trabajador para evitar desigualdades de carácter social, económicas y cultural, lo que se traduce en menor poder de negociación para el empleador, principio el cual tiene como una de sus reglas fundamentales instrumentales: el IN DUBIO PRO OPERARIO: El criterio que debe adoptar el juez, magistrado para seleccionar e interpretar una norma cuando esta genera duda respecto a los derechos laborales reclamados, por lo que deberá ser la interpretación más favorable al trabajador. Es por estas razones que resulta evidente la violación de la ley sustantiva de orden nacional de índole laboral por infracción directa proveniente de un error de hecho manifiesto en los autos, en que ha incurrido la Corte sentenciadora al interpretación erróneamente el medio de prueba documental privado propuesto por la parte demandante que obra a folios 10, 71 y 72 de la primera pieza de autos, ya que la parte demandada por el contrario no probo la justa causa en que fundo su despido, por lo que este alto tribunal deberá de casar la sentencia recurrida en este segundo motivo de casación.” V.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la infracción directa de una norma se produce con prescindencia del haz probatorio, es decir, la violación por vía directa indicada, se produce cuando se aplica la Ley que corresponde, pero se le da un alcance diferente o interpretación equivocada y siempre con independencia de toda cuestión probatoria ya que lo que se discute es el derecho; y, b) formula alegatos propios de instancia, mismos que en este Recurso extraordinario son inapropiados debido que los argumentos del caso ya fueron evacuados en el momento procesal oportuno. VI.- Que el Censor alega nulidad subsidiaria: “Que la Corte Suprema por vía de casación tienen la facultad para invalidar de oficio las sentencias que se impugnan, cuando aparezca de manifiesto en ellas la existencia de infracciones de normas que rigen los actos y garantías del procedimiento, la Corte Suprema ordenara reponer las actuaciones al momento y estado inmediatamente anterior aquel en que se hubiera producido la falta, y si bien es cierto que en materia laboral sea establecido por jurisprudencia la improcedencia de la casación por error improcedendo, admitiéndose únicamente como causal de nulidad de casación los errores indicando, no es menos ciertos que como excepción al principio general antes mencionado es admisible como causal el error improcedendo cuando por el quebrantamiento o inobservancia de la ley procesal de orden público, la cual no pude eludirse ni modificarse por convención de los particulares, por lo que su contra versión acarrea la nulidad absoluta de lo actuado, la que puede alegarse por todo aquel que tenga interés en ella y debe cuando conste en autos declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen y no pueda subsanarse por la confirmación de las partes, ni por un lapso menor que el que exige para la prescripción ordinaria; en virtud de ello se alega en forma subsidiaria la nulidad absoluta de la sentencia recurrida de fecha 22 de Agosto del 2022, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección Judicial por las razones siguientes Primero: La Corte sentenciadora es evidente que al confirmar el fallo dictado por el juzgador de primera instancia hizo suyas las apreciaciones del tribunal A-QUO, pasando por alto que tal como consta en la primera pieza de autos específicamente en la audiencia primera de tramite (folios del 66 al 67) la señora juez conocedora de la causa fue la abogada YENIFER MAGALI MEDINA ACOSTA quien salga la salvedad ya no laboral para el Poder Judicial, dicho lo anterior en atención a las facultades procesales que tiene la juez conocedora del proceso se encuentra la de controlar la concurrencia de todos los requisitos procesales, siendo uno estos la revisión inclusive de oficio de los presupuestos procesales establecidos en la ley, dentro de estos requisitos legales se encuentra el principio de inmediación y concentración encaminados a garantizar un tutela judicial efectiva en tal sentido el artículo 16 del Código Procesal Civil, el cual habrá de aplicarse de forma análoga al proceso laboral en base al principio de supletoriedad regulado en el artículo 858 del Código del Trabajo, establece el principio de inmediación es aquel en el cual: El juez que dicte la sentencia ha de ser, el que haya presenciado y dirigido la práctica de las pruebas, salvo las excepciones previstas, so pena de nulidad desde la citación la audiencia probatoria o equivalente. SEGUNDO: Dicho lo anterior que es claro la situación jurídica de autos la cual no deja margen a duda alguna en donde resultaría materialmente imposible que la señora juez abogada YENIFER MAGALI MEDINA ACOSTA que fue la que conoció de todo el proceso inclusive la audiencia primera de trámite en donde las partes propusieron en su oportunidad sus respectivos medios probatorios, seo la misma juez que dicte la sentencia judicial de primera instancia que habrá de recaer en el presente juicio en virtud que como ya lo manifesté la misma ya no labora para este poder judicial, por lo que fue la Abogada ANA ELIZABETH REYES CARRASCO en su condición de juez Supernumeraria del Juzgado del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán la que dictó la sentencia de primera instancia en fecha 30 de Abril del 2021 por ausencia definitiva de la señora juez YENIFER MAGALI MEDINA ACOSTA, quien para ese entonces ya no laboraba para el Poder Judicial, estando a cargo en consecuencia de la tramitación del presente juicio otra honorable señora juez quien conoció del mismo y quien además no presencio la proposición así como la práctica de la prueba y demás audiencias de trámite, situación está la cual provoca al tenor de lo establecido en el artículo 212 numeral 6 del Código Procesal Civil la nulidad de lo actuado desde la citación para la audiencia probatoria o equivalente. Razones estas más que suficientes para que pueda prosperar la Nulidad Subsidiaria interpuesta en este acto contra la sentencia definitiva de fecha 22 de Agosto del 2022, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán”. VII.- Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente asunto, examinada que fue la sentencia impugnada y se estima que el mismo se encuentra dictado conforme a derecho, como también que se ha analizado la prueba aportada por las partes para tomar la decisión de fondo del juicio. A razón de lo antes expuesto estima este Tribunal, que no se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria. VIII.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos de casación y sin lugar la nulidad alegada de forma subsidiaria. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN LUGAR la nulidad solicitada subsidiariamente. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ROY PINEDA CASTRO, COORDINADOR, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de junio del dos mil veinticuatro; certificación de la sentencia de fecha nueve de noviembre del dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL688-22. FIRMA Y SELLO.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ.
SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.