Sentencia CL-671-22 — Registro 17517
Resumen
Demanda Ordinaria Laboral para que en forma retroactiva a partir del año 2016 en adelante se le conceda la nivelación de su salario de acuerdo a la cláusula 16 del Contrato Colectivo vigente suscrito entre INJUPEMP y el SITRAINJUPEMP, se aplique a su salario el incremento o ajuste por índice inflacionario de acuerdo a la cláusula 24, se reajuste el décimo tercer y décimo cuarto mes de salario, reajuste al pago de sus vacaciones, se reajuste el bono por desempeño e incentivo a su antigüedad y se respete todo beneficio y derecho que establece el Contrato Colectivo, especialmente la Cláusula 38
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Entre las normas que indica como violadas los artículos 1, 2, 4, 5, 18, 709, 858 del Código de Trabajo no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) Cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo en que se encuentra comprendido el cargo; c) Los artículos 664 y 665 del Código de Trabajo que indica como las normas procesales que sirvieron de medio para la violación no ostentan esa condición; y, d) Formula alegatos de instancia. "...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Entre las normas que indica como violadas los artículos 1, 2, 4, 5, 18, 709, 858 del Código de Trabajo no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) Cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo en que se encuentra comprendido el cargo; c) Debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por el Recurrente; d) Entre las normas procesales que sirvieron de medio para la violación señala los artículos 729, 730 del Código de Trabajo los cuales no ostentan esa condición; y, e) Formula alegatos de instancia.VI. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos de casación"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veinte de noviembre de dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 28 de junio del 2023, por el Abogado NATAN LEONARDO BANEGAS AGUILERA, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), como recurrente; además, es parte recurrida, la señora MARIA BRENDA SUYAPA WILLIAMS RODRIGUEZ, representada en juicio por el Abogado SANTIAGO ALONSO MORALES CHAVARRIA.OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria Laboral para que en forma retroactiva a partir del año 2016 en adelante se le conceda la nivelación de su salario de acuerdo a la cláusula 16 del Contrato Colectivo vigente suscrito entre INJUPEMP y el SITRAINJUPEMP, se aplique a su salario el incremento o ajuste por índice inflacionario de acuerdo a la cláusula 24, se reajuste el décimo tercer y décimo cuarto mes de salario, reajuste al pago de sus vacaciones, se reajuste el bono por desempeño e incentivo a su antigüedad y se respete todo beneficio y derecho que establece el Contrato Colectivo, especialmente la Cláusula 38, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 8 de noviembre del 2018, por la señora MARIA BRENDA SUYAPA WILLIAMS RODRIGUEZ, mayor de edad, soltera, hondureña, Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, de este domicilio, contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), a través de su representante legal y Directora Interina la señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 12 de agosto del 2022, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: I. Declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado NATÁN LEONARDO BANEGAS AGUILERA en representación del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) II. Declara parcialmente CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado SANTIAGO ALONSO MORALES CHAVARRIA en representación de MARÍA BRENDA SUYAPA WILLIAMS RODRÍGUEZ. III. REFORMAR la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán de fecha veinticinco de septiembre del año dos mil veinte que corre a folios 189 al 197 de la primera pieza de los autos en el sentido de reformar el resolutivo II numeral 1) de la sentencia recurrida, debiendo leerse de la siguiente manera: "1) Que se le nivele a la demandante, abogada MARÍA BRENDA SUYAPA WILLIAMS RODRÍGUEZ el salario correspondiente al cargo de PROCURADOR I al salario de L 34,361.00 a partir del año 2016, salario que con los incrementos contenidos en la cláusula 24 del contrato colectivo vigente del INJUPEMP y el SITRAINJUPEMP" calculados de conformidad al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de los años 2016 por 2.36%, 2017 por 3.31% y 2018 por 4.73% de acuerdo con las estadísticas oficiales del Banco Central de Honduras, resuelta un salario mensual de L. 38,054.81 a partir del año 2018." III. CONFIRMANDO los demás resolutivos de la sentencia recurrida. SIN COSTAS”. ANTECEDENTES DE HECHO. 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción que inició la relación laboral con la parte demandada como empleada permanente, en fecha 4 de marzo del 2010, en el puesto de Procuradora Legal I, dependiente de la División de Servicios Legales, devengando un salario ordinario mensual de L. 31,314.00, considerada como empleada permanente por orden judicial de acuerdo a la sentencia condenatoria firme dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo en fecha 19 de junio de 2014, en la cual se condena al demandado a reconocerle todos los derechos adquiridos por los empleados permanentes y los que puedan derivarse del Contrato Colectivo suscrito entre INJUPEMP y el SITRAINJUPEMP; es por tal razón que acude para hacer valer los derechos y beneficios del Contrato Colectivo que le fueren reconocidos por sentencia judicial y que la Institución demandada no le ha hecho efectivos, tales como la nivelación de su salario conforme la cláusula 16, vacaciones de la cláusula 20, capacitaciones obligatorias de la cláusula 22, permisos para estudios superiores y de capacitación de la cláusula 23, incremento o ajuste salarial de la cláusula 24, pago del décimo tercero y décimo cuarto meses de salario de la cláusula 25, bono por desempeño de la cláusula 26, incentivo a la antigüedad de la cláusula 31, la estabilidad laboral de la cláusula 38, entre otros derechos; haciendo la observación que la cláusula 5 establece que el Contrato Colectivo, beneficio y se aplica obligatoriamente a todos los trabajadores del Instituto que de conformidad a la Ley tienen carácter permanente; de conformidad a la cláusula 16 del Contrato Colectivo vigente suscrito entre el INJUPEMP y el SITRAINJUPEMP, el mismo se sustentará en el principio que a trabajo igual corresponde salario igual, sin discriminación alguna, de acuerdo a lo que manda el artículo 367 del Código de Trabajo, la referida cláusula tiene su origen en el derecho que regula el artículo 128 numeral 3) de la Constitución de la República, en el cual además del principio indicado establece siempre que el puesto, la jornada y las condiciones de eficiencia y tiempo de servicio sean también iguales; en el año 2016, su salario ordinario mensual fue de L. 29,900.00 con una antigüedad laboral o tiempo de servicio en ese momento de 6 años; desde el inicio de su relación laboral ocupó el puesto de Procuradora Legal I, realizando las funciones inherentes al cargo, con una jornada laboral de lunes a viernes y un horario de trabajo de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.; haciendo la aclaración que tanto el puesto de Procurador I y Procurador Legal I o Procurador Legal, tienen asignadas las mismas funciones; expone que al momento de la interposición de la demanda devengaba un sueldo mensual de L. 31,314.00, el cual es menor al devengado por los demás Procuradores Legales de INJUPEMP, muestra de ello es el Abogado Claudio Joaquín Rodríguez Hernandez, quien es Procurador Legal I en la sucursal de la ciudad de San Pedro Sula y pese a tener una antigüedad laboral menor, devenga un salario mensual de L. 42,000.00, realizando las funciones inherentes al mismo y siempre con una jornada laboral de lunes a viernes y un horario de trabajo de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.; con lo anterior, resulta evidente, que se ha configurado una discriminación salarial por parte de las autoridades del INJUPEMP, en violación a lo contenido en los artículos 60, 61 de la igualdad ante la ley, 64, 127 del derecho al trabajo y a condiciones equitativas, y 128 primer de la Constitución de la República; artículo 2, 3, 12 de la prohibición de la discriminación en las instituciones del Estado, 25, 95 número 19 de la obligación de realizar los reajustes de acuerdo con el contrato colectivo, 363, 367 párrafo segundo y tercero, trabajo igual corresponde salario igual sin discriminación alguna, del Código de Trabajo; cláusula 13 de la obligación de las partes en cumplir estrictamente el Contrato Colectivo; cláusula 41 cumplir los Convenios, recomendaciones y resoluciones de la OIT ratificados por el Gobierno de Honduras; violentando, por otra parte, el Principio de igualdad de Trato, derivado del Principio Protectorio del Trabajo; en consecuencia de lo anterior y al devengar un salario que no se encuentra nivelado ni incrementado o reajustado que por Contrato Colectivo tiene derecho, el cálculo de sus vacaciones, décimo tercer mes y décimo cuarto mes de salario, de su bono por desempeño y el incentivo a la antigüedad, se ha hecho en base a salarios que ha devengado, dejando de percibir cantidades de dinero en su perjuicio, de lo que se desprende la violación continua de sus derechos, específicamente las cláusulas 16, 20, 24, 25, 26 y 38 del Contrato Colectivo; con el actuar de las autoridades de la Institución demandada, en relación a la no aplicación a su favor de los beneficios y derechos contenidos en Contrato Colectivo, también se ha violentado normativa que es de cumplimiento obligatorio de conformidad a los artículos 53, 60 y 61 del Código de Trabajo y que debe ser observada y aplicada por el Estado de Honduras, ya que se encuentra amparada por el Convenio 98 sobre el Derecho a la Sindicalización y de Negociación Colectiva, por la Recomendación número 163 de 1981 sobre Negociación Colectiva, por la Declaración sobre los Principios y Derechos Laborales Fundamentales de 1998 formulada por la OIT y que ordena que los Estados, incluso sin haber ratificado los convenios sobre negociación colectiva, están obligados a respetar y cumplir lo contenido en los contratos colectivos y los documentos básicos del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos contenidos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; artículo 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; por el Protocolo de San Salvador, por el artículo 45 literal c) de la Carta de la Organización de los Estados y finalmente por el artículo 10 de la Carta Democrática Interamericana; el derecho al trabajo y a la estabilidad en el mismo, constituyen un derecho humano, social y reconocido por nuestra Constitución de la República; así como en el Convenio 98 de la OIT, que garantiza el derecho la sindicalización y a la negociación colectiva; a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José Costa Rica. La Organización Internacional del Trabajo, conceptualiza el Trabajo Decente, como aquella actividad remunerada que se ejerce en condiciones de libertad, equidad, seguridad y respeto a la dignidad humana; derechos que no están siendo respetados por INJUPEMP, violando esta normativa y los principios fundamentales del Derecho del Trabajo, como ser el Principio de Estabilidad o Continuidad, Igualdad, el Principio Protectorio del Derecho del Trabajo y el Principio de Progresividad, que regula que los derechos laborales son derechos humanos y/o fundamentales, por lo cual, una vez concedidos o adquiridos, pueden ser objeto de mejora, pero no regresivos, Derechos Humanos como lo dispone la Convención Americana Sobre el Pacto Internacional de Derechos Económicos, y Sociales y Culturales (PIDESC); previo a la interposición de la demanda y dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 691 del Código de Trabajo, se dio por agotado el trámite gubernativo en fecha 15 de octubre de 2018. 2. La parte demandada, el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), contestó dicha demanda argumentado que la demandante ha ostentado el cargo de Procuradora I, asignada a la División de Servicios Legales, desde el mes de marzo del 2010, ejerciendo puntualmente actos de procuración, ante los órganos jurisdiccionales en materia laboral, específicamente en el Municipio de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, devengando por ello un salario de L. 31,314.00 mensuales, constituyendo el mismo un estipendio justo, acorde y razonable a la fuerza de trabajo que presta en su carácter de Procuradora Legal y de conformidad a su formación profesional como Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales; en fecha 23 de febrero del 2016, fue reintegrada a su puesto de trabajo como Procuradora Legal, por orden judicial proferida por el Tribunal del Trabajo, con el reconocimiento expreso de todos los derechos laborales inherentes a la misma, particularmente lo concerniente a los incrementos salariales que se produjeron durante la secuela de la demanda laboral incoada por la misma, ya que originalmente, inició su relación de trabajo en fecha 4 de marzo del 2010, su salario mensual de aquel entonces era de L. 21,800.00, aún y cuando se encontraba bajo la modalidad de contratación a término, posteriormente y producto del reintegro judicial que se produce como se ha expuesto ya en fecha 23 de febrero del 2016, su salario pasó a ser de L. 29,900.00 y finalmente devengaba un salario de L. 31,314.00, producto de los incrementos salariales de carácter anual que ha otorgado a los empleados con carácter de permanentes y en apego también a las disposiciones contenidas en el Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente, de lo que fácilmente se colige la gradualidad de salario que se ha venido dando y en observancia también a la labor que ella ejerce como lo es puntualmente como Procuradora Legal, asignada a la División de Servicios Legales, a quien se le han asignado distintos juicios de índole laboral para su tramitación ante los órganos jurisdiccionales del Trabajo correspondientes, exclusivamente en el Departamento de Francisco Morazán; de igual manera la demandante en su esbozo de demanda y de manera argumentativa señala que el Abogado Claudio Joaquín Rodríguez Hernández, asignado a la oficina regional de INJUPEMP, en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, devenga un salario mensual de L.42,000.00, es decir por encima del salario de ella, e inclusive con una antigüedad laboral menor a la de la misma; en tal sentido señala que si bien es cierto actualmente devenga un salario mensual de L. 43,821.00, no obstante ello obedece a que el Abogado Rodríguez Hernández al momento de su contratación en fecha 12 de abril del 2010, se le otorgó un plus a su salario por ser la persona encargada también ante aquella oficina regional en San Pedro Sula, de manejar lo concerniente a trámites legales de aquella regional como ser que desarrolla toda la actividad secretarial generada por las gestiones administrativas y operativas realizadas en la Jefatura de la División Legal; asimismo teniendo asignado entre sus funciones la carga de todas las demandas incoadas a favor y en contra, por vía de delegación de poder en toda la zona noroccidental, es decir de las distintas oficinas regionales de INJUPEMP, como ser en las ciudades de San Pedro Sula, La Ceiba y Santa Rosa de Copán, y cuanto juzgado o institución pública o privada de dicha zona noroccidental, además lo relacionado a la procuración administrativa y revisión de la gestión de solicitudes de préstamos hipotecarios, borradores de protocolos para escriturar y cancelaciones de gravámenes; podrá apreciarse que ha sido respetuosa de los derechos laborales devengando un salario justo y acorde a su fuerza de trabajo prestada en el Instituto, cual es única y exclusivamente la de ejercer actos de procuración ante los Juzgados en materia Laboral, aunado a lo anterior cabe destarar que de conformidad a lo preceptuado en el artículo 135 de nuestra Carta Magna el cual preceptúa “Que las leyes laborales estarán inspiradas en la armonía entre el capital y el trabajo como factores de producción. El Estado debe tutelar los derechos de los trabajadores, y al mismo tiempo proteger el capital y al empleador”, en tal sentido la demanda carece totalmente de sustentación legal, ya que los salarios asignados al personal laborante son definidos de acuerdo a los niveles de responsabilidad laboral instruidos y funciones a ejecutar, de tal manera que la acción infundada debe ser oportunamente desestimada en su totalidad. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 5 de marzo del 2020, dictó sentencia que, en su parte resolutiva dice: “FALLA: I. Declarar CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por la señora MARIA BRENDA SUYAPA WILLIAMS RODRÍGUEZ contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) a través de su Representante Legal y Directora Interina la señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA en cuanto a: 1) Que se le nivele el salario correspondiente al cargo de PROCURADOR I, a quien deberá otorgársele salario mensual de L. 38,054.81, salario al que se incluyó el reajuste de conformidad al índice de precios al consumidor (IPC) de los años 2016 por 2.36 %, 2017 por 3.31% y 2018 por 4.73% de conformidad con las estadísticas oficiales del Banco Central de Honduras, contenido en la cláusula 24 del contrato colectivo vigente suscrito entre INJUPEMP Y EL SITRAINJUPEMP; 2) Que se pague el reajuste décimo tercer y décimo cuarto meses de salario, se reajuste el pago de vacaciones, 3) Se pague el bono por desempeño e incentivo a la antigüedad, debiendo respetarse todo beneficio y derecho que establece el contrato colectivo, especialmente la cláusula 38, en forma retroactiva a partir del año 2016 en adelante, conceptos que serán liquidados en el momento procesal oportuno, en forma retroactiva a partir del año 2016 en adelante, sin perjuicio de lo que resulte en el transcurso del tiempo en que quede firme el presente fallo. II.- CONDENAR: al INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) a través de su Representante Legal y Directora Interina la señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA en cuanto a lo siguiente: a pagar al señor OSMAN MAURICIO GOMEZ MEJIA a lo siguiente: 1) Que se le nivele el salario correspondiente al cargo de PROCURADOR I, a quien deberá otorgársele salario mensual de L. 38,054.81, salario al que se incluyó el reajuste de conformidad al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de los años 2016 por 2.36 %, 2017 por 3.31% y 2018 por 4.73% de conformidad con las estadísticas oficiales del Banco Central de Honduras, contenido en la cláusula 24 del contrato colectivo vigente suscrito entre INJUPEMP Y EL SITRAINJUPEMP; 2) al pago de TRESCIENTOS DOCE MIL SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS (L. 312,066.82) que resulta del reajuste al salario, del décimo tercer y décimo cuarto mes de salario, reajuste el pago de vacaciones, siendo que el índice de Precios al Consumidor (IPC) para el año 2016 fue de 2.36 % resulta la cantidad a favor de la demandante de L. 106,970.99, para el año 2017 fue de 3.31% resulta la cantidad a favor de la demandante de L. 100,178.25; para el 2018 fue de 4.73% resulta la cantidad a favor de la demandante de L. 104,917.60; 3) Se pague el reajuste al bono por desempeño e incentivo de antigüedad, respetándose todo beneficio y derecho que establece el contrato colectivo, especialmente establecido en la cláusula 38, en forma retroactiva a partir del año 2016 en adelante, sin perjuicio de lo que resulte en el transcurso del tiempo en que quede firme el presente fallo; III. SIN COSTAS”. Bajo el criterio que a la demandante se le ha violentado su derecho a la igualdad de oportunidad en el empleo y ha sido objeto de discriminación laboral; la parte actora solicita que en forma retroactiva a partir del año 2016 en adelante, se le conceda la nivelación de su salario de acuerdo a la cláusula 16 del Contrato Colectivo vigente suscrito entre el INJUPEMP y el SITRAINJUPEMP, así como la aplicación en su salario el incremento o ajuste por el Índice Inflacionario de acuerdo a la cláusula 24, siendo que se encuentran ante beneficios que otorga un Contrato Colectivo suscrito por trabajadores y el empleador, instrumento legal que debe ser cumplido por ambas partes, es obligación de la parte demandada dar estricto cumplimiento a lo establecido en el contrato colectivo suscrito; por otra parte, tomando en consideración que el Juzgador tiene facultades de aplicar la norma o condición que más favorezca al trabajador, y siendo que consta que a la demandante no se le ha otorgado el incremento salarial anual conforme lo establece la cláusula en mención, es procedente declarar con lugar, en la nivelación salarial quien deberá otorgársele un salario mensual por la cantidad de L. 38,054.81, valor que resulta una vez aplicado el incremento salarial calculado conforme al indicie de Precios al Consumidor (IPC) establecido en las estadísticas oficiales decretadas por el Banco Central de Honduras, siendo que para el año 2016 fue de 2.36 %, para el año 2017 fue de 3.31% y para el 2018 fue de 4.73%, tal como lo establece la cláusula 24 contenida en el Contrato Colectivo de condiciones de trabajo suscrito entre INJUPEMP y SITRAINJUPEMP; se hace la salvedad que los cálculos antes relaciones se hicieron hasta el mes de diciembre del año 2018, en vista que consta en autos que la demandante fue cancelada de su cargo en fecha 11 de enero del 2019, sin perjuicio de lo que resulte en el transcurso del tiempo en que quede firme el fallo; la demandante igualmente solicita se le pague el reajuste al décimo tercer y décimo cuarto mes de salario, reajuste el pago de vacaciones, reajuste su bono por desempeño e incentivo a la antigüedad y se respete todo beneficio y derecho que establece el contrato colectivo, especialmente la cláusula 38 siendo que se encuentran ante el reclamo de derechos adquiridos originados de un Contrato Colectivo, y no una mera expectativa, en este caso la titular del derecho reclamado es la demandante, derechos irrenunciables, en consecuencia a criterio de la Juzgador, el patrono está en la obligación de cumplir legalmente sus obligaciones de acuerdo a los derechos ya adquiridos y reconocidos por la convención colectiva de los trabajadores, en virtud que estos derechos y beneficios ya forman parte de su patrimonio y al no hacerlo violenta los derechos de cada trabajador en consecuencia debe declararse Con Lugar el pago de dichos conceptos; siendo que el indicie de Precios al Consumidor (IPC) para el año 2016 fue de 2.36% resulta la cantidad a favor de la demandante de L. 106,970.99 incluidos nivelación y reajuste del décimo tercer, décimo cuarto mes de salario y se reajuste el pago de vacaciones, para el año 2017 fue de 3.31% resulta la cantidad a favor de la demandante de L. 100,178.25 incluidos nivelación y reajuste de décimo tercer, décimo cuarto mes de salario y se reajuste el pago de vacaciones y para el 2018 fue de 4.73% resulta la cantidad a favor de la demandante de L.104,917.60 incluidos nivelación y reajuste de décimo tercer, décimo cuarto mes de salario y se reajuste el pago de vacaciones; en cuanto a la solicitud de pago del bono por desempeño e incentivo a la antigüedad y cualquier otro beneficio y derecho que establece la cláusula 38 del Contrato suscrito, estos serán liquidados en el momento procesal oportuno, en forma retroactiva a partir del año 2016 en adelante, sin perjuicio de lo que resulte en el transcurso del tiempo en que quede firme el presente fallo. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 12 de agosto del 2022, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: I. Declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado NATÁN LEONARDO BANEGAS AGUILERA en representación del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) II. Declara parcialmente CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado SANTIAGO ALONSO MORALES CHAVARRIA en representación de MARÍA BRENDA SUYAPA WILLIAMS RODRÍGUEZ. III. REFORMAR la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán de fecha veinticinco de septiembre del año dos mil veinte que corre a folios 189 al 197 de la primera pieza de los autos en el sentido de reformar el resolutivo II numeral 1) de la sentencia recurrida, debiendo leerse de la siguiente manera: "1) Que se le nivele a la demandante, abogada MARÍA BRENDA SUYAPA WILLIAMS RODRÍGUEZ el salario correspondiente al cargo de PROCURADOR I al salario de L 34,361.00 a partir del año 2016, salario que con los incrementos contenidos en la cláusula 24 del contrato colectivo vigente del INJUPEMP y el SITRAINJUPEMP" calculados de conformidad al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de los años 2016 por 2.36%, 2017 por 3.31% y 2018 por 4.73% de acuerdo con las estadísticas oficiales del Banco Central de Honduras, resuelta un salario mensual de L. 38,054.81 a partir del año 2018." III. CONFIRMANDO los demás resolutivos de la sentencia recurrida. SIN COSTAS”. Bajo el criterio que el demandado señala que desde el año 2011 al año 2016, la parte actora pasó de gozar un salario de L. 29,000.00 a la cantidad de L. 31,314.00, producto de los incrementos salariales que se les ha dado a los empleados permanentes conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) emitido por el Banco Central de Honduras; sin embargo de las pruebas propuestas y practicadas en el juicio no aparece probada dicha afirmación pues no aparecen los incrementos conforme al mencionado Índice de Precios al Consumidor (IPC) emitido por el Banco Central de Honduras para esos años, por lo que estas argumentaciones no pueden ser revisadas en segunda instancia demostrándose que efectivamente la demandante devenga un salario inferior a los salarios devengados por los demás compañeros de trabajo que desempeñan las mismas funciones; en consecuencia estando acreditado en autos la violación al artículo 367 del Código de Trabajo que señala que para fijar el importe del salario en cada clase de trabajo, se deben tomar en cuenta la intensidad y calidad del mismo, clima y condiciones de vida, y el tiempo de servicio del trabajador, a trabajo igual debe corresponder salario igual sin discriminación alguna, siempre que el puesto, la jornada y las condiciones de eficiencia y tiempo de servicio dentro de la misma empresa, sean también iguales, comprendiendo en éste tanto los pagos hechos por cuota diaria como las gratificaciones, percepciones, habitación y cualquier otra cantidad que sea entregada a un trabajador a cambio de su labor ordinaria; no pueden establecerse diferencias en el salario por razones de edad, sexo, nacionalidad, raza, religión, opinión política o actividades sindicales; así como el numeral 3) del artículo 128 de la Constitución de la República que señala “Las leyes que rigen las relaciones entre patronos y trabajadores son de orden público, son nulos los actos, estipulaciones o convenciones que impliquen renuncia, disminuyan, restrinjan o tergiversen las siguientes garantías: … 3) a trabajo igual corresponde salario igual sin discriminación alguna, siempre que el puesto, la jornada y las condiciones de eficiencia y tiempo de servicio sean también iguales”; la parte demandante, también apelante fundamento su recurso en que no se indica el salario al cual se niveló el salario a partir del año 2016, lo que supuestamente no le permite revisar si el cálculo de los reajustes de salario de décimo tercer mes, décimo cuarto mes y vacaciones a partir del año 2016, se encuentra conforme a derecho; sin embargo, a través de simples operaciones aritméticas se puede deducir que el salario de la demandante a partir del año 2016, fue nivelado a la suma de L. 34,361.00 mensuales que corresponde al salario de la abogada Elsa Esperanza David Fajardo quien también se desempeña como Procuradora dentro del INJUPEMP, de acuerdo al dato de los salarios de procuradores presentado por la parte demandada, salario al que se le aplicaron los incrementos de salario conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) emitido por el Banco Central de Honduras de los años 2016 por 2.36%; del año 2017 de 3.31%; y año 2018 de 4.73% señalados en la sentencia recurrida, de lo que resultó el salario de L. 38,054.81; sin embargo señala que la sentencia debió aclarar este punto, por lo que es procedente reformar la sentencia únicamente con objeto de aclarar los valores señalados en la sentencia recurrida. 5. Mediante auto de fecha 17 de enero del 2023, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado NATAN LEONARDO BANEGAS AGUILERA, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha 28 de junio del 2023, compareció ante este Tribunal el Abogado NATAN LEONARDO BANEGAS AGUILERA, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha 19 de septiembre del 2023, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 23 de octubre del 2023, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por el Abogado SANTIAGO ALONZO MORALES CHAVARRIA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I. Que la finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código de Trabajo, no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el País, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice. II. Que el Abogado NATAN LEONARDO BANEGAS AGUILERA, en su primer motivo de casación alega: “NORMA SUSTANTIVA VIOLADA. La norma Sustantiva de orden nacional violada está contenida en los artículos 1, 2, 4, 5, 18, 120,126, 709, 858 del Código de Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de Casación está comprendido en el artículo 765 ordinal primero del Código de Trabajo REGLAS PROCESALES VIOLADAS. Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de la norma sustantiva señalada están contenidas en los artículos 664 y 665 del Código de Trabajo. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN. Resulta que la hoy demandante en fecha 23 de febrero del 2016, fue reintegrada a su puesto de Trabajo como Procuradora Legal, por orden judicial proferida por ese Tribunal del Trabajo, con el reconocimiento expreso de todos los derechos laborales inherentes a la misma, particularmente lo concerniente a los incrementos salariales que se produjeron durante la secuela de la demanda aboral incoada por la misma, ya que originalmente, es decir cuando la hoy demandante inició su relación de trabajo con mi representada en fecha 4 de marzo del 2010, su salario mensual de aquel entonces era de (L. 21,800.00); aún y cuando se encontraba bajo la modalidad de contratación a término, posteriormente y producto del reintegro judicial que se produce como se ha expuesto ya en fecha 23 de febrero del 2016, su salario pasó a ser de (L. 29,900.00); y actualmente Su Señoría con un salario actual de (L.31,314.00); producto de los incrementos salariales de carácter anual que mi patrocinado le ha otorgado a los Empleados con carácter de permanentes y en apego también a las disposiciones contenidas en el Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente. De lo que fácilmente se colige la gradualidad de salario que se ha venido dando con la ahora demandante y en observancia también a la labor que ella ejerce en mi representada, como lo es puntualmente como Procuradora Legal, asignada a la División de Servicios Legales, a quien se le han asignado distintos juicios de índole laboral para su tramitación ante los órganos jurisdiccionales del Trabajo correspondientes, exclusivamente en el Departamento de Francisco Morazán. De igual manera la ahora demandante en su esbozo de demanda y de manera argumentativa señala que el Abogado Claudio Joaquín Rodríguez Hernández, asignado a la oficina regional de INJUPEMP, en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, devenga un salario mensual de (L.42,000.00); es decir muy por encima del salario de ella, e inclusive con una antigüedad laboral menor a la de la misma; en tal sentido Su Señoría es importante señalar que si bien es cierto el Abogado Claudio Joaquín Rodríguez Hernández, actualmente devenga un salario mensual de (L. 43,821.00); pero no obstante ello obedece a que el Abogado Rodríguez Hernández al momento de su contratación en fecha 12 de abril del 2010, se le otorgó un plus a su salario por ser la persona Encargada también ante aquella oficina regional de mi representada (INJUPEMP) en San Pedro Sula, de manejar lo concerniente a trámites legales de aquella regional como ser: Desarrolla toda la actividad secretarial generada por las gestiones administrativas y operativas realizadas en la Jefatura de la División Legal; asimismo teniendo asignado entre sus funciones la carga de todas las demandas incoadas en contra de mi representada, por vía de delegación de poder en toda la zona noroccidental, es decir de las distintas oficinas regionales de INJUPEMP, como ser en las ciudades de San Pedro Sula, La Ceiba y Santa Rosa de Copán y revisión de borradores de protocolos para escriturar. Es así que como podrá apreciarse mi representada EL INJUPEMP, ha sido respetuosa de los derechos laborales de la ahora demandante, devengando la misma un salario justo y acorde a su fuerza de trabajo prestada en el Instituto, cual es única y exclusivamente la de ejercer actos de procuración ante los Juzgados en materia Laboral, aunado a lo anterior cabe destarar que de conformidad a lo preceptuado en el artículo 135 de nuestra Carta Magna el cual preceptúa: "Que las leyes laborales estarán inspiradas en la armonía entre el capital y el trabajo como factores de producción. El Estado debe tutelar los derechos de los trabajadores, y al mismo tiempo proteger el capital y al empleador". Es meritorio destacar que los extremos indicados en esta explicación fueron debidamente acreditados en juicio, en el momento procesal oportuno, no obstante el Tribunal de Alzada dejó de valorar en todo su contexto dicha carga probatoria, considerando que mi representada el INJUPEMP, es una Institución de Previsión Social, sobre la cual reposan las jubilaciones y pensiones de los Empleados del Sector Público o Gobierno, siendo de igual forma una Institución Pública que garantiza el otorgamiento de los beneficios previsionales por los riesgos a que están expuestos nuestros participantes por muerte, invalidez, separación, y vejez, mediante la captación, administración e inversión de sus recursos económicos de manera transparente, rentable, segura, liquida y diversificada que contribuye al desarrollo económico y consolidar el sistema de protección social de nuestro País. Lo expuesto en este primer motivo hace admisible el Recurso de Casación y es de suficiente mérito para que se case la sentencia recurrida.” III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Entre las normas que indica como violadas los artículos 1, 2, 4, 5, 18, 709, 858 del Código de Trabajo no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) Cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo en que se encuentra comprendido el cargo; c) Los artículos 664 y 665 del Código de Trabajo que indica como las normas procesales que sirvieron de medio para la violación no ostentan esa condición; y, d) Formula alegatos de instancia. IV. Que el Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva de orden nacional por infracción indirecta proveniente de error de hecho, manifiesto en la falta de apreciación de los medios de prueba admitidos y evacuados en su momento procesal. Lo expuesto en este segundo y tercer motivo hace admisible el recurso de Casación y es de suficiente mérito para que se case la sentencia recurrida. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. La norma Sustantiva de orden nacional violada, está contenida en los artículos 1, 2, 4, 5, 18, 120, 126, 709, 858 del Código de Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de Casacón está comprendido en el artículo 765 ordinal primero del Código de Trabajo REGLAS PROCESALES VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas están contenidas en los artículos 729, 730, 738 y 739 del Código de Trabajo. PRUEBA DEJADA DE APRECIAR. La prueba dejada de apreciar por el Tribunal Ad-Quem, consiste en los siguientes medios probatorio Medio de Prueba Documental: Referente a toda la documentación aportada y acreditada en juicio, con la cual se acreditó la improcedencia de la acción de demanda, en cuanto a pretender un incremento salarial por vía NIVELACIÓN del mismo, mediante la promulgación de sentencia firme condenatoria, sin contar con el asidero jurídico pertinente. Lo anteriormente expuesto permite demostrar en estricto derecho, que los niveles de responsabilidad que la hoy demandante ejerció en mi representada, eran totalmente distintos e inferiores a los del Abogado Claudio Joaquín Rodríguez, que es a quien mediante alegatos de instancia pretende nivelar su salario, lo cual hace que la sentencia recurrida sea casada en este motivo también”. V. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Entre las normas que indica como violadas los artículos 1, 2, 4, 5, 18, 709, 858 del Código de Trabajo no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) Cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo en que se encuentra comprendido el cargo; c) Debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por el Recurrente; d) Entre las normas procesales que sirvieron de medio para la violación señala los artículos 729, 730 del Código de Trabajo los cuales no ostentan esa condición; y, e) Formula alegatos de instancia.VI. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código de Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ROY PINEDA CASTRO, COORDINADOR, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de mayo del dos mil veinticuatro; certificación de la sentencia de fecha veinte de noviembre del dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL671-2022. FIRMA Y SELLO.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ
SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.