Sentencia CL-654-22 — Registro 17178
Resumen
Demanda ordinaria laboral para el reconocimiento de la permanencia estabilidad y antigüedad en el trabajo por fraude de ley; otorgamiento de plaza permanente; reconocimiento de antigüedad adquirida; nivelación salarial; que se declare el derecho que tengo al reconocimiento y pago de los ajustes en conceptos de vacaciones no gozadas, bonificaciones, decimotercer y cuarto mes de salario desde el inicio de su relación laboral; reconocimiento y pago de los incrementos salariales y demás derechos aprobados por el gobierno, incluso aquellos que sufran durante la tramitación de presente juicio; reintegro en caso de despido durante la tramitación del juicio
Análisis jurisprudencial
(Sin análisis jurisprudencial en la ficha)
Sentencia
CERTIFICACIÓN.-
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., doce de septiembre de dos mil veintitrés. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 19 de abril del 2023, por el Abogado JAIRO ANTONIO MÉNDEZ MEZA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, las señoras ASTRID MARIA ENCINA LÓPEZ, quien actúa en causa propia en el libre ejercicio de su profesión, y en representación de la señora ISIS SCARLETT LAGOS HERNANDEZ. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para el reconocimiento de la permanencia estabilidad y antigüedad en el trabajo por fraude de ley; otorgamiento de plaza permanente; reconocimiento de antigüedad adquirida; nivelación salarial; que se declare el derecho que tengo al reconocimiento y pago de los ajustes en conceptos de vacaciones no gozadas, bonificaciones, decimotercer y cuarto mes de salario desde el inicio de su relación laboral; reconocimiento y pago de los incrementos salariales y demás derechos aprobados por el gobierno, incluso aquellos que sufran durante la tramitación de presente juicio; reintegro en caso de despido durante la tramitación del juicio; costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 01 de marzo del 2019, por las señoras ASTRID MARIA ENCINA LÓPEZ, Licenciada en Ciencia Jurídicas y Sociales, e ISIS SCARLETT LAGOS HERNANDEZ, Licenciada en Administración de Empresas; ambas mayores de edad, casadas, hondureñas y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por actuaciones del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA). El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 07 de septiembre del 2022, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 25 de septiembre del 2020, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: I.-Declarar CON LUGAR; La Demanda Ordinaria Laboral PARA El RECONOCIMIENTO DE LA PERMANENCIA ESTABILIDAD ANTIGÜEDAD EN EL TRABAJO POR FRAUDE DE LEY. OTORGAMIENTO DE PLAZA PERMANENTE.- QUE SE DECLARE EL DERECHO QUE TENGO AL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LOS AJUSTES EN CONCEPTOS DE VACACIONES NO GOZADAS BONIFICACIONES DE DECIMO TERCER Y CUARTO MES DE SALARIO DESDE EL INICIO DE MI RELACIÓN LABORAL. RECONOCIMIENTO E INCLUSO AQUELLOS QUE SUFRAN DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE JUICIO. REINTEGRO EN CASO DE DESPIDO DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO.- instaurada por las señoras ASTRID MARIA ENCINA LÓPEZ, ISIS ESCARLETT LAGOS HERNANDEZ, contra EL ESTADO DE HONDURAS, el servicio nacional de sanidad e inocuidad agroalimentaria (SENASA),por intermedio de su representante Legal la señora procuradora General de I, República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. II. CONDENAR al ESTADO DE HONDURAS a través del servicio nacional de sanidad e inocuidad agroalimentaria (SENASA), por intermedio de su representante Legal la señora procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, a lo siguiente: a) A que se tenga la relación laboral de las Señora ASTRID MARIA ENCINA LÓPEZ, desde la fecha 08 De febrero del año 2016; Y ISIS SCARLETT LAGOS HERNANDEZ, desde la fecha 03 de octubre del año 2016; con carácter de indefinida desde que ingresaron a laborar para la EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA), en fecha antes señaladas, y pagar a su favor los derechos que por la permanencia le corresponden, en forma retroactiva. b) El reconocimiento de la antigüedad a las señoras ASTRID MARIA ENCINA LÓPEZ desde la fecha 08 De febrero del año 2016 y ISIS SCARLETT LAGOS HERNANDEZ, desde la fecha 03 de octubre del año 2016 y pago de los beneficios que tienen los empleados permanente de manera retroactiva y adeudados desde el inicio de la relación laboral, como ser pago de vacaciones no gozadas, bonificaciones décimo tercer y cuarto mes de salario cuantificados desde la fecha que iniciaron relación laboral con la institución demandada hasta que con sujeción a las normas procesales, se encuentre firme la sentencia.- Mas los que resulten a la fecha en que sea firme la Sentencia condenatoria, que estará sujeta a la liquidación final de acuerdo a los derechos que le corresponden como empleados permanentes. c) Reintegro al puesto de trabajo de igual o mejor categoría, con el reconocimiento de su antigüedad más el pago de lo salaries dejados de percibir y demás beneficios si hubiere en su ausencia y los que se generen el transcurso del Juicio desde el inicio de la terminación de la relación de trabajo hasta que sea reintegrada en su puesto de trabajo la señora ISIS SCARLETT LAGOS HERNANDEZ. Mas los que resulten a la fecha en que sea firme la Sentencia condenatoria, que estará sujeta a la liquidación final de acuerdo a los derechos que le corresponden como empleados permanentes. d). - Declarar SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por las señoras ASTRID MARIA ENCINA LÓPEZ, Y ISIS SCARLETT LAGOS HERNANDEZ contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA, en cuanto a la solicitud de nivelación e incremento de salarios, por no estar acreditados en autos, en consecuencia, SE ABSUELVE a la parte demandada del pago de esos conceptos. III: Sin COSTAS porque en materia de Derecho de Trabajo impera el Principio del Gratuidad y es aplicable la supletoriedad cuando no se alteran los Principios del Derecho del Trabajo…”. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- Las partes demandantes expresaron en el escrito de su acción que iniciaron su relación laboral con el demandado así: Astrid María Encina López, el 08 de febrero de 2016, desempeñándose como Jefe del Departamento de Asesoría Legal, con una jornada de 9:00 a.m. 5:00 p.m., devengaba a la fecha un salario de L.60,000.00; e Isis Scarlett Lagos Hernández, el 03 de octubre del 2016, desempeñándose como Jefe del Departamento de Administración y Finanzas, en un horario de 9:00 a.m., a 5:00 p.m., devengaba a la fecha un salario de L.50,000.00; mediante una relación regida por una sucesión continúa e ininterrumpida de contratos que el SENASA, denomina "Contrato de Servicios Profesionales"; y que tenían una experiencia de más de 15 años, y que desde el inicio de su relación laboral llevaron una carrera institucional integra, desempeñándose en lo mejor de sus habilidades y demostrando compromiso, lealtad, y excelencia en el trabajo; y que con sus actividades personales contribuyeron a la realización de los fines y objeto de creación de SENASA; todo ello además mediante una remuneración fija, sus servicios no conservaban la independencia, característica de las actividades liberales, sino que se subordinaban a la dirección del patrono y determinaban una vinculación dependiente, propia del ámbito de la legislación del trabajo; argumentaron también que desde la fecha que iniciaron la relación se les pagó sus salarios por el sistema de planilla, deduciéndoles derecho a seguro social y la deducción del impuesto sobre la renta como retención en la fuente; aclarando que el impuesto deducido era calculado en base a la tabla progresiva del Artículo 22 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que es el establecido por dicha norma para los empleados, y que no se les ha otorgado vacaciones conforme a lo establecido en el Código de Trabajo, séptimo día, decimotercer y decimocuarto mes de salario, y que su relación laboral ha sido en forma ininterrumpida desde la fecha de inicio y también han rendido declaración de bienes como requisito del Tribunal Superior de Cuentas. De igual manera, han realizado sus actividades en forma personal; con una continuada dependencia y subordinación al SENASA, recibiendo y cumpliendo órdenes en todo momento en cuanto a tiempo, cantidad de trabajo, horarios de trabajo, horas extraordinarias y cualquiera otra impuesta mediante las circulares o notas emanadas de la Dirección General del SENASA y desde luego, a cambio de un salario para su manutención y la de sus familias. Además manifestaron que el contrato que celebraron, con la institución demandada era de Contratos por servicios profesionales, mismo que constituyen un fraude a la ley, ya que las labores para la cual fueron contratadas son permanentes, y en vista que en el artículo 47 del Código de Trabajo, establece que cuando las labores a desempeñar por el trabajador sean de naturaleza permanente en la empresa, el contrato deberá entenderse celebrado por tiempo indeterminado, aunque en ellos exprese termino de duración, adicionalmente el artículo 20 establece los tres elementos para que exista contrato de trabajo, y que una vez cumplidos esos tres elementos se está ante una verdadera relación de trabajo, y si se relaciona el artículo 24 del mismo cuerpo legal, establece: Si el contrato de trabajo se presenta involucrado o en concurrencia con otro u otros no pierde su naturaleza y le son aplicables por ende la condiciones del Código de Trabajo. Expresaron que en el presente caso se trataba de una clara muestra que el SENASA, ejecuta contrataciones, lo que en materia laboral se conoce como simulación contractual y es una forma de fraude de ley debiendo en este sentido considerarse nulas ipso jure todas aquellas clausulas tendientes disminuir, desmejorar y tergiversar los derechos que establece la Constitución de la República, Código de Trabajo, los Tratados Internacionales, así como las recomendaciones del 198 de OIT sobre las relaciones de trabajo adoptada en la 95 conferencia internacional del trabajo de 2006 que establece entre otros puntos que los Estados miembros de la OIT deben luchar contra las relaciones de trabajo encubiertas, en el contexto de, por ejemplo, otras relaciones que puedan incluir el recurso a otras formas de acuerdos contractuales que ocultan la verdadera situación jurídica, entendiéndose que existe una relación de trabajo encubierta cuando un empleador considera a un empleado como si no lo fuese, de una manera que oculta su verdadera condición jurídica, y que pueden producirse situaciones en las cuales los acuerdos contractuales dan lugar a que los trabajadores se vean privados de la protección a la que den derecho; este tema, que no hace más que pretender vulnerar los derechos; además argumentó ISIS SCARLETT LAGOS HERNÁNDEZ, que no solo fue víctima del fraude de ley por simulación contractual, pues también fue perjudicada por un trato discriminativo y no igualitario, ya que el patrono infringió en el principio no solo constitucional, sino también protegido por Tratados internacionales referente al precepto "a igual trabajo, igual remuneración" existiendo actualmente personal en SENASA que están contratados en puestos con igual categoría, con similares cualificaciones y antigüedad y que sin embargo devengan un salario mayor, tal es el caso de la abogada Astrid Maria Encina López; quien se desempeñaba en el puesto de Jefe del Departamento de Asesoría Legal, devengaba un salario de L.60,000.00, salario sustancialmente mayor al de ella, significando esa diferencia a todas luces una discriminación por parte del patrono, pues según el organigrama de la institución sus puestos pertenecían a la cadena de apoyo, en nivel jerárquico igual, ninguno por encima de otro y como consecuencia, debería ser remunerado de igual forma. Y con el ánimo de llegar a un acuerdo conciliatorio, comparecieron ante la Secretaría del Trabajo; siendo imposible llegar a un acuerdo conciliatorio. 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda rechazando los hechos de la demanda, y alegando en su defensa que las demandantes deben de fundarse en hechos reales y concretos, mismos que deben ser probados en juicio, pues en materia probatoria, es un principio universal que quien afirma una cosa es quien está obligado a probarla, constituyendo la máxima onus probandi encumbit actori y siendo que la prueba es el medio legal que sirve para demostrar la veracidad de los hechos que se alegan ante las autoridades judiciales, es preciso que la prueba se produzca de manera tal que la Honorable Juez pueda apreciarla e inspirarse en los principios de la sana crítica para formar libremente su criterio; y que en materia laboral la carga probatoria se invierte solamente en cuanto a que le corresponde a la parte demandada probar la justa causa en que fundamentó el despido (despido directo), hecho que no será controvertido en este juicio, debido a que las demandantes en ningún momento han sido objeto de despido, en virtud de que continúan laborando para el Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad Agroalimentaria (SENASA), lo que se explica a continuación: De conformidad con el Decreto Ejecutivo número PCM-038-2016, publicado en el diario oficial La Gaceta No. 34,094, de fecha 25 de julio del 2016, el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA), se encuentra adscrito a la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG), con lo que se acredita que SENASA es un órgano que forma parte del gobierno central y atendiendo su naturaleza jurídica, le es aplicable lo dispuesto en el artículo 2 numeral 2 del Código de Trabajo, es decir, que las relaciones con sus servidores, se regulan por las leyes administrativas, excluyéndose de manera automática la aplicación del Código de Trabajo, siendo aplicables al caso de mérito su reglamento de Régimen Especial y en lo no dispuesto el Reglamento de Ley de Servicio Civil y demás normas administrativas, razón por la que considerando las necesidades de mi representado, se contrató a las demandantes mediante Contrato de Servicios Profesionales, en aplicación estricta de los artículos 200, 201, 202 y subsiguientes del Reglamento de la Ley de Servicio Civil. En ese orden de ideas, el artículo 3, literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, establece que casos como el que nos ocupa (Contratos Profesionales) es competencia de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; y que la parte actora se apoya para reclamar el derecho subjetivo que pretende (permanencia), es en el texto legal de los artículos 20, 47, 52 párrafo tercero del Código de Trabajo, los que desarrollan los elementos esenciales para considerar la posible existencia de una relación de trabajo y la continuidad en esas labores, mismos que no se pueden aplicar de manera antojadiza por el simple hecho que le convienen. Es claro que, al ser SENASA parte del gobierno central, las relaciones con sus servidores son regulados por la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, y nunca por el Código de Trabajo, por ende, no le serían aplicables las del Código de Trabajo citadas. En ese orden de ideas fundamentar sus pretensiones para exigir su reconocimiento de permanencia por la suscripción de los contratos, sería en menos cabo del artículo 60 de la Constitución de la República, el que dispone que "todos somos iguales ante la ley no obstante la actividad temporal se debe a que la plaza no existe y por ende no puede otorgarse un nombramiento de la Dirección de Servicio Civil permanente; asimismo, bajo ninguna circunstancia se debe declarar la antigüedad solicitada por la parte demandante, ya que la suscripción de diversos contratos de esta índole no las convierte en acreedor de tal antigüedad, debido a que la naturaleza de los mismos no es laboral, sino que se regulan por el Reglamento de la Ley de Servicio Civil; en consecuencia esto no los convierte en acumulables pues los mismos se perfeccionan con la firma y con el cumplimiento de las cláusulas que de manera reciproca se pactan. Y en cuanto a que la parte actora califica que el Contrato de Servicios Profesionales, suscrito por ambas partes sin objeción alguna, oculta un verdadero contrato de trabajo por tiempo indefinido y que simula tener como finalidad evadir obligaciones, señalando irresponsablemente que es un fraude de ley, entonces estaría afirmando que el demandado no tiene la facultad de suscribir este tipo de contratos, por lo que estaría frente a contratos sin validez jurídica y en su defecto el contrato firmado por las señoras Astrid María Encina López e Isis Scarlett Lagos Hernández no tiene existencia ni objeto de reclamo, no obstante las demandantes no pueden pretender desconocer dicha modalidad ya que tal aseveración es impropia, en virtud de que el Estado actuó conforme a lo estipulado en el Reglamento de la Ley de Servicio Civil en el Capítulo XX relativo a los Contratos, artículos 200 y 202; por lo que en el presente caso la parte requirente no puede pretender desconocer lo estipulado en la ley sobre la modalidad a la cual estaba sujeta. Siguiendo la línea argumental, el artículo 4 del mismo Corpus Iuris establece "La relación jurídica de empleo público constituye una situación legal y reglamentaria, determinada únicamente por las disposiciones de la Ley, el presente Reglamento y demás disposiciones relativas a esta materia. Dicha relación, por consiguiente, no se rige por un contrato de trabajo, fuere individual o colectivo, o de derecho público o privado," por lo que no existe simulación, ya que los mismos son legales al estar contemplados en las leyes vigentes aprobadas por el Poder Legislativo conforme al procedimiento ya establecido en nuestra Constitución y Código Civil vigente. Recalcó además que el demandado suscribió contratos a término con las demandantes, los cuales tienen fecha de inicio y finalización, firmándose de esa manera en vista de que el demandado está sujeto a un Plan Operativo Anual (POA) y a las Deposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República, por lo que no puede excederse tal como lo determina la Constitución de la República en su artículo 364 "No podrá hacerse ningún Compromiso o efectuarse pago alguno fuera de los asignaciones votadas en el presupuesto o en contravención a las normas presupuestarias". Y que la parte actora desconoce que al ser el demandado un órgano centralizado, sus empleados permanentes se deben regir por la Ley de Servicio Civil, consecuentemente si pretende que se le reconozca tal permanencia debe dar cumplimiento a lo que establece el Artículo 11 de la Ley de Servicio Civil y Articulo 7 de su Reglamento; normativas que no han sido cumplimentadas por las demandantes, por consiguiente el Estado no puede dejar de aplicarlas para otorgar un nombramiento (permanencia); y de no hacerlo así, sería violentar las normas y procedimientos legales, pues se estaría en flagrante transgresión de las leyes administrativas atinentes al caso; de lo anterior se concluye que esta no es la vía legal para alcanzar tal fin. Y que aunado a lo anterior, el Decreto Ejecutivo Número PCM-038-2016, en su Artículo 21 (de la relación de empleo y función pública) de manera clara establece que los empleados del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA) estarán sujetos al Régimen del Servicio Civil, debiendo iniciar su incorporación una vez entrado en vigencia ese decreto; alegó que la nivelación salarial solicitada por la señora Isis Scarlett Lagos Hernández, la misma es improcedente, pues como puede apreciarse en la cláusula sexta (monto del contrato y estructura presupuestaria) del referido contrato, la demandante expresamente aceptó a la retribución, contentiva por la cantidad de L. 50,000.00, ratificada tal situación con el consentimiento expreso de la demandante en la cláusula décima séptima (aceptación de condiciones), por lo tanto se debe rechazar dicha pretensión. Y que en cuanto a que se declare el supuesto derecho al reconocimiento y pago de los ajustes en concepto de vacaciones no gozadas, bonificaciones, decimotercer y decimocuarto mes de salario, estos no pueden ser otorgados, ya que las demandantes no están sometidas a una relación laboral, sino a un Contrato a término, en tal sentido el demandado no puede excederse, sino que debe actuar en estricto apego a lo estipulado en el artículo 364 de la Constitución de la República. Y que por lo tanto no se llegó a una conciliación porque el demandado no ostenta facultades para comparecer a ningún tipo de conciliación, mucho menos al tratarse de Contratos que son regidos por la Ley de Servicio Civil, ya que la jurisdicción competente (soluciones de controversia) es el Juzgado de Contencioso Administrativo, tal como lo establece la cláusula décima segunda del Contrato de Servicios Profesionales, suscrito entre las partes, y el artículo 3 literal a), de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 25 de septiembre del 2020 dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: I.-Declarar CON LUGAR; La Demanda Ordinaria Laboral PARA El RECONOCIMIENTO DE LA PERMANENCIA ESTABILIDAD ANTIGÜEDAD EN EL TRABAJO POR FRAUDE DE LEY. OTORGAMIENTO DE PLAZA PERMANENTE.- QUE SE DECLARE EL DERECHO QUE TENGO AL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LOS AJUSTES EN CONCEPTOS DE VACACIONES NO GOZADAS BONIFICACIONES DE DECIMO TERCER Y CUARTO MES DE SALARIO DESDE EL INICIO DE MI RELACIÓN LABORAL. RECONOCIMIENTO E INCLUSO AQUELLOS QUE SUFRAN DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE JUICIO. REINTEGRO EN CASO DE DESPIDO DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO.- instaurada por las señoras ASTRID MARIA ENCINA LÓPEZ, ISIS ESCARLETT LAGOS HERNANDEZ, contra EL ESTADO DE HONDURAS, el servicio nacional de sanidad e inocuidad agroalimentaria (SENASA),por intermedio de su representante Legal la señora procuradora General de I, República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. II. CONDENAR al ESTADO DE HONDURAS a través del servicio nacional de sanidad e inocuidad agroalimentaria (SENASA), por intermedio de su representante Legal la señora procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, a lo siguiente: a) A que se tenga la relación laboral de las Señora ASTRID MARIA ENCINA LÓPEZ, desde la fecha 08 De febrero del año 2016; Y ISIS SCARLETT LAGOS HERNANDEZ, desde la fecha 03 de octubre del año 2016; con carácter de indefinida desde que ingresaron a laborar para la EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA), en fecha antes señaladas, y pagar a su favor los derechos que por la permanencia le corresponden, en forma retroactiva. b) El reconocimiento de la antigüedad a las señoras ASTRID MARIA ENCINA LÓPEZ desde la fecha 08 De febrero del año 2016 y ISIS SCARLETT LAGOS HERNANDEZ, desde la fecha 03 de octubre del año 2016 y pago de los beneficios que tienen los empleados permanente de manera retroactiva y adeudados desde el inicio de la relación laboral, como ser pago de vacaciones no gozadas, bonificaciones décimo tercer y cuarto mes de salario cuantificados desde la fecha que iniciaron relación laboral con la institución demandada hasta que con sujeción a las normas procesales, se encuentre firme la sentencia.- Mas los que resulten a la fecha en que sea firme la Sentencia condenatoria, que estará sujeta a la liquidación final de acuerdo a los derechos que le corresponden como empleados permanentes. c) Reintegro al puesto de trabajo de igual o mejor categoría, con el reconocimiento de su antigüedad más el pago de lo salaries dejados de percibir y demás beneficios si hubiere en su ausencia y los que se generen el transcurso del Juicio desde el inicio de la terminación de la relación de trabajo hasta que sea reintegrada en su puesto de trabajo la señora ISIS SCARLETT LAGOS HERNANDEZ. Mas los que resulten a la fecha en que sea firme la Sentencia condenatoria, que estará sujeta a la liquidación final de acuerdo a los derechos que le corresponden como empleados permanentes. d). - Declarar SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por las señoras ASTRID MARIA ENCINA LÓPEZ, Y ISIS SCARLETT LAGOS HERNANDEZ contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA, en cuanto a la solicitud de nivelación e incremento de salarios, por no estar acreditados en autos, en consecuencia, SE ABSUELVE a la parte demandada del pago de esos conceptos. III: Sin COSTAS porque en materia de Derecho de Trabajo impera el Principio del Gratuidad y es aplicable la supletoriedad cuando no se alteran los Principios del Derecho del Trabajo…”. Bajo el criterio que las señoras Astrid Maria Encina López, ha percibido desde el inicio de su relación laboral un salario de L.60,000.00; e Isis Escarlett Lagos Hernandez, ha percibido desde el inicio de su relación laboral un salario de L.50,000.00; percibieron mientras laboran en la Institución demandada y demás derechos por ser empleadas temporales mismas que contienen las políticas salariales e incrementos y por todas las razones antes expuestas este juzgador es de criterio que la presente demanda debe ser declarada con lugar pues se trata de verdaderos trabajadores, con carácter permanente dentro de la Institución y no por tiempo determinado como lo alegaba la parte demandada, por lo tanto deben de gozar de todos las derechos que les confiere para los trabajadores permanentes, a las señoras Astrid Maria Encina López, Isis Escarlett Lagos Hernandez desde el inicio de su relación laboral con la Institución demandada (el Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad Agroalimentaria (SENASA) y a las señoras antes mencionadas, hasta que por cualquier motivo o circunstancia se termine dicha relación y como hecho nuevo en el transcurso de este juicio la terminación del contrato de la señora Isis Escarlett Lagos Hernandez, y es criterio de este Juzgador declarar con lugar el reintegro a su cargo en otro o igual mejor condición reconociéndole igualmente todos los derechos colaterales correspondiente y los salarios dejados de percibir desde la fecha de terminación del contrato hasta que quede firme esta sentencia. Que las demandantes solicitan por su condición de trabajadoras temporales, ajustes del decimotercer y cuarto mes de salario y su bonificación por vacaciones causadas y proporcionales, la demandada no probó en juicio habérselas otorgado o cancelado, por lo que es procedente declarar con lugar dicho conceptos. Excepto la nivelación salarial, incrementos salariales, no consta en autos haber probado dichos conceptos, por lo tanto, es procedente declarar sin lugar dichos conceptos. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, n fecha 07 de septiembre del 2022, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo; sin costas; bajo el criterio que, del estudio de todos los contratos antes relacionados suscritos entre las demandante y la parte demandada, se puede concluir que en el presente caso se dieron los presupuestos para considerar que esos contratos de trabajo son por tiempo indefinido, por las siguientes razones: a) Los Trabajadoras prestaron sus servicios a la institución en forma sucesiva, como se constata con los diferentes contratos suscritos con la misma institución; b) El Representante Procesal de la parte demandada no aportó ninguna prueba mediante la cual se pudiera establecer que al vencimiento del término del último contrato celebrado entre las partes, había desaparecido en la institución las causas para las cuales fueron contratadas las trabajadoras, por el contrario se puede observar que los Contratos de las demandantes eran para realizar actividades que son permanentes en la institución, que dada la naturaleza de la labor que desempeñaban es de carácter permanente y las causas que motivaron la suscripción de los contratos subsisten, por lo que se toman como contratos por tiempo indefinido; c) En los mismos contratos se establece el pago de un salario mensual por los servicios que prestaban las demandantes. Que con la aceptación por parte del Representante Procesal de la parte demandada en el sentido de afirmar que los contratos de trabajo por tiempo determinado fueron suscritos por las facultades que tiene la institución y que aún siguen laborando desempeñando las mismas funciones, se concluye que procede a declarar CON LUGAR el reclamo, no así las nivelaciones, porque no fue acreditado que eran meritorias a tal beneficio. Que la jurisdicción del trabajo esta instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del contrato de trabajo y por las consideraciones anteriormente expuestas este Tribunal de Alzada es de la firme convicción que la sentencia definitiva proferida por el Juzgado de primera instancia que se conoce en el doble recurso de apelación se ajusta a derecho, por lo que procede su confirmatoria. 5.- Mediante auto de fecha 17 de enero del 2023, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado JAIRO ANTONIO MÉNDEZ MEZA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 19 de abril del 2023, compareció ante este tribunal el Abogado JAIRO ANTONIO MÉNDEZ MEZA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 17 de mayo del 2023, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 08 de agosto del 2023, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada ASTRID MARIA ENCINA LÓPEZ, quien actúa en causa propia en el libre ejercicio de su profesión, y en representación de la señora ISIS SCARLETT LAGOS HERNANDEZ, como parte recurrida; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que el Abogado JAIRO ANTONIO MÉNDEZ MEZA, en su primer y único motivo de casación alega: “ Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley sustantiva de orden nacional y de índole laboral, por error de hecho por apreciación errónea del medio de prueba denominado documental consistente en los Contratos de Servicios Profesionales, que hizo incurrir en la violación que aparece manifiesto en los autos, y que llevó de forma indirecta a la Corte Sentenciadora a la violación de los artículos 200, 201 y 202 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las Normas Procesales que sirvieron de medio para la violación de las Normas Sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código de Trabajo. PRUEBA APRECIADA ERRÓNEAMENTE: El medio de prueba que fue apreciado erróneamente es el siguiente: a) Contratos de Servicios Profesionales, suscritos entre las demandantes y el Estado de Honduras a través del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA), medio de prueba que corre bajo los folios 36 al 146 de la primera pieza de autos. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código de Trabajo. EXPLICACIÓN DEL ÚNICO MOTIVO: La Corte sentenciadora, manifiestamente incurrió en error de hecho, al apreciar erróneamente los medios de prueba señalados anteriormente, los cuales fueron admitidos y evacuados en su oportunidad, en relación a los demás medios de prueba en su conjunto, ya que si bien es cierto, el Juzgador no está sujeto a la tarifa legal de las pruebas, sino que forma libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que forman la sana critica de la prueba, tal y como está consagrado en el artículo 739 del Código de Trabajo, ésta disposición no impide de manera alguna que el Tribunal, se coloque en una posición de profundo análisis para poder llegar a la verdad de los hechos e impartir justicia aplicando la Ley, por lo que deviene obligado a efectuar la apreciación de las pruebas en su conjunto. Si no se hubiesen apreciado erróneamente por parte del Tribunal recurrido los medios de prueba señalados, se hubiera dado por establecido en forma indubitable que a las demandantes no les asiste el derecho para obtener la permanencia y demás derechos subjetivos que de manera infundada solicitan en su improcedente demanda, ya que al suscribir Contratos de Servicios Profesionales, evidentemente se trata de una relación de servicio, la cual no conlleva una continuidad en los servicios prestados por las demandantes, en consecuencia, si la Corte Sentenciadora hubiese apreciado debidamente las pruebas señaladas y no como la apreciación errónea que efectuó, hubiese fallado declarando no ha lugar la "Demanda Ordinaria Laboral para el reconocimiento de la permanencia, estabilidad y antigüedad en el trabajo por fraude de ley. Otorgamiento de plaza permanente. Reconocimiento de antigüedad adquirida. Nivelación salarial" (entre otros derechos subjetivos), pues como se ha indicado, se trata de una relación de servicio y no de una relación de trabajo, ya que la normativa de los artículos 127 y 256 de la Constitución de la República de Honduras, establece una clara diferencia entre el "derecho del trabajo" y "la relación de servicio", razón por la cual las demandantes no pueden augurar que la relación contractual mediante Contratos de Servicios Profesionales con mi representado es una relación de trabajo, pues dicha norma en su artículo 256 establece que es el Régimen de Civil el que regulará las relaciones de empleo y función pública que se establecen entre el Estado y sus servidores, siendo el caso que nos ocupa, lo anterior en analogía con el artículo 257 del mismo estamento legal constitucional, donde remite a la regulación de la Ley de Servicio Civil y su reglamento y observando lo establecido en los artículos 17 y 200 del Reglamento de Servicio Civil, mi representado está facultado para ejercer legalmente la contratación de las demandantes, por lo que en caso de tener alguna objeción sobre lo establecido en las cláusulas del contrato suscrito con mi representado el Estado de Honduras a través del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA), debieron interponer la acción ante la jurisdicción de lo contencioso Administrativo, tal como lo establece el artículo 3 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, pero nunca aseverar que lo presente es una relación de trabajo permanente; en consecuencia, es improcedente la pretensión de las demandante en virtud de encontrarnos concretamente ante una relación de servicio, razón por la que la demanda interpuesta por las señoras ASTRID MARIA ENCINA LÓPEZ e ISIS SCARLETT LAGOS HERNANDEZ debió ser declarada SIN LUGAR”. III.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Los artículos que indica como violados no ostentan el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; los artículos 200, 201 y 202 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, no pertenecen al orden laboral; b) Debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por el Recurrente; y, c) Formula extensos alegatos de instancia inoportunos en este extraordinario recurso. IV.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código de Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ROY PINEDA CASTRO, COORDINADOR, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes octubre del dos mil veintitrés; certificación de la sentencia de fecha doce de septiembre del dos mil veintitrés, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL654-2022. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.