Sentencia CL-669-22 — Registro 17516
Resumen
La segunda instancia confirma la sentencia de primera instancia que declaro con lugar la demanda ordinaria laboral para que se declare permanente su relación laboral, y condena al demandado al reintegro a su puesto de trabajo, más el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido al a fecha en que sea reintegrado a su puesto de trabajo; a pagar salarios adeudados; la sala declara nulidad a la sentencia emitida.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
...´´.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial...´´
Legislación citada
- Código de Procedimientos Civiles, art. 216 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
...´´Que revisada la sentencia definitiva pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, la misma carece de motivación y exhaustividad suficiente, consta a folios 12, 125 y 126 de la primera pieza de autos relacionado al pago e informe de la demandada el Instituto Nacional de Formación Profesional “ INFOP “ que no existe el perfil del puesto del demandante y no fue contratado por Recursos Humanos, y el pago se efectuaba a través del Banco Central de Honduras, y dado que en el proceso consta el material factico suficiente que una vez valorado tiene incidencia en el resultado del fallo ya que la motivación deberá incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y la razón...´´
Legislación citada
- Código de Procedimientos Civiles, art. 216 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
...´´Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate...´´
Legislación citada
- Código de Procedimientos Civiles, art. 216 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., trece de octubre de dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 23 de marzo del 2023, por la Abogada MAGALI JAMILETH BUSTILLO STREBER, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÒN PROFESIONAL (INFOP), como recurrente; además, es parte recurrida, el señor JOSE ALFREDO AMAYA ORDOÑEZ, representado en juicio por el Abogado JORGE MARIN DIAZ DURON.OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria Laboral de primera instancia para que se declare permanente su relación laboral, se haga efectivo el reintegro a su puesto de trabajo, en virtud de despido ilegal e injusto, pago de salarios adeudados, y a título de daños y perjuicios se le paguen los salarios dejados de percibir, así como los demás beneficios que como empleado le puedan corresponder y costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 14 de abril del 2016, por el señor JOSE ALFREDO AMAYA ORDOÑEZ, mayor de edad, casado, hondureño, Perito Mercantil y Contador Público, de este domicilio, contra el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP), por medio de su Director Ejecutivo señor CESAR ANTONIO PINTO. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 13 de mayo del 2022, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 18 de septiembre del 2020, que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por JOSE ALFREDO AMAYA ORDOÑEZ Contra el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP) a través de su Representante Legal CESAR ANTONIO PINTO, para: A) A reintegrar a su puesto de trabajo, más el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido al a fecha en que sea reintegrado a su puesto de trabajo; 2) A pagar en concepto de salarios adeudados por los siguientes conceptos: salario noviembre 2015; salario diciembre 2015; dieciocho días de enero del 2016; décimo cuarto mes 2014-2015; décimo tercer mes 2014-2015; y vacaciones 2015 (primer año); en consecuencia, 2) CONDENA Al demandado el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP) a través de su Representante Legal CESAR ANTONIO PINTO, a reintegrar a su puesto de trabajo, más el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido a la fecha en que sea reintegrado a su puesto de trabajo; 2) A pagar la cantidad de NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS (L.91,900.00) en concepto de salarios adeudados por los siguientes conceptos: noviembre: L.18,000.00; diciembre: L.18,000.00; dieciocho (18) días de enero: L.10,800.00; décimo cuarto mes 2014-2015: décimo tercer mes: 2014-2015: L.18,000.00; y vacaciones 2015 (primer año); L.9,100.00; al señor JOSE ALFREDO AMAYA ORDOÑEZ, 3) Declarar SIN COSTAS”. ANTECEDENTES DE HECHO. 1. La parte demandante expresó que comenzó a laborar para el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), mediante Contrato por Tiempo Determinado, para un periodo del mes de junio al mes de diciembre del año 2014, sin embargo continuó laborando sin ninguna interrupción, renovándose el contrato para un periodo del mes de enero al mes de diciembre del 2015, pero su relación laboral siguió hasta el 18 de enero del 2016, fecha en que se le notifico el despido; los contratos se denominaron de Prestación de Servicios Técnico Profesionales en Gestión de Riesgo y Adaptación al cambio climático, conviniendo un salario por la cantidad de L. 18,000.00 mensuales, sin embargo los pagos nunca se le hicieron de manera mensual, siempre le pagaban cada dos o tres meses mediante el sistema de Cheque; nominalmente se le contrató para desempeñar las siguientes labores, para atender las instrucciones hechas por el enlace tercero o en su defecto por el Director Ejecutivo de manera coordinada todas aquellas convocatorias que desde COPECO para que integren el COEN, ante situaciones de emergencia; participar en todos los talleres o capacitaciones a los cuales fuera convocados ya sea desde la Dirección Ejecutiva de INFOP o desde COPECO; atender los temas relacionados a la gestión del riesgo a nivel institucional y sean derivados del mismo, y que a petición de la Dirección Ejecutiva de INFOP o COPECO se pudieran solicitar; participar en foros a los que la institución sea invitada y que deba tener participación, que se relacionen a la Gestión del Riesgo o temas a fines y todas aquellas inherentes al puesto de trabajo, asignado por su jefe inmediato, y todas aquellas inherentes al puesto de trabajo, asignado por su jefe inmediato, sin embargo estas labores nunca las realizó; funcionalmente al iniciar su relación de trabajo desde el mes de junio al mes de octubre del 2014, INFOP le pidió que se trasladara a la Secretaria de Desarrollo Social, asignándole labores de censos e información, relacionadas con obras de desarrollo a nivel de barrios y colonias, también sirviendo de apoyo para las diferentes obras y proyectos a nivel de barrios y colonias de esta ciudad capital; el 1 de noviembre del 2014, la Jefa de la División de Recursos Humanos de INFOP, le notificó el traslado de la Dirección Ejecutiva a la Unidad de Almacén, con el propósito que de manera funcional apoyara dicha unidad, desempeñando el cargo de Almacenista, haciendo las siguientes funciones, hacer notas de entrada de cualquier compra que INFOP hiciera, enviar las notas de entrada de compras al Departamento de Contabilidad para acreditar el gasto, estas labores las realizo hasta el mes de diciembre del 2014 y desde el mes de enero al mes de diciembre del 2015, le asignaron la función de Recibir las devoluciones y entrega de equipo usado; por más de un año estuvo asignado a la Unidad de Almacén, haciendo esas labores que son de carácter permanente hasta la fecha en que fue despedido, ya que después las continuó haciendo su compañero de trabajo, cumpliéndose de esta manera con lo establecido en el artículo 47 del Código de Trabajo; durante su desempeño, siempre cumplió con las órdenes e instrucciones que le impartía su jefe inmediato, lo que hacía en cualquier momento y de la forma como se lo indicaba, cumpliendo también con una jornada de trabajo de lunes a viernes en un horario de 7:30 a.m. a 3:30 p.m.; los primeros días del mes de enero del 2016, continuo desempeñando sus labores normalmente ya que su jefe inmediato así se lo pidió, sin embargo el día 18 de enero del 2016, su jefe inmediato en su condición de Jefe del Departamento de Almacén, le notificó de manera verbal, la decisión de dar por terminada la relación de trabajo, expresándole que estaba despedido y que ya no se le necesitaba en la institución, sin expresarle ninguna de las causas o motivos establecidos en los artículos 97, 98 y 112 del Código de Trabajo, violentándose con ello lo establecido en el artículo 117 del mismo Código, esto demuestra que su despido es ilegal e injusto; INFOP a la fecha de su despido le adeuda el salario correspondiente a los meses de noviembre y diciembre del 2015 y los primeros 18 días del mes de enero del 2016, durante la relación de trabajo, no le reconoció el pago de Aguinaldos y Vacaciones, a pesar de haber laborado de forma continua, cumpliéndose en la relación laboral los tres elementos del Contrato de Trabajo establecidos en el artículo 20 del Código de Trabajo, colocándole en una condición de empleado permanente, por lo que se le adeudan también esos beneficios; con el propósito de llegar a un arreglo conciliatorio, presento reclamo para el reintegro a su puesto de trabajo en igual o mejores condiciones ante las Oficinas de Resolución Alterna de Conflictos Laborales, dando por agotado el trámite en fecha 2 de marzo del 2016, mediante Acta de Cierre de las Diligencias Administrativas Conciliatorias por la no comparecencia de la parte requerida. 2. La parte demandada, el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP), contestó dicha demanda argumentando que el demandante tenía con el INFOP un Contrato de Servicios Técnicos Profesionales, aclarando que en ningún momento hubo despido, al contrario, la institución le iba a renovar el contrato por que necesitaba de su actividad laboral, debiendo entonces el demandante probar el despido en juicio; en cuanto a los demás extremos se rechazan los mismos. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 18 de septiembre del 2020, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por JOSE ALFREDO AMAYA ORDOÑEZ Contra el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP) a través de su Representante Legal CESAR ANTONIO PINTO, para: A) A reintegrar a su puesto de trabajo, más el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido al a fecha en que sea reintegrado a su puesto de trabajo; 2) A pagar en concepto de salarios adeudados por los siguientes conceptos: salario noviembre 2015; salario diciembre 2015; dieciocho días de enero del 2016; décimo cuarto mes 2014-2015; décimo tercer mes 2014-2015; y vacaciones 2015 (primer año); en consecuencia, 2) CONDENA Al demandado el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP) a través de su Representante Legal CESAR ANTONIO PINTO, a reintegrar a su puesto de trabajo, más el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido a la fecha en que sea reintegrado a su puesto de trabajo; 2) A pagar la cantidad de NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS (L.91,900.00) en concepto de salarios adeudados por los siguientes conceptos: noviembre: L.18,000.00; diciembre: L.18,000.00; dieciocho (18) días de enero: L.10,800.00; décimo cuarto mes 2014-2015: décimo tercer mes: 2014-2015: L.18,000.00; y vacaciones 2015 (primer año); L.9,100.00; al señor JOSE ALFREDO AMAYA ORDOÑEZ, 3) Declarar SIN COSTAS”. Bajo el criterio que haciendo un análisis de los argumentos planteados por ambas partes, pruebas aportadas al proceso, y la fundamentación jurídica aplicada al caso concreto, es del convencimiento que si bien es cierto el desarrollo de la relación laboral se dio bajo la modalidad de Contrato de Trabajo por tiempo determinado, no es menos cierto que de acuerdo a lo que establece la legislación laboral y de la simple lectura de los denominados Contrato de Prestación de Servicios Profesionales, se desprende que dentro de los mismos concurren los tres elementos esenciales establecidos en el artículo 20 del Código de Trabajo relacionados con los artículos 47 y 347 del mismo cuerpo legal, ya que una vez reunidos los tres elementos regulados por el artículo citado, se concluye que existe un verdadero Contrato de Trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen, por otro lado la condición del contrato a término lo determina la actividad que se realice y en el presente caso el demandante laboraba en una actividad continua e ininterrumpida acumulando una antigüedad de 1 año 9 meses y 11 días, por lo tanto no se toma en cuenta el término que se establezca en tal documento de acuerdo a la Primacía de la Realidad que rige en materia laboral, puesto que el objeto de los Contratos de Prestación de Servicios Profesionales o Técnicos, es la prestación de un servicio que requiere un grado académico superior o conocimiento especializado, situación que no es el caso, puesto que el demandante ostenta el título de Perito Mercantil y Contador Público, por lo que se ha demostrado que existió una relación laboral de forma continua e ininterrumpida, y se está frente a una verdadera relación de trabajo; por lo que es procedente declarar Con Lugar la solicitud de reconocimiento permanente de la relación laboral; el demandante también solicita el reintegro a su puesto de trabajo y aunado a lo anteriormente expuesto que la celebración, ejecución y terminación de todo Contrato de Trabajo debe observarse el principio de buena fe y que evidentemente pugna contra ese principio, el hecho que al ponérsele fin unilateralmente por alguna de las partes no se comunique a la otra, de manera concreta y clara, la causa o motivo de tal determinación, la única forma de evitar sorpresas ante la Jurisdicción cuando el que se supone agraviado ocurra ante ella demandando sus derechos, la parte demandada no invocó justa causa para dar por terminada la relación laboral unilateralmente y por ende no ha justificado la misma; y no haberlo realizado así violenta lo dispuesto en el artículo 117 del Código de Trabajo; por ende declara Con Lugar la petición de reintegro al puesto de trabajo más el pago de los salarios dejados de percibir con el reconocimiento de incrementos y ajustes salariales que se otorgaron durante el secuela del juicio; la finalidad del derecho de defensa, es asegurar la efectiva realización de los principios procesales de contradicción e igualdad de armas, principios que imponen a los órganos judiciales el deber de evitar desequilibrios en la posición procesal de ambas partes, e impedir que las limitaciones de alguna de las partes puedan desembocar en una situación de indefensión prohibida por la Constitución; la parte demandante también solicita en su libelo de demanda el pago de salario del mes de noviembre, diciembre y los primeros 18 días de mes de enero del 2016; pago de aguinaldo, décimo cuarto mes y vacaciones durante la relación laboral, y siendo que la parte demandada no aportó los documentos señalada para su exhibición ante el despacho, quedando sujeta en la fecha misma a lo establecido en el artículo 734 del Código de Trabajo que dice “si decretada una inspección, ésta no se llevare a efecto por renuencia de la parte que deba facilitarla, se tendrá como probados en su contra los hechos que la otra parte se proponía demostrar”, por lo que se considera como cierta la deuda del pago del salario de los meses de noviembre del 2015, diciembre 2015 y 18 días de enero del 2016; décimo cuarto mes 2014-2015; décimo tercer mes 2014-2015; y vacaciones 2015 primer año, siendo que la patronal no aportó ningún elemento probatorio propio para desvirtuar lo alegado por el trabajador ni prestó la colaboración para constatar dichos extremos; consecuentemente, es procedente declarar Con Lugar el pago de estos derechos. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 13 de mayo del 2022, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas. Bajo el criterio que en relación con el alegato de la inexistencia de obligaciones laborales debido a la existencia de Contratos de Servicios Profesionales por un periodo determinado suscritos entre las partes es claro que la prueba documental consistente en los Contratos de Servicios Técnico Profesionales en gestión del riesgo y adaptación al cambio climático, la existencia de traslados, documentos relacionados con las labores de almacenista firmados por el demandante que fueron presentados como prueba demuestran que el demandante realizaba de labores que son continuas y permanentes en la unidad de Almacén, existió una continua subordinación, la prestación de servicios personales y el pago de una remuneración, configurándose el Contrato de Trabajo por la existencia de los elementos que lo configuran y la presunción establecida en el artículo 21 del Código de Trabajo; pues un Contrato de Servicios Técnico Profesionales supone la figura del Contratista que conforme al artículo 7 reformado del Código de Trabajo, es una persona que contrata la ejecución de una o varias obras o labores en beneficio ajeno, por un precio determinado y asumiendo todos los riesgos para realizarlas con sus propios medios y con libertad técnica y directiva, siendo evidente que el demandante no fue contratado asumiendo ningún riesgo, que no utilizaba sus propios medios; y finalmente, que ni tenía libertad técnica ni directiva, sino que lo que existía es un verdadero Contrato de Trabajo con los 3 elementos que lo conforman; siendo que las labores contratadas son labores continuas y permanentes, estas se entenderán realizadas por trabajadores con contratos por tiempo indefinido, aunque en los contratos se exprese término de duración; por lo que en aplicación del principio de la Primacía de la Realidad que establece que siempre deben prevalecer los aspectos reales por sobre los formales, de modo que estos no puedan frustrar la finalidad protectora que orienta a las normas laborales. Ello implica el compromiso del juez o tribunal en la búsqueda de la verdad material. En los casos en los que una de las partes sostiene la existencia de figuras contractuales no regida por las leyes laborales, el juzgador para determinar la naturaleza de dicha relación, debe atender a la realidad de las relaciones jurídicas que se presenten entre las partes y no al contenido formal del documento de contratación; es decir, no se acredita la realidad de la contratación a través del contenido del documento firmado por las partes o del nombre que le hayan dado a la relación jurídica existente, sino a la realidad de las labores ejecutadas por la persona obligada a prestar el servicio, a la existencia de los 3 elementos del Contrato de Trabajo establecidos en el artículo 20 del Código de Trabajo. Las pruebas que existen son los contratos suscritos y demás documentos propuestos por las partes de los cuales es evidente que se ha demostrado la existencia de una verdadera relación laboral entre las partes, por lo que se debe aplicar a la presunción del artículo 128 Constitucional y 3 del Código de Trabajo que son nulos ipso jure todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución, el presente Código, sus reglamentos o las demás leyes de trabajo o previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato de trabajo u otro pacto cualquiera; es evidente que el despido puede probarse con cualquiera de los medios de prueba que la ley establece; y, en los casos en los que se han venido firmando por periodos determinados de tiempo y de manera sucesiva, contratos que sin importar la denominación que se le haya dado, constituyen en realidad un Contrato de Trabajo de naturaleza indefinida, ya la jurisprudencia ha establecido que la negativa del patrono a renovar o suscribir este tipo de contratos demuestra la intención del mismo de dar por terminada la relación laboral, constituyendo una prueba de despido. 5. Mediante auto de fecha 17 de enero del 2023, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada MAGALI JAMILETH BUSTILLO STREBER, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha 23 de marzo del 2023, compareció ante este Tribunal la Abogada MAGALI JAMILETH BUSTILLO STREBER, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha 17 de mayo del 2023, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 21 de agosto del 2023, se tuvo por contestado el recurso de casación por el Abogado JORGE MARIN DIAZ DURON, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o Tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. II.- Que el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. - Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente". III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8.1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. IV.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. VI.- Que revisada la sentencia definitiva pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, la misma carece de motivación y exhaustividad suficiente, consta a folios 12, 125 y 126 de la primera pieza de autos relacionado al pago e informe de la demandada el Instituto Nacional de Formación Profesional “ INFOP “ que no existe el perfil del puesto del demandante y no fue contratado por Recursos Humanos, y el pago se efectuaba a través del Banco Central de Honduras, y dado que en el proceso consta el material factico suficiente que una vez valorado tiene incidencia en el resultado del fallo ya que la motivación deberá incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y la razón. VII.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. VIII.- Que, por las razones antes expuestas, es procedente declarar la nulidad de la sentencia recurrida, para que el Ad-quem proceda de conformidad a derecho. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5, 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 666 letra c), 776, 777 y 858 del Código de Trabajo; 9 y 11 del Código Civil; 22, 200, 206, 207, 208, 211, 212 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, 67 inciso b) y c) y 69 del Reglamento de Instituciones de Educación no Gubernamentales. RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha 13 de mayo del 2022, visible a folios del 14 al 16 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a Derecho. Redactó la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA.NOTIFIQUESE.– FIRMAS Y SELLOS. ROY PINEDA CASTRO, COORDINADOR, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes enero del dos mil veinticuatro; certificación de la sentencia de fecha trece de octubre de dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL669-2022.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ
SECRETARIO SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.